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ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR

(Español) Ataques al EZLN buscan «destrucción y debilitación de las autonomías»: OCSS

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Por | Internacionales

Los ataques armados contra las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), la detención arbitraria de defensores como el encarcelamiento del tseltal Manuel Gómez, y la influencia de los grupos de la delincuencia organizada en Chiapas y Guerrero, tienen «un mismo fin, que es la destrucción y debilitación de las autonomías que los pueblos han construido por décadas», aseguró la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS).

La organización se pronunció contra la guerra hacia las comunidades autónomas del EZLN en Chiapas, luego del ataque armado del pasado 22 de mayo, perpetrado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao) en la comunidad de Moisés Gandhi.

Señaló que las agresiones por parte de los gobiernos y grupos paramilitares y de la delincuencia organizada están dirigidas contra los pueblos que han frenado «la muerte y violencia del sistema capitalista que rige en todo el mundo y que protege el mal gobierno mexicano escudado en su 4T», a la que llaman «Cuarta Destrucción» por seguir las políticas neoliberales «que sólo despojan y asesinan».

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 6 de Junio de 2023

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(Descarga aquí)  

Rompiendo Fronteras

  • GLOBAL: Llamado global a solidaridad con comunidades zapatistas agredidas por paramilitarismo y complicidad gubernamental.
  • GLOBAL: Día internacional de la trabajadora sexual. Entrevista a Brigada Callejera. Noticias de abajo.
  • PÍLDORAS DE SALUD: Cápsula sobre la diabetes. Por Mar.

Desde esta región llamada México

  • JALISCO: El Halconazo Tapatío 5 de junio no se olvida. Por Tasha.
  • OAXACA:  Eloxochitlan denuncia campaña de hostigamiento ante detencion de miembros de la Asamblea Comunitaria. Organizaciones se pronuncian contra el caciquismo local y la impunidad que le otorga el mal gobierno.  Plantón de mujeres Mazatecas y Centro Vitoria
  • PUEBLA: Acoso y persecución a defensores del agua y el territorio. Colectivos demandan el fin del acoso a Alejandro Torres Chocolatl y a Miguel López, comunicadores perseguidos por defender la madre tierra. La Flor Periódico
  • CHIAPAS: Se desborda la violencia en Chiapas., Grupo armado asesina a 8 indígenas que tenían un año desplazados. En Chiapas hay más de 5000 desplazados forzados dentro de una política contrainsurgente.

Fuentes Desinformémonos, redes.

Música

  • Son tus derechos – Fuxtones en cover de The Clash
  • Sin papeles- Che Sudaka
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Avispa Midia

(Español) Mientras cárteles se enfrentan, paramilitares continúan con el saqueo de bauxita en Chicomuselo

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

La asamblea general de ciudadanos del ejido Nueva Morelia, localizado en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, denuncia que el retiro ilegal de la bauxita, por hombres armados, sin el permiso de la comunidad, continúa.

La minera canadiense Blackfire Exploration explotó una de las diez concesiones hoy vigentes en Chicomuselo, la mina La Ampliación La Revancha, hasta 2009, ubicada en el ejido Grecia, al lado del ejido Nueva Morelia.

La minera había pedido permiso al ejido Nueva Morelia para guardar el material que sacaba en el ejido Grecia, señaló uno de los habitantes de la comunidad para Avispa Mídia. Después que la minera dejó el territorio, en 2009, parte de este material permaneció clausurado.

El ejido Nueva Morelia es controlado por hombres armados desde el pasado sábado 20 de mayo, como reportan habitantes de la localidad, por el grupo paramilitar MAIZ, vinculado al Cártel de Sinaloa, el objetivo es la retirada de la bauxita almacenada en este ejido. Las entradas y salidas del pueblo fueron bloqueadas por integrantes de esta agrupación.

La toma del ejido por paramilitares dio inicio días antes del inicio de los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, en la región de la Frontera Comalapa, extendiéndose hasta Chicomuselo, causando varias muertes desde el 25 de mayo, secuestros, bloqueos carreteros y de caminos, expulsión de comunidades y reclutamiento forzado de hombres jóvenes.

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Concejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Iindígenas (CACTI)

MENSAJE DEL CONCEJO ANCESTRAL DE LOS COMUNES DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS (CACTI) CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHIAPAS

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A nuestras hermanas naciones indígenas nahuas, poqomanes, chortís, lencas, xincas y chorotegas,
que forman parte del actual Estado Plurinacional de El Salvador.
A las comunidades zapatistas.
A los pueblos indígenas de Abya Yala y Cemanáhuac.
A los pueblos del mundo.

Desde el corazón del territorio indígena Kushkatan queremos expresar nuestra solidaridad, a nombre del Concejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), con las comunidades indígenas de Chiapas, por lo que endosamos las exigencias presentadas por el Congreso Nacional
Indígena de México, que son las siguientes:

1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera.

2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo.

3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares.

4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas.

¡Qué vivan los Pueblos Indígenas!
¡Qué vivan quienes luchan por la vida!
Kushkatan, 3 de junio de 2023.

 

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Avispa Midia

Resolución pendiente en el caso del perseguido político Miguel Peralta

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Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

Familiares de Miguel Peralta exigen cese a la persecución política en su contra, y libertad para los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón

La libertad de Miguel Peralta Betanzos pende de un hilo. Indígena mazateco, defensor comunitario, anarquista, Peralta es uno de los treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón que han enfrentado persecución política y/o encarcelamiento tras violencia en el municipio indígena mazateco en 2014.

El 14 de diciembre de ese año, una campaña de represión y terror caciquil llegó a su punto culminante cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado mientras se reunía para elegir a una autoridad municipal en el centro del pueblo. La violencia subsiguiente dejó varios heridos y, poco después, una persona fue declarada muerta en circunstancias inciertas.

La represión siguió inmediatamente. Treinta y cinco integrantes de la asamblea comunitaria fueron acusados de diferentes delitos relacionados con los acontecimientos de ese día. Los cargos no corresponden a los responsables de la violencia, sino que señalan a quienes han participado activamente en la asamblea comunitaria, resistiendo la influencia caciquil y de los partidos políticos en la comunidad, luchando por la autonomía y la toma de decisiones en colectivo.

Actualmente, ocho integrantes de la asamblea comunitaria permanecen encarcelados en diferentes prisiones del estado de Oaxaca: Herminio Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Alfredo Bolaños, Omar Morales, Francisco Durán, Marcelino Miramón y Paul Reyes, la mayoría de los cuales lleva años sin sentencia. Además, permanecen activas trece órdenes de aprehensión contra integrantes de la asamblea comunitaria, incluyendo una contra Miguel Peralta, quien ya tiene una sentencia condenatoria pendiente en su contra de cincuenta años.

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Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes | Guardianes del río Metlapanapa | Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

HOSTIGAMIENTO DEL MAL GOBIERNO HACIA EL COMPAÑERO ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL CONCEJAL DEL CNI-CIG

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

A l@s compañer@s Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

A la sociedad civil

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, Guardianes del río Metlapanapa y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala denunciamos que:

En medio de la guerra mundial que padecemos en contra de la Madre Tierra y de los pueblos originarios generada por el capitalismo y fortalecida por los malos gobiernos federales, estatales y municipales, las comunidades seguimos siendo perseguidas por defender el territorio, la vida y la construcción de autonomía.

En el estado de Chiapas, en medio de una crisis de seguridad que está a punto de detonar una guerra civil, el mal gobierno federal, a través de la Organización regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), desata una guerra contra las comunidades zapatistas, lo que ha ocasionado heridos de gravedad como el caso del compañero Gilberto López Sántiz, la detención injusta del compañero Manuel Gómez Vázquez y diversas agresiones y perdidas materiales con la finalidad de seguir el hostigamiento hacia las Comunidades Bases de Apoyo Zapatistas.

En el estado de Puebla, el día de hoy, viernes 2 de junio de 2023, el mal gobierno estatal de MORENA encabezado por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el fiscal del estado Gilberto Higuera Bernal, el gobierno municipal de Juan Crisóstomo Bonilla encabezado por José Cinto Bernal, continúan con la persecución contra los compañeros defensores del territorio y la región Cholulteca. Al punto de las once de la mañana en el pueblo de Santa María Zacatepec la Fiscalía del estado se hizo presente a bordo de dos vehículos, un auto tipo Cámaro color gris y un Jetta color azul rey vestidos de civil preguntando por la ubicación y el domicilio del compañero Alejandro Torres Chocolatl. Después, a la 1:30 PM el vehículo gris fue a preguntar a la cabina de radio Zacatepec por el compañero Alejandro Torres Chocolatl. Es importante señalar que Alejandro Torres vive un proceso jurídico en su contra encabezado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEAS-PUE) a raíz de la oposición que las comunidades Cholultecas realizaron en contra de las obras del colector de desechos tóxicos que el Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo pretendía imponer sobre el río Metlapanapa.

Este acto de persecución e intimidación se desarrolla en el marco del proceso jurídico que se lleva a cabo con el compañero Miguel López Vega que fue perseguido durante 3 años por la misma defensa del río Metlapanapa y en el marco de las acciones globales para exigir el cese a la guerra que se vive en territorio zapatista.

Exigimos el alto a la guerra de exterminio que se vive en los pueblos originarios y el cese a la violencia sistemática que el capital ejerce en contra de las comunidades que se organizan por la vida y el territorio.

El compañero Alejandro Torres Chocolatl es comunicador popular de la radio Comunitaria Zacatepec, integrante del Concejo Indígena de Gobierno- Congreso Nacional Indígena y defensor de la vida y la autonomía del territorio cholulteca.

Autonomía, tierra y libertad

A 2 de junio de 2023

Región Cholulteca, Puebla México

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes

Guardianes del río Metlapanapa

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.

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Avispa Midia

(Español) Pueblos y organizaciones de Perú anuncian reanudación de protestas en junio

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Pueblos y organizaciones sociales y de trabajadores de Perú han anunciado que van a reanudar las protestas en los próximos meses de junio y julio. Una muestra fue que el 30 de mayo hubo una paralización de 24 horas en rechazo al gobierno de la presidente Dina Boluarte en la región sureña de Puno, fronteriza con Bolivia.

Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas donde miles de personas salieron a protestar a las calles desde aquel momento y hasta marzo de 2023.

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Las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban. De acuerdo con el informe de la Amnistía Internacional Racismo letal: Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida.

Según el informe, muchas de las víctimas eran menores de 21 años, y entre los casos documentados había seis niños.

Las comunidades aimaras y quechuas anunciaron que el 7 de junio, en el Día de la Bandera, no permitirán que ni la policía ni los militares enarbolen la bandera nacional. Informaron que se ha acordado de manera unánime que las comunidades portarán banderas negras en señal de duelo por los puneños caídos por la represión durante el gobierno de Dina Boluarte.

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Pueblos y organizaciones al sur del país, donde se encuentra mayoría indígena, anunciaron que el 19 y 20 de junio habrá un paro de 48 horas, y reiteraron la ‘Tercera toma de Lima’ para realizarse en julio.

Mientras tanto, el gobierno de Perú dio a conocer que autorizó el ingreso a su territorio de más de un millar de militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, reportó Telesur.

La autorización se oficializó a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano. En ellas se precisa que los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec).

Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.

Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.

Los militares estadounidenses llegarán al país en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida.

Racismo letal

El estudio de Amnistía Internacional fue realizado en las localidades de
Lima, Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno) y Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), las regiones con el mayor número de protestas sociales y muertes. Uno de los hallazgos es que “hubo un marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas, dirigiéndose contra poblaciones históricamente discriminadas” debido a que “el uso de la fuerza letal se empleó de manera exclusiva en las regiones situadas fuera de Lima”.

De acuerdo con el informe, aunque estas regiones sólo representan el 13% de la población total de Perú, tienen un alto porcentaje de personas que se autoidentifican como indígenas y concentran el 80% del total de muertes registradas desde que comenzó la crisis. En Lima, la capital de Perú, se produjeron protestas similares, pero solo hubo un muerto.

Es decir, hubo una “sobrerrepresentación de muertes por fuerza letal en las regiones de pueblos indígenas”, señala el informe.

Otro punto destacado por Amnistía Internacional es que la presidenta de la República y la presidencia del Consejo de Ministros estigmatizaron de forma intencionada a los manifestantes como violentos y radicales, y públicamente no exigieron la rendición de cuentas a la policía y al ejército.

Además, denuncia que “las investigaciones penales en curso han carecido de rigor, prontitud, imparcialidad y eficacia y han incumplido con diligencias claves de su mandato de investigación”.

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Gilberto López y Rivas

(Español) Paramilitarismo en Chiapas en la Cuarta Transformación

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El 30 abril de 1999, como presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación, presenté una demanda, en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), acerca de la existencia de grupos paramilitares en Chiapas, uno de los cuales perpetró la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. En ese recurso se denunciaba la puesta en práctica por militares mexicanos de una estrategia de guerra irregular, descrita en manuales de la Sedena y en el Plan de Campaña Chiapas 94, y la aplicación de una táctica contrainsurgente conocida como yunque y martillo, la cual consiste en que las fuerzas armadas actúan como contención pasiva (yunque), al amparo del marco legal, mientras los grupos paramilitares (martillo) operan, clandestinamente, el hostigamiento activo contra comunidades y bases de apoyo del EZLN. Incluso los estrategas mexicanos utilizan una ilustrativa metáfora para explicar la función de estos grupos paramilitares, aduciendo que no sólo hay que quitar el agua (apoyo popular) al pez (insurgencia), sino que hay que meter en el agua peces más bravos.

En este alegato, por cierto, se destacaba la presencia de militares o ex militares en la masacre de Acteal en relación directa con mando de la Sedena. Uno fue identificado como Mariano Pérez Ruiz, quien, en junio de 1998, declaró ante la PGR, acorde con el expediente 96/98, que ex funcionarios y líderes del PRI son responsables de contratar militares y policías para instruir en el manejo de armas y estrategia paramilitar a comunidades indígenas de Chenalhó, pero, agregó una aclaración significativa: Es cierto que declaré en ese sentido, fue debido a que elementos de la Policía Militar me obligaron a declarar de esa forma, pues si no lo hacía me iban a desaparecer; además, todavía era militar activo y tenía que acatar las órdenes de mis superiores (GLR, Viejas y nuevas guerras sucias, en El Cotidiano, 172, 2012, UAM-A).

Aunque los resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado de Chiapas, dados a conocer en 2011, señalaron, sin lugar a duda, que en Acteal se había perpetrado un crimen de Estado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó en libertad a varios de los autores materiales de este delito de lesa humanidad, mientras los autores intelectuales, cómplices y encubridores, por omisión o comisión, jamás fueron procesados: el entonces presidente Ernesto Zedillo, los funcionarios federales, estatales y locales, la jefatura y oficialidad de las fuerzas armadas, en la cadena de mando.

Dos décadas después de esta denuncia, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en un comunicado urgente, da a conocer las innumerables agresiones contra las comunidades de Aldama, Chiapas, significativamente, con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales. A partir de información directa de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, se describen los constantes ataques con armas de fuego de alto calibre provenientes “de puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal (…) en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas, ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población”. Cabe señalar que este prestigiado organismo de defensa de los derechos humanos ha documentado, monitoreado y denunciando esta guerra contrainsurgente de desgaste desde los primeros días de la rebelión zapatista en enero de 1994.

Por su parte, la Misión Civil de Observación, integrada por 14 organizaciones de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acompañadas de tres organizaciones internacionales, visitaron, en diciembre de 2020, comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa, donde documentaron situaciones críticas de vulneración de derechos básicos, “con una preocupante falta de voluntad y empatía de las autoridades (…). La Misión Civil de Observación tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitan, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con afectados por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. (…) Es indignante la violencia estructural que se permite e incluso se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”.

¿Se prepara otro crimen de Estado?

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Avispa Midia

(Español) Raúl Zibechi: El despojo recién empieza y va a durar mucho tiempo

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto: La Tinta

La guerra de despojo que viven los pueblos en el mundo recién empieza y va a durar mucho tiempo. La alerta fue lanzada por el escritor y activista uruguayo, dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina, Raúl Zibechi, durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas. “Por más que ha avanzado (el capital), todavía hay mucha tierra que no controla, por eso digo que el despojo va para largo”.

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En los países donde se han hecho estudios sobre la propiedad de la tierra, comenta, se ha revelado que el 40%, es decir 4 de cada 10 hectáreas, aún no está en las manos ni de la oligarquía, ni de las corporaciones, ni del gran capital.

Un caso es el de Brasil. Existen análisis bastante rigurosos, sostiene, los cuales revelan que el 40% de las tierras en el país son tierras de reforma agraria, de los pueblos negros e indígenas, tierras que son reservadas por el Estado como parques naturales o reservas de conservación, aquellas tierras que son de los pequeños campesinos, además de tierras donde están los pescadores tradicionales.

Hay países que sobrepasan el 40%. Un ejemplo es Colombia. “Los pueblos originarios tienen un tercio de las tierras reconocidas por la Constitución, además de las tierras donde están los pueblos negros, las reservas naturales. Probablemente en Colombia sea más de 50%”, analiza.

Las guerras de despojo son estructurales del capitalismo. “Hoy el capitalismo no puede vivir sin estas guerras. Hoy el capitalismo no puede actuar sin violencia contra los pueblos. Hay que despojar, hay que matar, hay que asesinar; y, por lo tanto, el militarismo llegó para quedarse”.

En la izquierda siempre “habíamos desconfiado de los militares, pero ahora los progresistas de América Latina defienden a las fuerzas armadas”. México es el paradigma más brutal de la militarización, sostiene, cuando les da a las fuerzas armadas la construcción de las grandes obras.

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Y eso está pasando en Argentina también. “Las Fuerzas Armadas no podían salir en público porque cometieron un genocidio durante la dictadura, y ahora el gobierno progresista argentino decreta que ocho grandes emprendimientos extractivos se militarizan, algo que ningún gobierno, ni la derecha, ha podido hacer”.

En Colombia, donde hay un nuevo progresismo con el gobierno de Gustavo Petro, ya se hizo una alianza con las Fuerzas Armadas de EEUU para “defender” la Amazonía.

El narcotráfico hoy también es sistémico, analiza. “Estamos ante un período en el cual hay un entrelazamiento entre el narco y el capital. El narco y el Estado. El narco y las Fuerzas Armadas. A tal punto que sería muy difícil establecer una línea, dibujar una frontera y decir esto es narco, esto es burguesía”.

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Entonces el diagnóstico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la Cuarta Guerra Mundial, que se ha hecho hace más de dos décadas, “nos parece totalmente acertado y totalmente correcto; se vive una guerra de despojo contra los pueblos para ‘limpiar’ el territorio, y remodelarlo a imagen y semejanza de los intereses del capital”.

Sostén de la lucha

Zibechi ha entendido en toda su vida que la base de la autonomía de los pueblos era las tierras en común. “Y, por supuesto, las tierras comunales son bien importantes, son fundamentales para que pueda haber pueblos en resistencia”, sostiene.

Pero hoy entendió, cuenta, que la base de la tierra comunal y de las autonomías es la espiritualidad de los pueblos. “La espiritualidad es lo que nos permite sostenernos en el tiempo largo; la principal victoria es que llevamos 500 años. Y es capaz que haya que estar otros 500 más”.

Hay un cuento que lo escribe el Subcomandante Marcos, un diálogo con el viejo Antonio, que dice que la lucha es como un círculo. “Empieza en un lugar pero nunca termina. Y esto ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Si la lucha nunca termina, quiere decir que no hay un objetivo final, la toma del palacio. No hay una victoria final. No hay un triunfo final”.

La idea de triunfo final, señala, es una idea muy católica, muy cristiana, incorporada a la lucha social. “Si la lucha es un círculo que nunca termina, la espiritualidad es lo que nos sostiene en este tiempo largo”.

La Internacional Comunista habla de la lucha final. “La lucha final es entrar en el palacio, tomar el poder. Y se considera que tomar el poder es sinónimo de hacer la revolución. Gracias a los pueblos originarios y gracias a los aportes de los compañeros del EZLN hoy sabemos que no hay una lucha final, sino un círculo”.
El escritor sostiene que es necesario superar la idea del cálculo político de costo-beneficio, el pragmatismo político. “Porque sino siempre vamos a estar volviendo a esta ideología capitalista, a estos valores capitalistas, que son centrales en la dominación”.

Zibechi cita como ejemplo las guerras de Guatemala y El Salvador. “Vemos como a la lucha de los pueblos originarios se le montó encima un aparato de vanguardia y este aparato de vanguardia – de varones blancos, académicos – actuó de una manera, como solemos decir, pragmática. En cierto momento, hizo un cálculo de costos y beneficios, como el capitalismo lo hace. Y lo hicieron y negociaron, en una situación deplorable, porque no cambió nada”.

Para superar la lógica del pragmatismo, la espiritualidad de los pueblos es central, defiende. “Si queremos ser verdaderamente rebeldes, luchar por cambios de fondo, tenemos que superar esta lógica del cálculo, que es siempre individual”. Continúa: “La espiritualidad nos coloca en otro lugar, no material, profundamente humano para poder ir más allá de las contradicciones materiales”.

Todo lo que “vemos hoy es que viene una enorme tormenta, que ya está en marcha, un terremoto infernal sobre nosotros. No podemos construir barreras materiales contra eso (…) podemos unirnos y darnos los brazos y entregarnos a la vida ya a la madre tierra, con la esperanza de que ella nos indique el camino”.

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Pueblo de Santa Úrsula Coapa | Pueblo de San Lorenzo Huipulco | Asamblea Tlalpan-Coyoacán contra las Megaconstrucciones

(Español) Pueblos Originarios de Tlalpan y Coyoacán: Posicionamiento sobre el PGOT y PGD

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Ciudad de México 29 de mayo 2023

Desde el año pasado el gobierno de la Ciudad de México optó por implementar prácticas del silencio, donde se abstiene de brindar información o seguimiento a los intereses de la población sobre lo qué pasará en nuestro territorio. No obstante, pese al ocultismo que vivimos, nos enteramos de decretos, iniciativas y proyectos que aparecen dentro del campo legislativo de un día para otro y ponen a oferta el suelo y el agua de la ciudad. Tenemos como ejemplo el paquete de facilidades administrativas para los desarrolladores inmobiliarios y el último albazo del Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).

Transmisión de la lectura del posicionamiento previo a la marcha

Mientras no dicen nada a la población sobre cómo se concibe para el gobierno de la CDMX la negociación de los bienes y servicios de la ciudad, vemos que el acercamiento a los capitales inmobiliarios se da bajo un discurso de las inversiones para el bienestar. Aquí les decimos ¿Qué tipo de beneficios sociales trae el apoyo a proyectos extractivistas? ¿Qué beneficios obtendremos con el acaparamiento de agua y el hundimiento del suelo? El gobierno de la ciudad afirma que gracias a su intervención Televisa recapacitó y ahora hará un proyecto más amable con los pueblos y colonias aledañas. Qué significa eso, si no hay ningún impedimento para que se detenga el saqueo del agua, y el desplazamiento de los que aquí habitamos.

El Modelo de Ciudad que nos convoca a manifestarnos se sigue reforzando con políticas que atraen inversiones millonarias las cuales utilizan el suelo para la especulación y dejan a las y los habitantes a merced de un mercado que solo piensa en la Ciudad como una Mercancía. Así, el pasado 22 de mayo, el GOBCDMX presentó los nuevos documentos para la planeación territorial bajo el discurso de consenso con la población y negando las protestas de diciembre de 2022 que obligaron a la Jefa de Gobierno a declarar la reposición del proceso de consulta para dichos textos.

Bajo este característico silencio, pasamos meses sin saber si la planeación de la Ciudad sería algo que se publicara en esta administración. Pero, como por arte de magia, después de que la Asamblea de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) anunciara su 19 Edición de Expo Desarrollo Inmobiliario The Real Estate Show para el pasado 24 de mayo, el día lunes 22 de mayo se anunció—en un evento cerrado y sin haber sido publicitado a medios—la presentación del PGD y el PGOT. Dicho evento formal, al cual no asistió la Jefa de Gobierno a pesar de estar contemplada en el programa, manifestó que después de las críticas se había sistematizado la información y las propuestas de la ciudadanía se veían reflejadas en los sucintos documentos de no más de 60 cuartillas. Curiosamente ninguna de las propuestas de respetar la vocación de uso de suelo aparece en estos nuevos documentos, mucho menos la solicitud de realizar una planeación desde abajo que permita identificar las necesidades de conservación para las distintas áreas que preservan la Cuenca del Valle de México.

A la luz de diversas organizaciones y comunidad académica, lo presentado el día lunes 22 de mayo es un resumen ejecutivo de un programa de gobierno, que difícilmente puede hacerse pasar por un instrumento de planeación. Las políticas señaladas en ejes estratégicos no contemplan mecanismos de uso de suelo que puedan ser sujetos a indicadores para el desarrollo, lo cual permite una flexibilidad mayor para la intervención de grandes inmobiliarios—como la ADI—en la construcción de una ciudad rentable para los inversionistas y omisa para los derechos humanos.

Uno de los grandes riesgos que aparece en este nuevo Programa de Ordenamiento Territorial, es la relevancia que se le da a las Alcaldías, haciendo pasar a estos instrumentos de política pública como los agentes de planeación. De llevarse a cabo esta dinámica, se haría una coordinación de programas y no un programa general que manifieste la relevancia de las áreas de conservación antes de pensar en una zonificación parcial. Además, las alcaldías han demostrado ser entidades cuya forma de sostenibilidad financiera implica el desarrollo de construcciones, permitir que este nivel de gobierno haga la planeación de la ciudad es dar mayor campo de acción para la construcción desordenada y caótica.

Todo este panorama—aunado a la presencia de la Jefa de Gobierno en los premios de la ADI, mas no en la presentación del PGOT y el PGD—señala que no es de relevancia contemplar el futuro de la ciudad para sus habitantes, sino dar una certeza a las inversiones de grandes desarrollos como el planteado en el Estadio Azteca para 2026. A pesar de que se hizo un espectáculo el pasado 22 de mayo con actores que manifestaron su interés en generar documentos para el ordenamiento territorial, los hechos que se muestran en la coyuntura electoral nos obligan a pensar que se trata de un discurso que manifieste que para grupos como FIBRA UNO, FIBRA DANHOS, Televisa, la ADI, entre otros empresarios, no habrá oposición para que puedan seguir utilizando el suelo de la capital como su activo financiero para generar ganancias comerciales acosta del derecho a vivir en un territorio sano.

Desde las asambleas del sur de la Ciudad, donde ahora nos enfrentamos a la transformación urbana proyectada para un mundial de futbol en 2026, hacemos un amplio llamado a romper los pactos del capital inmobiliario que nos piensa como clientes antes que, como habitantes, y que nos despojan de los territorios de vida para construir una ciudad mercancía.

No aceptaremos una planeación que asegure el crecimiento económico para los mismos que saquean los territorios, mucho menos seremos parte del espectáculo de decir que ahora hay un consenso para que la capital del país sea intervenida por los mercados globales. Si la idea de planeación del GOBCDMX es publicar un documento de buenas intenciones, que este no sea un programa de gobierno que pretenda calmar las aguas ante las críticas sobre quién se está apoderando de la ciudad. Queremos una planeación que piense primero en la vida antes que, en la mercancía, y para ello necesitamos que las y los habitantes participen, se manifiesten y se visibilicen ante la imposición de un desarrollo que atropella la posibilidad de construir un futuro.

Lograr nuestra meta no es a través de eventos publicitarios o discursos de consolidación de acuerdos que esconden imposiciones. Nuestra meta se logra evidenciando la realidad ambiental de la Cuenca del Valle de México y construyendo un ordenamiento participativo que permita proteger la vida.

Defendemos Territorios para la Vida.

Pueblo de Santa Úrsula Coapa

Pueblo de San Lorenzo Huipulco

Asamblea Tlalpan-Coyoacán contra las Megaconstrucciones.

Transmisión de la lectura del posicionamiento durante el bloqueo de Calzada de Tlalpan