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LA NUEVA SENTENCIA DE LUIS FERNANDO SOTELO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO

El pasado 6 de diciembre del año que está por terminar, la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le dictó una nueva sentencia al compañero Luis Fernando Sotelo, en cumplimiento al amparo que le fue otorgado por el Segundo Tribunal Colegiado de la CDMX.

En esta nueva resolución la Cuarta Sala Penal resolvió modificar la pena de 13 años y 15 días de prisión que originalmente había impuesto a Luis, para reducirla a 4 años, 8 meses y 7 días de prisión. Lo anterior, hace posible que Luis Fernando tenga derecho a la libertad, previo pago de la reparación del daño. Es decir, Luis podría salir en libertad, si paga los poco más de ocho millones y medio de pesos en que fueron valuados los daños de las cuatro empresas “ofendidas”.

Sin lugar a dudas, se hace evidente la consigna del Gobierno de la Ciudad de México (a través del Poder Judicial), para mantener en prisión un año y siete meses más a nuestro compañero, como pago para los empresarios, que administran el jugoso negocio en que se convirtió el sistema de transporte denominado metrobus, ante la imposibilidad de secuestrarlo 33 años y 5 meses.

El panorama inicial ha cambiado un poco. Estamos a una distancia de aproximadamente 29 años de prisión menos, sin embargo, ahora pretenden que paguemos ocho millones y medio de pesos como rescate, para dejar en libertad a Luis Fernando. Nuevamente la moneda está en el aire. Tenemos dos opciones: esperar un año y siete meses sentados hasta que se abran las rejas de la prisión, o seguir dando la batalla jurídica durante ese tiempo, hasta conseguir un mejor beneficio para nuestro compañero.

Nosotros nos inclinamos por la segunda opción. Por ello, en los próximos días estaremos presentando la estrategia jurídica que emprenderemos para no rendirnos ante la voluntad de la clase político empresarial.

“La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla”
— SCIM

LOS OTROS ABOGADOZ, DICIEMBRE DE 2017.

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Hace dos años, el 16 de diciembre de 2016, los ejidatarios de Tila, cansados de un siglo de atropellos, decidieron tomar el rumbo de sus vidas en sus manos y expulsaron al Ayuntamiento, impuesto ilegalmente en su territorio desde mediados del siglo XX, recuperando las 130 hectáreas que durante décadas el gobierno municipal les trató de arrebatar.

Desde entonces, el ejido de Tila se ha vuelto ejemplo de lo que es posible hacer cuando el pueblo se organiza. Desde hace dos años, el pueblo organiza su guardia comunitaria y la delincuenca, antes solapada por el ayuntamiento, disminuyó visiblemente; se organiza la recolección de basura con contribuciones de la propia población; se instauró un sistema de justicia propia; se administran todos los servicios; se organizan festividades. Y en todo esto, la máxima autoridad es la Asamblea. Así, Tila ha demostrado que sí es posible crear un gobierno donde “el pueblo manda y el gobierno obedece”.

(Para un recuento de la larga lucha del ejido Tila y la construcción de su autonomía, ve nuestro reportaje: ¿Cómo es un pueblo libre? Primer aniversario de la autonomía de Tila.)

Es por eso que la visita del Concejo Indígena de Gobierno a Tila es tan significativa. “Queremos decirles que los admiramos, que los respetamos”, dijo el concejal Hernán. “Éste es el sueño que desde nuestras comunidades hemos venido soñando. Que un día como éste el pueblo de México se despierte (…) Que los pueblos tengan su libre autodeterminación, que sean los pueblos quienes nos mandemos.”

“Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno”, dijo Marichuy, “hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.”

En Tila la memoria está muy viva, es lo que da fundamento al caminar, lo que orienta la dirección de los pasos por venir. Es por eso que hay un tal respeto por los abuelos, quienes lucharon durante décadas contra el despojo. Fue en la década de 1920 que los abuelos iniciaron una lucha épica que no se olvida. Durante 37 años viajaron una y otra vez a Tuxtla Gutiérrez, a cuatro o cinco días a pie, cargando su pozol y tostadas, para solicitar la regularización de sus tierras como ejido. Una odisea difícil de imaginar pero que está grabada en la memoria del pueblo de Tila, y que resultó finalmente en una Resolución Presidencial que reconoció la propiedad ejidal de las 5,405 hectáreas, de las que habían sido despojados por finqueros extranjeros desde los tiempos de Porfirio Díaz.

“Nosotros estamos caminando con la compañera María de Jesús”, dijo la concejala Antonia, “para llevar la voz de los abuelos, porque los grandes, los de arriba, nos querían acabar. Pero no nos acabaron. Quedó nuestras raíces (…) Nos quisieron acabar pero nunca nos van a acabar. Vamos a florecer, van a salir las hojas que cortaron; las ramas que mataron, van a volver a retoñar.”

“Saludamos a los abuelos porque nosotros sí sabemos respetarlos”, dijo el concejal Hernán.

A mediados del siglo XX los mestizos se apoderaron del Ayuntamiento. El gobierno, que antes se regía por usos y costumbres, pasó al régimen de partidos políticos. Empezó a cobrar impuestos por la tierra y a apropiarse de los bienes y servicios, antes administrados por la asamblea ejidal. Pero no sólo eso: durante los años más duros de la política contrainsurgente después del levantamiento zapatista, el Ayuntamiento sirvió como base de coordinación de los grupos paramilitares, en particular “Paz y Justicia”, uno de los más violentos de la década de 1990 en Chiapas.

Es por todo eso que el pueblo se levantó hace dos años y expulsó por su propia cuenta al Ayuntamiento de su territorio, a pesar de las grandes presiones y amenazas en su contra.

En su visita a Tila, Marichuy hizo un análisis de la relación entre violencia paramilitar y narcoparamilitar (la misma violencia que sufren ahora los pueblos de Chalchihuitán y Chenalhó en Los Altos de Chiapas) y la violencia militar, y criticó duramente la recién aprobada Ley de Seguridad Interior (lee sus palabras completas aquí).

Para violentarnos, la ocupación militar se apoya con paramilitares y sicarios. Si pedimos seguridad y ayuda nos mandan más militares y el número de presos por defender sus derechos, muertos y desaparecidos aumenta de inmediato.

A esa agresión política, económica, militar, paramilitar y narcoparamilitar en nuestra contra que cada día genera despojo, miedo, terror y luto, le llamamos guerra, la misma que ahora con su ley de “seguridad interior” pretenden extender a todo el país.

Para los gobiernos capitalistas que mandan en el mundo de arriba, los seres humanos pensando, actuando y organizándonos somos problemas de seguridad interior, ya no sólo los pueblos indígenas, sino todas las sociedades urbanas y campesinas. De ese tamaño es el descontento que los de arriba prevén porque de ese tamaño es la embestida que engendran.

Ante esto, el Concejo Indígena de Gobierno ha repetido una y otra vez que la única respuesta viable es la organización. Y con ella, la seguridad y la justicia autónomas. “Sólo de esa manera, haciendo que el pueblo mande y nuestras fuerzas de seguridad obedezcan, es que hemos podido acabar con el terrorismo de Estado y de las bandas de la delincuencia organizada.”

La montaña y costa de Guerrero, Cherán y Santa María Ostula en Michoacán, el ejido de Tila en Chiapas y desde luego las comunidades zapatistas… ejemplos de que otra justicia, otra seguridad y otro gobierno son posibles.

Muy significativamente, el Concejo Indígena de Gobierno, acompañado por las autoridades de Tila, hablaron desde un templete instalado en el llamado “Casino del Pueblo”, el antiguo edificio que servía de gobierno comunitario, a espaldas del ahora destruído Ayuntamiento, situado al lado opuesto de la plaza. Es el gobierno indígena, colectivo, horizontal, de abajo, que ejerce el “mandar obedeciendo”, renaciendo con la fuerza de la memoria y la organización.

Escucha los audios:

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El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años

La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.

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Sábado 16 de diciembre 2017

En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.

Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.

Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.

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Disparan a comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco

El pasado 16 de diciembre la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán denunciaba una agresión armada  en contra de los comuneros Gabriel Aguilar Rojas y Noé Aguilar dos días atrás.

Nuevamente, pobladores de esta comunidad fueron objeto de acciones violentas por parte de aquellos a los que refieren como “ajenos a la comunidad” y que pretenden acabar con sus vidas para poder despojarles de su territorio.

En la denuncia señalan al responsable de los disparos que, por fortuna, no llegaron a herir a ninguno de los pobladores. También señalan la responsabilidad de las autoridades municipales por la falta de atención en la denuncia de los hechos y la promoción de proyectos ganaderos en la zona que estarían incitando a la invasión de los territorios comunales.

San Lorenzo de Azqueltán se encuentra junto al río del mismo nombre. Está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika. Como parte de la Región Occidente del Congreso Nacional Indígena (CNI), esta comunidad fue sede en 2013 de una de sus asambleas. Poco antes declaraba su autonomía y nombraba a sus autoridades. Ello los ha fortalecido al vincularse con pueblos hermanos y recibir el apoyo de comunidades vecinas.

Su lucha agraria, al igual que la de muchos otros pueblos indígenas de México, es por el reconocimiento legal de un territorio que de por sí les es propio, por ser originario y comunal.Reconocidas 94 mil hectáreas por la Corona española (en base a título virreinal datado en 1777) y por autoridades agrarias (autentificaron el documento virreinal en 1954), su titulación quedó en suspenso, negando con ello la posesión como bien comunal a su pueblo. Años después se determinaría la restitución de 8 mil 336 hectáreas, pero tampoco este trámite concluiría.

Pero la cosa no quedó ahí. A la par, y en el contexto de una situación de no resolución, se conformaba un ejido con pequeños propietarios foráneos y algunas personas de adentro, tomando el nombre de la comunidad y apoderándose de unas tierras que, afirmaban los “supuestos” ejidatarios, el gobierno les había entregado.

Lo anterior lo relataba la comunidad en su intervención en la Cátedra Tata Juan Chávez en 2013:

“(…) el trámite es sobre la restitución de las tierras de las 94 mil hectáreas. En el año de 2007 se niega la restitución a la comunidad de San Lorenzo y pues se concede por la vía de dotación de ejido una superficie de 1,090 hectáreas a un pequeño grupo de supuestos ejidatarios. De ahí en adelante se viene promoviendo muy fuertemente eso de predios rústicos, la regularización de predios rústicos. Con estos  se sufre todavía más el despojo de la comunidad donde pues ya en realidad de tener una vasta extensión de tierra pues ya la gente no tiene ni para sembrar y pide prestado para sembrar” (Intervención de comunero de San Lorenzo Azqueltán; 17/08/2013).

Los comuneros denuncian esta usurpación y señalan que “ricos líderes”, “terratenientes”,“mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra. Con ello, y a pesar de tratarse el ejido de una manera de asegurar la propiedad social de la tierra, ésta se está privatizando con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales:

“En todos estos años, en lugar de reconocer nuestro territorio, los gobiernos en todos sus niveles realizan acciones para que caciques se adueñen de nuestras tierras y montes. Se inventan pequeñas propiedades y supuestos terrenos ejidales. Dan permisos para que destruyan nuestros lugares sagrados con proyectos de gobierno, les dan permisos de aprovechamiento forestal y hasta ganado para que los metan con violencia a terrenos en posesión de la comunidad” (Extracto de la última denuncia; 16/12/2017).

Se han interpuesto varias demandas (tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras)  y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal. Aunque la comunidad decidiese en asamblea no pelear por las hectáreas “otorgadas” en régimen de ejido, sí lo hacen por 38 mil  como bienes comunales.

En su última denuncia exigen que se investigue y sancione el ataque armado, que se frene la venta/renta de tierras afuera de los límites del deslinde ejidal  y que la autoridad municipal deje de promocionar proyectos que favorezcan la invasión y agresión a comuneros.

A continuación audios en donde se hace denuncia y síntesis de la problemática agraria:

Fuentes:

Agresión armada en contra de la comunidad Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo Azqueltán

http://www.proceso.com.mx/358696/san-lorenzo-azqueltan-historias-de-desprecio-y-despojo

Comunicado de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

Fotografía portada: fuente CNI ( Mapa Espejos de la Resistencia)

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Palabras de Marichuy en la Peregrina. Candelaria, Campeche. 17 de diciembre de 2017:

Buenas tardes hermanos y hermanas de La Peregrina y las comunidades que están aquí acompañando, gracias por estar aquí presentes dedicando un rato de su tiempo, todos tenemos algo que hacer y a veces dejamos de hacer por estar aquí, de mi parte a nombre del Concejo Indígena de Gobierno les agradecemos ese esfuerzo que hacen para estar aquí presentes.

Les quiero comentar que nuestra propuesta en este proceso electoral es diferente a los partidos, es diferente a como nos tienen acostumbrados de que solamente el poder es a través de un partido.Qué es lo que queremos con esto, y ese fue un mandato que nos hicieron cuando tomamos ese cargo y esa responsabilidad, y fueron los pueblos de México los que nos dieron este cargo y esa responsabilidad, y aquí estamos con ustedes porque fue uno de los acuerdos visitar a las comunidades indígenas de México, visitar a nuestros hermanos llevar la palabra: vayan y díganles, vayan y platíquenles, vayan y escúchenlos y es lo que hacemos, escuchar sus dolores.

Todo lo que ustedes nos hicieron favor de platicar, lo que están sufriendo estas comunidades de por acá, son problemas que también se viven en otros lugares y esos problemas que se tienen en los diferentes pueblos, comunidades indígenas, son los que nos animaron a participar en este proceso electoral, porque queremos construir algo nuevo, ya decía Sara, queremos construir algo nuevo de abajo, porque ya está demostrado que de arriba no va a venir ese cambio. Quede quien quede es lo mismo, solamente se acuerdan de nuestras comunidades cada seis años, entonces se acuerdan que se ocupa pero luego vienen y nos traen despensas, cachuchas, camisas, no sé, muchas cosas, pero luego pasa, quedan y jamás se vuelven a acordar que están las comunidades, pero luego vienen otros seis años y otra vez ya vienen y traen lo mismo y les prometen y les dicen y así siguen pasando.

Entonces los pueblos indígenas que hemos caminado en el Congreso Nacional Indígena hemos dicho “ya estuvo bueno, tenemos que hacer algo diferente, como pueblos indígenas que queremos seguir viviendo y queremos seguir conservando lo que nos han heredado nuestros antepasados, que son las tierras, son las aguas, son los árboles, son los animales, son nuestras formas propias de organizarnos y por eso todavía estamos, a pesar de que vinieron a acabarnos todavía estamos aquí”. Una concejala dijo en una comunidad, trozaron nuestros árboles, nuestras ramas, nuestros troncos y vamos a hacer que esos troncos florezcan que vuelvan a surgir esas ramas, que vuelva a dar frutos, y por eso nos mandaron a platicar, por eso nos dijeron, vayan y escuchen, vayan y lleven la voz de los problemas y vayan y digan que nuestros pueblos están sufriendo.

Entonces, hermanos, esto se trata de construir un México desde abajo, que tenemos que organizarnos como hermanos, como pueblos, como comunidades, como región, como estado, a nivel nacional, tenemos que darnos la mano y reconstruirnos y levantar la cara y levantar la frente, no avergonzarnos porque los indígenas aquí estuvieron desde que llegaron los que vinieron a masacrarnos y aquí vamos a seguir, porque nos vamos a organizar y vamos a reforzarnos desde abajo, vamos a pelear por nuestras tierras, por nuestras aguas, por nuestros árboles, por nuestra organización, por nuestra lengua, todo lo que tenemos, hermanos.

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DOMINGO 17

12:30 HRS. REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DE LA PEREGRINA, CANDELARIA, CAMPECHE.

16:30 HRS. REUNIÓN EN LA COMUNIDAD DE BALANCAX, CANDELARIA, CAMPECHE.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
10 de diciembre del 2017.

A las amigas y amigos de Las Abejas de Acteal
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios Libres, Alternativos, Autónomos o como se llamen
A la Prensa Nacional e Internacional
Y a la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Amanece en Acteal cubierto de neblina manto del Corazón del Cielo, del Corazón de la Tierra y de nuestra Madre Protectora y Cuidadora la Virgen de la Masacre de Acteal y de Mamá-Papá Dios de la Vida y de la liberación, abrazan a nuestros corazones mujeres y hombres miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que hoy venimos a agradecer y celebrar 25 años de resistencia y caminar como pueblo organizado.

Antes de extender nuestra palabra, primero queremos en este día dar gracias al Corazón del cielo, Corazón de la Tierra, a Mamá-Papá el Dios de la liberación y a nuestras Formadoras y Creadoras; 25 veces gracias Madre, gracias Padre; 25 veces pedimos perdón por nuestros fallos y errores; 25 veces pedimos disculpas por equivocarnos en nuestros trabajos, porque hubo momentos y ocasiones nuestro orgullo nos cegó, en que no supimos respetar a nuestras hermanas y hermanos, en que nos dio miedo a cumplir a cabalidad nuestra misión de pacifistas y de constructoras y constructores de la paz. Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, Formadoras y Creadoras 25 veces les agradecemos porque durante 25 años ni en lo que dura un latido del corazón nos abandonaron, recibe, acepta por favor estas humildes palabras, abrázanos, alivia nuestras penas, engrandece nuestros corazones porque hoy celebramos 25 años de nacimiento de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, hace 25 años decidimos construir un mundo en donde haya respeto entre las personas, paz, justicia, dignidad, libertad y en donde no haya guerras.

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Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias

Como colectivo de organismos de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).

Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-

CONSIDERAMOS:

1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;

2° Que, a pesar que en sus cuatro resolutivos finales, la sentencia, ambiguamente pareciera pretender el mantener a salvo los derechos de ambas comunidades agrarias (Chenalhó y Chalchihuitán) en realidad favorece absolutamente a la primera, y con ello encubre y alienta, a los ilegítimos intereses de la delincuencia organizada, misma que, a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar, ha obligado al inhumano desplazamiento de miles de indígenas (la mayoría de extrema vulnerabilidad: mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos) no sólo de Chalchihuitán, sino –aunque en menor número- también de Chenalhó, provocando con ello, hasta el momento, la muerte de cerca de una decena de niños, niñas y ancianos. Manteniendo a la verdadera base comunitaria de ambos pueblos, en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento,

En este contexto las organizaciones abajo firmantes ratificamos las siguientes exigencias:

1. Estrategia de desarticulación, desarme y castigo a los grupos civiles armados.

a. Investigación y solución de denuncias previas y expedientes congelados

b. Detención y castigo a responsables

c. Auditorías a las presidencias municipales de Chenalhó, Chalchihuitán y Chamula, ante la presunción documentada de que desde ahí se desvían fondos para la compra de armas.

d. Confiscación de armas

e. Acciones judiciales efectivas

2. Reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno.

a. Utilización y aplicación de protocolos

b. Garantías de seguridad e integridad personal a las personas desplazadas

c. Instalación de campamentos específicos para desplazados

d. Ayuda humanitaria

e. Salud integral

f. Garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

g. Reparación integral del daño

h. Aplicación ley de desplazamiento forzado del gobierno del estado de Chiapas

3. Libre tránsito.

a. Rehabilitación de vías de comunicación

b. Presencia permanente de organismos civiles, nacionales e internacionales para garantizar la seguridad, la movilidad y el abasto. (CNDH|, CICR, UNICEF, Alto Comisionado de las Naciones Uidas, ACNUR, A.I.)

4. Garantías de seguridad para la observación de derechos humanos nacional e internacional en el ámbito civil.

5. Atención del problema de fondo a través de un diálogo político desde las estructuras comunitarias tradicionales y agrarias de ambos Bienes Comunales. Con observación de organizaciones de la sociedad civil. Por lo que exigimos que las instancias jurisdiccionales que en lo sucesivo conozcan y resuelvan sobre este caso, lo hagan con base y apego a los derechos colectivos (basados en la autonomía y libre determinación) que se consagran en los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.

6. Solicitamos que la CNDH emita una recomendación, dado que no se cumplieron con las medidas cautelares hacia los gobiernos estatal y federal.

Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Colectiva CEREZA
Equipo de Atención Psicosocial Para la Situaciones de Violencia y Exclusión Social
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comité Nacional Para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Casa de la Mujer Ixim Antsetik
Servicios y Asesoría Para la Paz
Salud y Desarrollo Comunitario A.C.
Fideicomiso Para la Salud de los Niños Indígenas de México, A.C.
Formación y Capacitación A.C.
Melel Xojobal A,C

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 15 de diciembre de 2017.
Pronunciamiento Conjunto

Foto: Brigada médica de Sadec, atención a población desplazadas en Chalchihuitán. Facebook Sadec A C Sdc

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¿Qué siente un niño al irse muriendo de frío?

Al parecer, depende. Si se trata de un estadounidense (blanco), un europeo o un miembro de las élites privilegiadas de nuestra nación, la mera pregunta provoca indecible horror. No así si se trata de un niño (o un adulto mayor) indígena, pobre entre los más pobres, agonizando bajo los árboles en la montaña en noches a temperaturas bajo cero, protegido de la intemperie por un pedazo de plástico y, quizás, la única cobija que el gobierno “generosamente” aportó a cada familia desplazada.

Desde hace más de un mes, 6 mil personas están desplazadas de sus hogares. Perdieron sus tierras, sus casas, sus pertenencias, sus cosechas, sus animales… todo. Salieron con la ropa del cuerpo ante las amenazas de un grupo armado de Chenalhó, coordinado por la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la aparente complicidad del gobernador Manuel Velasco Coello.

(Ver Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación de los orígenes del conflicto y Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó para un reporte sobre la situación de los desplazados.)

A pesar de que varios medios de comunicación nacionales han dado cobertura a la tragedia, hay un silencio inexplicable en los medios internacionales y una inacción por parte de los gobiernos estatal y federal que demuestra un profundo desprecio por la vida de los pueblos orginarios.

El pasado 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario (TUA), después de años de inacción, finalmente “resolvió” el conflicto territorial que la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria provocó hace más de cuatro décadas, al desconocer los acuerdos comunitarios entre Chenalhó y Chalchihuitán y otorgar a este último tierras que previamente había dotado a Chenalhó. El fallo del TUA ahora desconoce la dotación de tierras a Chalchihuitán en 1975 y se las da a Chenalhó.

(Ver el comunicado conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil sobre el fallo del TUA: Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas.)

Algunos medios de comunicación celebraron irreflexivamente la supuesta “paz” que ahora gozarán los pueblos tsotsiles de la región. Sin embargo, las autoridades de Chalchihuitán anunciaron que los desplazados no regresarán a sus hogares por falta de condiciones de seguridad y que impugnarán la decisión del TUA.

Independientemente de cómo se resuelva el conflicto agrario, sorprende que los gobiernos estatal y federal den por concluído el conflicto con ese fallo. Miles de personas continúan desplazadas en condiciones infrahumanas sin recibir ayuda apropiada, y la indemnización ofrecida por el gobierno por la pérdida de las tierras, casas, pertenencias, cosechas y animales, es irrisoria. Quince millones de pesos para 5 mil desplazados de Chalchihuitán son 3 mil pesos por persona, por haber perdido todo lo que tenían, por haber sufrido lo que están sufriendo, y por el trauma permanente a niños que luchan por sobrevivir con miedo, hambre y frío. Tres mil pesos por persona, mientras el sueldo promedio mensual de un gobernador es de 93 mil pesos (eso sin contar los millonarios lucros derivados de la corrupción institucionalizada). Y no se requiere mucha matemática para entender que 300 casas para 5 mil personas significa que 17 personas tendrían que vivir en una sola casa.

Pero sorprende aún más que en ningún momento los gobiernos estatal y federal hayan considerado problemático que un grupo terrorista criminal, armado, solapado y abiertamente a servicio de una funcionaria pública, destruya carreteras, asesine impunemente, aterrorice a la población, desplace a 6 mil personas, robe y destruya sus propiedades y provoque la muerte de cuatro niños menores de 4 años y cinco adultos mayores, utilizando en todo esto armas de uso exclusivo del ejército. Y si usamos el término “terrorista” no lo hacemos por amarillismo. La definición de “terrorismo” en el Diccionario de la Real Academia es: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Nada más exacto para describir la actuación del grupo armado de Chenalhó.

Lo que esto demuestra es lo que ya sabemos: En México, el crimen está a servicio del Estado, y el Estado a servicio del crimen.

Mientras eso, los legisladores aprueban la nueva Ley de Seguridad Interior, que da plenos poderes al ejército para reprimir a la población mexicana, y las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 Código Civil Federal, que dice (sí, no es broma) que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien“.

La conclusión es clara: Despojo institucionalizado; operación coordinada entre el Estado y el crimen organizado para asegurar dicho despojo; represión y criminalización a las protestas y resistencias.

Mientras eso, miles de personas siguen sufriendo ante la indiferencia general. Compartimos aquí algunos testimonios de mujeres desplazadas:

Y nos seguimos preguntando: ¿Qué siente un niño, o un adulto mayor, al irse muriendo de frío?

Éstos son los fallecidos, a ellas y ellos les rendimos aquí humilde homenaje:

• Maura Pérez Luna – 1 año
• Adriana de Jesús Pérez Pérez – 2 años
• Niña de nombre y edad no divulgados.
• Niño recién nacido – 3 días de edad (nombre no divulgado)
• Domingo Girón Luna – 70 años
• Martín Girón Rodríguez – 80 años
• María Domínguez Gómez – 57 años
• Marcelino Gómez (edad no divulgada)
• Otro adulto mayor (nombre y edad no divulgados)
• Samuel Luna – asesinado el 18 de octubre mientras trabajaba su parcela.

Además, el joven Raymundo Pérez Luna, de 18 años de edad, intentó suicidarse el 3 de diciembre bebiendo herbicida. Hace 2 años, Raymundo perdió a su hermano Salvador, asesinado por un grupo armado debido al mismo conflicto agrario. Ahora, los constantes disparos de armas y el ambiente de terror que se vive en su comunidad lo llevaron a intentar poner fin a su vida.

Mientras niños y adultos mayores morían de frío y miedo y un joven intentaba suicidarse, el gobernador Manuel Velasco Coello estaba muy ocupado acompañando a José Antonio Meade Kuribreña en el arranque de su precampaña presidencial por el PRI y el PVEM. Éste último, que en definitiva no se pregunta qué siente un niño al irse muriendo de frío, declaró en Tuxtla Gutiérrez que “Sin importar cuántos frentes vengan, no nos dará frío”, en alusión a la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, explicitando inconscientemente el desprecio de la clase política hacia quienes sí sienten frío, y mucho.