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Por Sare Frabes

De acuerdo con la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), el jefe indígena Raoni Metuktire de casi 90 años, ha confirmado que esta contagiado de coronavirus (Covid-19) según las pruebas realizadas específicas, como tomografía computarizada y serología.

La APIB, quien dijo estar autorizada por los familiares de Raoni para dar esta información, sostiene que el estado de salud del indígena Kayapó es favorable, no presenta fiebre, continúa respirando con normalidad y sin oxígeno. El líder indígena se encuentra internado en el Hospital Dois Pinheiros de Sinop (estado de Mato Grosso, centro-oeste).

Ver También: EEUU aprovecha escenario de Covid19 para acelerar presencia en la Amazonía brasileña

El instituto Raoni, por su parte, ha emitido un reporte medico de forma pública este 2 de septiembre, en el que afirman que Raoni ha iniciado con fisioterapia respiratoria. Se le ha retirado el catéter nasal de O2 -Tubo a través del cual se le suministran fármacos. “Tuvo un episodio de dolor de cabeza que se controló con analgésicos. Las pruebas de laboratorio mostraron una mejora en las indicaciones de inflamación. Hoy se encuentra bien, sin fiebre, respirando bien con saturación superior al 97% y sin sonda nasal”, afirmó el Instituto.

De la misma forma han comunicado que Raoni continúa el tratamiento con anticoagulantes y corticosteroides. “El jefe Raoni permanece hospitalizado para observación y seguimiento clínico continuo”, detalló el reporte clínico del Instituto, dónde también se afirma que Raoni podría ser dado de alta en breve.

El jefe indígena Raoni ha sido reconocido internacionalmente por ser un férreo defensor de la Amazonía. Ha hecho presencia en diversos escenarios de la ONU, en el encuentro del G7, entre otros, donde ha denunciado la bestial deforestación que viene sufriendo la Amazonía y los pueblos que la habitan.

Hoy, Raoni ha llamado la atención del mundo de diversos sectores de la comunidad internacional sobre su salud. Pero él tan solo es uno de los más de 30 indígenas que han contraído el virus, mientras que, las cifras del número de muertos a rebasado los 700 desde el inicio de la pandemia, según datos de la APIB.

El 4 de agosto, un fallo de la Corte Suprema obligó al gobierno a establecer un protocolo especial para pueblos originarios, pero aún así, los contagios siguen avanzando.

“La COVID-19 se está extendiendo rápidamente dentro de la reserva de Capoto / Jarina, donde miles de pueblos indígenas están en riesgo de contraer esta enfermedad mortal. Necesitamos protección y apoyo”, han denunciado los pueblos que forman la APIB.

Fuente: Avispa Mídia

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El gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

Este NotiFrayba está dedicado a las más de 73 mil personas desaparecidas e México.

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By Asamblea Anarquista del Biobío (Biobío Anarchist Assembly) | Radio Kurruf

The so-called “Mapuche conflict” ongoing in Wallmapu (Mapuche territory in southern Chile) is nothing but a term that represents how the political forces have historically monopolized the discourse. However, this isn’t new. In the 19th century, when the Chilean State was born, these forces spoke of “pacification of the Araucanía”, same happened when the Inca and Spanish imperialisms arrived declaring war. The occupation of Mapuche territory is not limited to wars only, it also has implied a civilizational clash between hierarchical-authoritarian cultural forms, such as the imperialist ones, and non-state-federative forms, such as those practiced by the Mapuche communities. According to the traditions in the West, the founding act of the Chilean State is based on the centralization of power in a «race», an official language and a specific territory. The expansion of the rule of law has led to the reduction and division of Mapuche territory, together with the patriarchal culturalization and the establishment of capitalist social relations, which historically determined the peasantization of the communities and the Mapuche proletariazation in the cities.

The process of Mapuche cultural revitalization and the struggle for land, which has been going on since the 1990s, has had as a response tougher sentences from the judiciary, frame-ups, militarization and deaths. The current episode shows us the inconsistencies of the rule of law, as the 27 Mapuche political prisoners, including their leader Machi Celestino Cordova, are asking the government to comply with the protection of rights that the state promised to guarantee through ILO Convention 169. To make themselves heard, they have resorted to endless hunger strikes that put their lives in danger.

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Caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas.
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra los pueblos indígenas de México!

Como hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas de nuestras comunidades indígenas que somos; Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizos y Afro mexicanos del estado de Guerrero, y que estamos organizados en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en conjunto con nuestros pueblos hermanos del Frente Nacional Por la Liberación de los Pueblos (FNLP) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), no olvidamos que sufrimos una guerra en contra nuestros pueblos. Una guerra que inicio hace 527 años y que se continúa, gobiernos van, gobiernos vienen, son de un color, de dos colores o de tres colores, no importa; su patrón es el mismo.

Seguimos muriendo de hambre, por falta de hospitales y médicos y por la miseria, pero no solo; literalmente nos están asesinando. Como si fuéramos animal, como si fuéramos algo que no vale, que no es humano. Los narco-paramilitares nos cazan en los caminos, en nuestras casas y nuestras familias, tienen que huir, son los que se llaman desplazados, y ahí van, caminando desterrados de su tierra, comunidades enteras sin casa, con el dolor de sus familiares asesinados, y sin saber si comerán mañana o si podrán dormir bajo un techo, peor que animales.

Este mal es provocado por los malos gobiernos al solapar y permitir a los grupos narco-paramilitares en nuestros pueblos de la Costa Grande, en Chilapa, y en la Sierra de Guerrero, y bien sabemos que por lo menos también pasa en los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas.  ¿Y cuántos de nuestros hermanos que están desaparecidos? Y no es que se perdieron, es que les hicieron un mal, y lo hicieron con plena impunidad, lo hicieron en el día, en lugares públicos y no pasa nada.

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AL PUEBLO DE MEXICO

Las organizaciones indígenas, campesinas y urbanas, de la sociedad civil que abajo firmamos, manifestamos nuestro enérgico repudio a la escalada de descalificación y provocación montada por el gobierno federal contra las organizaciones y comunidades que defienden de diversas maneras los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos mayas de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, sus comunidades y sus habitantes.

Para el Presidente de la República solo hay liberales y conservadores, en nuestro aporte a su comprensión de la realidad queremos decirle que nosotros no encuadramos en ninguna de esas categorías, los pueblos indígenas somos comunales y en consecuencia no comulgamos con las
propuestas de desarrollo capitalista que se fundamentan en la propiedad privada.

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Corporaciones cada vez más grandes y poderosas. Nuevos (y cuestionados) transgénicos y más agrotóxicos. Organismos internacionales y la fundación del multimillonario Bill Gates. Es el resumen de la nueva etapa del agronegocio en Argentina, que incluye el desarrollo de carne sintética (de laboratorio) y políticas científicas al servicio de un modelo con amplias consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. A contramano de la soberanía alimentaria, el gobierno nacional ya dio el visto bueno a la profundización del modelo transgénico. Por Darío Aranda.

Por Dario Aranda

La historia se repite.

Corría el 23 de marzo de 1996 cuando Felipe Solá, entonces secretario de Agricultura, hoy canciller,  aprobó la soja transgénica de Monsanto. Firmó la resolución en tiempo récord: el trámite administrativo para autorizar la soja de Monsanto y provocar una cambio drástico del modelo agropecuario argentino duró solo 81 días

Las consecuencias son bien conocidas: desmontes, desalojos masivos del campo (violencia incluida), fumigaciones con agrotóxicos y enfermedades, empobrecimiento de suelos, contaminación de cursos de agua, dependencia, concentración de tierras en pocas manos.

Veinticuatro años después, lejos de promover un cambio de modelo, corporaciones y funcionarios van por la profundización del modelo, ahora bajo un nombre técnico-cibernético-futurista: “AgTech”.

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Los pueblos indígenas somos el termómetro del mundo, el día que dejemos de respirar, será el último suspiro de la humanidad. Las mujeres indígenas hacemos la labor de sanar nuestras heridas profundas para curar el territorio y así poder reforestar nuestros corazones.

curadaterra.org

5 de Septiembre: Encuentro Global de Mujeres Indígenas

Este video se hizo con material reciclado para generar la menor cantidad de emisiones de carbono. Con material de: Google Earth, Midia Ninja, The Rules, WWF, Demarcação Já!

#CuraDaTerra EP 02 – Célia Xakriabá

Mídia Índia + #HackeoCultural

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Fuente: Frayba

• Más de 73,000 personas están desaparecidas en nuestro país

La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

En nuestro país las desapariciones forzadas están vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública. La crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, son perpetradores cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

Frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, éstas derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000.

Los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en México, sin embargo a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.

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