¿Dónde está Jesús?

Desde la Europa Insumisa, Slumil K’ajxemk’op, rechazamos enérgicamente la detención arbitraria del Compañero Jesús Plácido Galindo, vocero del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y miembro de la coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena, CNI, ocurrida el 17 de Julio de 2026 aproximadamente a las 14:30 hora local de México.

Su detención se realizó en el punto de control militar de Monte Alto, Municipio de San Marco en el Estado de Guerrero, bajo condiciones que violentan los Derechos Humanos: una fuerte presencia de las tres fuerzas de seguridad nacional: Militar, Guardia Nacional y Policía estatal y local.

Al momento de su detención no se presentó ninguna orden de aprensión, tampoco se mencionó el motivo de este acto violento. El Compañero Plácido Galindo fue subido a una camioneta de la Fiscalía General de la República, la cual viajó en dirección a Acapulco. Desde entonces se desconoce el paradero de Plácido Galindo, lo que conlleva a una Desaparición Forzada.

Al momento de su detención arbitraria Plácido Galindo se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero, quien lo citó con insistencia. Se conoce que Rodríguez Cisneros esta coludido con el grupo criminal Los Ardillos.

Preocupante y nuevamente agravante es la suspensión a Plácido Galindo de las medidas de seguridad contempladas dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, esto ocurrió poco antes de su detención arbitraría. Por si esto no fuera poco, se le congeló su cuenta bancaria.

Estos hechos en contra de la integridad de Jesús Plácido Galindo se llevan a cabo bajo la complicidad comprobada y con la protección al grupo delincuencial Los Ardillos, por parte de Gobierno local de Mercedes Carballo Chino y del Gobierno Regional de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

¡A la Europa Insumisa nos llega la palabra de los pueblos, y no nos creemos las mentiras que distribuye el gobierno de “izquierda” de la 4Transformación!

Nosotres creemos en la solidaridad internacional, en el respeto a los Derechos Humanos y en la autodeterminación de los pueblos.

Los abajo firmantes,

¡Exigimos la inmediata aparición con vida de Jesús Placido Galindo!

¡Exigimos el desarme y desmantelamiento del grupo delincuencial Los Ardillos!

¡Exigimos respeto a la integridad de los Defensores de Derechos Humanos!

¡Exigimos un alto a las agresiones a las comunidades indígenas y a su policía comunitaria!

Desde la Europa Insumisa

Julio 2026

Firmas:

20ZLN. Italia

Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista. Grecia

Assemblea de Solidaritat amb Mèxic-ASMEX. País Valencià, Estado Español

Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai. Barcelona, Catalunya

Associazione Ya Basta! Êdî bese. Italia

Batec Zapatista. Barcelona, Cataluña

Café Libertad Kollektiv. Hamburgo, Alemania

Cafez. Lieja, Bélgica

Cal Cases. Cataluña

Caracoleras de Olba. Olba, Teruel, Estado Español

CAREA e.V. Alemania

Centro de Documentación sobre Zapatismo. Cedoz. Estado Español

Colectivo Armadillo Suomi. Finlandia

Colectivo Calendario Zapatista. Grecia

Colectivo Ramona. Chipre

Collettivo Zapatista Lugano. Suiza

Comitato Chiapas Maribel. Bérgamo, Italia

Comité de solidaridad con Latinoamérica (LAG) – Chiapasgruppa LAG. Oslo, Noruega

Confederación General del Trabajo – CGT. Estado Español

Cooperazione Rebelde Napoli. Italia

CSPCL, París, Francia.

Espoir Chiapas. Francia

Frankfurt International. Alemania

Gira Zapatista Holanda. Holanda

Grupo México del Foro Internacional. Dinamarca

Gruppe B.A.S.T.A. Munster, Alemania

Kaffeekollektiv Aroma Zapatista, Hamburgo

Lumaltik Herriak. País Vasco

Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala.

Mut Vitz 13. Marsella, Francia

Mut Vitz 31. Toulouse, Francia

Mut Vitz 34. Francia

Nodo Solidale Roma. Italia

Pallasos en Rebeldía. Estado Español

Quinoa. Bélgica

Red de Rebelión. Alemania

Red Ya-Basta-Netz. Alemania

Silbo Zapatista. Estado Español

Solidaridad Directa Chiapas. Suiza

Tatawelo. Italia

Terra Insumisa Alcamo / Sicilia Sud Globale. Sicilia, Italia

TxiapasEKIN. País Vasco

Union Syndicale Solidaires

USI 1912 Italia e Usicons aps Italia

Y Retiemble. Madrid, Estado Español

Ya Basta Bolonia. Italia

Ya Basta Milano. Italia

Ya-Basta-Netz, Alemania

Quienes seguimos caminando abajo y a la izquierda, firmantes de la Declaración por la Vida, hacemos nuestra la palabra que los pueblos, comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena en Chiapas dieron a conocer el 13 de julio del 2026. Para nosotras representa una responsabilidad y llamado por defender la vida frente a la guerra que el capitalismo neoliberal salvaje impone en los territorios.

Con fuerza y dignidad hacemos resonar estas palabras en común con la exigencia urgente que hoy nos convoca a toda la Sexta y Firmantes de la Declaración por la vida: el pasado 17 de julio, Jesús Plácido Galindo, vocero del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) e integrante de la Comisión de Coordinación del CNI, fue detenido en un retén y base militar por un operativo del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal. Esto representa una coartada para castigar a un defensor del territorio y la vida. Exigimos su presentación con vida y su libertad inmediata e incondicional.

La detención del compañero Jesús Plácido Galindo y las agresiones en Chiapas son la misma guerra contra los pueblos originarios.

En el ejido Jotolá, municipio de Chilón, ocho familias cumplen seis meses de desplazamiento forzado. Un operativo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria, la Policía Estatal Preventiva y autoridades ejidales destruyó sus viviendas, dejó detenidas a dos personas. Hoy esas familias siguen fuera de su tierra y arrastran una causa penal por presunto despojo agravado, mientras han sostenido en todo momento su disposición al diálogo. Francisco Moreno permanece preso y María de Jesús Sánchez debe presentarse a firmar como condición de un proceso armado para castigar a quien defiende su territorio. El Estado responde con cárcel y criminalización a quienes solo piden volver a su territorio.

En el Mercado Público Tradicional “Samir Flores Soberanes”, en Ocosingo, 39 locatarias y locatarios integrantes del CNI enfrentan despojo de sus locales, bloqueo de accesos, bardas que impiden la entrada y retiro de sus productos. La omisión de las autoridades municipales y estatales sostiene ese despojo y recae con más peso sobre las mujeres, que ven cerrarse el acceso al trabajo autogestivo, la salud integral, la alimentación y la vivienda.

Las supercarreteras San Cristóbal–Palenque y San Cristóbal–Teopisca son la manera de seguir dañando a la Madre Tierra. En San Francisco, municipio de Teopisca, el trazo Teopisca–San Cristóbal amenaza a catorce comunidades y a las montañas que resguardan sus sitios sagrados, sus manantiales y su fauna. En Agua Clara, la autopista San Cristóbal–Palenque suma la presión de desalojar a quienes habitan y trabajan esa tierra desde hace más de diez años. En ninguno de los dos casos hubo consulta libre, previa, informada y de buena fe: se violan el Convenio 169 de la OIT y el artículo 2° constitucional en nombre de un “progreso-desarrollo” que ninguna comunidad pidió. Estas obras traen exterminio de la vida y la dignidad. El despojo es la manera de traer la guerra. La forma en que el capital y el Estado hacen la guerra contra los pueblos originarios y contra la vida que sostiene la gran Madre Tierra.

En Agua Clara, municipio de Salto de Agua, las familias del CNI enfrentan además amenazas y hostigamiento crecientes por la posesión de la tierra que trabajan, con agresiones que alcanzan incluso a sus animales. Rechazamos todo intento de desplazarlas o expulsarlas de su comunidad.

Hoy el rostro de la hidra capitalista se sigue presentando con el despojo hecho política de Estado, la super- carretera como punta de lanza de destrucción de la Madre Tierra y los pueblos, la criminalización como castigo a quien resiste. Contra esa guerra, los pueblos responden con dignidad y sus autonomías y nosotras, nosotros ponemos nuestra solidaridad.

Por eso exigimos:

La presentación con vida y la libertad inmediata e incondicional de Jesús Plácido Galindo, vocero del CIPOG-EZ e integrante de la Comisión de Coordinación del CNI, y el cese de la criminalización en su contra.

La libertad inmediata y sin condiciones de Francisco Moreno y María de Jesús Sánchez, y la cancelación de todas las órdenes de aprehensión contra los compañeros y compañeras del CNI de Jotolá.

El retorno seguro de las ocho familias desplazadas de Jotolá a su territorio y el cese de la causa penal en su contra.

La restitución inmediata e incondicional de sus locales a las 39 locatarias y locatarios del Mercado Público Tradicional “Samir Flores Soberanes” de Ocosingo.

La suspensión definitiva de las supercarreteras San Cristóbal–Palenque y San Cristóbal–Teopisca, y el respeto pleno a la decisión de las comunidades sobre su territorio.

El cese del desplazamiento, las amenazas y el hostigamiento contra las familias del CNI de Agua Clara, municipio de Salto de Agua.

El respeto pleno a la autonomía y la libre determinación de los pueblos del CNI, por una vida con dignidad y tranquilidad en sus territorios.

Llamamos a la sociedad civil nacional e internacional, a la academia crítica, a los medios libres y a las redes de resistencias y rebeldías a mantenerse atentas y a solidarizarse con acciones políticas y sociales en defensa de la vida y los territorios de los pueblos originarios de Chiapas. Su lucha es la nuestra.

Hoy la voz de los pueblos de Chiapas se junta con la de Guerrero. Mientras Jesús Plácido Galindo y Francisco Moreno sigan privados de la libertad, ninguna dignidad organizada esta a salvo sino bajo amenaza constante. Su libertad es la de todos los pueblos que defienden la vida.

¡Libertad inmediata para Jesús Plácido Galindo! Libertad Inmediata para Francisco Moreno.

Contra el despojo y la criminalización, la vida y el territorio.

Nunca más la muerte, Sí a la Vida y las Autonomías

Centro cultural La Enredadera

Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de Las Casas

Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión

Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ.

El día de ayer 22 de julio del 2026 fue asesinado Valentin Lavin, presidente Municipal de Temoac. Valentín ejercía su segunda administración en este municipio. En 2019, durante su primera administración, nuestro compañero Samir Flores, fue asesinado en Amilcingo. Valentín Lavin desde el inicio fue considerado como uno de los probables responsables de su asesinato, pero nunca fue llamado a declarar.

Con un historial “dudoso” por la relación directa con la célula del crimen organizado Los Aparicio, comandada por su suegra Angelina “N”, que fue tesorera del gobierno de Temoac durante la administración del 2021- 2023 y detenida el año pasado acusada de extorsión, secuestro, narcotráfico, homicidio y crimen organizado. Esta familia, luego del asesinato de Samir, ha mantenido el control en el municipio durante casi 9 años a través de instaurar una ola de violencia, extorsión y terror a la población.

Desde el Frente de Pueblos hemos exigido durante años que se investigue tanto a Angelina “N” como Valentin por el asesinato de Samir. Exigencia que ha sido ignorada por las Fiscalías tanto Federal como Estatal. Actualmente ya no se podrá interrogar a Valentín, porque lo han silenciado. Valentín tenía información y responsabilidad sobre los asesinatos políticos de Samir Flores y Sandra Camacho, ahora no podrá decir nada, sumándose como el tercer asesinado vinculado en las investigaciones sobre el homicidio de nuestro hermano Samir. Un homicidio que vincula a Hugo Erik Flores quien amenazó a Valentín con cárcel por estar involucrado en el asesinato de Samir, quien fue señalado por el crimen organizado junto a Cuauhtémoc Blanco de no amenazar a presidentes municipales y cumplir acuerdos o dirían cómo fue el asesinato de Samir. Hugo Erik Flores el enviado de López Obrador para imponer el Proyecto Integral Morelos en el estado.

Desde el mes de mayo se impulsó en Morelos el operativo “Enjambre” encabezado por el Fiscal de la República Omar García Harfush, en el que se detuvieron a varios presidentes y expresidentes municipales del Oriente de Morelos, extrañamente Valentín no fue detenido, a pesar de contar con varias investigaciones contra él y gritarse en varias ocasiones a los cuatro vientos que el sería el siguiente en ser detenido. Pero no fue detenido, fue asesinado en el Palacio de Gobierno de Temoac, a plena luz del día, en un acto de extrema precisión e impunidad, en un día donde extrañamente los retenes que comúnmente están en el Oriente de Morelos, no estaban, a escasos 5 minutos del recién inaugurado Cuartel de la Guardia Nacional en Jantetelco que solo se erige como testigo de ola de violencia y asesinatos que continúa en el Oriente de Morelos.

Valentín no es una víctima, era parte de la cadena de mando del control de este Narcoestado, que ocupa las presidencias municipales para ejercer el terror en la población como sucede con el caso de Los Ardillos en Guerrero y el injusto encarcelamiento de nuestro compañero Jesús Plácido Galindo. El crimen organizando gobernando municipios en todo el país, mientras que a las personas defensoras se les persigue, encarcela y asesina¿Por qué no fue detenido Valentín antes? ¿Por qué se le permitió regresar al municipio a pesar de las investigaciones en curso? ¿es más fácil asesinar para silenciar?

La omisión y tortuguismo con que la Fiscalía estatal y federal actúa sobre el asesinato de nuestro compañero Samir es acompañada del asesinato de testigos y posibles responsables, previamente ya habíamos advertido que, de continuar este tortuguismo y omisión continuarían los asesinatos contra quienes pueden saber “Quien mando a matar a Samir, pero no lo dicen por miedo”, como en su momento declaró Cuauhtémoc Blanco en una actitud de franco cinismo e impunidad.

Reiteramos nuestra exigencia y urgimos que se investigue y se llame a declarar a Angelina “N” con relación al asesinato de Samir Flores, antes de que le suceda lo mismo que a su yerno. Exigimos que se desmantele la célula criminal de Los Aparicio y que termine el contexto de terror que se vive en el Oriente de Morelos. La militarización, construcción de cuarteles y operativos llamativos no están solucionado esta violencia y el control del crimen organizado, aunque lo declare la Gobernadora, porque es la expresión de esta guerra que estamos viviendo los pueblos por este Narcoestado y sus marionetas de la clase política criminal.

¡JUSTICIA PARA SAMIR!

¡LIBERTAD PARA JESUS PLACIDO GALINDO!

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL AGUA, MORELOS, PUEBLA Y TLAXCALA

La CNDH se apartó de los principios de proteger y estar de lado de las víctimas, para estar de lado de los responsables de un caso tan doloroso coma la desaparición de nuestros hijos.

La actuación de la CNDH representa un retroceso grave.

En resumen, mientras la CNDH defiende su informe basándose en una supuesta estricta sujeción a las pruebas materiales y desmiente cualquier complicidad, los familiares y colectivos perciben su actuación como un aval institucional que minimiza la tragedia, restaura versiones exculpatorias del Estado y abandona el mandato histórico de estar incondicionalmente del lado de los agraviados.

organismo argumentan que este ha perdido eficacia como contrapeso del Estado, limitándose a gestiones burocráticas y generando una percepción de abandono institucional. A esto se suman polémicas recurrentes en medios e investigaciones públicas sobre las percepciones salariales de mandos superiores y denuncias internas de presbadiscos y malos manejos administrativos.

¡ El papel de la CNDH en nuestro país es obsoleto e incongruente!

¡ Hasta encontrar a todos!

Aquí el posicionamientos de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa:

Ayotzinapa, Guerrero, 26 de julio del 2026, A las organizaciones sociales, civiles, colectivos, sindicatos y a las personas que nos han acompañado durante más de 11 años en este largo caminar por la exigencia de la presentación con vida de nuestros hijos, reciban un fraterno y combativo saludo de los padres y madres de los 43.

A dos meses de cumplir 12 años desde que nos arrebataron a nuestros hijos, seguimos luchando como desde el primer día en este camino tormentoso, salimos a las calles a gritar los nombres de nuestros hijos para que el gobierno sepa que los seguiremos buscando hasta encontrarlos.

En cambio, las autoridades siguen apostándole al desgaste y cansancio de cada uno de las madres y padres para dejar de luchar por nuestros hijos. El pasado 7 de julio de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer un recurso de revisión, supuestamente extraordinario, pero que en las leyes no existe, de una sentencia que fue emitida desde el año 2018 por un Tribunal de Tamaulipas, alargando así el proceso de justicia y el dolor de las madres y padres que solo buscamos el paradero de nuestros seres queridos.

En esa misma semana, el 9 de julio del 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió una recomendación sobre la desaparición de nuestros hijos, por lo que desde este espacio nos pronunciamos de manera clara y contundente para decirles que rechazamos totalmente esa recomendación, porque está fuera de lugar y por no contener la verdad.

Los padres y madres de los 43 sólo nos reunimos con esa institución en dos ocasiones, la primera en marzo del 2021 y la segunda el día 25 de marzo del 2022. En esta última reunión, la CNDH firmó un documento en el que se establecieron cinco acuerdos concretos. El primer acuerdo fue que iniciaría una investigación a la SEDENA y a la obstaculización a los trabajos del GIEI. Segundo, que iniciaría una investigación a la FGR respecto del asesinato de “El Caderas”. Tercero, que iniciaría una investigación a diversas autoridades de FRG y otras, respecto del proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio. Cuarto, que iniciaría la solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la petición de jurisdicción homologada hecha por los padres, y quinto, seguimiento del informe del GIEI para impulsar sus recomendaciones.

De los acuerdos comprometidos con la CNDH, ninguno los cumplió. Por el contario, solo se dedicó a resaltar la protección al ejército y decir que ellos no tuvieron nada que ver en la desaparición de nuestros hijos. También pretenden descalificar todo el trabajo realizado por el GIEI, los organismos internacionales y a las organizaciones que nos han acompañado durante más de once años en nuestra lucha. Pero le decimos a la CNDH, que no se puede echar abajo todo el trabajo realizado por los expertos que nos han acompañado para buscar la verdad y justicia.

La CNDH también pretende regresar a la versión del gobierno del PRI del 2014, al minimizar el caso Ayotzinapa como un hecho local con la participación de solo policías municipales con la delincuencia organizada, quitando totalmente la responsabilidad del ejército mexicano y de la Marina, por todo ello, es que rechazamos totalmente la recomendación, porque lejos de ayudarnos a que avancen las investigaciones y nos acerque al paradero de nuestros hijos, nos aleja más y nos regresa a la verdad histórica.

La CNDH se apartó de los principios de proteger y estar de lado de las víctimas, para estar de lado de los responsables de un caso tan doloroso como la desaparición de nuestros hijos.

Atentamente
Padres y madres de los 43

¡Porque vivos se los llevaron,
Vivos los queremos!

📢 Chiapas, la paz pendiente
📖 Informe 2025 del Grupo de Trabajo Región Frontera

👉🏽 El presente informe documenta la situación de derechos humanos en la Región Sierra-Frontera de Chiapas durante el periodo comprendido entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, coincidiendo con el primer año de la administración estatal encabezada por Eduardo Ramírez Aguilar y la implementación de una nueva estrategia de seguridad presentada públicamente como un proceso de pacificación.

👉🏽 La investigación, realizada por el Grupo de Trabajo Región Frontera (GTRF), da continuidad al informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, publicado en enero de 2024. A partir de testimonios de habitantes de la región, entrevistas con personas expertas, información oficial y documentación de organizaciones de derechos humanos, este informe analiza tres fenómenos estrechamente vinculados: la desaparición forzada de personas, el desplazamiento forzado interno y los impactos de la estrategia de seguridad implementada por el Estado.

🔗 Consulta el informe y el sitio web aquí: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/

#ChiapasLaPazPendiente #RegionFrontera #DesaparicionForzada #DesplazamientoForzado

21 de julio del 2026

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

-AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

-A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

-A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA

-AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

-A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS

-A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO

-A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO.

El día 20 de julio, en el puente de Marquelia, los pueblos en resistencia se levantaron con dignidad para exigir justicia y la liberación de Jesús Plácido Galindo. Aclaramos que el bloqueo no fue encabezado por Enedina Galindo, sino por comunidades y pueblos organizados que, como siempre, caminan con la fuerza de la tierra y la memoria, defendiendo su derecho a existir con justicia y verdad. Enedina forma parte de esas comunidades, y su presencia no responde a un liderazgo individual, porque aquí no existen líderes, sino pensamientos colectivos. La lucha no pertenece a una sola persona, sino al pueblo entero que se reconoce en la palabra compartida y en la acción común. Ella participa como integrante de los pueblos que forman parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), y desde ahí se suma a la resistencia colectiva que articula dignidades en todo el país.

Ese mismo día, fueron detenidos tres funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Las comunidades, fieles a sus principios, los trataron con honra y respeto, porque los pueblos que han caminado a otro mundo no necesitan repetir los viejos patrones del Estado. La dignidad indígena se expresa en el trato humano, incluso hacia quienes representan a un gobierno que históricamente ha negado nuestros derechos.

Denunciamos que Francisco Rodríguez Sisnero acusó falsamente a Enedina Galindo de haber golpeado a los funcionarios. Esa acusación es mentira, carece de fundamento y busca dividir y personalizar una lucha que es del pueblo entero. En ningún momento se les dio mal trato; todo lo contrario, fueron respetados como seres humanos, porque nuestra lucha se forja en la dignidad y no en la violencia. No se vale que desde un escritorio, sin haber estado en el lugar de los hechos, se hagan señalamientos sin fundamento que buscan criminalizar y deslegitimar la voz de los pueblos.

Hoy reiteramos con firmeza: exigimos la liberación inmediata de Jesús Plácido Galindo, a quien el Estado le fabricó un delito. La criminalización de nuestros compañeros es una estrategia vieja del poder para intentar quebrar la fuerza de los pueblos, pero no lo lograrán. La memoria de nuestros abuelos y abuelas, que resistieron desde la invasión, nos recuerda que la verdad está de nuestro lado.

La movilización en Marquelia fue un acto de memoria viva: los pueblos que han resistido desde hace siglos, que han cuidado la tierra, la palabra y la comunidad, se levantaron una vez más para recordarle al Estado que la dignidad no se negocia. No se trata de nombres individuales, sino de la fuerza colectiva que sigue caminando, que sigue soñando, que sigue luchando por un mundo distinto.

Los pueblos que caminaron ese día en Marquelia lo hicieron con la certeza de que su lucha no es aislada, sino parte de una larga historia de resistencia indígena. Somos herederos de quienes defendieron la tierra contra el despojo, de quienes levantaron la voz contra la injusticia, de quienes nunca aceptaron ser silenciados. Nuestra palabra es semilla, nuestra acción es raíz, y nuestra dignidad es el fruto de siglos de resistencia.

Atentamente

Autoridades comunitarias: Región Costa-Montaña, Costa-Chica, Montaña Alta y Montaña Baja.

Por la restitución del derechos colectivos

Nunca más un México sin nosotros

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena -Concejo Indígena de Gobierno

A los pueblos que luchan y resisten en las comunidades originarias de Puebla.

A todos aquellos que vemos al ejemplo zapatista el camino donde podemos caminar juntos

A la sexta nacional e internacional

A la Europa Insumisa

HECHOS

El día de hoy, 22 de julio del 2026 llegó un grupo de más de 100 personas con actitud violenta identificados varios de ellos con apariencias de policías vestidos de civiles, con armas blancas, además de palos, a las inmediaciones del Poder Judicial de la Federación en Puebla, lugar donde se llevó a cabo la audiencia de los compañeros Renato Romero y Pascual Bermúdez criminalizados por defender el agua del pueblo de Xoxtla. Este grupo fue llevado por la patrulla de la policía estatal número 2148, claramente coordinados para amedrentar a los compañeros Renato y Pascual así como a los pueblos que les acompañan exigiendo libertad absoluta.

Las personas presentes amenazan a los compañeros y presionan para que salgan, portan pancartas con mensajes contra Renato Romero y a favor de los proyectos de muerte del gobierno estatal y federal, portan todos gorras blancas, lo cual es indicio claro de ser un grupo de choque enviado por el Estado para amedrentar a los compañeros.

ANTECEDENTES

Los antecedente de amenazas, acoso represión, y criminalizacion en contra de los pueblos empieza por las personas que son comprometidos y con voz firme en contra de la destrucción de la naturaleza y por tanto en contra de la destrucción de la vida.

    En la comunidad de San José Chiapa, donde pretenden imponer un mega basurero, mal llamado polo de desarrollo hay presencia contínua de policía y equipo táctico con tanquetas para amedrentar a la población que se organiza en contra de dicho proyecto de muerte.

    En la ciudad de Puebla, un grupo de golpeadores atacaron a manifestantes que se organizan en contra del cablebús, medios de comunicación alineados al gobierno difamaron a Renato Romero como dirigente de dicho grupo.

La violencia contra los pueblos y la guerra de exterminio se recrudece y se diversifica, los grupos de choque son parte de las estrategias para detener la lucha en defensa del agua, la vida y el territorio.

Cómo Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio hemos denunciado las mecánicas de guerra en dónde los programas sociales son la moneda de cambio para capacitar, formar y movilizar grupos paramilitares violentos muchas veces armados en diferentes territorios como Querétaro, Guerrero, Puebla, Xochimilco. Son movilizados para simular asambleas amañadas que avalen megaproyectos de muerte, también son movilizados para trasgredir el derecho legítimo a la protesta como son los halconazos, ahora son movilizados para amenazar la integridad física de nuestros compañeros Pascual y Renato.

EXIGIMOS

El cierte total de los procesos judiciales fabricados en contra de Renato Romero y Pascual Bermúdez defensores del agua en Xoxtla y San José Chiapa.

Exigimos garantías de seguridad de nuestros compañeros, quienes se encuentran en un grave riesgo a su integridad física por la presencia del grupo de choque con más de 100 personas en la audiencia que criminaliza su labor en la defensa territorial.

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado mexicano:

Alejandro Armenta Mier gobernador del estado de Puebla por la intimidación , acoso, hostigamiento permanente criminalizacion y movilizacion de grupos de chique para violentar la integridad física, psicológica y labor de nuestos compañeros.

 Al Sistema de injusticia de Puebla (Poder Judicial de la Federación en Puebla) que ejecuta crímenes de Estado en contra de defensores del agua de pueblos originarios y adultos mayores, para favorecer la imposición de megaproyectos de muerte, la contaminación, sobreexplotacion , despojo y saqueo del agua en Xoxtla. Con todo un aparato de Estado.

A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por pretender imponer proyectos altamente lucrativos a costa de la vida y la salud de poblaciones enteras, como lo es el mal llamado polo de desarrollo en San José Chiapa. El lucro con la muerte de nuestros pueblos es ya la estrategia política del presente gobierno.

LLAMAMOS

A los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos a estar atentos y pronunciarse en contra de estos actos violentos en contra de quienes defienden la vida.

Hoy la guerra de exterminio se recrudece de manera importante, la violencia armada , psicológica y criminal se generaliza en nuestros pueblos, hoy el llamado es a mantenernos unidos a seguir organizandonos, a seguir convirtiendo la digna rabia en digna acción y enfrentar este sistema de muerte con movilización , con la palabra para que no nos encarcelen, nos violenten, amenazen, despojen, desaparezcan, torturen y/o asesinen.

¡Zapata vive, la lucha sigue!

¡El agua es de Xoxtla y se queda en Xoxtla!

¡NO AL MEGABASURERO EN SAN JOSÉ CHIAPA!

¡ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA QUIENES DEFIENDEN LA VIDA!

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

EL AGUA ES EL COMÚN DE NUESTROS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

«Nos sumamos a la exigencia de liberación inmediata e incondicional del compañero, exigimos que cese la persecución contra las comunidades del CIPOG-EZ»

Mensaje de solidaridad de la comunidad indigena Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán ante la injusta detención y fabricación de delitos en contra del compañero Jesús Plácido Galindo #LibertadInmediataparaJesusPlacidohttps://t.co/whbNm0goQQ pic.twitter.com/xz7nWp1OMr

— CNI México (@CNI_Mexico) July 23, 2026

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Por Santiago Navarro F | Avispa Midia

^{En portada: Integrantes del pueblo Yaqui, en Sonora, han resistido al avance de un gasoducto que consideran de alto riesgo para su comunidad. Febrero, 2019. Foto: Santiago Navarro F}

Este año 2026 el gobierno federal presume una inversión acumulada de más de 55 mil millones de pesos destinados a 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional para resarcir una demanda histórica de reparación del Estado mexicano frente al despojo, la discriminación estructural y la exclusión social que han sufrido los pueblos indígenas del país. Por otro lado, se avanza con 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estas acciones están enmarcadas en lo que compete al artículo 2 de la Constitución mexicana, el cual coloca al Estado como responsable de impulsar el desarrollo para estas comunidades, bajo el reconocimiento de “Sujetos de derecho político” y garantizando “su participación directa en la toma de decisiones en el ejercicio de la libre determinación y autonomía”.

Son cinco nuevos Planes de Justicia y Desarrollo Regional que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa para atender la demanda de los pueblos indígenas y afromexicanos, en relación a sus tierras, territorios, agua, lengua, cultura, gobierno tradicional y bienestar común. Estos nuevos planes se suman a los que ya había encaminado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sumando 21 planes que actualmente se encuentran vigentes. En total se han invertido aproximadamente 55 mil millones de pesos, principalmente a caminos artesanales y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) que son recursos directos destinados a las asambleas de los pueblos.

Entre los cinco nuevos planes de Sheinbaum están: El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha; Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del Oriente de Michoacán; Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y el Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero.

Para Mayvelin Flores Villagómez, investigadora y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos Planes de Justicia buscan responder a la demanda histórica de los pueblos, a través de pavimentación de caminos, la creación de escuelas y resolución de linderos, pero políticamente “responden a una estrategia y a un fin, que es retomar la presencia del Estado como un ente mediador y negociador entre los pueblos. Algo que ya estaba agotado hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues el Estado era muy mal visto -por los pueblos-”, señala.

Mientras tanto, el INPI, en su comunicado 20/26, puntualiza que estos Planes representan un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2° constitucional. Además se puntualiza que desarrollan bajo un enfoque integral, participativo e intercultural, colocando a las comunidades, sus asambleas y sus formas propias de organización en el centro.

A esta estrategia “hay que agregar otro frente, que son las reformas en materia de derecho indígena y por supuesto, de la tierra”, arremete la investigadora de la UNAM. “Con estas reformas lo que buscan es que el Estado sea quien determine quién es y quien no es indígena, en términos de sujeto de derecho. Es decir, los pueblos dependen del reconocimiento del Estado. Si tú no estás reconocido como pueblo indígena a través del Estado, no puedes interponer recursos legales para ampararte ante cualquier tipo de megaproyecto”, abunda la profesora Flores.

(Continuar leyendo…)

• La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer cuatro revisiones extraordinarias promovidas por autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto para impugnar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito que ordenó la creación de la “Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala” en 2018.
• La Suprema Corte ejerció su facultad de atracción, abriendo la posibilidad de revisar los efectos de una resolución definitiva, poniendo en tensión el principio de cosa juzgada.
• Lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, la atracción implica un nuevo retraso para el cumplimiento de una sentencia firme que reconoció la necesidad de contar con una investigación autónoma y con la participación activa de las víctimas.

Ciudad de México, 7 de julio de 2026. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 331/2026, respecto de cuatro amparos en revisión extraordinarios promovidos contra la sentencia emitida en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en los amparos en revisión 203/2017 y otros, abriendo así la posibilidad de revisar los efectos de una sentencia definitiva, lo que contraviene el principio de seguridad jurídica.

La sentencia de 2018 constituye uno de los precedentes judiciales nacionales más relevantes del caso. Cabe recordar que el 4 de junio de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa ante las graves irregularidades detectadas, ordenando la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala (Comisión de Investigación), como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva.

Entre otros aspectos, el fallo concluyó que la investigación que condujo a la llamada “verdad histórica” —la versión de que los jóvenes habrían sido privados de la vida y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula— había estado afectada por violaciones graves a derechos humanos, incluida la práctica de tortura. El fallo también destacó que no se exploraron otras líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército, ni se investigó adecuadamente la tortura denunciada; por el contrario, se privilegió el uso de pruebas que apoyaban la mencionada versión oficial.

Los juicios de amparo de los que deriva la resolución fueron directamente iniciados por los acusados. Los padres y las madres de familia de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Por el contrario, uno de los efectos del amparo es que las familias de los estudiantes desaparecidos sean reconocidas como víctimas indirectas en los mismos, razón por la cual son parte ante los recursos atraídos el día de hoy.

Lejos de dar cumplimiento a la sentencia, después de su publicación, diversas autoridades de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovieron revisiones extraordinarias con el argumento de que debieronhaber sido llamadas al juicio. Aunque esos recursos fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes de trámite durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.

En 2026, la actual Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer las cuatro revisiones extraordinarias, al argumentar que era necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir la sentencia, al considerar que existía una imposibilidad para crear la Comisión para la Investigación y la Verdad, sosteniendo esencialmente los mismos argumentos presentados por la administración del Presidente Peña Nieto y que mantuvo el Presidente López Obrador en su momento.

Lamentablemente, en sesión del Pleno y sin una discusión sobre las implicaciones, la Suprema Corte determinó por unanimidad atraer estos recursos extraordinarios. Previo a la votación, la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de conocer del asunto en tanto la investigación penal relacionada con el caso, depende de una Unidad Especial a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la que fue titular.

Esta decisión permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la versión de la llamada “verdad histórica” en sede judicial nacional, sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas.

Adicionalmente, más allá de este caso, la decisión de atraer estos asuntos plantea serios cuestionamientos en materia de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues permite revisar una sentencia definitiva dictada hace ocho años. Esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo y, en los hechos, implica una revisión de una sentencia firme emitida en un amparo en revisión. Ello genera incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilita la certeza que deben brindar las sentencias definitivas.

A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso continúa sin ser plenamente esclarecido. En ese contexto, la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso, a la vez que los obstáculos identificados en la investigación persisten, como la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar la información de inteligencia faltante y los pendientes en las extradiciones prioritarias, en particular la del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.