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(Español) T-MEC abre puerta a nuevo corredor de despojo entre México y Norteamérica
En portada: Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en reunión con Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos para hablar sobre la entrada en vigor del T-MEC. FOTO: Cuartoscuro.
Por Eugenia López
Con una inversión inicial de 3 mil 300 millones de dólares proveniente de National Standard Finance a través de Caxxor Group, además del apoyo de los gobiernos de Sinaloa y Durango, así como del gobierno federal mexicano, se pretende desarrollar el “Corredor Logístico e Industrial T-MEC”, que conectaría a México con Estados Unidos y Canadá por vía ferroviaria y marítima.
La ruta conectaría a un nuevo puerto en Mazatlán, Sinaloa con el Centro Logístico en Winnipeg, Canadá, pasando por Durango y Monterrey, y con conexiones posibles con Kansas City, Tulsa y Chicago, entre otras.
El proyecto también pretende integrar a entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, así como los estados sureños de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, los cuales crearían una conexión para el tránsito de mercancías con el Caribe y Centroamérica.
Además del corredor, se establecerían parques industriales para transferir los productos de la agricultura, la minería y la industria energética, además de parques industriales automotrices y, en el caso de Sinaloa, aeroespaciales, que también contendrán un aeropuerto de carga.
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En entrevistas con distintos medios, así como en una conferencia de prensa virtual organizada por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) el pasado 14 de diciembre, el director general de Caxxor Group, Carlos Ortiz, reveló una serie de detalles acerca del megaproyecto transnacional.
“Lo que principalmente nosotros vemos es que la parte centro de Estados Unidos necesita mejores condiciones de conectividad hacia el Pacífico; hemos estado desarrollando un portafolio portuario muy ambicioso, nosotros hemos estado proyectando que en el Pacífico mexicano se puede construir alguno de los puertos más importantes de Latinoamérica. Es lo que estamos comenzando a trabajar, hay buena empatía por este tipo de desarrollo y por transformación”, detalló el ejecutivo.
De acuerdo al empresario, esta iniciativa responde al incremento de carga que se prevé con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque lo justificó como un objetivo histórico “que se ha tratado de desarrollar desde hace más de 100 años con Porfirio Díaz”, pero que en la actualidad se inserta como la consolidación del intercambio comercial entre México, el área Asia-Pacífico y Norteamérica.
La continuidad del neoliberalismo
El nuevo corredor tiene el objetivo de aprovechar la implementación del T-MEC y de hecho se presenta como la primera gran obra de infraestructura tras el reemplazo del acuerdo de libre comercio de Norteamérica, la cual arrancó el 1 de julio pasado.
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Caxxor group, el principal financiador del corredor T-MEC es quien maneja inversiones con valor de hasta 40 mil millones de dólares que operan en 60 países, con un fuerte enfoque en proyectos energéticos y de infraestructura en América, Asia, Oriente Medio y África.
“Desde México se ha venido desarrollando la estructura de inversión para Ecuador, por ejemplo, en sectores marítimo, carretero y de servicios públicos principalmente. En Centroamérica tenemos un proyecto relevante con COESSA que es también una constructora o eléctrico… también estamos involucrados en el proyecto del Canal Seco en Costa Rica, un gran proyecto Eólico en República Dominicana, Argentina en Oil and Gas, y Colombia, Perú, Chile, Bolivia también son países en donde estamos estructurando importantes iniciativas de infraestructura”, detalló Carlos Ortiz sobre su cartera de negocios en una entrevista publicada en 2018.
El año pasado, CaxxorGroup invirtió 944 millones de dólares en tres proyectos portuarios mexicanos en los estados de Chiapas, Veracruz y Tamaulipas con lo cual busca conectar las exportaciones mexicanas hacia “mercados poco explorados como Emiratos Árabes Unidos y Rusia”, así como dar una salida al sector minero y energético con Estados Unidos.
Desde la entrada en vigor del T-MEC el primeo de julio de este año, distintas voces de comunidades y organizaciones en México han criticado el reforzamiento de la actual política extractiva minera que prevén un aumento en el despojo hacia los territorios.
Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el T-MEC “representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, quien ahora da luz verde a proyectos como el corredor T-MEC.
T-mec busca reconfigurar norte de México y frontera sur
Como parte de la primera fase del Corredor T-MEC, la firma mexicana Caxxor Group prevé construir un nuevo puerto de carga en Mazatlán, Sinaloa, llamado SI-PORT, con una inversión de 900 millones de dólares. Además, planea la rehabilitación de 167 km de ferrocarriles mexicanos y la construcción de otros 180 km de vías hasta Durango por un monto de entre 650 y 700 millones de dólares.
El proyecto comenzará con la construcción del puerto, cuya ubicación precisa se dará a conocer a finales de enero. Los estudios ambientales y permisos se comenzarán a tramitar en 2021, con el objetivo de operar un primer puerto de transferencia en 2024.
“Más o menos se calcula que para 2024 esté la terminal de contenedores, una terminal de transferencia, porque se espera de alguna manera resolver con esto la viabilidad del ferrocarril”, explicó Ortiz, quien prevé que en un plazo de 15 años el puerto se convierta en “el más importante” de México.
A las infraestructuras del norte del país, se contempla agregar otras inversiones en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, en lo que sería denominado el Corredor T-MEC Frontera Sur.
En entrevista con Milenio, Carlos Ortíz, comentó que en la Frontera Sur se contemplan proyectos “de menor tamaño” comparado con los previstos en el Norte.
El mayor proyecto del Corredor T-MEC Frontera Sur se ubicaría en Puerto Chiapas, con la construcción de una terminal marítima de usos múltiples, para el que se anticipa una inversión de 250 millones de dólares.
El puerto sería destinado a ser un espacio para industrias como la automotriz, para el ensamble de partes, que se exportarían al Caribe y hacía Belice, Puerto Cortés en Honduras y Puerto Barrios en Guatemala. En Puerto Chiapas se contempla también la construcción de un centro de carga para las navieras asiáticas, así como inversiones para el sector agrícola de exportación.
En Tabasco, Campeche y Quintana Roo se prevé la creación de parques industriales y terminales portuarias para rutas de tráfico local entre puertos mexicanos, cuyo principal papel será recibir y distribuir mercancías, en especial autopartes que se generen tanto en industrias norteamericanas como en los parques industriales que contempla el corredor.
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En la zona sur de Quintana Roo, ya hay planes de construcción de un puerto, centro logístico y zona turística, inspirado en Puerto Chiapas. Según compartió El Economista, estos planes ya se presentaron al gobierno de Quintana Roo a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos, que encabeza Eduardo Ortiz Jasso, con quien han buscado apoyo para adquirir los terrenos para el nuevo puerto, así como el resto de la infraestructura logística y hotelera.
“Varias empresas de Texas nos han pedido el desarrollo de algunas terminales; el Caribe mexicano se puede volver un centro estratégico para todas esas compañías que les ayuden a la distribución de sus mercancías en toda la región centroamericana”, explicó el directivo.
Hasta ahora, según Ortiz, los capitales para llevar a cabo este proyecto están respaldados por 50 inversionistas de Estados Unidos y se está considerando la posibilidad de incorporar como inversionistas a los operadores.
El empresario también precisó que la inversión es 100% privada y que ha habido mucho interés por parte de las empresas, aunque por confidencialidad todavía no puede dar nombre de las compañías participantes.
National Standard se define a sí misma como una entidad independiente de inversiones a largo plazo, basada en activos y globalmente integrada. Desarrolla, financia, adquiere y es propietaria de bienes raíces y activos de infraestructura económica y social con un volumen que va desde 20 millones hasta más de 500 millones de dólares.
(Español) “Así estamos decididos a seguir viviendo”: Quinto aniversario de autonomía en ejido Tila, Chiapas
Con una concurrida participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han demostrado ante la suprema corte de justicia.
El 16 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila, que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía ejidal.
“Como hijos, nietos y bisnietos seguimos defendiendo la madre tierra a pesar de la pandemia del covid 19 mundial, la otra pandemia que tanto daño nos ha causado es la corrupción; por aclarar y sacar a la luz pública somos calumniados”, expresan los indígenas en resistencia en un comunicado este 15 de diciembre, en alusión a los grupos oficialistas que exigen el regreso de la alcaldía y partidos políticos al ejido.
«Este día es de alegría, de festejo, porque en nuestra tierra no manda el mal gobierno, mandamos nosotros», han indicado en diversos escritos los indígenas también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).
«Tenemos que cuidar el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros, salir con la cara al frente, no agacharse, es por eso que gobernamos por medio de la asamblea ejidal», han compartido los ejidatarios del norte de Chiapas.
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“Nos preguntamos cuantas veces nos quieren despojar si los abuelos sufrieron las injusticias históricas”, cuestionan los indígenas cho´les. De igual forma los ejidatarios han denunciado que “los caciques son un puñito de pobladores de Tila que están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades y sus familias, todos quienes han luchado por defender la tierra”.
“Estos representantes de la maldad van pagando periodistas para que les sigan en sus engaños y escriban en periódicos de Yajalón, Palenque o Tuxtla y presenten que Tila está secuestrado y que no tienen libertad, cuando no lo dicen claro que quieren la libertad para dominar y establecer su mal gobierno el Ayuntamiento y para seguir robando, saqueando, a costa del sufrimiento del pueblo. Por eso su libertad es muy torcida, porque es libertad para maltratar, reprimir, despojar hacia nuestras miles de familias quienes somos los dueños y estamos autogobernando”, han evidenciado los ejidatarios del CNI.
“Escúchenlo bien, nuestro pueblo se mantiene atento y está dispuesto porque vamos a defender nuestro autonomía y autogobierno ejidal porque aunque le pese al grupito de caciques y a los intereses de sus aliados, ahora es el pueblo el que se autogobierna autodefine, autocuida, autoconstruye justicia, la vamos caminando y aprendiendo pero la más importante es que estamos viviendo, y la libertad ha traído dificultades pero mucha alegría para nuestros corazones, así estamos decididos a seguir viviendo”, han afirmado los indígenas chiapanecos en diversos medios durante estos cinco años.
Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994.
En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los indígenas choles han asegurado que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirman.
Pese a ello, como indican conocedores sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.
“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, han denunciado los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008.
Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.
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