Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.
Por Sare Frabes
“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.
Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).
La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.
Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.
Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.
Sin acceso a la justicia
Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.
En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.
A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.
Hostigamiento a defensores
Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.
“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.
Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.
A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.
Agresiones contra tierras recuperadas
Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.
“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.
“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.
Paramilitares
En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.
El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.
“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Luego de varias semanas intensas de protestas sociales tras el golpe parlamentario contra el expresidente de derecha Martín Vizcarra, la ciudadanía en las calles logró derribar al gobierno de Manuel Merino dejando un saldo 112 heridos, al menos 62 de ellos hospitalizados y tres muertos. El pasado miércoles 2 de diciembre más de 90 ciudadanos peruanos fueron procesados, 74 de ellos por el delito de terrorismo.
De acuerdo con un boletín de prensa emitido por Ministerio del Interior, de las personas detenidas, por lo menos 72 de ellas son acusadas de terrorismo. Además, se afirma que los detenidos pertenecen al grupo armado Sendero Luminoso (SL), del Partido Comunista del Perú, motivo por el cuál justifican estas detenciones.
Las viviendas de estas personas fueron allanadas en un megaoperativo policial, denominado Olimpo. Participó la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la La Policía Nacional del Perú (PNP), junto con la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial. En la intervención participaron 752 efectivos, con el apoyo de 98 fiscales.
Según la nota oficial del Ministerio los detenidos habrían creado organismos de fachada para realizar actividades terroristas en Lima y Callao, justo en las principales ciudades donde se desencadenaron las protestas.
La ciudadanía ha expresado que esto es más bien una cacería de brujas de los participantes en las movilizaciones y protestas. A esto se suma la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, como el Parlamento y la Policía Nacional, quienes han sido cuestionadas por la brutal represión que terminó con la vida de tres jóvenes. Inti Sotelo y Bryan Pintado asesinados durante las manifestaciones en el centro histórico de Lima y, Jorge Muñoz, obrero agrícola, que protestaba contra la explotación de las agroindustrias en Trujillo, una ciudad al norte del Perú.
La Policía Nacional no solo enfrenta duras críticas por la represión en las manifestaciones, también por los casos de corrupción.
Según el registro de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, “19 de los 25 gobernadores regionales a nivel nacional vienen siendo investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF). Solo entre marzo y agosto de 2020 la Policía peruana tiene 127 casos abiertos en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.”
Sumado a esta problemática, el 23 de Noviembre, a través de un mensaje por televisión, el presidente Sagasti anunció la destitución de 18 mandos policiales que ha generado una crisis en este aparato del Estado Entre esta destituciones están 3 tenientes generales y 15 generales de la Policía Nacional, lo que implica la renovación del Alto Mando Policial. Este Ministerio del Interior en menos de un mes tuvo ya dos ministros que renunciaron, y ahora va por el tercero. Aún así, la Policía intenta lavarse la cara por las denuncias de violaciones a derechos humanos.
El día de hoy (10), en conferencia de prensa, familiares de los detenidos en la represión del megaoperativo Olimpo anunciaron un plantón en exigencia por la liberación de los detenidos. Así mismo, han expresado que hay una grave crisis política y de derechos humanos en el Perú.
“Utilizan este operativo para legitimar a la policía que viene siendo cuestionada por asesinar al pueblo, nosotros venimos a desenmascarar que en este contexto a puertas del bicentenario, el pueblo peruano tiene abandonadas sus demandas, sus necesidades y se levanta el foco del terrorismo para desviar la atención de los verdaderos y principales del pueblo peruano”, puntualizaron los familiares de los detenidos.
También agregaron que a sus familiares se le ha detenido por “ pedir nueva constitución, por expresar su opinión crítica, por la situación de nuestro país”.
Personas de la 3a edad detenidas
De acuerdo a la Policía Nacional, en el megaoperativo se detuvo a 72 integrantes de Sendero Luminoso. Entre los detenidos hay dos excarcelados que pertenecieron a esta organización.
Sin embargo en la conferencia de prensa las y los familiares denunciaron que la policía se ha negado a entregar la lista de los detenidos, además señalaron que entre las personas detenidas hay personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos y asmáticos, no saben en qué condiciones se encuentran, puntualizan.
“Llegaron en la madrugada rompiendo puertas, traumatizando a menores de edad que estaban junto a sus padres, separando y despojando a un bebe de ocho meses de sus padres, injustamente, llevándose a personas de 70 y 80 años, con problemas de salud”, señalaron las y los familiares.
‘Terruqueo’ peruano
En Perú, el llamado ‘terruqueo’ es una forma de denigrar a una persona calificada de terrorista por reclamar derechos o protestar en contra del régimen y el sistema. Es una herencia derivada de la guerra contrasubversiva que el Estado usa a su favor. Con las protestas sociales tras el golpe, la población ha rechazado estas prácticas macartistas o de cacería de brujas del gobierno para acallar las demandas en contra de las políticas del Estado que no resuelven las desigualdades.
Los familiares de los detenidos en el megaoperativo reiteran en un comunicado publicado el día 10 de diciembre que sus familiares “no son terroristas” y que “no han cometido delito alguno, han ejercido sus derechos fundamentales, como libertad de expresión, opinión, reunión y organización que la propia constitución asiste a todos los peruanos”
Frente a la inestabilidad política en el país andino, se tienen también las grandes desigualdades sociales que la pandemia ha agravado. Durante las manifestaciones en contra de la crisis política y el golpe parlamentario, también hay una demanda que ha crecido: una nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente.
Diversos sectores populares han expresado que la nueva Constitución Política del Perú debe ser consensuada y redactada por una Asamblea Constituyente que represente a todos los pueblos y sectores del país.
Deberán participar decisivamente el mayor porcentaje posible de la población, tanto en el debate de los contenidos de la nueva Constitución Política, como en la aprobación del texto constitucional por voto popular.
La diversidad de este pueblo exige cambiar las leyes tan injustas, más aún, cuando en abril de 2021 se darán nuevas elecciones generales en Perú. Y la celebración a conmemorarse el bicentenario de la fundación de la República peruana.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Pese a las pruebas presentadas por la defensa de los detenidos en la jornada de protestas del 21 de noviembre en Xela, la jueza no aceptó abrir investigación por las agresiones policiales durante las capturas.
Por Gilberto Escobar
El 9 de diciembre en el juzgado de Paz de Quetzaltenango, la juez Mayra de León, leyó la sentencia a las personas detenidas en la jornada de protesta del 21 de noviembre en el municipio de Quetzaltenango.
De los seis acusados por faltas contra el orden público, cinco fueron absueltos; Natalhie Duarte Castañeda, José Ricardo Pérez Ramírez, Willy Fernando Guzmán Marín, Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillen Alcahé; a Cesar Ubaldo Boj le dieron una sentencia de 25 días de cárcel conmutables.
En el caso de Boj, la jueza de León consideró suficiente las imágenes de videos en los que se muestra que quemó cohetes contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y que incitó a los disturbios; los videos presentados por su defensa intentaron mostrar lo contrario.
La sentencia
La sentencia se dio en dos audiencias, en la primera se absolvió a tres agentes de la PNC quienes capturaron a José Ricardo Pérez Ramírez, Willy Fernando Guzmán Marín el 21 de noviembre.
En la segunda audiencia, se absolvió a seis policías más, quienes capturaron a Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillen Alcahé, Cesar Ubaldo Boj y Natalhie Duarte Castañeda, durante la jornada de protesta del 21 de noviembre.
Ante la petición de las personas agraviadas de iniciar un proceso de investigación la por la violencia policial, la jueza resolvió que no se puede vincular a una investigaciones a los agentes de la PNC por el uso de la violencia en las detenciones, porque en considera lógico que las autoridades utilizaran la fuerza debido a que los detenidos se resistían a ser capturados.
La abogada Luissana Molina, quien fue parte de la defensa, en una entrevista vía telefónica dijo que “el proceso penal que se siguió en este caso por faltas al orden público fue el proceso especifico de juicio de faltas, uno de los principios que se maneja en este proceso es la sencillez y rapidez”.
Foto: Gilberto Escobar.
Molina agregó que “en este proceso de faltas no se necesita presencia del Ministerio Público (MP) debido al proceso que es de delitos menos graves”.
Además Molina dijo “en la competencia de la jueza de paz no correspondía indicar una investigación para los agentes de la PNC”.
Detenciones violentas
En una entrevista realizada el jueves 3 de diciembre Nathalie Duarte mencionó que en su detención del 21 de noviembre fue agredida por la policía con exceso de violencia. “Ese día de la detención fui agredida, me patearon, electrocutaron, y me gritaban perra, cerota ya verás cómo te va ir”, mencionó Duarte.
En esa misma audiencia, César Fernando García, testigo de la agresión contra Nathalie Duarte y también víctima, relató que uno de los agentes de la PNC lo tomó de la cabeza y le roció con gas pimienta en la cara durante la detención.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por la zarzamora
En el contexto de una nueva conmemoración del día Internacional de los derechos humanos, las asambleas territoriales, organizaciones sociales, de memoria y derechos humanos del gran Concepción marcharon por las calles de la ciudad exigiendo la libertad inmediata de lxs presxs políticxs del Estallido.
Diversas fueron las convocatorias en distintos territorios para conmemorar pese a todos los atropellos, la existencia de la declaración universal de los derechos humanos, ratificada el 10 de diciembre de 1948, en París, tras los aberrantes crímenes de la Segunda Guerra Mundial.
Este año en Chile, con miles de personas encarceladas tras ejercer su legítimo derecho a la protesta ante un sistema político empresarial indigno corrupto, la demanda generalizadas de los movimientos sociales se articuló en una gran Jornada de Agitación Nacional e Internacional por la Libertad de Lxs Presxs de la Revuelta Social. Dando además por finalizada las jornadas de ayunos colectivos que en distintos puntos del país chileno se llevaron a cabo con el objetivo de solidarizar y visibilizar esta dura realidad.
La jornada de este jueves en Concepción inicio con una concentración en plaza España, para avanzar en marcha hasta la plaza tribunales donde se dio terminó sin incidentes.
Fue camino a sus hogares que cuatro personas fueron detenidas por carabineros tras haber sido seguidas por un dron policial. Sin motivos contundentes fueron liberadas en horas de la tarde pasado el horario límite toque de queda.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Geovanna Ángulo Ramos tenía 27 años y era maestra de danza cuando desapareció en San Agustín Etla, Oaxaca, el día 25 de noviembre. 5 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en un barranco de Suchilquitongo, Etla.
Al día siguiente, Sherlyn fue asesinada en su estética, en el barrio del ex-marquezado, en la ciudad de Oaxaca. Fue atacada por hombres armados, quienes le dispararon y huyeron del lugar. Hasta la fecha nadie ha sido detenido.
Violencia feminicida y transfeminicida
Los asesinatos de Geovanna y Sherlyn se suman a los 447 feminicidios que han ocurrido en la entidad durante el actual sexenio de Alejandro Murat. Tan solo en este año 2020, al menos 94 mujeres han sido asesinadas. El 25% de sus cuerpos ha sido tirado en barrancos.
Geovanna y Sherlyn también tienen en común el hecho de ser mujeres trans. De acuerdo con el Centro de Apoyo a Identidades Trans, Oaxaca, entre 2007 y 2017 se contabilizaron 442 asesinatos de personas trans en el país, de los cuales 19 ocurrieron en Oaxaca. En 2018, se sumaron 34 asesinatos trans, y hasta el 20 noviembre de este año se han acumulado 35 más.
Según la misma organización, la esperanza de vida de las personas trans en América Latina apenas alcanza entre 35 y 40 años, esto debido a la cantidad de crímenes de odio, así como a la exclusión social que sufren en el día a día.
Ante la violencia, la organización y la resistencia
Tras estos actos de violencia extrema, familiares, amistades de las víctimas, integrantes de la comunidad LGBTTI+ y/o feministas han protestado en varias ocasiones.
Las Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro, Muxes de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, emitieron posicionamientos para exigir que se esclarezcan los dos asesinatos reportados en Oaxaca, advirtiendo que tanto Geovanna como Sherlyn fueron atacadas con saña y odio salvaje, “por el simple hecho de ser diferentes”.
En un comunicado, Integrantes del Tianguis Autogestivo y disidente de la ciudad de Oaxaca recordaron a Geovanna y Sherlyn como personas que “se atrevieron a vivir siendo quienes eran: mujeres fuertes, valientes y cariñosas. Que tocaron la vida de quien les conoció, y continúan tocando muchas otras, convocadas por el dolor y rabia que provoca su ausencia; que en este lugar hostil en el que ser auténtica es un acto de resistencia, el amor que sembraron, trascenderá.”
También señalaron la responsabilidad del gobernador del Estado, Alejandro Murat, así como la necesidad de organizarse frente a la violencia.“Escúchelo bien, gobernador: Esto tiene que parar. No somos un número moldeable a sus intereses, no somos una cifra más. Tiene las manos manchadas con la sangre de cada una de las niñas, mujeres, lesbianas, personas trans y disidentes de género asesinadas en las calles, negocios y casas, y tiene que responder por ello”.
En este pronunciamiento también se ha hecho responsable a las insttituciones que conforman el Estado, porque Oaxaca “es uno de los más violentos del país, de los primeros en feminicidios, transfeminicidios y crímenes de odio a la población LGBTI+, y aun así, no existen estadísticas gubernamentales que visibilicen el problema. El gobierno niega una violencia que se desborda, finge que no pasa nada y derrocha en una atracción luminosa, inservible, el dinero que debiera destinarse a la búsqueda de las cientas de mujeres desaparecidas en este territorio, ignorando el contexto pandémico, el mismo que usan de pretexto para reprimir la autogestión”, señalaron las integrantes del Tianguis.
Este proceso autogestivo también advirtió, “no callaremos ante la violencia que nos arrebata a más de once mujeres cada día. Nuestras vidas no son desechables, nuestras identidades se respetan, nuestros cuerpos no se tocan, y si tocan a une, respondemos todes”, expresaron.
Así mismo, insistieron en la necesidad de recordar a todas las que ya no están: “Hoy recordamos a Shirley, a Geovanna, a Carly y a todas las mujeres trans asesinadas. Les despedimos con ternura. También, exigimos el regreso de Zaira Leticia Morales Noyola, desaparecida el 23 de octubre en Huajuapan, y de la Chikis, compañera trans desaparecida en Puerto Escondido desde el 2018, así como el regreso de cada una de las hermanas a las que seguimos esperando en casa. Porque vivas se la llevaron, y vivas las queremos”, declararon.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
El pasado lunes 7 de diciembre, presos del módulo 12 de imputados de la cárcel de Valdivia, rechazaron el alimento como forma de protesta ante problemas graves con la recepción de encomiendas, la falta de luces en sus celdas y la nefasta regularización de las visitas, entre otras necesidades inmediatas. Producto de dicha acción,denuncian haber sido golpeados y torturados por Gendarmería, sin motivos y exigen la presencia del Instituto de Derechos Humanos en el lugar.
Los presos buscan acabar con las paupérrimas condiciones en las que se mantienen recluidos. Carencias dentro del encierro, que agudizan los efectos de la privación de libertad, como la falta de iluminación o impedimentos con las encomiendas, sumado a las consecuencias de violencia institucional que reciben al denunciar estos hechos.
A continuación compartimos relato de los presos del módulo 12 de la cárcel de Valdivia enviado el día lunes 7 de diciembre.
“Lanzamos unas bandejas en contra una reja sin agredir a nadie, menos a algún funcionario, sólo como acto de protesta hacia los hechos que nos aquejan
Hemos sido agredidos de forma física y también psicológica por parte los funcionarios que nos custodian. Ingresaron al módulo disparando una escopeta, siendo que no había nesesidad de usar ese inplemento disuacivo contra nosotros, ya que todos estábamos en un rincón del patio, sin interés de agredir a nadie, ni con ningún objeto contundente, que hiciera presumir que podíamos responder de mala forma, y ellos procedieron a lanzar gas y a golpiarnos de forma discriminatoria, con golpes de puño y con bastones, a todo el que se moviera, siendo que estabamos reducidos de forma casi automática.
Personas que tienen movilidad limitada también fueron rosiadas con gas y mal tratadas de forma muy discriminatora. Unos compañeros fueron agredidos y golpiados hasta mas no poder y siendo que estaban esposados, era imposible que ellos opusieran algun grado de resistencia.
Fueron llevados y trasladados sin motivo, y fueron doblemente golpiados sin haber necesidad ya que estaban esposados
Nuestras peticiones son puntuales y no estan fuera del alcance de gendarmería:
Que autoricen las encomiendas de internos que no son de esta región. Llaque no dejan que llegen mas de una por persona
Que son dos dias a la semana los de bisita y nos tienen solo com un dia
Que los asistentes sociales hagan acto de presencia en el módulo.
Que pongan luces en las celdas ya que las hemos solicitado por conducto regular y la respuesta ha sido nula.
Que regularicen las peticiones, que se hagan sin dejarlas en el olvido.
Ante estas nuevas denuncias contra Gendarmería de $hile, y a 10 años de la peor masacre carcelaria de la historia de este territorio, las negligencias y abusos siguen marcando semana a semana a la nefasta institución, en el actual contexto de crisis.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
En el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos en Concepción, artistas autoconvocadxs de Concepción salieron nuevamente a las calles para denunciar a través del arte el vínculo de la Universidad de Concepción (UdeC) con la prisión de 11 jóvenes populares acusados de más de 80 delitos.
La propuesta artística tuvo lugar en diferentes puntos de la mencionada casa de Estudios y es descrita en la siguiente declaración:
En la Jornada Nacional e Internacional por la libertad de las y los presxs políticxs de la revuelta, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de los DD.HH, se realizó la intervención callejera “udec encarcela”, la cual se plantea como un acción de arte y política que reivindica el uso del espacio público como legítimo lugar para ejercer el derecho a la protesta, recordando que es en las calles de la ciudad penquista donde hemos convergido hace más de un año diversas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas, movimiento feminista, ciclistas y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras del arte como AAA, todes quienes en su conjunto componemos la fuerza del movimiento social que lucha y exige la urgente y necesaria transformación del actual sistema patriarcal neoliberal y extractivista responsable de desigualdad social en chile, de aberrantes y acumuladas prácticas de injusticias, devastación de la naturaleza y empobrecimiento cultural.
Somos todas, todos y todes parte del mismo movimiento social quienes nos manifestamos de diversas maneras, suma que ha posibilitado tanto el logro del retiro del 10%, como el pasado plebiscito del 25 de octubre y la instalación del actual proceso constituyente. Hemos sido testigos también de la forma en que se ha criminalizado la protesta social, bajo diversos mecanismos: persecuciones, amedrentamientos, montajes, detenciones arbitrarias y procesos judiciales que no se ajustan a un debido proceso, sino que más bien, antes de iniciarse operan bajo la lógica de la condena pública, donde los inculpados/as con o sin pruebas con “castigados” mediáticamente dañando su imagen y privándoles de libertad.
¿Cuál ha sido el rol de la Universidad de Concepción en este histórico proceso de transformación social?
“Caso Udec” sintetiza la visión que esta institución tiene hacia la comunidad penquista movilizada y nos demuestran cómo desenvuelve en la práctica su misión frente al actual conflicto que atravesamos como sociedad. Los valores éticos y espirituales del alma mater asocian los enfrentamientos con carabineros al interior de la universidad como actos de violencia, lo que les justifica para facilitar material audiovisual que permitan generar evidencia condenatoria en la querella interpuesta contra 11 personas entre ellos menores de edad, jóvenes y adultos de orígenes socioeconómicos populares que han sido inculpados de más de 80 delitos. Dejando de manifiesto su adscripción a principios punitivos y represivos frente a las y los manifestantes quienes recordemos se enfrentan con carabineros en un contexto ampliamente descrito y reportado por los observadores de organismos internacionales de DD.HH, desmedido y abusivo de la fuerza incurriendo en una sistemática política de violación de derechos humanos por parte de la fuerzas de orden avaladas por el estado. Esta institución ha demostrado en el curso de este año su completa falta de capacidad real en su vinculación con el medio, carente de empatía, dando señales de indolencia frente al padecer de madres, padres, hijos, hijas, vecinos y vecinas que conforman el tejido social del gran Concepción, mostrando su incapacidad de liderar procesos hacia un “desarrollo libre del espíritu” acorde a las necesidades y complejidades de los tiempos que vivimos.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
PERÚ: Huelga de trabajadores del campo obliga al Congreso peruano a derogar ley agraria.
Después de cinco días de huelga con bloqueo de carreteras, los trabajadores del campo peruano lograron que el Parlamento termine votando a favor de abrogar la nefasta ley de promoción agraria que permitía la sobre explotación obrera y una serie de privilegios para los agroexportadores.
laizquierdadiario
ARGENTINA: El gobierno Argentino miente, reprime a manifestantes y maquilla el peligro de la minería, misma que pretende volver poner en marcha pese a que ya se había logrado legalmente su prohibición gracias a movientos en contra de la minería a cielo abierto.
Pañuelos en Rebeldia. Autoconvocadxs x los Humedales.
EUA MUMIA: Se cumplen 39 años del secuestro de Mumia Abu Jamal por el racista sistema estadounidense.
Mitin y actividades artísticos por la liberación del preso político Mumia, por el alto al racismo, al abuso policial, y por la libertad de las y los presos políticos.
Amigos de Mumia mexico.
Desde el ombligo del monstruo
MEXICO MILITARIZADO: La Marina y guardia Nacional son responsables directos por delitos de lesa humanidad que van desde el robo o conducir en estado de ebriedad hasta el secuetro, la trata de personas y el asesinato.
Animalpolitico.
CHIAPAS: Normalistas de la Escuela normal rural Mactumaczá son violentados por la policía en la toma del palacio municipal. Con distintas acciones les estudiantes normalistas manifiestan su total desacuerdo ante la reducción presupuestal que plantea la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública para las Escuelas Normales.
Escuela Normal Rural Mactumaczac fecsum.
LUCHA POR LA VIDA: RODADAS por los humedales y por los presos politicos. Port JumpPerez
GUANAJUATO: Continúan secuestrando personas, encontrando fosas con cuerpos humanos y el gobierno es un cómplice silencioso, las familias, activistas, prefesores e investigadores buscan por su cuenta las fosas; gracias a la busqueda de estas personas muchos cuerpos que encontraron ya se estan identificando.
ZonaDocs
CAMPECHE: Organizaciones sociales y grupos mayas denuncian haber encontrado maíz transgenico y soya transgenica en su tierra.
En Los Chenes, en Campeche, pese a estar prohibida en el país, donde se observó la aplicación del herbicida glifosato en predios reportados como sospechosos. Especialmente grave es la posible presencia de maíz transgénico en la región, dado que a la fecha no existen permisos para su siembra.
Desinformemonos.
QUINTANA ROO: Mujeres Organizadas piden aborto legal en Quintana Roo he invitan a la toma de congresos en toda la República exigiendo este derecho. Se aprueba la ley olímpia en México.
Defensoras Digitales Quintana Roo
MEDIOS LIBRES ABYA YALA: Invitacion a escuchar la Revuelta Radial por la libertad
Transmisión colectiva de medios libres de Abya Yala. Sábado 19 de Diciembre, 2020
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por Santiago Navarro F.
Este lunes 7 de diciembre de 2020 quedará marcado en la memoria de la humanidad. El agua, el vital líquido para la vida en el planeta tierra, ha sido enmarcado en los flujos de la oferta y la demanda del mercado financiero. Tal cual como cotizan en el mercado de futuros el trigo, el maíz, la soja, el petróleo y el oro, su escases comenzará a fluctuar como una mercancía más (commodity) en la bolsa de valores de New York, con el índice Nasdaq Veles California Water Index, con la clave de pizarra NQH2O, así lo ha informado CME Group.
La arquitectura de este nuevo instrumento financiero ha sido creada por CME Group Inc., la bolsa de futuros más grande del mundo. Esta empresa estadounidense ha decidido comenzar a cotizar con el agua de California, un mercado de 1.100 millones de dólares, son los primeros de su tipo en los EE. UU. Pero se espera que sea un referente para el mercado mundial del agua.
De acuerdo con los especialistas de CME, la determinación de incluir el agua en la ley de la oferta y la demanda del mercado de futuros se debe, en principio, a que los grandes consumidores de agua de California, y el resto de los Estados Unidos, se puedan proteger contra el aumento de los precios y apostar por su disponibilidad en un futuro, en el cual se avizora una mayor escasez. Actualmente, según datos de la ONU, más de 2 mil millones de personas, sobre todo aquellos en situación de pobreza y marginalidad, no tienen acceso al agua.
Esta determinación permite, también, especular con lo que se ve venir en un futuro no muy lejano para el planeta entero, ya que la propia empresa estadounidense prevé que casi dos tercios de la población mundial enfrentará una monstruosa escasez de agua para 2025. Estamos hablando de que, a mayor escasez, una mayor demanda eleva los precios de este commodity.
“La escasez de agua es sin duda uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las comunidades y las personas en la actualidad en todo el mundo”, dijo Tim McCourt, director global de índice de acciones y productos de inversión alternativa en CME.
Apostar por la vida o el mercado
A menudo se han emitido conjeturas argumentado que las próximas guerras serán por el agua. Esto parecía algo muy lejano o algo que sonaba más próximo a una teoría de la conspiración. Pero el nuevo escenario ha comenzado. Quien gobierne los mercados del agua tendrán, incluso, un mayor poder que los llamados Carbon Major, las 20 compañías de combustibles fósiles que han tenido en sus manos las reservas mundiales de petróleo, gas y carbón y, con ello, toda la matriz energética que ha sostenido el mercado basado en los combustibles fósiles.
El nuevo mercado del agua es en sí mismo el mercado por el derecho a la vida, porque los automóviles y las fábricas podrían quedarse sin energéticos, pero la humanidad perecerá sin el acceso a este vital líquido.
De acuerdo con el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020, las personas más vulnerables no cuentan con servicios de agua y a veces tienen que recorrer distancias muy largas para conseguirla, o pagar de 10 a 20 veces más por ella en comparación con sus vecinos ricos.
Este informe también asevera que, si continúa la degradación del medio ambiente y las presiones insostenibles sobre los recursos hídricos mundiales, se afectará principalmente la producción de alimentos y esto golpeará principalmente a los más pobres. “Para 2050 estará en peligro el 45% del PIB mundial y el 40% de la producción mundial de cereales”, puntualiza el informe.
El acceso al agua y la militarización
La ONU advierte que una de las regiones que serán fuertemente golpeadas por la escasez de agua será América Latina y el Caribe. “Se prevé que en América Central y América del Sur continuarán produciéndose los cambios observados en el flujo fluvial y la disponibilidad de agua, los que afectarán a las áreas más vulnerables”, señalaron expertos de la ONU.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia empresas como Coca-Cola, Nestlé, Du Pont, Monsanto, Cargill, ADM, entre otras, han privatizado ríos, manantiales y aguas subterráneas para la agricultura y la ganadería industrial, las mismas que han contaminado los espejos de agua existentes a su alrededor.
Pero también hay presencia militar. Un ejemplo es la llamada Triple Frontera donde convergen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil, coinciden con la desembocadura del río Iguazú en el río Paraná. En esta área se encuentra el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), uno de los mayores reservorios de agua dulce subterránea en el mundo. Según un estudio llevado a cabo por el Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), el Acuífero Guaraní tendría una capacidad de unos 50.000 Km³, con una recarga de entre 160 y 250 Km³ al año, de forma que explotando unos 40 Km³ anuales podría abastecerse a 360 millones de personas a unos 300 litros de agua al día por habitante. Esta es una zona estratégica dónde ha habido presencia militar de los EEUU.
Está área tiene una importancia de ámbito geopolítico, incluso, el Banco Mundial (BM), junto con la ONU y organizamos como la Organización Estados Americanos (OEA), viene implementando, desde los años 1990, procesos de administración y privatización de los principales mantos freáticos. Los planes de protección y conservación son mecanismos de administración de estas zonas estratégicas.
“En el año 2000, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay iniciaron el Proyecto Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, para estudiar y planificar la gestión a largo plazo del SAG. El proyecto tardó dos años en desarrollarse y fue aprobado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), como principal financiador internacional, y por el Banco Mundial en julio de 2002”, señala el documento An Independent Evaluation of the World Bank’s Support of Regional Programs.
Por otra parte, están los conflictos por este vital líquido que ya han comenzado años atrás – la guerra del agua en Bolivia hace 20 años es un caso emblemático – y, para ello, se requerirán nuevos sistemas de seguridad, como los que esta implementando el Comando Sur como parte de su adiestramiento en los países aliados.
Mientras que el mercado del agua ha dado su siguiente paso con el sector financiero, ahora solo queda esperar que disponibilidad tendrán los pueblos y comunidades donde se encuentran los principales reservorios de agua dulce.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por Sare Frabes
El pasado 2 de diciembre, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros y autoridades de los Bienes Comunales del municipio de San Juan Cancuc para tratar de convencerles acerca de la construcción de la denominada “carretera de las culturas”.
Con la presencia del presidente municipal, José López y el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Obras Públicas del estado, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo, los funcionarios abundaron en los supuestos beneficios que traería la obra carretera, la cual forma parte de un proyecto para conectar la costa de Chiapas, desde el municipio de Pijijiapan hasta Palenque, donde se enlazaría con una estación del llamado “tren maya”.
Los funcionarios también prometieron inversión para mantenimiento de los caminos en la cabecera municipal, lo cual fue interpretado por los asistentes como condicionamiento para aprobar la “carretera de las culturas”
Representantes de las comunidades tzeltales de Cancuc escuchan las palabras de los funcionarios del estado.
Integrantes del Modevite presentes en la asamblea en Cancuc. También sumaron su voz al rechazo del mega proyecto carretero.
El presidente municipal de Cancuc aprovechó su intervención para hablar de la “derrama económica” que traerá la construcción de la obra carretera.
Sin embargo, representantes de las comunidades tzeltales de 45 comunidades pertenecientes al municipio de Cancuc, así como integrantes de otros seis municipios adheridos al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reiteraron su rechazo al proyecto carretero.