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¿Qué siente un niño al irse muriendo de frío?

Al parecer, depende. Si se trata de un estadounidense (blanco), un europeo o un miembro de las élites privilegiadas de nuestra nación, la mera pregunta provoca indecible horror. No así si se trata de un niño (o un adulto mayor) indígena, pobre entre los más pobres, agonizando bajo los árboles en la montaña en noches a temperaturas bajo cero, protegido de la intemperie por un pedazo de plástico y, quizás, la única cobija que el gobierno “generosamente” aportó a cada familia desplazada.

Desde hace más de un mes, 6 mil personas están desplazadas de sus hogares. Perdieron sus tierras, sus casas, sus pertenencias, sus cosechas, sus animales… todo. Salieron con la ropa del cuerpo ante las amenazas de un grupo armado de Chenalhó, coordinado por la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la aparente complicidad del gobernador Manuel Velasco Coello.

(Ver Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación de los orígenes del conflicto y Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó para un reporte sobre la situación de los desplazados.)

A pesar de que varios medios de comunicación nacionales han dado cobertura a la tragedia, hay un silencio inexplicable en los medios internacionales y una inacción por parte de los gobiernos estatal y federal que demuestra un profundo desprecio por la vida de los pueblos orginarios.

El pasado 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario (TUA), después de años de inacción, finalmente “resolvió” el conflicto territorial que la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria provocó hace más de cuatro décadas, al desconocer los acuerdos comunitarios entre Chenalhó y Chalchihuitán y otorgar a este último tierras que previamente había dotado a Chenalhó. El fallo del TUA ahora desconoce la dotación de tierras a Chalchihuitán en 1975 y se las da a Chenalhó.

(Ver el comunicado conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil sobre el fallo del TUA: Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas.)

Algunos medios de comunicación celebraron irreflexivamente la supuesta “paz” que ahora gozarán los pueblos tsotsiles de la región. Sin embargo, las autoridades de Chalchihuitán anunciaron que los desplazados no regresarán a sus hogares por falta de condiciones de seguridad y que impugnarán la decisión del TUA.

Independientemente de cómo se resuelva el conflicto agrario, sorprende que los gobiernos estatal y federal den por concluído el conflicto con ese fallo. Miles de personas continúan desplazadas en condiciones infrahumanas sin recibir ayuda apropiada, y la indemnización ofrecida por el gobierno por la pérdida de las tierras, casas, pertenencias, cosechas y animales, es irrisoria. Quince millones de pesos para 5 mil desplazados de Chalchihuitán son 3 mil pesos por persona, por haber perdido todo lo que tenían, por haber sufrido lo que están sufriendo, y por el trauma permanente a niños que luchan por sobrevivir con miedo, hambre y frío. Tres mil pesos por persona, mientras el sueldo promedio mensual de un gobernador es de 93 mil pesos (eso sin contar los millonarios lucros derivados de la corrupción institucionalizada). Y no se requiere mucha matemática para entender que 300 casas para 5 mil personas significa que 17 personas tendrían que vivir en una sola casa.

Pero sorprende aún más que en ningún momento los gobiernos estatal y federal hayan considerado problemático que un grupo terrorista criminal, armado, solapado y abiertamente a servicio de una funcionaria pública, destruya carreteras, asesine impunemente, aterrorice a la población, desplace a 6 mil personas, robe y destruya sus propiedades y provoque la muerte de cuatro niños menores de 4 años y cinco adultos mayores, utilizando en todo esto armas de uso exclusivo del ejército. Y si usamos el término “terrorista” no lo hacemos por amarillismo. La definición de “terrorismo” en el Diccionario de la Real Academia es: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Nada más exacto para describir la actuación del grupo armado de Chenalhó.

Lo que esto demuestra es lo que ya sabemos: En México, el crimen está a servicio del Estado, y el Estado a servicio del crimen.

Mientras eso, los legisladores aprueban la nueva Ley de Seguridad Interior, que da plenos poderes al ejército para reprimir a la población mexicana, y las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 Código Civil Federal, que dice (sí, no es broma) que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien“.

La conclusión es clara: Despojo institucionalizado; operación coordinada entre el Estado y el crimen organizado para asegurar dicho despojo; represión y criminalización a las protestas y resistencias.

Mientras eso, miles de personas siguen sufriendo ante la indiferencia general. Compartimos aquí algunos testimonios de mujeres desplazadas:

Y nos seguimos preguntando: ¿Qué siente un niño, o un adulto mayor, al irse muriendo de frío?

Éstos son los fallecidos, a ellas y ellos les rendimos aquí humilde homenaje:

• Maura Pérez Luna – 1 año
• Adriana de Jesús Pérez Pérez – 2 años
• Niña de nombre y edad no divulgados.
• Niño recién nacido – 3 días de edad (nombre no divulgado)
• Domingo Girón Luna – 70 años
• Martín Girón Rodríguez – 80 años
• María Domínguez Gómez – 57 años
• Marcelino Gómez (edad no divulgada)
• Otro adulto mayor (nombre y edad no divulgados)
• Samuel Luna – asesinado el 18 de octubre mientras trabajaba su parcela.

Además, el joven Raymundo Pérez Luna, de 18 años de edad, intentó suicidarse el 3 de diciembre bebiendo herbicida. Hace 2 años, Raymundo perdió a su hermano Salvador, asesinado por un grupo armado debido al mismo conflicto agrario. Ahora, los constantes disparos de armas y el ambiente de terror que se vive en su comunidad lo llevaron a intentar poner fin a su vida.

Mientras niños y adultos mayores morían de frío y miedo y un joven intentaba suicidarse, el gobernador Manuel Velasco Coello estaba muy ocupado acompañando a José Antonio Meade Kuribreña en el arranque de su precampaña presidencial por el PRI y el PVEM. Éste último, que en definitiva no se pregunta qué siente un niño al irse muriendo de frío, declaró en Tuxtla Gutiérrez que “Sin importar cuántos frentes vengan, no nos dará frío”, en alusión a la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, explicitando inconscientemente el desprecio de la clase política hacia quienes sí sienten frío, y mucho.

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Al pueblo chol del ejido Tila.
Al pueblo de México.
A los pueblos del Mundo.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A los medios de comunicación.

Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.

El pueblo Chol del ejido Tila, que ha sido históricamente olvidado, resurgió en su autonomía con el esfuerzo de muchas y muchos.

La autonomía, en el ejemplo de dignidad que es el ejido Tila, fue el paso necesario tras mas de 50 años de lucha jurídica, de los amparos ganados que nunca fueron ejecutados, de la violencia institucional desde los malos gobiernos ante los pasos que la organización iba logrando para reconstituirse sin esa enfermedad que son los malos gobiernos.

Es entonces, hermanas y hermanos de Tila, grande el honor para nosotras y nosotros del Concejo Indígena de Gobierno, estar para conmemorar junto con ustedes ese 16 de diciembre. Para celebrar y conmemorar el ejemplo del pueblo Chol del ejido Tila, su palabra y su conciencia.

Sabemos que no ha sido fácil su camino, que su determinación y organización ha crecido en medio de la hostilidad por parte de los malos gobiernos y sus grupos paramilitares, como los que usan los poderosos en todo el estado de Chiapas para tratar de acabar con las luces de esperanza, que es la organización autónoma de los pueblos originarios.

(Continuar leyendo…)

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Escucha aquí:  (Descarga aquí)  

Buenas tardes hermanas y hermanos de Chapultenango, Concejalas y Concejales, medios que acompañan.

Precisamente con la participación que tuvieron nuestros hermanos y hermanas concejalas y concejales, ese ha sido el caminar del Congreso Nacional Indígena, ese Congreso Nacional Indígena que surge en 1996, donde se platicaron los diferentes pueblos indígenas que se dieron cita y se platicaron esos dolores que tenían en cada lugar, en cada pueblo, en cada estado, ahí fue donde nos dimos cuenta que los pueblos indígenas estaban sufriendo. Teníamos diferentes problemas y por eso se pensó, no podemos estar separados, tenemos que caminar juntos, tenemos que buscar un espacio donde nos encontremos, donde sigamos viéndonos, donde sigamos pensando juntos cómo nos hacemos fuertes para no permitir que nos sigan destruyendo, y por eso se crea el Congreso Nacional Indígena; es un espacio donde se encuentran todos los pueblos, donde estamos juntos somos asamblea y cuando estamos separados somos red, así como una asamblea de una comunidad, cuando están juntos toman acuerdos y toman decisiones, y luego ya se separan y se llevan a la práctica todos esos acuerdos.

(Continuar leyendo…)

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Oxolotán es un pequeño y antiguo poblado construído a un lado del río homónimo, en la sierra sur de Tabasco, cerca de la frontera con Chiapas. En 2007, lluvias históricas causaron inundaciones en toda la región; una de las poblaciones entonces afectada fue Oxolotán, al desbordarse el río. Diez años atrás, en noviembre de ese año, llegaron a ese poblado víveres producidos y transportados por bases de apoyo zapatistas de la Zona Norte de Chiapas, quienes tuvieron que cargarlos en la espalda durante horas en algunos trechos porque los caminos estaban destruídos. Humilde pero significativa solidaridad, al tiempo que los pobladores lamentaban el abandono del gobierno ante el desastre. Semillas de dignidad.

Ahora, diez años después, tras un largo caminar, llegaron a este poblado el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy. De nuevo a plantar semillas.

Fueron pocos los que asistieron al evento. Pero para las concejalas y concejales y Marichuy, no son las grandes masas las que interesan si en ellas no florece la semilla de la resistencia y la rebeldía. “No importa que sen pocos”, dijo el concejal Hernán Calvo, del Municipio Autónomo San Pedro Michoacán, Caracol de La Realidad. “No importa que sea uno, que sean dos, que sean tres. Por ese uno venimos, por esos dos, por esos tres. Que su corazón no se ponga triste porque las resistencias así inician. Tiene que iniciar uno, luego echar semillas para que después se haga una gran plantación.”

“Es el momento de quitar la venda de nuestros ojos”, dijo la concejala Irma, del Municipio Autónomo 17 de Noviembre, Caracol de Morelia. Es el momento de dejar de creer en las promesas de los partidos, es el momento de dejar de vender las tierras y las riquezas por migajas que resuelven ahora y nos despojan después, es el momento de organizarse, dijeron todos de una u otra forma. “Si hubiera llegado algún político con despensas”, dijo la concejala Guadalupe Vázquez de Acteal, “con refrescos, con tortas, con gorras, con playeras, estaría lleno el parque aquí. Nosotros no vamos por eso. No estamos por el poder porque no lo queremos; el poder de ellos es nuestra destrucción”. “Nosotros no traemos regalos, no traemos nada”, dijo el concejal Hernán Calvo. “Simplemente venimos a dejar el regalo más grande: la palabra, la meditación, la organización.”

Tanto él como la concejala Guadalupe se dirigieron a los policías municipales presentes que tomaban fotos del evento que, por pequeño que fuera, al parecer no deja de preocupar al poder. “Ojalá estuvieran aquí para servir a su pueblo”, dijo Guadalupe, “que es quienes les pagan para trabajar. Ojalá vean a su pueblo, vean su sufrimiento”. “Qué bueno que nos escuchan los hermanos de la policía municipal”, dijo Hernán. “Queremos compartirles que los apreciamos, que los queremos, que los llevamos en el corazón porque son nuestros hermanos.” Y lanzaron un mensaje de unidad.

“Hemos recorrido el país y hemos escuchado que nuestros hermanos y hermanas están sufriendo”, dijo Marichuy. En este caminar por el país, los dolores de abajo se van desenterrando y con ellos se va dibujando un paisaje de despojo, de atropello, de violencia, de humillación y de muerte. El caminar del Concejo Indígena de Gobierno, explicó, es para escuchar esos sufrimientos y para compartir la palabra: tejer, con la materia de esos dolores pero también con las prácticas ancestrales de la colectividad, la organización para, juntos, construir otro país. “Así como las plantitas, que primero es la semilla, luego va creciendo y luego dando fruto, así tenemos que crear algo desde abajo, porque nadie va a venir a resolver nuestros problemas.”

Escucha los audios:

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Chapultenango es una pequeña población en la región zoque de la zona norte de Chiapas, cerca del volcán Chichonal, donde el gobierno federal pretende instalar una geotérmica en el cráter, contrariando la voluntad de los pueblos. En esta región se pretende también concesionar 84 mil 500 hectáreas para la apertura de 11 pozos petroleros y diversos proyectos mineros, lo cual afectaría gravemente la sobrevivencia y la forma de vida de los pueblos zoques de la región.

Ante la amenaza de despojo y desplazamiento, los pueblos decidieron organizarse, y en asamblea acordaron integrarse formalmente al Congreso Nacional Indígena y nombrar una concejala y un concejal para formar parte del Concejo Indígena de Gobierno.

Aquí, a Chapultenango, llegó dicho Concejo y su vocera Marichuy este 14 de diciembre, para escuchar y compartir la propuesta organizativa de los pueblos. Y aquí, a pesar de las amenazas, que hicieron que varios compañeros no pudieran asistir, y el corte de la señal de internet antes, durante y después del evento, se escucharon las palabras de concejalas y concejales y de Marichuy, así como del Pueblo Creyente Zoque y del Comité por la defensa del agua, que denunciaron los intentos de despojo que sufren los pueblos zoques del norte de Chiapas.

El concejal Fortino, zoque migrante en Guadalajara, explicó que en esa ciudad los migrantes zoques también se organizan. Después procedió a dar un resumen del recorrido del Congreso Nacional Indígena estos 20 años y la conformación del Concejo Indígena de Gobierno el año pasado, ante el despojo que sufren los pueblos indígenas a lo largo y ancho del país. Y aclaró que no se trata de una propuesta electoral. “Lo que quieren los pueblos es ejercer el poder que de por sí tenemos. Juntar las resistencias de todo el país para enfrentar el sistema de muerte.”

Lo mismo dijo Guadalupe Vázquez, concejala tsotsil de Los Altos de Chiapas y sobreviviente de la masacre de Acteal. “Estamos aquí porque estamos hartas de tanta injusticia, tanta represión, tantas muertes, tantas desapariciones. No queremos la silla presidencial porque nos ha destruido, nos ha matado, nos ha desaparecido, nos ha explotado, nos ha quitado todas nuestras riquezas, nuestras tradiciones, nuestras culturas.” Hizo énfasis en la urgencia de organizarse porque, de no hacerlo “nuestros hijos serán esclavizados… y nadie quiere ver a sus hijos esclavos. No queremos ver un futuro peor que el que estamos viviendo nosotros. Mañana nuestros hijos van a decir: gracias a mis padres, a mis abuelos, hoy tengo tierra, no soy esclavo”.

El concejal José Jiménez, de Teopisca, hizo un breve resumen de la lucha de la ranchería San Francisco, ejemplo de organización y resistencia en la defensa de la tierra y el territorio.

Marichuy por su vez hizo un recuento del surgimiento del CNI en 1996 y del CIG 20 años después. “Vimos que ante los intentos organizativos había represión, encarcelados, muertos, desaparecidos. Y vimos que están de la mano el gobierno y el crimen organizado. Son ellos los que han metido temor en las comunidades ante los intentos organizativos; son ellos quienes han estado de la mano para llevarse nuestras riquezas, contaminar las aguas, despojarnos de las tierras.” Y explicó: “Los concejales son la semilla organizativa en cada región” y su papel es ir articulando las muchas luchas de los pueblos contra el despojo y la muerte. Se trata de una “propuesta para todo México, y en México estamos todos: hombres y mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, maestros, doctores, artistas… todos”.

(Lee las palabras de Marichuy.)

Escucha los audios:

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El pasado 9 y 10 de diciembre, diversas organizaciones realizaron una visita de observación y documentación de derechos humanos al municipio de Chalchihuitán, donde casi 6 mil indígenas tsotsiles se encuentran desplazados por un grupo armado de Chenalhó, cobijado y a servicio de la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en una disputa territorial provocada por el gobierno federal hace cuatro décadas.

Los desplazados se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad, la mitad viviendo a la intemperie en temperaturas que de noche descienden a bajo cero, y que ya cobraron la vida de tres niñas y un niño pequeños y dos adultos mayores. La otra mitad se encuentra hacinada en casas de parientes o amigos en la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde hasta 40 familias se abrigan en una misma casa, en condiciones de creciente carencia alimenticia.

Chalchihuitán se encuentra sitiado. La carretera de acceso fue cortada con maquinaria pesada y no ha sido reestablecida, a pesar de las aseveraciones del gobierno de Chiapas, quien supuestamente habría acordado con el grupo armado el reestablecimiento de las vías de comunicación. Al mismo tiempo, el grupo armado sigue operando en esa área y quienes pasan a pie temen ser asesinados. Esto significa que, para llegar con ayuda humanitaria, es necesario recorrer un difícil camino de terracería, un recorrido de 9 horas desde San Cristóbal vía Simojovel (normalmente el trayecto se hace en poco más de una hora). Esto también ha afectado a los habitantes de la cabecera municipal y de muchas otras comunidades, pues el abastecimiento de alimentos se ha visto seriamente perjudicado y los precios de los alimentos básicos han aumentado de manera considerable.

La respuesta del gobierno ha sido un maquillaje y lo que los observadores califican como una burla. La “ayuda” del gobierno se ha limitado a alimentos chatarra, en principio destinados a los damnificados del sismo, que, además de ser insuficientes, enferman a los campesinos, que no están acostumbrados a esos alimentos… y una cobija por familia. Al mismo tiempo, el grupo armado, con vínculos conocidos con la alcaldesa Rosa Pérez y el PVEM, continúa operando con total impunidad.

Los observadores reportan enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales, carencia de medicamentos y atención médica urgente y condiciones climatológicas extremas. También reportan un estado psicológico de miedo y estrés extremo, sobre todo en los niños, que sobreviven en condiciones inhumanas. “Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento”, dice el informe conjunto leído durante la conferencia de prensa. Hay niños recién nacidos e incluso algunos que nacieron ya en condiciones de desplazamiento. Se relató el caso de una mujer que, el mismo día que dio a luz a su bebé, tuvo que huir, con el bebé y otro niño en brazos.

Como es bien sabido, el problema lo ocasionó la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al desconocer los acuerdos comunitarios existentes sobre los límites territoriales y repartir tierras conforme a una línea arbitraria que condujo a un conflicto agrario entre pueblos hermanos que otrora vivieron en perfecta armonía. Al mismo tiempo, el grupo armado es producto directo de la política de paramilitarización y contrainsurgencia plasmada en el Plan de Campaña Chiapas 1994, elaborado como respuesta al levantamiento zapatista, y que resultó en la Masacre de Acteal en 1997.

(Ve Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación detallada de los orígenes del conflicto y la responsabilidad de los gobiernos local, estatal y federal.)

Los observadores advierten que las condiciones actuales son muy similares a las existentes previo a la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad, y cuya señal de continuidad más visible es este desplazamiento forzado de 6 mil personas, la mayoría mujeres y niños.

Escucha los audios de la conferencia de prensa aquí:

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? – Artículo de RZ analizando el conflicto.

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado – Pronunciamiento leído durante la conferencia de prensa.

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas – Comunicado de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Grupos armados operan con aquiescencia del Estado mexicano en Los Altos de Chiapas – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Programa de radio de “Frecuencia Mutante”, 9 de diciembre:

Parroquias de Chenalhó y Chalchihuitán realizan misa y peregrinación – Nota, fotos y audio

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Invita al Cine Debate:
Ciclo: Semillas de Conciencia

Acteal, nunca más
Dirección: Epigmenio Ibarra 13.10 min

De Las Abejas que no olvidan
Dirección: Mardonio Carballo 27.40 min

14 de Diciembre a las 18:00 horas

KINOKI Foro Cultural Independiente

Calle Belisario Domínguez 5-E, esquina Andador Guadalupano, SCLC, Chiapas

Sinopsis:

A 20 años de impunidad por la Masacre de Acteal, la memoria colectiva de Las Abejas de Acteal persiste en la construcción de Otra Justicia. Sus voces, sus nombres, sus rostros siguen caminando la paz.

Se transmite #EnVivo desde:

http://mixlr.com/foro-cultural-kinoki/

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Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5000 indígenas tsotsiles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas.

El pasado 9 y 10 de diciembre organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales.

La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán.

Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del Sr. Samuel Pérez Luna en Kanalumtik, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados.

A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Coello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria: personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado de la Organización de Las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el estado de Chiapas.

Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas – Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenalhó como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinadas.

El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México, la situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo.

La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas, la existencia de grupos armados, que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chenalhó y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y del gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto, ellos a través de sus estructuras municipales y estatales han abonado a la impunidad.

En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados, la violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados los pobladores no pueden ir a sus cultivos, perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada como consecuencia no tendrán maíz, frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria.

Observamos que niñas, niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada han fallecido infantes en desplazamiento.

Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones preexistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio1 y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada mil, trece veces más que a nivel estatal.2

Constatamos la situación que viven la mujeres y niñas en situación de desplazamiento: la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento.

Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chenalhó son municipios que han sido señalados como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y el estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia.

Las organizaciones civiles integrantes de esta misión, creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación, la espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Acteal.

Las decisiones erradas de la entonces Secretaria de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contrainsurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas ‘94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chenalhó, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Coello han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región.

Las organizaciones integrantes de la misión de observación y documentación de derechos humanos y firmantes de este pronunciamiento hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno:

Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados en la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó.

Es importante que el estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chenalhó, para su atención integral de acuerdo al marco legal y a la normativa internacional de derechos humanos.

Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera de segura, como lo marcan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en caso contrario el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento.

Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia.

Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenalhó para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios y que fue creado por las instituciones del gobierno.

Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional, debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas.

Campaña contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C
Servicios y Asesoría para la Paz A.C
Melel Xojobal A.C

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
13 de diciembre de 2017

Pronunciamiento conjunto