Las crisis sociales, ambientales y climáticas de nuestro tiempo se han venido agudizando con las guerras por el control de territorios y de sus recursos energéticos y minerales. Ante esta situación la defensa de los territorios del mundo, y en especial de los territorios indígenas, se vuelve una responsabilidad global.

El papel ecológico que juegan los territorios indígenas es fundamental para el equilibrio planetario y por lo tanto son ecosistemas clave para disminuir los impactos de los cambios globales, incluida la emergencia climática. Entre otras muchas funciones, son grandes reservorios de agua y permiten fijar cantidades de CO2 muy superiores a las de otros lugares.

En definitiva, evitar la destrucción de las regiones más biodiversas del planeta es esencial para que la humanidad pueda aspirar a una vida futura.

El derecho de las diversas formas de existencia y la libre determinación de los pueblos que habitan y cuidan estos territorios desde hace miles de años no es negociable. No podemos permitir que las ansias de enriquecimiento de una minoría privilegiada y las demandas excesivas de energía y materiales de la sociedad industrial sirvan de excusa para acabar con un patrimonio tan valioso. El agotamiento de los recursos no se soluciona extrayendo y destruyendo más hasta esquilmar todo el planeta. Los límites biofísicos alcanzados exigen que replanteemos radicalmente este sistema de producción basado en la explotación, el desprecio y el despojo.

Hoy, en el sur de México, entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, la región del Istmo de Tehuantepec (en los estados de Oaxaca y Veracruz) se está convirtiendo en una zona de sacrificio. La relevancia geopolítica de la región alimenta el deseo de los gobiernos por reconfigurar ampliamente el territorio adaptándolo a las exigencias del capital nacional y transnacional. En sus más de 36,000 km2 donde ya existen dos refinerías, ductos de hidrocarburos, complejos petroquímicos y 29 parques eólicos, actualmente se multiplican las amenazas con una nueva oleada de megaproyectos de hidrógeno verde, solares y eólicos, así como minería, proyectos industriales y corredores infraestructurales de carácter extractivista. Estas actividades generarían profundos impactos ambientales en un lugar fundamental para la biodiversidad del planeta, alterando ecosistemas enteros y violentando la tenencia comunal de la tierra de los milenarios pueblos Binnizá (zapotecas), Ayuuk (mixes), Angpøn (zoques), Ikoots (huaves), Chinantecas y Chontales que ahí habitan.

El corredor interoceánico del istmo de Tehuantepec es el proyecto que desde 2018 implementa y agiliza el desarrollo estratégico y coherente de las infraestructuras existentes y por venir. Por un lado, se trata de industrializar, por el otro de intensificar los flujos (recursos y mercancías). En estos momentos dos grandes proyectos de inversión transnacional responden a estas dos exigencias, representando una grave amenaza para los ecosistemas y los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec: uno de ellos es la planta para la producción de hidrógeno y amoniaco verde (y el conjunto de proyectos eólicos y fotovoltaicos asociados), que impulsa la empresa Helax Istmo, filial del fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) en la planicie del istmo oaxaqueño y el otro es el gasoducto Puerta del Sureste y sus ramales que viene construyendo TC Energy, empresa canadiense en el golfo de México en la parte norte del istmo.

Observamos que la convergencia de los intereses de una nueva clase política y de élites económicas transnacionales, incluso vistiéndose de verde y de progreso, reproduce y profundiza el despojo. Por ello miramos con particular atención y esperanza a quienes están abajo, defendiendo un territorio con formas de vida propias, y resistiendo a su transformación que impone formas de vida ajenas. Atendiendo a esta realidad local y global, expresamos nuestra solidaridad internacional con la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec, acuerpamos el posicionamiento de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, del Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio y de todas las organizaciones y comunidades que han resistido al despojo de sus tierras, porque defender un territorio es dar un paso más en la defensa de la vida.

¡NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE!

Primeras firmantes:

1. Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio
2. GeoComunes
3. Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua Oaxaca (OCCAMA)
4. El Centro de Investigación Colaborativa para la Resiliencia (CRCR)
5. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
6. CECACI Juntos en el Camino, Zanatepec, Oaxaca
7. Preparatoria Comunitaria José Martí
8. Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C.
9. Observatorio Comunitario al Cuidado de los Bienes Comunes del Istmo de Tehuantepec
10. Tequio Jurídico A.C
11. Foro Oaxaqueño del Agua
12. Mujeres Defensoras de la Madre Tierra las Meñas, Ixtepec
13. Centro Promotor de Tecnologías Alternativas Bibaani A.C.
14. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño (CAMPO)
15. Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA
16. Rizoma Entreteniendo la Defensa de los Bienes Comunes A.C
17. Otros Mundos Chiapas
18. Bios Iguana A.C., Colima
19. Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» (FPDS), Chiapas
20. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C.
21. Centro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño
22. Proceso de articulación de la sierra de santa marta
23. Asamblea General de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera
24. Asamblea General de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul
25. Asamblea General del Aguaje de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués
26. Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)
27. Centro de Documentación Regional El Istmo que Queremos
28. Escuela Textil de Ixtaltepec Ra ridiibá
29. Radio comunitaria Zacatepec.
30. Red de mujeres lesbianas, nguiu’ y personas sexodisidentes del Istmo de Tehuantepec.
31. Grupo de Reflexión y Autoformación en Transiciones Ecosociales (Grate), Argentina.
32. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, AC.
33. Betyren Lagunak!, Euskal Herria (País Vasco)
34. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
35. Engenera AC
36. Naciones MX
37. Iniciativa Internacionalista Espejos del Sur Global | Mirrors of Global South
38. Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Argentina
39. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA (Chile)
40. Radio Nanj nï’ïn, Chicahuaxtla Putla Oaxaca.
41. Tierra Nuestra
42. Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización/CLACSO
43. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
44. Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca A.C.
45. Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)
46. Región Autónoma Inmaterial Zoocialista (RAÍZ)
47. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile.
48. Colectivo LGBT+ en Alerta Nacional (México).
49. Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla
50. Fundar Centro de Análisis e Investigación
51. Yunhiz Espacio Alternativa
52. Universidad comunal de Matias Romero.
53. Colectivo ëjts tiks ats San Juan guichicovi
54. Maderas del Pueblo del Sureste A.C
55. Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas
56. Movimiento El Istmo es Nuestro
57. Mexicali Resiste,
58. Colectivo Mujeres Tierra.
59. Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX
60. UPREZ Benito Juárez
61. Café “Zapata Vive”
62. MAREA, A.C. – Mar y Educación Ambiental
63. Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero y en defensa del agua de la región Cholulteca y de los volcanes.
64. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.
65. Movimiento Agrario Indígena Zapatista
66. Colectiva Zurciendo el planeta
67. Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um
68. Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán
69. Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán
70. Kolectivo Gráfika,La Bestia Grafika
71. Empalabrando ,colectivo de la palabra viva, Querétaro
72. Reentramados para la vida, defendiendo territorios
73. Geo-Grafías Comunitarias
74. Grupo de Trabajo Ecologías Políticas desde el Sur Abya-Yala de CLACSO
75. Colectivo ViDAS
76. Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (GIIEP-UACM).
77. Red Futuros Indígenas
78. Red Psicología Liberación y Pensamiento Nuestroamericano
79. Colectivo de Historia Pública de los pueblos mayas, K’ajlay
80. ONG Sustentarse – Chile
81. Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA
82. IDEAS Comunitarias,  A. C.
83. CORAL, A.C.
84. Servicios del Pueblo Mixe A.C.
85. Colectivo Solidaridad Directa, Suiza
86. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC.
87. Asociación Ecologica Santo Tomás, A.C.
88. Asociación Francia América Latina (Francia)
89. Associació Action and Research for Environmental Justice (Catalunya, España)
90. Atlas Global de Justícia Ambiental (EJAtlas)
91. Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite), región sacun palma municipio de chilón Chiapas
92. Mexicogruppen del Foro Internacional (Dinamarca)
93. Paysandú soberano UPM 2 NO. (Urugay)
94. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A. C. (DESMI)
95. Nosotras y el Mar
96. Tejiendo Redes Infancia#SalvemosLaVida
97. Fundación Acue, Puerto Natales (Magallanes,Chile)
98. Asamblea Popular por el Agua (Mendoza, Argentina)
99. Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro
100. Movimiento Agroecologico Nacional Q’anil (MANQ)
101. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental, Causa Ecologista (Entre Ríos, Argentina)
102. Artículo 39 (Oaxaca, México)
103. Cooperación Comunitaria México
104. Red de comunidades inter-ancestrales de América Latina
105. Enlace Comunicación y Capacitación A.C.
106. Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
107. CartoCrítica, A.C.
108. Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca- CUC IXTEPEC
109. Conexiones Climáticas
110. CORASON Defensa del Territorio
111. Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) Canadá.
112. Planeteando
113. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
114. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos GOBIXHA A.C. (CODIGODH).
115. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación
116. PODER)Mujeres y maíz
117. Colectivo de Académicos Sudcalifornianos A. C.
118. Acción Ecológica A.C.
119. Colectiva México Toxico
120. Fronteras Comunes, A.C.
121. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
122. Colectivo Agua es Vida – (Tacuarembò -Urugay)
123. Colectivo académico comunitario Bicheeche Diidxa. Pasa La Voz.Ecologistas en
124. Pasa La Voz
125. Ecologistas en Acción (España)
126. Bienestar Comunitario Cicacalco, Zacatecas
127. Canoas, defensa del territorio, Colima
128. Sociedad Cooperativa Chac Lol, Yucatán
129. Barrio Mapache
130. Corporate Europe Observatory (CEO)
131. Centro Calpulli A.C.
132. Colectivo Agua es Vida, Tacuarembó, Uruguay
133. Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial en Defensa de los Derechos  Humanos
134. CDI Flor y Canto A.C
135. Alas de Esperanza
136. Chac Lol Cooperativa.
137. Colectivo Ecológico Aquí NO
138. Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio (CRDBT)
139. Colectivo en Defensa del Agua, Selva y Vida del Territorio Maya
140. Colectivo VIDAS
141. Comité Fronterizo de Obreras y Obreros (CFO)
142. Comité de Sanidad Acuícola y Pesquero Veracruzano A.C (COSAP)
143. Comités de Cuenca Río Sonora
144. Conductoras por Juárez
145. Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C., CRIPX;
146. Ladies Drivers GDL
147. Mujeres de Acción y Resiliencia (MAR)
148. Red de Mujeres Sindicalistas; Sindicato Nacional de Trabajadores y trabajadoras del hogar (SINACTRAHO)
149. Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA)
150. Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua Acolhua
151. R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
152. CIELO Federación Indígena Empresarial y comunidades locales de México
153. Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C
154. Colectivo Matza, San Miguel Chimalapa, Oaxaca.

Personas

• Elisa Cruz Rueda Profesora Investigadora. Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena. Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible. Universidad Autónoma de Chiapas.
• Aida Luz López Gómez. Profesora Investigadora. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
• Flor Mercedes Rodríguez Zornoza . Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
• Scott s. Robinson, UAM-I, jubilado.
• Ramón Martínez Coria, etnólogo, presidente del consejo directivo de Foro para el Desarrollo Sustentable AC.
• Monica Montalvo Mendez, antropóloga social  y comunicadora popular
• Carla Escoffié, abogada dedicada a vivienda y ciudad (Mérida-Monterrey)
• Niltie Calderón Toledo -Docente e investigadora comunitaria. Red Psicología Liberación y Pensamiento Nuestromaericano.
• Juan Rafael Rodríguez Razgado.
• Beatriz Hernández Becerril, Técnica en Desarrollo Comunitario, Activista
• Marie-Pierre Smets, Capacitadora en derechos campesinos e indígenas, Tierra Viva
• Gabriela De Gyves Montes – Investigadora comunitaria. Fundadora del colectivo Ridi’ banu guendanazaaca
• Marcel Llavero-Pasquina, Investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona
• Raúl Angel Cruz Fiscal. Antropólogo y perito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
• Juan Carlos Sánchez-Antonio, profesor-investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO.
• Alexander Gómez Florez. Custodios de saberes ancestrales de los pueblos originarios del Abya Yala.
• José Luis Grosso, Centro Internacional de Investigación PIRKA  / Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina  / Fundación Ciudad Abierta, Cali, Colombia
• Mauricio González González, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) / Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
• Rubén Valencia Núñez, investigador social y defensor del territorio/Centro Universitario Comunal de Ciudad Ixtepec de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO)
• Luca Ferrari, Investigador del Instituto de Geociencias, UNAM. Investigador Nacional Emérito.
• Joaquín Palma Ciénega. Comunicador indígena. Blog Acción Indígena
• Nadia Marín-Guadarrama. Coordinador of Experiential Education in Internship,  University at Albany, SUNY.  Investigadora Asociada. Departamento de antropología, UAlbany.
• Inocencia Ramirez Jimenez
• Natalia Santiago. Socióloga y educadora popular y comunitaria.
• Nadxielly Martha Zharelly Lopez Pérez. Bióloga, acompañante y defensora de derechos.
• Manuel López Mateos.
• Isabel Núñez Palacios. Antropologa. Defensora del territorio/Centro Universitario Comunal de Ciudad Ixtepec de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO)
• Ana Gaitán Uribe
• Joanna Barney, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ
• Alberto Matarán Ruiz, Universidad de Granada, España.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

A los pueblos indígenas de México y del mundo

A las organizaciones sociales, colectivos, redes de solidaridad y movimientos en defensa de la vida y los territorios

A los pueblos de Europa y del mundo que luchan contra el saqueo, el colonialismo y el extractivismo

Las organizaciones y representantes de comunidades Ngiwa, Nahuas y Mixtecas abajo firmantes hacemos pública nuestra palabra para denunciar la creciente ofensiva que se cierne sobre nuestros territorios y para alertar sobre los intentos de confundir, dividir y debilitar los procesos organizativos construidos desde abajo por nuestras comunidades.

Manifestamos nuestra profunda preocupación porque la denominada Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida ha cometido un grave error político al presentar al llamado Consejo Regional de la Nación Ngiwa, Ngigua o Popoloca como supuesto representante legítimo de nuestros pueblos, ignorando las complejas realidades territoriales y las múltiples denuncias existentes sobre la actuación de algunos de sus integrantes.

Diversas comunidades y organizaciones hemos sido testigos de la cercanía que algunos de sus representantes han mantenido con actores vinculados a proyectos extractivos y mineros que han operado o intentado operar en nuestros territorios, particularmente en regiones afectadas por la extracción de manganeso, hierro, litio, tierras raras y otros minerales estratégicos. Asimismo, existen antecedentes de intervenciones y acciones orientadas a obstaculizar procesos autónomos de organización comunitaria y espacios de información sobre los impactos de la minería en la región.

Desde hace décadas hemos defendido nuestros territorios frente a los intereses de empresas mineras, hidroeléctricas, proyectos extractivos, basureros, acaparadores de agua y políticas gubernamentales que consideran nuestras tierras únicamente como mercancías y reservas de recursos para alimentar el modelo económico dominante.

Nuestra historia reciente está marcada por la resistencia.

Hemos enfrentado proyectos hidroeléctricos que amenazaban los ríos y la vida comunitaria. Hemos denunciado la imposición de concesiones mineras otorgadas sin el consentimiento de los pueblos. Hemos resistido el saqueo del agua en una región donde la crisis hídrica se profundiza cada año. Hemos luchado contra proyectos contaminantes que pretendían convertir nuestros territorios en zonas de sacrificio para beneficio de empresas privadas.

El costo de esta defensa ha sido alto.

La desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández, ocurrida en el contexto de la oposición al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, sigue siendo una herida abierta y un símbolo de la violencia que enfrentan quienes defienden la tierra y el territorio en México.

A pesar de las amenazas, la criminalización y la violencia, nuestros pueblos no han renunciado a la organización. Durante más de una década hemos impulsado foros, encuentros, asambleas y procesos de articulación entre comunidades de Puebla y Oaxaca para intercambiar información, fortalecer la conciencia colectiva y construir estrategias comunes frente al avance del extractivismo.

Gracias a estos esfuerzos, comunidades de distintas regiones han podido identificar los riesgos de los proyectos mineros, denunciar irregularidades y fortalecer mecanismos de defensa territorial.

Sin embargo, hoy enfrentamos una nueva amenaza.

No sólo debemos confrontar a las empresas y a los gobiernos que buscan imponer proyectos de muerte. También debemos enfrentar los intentos de construir falsas representaciones de los pueblos; mecanismos que pretenden hablar en nuestro nombre sin el respaldo de las comunidades organizadas y sin rendir cuentas a los procesos colectivos que durante años han sostenido la defensa del territorio.

Nos preocupa profundamente que determinadas estructuras, consejos o representaciones se presenten ante organizaciones nacionales e internacionales como voceros legítimos de los pueblos Ngiwa, Popolocas, Nahuas y Mixtecos, mientras mantienen posiciones ambiguas o contradictorias frente a los proyectos extractivos que amenazan nuestras comunidades.

La representación de los pueblos indígenas no puede construirse mediante relaciones institucionales, financiamientos externos, acuerdos políticos o reconocimientos otorgados desde fuera de las comunidades. La legitimidad nace de las asambleas, de la participación colectiva, del trabajo comunitario y de la defensa consecuente del territorio.

Alertamos a organizaciones solidarias, colectivos ambientalistas, redes internacionales y espacios de articulación continental para que conozcan la complejidad de los procesos territoriales en nuestra región y escuchen directamente la voz de las comunidades que durante años han sostenido la resistencia frente al despojo.

La defensa del territorio no puede convertirse en un espacio para la simulación, el protagonismo personal ni la construcción de intermediarios funcionales a intereses políticos, empresariales o gubernamentales.

Los pueblos que resistimos sabemos reconocer quiénes han acompañado las luchas y quiénes han permanecido en silencio cuando las empresas avanzan. Sabemos quiénes han estado presentes cuando las comunidades enfrentan amenazas, persecución, criminalización y división.

Por ello reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la Madre Tierra, del agua, de los bienes comunes y de la autonomía de nuestros pueblos.

Reafirmamos nuestro rechazo a toda forma de minería que destruya los territorios, contamine el agua y fracture la vida comunitaria.

Reafirmamos nuestro derecho a decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro.

Y reiteramos que ninguna persona, organización o estructura puede atribuirse la representación de nuestros pueblos sin el mandato libre, previo y legítimo de las comunidades.

Llamamos a los pueblos indígenas, organizaciones sociales, movimientos ambientalistas, redes de solidaridad y medios de comunicación a mantenerse atentos frente a las estrategias de división que suelen acompañar el avance del extractivismo en nuestros territorios.

Nuestra lucha no es únicamente por nuestras comunidades.

Es una lucha por el agua, por la vida, por la memoria de quienes han sido asesinados o desaparecidos por defender la tierra, y por el derecho de las futuras generaciones a habitar un territorio libre de saqueo y destrucción.

Porque la tierra no se vende.Porque el agua no se negocia.Porque nuestros territorios no son zonas de sacrificio.Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.Porque la dignidad de los pueblos no tiene precio.

Atentamente

Pueblos, comunidades y organizaciones en defensa de la vida y el territorio

San Juan Mixtepec, Oaxaca

Comité de Resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzala

Cooperativa Café Tepeyolo, Sierra Negra

MAIZ – Movimiento Agrario Indígena Zapatista

Servicios para una Educación Alternativa A.C. (EDUCA)

Radio Coatl, Santa María Coapan

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)

Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción (GLEFAS)

Laboratorio Popular de Medios Libres

Fundación Indígenas 3D

Colectivo Comunidades por la Autonomía

Ollin Quetza A.C.

Cooperativa Alfareras Nutze

Artesanas Yasen

Geografías Comunitarias

Frente Popular Revolucionario

Grupo de Trabajo “Regionalización, Fronteras y Globalización” de CLACSO

Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)

Radio Ecos de la Sal

Colectivo Espiral de Pensamiento Crítico

Colectivo Tokalihtik

Colectivo Cactuz Zapotitlán Salinas

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala

Radio Comunitaria Zacatepec

Unión de Pueblos y Fraccionamientos en Contra del Basurero y en Defensa del Agua de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C.

Colectivo Altepee

Radio Comunitaria Pochota de Amatlán, Veracruz

Colectiva Tëkaampë Ayuuk Toxëjk

Colectiva Mujeres que Luchan por la Vida

Tequila, Veracruz

Centro de Formación para la Autonomía Teocentli

Colectivo Guamúchil

CNI Totonacapan

Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán

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Las organizaciones, colectivos, e individuos abajo firmantes expresamos nuestra profunda indignación y nuestra solidaridad con la comunidad Nahua de Santa María Ostula y con su Guardia Comunal, quienes al menos desde 2009 han plantado la cara al capitalismo voraz y han defendido la vida y el territorio; expresamos también nuestra solidaridad con las comunidades de Pómaro, El Coire, San Miguel de Aquila, frente a la escalada de violencia que golpea a la Costa-Sierra de Michoacán y que ha cobrado la vida de autoridades comunitarias, profesores y comuneros comprometidos con la defensa de sus pueblos.

Los recientes ataques no pueden entenderse como hechos aislados. Forman parte de una larga historia de agresiones contra las comunidades indígenas que han decidido ejercer su derecho a la libre determinación, defender sus territorios y construir formas propias de gobierno y seguridad comunitaria.

La presencia y operación del crimen organizado en la Sierra-Costa de Michoacán es inadmisible. Particularmente preocupante es la actuación del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya expansión al territorio nacional ha significado asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y terror contra las comunidades.

Estos grupos han operado bajo condiciones de impunidad que sólo pueden explicarse por la tolerancia, la omisión o la aquiescencia de distintos niveles del Estado mexicano y del gobierno de Michoacán.

La comunidad de Ostula ha denunciado durante años la existencia de una guerra de despojo contra los pueblos indígenas de la región. Una guerra que busca romper el tejido comunitario, expulsar a la población de sus territorios, destruir las instituciones comunales y someter al exterminio a quienes defienden la tierra y la autonomía.

Esta situación no es exclusiva de Michoacán. Forma parte de una crisis nacional que hoy se expresa también en Guerrero, donde comunidades enteras viven bajo el asedio de grupos armados y la impunidad; y en Chiapas, donde miles de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado ante la violencia que se extiende por territorios indígenas. Los pueblos de México enfrentan una misma realidad: la guerra de despojo del capital, la expansión de poderes criminales que avanzan sobre los territorios comunitarios mientras las autoridades incumplen su obligación de garantizar la vida y la seguridad de la población.

Denunciamos las recientes declaraciones realizadas por el gobernador de Michoacán ante diversos medios de comunicación, en las que se pretende asociar a la Guardia Comunal de Santa María Ostula con actividades delincuenciales, constituyendo con ello un acto de criminalización contra una institución comunitaria cuya legitimidad emana de la asamblea comunal, de los sistemas normativos indígenas y del derecho de los pueblos a la libre determinación. Estas afirmaciones, emitidas en un contexto de violencia sostenida contra las comunidades nahuas de la Costa-Sierra, resultan particularmente graves, pues contribuyen al descrédito de quienes han defendido históricamente la vida y el territorio frente al crimen organizado. Advertimos que este tipo de señalamientos puede servir para justificar acciones de hostigamiento, persecución o eventuales operativos que pongan en riesgo la integridad de la comunidad de Ostula, de sus autoridades y de su Guardia Comunal. Por ello, responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal de cualquier agresión, provocación o acto que vulnere el derecho de los pueblos indígenas a proteger su territorio, su organización comunitaria y su propia existencia.

Expresamos nuestra solidaridad con las familias del profesor asesinado, nuestra solidaridad con la profesora que lucha por vivir, gravemente herida en la emboscada que tomó la vida de las autoridades comunales de Pómaro. Ambos profesores son integrantes de comunidades purépechas, el ataque enluta no sólo a sus seres queridos sino también a los pueblos que han dedicado generaciones enteras a la defensa de la educación comunitaria y la dignidad indígena.

Por ello nos sumamos a la exigencia de la comunidad Nahua de Santa María de Ostula:

Respeto total e irrestricto a la Guardia Comunal de Santa María Ostula.

Justicia para las autoridades comunitarias de Pómaro y para los profesores Purépechas, castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.

Justicia para las víctimas de las agresiones contra las comunidades de Santa María Ostula, El Coire, Pómaro y San Miguel Aquila.

Respeto irrestricto a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas reconocidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Reconocimiento y respeto a las autoridades comunitarias legítimamente nombradas por sus asambleas.

Respeto al derecho de las comunidades indígenas a organizar mecanismos comunitarios de protección y autodefensa conforme a sus sistemas normativos.

Desarticulación de las organizaciones criminales y garantías efectivas para la vida, la seguridad y la permanencia de las comunidades indígenas en sus territorios.

Frente a la violencia y política de muerte del actual gobierno y del capital, reafirmamos nuestra solidaridad con Santa María Ostula, la autonomía de los pueblos es una de las principales defensas de la vida.

Desde abajo y a la izquierda, desde los pueblos, barrios, colectivos y organizaciones solidarias, reiteramos nuestra convicción de que la defensa del territorio, la dignidad y la libre determinación de los pueblos indígenas es una causa justa que merece toda nuestra solidaridad.

¡Alto a la guerra contra Ostula!

¡Respeto a la Guardia Comunal de Santa María Ostula!

¡Respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos!

¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas de la Costa-Sierra de Michoacán!

¡Nuestra lucha es por la vida!

Congreso Nacional Indígena

Red de Enlace Nacional “Alto a la Guerra contra las Comunidades Zapatistas”

Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio

Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja

Brigada Callejera

Café “Zapata Vive”

Casa Tecmilco

Cátedra Jorge Alonso

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC.

Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG

Colectivo Criptopozol + DDHH

Colectivo Cuaderno Común

Colectivo de apoyo al CNI CIG y EZLN, Llegó la Hora de los Pueblo

Colectivo de Profes en la Sexta

Colectivo Gavilanas Colectivo de Trabajo Cafetos

Colectivo la Otra Justicia

Colectivo Luciérnagas que Siembran

Colectivo Panadero la Grieta

Colectivx Zapatista La Oveja Roja

Comunidad de Tlanezi Calli Resistencia

Comunidad de Xochitlanezi

Comunidad de Xochitlanezi del Común

Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX

Comunidad Indígena Nahua Milpa Alta

Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán Amealco Querétaro

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Consejo de Bienes Comunales Indígena Nahua Tlacotenco

El Bordado de Ramona

El Comité de Enlace Latinoamericano y Caribeño (CELC)

El Tekpatl Periódico crítico y de combate

Empalabrando colectivo

Enciende tu chispa a la defensa del territorio Milpa Alta

Escuela Comunal Casa del Arte Tlaixco

Espacio colectivo Construyendo el Común

Espacio Común El Amate

Espacio de Lucha contra el olvido y la represión (Elcor)

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Frente por el Común y contra la Guerra

Geo-grafías comunitarias

Guardia Comunal Tlacotenco

Guardia Comunal Tona

Grupo Tlali Nantli

Hij@s del Maíz Pinto Tlaxcala

ILANCUEITL danza de las Tlacualeras

Juventud Comunista de México

La Flor de la Palabra, Medicina Originaria

Mazatecas por la Libertad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca

Mexicali Resiste

Mínima Galería Íntima/Narraturgias de la memoria

MordaTropikal El Teatrito Yucatán

Mujeres Tierra

Mujeres y la Sexta – Abya Yala

Na Ch’ul Chan, Casa de Sanación

Nodo de Derechos Humanos

Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente

Partido de los Comunistas

Periódico la Flor In Xochitl in Cuicatl

Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Raíces en Resistencia

Red de Apoyo Iztapalapa Sexta (RAIS).

Red de feminismos descoloniales

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Red Movimiento y Corazón Zapatista

Red Universitaria Anticapitalista

Regeneración Radio

Sexta por la Libre Yucatán

Tejiendo Organización Revolucionaria

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec. UCIZONI

Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua

Unión Popular Apizaquense Democrática e Independiente

UPREZ Benito Juárez

Vendaval, cooperativa panadera y algo más

Individuos:

Alberto Cortés, Director de cine

Ana Solares, Directora de arte en cine

Ana María Vera, Maestra en Sociología

Araceli Osorio Martínez, Activista Defensora de DDHH

Ariel García, Escritor

Bárbara Zamora, Abogada litigante

Bertha Navarro, Productora de cine

Camila Silva Arellano, Arquitecta

Carlos Fazio, Periodista

Carolina Coppel Urrea, Documentalista

Diana Itzu Luna, Defensora

Dolores Heredia, Actriz

Fernanda Navarro, Filósofa e Investigadora

Gabriela Jáuregui, Escritora

Gilberto López y Rivas, Antropólogo y periodista

Hermann Bellinghausen, Periodista y poeta

Juan Carlos Rulfo, Director y documentalista

Kyzza Terrazas, Director y guionista

Lila Avilés, Directora y guionista

Luis de Tavira, Director teatral

Luis Hernández Navarro, Periodista

Luisa Riley, Documentalista

Margara Millán, Profesora de la FCPyS de la UNAM

María Inés Roqué, Cineasta

Mariana Mora, Antropóloga e Investigadora

Maribel Portela, Artista

Mónica Meltiz Véjar, Defensora de derechos humanos

Natalia Beristain, Directora y guionista

Raúl Romero, Sociologo investigador

Servando Gajá, Artista visual

Sofía Arroyo,Comunicóloga

Sol Velásquez Suárez, Psicóloga y Pedagoga

Sophie Alexander-Katz, Curadora y crítica de arte

Stefanie Weiss, Actriz

Sylvia Marcos, Antropóloga e Investigadora

Ursula Pruneda, Actriz

Valentina Leduc, Cineasta

Valeria Gutiérrez Vega, Sociologa internacionalista

Vidal Ocampo, Artista

A LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

AL GOBERNADOR ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Comunidades indígenas y afromexicanas de Michoacán a 2 de junio de 2026.

El pasado 8 de mayo se realizó la primer prueba de tamizaje para la detección temprana de insuficiencia renal en niños de 10 a 12 años de edad, en la comunidad de San Matías el Grande, efectuándose en 3 escuelas de este pueblo otomí, siendo un total de 61 estudios, de los cuales 20 salieron con alteraciones y 7 para realizar nuevas muestras, lo cual es grave, toda vez que el 32.79 %·de los exámenes dieron positivos al presentar los primeros signos de enfermedad renal, evaluando entre otras cosas, la presencia de proteínas en la orina.

Estas pruebas fueron realizadas por doctores especializados coordinados por el Consejo de Gobierno Comunal de San Matías el Grande, toda vez que el Gobierno de Michoacán no pudo cumplir con el acuerdo minutado desde el 13 de abril, donde se comprometían a realizar pruebas de tamizaje en las comunidades cercanas a la geotermoeléctrica en un plazo no mayor a 15 días, sin embargo, dos meses han pasado y mantienen una incapacidad manifiesta pese a todo el presupuesto y recursos que manejan.

Por otro lado, denunciamos públicamente que el Gobierno Federal no ha cumplido con las comunidades del oriente michoacano en realizar estudios a los manantiales de los pueblos núcleo de la geotermoeléctrica, donde se han demostrado en exámenes anteriores una toxicidad entre un 35 % y 50 % por la presencia de metales pesados, así mismo, PROFEPA no cumplió con realizar una nueva inspección ambiental hacia los azufres, ni ha ofrecido disculpas públicas por el pésimo trato de esta institución a las comunidades, actividades pactadas desde el 8 de abril.

En este contexto, insistimos que la Comisión Federal de Electricidad #CFE viola las leyes ambientales, toda vez que reporta en los propios informes a PROFEPA que “se cuenta con un total de 33 presas de enfriamiento, de las cuales 18 cuentan con recubrimiento de concreto reforzado, 3 con geomembrana y 12 aún no cuentan con algún tipo de recubrimiento”. Lo que significa que el 36.3% de sus presas son altamente contaminantes y no cumplen con la norma internacional medioambiental, aún más, en 44 años que lleva operando la geotermoeléctrica, la CFE no a sido capaz de recubrir adecuadamente sus estanques que mantienen fluidos altamente tóxicos y se encuentran expuestos a la intemperie interfiriendo con los acuíferos.

A los pueblos y comunidades del Oriente de Michoacán, hacemos un llamado atento y respetuoso, para que estudien, investiguen e indaguen, no es normal la crisis de salud y medio ambiente que existe en los municipio cercanos a la geotermoeléctrica, no es normal que el 35% de todos los enfermos renales se concentren en el oriente, no es normal que sus hijos de 10 y 12 años inicien con problemas renales a una edad tan temprana. Esta crisis, sostenemos que tienen un responsable: CFE.

Finalmente, emplazamos al Gobierno Federal y Estatal, a que cumplan con los acuerdos minutados, de lo contrario, emprenderemos una Jornada Nacional en Defensa de la Salud, la Vida y el Medio Ambiente y tomaremos de manera permanente las instalaciones de la geotermoeléctrica. ¡La salud y la vida no pueden esperar más!

 CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

A LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AL C. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.

Los que suscribimos este COMUNICADO PÚBLICO CONJUNTO, URIEL GUTIERREZ DE LA CRUZ, Presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena San Miguel Aquila, municipio de Aquila, Michoacán; HÉCTOR ALVAREZ SILVA, Presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena nahua de El Coire, municipio de Aquila, Michoacán; SALVADOR LOPEZ MARQUEZ, Presidente del Concejo Comunal Nahuatl de El Coire; y J. GUADALUPE SERRANO RAMOS, Presidente del comisariado de bienes comunales de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, EN NUESTRO CARÁCTER DE AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES INTEGRANTES DEL PUEBLO NAHUA DE LA COSTA-SIERRA DE MICHOACÁN, MANIFESTAMOS:

Nuestro más profundo repudio y honda preocupación por el cobarde asesinato de nuestros hermanos LUCAS FLORES TOLENTINO y JERÓNIMO GARCÍA FLORES, el primero de ellos tesorero de bienes comunales de la Comunidad Indígena Nahua de Pómaro, municipio de Aquila, Michoacán, y el segundo asesor jurídico también de dicha comunidad; así como el asesinato de nuestro hermano profesor purépecha FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ y las lesiones causadas a la profesora también purépecha (se omite su nombre por seguridad), mismas que la tienen entre la vida y la muerte. Estos crímenes fueron perpetrados el día de ayer 28 de mayo de 2026 por un comando fuertemente armado que atacó a nuestros compañeros cuando se transportaban por la carretera federal número 200, a la altura del poblado de Colola, en el municipio de Aquila.

Expresamos nuestra más completa solidaridad a los familiares de quienes fueron asesinados y heridos; así como a la hermana Comunidad Indígena de Pómaro y al Pueblo Purépecha, puntualizando que el agravio cometido en contra de quienes fueron cobardemente asesinados y heridos, es un agravio que se hace a los pueblos originarios de Michoacán y de México.

Exigimos la investigación puntual de los hechos y el castigo a los culpables intelectuales y materiales de este múltiple homicidio que llena de luto y tristeza al pueblo nahua de la Costa-Sierra de Michoacán.

Frente a las acusaciones hechas en contra del presidente municipal de Aquila, el ING. JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN, imputándole tan lamentable crimen, manifestamos que las mismas no hacen más que generar mayor inestabilidad en el municipio de Aquila, lo que contribuye al acrecentamiento de la deteriorada situación de inseguridad que existe en la región y el estado. Por lo que urgimos a las autoridades federales realicen la investigación a fondo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Exigimos de todos los niveles de gobierno el compromiso serio para generar verdaderas condiciones de paz y seguridad en nuestro municipio, mediante la implementación de las acciones que insistentemente hemos solicitado a la Presidenta de la República y al Gobernador en el estado de Michoacán.

Aquila, Michoacán, a 29 de mayo de 2026.

ATENTAMENTE

El Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel Aquila

URIEL GUTIERREZ DE LA CRUZ

Presidente

El Comisariado de Bienes Comunales de El Coire

HÉCTOR ALVAREZ SILVA

Presidente

El Presidente del Concejo Comunal Nahuatl El Coire

SALVADOR LOPEZ MARQUEZ

Presidente

El Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Ostula

J. GUADALUPE SERRANO RAMOS

Presidente

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

Frente a los lamentables acontecimientos ocurridos el día 28 de mayo de este año en la carretera costera número 200, en los que un comando de sicarios asesinó a los comuneros de la hermana Comunidad Indígena de Pómaro, LUCAS FLORES TOLENTINO, tesorero de bienes comunales, y JERÓNIMO GARCÍA FLORES, jurídico de la comunidad; así como al profesor purépecha FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ; y causó heridas graves a la profesora purépecha ADELAIDA ZACARÍAS PASCUAL, las autoridades agrarias y civiles de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, hacemos el siguiente pronunciamiento:

PRIMERO.- Condenamos y nos llenamos de mucha tristeza por los múltiples asesinatos cometidos el día de ayer, mismos que están marcando profundamente no solo a la Comunidad de Pómaro, sino a los pueblos indígenas de Michoacán y, particularmente, a nuestra Comunidad, a la que la unen profundos e inmemoriales lazos históricos, culturales y familiares con la Comunidad de Pómaro.

Desde hace siglos Pómaro y Ostula han tenido la conciencia de pertenencia única y los homicidios del día de ayer son una nueva carga de sufrimiento para nuestra Comunidad, que de por sí ha sido tan acosada y dañada por el crimen organizado en los últimos 20 años.

SEGUNDO.- En consecuencia, acompañamos el dolor de los deudos de quienes fueron cobardemente asesinados el día de ayer; acompañamos, desde nuestro corazón y desde la generosa cultura que compartimos, a la Comunidad Indígena de Pómaro y al Pueblo Purépecha.

TERCERO.- Exigimos que los hechos sangrientos antes descritos sean investigados y esclarecidos escrupulosamente con el fin de que se haga justicia y se castigue a quien se tenga que castigar, sea quien sea.

CUARTO.- En esta hora de dolor pedimos que tan terrible crimen no sea utilizado con fines políticos: ni para criminalizar a nuestra estructura de seguridad comunitaria, ni para otorgar protagonismo a quienes históricamente han dañado a nuestra Comunidad, tampoco para generar mayor inestabilidad en la región, acusando del crimen señalado, sin pruebas de ningún tipo, a integrantes de las comunidades vecinas.

Por el contrario, llamamos a las comunidades indígenas y a la población en general del municipio a hacer un solo frente para exigir condiciones de seguridad efectivas y duraderas para que crímenes como el ocurrido ayer no se repitan.

Consecuentemente con lo dicho reiteramos nuestras exigencias dirigidas a todos los niveles de gobierno para que se frene la guerra de exterminio en contra de nuestra Comunidad y en contra de los pueblos indígenas de México.

¡CASTIGO A LOS CULPABLES DEL ASESINATO DE LUCAS FLORES TOLENTINO, JERÓNIMO GARCÍA FLORES Y FELIPE DE JESÚS MARTÍNEZ MARTÍNEZ!

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

SANTA MARÍA OSTULA, A 29 DE MAYO DE 2026.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

_{En portada: Mujeres acompañan la marcha fúnebre de los tres policías de la CRAC-PC Pueblos Fundadores que fueron sepultados el 20 de mayo en el panteón de Alcozacán, en medio de la violencia contra comunidades nahuas de Chilapa. Foto: Lenin Ocampo Torres.}

Integrantes de la Misión de Observación Sexta (MCO Sexta) y del Congreso Nacional Indígena (CNI) denunciaron que comunidades nahuas en el estado de Guerrero enfrentan desplazamiento forzado y destrucción de viviendas, cultivos y espacios comunitarios tras los ataques armados atribuidos al grupo criminal de “Los Ardillos”, suscitados desde los primeros días de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa.

Este miércoles (27), mediante conferencia de prensa titulada “Criminalización, exterminio y graves violaciones a los derechos humanos en las comunidades de la montaña baja de Guerrero”, la Misión presentó los primeros hallazgos tras las agresiones contra los pueblos indígenas organizados en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC Pueblos Fundadores).

Acorde a la documentación y testimonios recogidos por la Misión, los ataques fueron realizados con drones y armas de alto poder que destruyeron cultivos y viviendas. En su recorrido registraron municiones de distintos calibres, incluso de armamento de uso exclusivo del ejército; casas y milpas quemadas, animales muertos y comunidades, como Tula, completamente vacías por el miedo de sus habitantes frente a las agresiones armadas. En dicha comunidad, resaltaron que no existen condiciones para el retorno inmediato, “no hay ni un habitante. No hay condiciones, quemaron todo”, afirmaron durante la conferencia.

“Entraban y destruían todo lo que poseían las familias en la comunidad. Era una saña impresionante por aniquilar y que nunca más esto se pudiera poblar nuevamente, su objetivo estaba muy claro”, detalló Malinalli Vega, integrante de la Misión. Integrantes del CNI, que también participaron de la Misión, denunciaron que fueron testigos de un ataque sistemático contra el territorio de los pueblos originarios, agresiones contra “lo que nos hace ser como pueblos, nuestra historia, nuestra forma de alimentarnos, nuestra forma de organizarnos, nuestro trabajo”.

Por su parte, la abogada Karla Zamora denunció que el trabajo de la Misión evidencia que no existe por parte del Estado ningún seguimiento a la violencia generalizada contra las comunidades nahuas. Zamora destacó que, pese a la gravedad de las agresiones que calificó como “crímenes de lesa humanidad”, a la fecha no existen investigaciones por parte de las autoridades de ningún tipo, “no hay carpetas de investigación, no hay periciales, no hay detenidos”.

Además, cuestionó la postura del gobierno federal, el cual ha difundido que se trata de un conflicto entre comunidades y que por ello realizará mesas de diálogo. “¿Diálogo con quién? ¿diálogo con los grupos narcoparamilitares?, ¿de qué clase de gobierno estamos hablando, cuando están hablando de de negociar con los grupos del narco?”, inquirió la abogada, para quien la versión oficial es una mentira.

Desprotección

Durante su intervención, la abogada también exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas restituir las medidas a promotores comunitarios de las poblaciones atacadas, así como atender solicitudes pendientes, debido a que la falta de respuesta institucional ya ha derivado en asesinatos, como en el caso de Isaías,promotor comunitario de Tula.

“A él lo asesinaron cuando había solicitado también la incorporación al mecanismo y no se la dieron argumentando que eso era lo que se vivía diariamente en Guerrero; la violencia, una violencia que ya es estandarizada para ellos”, denunció Zamora.

Aunado a estos casos, los integrantes de la Misión también evidenciaron que, pese haber solicitado acompañamiento oficial para ingresar a las comunidades atacadas, conforme a los requisitos del protocolo del Mecanismo de Protección, la respuesta negativa les fue comunicada apenas un día antes del recorrido. Aún cumpliendo con la entrega de la solicitud, con cinco días de anticipación para que las autoridades del estado de Guerrero coordinara con fuerzas de seguridad para el acompañamiento de la Misión, finalmente no se otorgó la protección a los observadores.

Incluso, el profesor Jesús Cuéllar denunció que la Secretaría de Gobernación difundió la versión de que la Misión negó el acompañamiento, al publicar un video editado en el que se les presenta como si hubieran rechazado las medidas de seguridad. Según Cuéllar, lo que pidieron fue que militares y elementos de seguridad se retiraran de la cancha comunitaria de Alcozacán porque habría una asamblea y niñas y niños estaban usando ese espacio, fragmento que fue recortado y difundido sin contexto por parte del gobierno federal para hacer creer que la Misión rechazo las medidas de seguridad.

Pese a los alegatos del gobierno estatal, que argumentó que no contaban con los elementos de seguridad, integrantes de la Misión registraron una fuerte presencia del ejército, Guardia Nacional y policías en la cancha y la comisaría de Alcozacán, así como a la salida de Tula donde atestiguaron un despliegue de más de 40 camionetas de militares pese a que previamente se les había negado el acompañamiento. “Nos dimos cuenta que no querían que entráramos”, sostuvo Cuéllar.

Narcoparamilitares

Ante el cuestionamiento de reporteros sobre por qué calificar al grupo de “Los Ardillos” como un grupo narcoparamilitar, la Misión aseveró que se debe a factores como el tipo de armamento utilizado, la forma de atacar, así como la planeación y estrategia utilizada durante las agresiones que incluyó la quema de cerros para causar terror y provocar la huida de la población.

Según la Misión, hace más de una década desde que “Los Ardillos” han presionado a las comunidades organizadas de la montaña baja de Guerrero para permitir la siembra de amapola, establecer rutas de tránsito de estupefacientes y otras actividades delictivas. Pero las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, afirmaron, se negaron a integrarse a esa estructura criminal.

Debido al rechazo, aunado a su pertenencia a la CRAC-PC Pueblos Fundadores y su defensa del territorio, colocó a las comunidades como opositores del crimen organizado en la región. “Terminan chocando con todo lo que representa el crimen organizado, en tanto que son comunidades que luchan por la defensa de la tierra, del territorio y de la vida”, aseveraron durante la conferencia de prensa.

Otro punto que resaltó la Misión es el impacto en el acceso a la educación, pues en las comunidades del CIPOG-EZ no existen condiciones para que maestros lleguen con seguridad, por lo que una de las demandas es garantizar el retorno de docentes y la apertura de un bachillerato. También señalaron que, ante el riesgo de viajar a Chilapa, controlada por “Los Ardillos”, algunas familias prefieren que niñas, niños y jóvenes no estudien o se desplacen hacia otras ciudades.

Integrantes de la Misión denunciaron además simulación gubernamental en la entrega de apoyos. Según lo documentado, las autoridades estatales difunden visitas y apoyos a comunidades afectadas, pero parte de esa ayuda se entrega en localidades vinculadas a la estructura criminal de “Los Ardillos”, cuando se presenta públicamente como atención a Alcozacán y otras comunidades atacadas por el grupo narcoparamilitar.

Miembros del Congreso Nacional Indígena enfatizaron que lo ocurrido en Guerrero forma parte de un patrón más amplio de agresiones contra pueblos organizados en México, tal como ocurre en Ostula y Sevina en Michoacán, San José Chiapa en Puebla y El Salto, Jalisco. “El mensaje que vemos del capital es que cualquiera que se niegue a ser esclavo va a padecer esta injusticia desde arriba”, sostuvieron.

Actualmente la Misión prepara un informe amplio con entrevistas, testimonios y documentación derivada de su labor, mientras las comunidades exigen la implementación de medidas de seguridad para su retorno, la investigación de los ataques y la restitución de las medidas de protección frente a la estructura criminal que acecha sus territorios.

AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A QUIENES INTEGRAN LA ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

A LA EUROPA INSUMISA

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

A LAS REDES Y RESISTENCIAS QUE VEMOS AL EJEMPLO ZAPATISTA COMO UN CAMINO POR DONDE CAMINAR JUNTOS

Los pueblos, organizaciones, colectivos e individuos que integramos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, quienes sostenemos la vida frente al despojo, denunciamos la grave escalada de violencia armada contra la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán la cual está siendo bombardeada y agredida por el crimen organizado, bajo la mirada cómplice, omisa y criminal del Estado mexicano lo que evidencia una ofensiva continua y coordinada:

• Martes 19 de mayo de 2026: A las 9:00 de la mañana, células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) iniciaron un ataque frontal con armas de alto poder, en la encargatura de la Cofradía de Ostula, obligando a una evacuación de emergencia de las escuelas de la zona para salvaguardar la vida de los niños, los habitantes tuvieron que buscar refugio para no ser blanco de los ataques mientras la guardia comunal repelió los ataques.

• Jueves 21 de mayo de 2026: Al amanecer, se registró una nueva incursión criminal violenta, cercando las inmediaciones del territorio comunitario bajo ráfagas incesantes de fuego captadas en video por los propios comuneros.

• Miércoles 27 de mayo de 2026: La ofensiva durante la mañana y la tarde escaló en gravedad con el uso de drones adaptados para lanzar artefactos explosivos directamente sobre las viviendas de la población, provocando diversos daños materiales en hogares y vehículos, y manteniendo a la comunidad bajo terror.

• Al mismo tiempo en que ocurría el bombardeo criminal de la mañana del 27 de mayo, elementos de la Marina pretendieron introducirse en las playas de la comunidad, a varios kilómetros del epicentro de los ataques. Lejos de cumplir con su obligación de proteger a la población civil y detener al grupo criminal, ejecutaron acciones de hostigamiento contra la comunidad.

Desde el año 2020, el CJNG ha avanzado con total impunidad en la región sierra-costa, ocupando poblaciones, asesinando y desapareciendo a comuneros provocando el desplazamiento forzado de familias enteras. Este avance criminal responde a pactos explícitos con empresas mineras y grupos que ambicionan el despojo del territorio y la destrucción de la Madre Tierra para su beneficio económico.

Estos hechos se suman a los recientes ataques en contra de las comunidades p’urhépechas de Acachuén (el 6 de mayo pasado) y Santa María Sevina (el 17 de mayo pasado) por parte del CJNG, en los cuales les fue arrebatada la vida a 4 comuneros. No conformes con estos agravios, el día 25 de mayo la comunidad de Santa María Sevina e integrantes de 32 comunidades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán fueron reprimidos en la Casa de Gobierno de Michoacán donde se manifestaban para exigir seguridad en sus pueblos. Cabe mencionar que en los últimos 2 años, 28 comunidades indígenas de Michoacán han sufrido ataques del crimen organizado, han sido asesinados 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional.

Los ataques de los Ardillos a los pueblos nahuas de la montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG – EZ y en contra de la comunidad mephaá de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, Guerrero son muestra de la gravedad a la que puede llegar esta guerra de desplazamiento, exterminio y ocupación .

Hacemos un urgente llamado a levantar la voz y exigir que pare esta guerra abierta de exterminio contra los pueblos, no permitamos que la Costa-Sierra de Michoacán se convierta en el espejo de la Montaña Baja de Guerrero. No permitamos que se repita la tragedia de los pueblos originarios guerrerenses, donde el abandono gubernamental, la infiltración absoluta de las instituciones y el terror sembrado por los grupos narco-paramilitares desmantelaron el tejido social, aislaron a las comunidades, masacraron a sus policías comunitarios y desplazaron forzadamente a miles personas, convirtiendo pueblos enteros en zonas abandonadas.

Ya no caben dudas de que estos ataques no son aislados, forman parte de una estrategia articulada en contra de los pueblos originarios que no piden permiso para defenderse del crimen organizado ante la complicidad y omisión del Estado.

Por ello, desde esta Asamblea Nacional, EXIGIMOS:

1. Alto a los ataques armados con drones y armas de alto calibre contra la comunidad de Santa María Ostula y de todas las comunidades indígenas de Michoacán.

2. Alto al hostigamiento a la comunidad de Ostula por parte de la Marina.

3. El desmantelamiento real y efectivo del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cártel los funcionarios y mandos.

4. La presentación con vida de los comuneros desaparecidos y el castigo inmediato a los autores intelectuales y materiales de los 42 asesinatos de comuneros pertenecientes a Santa María Ostula.

5. Alto a la represión en contra de las comunidades pertenecientes al Consejo Supremo Indígena de Michoacán que exigen seguridad y justicia.

6. El alto total a la guerra de exterminio en contra de los pueblos originarios de México.

Hacemos responsables directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de cualquier pérdida humana y de los daños materiales ocasionados por los ataques del grupo criminal.

Como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio nos mantenemos en alerta permanente y llamamos a los pueblos, organizaciones, colectivos y personas de conciencia y buen corazón a pronunciarse, en las formas en que les sean posibles desde sus distintos territorios en el mundo, en contra de estos cobardes ataques que buscan eliminar pueblos completos.

¡Si tocan a Ostula, nos tocan a todas y todos!

ATENTAMENTE

A 27 DE MAYO DEL 2026

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

#Ostula

#AlertaOstula

#AltoALaGuerraContraLosPueblos

A LOS PUEBLOS DE MEXICO Y DEL MUNDO,

A LOS MEDIOS DE INFORMACION NACIONALES E INTERNACIONALES,

A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

A LA DOCTORA, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

A lo largo del día de hoy, miércoles 27 de mayo de 2026, la Encargatura de la Cofradía de Ostula, perteneciente a la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, HA SIDO ATACADA, EN DOS MOMENTOS DISTINTOS, POR LA MAÑANA Y EN LA TARDE, CON DRONES Y EXPLOSIVOS, POR EL CARTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG), reportándose diversos daños materiales en viviendas y vehículos.

Llama la atención que PARALELAMENTE AL ATAQUE DE LA MAÑANA, ELEMENTOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE LA MARINA ARMADA DE MÉXICO (SEMAR) PRETENDIERON INTRODUCIRSE EN LAS PLAYAS DE LA COMUNIDAD, A VARIOS KILÓMETROS DEL EPICENTRO DE LOS ATAQUES; lo que resulta sorprendente, pues, la función de esta institución debería consistir en proteger a la población civil de nuestra comunidad y no en hostigarla justo en el momento en que sufre la embestida de un cártel que ha cometidos cuantiosos asesinatos, desaparaciones y daños en la región y el país.

Por lo anterior, como autoridades agrarias y civiles de la comunidad indígena de Santa María Ostula, queremos hacer del conocimiento público la siguiente exigencia ante los ataques recientes que hemos sufrido a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación y la acción cómplice de la Marina Armada de México:

Al menos desde 2020 el CJNG ha tenido presencia en la región sierra-costa en el estado de Michoacán y progresivamente ha ocupado poblaciones y cabeceras municipales, obligando a muchas familias a desplazarse ante sus actos de violencia, desaparaciendo y asesinando a defensores del territorio. Pero el CJNG también ha hecho tratos con empresas mineras y con grupos que solo desean el despojo de nuestros territorios, con la consecuente destrucción de la Madre Tierra, para su beneficio económico y eso; lo decimos fuerte, no lo vamos a permitir nunca.

Adicionalmente, quienes tienen la obligación de velar por la seguridad de todas las personas que habitamos en este país, las instituciones de seguridad que operan bajo las órdenes del Estado mexicano, hoy encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no han realizado acciones contundentes para lograr la desarticulación de esta peligrosa organización criminal en la región y en el resto del país. No lo han hecho ni las corporaciones castrenses (Marina Armada de México y Ejército Mexicano), ni las instancias avocadas a la seguridad (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional), ni mucho menos los cuerpos de seguridad estatales.

El CJNG continúa operando impunemente y prueba de ello son los ataques con explosivos que lanzan usando drones, los cientos de elementos que mandan para balacear las casas de nuestra población, el terror que siembran a cambio de una fuerte ganancia económica. Solo para tomarse la foto y decir que si hacen su trabajo algunos elementos de la SEMAR se hacen presentes en nuestras playas y afuera de nuestra jefatura de Tenencia, los más arriesgados se asoman a la Cofradía unos minutos, pero con toda la capacidad de fuego que tiene el Estado mexicano no hacen lo necesario para acabar de una vez con las organizaciones criminales.

¿Acaso no somos ciudadanos de este país y no merecemos la atención que está obligado el gobierno a darnos? ¿Estas instituciones actúan en complicidad con el crimen organizado? ¿Es el gobierno de México un gobierno criminal que se beneficia de la violencia y la ilegalidad, del desojo y de la explotación de nuestros pueblos? ¿A quién tenemos que recurrir para que se detenga la violencia?

Nosotros estamos organizados como comunidad con nuestras propias instituciones de seguridad, como la Guardia Comunal, lo hacemos porque solo así hemos logrado sobrevivir. Para ello nos asiste el derecho, de acuerdo a disposiciones nacionales e internacionales; tenemos la legitimidad para hacerlo derivado de nuestra condición jurídica de ser pueblos indígenas. No estamos pidiendo permiso para defendernos, estamos señalando que la función de la seguridad es fundamentalmente una obligación del gobierno federal, como lo es también respetar los acuerdos a los que llega en las meses de negociación, en las mesas de trabajo donde llenan su boca con palabras bonitas y promesas huecas, haciendo una pobre representación de su papel.

A todos los gobiernos exigimos respeto a nuestras vidas y que realmente trabajen, porque esto no es un favor que nos hacen, es su obligación.

Consecuentemente con lo dicho reiteramos nuestras exigencias dirigidas a todos los niveles de gobierno:

1. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE DE OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES INTEGRADA POR EL EJÉRCITO MEXICANO, LA GUARDIA NACIONAL Y LA GUARDIA CIVIL EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREJOS, MUNICIPIO DE CHINICUILA, TAL COMO SE HA SOLICITADO PUNTUALMENTE A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y FEDERAL POR PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD DESDE HACE MÁS DE DOS AÑOS.

2. EL DESMANTELAMIENTO DEL CJNG Y EL CESE DE LA PROTECCIÓN QUE OTORGAN A DICHO CARTEL FUNCIONARIOS Y MANDOS POLICIALES CORRUPTOS.

3. LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTROS COMUNEROS DESAPARECIDOS; ASÍ COMO EL CASTIGO A LOS AUTORES INTELECTUALES Y MATERIALES DE LOS 42 ASESINATOS DE COMUNEROS PERTENECIENTES A LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA.

4. EL RESPETO Y OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA GUARDIA COMUNAL Y PARA EL EJERCICIO DE NUESTRA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA.

5. EL ALTO TOTAL A LA GUERRA DE EXTERMINIO EN CONTRA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO.

¡Castigo a los culpables del asesinato de nuestros comuneros en la lucha por la tierra y las libertades de la comunidad!

¡Respeto a nuestra Guardia Comunal!

SANTA MARÍA OSTULA, A 27 DE MAYO DE 2026.

ATENTAMENTE

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Alrededor de las 7:30 de la mañana, nuevamente el #CJNG volvió a atacar l encargatura de la Cofradía y lanzó explosivos con drones sobre casas de población civil.

#OstulaVive #OstulaFlorece