En portada: Para las tareas de vigilancia en comunidades, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampíscuenta con el grupo de control socioambiental Charip.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denuncia el intento, por parte de la empresa estatal Petroperú y el Gobierno Regional de Loreto, de imponer la explotación de un lote petrolero en su territorio.
En las últimas semanas, el gobierno regional y la Petroperú organizaron reuniones en comunidades amazónicas, con el fin de convencerles de participar en una consulta previa para la ejecución del lote 64 del oleoducto, comprendido en el proyecto Situche.
El GTANW, que reúne a 85 comunidades y representa a 16.000 personas, ya posee un historial de lucha contra las operaciones del oleoducto norperuano, una muestra del desastre ambiental, social y cultural causado por la actividad petrolera en la Amazonía.
Esta infraestructura cruza los territorios de siete pueblos indígenas, afectando en su trayecto a 95 comunidades nativas, desde la Amazonía hasta la costa norte peruana.
Entre 1997 y 2023, el oleoducto norperuano registró 139 derrames, de las 1.462 emergencias reportadas por instituciones públicas en este período, según un informe del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
PUELMAPU ARGENTINA: Cobertura Especial sobre los incendios y la represión al pueblo Mapuche en El Bolsón. Detenciones, allanamientos, y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Fuente: FM Quimunche, FM Alas en Bolsón y la Red enfoques.
OAXACA Y GUERRERO: Platicando con el Observatorio Memoria y Libertad sobre las y los presos políticos en la región mexicana. La injusta prisión de dos profesores indígenas de San José Independencia en Oaxaca y el caso de Kenia Hernández, mujer indígena presa de la 4T por protestar junto a su comunidad en el Estado de Guerrero. Fuentes: Observatorio Memoria y Libertad | Presos políticos de San Jose Independencia | Libertad para Kenia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó a mediados de enero el Plan México, anunciado como una estrategia de “desarrollo nacional” junto al sector privado, para transformar el país en la décima economía del mundo, que hoy ocupa el lugar número 12. Para eso se ha propuesto un portafolio de inversiones, nacionales y extranjeras, de 277 mil millones de dólares en diversos sectores económicos.
El sector minero está dentro de este paquete, industria que será incentivada y que atraerá nuevas inversiones con más proyectos. El anuncio ha sido tomado por el sector como una posibilidad de reactivación de las actividades de mineríaen el país.
Diversas organizaciones sociales, comunidades y académicos reunidos en la Colectiva ¡CambiémoslaYa! sostienen que la intención de promover proyectos mineros en el país genera “incertidumbre y preocupación”, favoreciendo inversiones de empresas como Grupo México, “cuya negligencia criminal ha causado daños irreversibles al ambiente y a la salud, que permanecen desatendidos e impunes”, señalan.
Si bien las informaciones públicas sobre el plan son escasas – hasta ahora se cuenta solamente con las presentadas en un evento público el 13 de enero por Sheinbaum -, uno de los puntos divulgados por la mandataria prendió el foco rojo entre las organizaciones. El plan especifica que la Secretaría de Economía debe promover una nueva reformar a la Ley Minera – una reforma fue realizada en 2023 – en un plazo de 100 días para permitir la exploración privada (etapa anterior a la explotación minera, en la cual se busca y evalúa el yacimiento de minerales).
Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia.
Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana.
Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.
“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.
“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.
Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.
En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.
Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.
“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.
Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.
“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
En portada: El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Desde entonces las estrategias que coordinan la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido muy difundidas principalmente en medios de comunicación locales.
A la mañana siguiente de la toma de protesta (9 de diciembre) en Tapachula, el gobernador, el comisario, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca, dieron el banderazo al arranque operativo de 500 agentes especiales de la FRIP, con capacidades técnicas y tácticas, fuertemente armados, con 200 vehículos, 10 unidades blindadas y dos drones.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Esta estrategia de seguridad fue definida durante los primeros días de gobierno y, de acuerdo al fiscal, está enfocada en dos puntos: cambiar la percepción de inseguridad junto a las cámaras empresariales, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación; y en segundo combatir la incidencia delictiva de tres delitos: homicidio, robo de vehículo y extorsión o derecho de piso.
Se informó, además, que el presupuesto para la seguridad aumenta mil millones de pesos este 2025. Los argumentos son que los salarios de la FRIP son altos para que los elementos no puedan ser corrompidos e invertirán en inteligencia e investigación; y dieron a conocer que ya cuentan con cuatro helicópteros para patrullajes y ambulancia aérea.
El grupo de élite primero se presentó y realizó acciones en el Soconusco, continuó por la zona Costa y Centro, luego llegó a la Meseta Comiteca, los Altos, la Sierra Mariscal y la Frailesca. Entre otras actividades también patrullan las carreteras y se coordinan con la Policía de Investigación para los operativos Carreteras Seguras y Cero Impunidad, respectivamente.
Habitantes de la Sierra, contactados para este reportaje, manifestaron que el miedo y la incertidumbre continúan porque, aseguraron a Avispa Mídia, que los líderes de los grupos delictivos siguen libres y algunos caminan tranquilos por las calles.
“Muchos tenemos miedo de usar las carreteras o salir porque sabemos dónde tienen a la gente que secuestran, pero ahí no han entrado los Pakales (FRIP). Sabemos que algunos líderes huyeron a Guatemala, siguen sueltos”, dijo Luis, habitante de Frontera Comalapa.
Hace unos días, Óscar Aparicio Avendaño anunció que el trabajo en la frontera continúa y han dialogado con los Kaibiles, el grupo de élite del Ejército de Guatemala, para acordar la vigilancia espejo con el vecino país.
Hasta ahora las acciones en Chiapas han resultado, según informa el gobierno, en el rescate de personas secuestradas; desmantelamiento de cámaras de video vigilancia en las calles propiedad del crimen organizado en, al menos, cuatro municipios; hallazgos de fosas, cateos, decomiso de armas; detenciones de narcomenudistas, policías y de los alcaldes de Frontera Comalapa, Juan Antonio “N”, y de Bellavista, Rosember “N”.
El operativo de Comitán fue uno de los más mediáticos por la detención de 92 policías municipales y de otras 30 personas, el 15 de diciembre de 2024. Casi de inmediato, un total de 45 uniformados fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, así también Santiago “A”, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Comitán, por delitos de motín, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
¿Un equívoco?
Karla Nicol Mejía Sosa, tiene 18 años, es de origen hondureño, cuenta con solicitud de refugio ante Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y fue detenida en los operativos encabezados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en Comitán, el pasado 15 de diciembre de 2024.
Karla Nicol era la encargada de los locales de la pequeña empresa donde labora y, cuando fue detenida, se dirigía a bordo de una motocicleta a la segunda sucursal para retirar las ganancias del día y cerrar.
“Mi sobrina me llamó y me dijo: Tía, ¿qué hago?, me están tirando bala, me arden los ojos. Por qué me están tirando gas, tía ¿qué hago? Le dije agarra la moto y corre para que avances más rápido. Escuché todo, en ese momento mi sobrina dijo: Esa moto es mía. Pero ella pensó que los policías la iban a ayudar y fue ahí cuando ellos la jalonearon porque se escuchó, y le gritaban: ¡Con quién hablas!, ¡a quién llamas!, ¡contesta! Y mi sobrina respondió: ¡No, no ya no hablo, ya no hablo!”, relataron a Avispa Mídia los familiares de Karla Nicol, quienes prefirieron omitir sus nombres.
“La trataron como si fuera delincuente y la detuvieron. Eran hombres, no policías mujeres como según dicen ellos (la FGE). Y quedó la llamada, luego se escuchó al fondo que personas gritaban desesperadas y los policías decían: ¡Todas las motos que vean ahí súbanlas, todas! Luego corté la llamada porque se escuchaba que los andaban revisando y si miraban la llamada la podían a perjudicar más”.
Los familiares narraron que acudieron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en Comitán y la única información que consiguieron es que los detenidos estaban en la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en Tuxtla Gutiérrez, a 146 kilómetros de distancia.
“Llegamos y nos dijeron que sí estaba en la fiscalía, pero que volviéramos al día siguiente y ahí estuvimos afuera, esperando desde temprano y no nos dieron noticia. Seguimos insistiendo por información y nada”.
Hasta 24 horas después les pidieron que hicieran una fila para recibir información, pues había más personas esperando. Les dijeron que Karla Nicol ya había sido llevada al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, para la primera audiencia.
Operativo de la FRIP Pakal en carreteras de Chiapas
Se trasladaron al penal de los Altos de Chiapas, pero no les permitieron verla. Después de muchas horas les dieron muy poco tiempo para verla y Karla siempre estuvo custodiada. “Solo me dieron tres minutos, pero no pude hablar bien con ella, solo logró decirme que la tratan mal, le repiten que es delincuente y la desnudaron. Es difícil todo el trauma que está viviendo porque ella es inocente”.
“Tenemos dos grabaciones, se ve cuando ella sale del local, se pone su casco acomoda la tara que lleva atrás la moto, se sube y se va. En la siguiente esquina se ve que está platicando con la vecina de otro local y se ve que igual, se va y no lleva nada ni machete ni palos como ellos [la autoridad] dicen”. La familia informó que todas las pruebas fueron presentadas por la defensa en una segunda audiencia sobre el caso, pero que sigue reuniendo evidencias.
Las pertenencias que traía ese día como celular, las llaves de los locales y dinero en efectivo quedó en manos de los policías que la detuvieron.
“Nosotros como familiares buscamos que la desvinculen, porque mi sobrina iba pasando y no es el único caso, pero nosotros estamos enfocados en ella. Las autoridades no nos dan información clara, nos mandan de fiscalía en fiscalía y se lavan las manos. Ahora consideramos que es un tema político, no de justicia”.
La familia aseguró que en la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Comitán fueron omisos y se negaron a emitir algún pronunciamiento. “Nosotros no queremos reparación de daño, queremos que dejen en libertad a nuestra sobrina”.
A partir de los operativos que iniciaron el 9 de diciembre de 2024, hasta el 1 de febrero, la FGE de Chiapas dijo aAvispa Mídia que inició 336 carpetas de investigación por narcomenudeo, 181 por robo de vehículo, 144 por homicidio culposo, 74 por homicidio doloso, 26 por extorsión y 85 por ataques a las vías de comunicación, “incluye bloqueos”.
100 días
La inmediatez de las operaciones ha provocado preocupación en organizaciones por las posibles violaciones a los Derechos Humanos.
“No pensamos que en 100 días se puedan dar resultados para poder ordenar un Estado golpeado, olvidado, sumido en la violencia. Es imposible. No hay un plan de gobierno que pueda hacer eso. Para ello es importantísimo el diálogo con las personas víctimas de toda esta violencia. Es una tarea de Estado, de todo gobernante y es transexenal”, precisó Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), a Avispa Mídia.
Recalcó que la presencia militar, policiaca y, ahora, de los grupos especiales debe ser respetuosa de las garantías individuales de la población. En su trayectoria como defensor ha sido testigo del robustecimiento de las fuerzas públicas en otros Estados, que ha traído como consecuencia violaciones a los Derechos Humanos. “No pueden ser que cuerpos de seguridad de pronto se encarguen o se hagan cargo de delitos comunes o resguardando el orden de la seguridad pública”, dijo López Rodríguez.
El abogado defensor de Derechos Humanos, Federico Anaya Gallardo, consideró que el gobierno anterior dejó una situación de vacío institucional y, ahora, pareciera lo contrario. Pero especificó que esta presencia del Estado debe ser controlada, porque la guerra no es con la sociedad.
Otro punto señalado por el secretario ejecutivo la Red TDT es que el gobierno de Chiapas ha echado mano de todos los recursos mediáticos para difundir cada uno de los resultados obtenidos por los operativos de seguridad y colocó anuncios espectaculares, incluso en las carreteras, con imágenes de agentes de la FRIP.
Propaganda del nuevo cuerpo policial chiapaneco inunda las calles de diferentes ciudades en la entidad al sur de México.
Incremento de violencia
En el último trienio, la Red TDT documentó un incremento de la violencia en Chiapas con graves consecuencias para la población. Para la red, la prioridad es reconocer la dimensión de la emergencia humanitaria y la atención a la población que es desplazada y reclutada forzadamente. Además, el avance substancial en las investigaciones por casos de desaparición, tortura, homicidio y desplazamiento, “es importantísimo”.
Así mismo, la desarticulación de los recursos con los que opera el crimen organizado es fundamental, es decir, identificar cuáles son aquellas fuentes financieras que tienen, pues no solo el aseguramiento de automóviles, cargamento y armas es relevante.
El gobierno federal anunció que parte de esta estrategia de seguridad es de investigación, pero, hasta ahora, la Red no ha identificado la incautación de cuentas bancarias o la detención de personas clave en el tráfico ilícito de sustancias en el país o en Chiapas concretamente.
Para López Rodríguez un cuerpo de élite o de policía no va a representar avances en el sistema de justicia. La mayor exigencia de las organizaciones de Derechos Humanos es la investigación por los crímenes cometidos contra la población civil y, concretamente, contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Antecedentes
“Es un hombre que goza de mi confianza plena y sus resultados los sentirá el pueblo de Chiapas en los próximos días”, dijo Eduardo Ramírez cuando presentó al secretario de Seguridad, piloto aviador de profesión, según el perfil que difundió el gobierno de Chiapas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño es de Tuxtla Gutiérrez. Tiene formación como francotirador por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos; policial en la Procuraduría General de la República (PGR); y de cartografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1999 inició su trayectoria en la PGR durante una campaña contra el narcotráfico. En 2007 estuvo en la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. En 2009 ingresó a la Policía Federal y fue director de Seguridad Pública en Apatzingán, Michoacán. A finales de 2024, Aparicio Avendaño renunció como subsecretario de Operación Policial de la SSP de Zacatecas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, nuevo director de seguridad pública en Chiapas tiene a su cargo la dirección de la FRIP Pakal.
A principios de diciembre, cuando tomó el cargo como secretario de Seguridad del Pueblo (SSP) anunció la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una réplica de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) que se formó cuando él fungió como subsecretario Operación Policial.
La FRIZ ha sido relacionada públicamente con hechos delictivos que van desde desaparición de personas hasta homicidios. “Aparicio tenía una encomienda muy similar en Zacatecas … entonces la comparación es obligada”, comenta Anaya Gallardo. Para el abogado, la experiencia con el grupo táctico en Zacatecas abre la probabilidad de riesgo de abuso de la fuerza también en Chiapas.
El 3 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los riesgos que puede traer a la estrategia de seguridad a nivel federal el nombramiento de Aparicio Avendaño como secretario de seguridad en un Estado avasallado por la violencia. Ella respondió: “todos tienen que pasar el examen de confianza… tendrían que presentarse pruebas para que pudiéramos actuar”.
Mientras que también persiste la preocupación por los antecedentes del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. La Red TDT, integrada por defensores de todo el país, firmó un documento en el que expresa el desacuerdo, junto a 60 organizaciones y más redes, a su nombramiento al representar un mensaje negativo para las víctimas de represión y tortura de Llaven Abarca.
El fiscal ha tenido una carrera pública extensa, pero también ha sido objeto de críticas y controversias. Como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco Coello, se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas. Además, ha sido señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes en su cargo en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO).
En portada: Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.
Desde el pasado lunes (27) arrecia la violencia contra el movimiento campesino del Bajo Aguán, al norte de Honduras, departamento de Colón. Hombres equipados con armas de grueso calibre, vinculados al grupo criminal “Los Cachos”, han emprendido una serie de ataques contra las recuperaciones de tierras que mantienen las cooperativas de Tranvío, Camarones y El Chile, ubicadas en la comunidad Quebrada de Arena, a escasos kilómetros de la ciudad de Tocoa.
A pesar de la presencia de elementos de fuerzas de seguridad hondureños, el movimiento campesino sostiene que éstos no accionan para frenar los intentos de desalojos violentos por parte de los criminales. “Hemos denunciado el riesgo que corren ante la secretaria de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la secretaria de Derechos Humanos de forma constante, sin embargo, no hay respuesta contundente”, denunciaron este lunes (27) a través de comunicado de la Plataforma Agraria del Aguán.
Campesinos heridos durante el ataque del grupo armado “Los Cachos”.
Tras el ataque armado del lunes (27), que duró al menos 12 horas y dejó un saldo de 150 familias desplazadas de la Cooperativa Tranvío, además de heridos, la mañana de este miércoles (29) se reporta un nuevo ataque. Ésta vez contra familias campesinas de la Cooperativa El Chile. Acorde al periodista Jared Olson, durante la agresión de esta mañana se registra, al menos, un herido.Registro de los ataques contra campesinos de la Cooperativa El Chile durante la mañana del miércoles 29 de enero, 2025.
La cooperativa El Chile, colindante con las cooperativas Tranvío y Camarones, alberga a 246 familias campesinas, quienes desde hace dos años recuperaron 486 hectáreas de tierra de manos de la Corporación Dinant, empresa productora de palma aceitera, para dar espacio a la siembra de alimentos. La Plataforma y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denuncian que los grupos criminales que atacan al movimiento campesino actúan al servicio de la agroindustrial Dinant.
Acorde a la Plataforma, durante el ataque del lunes (27), campesinos socios de la Cooperativa Tranvío observaron a un vehículo perteneciente a Dinant transportando a hombres armados cerca de las tierras de la Cooperativa Camarones. Cabe destacar que el grupo “Los Cachos” es el mismo señalado por haber desalojado violentamente a familias campesinas de la Cooperativa Camarones el pasado 24 de diciembre del 2024. “Desde este momento el grupo armado mantiene control de la cooperativa”, señala la Plataforma mediante comunicado tras los ataques.
Por lo menos desde hace dos años, la Plataforma Agraria y COPA han denunciado que la corporación Dinant contrató al grupo criminal “Los Cachos” para atacar a líderes campesinos y miembros de las cooperativas. Ahora, incluso señalan la participación de ex miembros de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano por su colusión con la empresa agroindustrial para perseguir a los líderes campesinos.
Al cierre de esta edición, medios locales informan que, mientras las autoridades policiales se encuentran en la comunidad de Quebrada de Arena, continúan los ataques contra la Cooperativa El Chile donde se registra la quema de casas de campesinos.
Advertencias, ignoradas
Testimonios de la Plataforma Agraria aseguran que, desde la noche del domingo (26), denunciaron a la Policía Nacional que el ataque a las cooperativas campesinas era inminente. Esto, debido a que observaron la movilización de personas mediante transportes acuáticos a través del río Aguán, además de percatarse del tránsito de vehículos sin placas y hombres armados frente a la casa del líder del grupo “Los Cachos”, Juan Carlos Lizama, en la comunidad de Quebrada de Arena.
Acorde a reportes de Redacción Regional, desde las 6 de la mañana del lunes (27), periodistas del medio atestiguaron disparos de ráfagas con armas de alto calibre, además de denuncias de heridos. A las 10 horas, se avistó otro grupo armado el cual, utilizando machetes y piedras, protagonizó otro ataque contra los campesinos. Por la tarde continuaron las agresiones lo que impidió que campesinos, civiles, policías y periodistas pudieran evacuar la zona debido a que se registraron bloqueos en las rutas de salida realizados por los grupos criminales.Campesinos de la Cooperativa Tranvía registraron los ataques armados del pasado lunes 27 de enero.
“Los sicarios lograron posicionarse en las instalaciones de una pollera propiedad de la Cooperativa Tranvio, de donde han aterrorizada a la comunidad con constantes ráfagas de disparos, mientras otro grupo armado tomó la carretera y así impidió el paso para evitar la libre locomoción”, confirmó la Plataforma Agraria sobre la permanencia del asedio, sin que los elementos de seguridad protegieran a más de 123 familias; 453 personas, entre ellas niños y niñas.
Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.
Además, se reportó el secuestro, durante tres horas, del campesino Cristian Baire y el ataque con arma de fuego contra Janier García, ambos socios de la Cooperativa Tranvío. “Cristian Baire fue liberado de una casa en la aldea Quebrada de Arena por la policía aproximadamente a las 10 de la mañana, pero sufrió torturas y una herida de bala en el pie, posteriormente fue hospitalizado, hasta el momento se encuentra fuera de peligro”, informó el movimiento campesino mediante redes sociales.
El martes (28), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP) que acompaña la lucha legal del movimiento campesino condenó el uso de la violencia “por parte de grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, y en particular al grupo armado ‘Los Cachos’ que opera en la zona con total impunidad”.
El BJP aseveró que estas acciones “benefician directamente a la Corporación Dinant y sus aliados empresariales. Las acciones incluyen el uso ilegal de armas de alto calibre para crear un ambiente de terror y desalojar ilegal y extrajudicialmente a familias campesinas”, declararon mediante posicionamiento público.
También señalaron que resulta inaceptable que, a más de un mes del desplazamiento violento de la Cooperativa Camarones, el Estado de Honduras aún no ha brindado garantías básicas de seguridad a las familias campesinas que viven en completa vulnerabilidad y bajo ataque.
“Condenamos que la difamación y el uso de la violencia forman parte de una campaña más global para dividir y crear conflictos en las comunidades con el fin de despojar tierras y sumar beneficios económicos para la familia Facussé, tanto para sus empresas agroindustriales como para sus intereses mineros. No pasa desapercibido que estas mismas estrategias se han utilizado contra las cooperativas campesinas de Gregorio Chávez, Santa Rosa del Aguan, Panamá y en la comunidad La Ceibita, respectivamente”, acusaron.
Solidaridad
Desde los primeros reportes de ataques armados, diversas organizaciones hondureñas e internacionales se han posicionado para condenar la violencia contra las cooperativas agrarias y elevar la denuncia a nivel nacioanl e internacional sobre los intentos de desalojo de las tierras campesinas del Aguán.
“Este ataque es solo un reflejo de la constante criminalización y persecución que sufren las comunidades del Bajo Aguán, quienes luchan por defender sus derechos territoriales y la tierra”, aseguró la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos mediante pronunciamiento público.
Por su parte, la Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 35 ONG Internacionales con presencia y trabajo en Honduras, aseveró que, durante una gira internacional de solidaridad con el Aguán, realizada la semana del 20 al 24 de enero de 2025, fueron alertadas sobre la gravedad del riesgo que los líderes de La Plataforma Agraria y de las Cooperativas Campesinas sufren como amenazas a muerte, ataques a sus familias, y la prohibición de circular en la zona de Quebrada de Arena.
Frente a esta situación, recordaron al Estado de Honduras el cumplimiento del convenio, firmado en febrero de 2022, entre el movimiento campesino y el gobierno, el cual incluye como uno de sus compromisos la conformación de la Comisión Tripartita bajo la coordinación del Instituto Nacional Agrario (INA), en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria. “En este sentido, reiteramos nuestra solicitud de acción directa y coordinada de dicha instancia para garantizar una respuesta integral y efectiva que permita abordar las causas del conflicto y prevenir nuevos actos de violencia en la región”, señalaron las organizaciones internacionales.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifiestó preocupación por los recientes hechos violentos contra el movimiento campesino en el Bajo Aguán e hizo un llamado al gobierno de Honduras para “abordar las causas estructurales que subyacen a la histórica conflictividad en la zona, mediante la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán”.
“Las cooperativas han sido víctimas de al menos dos muertes violentas por arma de fuego, desplazamiento forzado de al menos 150 familias, así como múltiples actos de intimidación y amenazas. La información recibida por la Oficina releva que los presuntos responsables de estos hechos serían estructuras del crimen organizado, que estarían generando una fuerte escalada de violencia en la zona, lo que representa un riesgo inminente para la vida de las comunidades campesinas”, alertó.
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE
Año jubilar jTatic Samuel: “Caminante en el corazón de los Pueblos”
“…Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos”. (La alegría del Evangelio #183)
A TODO EL PUEBLO CREYENTE
A LAS Y LOS CREYENTES DE LAS DIFERENTES DIÓCESIS A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS PERSONAS DE OTROS CREDOS RELIGIOSOS
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
En este Año Jubilar “jTatic Samuel caminante en el corazón de los pueblos. Memoria y horizontes”, agradecemos a papá-mamá dios, a nuestra diócesis, parroquias, zonas y comunidades, que hemos podido trabajar retomando los 100 años del nacimiento de jTatic Samuel, los 50 años del Congreso Indígena de 1974, los 10 años del Congreso de la Madre Tierra y el Congreso Jubilar Diocesano de 2024.
JTatic Samuel acompañó al pueblo, aprendió de él y se adaptó a sus costumbres, además fue conociendo las diferentes necesidades de cada comunidad. El pueblo a través de la reflexión de la Palabra de Dios se dio cuenta de lo que más necesitaban en sus comunidades: educación, caminos, clínicas, el precio justo de la canasta básica, etc.
Se retomaron la Memoria histórica y los caminos que construyen la vida para ver el horizonte de los pueblos. Se utilizaron muchas herramientas y se formaron diferentes áreas para ir atendiendo las diferentes necesidades. También sembró semillas de buena palabra.
En el Congreso de 1974 se reflexionó sobre tierra, educación, comercio, salud e igualdad en la justicia. Se pusieron las líneas de acción para cada zona y parroquias.
Por todo este caminar y la exigencia de justicia, empieza la persecución al jTatic Samuel y a los servidores y servidoras de la diócesis de San Cristóbal Las Casas.
En la actualidad desde hace tiempo venimos denunciando que las autoridades de los tres niveles de gobierno tanto municipal, estatal y federal desempeñen correctamente sus labores ante tanta inseguridad en que se vive. Que caminen en las comunidades, como lo hicieron durante sus campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente.
Que los gobernantes, que fueron elegidos por una parte del pueblo, cumplan su papel de garantizar sus derechos y no para oprimir con sus leyes autoritarias, ni como cómplices del mal y no hagan oídos sordos ante la violencia que trae sufrimiento a los pueblos.
Recordamos que la situación de inseguridad y violencia que viven varios municipios de Chiapas no es un conflicto social, sino que es provocada por diferentes grupos del crimen organizado que se disputan el territorio por intereses de máxima ganancia y que tienen secuestrado a nuestros pueblos, además les obligan a ponerse como barrera humana, exponiéndolos a la muerte o a ser criminalizados por las autoridades. También han controlado el mercado de los productos de los campesinos por algunas personas que los mismos grupos del crimen organizado han puesto. Encareciendo los productos y por ende mermando el bolsillo de las personas más pobres. Además de crear confrontaciones al interior de las comunidades.
Que el derecho a una vida digna se cumpla con justicia y libertad ante tanta marginación, injusticias e impunidad que acontece en nuestro Estado de Chiapas. Dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga simulación mediática de estar resolviendo los problemas.
Hacemos las siguientes demandas para que haya justicia, paz, tranquilidad en las comunidades y esclarecimiento de los hechos de violencia:
Urge el reconocimiento público por parte del estado de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal. Así como su atención integral, que incluye la garantía de un retorno seguro y permanente, libre de violencias.
Urge el desarme de los grupos criminales que provocan el desplazamiento forzado.
Urge que el gobierno ponga un alto al crimen organizado.
Que el asesinato del Padre Marcelo no se quede impune y que se agilice la investigación para encontrar a los verdaderos culpables materiales e intelectuales.
¡Alto a la venta de drogas, alcohol y proliferación de cantinas!
¡Alto al reclutamiento de las y los jóvenes por parte de grupos criminales!
¡Alto a la violencia del crimen organizado!
¡Alto a los asesinatos!
¡Alto a la explotación sexual de las personas, mexicanas y extranjeras!
¡Alto a los crímenes que destruyen la vida de nuestros pueblos originarios!
¡Alto a la violencia de grupos caciquiles!
Como Pueblo Creyente seguiremos nuestros compromisos y tareas:
Denunciando las injusticias y violaciones de derechos humanos
Seguiremos recordando a nuestros Mártires y nuestras Mártires, que entregaron su vida por la causa de la justicia, la verdad y el bien, desde hace varios años y en el presente, nunca les vamos a olvidar.
Como pueblo de Dios estamos diciendo la verdad de lo que vivimos, no estamos exagerando.
Continuaremos trabajando con los acuerdos del Congreso Diocesano 2024: Involucrarnos en la realidad actuando desde el Evangelio.
Fortalecer el sentido comunitario para la unidad.
El acompañamiento a las nuevas generaciones, niños-niñas, adolescentes y jóvenes. En la construcción de la paz.
En los acuerdos parroquiales.
Hacemos un llamado a la solidaridad a otras personas de diferentes credos, colectivos, organizaciones y personas de buena voluntad a sumarse a la construcción de la paz en nuestro estado de Chiapas, en México y en el mundo, porque Dios nos creó libres y para ser felices en esta tierra tan hermosa que habitamos.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; a 25 de enero de 2025 AÑO JUBILAR JTATITC SAMUEL: “Caminante en el corazón de los Pueblos”. PUEBLO CREYENTE DE LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
¡VIVA EL PUEBLO CREYENTE!
¡VIVA LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS!
¡VIVA LA PROVINCIA DE CHIAPAS!
¡VIVAN LOS OTROS CREDOS RELIGIOSOSOS!
¡VIVAN LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD!
En portada: La jefa de ala del clan Gidimt’en Sleydo’ (Molly Wickam) forma parte de las personas criminalizadas por oponerse a la construcción de un gasoducto en su territorio ancestral.
Tres defensores indígenas en Canadá pueden ser condenados a la cárcel en el próximo mes debido a sus acciones para proteger el territorio ancestral de la Nación Wet’suwet’en, en la provincia de Colombia Británica, contra el gasoducto Coastal GasLink (CGL), de la empresa TC Energy, corporación que opera y construye infraestructura relacionada a la producción de energía en América del Norte. Jefes de la Nación Wet’suwet’en argumentan que no dieron consentimiento para que el gasoducto atravesara su territorio.
La jefa de ala del clan Gidimt’en Sleydo’ (Molly Wickam), la mujer Gitxsan con conexión familiar Wet’suwet’en, Shaylynn Sampson, y el hombre Mohawk de Akwesasne Corey Jayohcee fueron detenidos durante una redada violenta de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), en 2021, y declarados culpables de desacato por haber desobedecido presuntamente una orden judicial de no acercarse a las zonas donde se construía el gasoducto, pese a que estaban en su territorio ancestral.
La defensa jurídica de los tres indígenas ha presentado un recurso ante la Corte Suprema de Columbia Británica, en el que afirma que la policía violó sus derechos humanos durante las redadas. El Tribunal Supremo está estudiando ahora si sus detenciones y condenas violaron sus derechos constitucionales, incluidas las alegaciones de que la RPMC hizo un uso excesivo de la fuerza durante las detenciones. Una sentencia – esperada para mediados de febrero de 2025 – a su favor podría anular las condenas.
La orden judicial solicitada por CGL Pipeline Ltd. y concedida por el Tribunal Supremo de Columbia Británica, en 2018, prohibió a las personas defensoras de la tierra y sus simpatizantes cualquier acción que se considere perjudicial a la construcción del gasoducto, incluso aproximarse de las obras. La decisión autoriza a la Real Policía Montada de Canadá a detener a cualquier persona cuando considere que alguien contraviene la orden.
Para hacerla cumplir, la policía ha llevado a cabo desde entonces cuatro redadas violentas en el territorio Wet’suwet’en, utilizando armas, helicópteros y perros. Por lo menos 75 defensores y defensoras de la tierra han sido detenidos, como fue documentado por la Amnistía Internacional (AI).
Resultado de la redada de 2021, los detenidos permanecieron bajo custodia por hasta cinco días antes de que ser liberados bajo fianza. El testigo del jefe Na’Moks, uno de los jefes hereditarios Wet’suwet’en, a Amnistía Internacional revela la discriminación racista que predominó en la acción policial. “Sólo estaban encadenados los indígenas, (…) ni nadie más. Éstos solamente estaban esposados. Pero hicieron que todos los indígenas (…) encadenados y en ropa interior comparecieran así ante el juez”.
El jefe Dsta’hyl (Adam Ganon), jefe de ala del clan Likt’samisyu, fue detenido en 2021 en la misma redada y fue declarado culpable de quebrantar la misma orden judicial. Fue condenado, en julio de 2024, a 60 días de arresto domiciliario en territorio Wet’suwet’en, cumplidos año pasado.
El jefe Dsta’hyl (Adam Ganon), jefe de ala del clan Likt’samisyu.
La autoridad ancestral fue la primera persona encarcelada de las cuatro defensoras Wet’suwet’en que han sido procesadas y de otros defensores declarados culpables del delito de desacato por violar dicha orden judicial. Fueconsiderado el primer preso de conciencia de Canadá, por haber sido encarcelado por sus convicciones políticas, religiosas u otras convicciones profundas, como define la AI.
“He sido condenado por proteger nuestra propia tierra mientras se marginan las leyes Wet’suwet’en”, dijo el jefe Dsta’hyl. “Esta lucha dura ya 240 años. Nos encarcelan en las reservas donde nos han convertido en ‘legalmente indios’. Ahora todos los miembros de la comunidad somos ‘presos y presas de conciencia’ debido a lo que nos han hecho los colonizadores”.
La Fiscalía de Columbia Británica (BCPS) acusó, en 2022, a otros 20 defensores de desacato por desobedecer la orden de mantenerse alejados de las obras de construcción del gasoducto. A algunos de los defensores se les retiraron los cargos o fueron declarados inocentes. Otros se declararon culpables en respuesta a las restrictivas condiciones de libertad bajo fianza, informa la AI.
El acceso a una gran parte de la tierra está restringido excepto para la empresa del gasoducto, su empresa de seguridad privada y la policía canadiense. Eso ha apartado al pueblo Wet’suwet’en de su territorio ancestral. Le impide realizar muchas de sus actividades tradicionales, como cazar y pescar.
A menudo, al acceder a su tierra las personas Wet’suwet’en son intimidadas y hostigadas por la policía canadiense y la empresa de seguridad privada. Sus cabañas han sido incendiadas, la policía ha efectuado registros en sus campamentos y confiscado sus pertenencias.
El gasoducto
TC Energy anunció a finales de 2023 que había finalizado el gasoducto Coastal GasLink, iniciado en 2019. Son 670 km de longitud. Sin embargo, todavía no ha sido activado para transportar el gas.
De acuerdo con su página web, Coastal GasLink “es la primera ruta directa de Canadá para el gas natural canadiense producido de forma sostenible y un componente crítico para apoyar la reducción de las emisiones globales (…) es un componente esencial de nuestra labor de apoyo a la transición energética mundial”.
TC Energy posee 93,600 km gasoductos en toda América del Norte. Según la empresa, 30% del gas metano consumido en América del Norte es transportado por sus estructuras.
Gasoductos de TC Energy en Norteamérica.
Avispa Mídia platicó con el jefe hereditario Na’Moks, una de las autoridades ancestrales de la Nación Wet’suwet’en. Desde hace por lo menos 10 años su pueblo ha entablado una lucha contra gasoductos en su territorio. Lograron echar para tras cuatro proyectos. Hoy están previstos al menos 11. El más reciente es el gasoducto de TC Energy, Coastal GasLink. A seguir, les compartimos parte de la platica con el jefe hereditario Na’Moks.
Lugar estratégico
Estamos en el norte de Columbia Británica, provincia localizada al extremo oeste de Canadá, estamos a dos horas de Alaska. El gas metano es extraído en la provincia vecina, Alberta, y quieren llevarlo al océano Pacífico, donde deben construir plantas para licuar el gas y enviarlo a Asia. Quieren pasar los ductos por nuestro territorio. Por eso estamos tan fuertemente presionados. Todo es extraído por fracking. Siguen diciendo que es ‘gas natural’, pero no hay nada natural. Acabamos de volver de la región de Athabasca (Alberta), donde el río está envenenado. El lago Great Slave ha bajado 3 metros.
No es no
Nosotros somos los jefes. Somos los que tomamos las decisiones en nombre de nuestro pueblo, hacemos lo que nuestra gente nos manda hacer. Y dijimos que no. Como no pudieron obtener nuestro consentimiento, entonces llegaron a criminalizarnos.
Todo el proceso ha sido duro. Cuando entran por la puerta de nuestras casas con sierras mecánicas, hachas y perros de ataque, cuando sales a la calle y te apuntan francotiradores con sus rifles, cuando detienen y llevan a la cárcel a mujeres embarazadas, cuando nos golpean, nos encarcelan, queman nuestras casas. No es fácil.
¿Dónde está la humanidad en eso? No somos menos que nadie. A nosotros nos han criminalizado solo por defender nuestra agua, nuestro territorio.
Experiencia con TC Energy
Lo que les queremos decir es que esta empresa [TC Energy] no tiene ninguna consciencia. Ellos les van a dar muy poco dinero [refiriéndose a los proyectos en México] y después les van a dejar su agua y sus tierras devastadas. Si ustedes no se defienden, así les va a tocar dejar sus territorios para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, devastados. Lo que están haciendo es dañar el futuro de las nuevas generaciones. Estas corporaciones y el gobierno no son nuestros amigos. El mundo no necesita estos proyectos. Lo que necesitamos es nuestra tierra, aire, agua limpios.
Hasta ahora la Nación Wet’suwet’en ha derrotado cuatro gasoductos, hay uno en el terreno, pero no está en operación todavía y hay varios por venir, por lo menos otros 11 proyectados, de distintas empresas.
Proyectos zombis
Lo que hacen es proponer proyectos que son básicamente como proyectos zombis. Desaparecen, pero nunca mueren. Siempre están en la agenda, así que pueden volver a activarse en cualquier momento, dependiendo de cómo convenzan al gobierno de que pueden hacerlo. Y siguen diciendo que aplicarán las mejores prácticas, pero sus mejores prácticas son siempre la devastación y el envenenamiento de nuestra agua y nuestro aire.
Siempre hemos estados
Utilizamos mucho las Naciones Unidas para reivindicar nuestros derechos, porque dependiendo del gobierno en turno, respetan más o menos nuestros derechos. El Estado nos reconoce por los procesos judiciales que hemos tenido que hacer. Ganamos un juicio el 11 de diciembre de 1997, en el que Canadá reconoce que existimos [como pueblos], que nunca hemos renunciado a nuestra autoridad. Nuestro territorio es de 22 mil quilómetros cuadrados. Siempre hemos estado ahí. Sin embargo, siguen autorizando proyectos que pasan por nuestras tierras sin nuestro consentimiento.
Que el mundo sepa
Le importa mucho a Canadá su reputación. Tiene miedo de perder su reputación de ser este gran lugar para estar y vivir. Nosotros no vemos eso, así que se lo decimos al mundo. Por eso hablamos en las Naciones Unidas. Es por eso que vamos a diferentes países, para expresar y decir la verdad. Que el mundo sepa lo que está siendo el gobierno canadiense. Que el mundo sepa cual es su real reputación.
La prioridad es el dinero
Aunque ganemos en los tribunales, aunque lo diga la Constitución, simplemente darán prioridad al dinero, seguirán las indicaciones de las corporaciones. Las empresas van por el camino de menor resistencia, que generalmente es un funcionario electo que sólo está ahí unos pocos años y que facilita la ejecución de los proyectos. Nosotros somos hereditarios, estamos ahí para siempre y ellos harán la táctica de ‘divide y vencerás’ que siempre les funciona.
Tenemos que ir más allá de los funcionarios electos porque, de nuevo, cambian en cada elección. Así que hay que llevarlo a la escena mundial y mucha gente piensa que es algo demasiado grande, pero no lo es tanto si crees en lo que haces y estás haciendo lo correcto. No es gran cosa. Es un trabajo duro, pero merece la pena. Y cuando decimos no, queremos decir no.
Órdenes judiciales criminalizan
Las empresas utilizan órdenes judiciales contra nosotros. Dicen que estamos invadiendo nuestra propia tierra. Nos criminalizan, nos sacan de la tierra, nos encierran. No podemos circular en nuestro territorio libremente.
Las corporaciones dicen que, para operar, necesitan que nos mantengamos alejados y el 88% de las veces lo consiguen. Eso demuestra que el Estado canadiense está al lado de las corporaciones. Eso no significa que sea legal. Así es como acaban metiéndonos en la cárcel y acusándonos. Estamos siguiendo nuestra ley. Nos llamarán criminales por hacerlo, pero estamos siguiendo nuestra ley. Nuestra ley dice que tenemos que proteger nuestra tierra. No queremos el dinero. Sólo queremos aire limpio, agua limpia. Lo que es bueno para nuestros niños, nuestros hijos. No queremos más de lo que tenemos. Tenemos lo que necesitamos. Sólo queremos protegerlo.
Último a ser contactados por los europeos
La mayor parte de los pueblos originarios de Canadá ha tenido contacto europeo durante cientos y cientos de años, pero nosotros somos probablemente el último a ser contactado. Eso fue en la época de mi abuela, hace alrededor de 150 años. Y el nombre que llevo, jefe Na’Moks, era el de mi abuela y ella tenía cargo cuando llegaron los europeos. Nosotros nunca perdimos nuestra cultura, nuestra ley.
¿Pocos?
No hemos tenido un censo desde los años 1990, pero somos entre 10.000 y 15.000. Las corporaciones miran ese número y dicen que somos pocos, pero se olvidan que el mundo nos apoya. Tenemos varias naciones diferentes que se trasladan a nuestro territorio y son bienvenidas.
Fuerzas
Tenemos que mantenernos firmes, saber quienes somos, tener identidad, saber cual es nuestra cultura, y saber que nosotros estamos haciendo lo correcto. Que los pueblos alrededor del mundo no se rindan. Todo lo que hacemos afecta a todo el planeta. Afecta a todo el mundo. Nuestra cultura, nuestros mayores, nuestra gente, nuestra juventud, (…) tienes que llevar eso contigo todo el tiempo. Si lo olvidas, ellos ganan.
