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CONVOCATORIA A CONTINUAR LAS JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA

#JornadasPorLaVidaEZLNyCNI
#EmergenciaGuerrero

Reunidos con fecha 5 de junio para hacer un balance del primer conjunto de actividades que se realizaron en distintas ciudades de México y el mundo para visibilizar y denunciar la guerra que se recrudece contra los territorios en resistencia y  lucha por la vida, contra los pueblos originarios organizados en el C N I – C I G así como contra el E Z L N

I N F O R M A M O S:

Que durante todo el mes de mayo se realizaron más de 50 actividades (presentaciones de libros, foros, proyección de películas, concentraciones, mesas informativas, pega de carteles, entrega de documentos y acciones fuera de embajadas y consulados) en más de 35 ciudades en México y el mundo. Aunque estamos conscientes de que todavía hay mucho trabajo por hacer, el balance fue positivo en razón del número de actividades que lograron concretarse, la cobertura en medios que se alcanzó, y porque nos permitió visualizar una forma de trabajo  en conjunto que respete los modos y tiempos de cada colectivx y red de resistencia y rebeldía.

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• Organizaciones de derechos humanos desmentimos versión del INM respecto de operativo migratorio.
• INM y fuerzas de seguridad federal detienen a grupo de personas migrantes bajo engaño y desgaste.
• Se refuerza la militarización de la política migratoria en México, alejándola de un enfoque de derechos

Metapa de Domínguez, Chiapas – 6 de junio de 2019.

La noche del pasado 4 de junio llegó un grupo de aproximadamente 400 personas migrantes a la frontera con México, compuesto de numerosas familias, para iniciar el día 5 de junio un recorrido a pie desde Ciudad Hidalgo en dirección a Tapachula, Chiapas. Muchas de ellas habiendo tramitado previamente desde el punto de frontera su regular estancia en el país. En un principio, las autoridades migratorias les dejaron cruzar la línea fronteriza, no obstante, alrededor de las 13:20 horas, el equipo de Monitoreo de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos registró un operativo migratorio en Metapa de Domínguez, Chiapas (punto medio entre Ciudad Hidalgo y Tapachula), mismo que estaba acompañado de un despliegue de Policía Militar, Policía Federal con elementos antimotines, Marina e Instituto Nacional de Migración, más una discreta presencia de la Policía Estatal. Además, de varios autobuses preparados para trasladar a las personas. En total, se lograron observar un promedio de 300 elementos de seguridad del Estado.

Dentro del grupo que se encontraba en Metapa, en medio de la carretera sin protección del sol y el calor, se encontraban hombres, mujeres, niños y niñas, familias con niños pequeños y bebés. En ese momento presentaban claros signos de agotamiento y deshidratación por las altas temperaturas, además de estar en un estado de desesperación y confusión. Las personas fueron orilladas bajo esta modalidad de desgaste físico y emocional, agravado por la presencia militarizada, a ser trasladadas al centro de detención migratoria Siglo XXI en Tapachula.

Por otro lado, ocasionó que un grupo de unas 80 personas retrocediera y decidiera caminar en otra dirección o irse por caminos secundarios, exponiéndolas a mayores riesgos y vulnerando su integridad.

En este sentido, desmentimos la Tarjeta Informativa publicada por el INM momentos más tarde, la cual señala que “se revisó su condición migratoria de forma pacífica y cuidando la integridad de las personas”, puesto que, hasta el momento de su detención bajo responsabilidad de agentes migratorios, las personas no fueron entrevistadas para conocer su situación y sus documentos migratorios, así como sus necesidades de vulnerabilidad y protección internacional para el acceso a sus derechos. Además de que no se trató de una entrada al país de forma “abrupta”, ni descontrolada, sino buscando precisamente alguna de las diversas formas de regularización en México.

Por el contrario, únicamente se observó presencia de una camioneta y una ambulancia de Protección Civil, pero la entrega de agua y suero por parte de Protección Civil de Suchiate se entregó sólo a un último grupo de unas 50 personas que estaba esperando ser trasladado en autobuses. Se observó igualmente presencia de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentando el operativo, así como de algunos medios de comunicación.

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A 25 años de las agresiones perpetradas contra las hermanas González Pérez por el ejercito Mexicano, se realizó una toma simbólica y clausura de la guarnición militar en la San Cristóbal de Las Casas, Chiapas para exigir que el gobierno federal atienda con prontitud el caso, y que sea el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas quien realice el reconocimiento público de responsabilidad. Re-publicamos a continuación el comunicado del Comité Hermanas González Pérez.

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¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo? ¿Cuánto vale una vida? – ¿A quién le importan? ¿Cuesta la vida la justicia?

Más de 80 días desde el inicio de este proceso de lucha en busca de justicia y libertad. Horas, días, semanas y meses de una sucesión de hechos que van desde la resistencia al desgaste; de la dignidad a la ignominia; de la apuesta por la vida y por la libertad, aún con el costo de estar dispuestos a entregar la vida misma por encontrarla.

¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo?

¿Imaginas llevar más 15 años preso, y de esos 14 sin sentencia, haber perdido tu familia, no contar con ni un peso de ingresos en este tiempo, porque la cárcel te tiene secuestrado, y que la justicia te pida más de 18.000 pesos para poder acceder a la copia de tu expediente, y con ello a la posibilidad de tu defensa?

No lo imagines, ese caso se llama Adrián Goméz Jiménez está encerrado tras los muros del CERSS Nº5, lleva 83 días en lucha y en huelga de hambre; y la empresa privada que gestiona la “copiadora” del Juzgado de este penal le pide esa cantidad para poder obtener su expediente.

Y éste es sólo uno de los casos, imaginen a cuánto asciende la suma de todos los expedientes de nuestros compañeros en huelga de hambre. ¿Quién hace negocio con la justicia, quién se beneficia del encierro, a qué costo?

Para nuestros compañeros, la justicia les costó su proyecto de vida, sus ilusiones, sus apuestas a ese futuro que esperaban y por el que todo, y cada uno de los días, se esforzaban en alcanzar.

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Las 22 comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, que nos organizamos en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) estamos de luto, pues durante el pasado mes de mayo hemos tenido que devolver a la tierra a cuatro de nuestros hermanos asesinados. Con amargura, dolor y con todos los honores que un pueblo puede brindar a sus hijos más ejemplares, nos despedimos de José́ Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos emboscados el 4 de mayo cuando regresaban a sus casas después de participar en una reunión en la capital del estado; días después, el 23 y 24 de mayo, Bartolo Hilario Morales e Isaías Anteco Ahuejote, fueron secuestrados y ejecutados cuando regresaban de comprar víveres para sus comunidades. Sus cuerpos fueron descuartizados y embolsados para provocar terror nuestras comunidades.

También deben saber que nuestros hermanos que ahora hacen falta en sus familias y en nuestras comunidades, eran miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) que el año pasado impulsó la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, a la que con cariño llamamos Marichuy. El asesinato de nuestros compañeros se suma al de Samir Flores en Morelos, al de Gustavo Cruz Mendoza en Oaxaca y muchos otros que defienden la naturaleza, los bosques, los ríos y las montañas de la depredación de las empresas mineras.

La zona donde vivimos es rica en recursos naturales y minerales, sabemos que incluso se han realizado estudios para detectar la existencia de petróleo, mina, talas de árboles en nuestras montañas. Las grandes empresas, nacionales y transnacionales que saquean los recursos naturales que son de todos los mexicanos, han convertido a todo el estado de Guerrero en una zona de conflicto de guerra. Los pueblos indígenas que somos los guardianes milenarios de estas tierras vírgenes, somos un estorbo para su codicia. Resistimos como pueblos porque no hemos permitido que nuestras tierras sean lotificadas, individualizadas y arrancadas una por una.

Nos encontramos ante el acecho permanente de los grupos criminales que son el brazo armado de los dueños del dinero. Estos grupos siguen siendo protegidos, financiados y dirigidos principalmente por los gobiernos municipal, estatal y federal… muy pocas cosas han cambiado desde la noche de Iguala, los mismos grupos económicos, políticos y criminales que nos arrebataron a nuestros jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, siguen cobrando la vida de gente buena del campo.

Los grupos criminales se han apoderado de los caminos que utilizábamos para bajar a la ciudad a comprar víveres y estamos amenazados de muerte si pasamos por ahí. No hemos podido sembrar nuestras tierras y todas las escuelas están cerradas. Tienen que saber que necesitamos de su solidaridad y de la fuerza de todos ustedes, campesinos, trabajadores, obreros, amas de casa, estudiantes, sindicalistas de todo el país, para detener esta guerra, para romper el cerco paramilitar que rodea a nuestras comunidades. Llamamos a los organismos nacional e internacionales su solidaridad con nuestras comunidades y pueblos de esta región de la Montaña Baja de Guerrero. También hacemos de su conocimiento que las autoridades federales encabezada por Andrés Manuel López Obrador omiten nuestra exigencia de justicia. Únicamente los hermanos del Congreso Nacional Indígena CNI y las redes de organizaciones sociales culturales, hemos encontrados su solidaridad hasta ahora en la lucha por la paz, justicia y por la vida.

Pedimos de manera urgente nos brinden la mano, como hermanos que somos, llamamos a otros hermanos y hermanas para frenar la guerra en contra de nuestros pueblos. Les pedimos realizar todo tipo de actividades políticas para exigir por la paz y por la justicia, así́ mismo por la defensa de nuestra tierra y territorio. Les pedimos instalar centros de acopio de víveres para nuestras comunidades que a pesar del hambre y el frio resistimos y resistiremos como lo venimos haciendo desde hace 500 años. Por el bien de nuestros pueblos luchamos por la paz y la dignidad, que sin hacer daño a nadie vivimos en armonía con la naturaleza y así viviremos.

Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Imagen de portada: Cuartoscuro

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El documento firmado por autoridades comunitarias, expresa el posicionamiento unánime contra la imposición del proyecto carretero del gobierno estatal. Además se desmiente el documento con fecha de 30 de julio del año 2014, que afirma tener el respaldo de los comuneros, mediente un acta de acuerdo que segun el secretario de gobierno del estado del Chiapas, Ismael Brito, se levantó en este año. En este documento no solo se aprueba el paso de la carretera, sino que establece que cuenta con el apoyo de los comuneros. Y al ser deconocido por estas comunidades ” queda sin efecto dicho documento”, refiere el acuerdo de las acomunidades sobre la súbita aparición de esta acta de aquel año .

En contexto Chiapas: Gobierno condiciona presupuesto municipal a cambio de aprobación de la carretera San Cristóbal-Palenque

“Los habitantes del municipio de San Juan Cancuc tienen sus terrenos con las medidas muy pequeñas que las conservan y son las únicas que nos dan para vivir el autoconsumo. Los terrenos afectados pertenecen a varias comunidades del municipio, no solo a la comunidad de Crusiljá y Yaxnail ya que son tierras comunales”, manifestaron las autoridades locales durante la asamblea en la cual también aprovecharon para denunciar la nula respuesta del gobierno estatal ante los escritos de inconformidad que las comunidades enviaron desde el 1 de abril.

Prioridades

Tras la victoria electoral en julio de 2018, el nuevo gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha enfatizado que la administración chiapaneca a su cargo priorizará el desarrollo de proyectos carreteros.

“Lo que necesita Chiapas son carreteras, supercarreteras y caminos que comuniquen todos los pueblos con las principales ciudades del estado y esa será una prioridad del gobierno”, declaró Escandón ante empresarios chiapanecos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al vincularlo con otros planes de infraestructura en el sureste mexicano como el denominado tren maya.

En contraste al diálogo permanente entre gobierno y empresarios, los pueblos y comunidades del municipio de San Juan Cancuc no han recibido respuesta a sus escritos de inconformidad entregados en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Rechazo, no sólo en Cancuc

También ocho municipios de Chiapas se unieron a San Juan Cancuc en el rechazo de la construcción del tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Palenque pues “el único beneficio que obtienen nuestras comunidades, es el despojo del territorio, y la destrucción de nuestra hermana madre tierra”, manifestaron integrantes de las parroquias de Yajalón, Candelaria, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Chilón, Sitalá y Chicomuselo que integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite).

“Nuestros pueblos originarios exigen que el gobierno actual, NO REGRESE AL PASADO, QUE ESCUCHEN NUESTRA VOZ, NUESTRAS DEMANDAS Y RESPETEN EL DERECHO DEL PUEBLO. El camino de la imposición y las falsas consultas destruyen la vida de nuestras comunidades. No queremos más destrucción a la Madre Tierra, y los más de 185 kilómetros que requiere la construcción de la supercarretera, nos despojará de nuestro territorio rico en agua, ríos, árboles y BASTOS RECURSOS NATURALES QUE ES EL INTERÉS PRIMORDIAL DE LAS GRANDES TRANSNACIONALES Y EMPRESAS EXTRACTIVAS PARA EL SAQUEO DESMEDIDO DE ESTOS RECURSOS”.

 

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• Presos tsotsiles continúan lucha por su libertad desde los CERSS Núm. 05 y Núm. 10

A las 6 de la mañana, del día de hoy, 10 personas iniciaron un ayuno en exigencia de libertad para 7 presos tsotsiles que han denunciado violaciones a derechos humanos en sus procesos jurídicos. Durante 12 horas permanecerán en plantón, sin consumir alimentos, sólo miel y agua, en la entrada del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 05, (CERSS Núm. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Estarán en ayuno: 7 familiares de presos (Andrea Hernández Díaz, Elena Gómez Hernández, Carla Guadalupe Meza Méndez, Facundo Ruiz Gómez, Eva María Ruiz Pérez, Susana y Beatriz de la Cruz Ruiz); 2 integrantes del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs (Juan Pablo Nava y Jorge Abel Pérez Rodríguez; y Juan Pérez Álvarez, quien estuvo en prisión 16 años y obtuvo su libertad el pasado 14 de mayo.

El objetivo de esta acción de protesta es solidarizarse con 7 presos tsotsiles quienes continúan la lucha por su libertad a 83 días de que iniciaron una huelga de hambre. Posterior a un lapso de 30 días de ayuno, 5 de ellos reiniciaron la huelga de hambre el 14 de mayo de 2019: Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo, Germán López Montejo (Desde el CERSS Núm. 05, en San Cristóbal de Las Casas) y Marcelino Ruiz Gómez. (Desde el CERSS Núm. 10, en Comitán de Domínguez).

Debido a la situación penitenciaria en la que se encuentran y por los días transcurridos sin alimentos ni atención médica adecuada, hay un deterioro importante en la salud física y emocional de los 5 presos en huelga de hambre1. Existe el riesgo de que su salud se agrave debido a la decisión de los presos de continuar en huelga de hambre ante la omisión del gobierno del Estado de Chiapas.

A la fecha, sus demandas no han sido debidamente resueltas. Un ejemplo es la falta de acceso a sus expedientes penales: El pasado 24 de mayo la familia de Juan de la Cruz Ruiz pagó 3.500 pesos para la entrega de la copia de su expediente; y por el de Adrian Gómez Jiménez les solicitaron 10 mil pesos. Esta situación intensifica las condiciones de discriminación a población económica y socialmente vulnerable.

Los presos tsotsiles en huelga de hambre y sus familias en ayuno exigen al Estado mexicano: continúe las investigaciones de las denuncias por Tortura y otras violaciones a derechos humanos; atienda la solicitud de libertad inmediata y garantice la seguridad e integridad de las personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación2.

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Fuente: Noticaribe

Defensores del medio ambiente, especialistas en el tema y pobladores advierten que el Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura del Gobierno federal, se perfila bajo un modelo neoliberal que resulta contradictorio con la abolición al neoliberalismo decretada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

BACALAR, MX.- Expertos en temas ambientales y ejidatarios advierten que el Tren Maya impactará severamente a las comunidades en la tenencia de la tierra, en lo ambiental y en lo social.

“Deberíamos ir a un proyecto más participativo, sin prisa por hacer asignaciones directas a empresas internacionales y sin traer un montón de turistas sin haber atendido antes la problemática local ambiental”, alertó Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Entre los problemas que deben resolverse antes, dijo, está el esquema de gestión de residuos sólidos urbanos y la contaminación hídrica.

Durante su participación en el “DEBA-TREN ‘MAYA’”, que tuvo lugar en esta comunidad, Leticia Merino, investigadora de la UNAM, alertó sobre el riesgo de despojo de tierras a las comunidades.

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Communique from the CNI-CIG and the EZLN in Response to the Recent Violence Against Originary Peoples

To the peoples of the world:
To the CIG support networks:
To the national and international Sixth:
To the media:

Neoliberal capitalism is marking its steps with the blood of our peoples as war is intensified against us wherever we refuse to cede our land, our culture, our peace and our collective organization, and because we refuse to give up our resistance or resign ourselves to dying off.

We denounce the cowardly attack on May 31 against the indigenous Nahua community of Zacualpan, which is part of the CNI, in the municipality of Comala, Colima, where narco-paramilitaries fired high-caliber weapons at a group of young people, killing one and critically injuring three more.

We hold all three levels of bad government responsible for this event, in particular the head of public security, Javier Montes García, as it is the bad government that allows these narco-paramilitary groups to operate in the region. We demand full respect for the traditions and customs of the Nahua indigenous community of Zacualpan.

We condemn the aggression and destruction carried out in the early morning hours of May 31 against the Rebollero and Río Minas communities, part of the Binizza community of San Pablo Cuatro Venados in the municipality of Zachila, Oaxaca. There, a group armed with high-caliber weapons and heavy equipment came in firing on the community, destroying dozens of homes and forcing the population, including children, to flee. In all, 24 homes were demolished in the attack and the communities’ corn and other food supplies set on fire, including seeds saved for planting. The group also burned the families’ personal items such as clothing and shoes and stole their livestock, power generators, and water pumps.

We condemn the repression and displacement of our compañeros and compañeras of the Otomí indigenous community who have maintained a temporary encampment at #7 Londres Street in the Juárez neighborhood in Mexico City since the September 19, 2017 earthquake. At 11 am on May 30, they were violently evicted by shock troops sent by the bad government and real estate companies, working alongside hundreds of riot police at the service of Néstor Núñez, mayor of the Cuauhtémoc district.
We condemn the narco-paramilitary siege sustained by criminal groups—supported and protected by the bad government and all of the political parties—against the communities of the Emiliano Zapata Popular Indigenous Council of Guerrero (CIPOG-EZ) in the municipalities of Chilapa and José Joaquín de Herrera, who struggle peacefully to build their autonomy.

We call on all the peoples of Mexico and the world to be attentive to and in solidarity with the struggle of the Guerrero communities and to break the violent siege against them which limits their access to food and medicine and is waged in the interests of the capitalist appropriation of indigenous territory. We urge support for the collection of provisions to be sent to the affected communities, including corn, rice, beans, canned chili peppers, sugar, sardines, tuna, toilet paper, diapers, and medicine, to be collected at the UNIOS headquarters in Mexico City, #32 Carmona y Valle Street, Colonia Doctores.

We reiterate that our Mother Earth is not for sale to big capital or to anybody, that our existence is not up for negotiation and thus neither is the resistance of our peoples.

Attentively,
June 2019
For the Full Reconstitution of our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
National Indigenous Congress
Indigenous Governing Council
Zapatista Army for National Liberation