Em uma ação histórica do movimento brasileiro de luta pela reforma agrária, a União Nacional Camponesa (UNC) e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER) reuniram mais de 3.000 camponeses e camponesas, indígenas, quilombolas e ribeirinh@s acampad@s em um ato de resistência na Esplanada dos Ministérios em Brasília.

A Jornada Nacional de Luta, batizada como Carnaval Vermelho, teve como objetivo atrair a atenção do poder público para as necessidades e reivindicações de direitos dos trabalhadores rurais espalhados pelos 24 estados brasileiros representados na Jornada.

A Jornada começou na segunda-feira, dia 19 de fevereiro, com um ritual emocionante dos irmãos indígenas Pataxó Hã-Hã-Hãe do Sul e extremo sul baiano, onde pediram à Tupã e aos Encantados que abençoassem as lutas dos próximos dias.

Unindo forças em busca por seus direitos, grupos como Movimento de Luta pela Terra (MLT), Movimento de Trabalhadores por Direitos (MTD), Associação Indígena Ybityra Porang Tupinambá (AIIPT), Ligas Camponesas e Urbanas do Brasil (LCU-BR), Frente Revolucionária Mulheres de Luta (FRML), Movimento da Agricultura Familiar (MAF), Movimento Brasileiro dos Sem Terra (MBST), e diversos outros, marcharam durante quatro dias pelos Ministérios e Órgãos Públicos de Gestão protocolando pautas com suas demandas e exigindo uma data para se reunir com os representantes legais.

A pressão popular se mostrou precisa e eficaz quando diversos Ministérios abriram suas portas para o movimento. Justiça, Saúde, Agricultura, Trabalho, Cultura, Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Meio Ambiente, Cidades e INCRA foram algumas das entidades públicas que se mostraram dispostos a escutar e dialogar com os trabalhadores rurais, que reivindicavam nada além de seus direitos, em tese assegurados pela constituição, para garantir uma existência digna e saudável, com acesso à educação e segurança.

Ao final da jornada, os presentes embarcaram de volta para suas comunidades com um sorriso no rosto, com grande parte de suas reivindicações atendidas de imediato por mérito da resistência do povo. Milhares de famílias voltarão a ter alimentos em suas mesas e terra para plantar e produzir, poderão dormir tranquilas sem medo de reintegrações de posse, e muitas crianças poderão frequentar as escolas e ter acesso a saúde básica.

Só através da luta e do poder do povo essas conquistas puderam ser garantidas pelo movimento. A UNC e a CONAFER trouxeram uma nova perspectiva de vida para milhares de famílias Brasil afora. Avante!

Contra eles e por nós. Avante sempre!!!

Fotos: Webert da Cru

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María de Jesús Patricio no obtuvo el registro como candidata independiente a la presidencia de México. Sin embargo, la causa a favor de grupos minoritarios y contra la discriminación seguirá su camino para cambiar el país.

Por Juan Villoro | NY Times

CIUDAD DE MÉXICO — El 14 de febrero una camioneta recorría el desierto de Vizcaíno en Baja California Sur. Daban las 3:30 de la tarde, después del almuerzo, bajo un calor intenso, en la Carretera Federal 1, que carece de curvas y adormece peligrosamente. Todo conspiraba a favor del riesgo, pero la caravana no podía detenerse.

En octubre de 2017, la indígena María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, inició su campaña para convertirse en candidata independiente a la presidencia, respaldada por el Concejo Indígena de Gobierno. Durante cuatro meses visitó los más diversos rincones del país para escuchar a sesenta etnias que carecen de representación en la política mexicana. Se suele pensar que los indígenas representan un bloque monolítico, con idénticas costumbres y creencias; en realidad, se trata de un mosaico multicultural que responde a realidades y proyectos diferentes. Para obtener la candidatura, Marichuy debía lograr antes algo más difícil: unir a las comunidades en objetivos comunes.

El jueves 14 avanzaba en las precarias condiciones que la acompañaron en todos los caminos. Si los políticos viajan en aviones y camionetas blindadas, Marichuy se sometía a trayectos extenuantes y se adentraba en regiones inhóspitas (el 20 de enero el coche de prensa que la acompañaba fue asaltado en Michoacán por una banda del crimen organizado). A cinco días de que venciera el plazo para lograr el registro como candidata independiente, la vocera hacía proselitismo en una de las regiones menos pobladas del país. No apostaba por el pragmatismo electorero, sino por acercarse a los más apartados.

Bajo el denso sol de la tarde, la camioneta abandonó la carretera y volcó en la tierra donde crecen los huizaches. En el accidente murió Eloísa Vega Castro, de la red de apoyo a los pueblos indígenas. Varios tripulantes quedaron heridos y Marichuy sufrió la fractura de un brazo y tuvo que ser operada. Pasaron cerca de doce horas hasta que los heridos llegaron al Hospital Juan María de Salvatierra, en La Paz.

El 15 de febrero la candidata indígena acaparó las portadas de todos los periódicos. Un impacto de muerte recibió la atención que no se le había prestado a sus ideas.

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Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.

El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.

El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.

La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.

Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.

Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.

Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.

Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.

A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.

No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre.  Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez.  Lorenzo López Girón.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.

Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.

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A inicios de febrero, Minerva Bello, a quién Ixchel Cisneros describió “de apariencia frágil, la piel pegada a los huesos y las manos agrietadas por trabajar la tierra y lavar la ropa de siete hijos”*, no alcanzó a ver a su hijo Everardo de vuelta en Omeapa, Guerrero. A casi 41 meses de la desaparación forzada de los 43 de Ayotzinapa, sus madres y sus padres insisten en romper el silencio y el olvido. En su paso por Cuernavaca, Morelos y otros estados del país rumbo a la VI Convención Nacional Popular a celebrarse los días 17 y 18 de marzo, ellxs y la Caravana que encabezan han agradecido el apoyo brindado desde el 2014 pero han señalado que aún hace falta más para seguir exigiendole a la PGR y al gobierno federal que cumplan con las cuatro líneas de investigación propuestas por el GIEI expulsado del país. En su  camino, los padres y madres de los 43 han dejado claro que clarificar estas líneas de investigación será vital para poder encontrar a sus hijos:

I. Investigar al Ejército por su participación documentada en la desaparición de los 43.

II. Investigar a los cuerpo policíaco de Huitzuco, pues fue este grupo quien llegó al puente del Chipote para llevarse a estudiantes normalistas deben ser castigados.

III. Investigar la telefonía celular que muestra la ubicación de los policías de Huitzuco, además de que se encontraban activos los celulares de los jóvenes días después de la agresión.

IV. Investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil principal de la agresión a los normalistas desaparecidos.

“Los padres de los 43 estamos muy unidos y esto no se va a acabar hasta encontrarlos”*, decía Doña Mine…

Testimonio de Don Celso, padre del normalista Emiliano Alen Gaspar de la Cruz (1 min.)

Testimonio de Cristina Bautista, madre del normalista Benjamín Ascencio Bautista (6 ”43 min.)

Testimonio de María Concepción Tlatempa, madre del normalista Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa (3 ”35 min.)

Palabras de Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa (5 ”30 min.)

Más información sobre la Caravana y la búsqueda de los 43: Tlachinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña.

Fotografía de Minerva Bello: Scott Brennan, de la serie fotográfica “Los estamos esperando”/Amnistía Internacional

*En Ayotzinapa. La travesía de las tortugas, del colectivo Marchando con letras (Ediciones Proceso, Septiembre 2015)

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Fueron casi 130 días observando la caravana del Concejo Indígena de Gobierno y Marichuy, su vocera. Esta banda ha viajado en una furgoneta con recursos mínimos y condiciones precarias por más de 120 lugares en todas las regiones de México, para cumplir una agenda que no era de comicio pero que pretendía atender una demanda de presencia en las comunidades, fomentar la organización y coser la unión de los pueblos (originarios o no) por la vida. El proceso mostró las incompatibilidades y desniveles entre los modelos de representación del sistema de los que están en el poder y los independientes de verdad. El logro de las firmas para constar en la cédula electoral era una buena estrategia para dar visibilidad a las causas y problemas de los pueblos indígenas, pero éste no era el único objetivo: las dificultades encontradas durante el recorrido también revelaron y aproximaron ideas y personas.

Banda sonora:
“Verte regresar” por Belafonte Sensacional y Paulina Lasa (devueltaacasa.org)

“Mujer con corazón” o “La cumbia de Marichuy” por Los Originales de San Andrés

Vídeo y fotografias por André Mantelli

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Chiapas, México a 19 de febrero de 2018

Con fraternal solidaridad desde Chiapas, por el accidente ocurrido el 14 de febrero a la caravana del CIG.

A la familia de la compañera Eloísa Vega Castro
A las redes y grupos de apoyo Sudcalifornianos
A las compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena
A las compañeras y compañeros del Concejo Indígena de Gobierno
A la compañera Marichuy, Vocera del CIG

Con estas sencillas palabras pero desde nuestros corazones, como hermanas y hermanos, como compañeras y compañeros que somos, queremos enviarles un abrazo para hacerles sentir nuestro acompañamiento en estos momentos de profundo dolor.

Abrazamos profundamente a los y las familiares, amigas, amigos, compañeras y compañeros de Eloisa Vega, de la Red Sur Californiana de apoyo al CIG. Honramos su vida, así como la nombran los y las compañeras del Concejo Indígena de Gobierno: “Con su conciencia, ella y quienes compartieron sueños y caminos decididos a hacer nacer nuevos mundos, hacen que la esperanza y la lucha se hagan fuertes, se hagan sagrados”.

Como una compañera de las redes y grupos de apoyo al CIG, como nosotras y nosotros, es y será parte de ese camino al que nos estamos sumando por la reconstitución de los pueblos, por otra política, otra forma de gobernarnos, frente a la tormenta que se extiende.

Deseamos una pronta recuperación a los compañeros y compañeras víctimas de ese fatal accidente carretero del día miércoles 14 de febrero. Les enviamos nuestro cariño y ánimo, y les recordamos que por nuestra parte seguiremos trabajando; tejiéndonos, desde el florecimiento de los pueblos hacia la autonomía, siguiendo este largo caminar por una vida justa y digna para todas y todos.

Con gratitud y respeto.

Red de Apoyo al Concejo Indígena de Gobierno en Chiapas

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Por Gilberto López y Rivas

En la noche del 19 de febrero pasado, las redes de apoyo a María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), llevaron a cabo en toda la República la jornada postrera para recabar firmas para una candidatura independiente a la Presidencia en un ambiente festivo, cargado de emociones y, sobre todo, la certeza de la tarea cumplida con empeño, entrega y camaradería, así como la idea de continuar cohesionados para nuevas formas de acompañamiento al Congreso Nacional Indígena y al EZLN. Ausente estaba cualquier sentimiento de frustración o desesperanza por no haber logrado, –en un tiempo extremadamente acotado– las cifras estratosféricas impuestas por la partidocracia y la burocracia electoral para cerrar el paso a candidaturas realmente independientes.

Por el contrario, un hecho incuestionable destaca: de todas las campañas para aspirantes independientes a la Presidencia, fue la única con un altísimo porcentaje de firmas ciudadanas obtenidas legal y legítimamente. Como auxiliar de Marichuy, integré parte de un grupo que revisó en el Instituto Nacional Electoral (INE) cuatro mil apoyos ciudadanos con presuntas inconsistencias y errores; al término del escrutinio, se pudieron rescatar 82 por ciento de los mismos. Al 21 de febrero, Marichuy reunía 92.74 por ciento de apoyos válidos, más los que se recatarán en la última sesión que los auxiliares han solicitado al INE para defender el derecho humano de todos y cada uno de los ciudadanos que firmaron. Estos datos demuestran otra práctica política, con ética y principios morales, que contrastan con la opacidad en los procesos de obtención de firmas de quienes llegaron finalmente a la boleta electoral como candidatos falsamente independientes. Igualmente, es un hecho que para el INE no parece interesar los medios para lograr firmas, aunque sean fraudulentos, sino los resultados que, de existir un estado de derecho, merecerían una investigación a fondo y la consecuente descalificación de candidaturas espurias.

Un dato interesante es que en dos estados del país se logró superar 1 por ciento de apoyos ciudadanos requerido por el INE: Chiapas y Nayarit, y aquí habría que enfatizar la congruencia política del EZLN y el entorno de los mayas zapatistas que demostró la importancia otorgada al proceso de la recolección de firmas en Chiapas, y, en el caso de Nayarit, el compromiso y el esfuerzo principalmente del Partido de los Comunistas, que, de igual manera, asumieron la tarea con seriedad y responsabilidad política. Porcentajes significativos de apoyo ciudadano se lograron en Zacatecas, Ciudad de México y Morelos, entre otros. Políticamente, a lo largo de estos meses, el CIG en su recorrido por prácticamente todos los estados del país, logra consolidar y fortalecer al Congreso Nacional Indígena como organización a partir de la cual se conforma el Concejo Indígena de Gobierno. Se vincula estrechamente con la Asociación Civil Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, en búsqueda del apoyo a la propuesta del CIG y la precandidatura de Marichuy en medios de comunicación, redes y ámbitos universitarios, intelectuales, artísticos y gremiales de alcance nacional y regional. La Asociación Civil otorgó un modesto apoyo económico que contrastó con los millonarios ingresos de los ahora candidatos independientes y ha brindado asesorías jurídicas y trabajo contable de voluntarios y voluntarias que de manera discreta y eficiente entregaron su tiempo y su conocimiento a una causa justa y libertaria.

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de febrero de 2018

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

En este día de memoria, verdad y justicia por la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros más 4 no nacidos que realizamos mes tras mes, reafirmamos públicamente nuestras condolencias por el fallecimiento de nuestra compañera Eloisa Vega Castro ocurrido el pasado 14 de febrero del presente año, cuando cumplían una misión encomendada por el CNI para la construcción de un México más justo y humano para todas y todos.

Desde Acteal van abrazos solidarios y esperanzas a su corazón y pensamiento de la familia de la compañera Eloisa.

A ti compañera y hermana Eloisa que ya te has convertido en espíritu, que tu alma vuela y libre como el viento; te pedimos que junto con nuestros mártires de Acteal pidas al Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra y a nuestra Mamá-Papá, que nuestra lucha y la propuesta la de gobernar este pais, desde la otra política, la de los pueblos, la de la asamblea, la de la participación de todas y todos, se haga realidad y podamos detener los actos criminales de los ricos y poderosos del sistema capitalista. ¡Hasta siempre compañera y hermana Eloisa!

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En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano ocupó territorios de los pueblos originarios ocasionando violaciones a derechos humanos. Escuchemos dos historias de crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad: Las ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y de José Tila López García.

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Las familias que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movimiento) condenamos el allanamiento y robo de equipo de seguridad otorgado por el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, en el domicilio de Francisco Paredes Lachino, hijo del defensor de derechos humanos desparecido en 2007, Francisco Paredes Ruiz.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de febrero aproximadamente a las 13:30 horas del día, cuando elementos del Mando Único, pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública, a bordo de 5 camionetas, 2 de ellas con logotipo de Policía Michoacán y 3 de color blanco pertenecientes a la policía Ministerial de la Policía Estatal, llegaron e irrumpieron de forma violenta y sin orden judicial el domicilio de Francisco Paredes en Michoacán, sustrayendo del lugar equipo técnico que almacena las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en dicho domicilio. Este equipo de seguridad forma parte de las medidas implementadas por el Mecanismo de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pertenecientes a la Secretaria de Gobierno. Afortunadamente, Francisco Paredes y su familia no se encontraban en el domicilio.

Francisco Paredes Lachino junto con sus hermanas, forman parte del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas “ALZANDO VOCES”, colectivo que forma parte del Movimeinto y que se dedica a la búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán. Anteriormente, el 25 de diciembre del año 2015 personas armadas con la aquiescencia y participación de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública irrumpieron con uso de violencia al mismo domicilio para amenazar con armas a los integrantes de la familia Paredes Lachino, por lo que la familia recibió las medidas de seguridad que el Mecanismo de Protección a Periodistas y defensores de Derechos humanos otorga.

De igual manera, el 2 de mayo de 2017, Cristina Paredes, hermana de Francisco y defensora de derechos humanos, fue víctima de detención arbitraria e ilegal. Por este suceso se reunió con el Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, el 5 de enero de 2018.

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