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La historia de Isaias Oleta Pérez muestra la discriminación a pueblos originarios en el acceso a la justicia en Chiapas. Tseltal ejecutado por policias, los responsables se encuentran en libertad.

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• Organizaciones de derechos humanos desmentimos versión del INM respecto de operativo migratorio.
• INM y fuerzas de seguridad federal detienen a grupo de personas migrantes bajo engaño y desgaste.
• Se refuerza la militarización de la política migratoria en México, alejándola de un enfoque de derechos

Metapa de Domínguez, Chiapas – 6 de junio de 2019.

La noche del pasado 4 de junio llegó un grupo de aproximadamente 400 personas migrantes a la frontera con México, compuesto de numerosas familias, para iniciar el día 5 de junio un recorrido a pie desde Ciudad Hidalgo en dirección a Tapachula, Chiapas. Muchas de ellas habiendo tramitado previamente desde el punto de frontera su regular estancia en el país. En un principio, las autoridades migratorias les dejaron cruzar la línea fronteriza, no obstante, alrededor de las 13:20 horas, el equipo de Monitoreo de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos registró un operativo migratorio en Metapa de Domínguez, Chiapas (punto medio entre Ciudad Hidalgo y Tapachula), mismo que estaba acompañado de un despliegue de Policía Militar, Policía Federal con elementos antimotines, Marina e Instituto Nacional de Migración, más una discreta presencia de la Policía Estatal. Además, de varios autobuses preparados para trasladar a las personas. En total, se lograron observar un promedio de 300 elementos de seguridad del Estado.

Dentro del grupo que se encontraba en Metapa, en medio de la carretera sin protección del sol y el calor, se encontraban hombres, mujeres, niños y niñas, familias con niños pequeños y bebés. En ese momento presentaban claros signos de agotamiento y deshidratación por las altas temperaturas, además de estar en un estado de desesperación y confusión. Las personas fueron orilladas bajo esta modalidad de desgaste físico y emocional, agravado por la presencia militarizada, a ser trasladadas al centro de detención migratoria Siglo XXI en Tapachula.

Por otro lado, ocasionó que un grupo de unas 80 personas retrocediera y decidiera caminar en otra dirección o irse por caminos secundarios, exponiéndolas a mayores riesgos y vulnerando su integridad.

En este sentido, desmentimos la Tarjeta Informativa publicada por el INM momentos más tarde, la cual señala que “se revisó su condición migratoria de forma pacífica y cuidando la integridad de las personas”, puesto que, hasta el momento de su detención bajo responsabilidad de agentes migratorios, las personas no fueron entrevistadas para conocer su situación y sus documentos migratorios, así como sus necesidades de vulnerabilidad y protección internacional para el acceso a sus derechos. Además de que no se trató de una entrada al país de forma “abrupta”, ni descontrolada, sino buscando precisamente alguna de las diversas formas de regularización en México.

Por el contrario, únicamente se observó presencia de una camioneta y una ambulancia de Protección Civil, pero la entrega de agua y suero por parte de Protección Civil de Suchiate se entregó sólo a un último grupo de unas 50 personas que estaba esperando ser trasladado en autobuses. Se observó igualmente presencia de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentando el operativo, así como de algunos medios de comunicación.

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A 25 años de las agresiones perpetradas contra las hermanas González Pérez por el ejercito Mexicano, se realizó una toma simbólica y clausura de la guarnición militar en la San Cristóbal de Las Casas, Chiapas para exigir que el gobierno federal atienda con prontitud el caso, y que sea el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas quien realice el reconocimiento público de responsabilidad. Re-publicamos a continuación el comunicado del Comité Hermanas González Pérez.

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¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo? ¿Cuánto vale una vida? – ¿A quién le importan? ¿Cuesta la vida la justicia?

Más de 80 días desde el inicio de este proceso de lucha en busca de justicia y libertad. Horas, días, semanas y meses de una sucesión de hechos que van desde la resistencia al desgaste; de la dignidad a la ignominia; de la apuesta por la vida y por la libertad, aún con el costo de estar dispuestos a entregar la vida misma por encontrarla.

¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo?

¿Imaginas llevar más 15 años preso, y de esos 14 sin sentencia, haber perdido tu familia, no contar con ni un peso de ingresos en este tiempo, porque la cárcel te tiene secuestrado, y que la justicia te pida más de 18.000 pesos para poder acceder a la copia de tu expediente, y con ello a la posibilidad de tu defensa?

No lo imagines, ese caso se llama Adrián Goméz Jiménez está encerrado tras los muros del CERSS Nº5, lleva 83 días en lucha y en huelga de hambre; y la empresa privada que gestiona la “copiadora” del Juzgado de este penal le pide esa cantidad para poder obtener su expediente.

Y éste es sólo uno de los casos, imaginen a cuánto asciende la suma de todos los expedientes de nuestros compañeros en huelga de hambre. ¿Quién hace negocio con la justicia, quién se beneficia del encierro, a qué costo?

Para nuestros compañeros, la justicia les costó su proyecto de vida, sus ilusiones, sus apuestas a ese futuro que esperaban y por el que todo, y cada uno de los días, se esforzaban en alcanzar.

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El documento firmado por autoridades comunitarias, expresa el posicionamiento unánime contra la imposición del proyecto carretero del gobierno estatal. Además se desmiente el documento con fecha de 30 de julio del año 2014, que afirma tener el respaldo de los comuneros, mediente un acta de acuerdo que segun el secretario de gobierno del estado del Chiapas, Ismael Brito, se levantó en este año. En este documento no solo se aprueba el paso de la carretera, sino que establece que cuenta con el apoyo de los comuneros. Y al ser deconocido por estas comunidades ” queda sin efecto dicho documento”, refiere el acuerdo de las acomunidades sobre la súbita aparición de esta acta de aquel año .

En contexto Chiapas: Gobierno condiciona presupuesto municipal a cambio de aprobación de la carretera San Cristóbal-Palenque

“Los habitantes del municipio de San Juan Cancuc tienen sus terrenos con las medidas muy pequeñas que las conservan y son las únicas que nos dan para vivir el autoconsumo. Los terrenos afectados pertenecen a varias comunidades del municipio, no solo a la comunidad de Crusiljá y Yaxnail ya que son tierras comunales”, manifestaron las autoridades locales durante la asamblea en la cual también aprovecharon para denunciar la nula respuesta del gobierno estatal ante los escritos de inconformidad que las comunidades enviaron desde el 1 de abril.

Prioridades

Tras la victoria electoral en julio de 2018, el nuevo gobierno estatal a cargo de Rutilio Escandón del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha enfatizado que la administración chiapaneca a su cargo priorizará el desarrollo de proyectos carreteros.

“Lo que necesita Chiapas son carreteras, supercarreteras y caminos que comuniquen todos los pueblos con las principales ciudades del estado y esa será una prioridad del gobierno”, declaró Escandón ante empresarios chiapanecos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al vincularlo con otros planes de infraestructura en el sureste mexicano como el denominado tren maya.

En contraste al diálogo permanente entre gobierno y empresarios, los pueblos y comunidades del municipio de San Juan Cancuc no han recibido respuesta a sus escritos de inconformidad entregados en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Rechazo, no sólo en Cancuc

También ocho municipios de Chiapas se unieron a San Juan Cancuc en el rechazo de la construcción del tramo carretero San Cristóbal de las Casas-Palenque pues “el único beneficio que obtienen nuestras comunidades, es el despojo del territorio, y la destrucción de nuestra hermana madre tierra”, manifestaron integrantes de las parroquias de Yajalón, Candelaria, Huixtán, Oxchuc, Ocosingo, Altamirano, Chilón, Sitalá y Chicomuselo que integran el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite).

“Nuestros pueblos originarios exigen que el gobierno actual, NO REGRESE AL PASADO, QUE ESCUCHEN NUESTRA VOZ, NUESTRAS DEMANDAS Y RESPETEN EL DERECHO DEL PUEBLO. El camino de la imposición y las falsas consultas destruyen la vida de nuestras comunidades. No queremos más destrucción a la Madre Tierra, y los más de 185 kilómetros que requiere la construcción de la supercarretera, nos despojará de nuestro territorio rico en agua, ríos, árboles y BASTOS RECURSOS NATURALES QUE ES EL INTERÉS PRIMORDIAL DE LAS GRANDES TRANSNACIONALES Y EMPRESAS EXTRACTIVAS PARA EL SAQUEO DESMEDIDO DE ESTOS RECURSOS”.

 

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• Presos tsotsiles continúan lucha por su libertad desde los CERSS Núm. 05 y Núm. 10

A las 6 de la mañana, del día de hoy, 10 personas iniciaron un ayuno en exigencia de libertad para 7 presos tsotsiles que han denunciado violaciones a derechos humanos en sus procesos jurídicos. Durante 12 horas permanecerán en plantón, sin consumir alimentos, sólo miel y agua, en la entrada del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 05, (CERSS Núm. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Estarán en ayuno: 7 familiares de presos (Andrea Hernández Díaz, Elena Gómez Hernández, Carla Guadalupe Meza Méndez, Facundo Ruiz Gómez, Eva María Ruiz Pérez, Susana y Beatriz de la Cruz Ruiz); 2 integrantes del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs (Juan Pablo Nava y Jorge Abel Pérez Rodríguez; y Juan Pérez Álvarez, quien estuvo en prisión 16 años y obtuvo su libertad el pasado 14 de mayo.

El objetivo de esta acción de protesta es solidarizarse con 7 presos tsotsiles quienes continúan la lucha por su libertad a 83 días de que iniciaron una huelga de hambre. Posterior a un lapso de 30 días de ayuno, 5 de ellos reiniciaron la huelga de hambre el 14 de mayo de 2019: Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo, Germán López Montejo (Desde el CERSS Núm. 05, en San Cristóbal de Las Casas) y Marcelino Ruiz Gómez. (Desde el CERSS Núm. 10, en Comitán de Domínguez).

Debido a la situación penitenciaria en la que se encuentran y por los días transcurridos sin alimentos ni atención médica adecuada, hay un deterioro importante en la salud física y emocional de los 5 presos en huelga de hambre1. Existe el riesgo de que su salud se agrave debido a la decisión de los presos de continuar en huelga de hambre ante la omisión del gobierno del Estado de Chiapas.

A la fecha, sus demandas no han sido debidamente resueltas. Un ejemplo es la falta de acceso a sus expedientes penales: El pasado 24 de mayo la familia de Juan de la Cruz Ruiz pagó 3.500 pesos para la entrega de la copia de su expediente; y por el de Adrian Gómez Jiménez les solicitaron 10 mil pesos. Esta situación intensifica las condiciones de discriminación a población económica y socialmente vulnerable.

Los presos tsotsiles en huelga de hambre y sus familias en ayuno exigen al Estado mexicano: continúe las investigaciones de las denuncias por Tortura y otras violaciones a derechos humanos; atienda la solicitud de libertad inmediata y garantice la seguridad e integridad de las personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación2.

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COMUNICADO ANTE LA NECESIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA, Y DENUNCIA DE NEGLIGENCIA EN LA MISMA, DE NUESTRO COMPAÑERO MARCELINO RUÍZ GÓMEZ EN HUELGA DE HAMBRE EN EL CERSS Nº 10 DE COMITAN

El día de hoy recibimos la llamada de los familiares de Marcelino Ruíz Gómez para avisarnos de el mal estado de salud de nuestro compañero. Posteriormente, él mismo nos comparte que desde hace unos 6 días aproximadamente apareció un dolor en el abdomen del lado derecho debajo de las costillas. Situación que comunicó de inmediato al médico encargado de atender a la población interna en el mencionado centro de internamiento.

Nos relata que en el día de hoy, el dolor se hizo insoportable y pidió hablar con el director del CERSS Lic. Alejandro Constantino Hernandez para comunicarle la situación y que se hiciera cargo de la asistencia necesaria para verificar y atender su estado de salud de la forma más rápida y eficaz posible.

Marcelino fue trasladado a un consultorio de ultrasonidos aproximadamente a la 1:00 p.m. donde le realizaron estudios. Según, en este mismo lugar le informaron verbalmente de que sus organos están “bien” y el informe médico con los resultados se le entregó al personal de Trabajo Social sin que se le haya entregado copia a nuestro compañero, ni mayor información.

Retornó al centro de internamiento a las 14:00 pm aproximadamente y hasta el momento no ha tenido más atención, ni le han suministrado ningún medicamento para el dolor. Simplemente le dicen que no tiene nada.

También nos relata Marcelino que en transcurso de 48 horas han aparecido manchas negras en sus mejillas de forma espontánea, sin que haya habido ningún golpe o trauma por impacto. Esto puede ser una señal preocupante de un fallo en la función hepática por problemas de coagulación en la sangre desde el hígado, orgáno responsable de esta función y de la producción de la vitamina K.

Hacemos responsables al Director del CERSS Nº10 de Conitán Lic. Lic. Alejandro Constantino Hernandez y al Gobierno del Estado de Chiapas de cualquier riesgo, deficiencia o fallo en la salud de nuestro compañero y denunciamos la falta de atención médica, cuidado y negligencia en la atención recibida. Si algo grave le llegara a pasar a nuestro compañero será total y absoluta responsabilidad de ellos y de nadie más.

Marcelino se encuentra en huelga de hambre dentro de su legítimo derecho a la manifestación política en la lucha por su libertad. Esta acción de lucha tuvo inicio el pasado 15 de marzo del presente año, y ante la falta de respuesta adecuada del gobierno llegó hasta el punto de costurarse los labios en señal de protesta y demanda de atención a su petición de justicia y libertad.

Son 76 días desde el inico de esta acción política, y es el segundo de nuestros compañeros en huelga de hambre que necesita ser atendido por problemas en su salud que pueden desencadenar situaciones de gravedad que pueden producir secuelas de por vida, o llegar a comprometer sus vidas.

En esta fase de la acción el riesgo es extremadamente elevado por la fata de vitaminas y proteinas en el cuerpo, este puede colapsar en cualquier momento. Sabemos que para el Gobierno la vida de ellos no vale nada, y eso nos preocupa de sobremanera. Sabemos que nuestros compañeros, porque así nos lo han dicho, no van a desistir en su acción y que están determinados a seguir con esta lucha hasta las últimas consecuencias.

La vida, la salud y la integridad de nuestros compañeros es una preocupación constante para nosotras y nosotros. No vamos a parar de alzar la voz para gritar la injusticia, el maltrato y el desprecio por sus vidas al que se están enfrentando.

Exigimos que de manera inmediata sea atendida de forma adecuada el problema de salud de nuestros compañero y que se realicen los estudios, pruebas y protocolos necesarios para descartar cualquier riesgo a su salud. De igual manera que sea atendido el dolor físico que está enfrentando de manera inmediata. De nueva cuenta, hacermos responsable al Director del CERSS y al Gobierno del Estado de Chiapas.

No vamos a mirar hacia otro lado.
No los vamos a dejar solos hasta verlos libres.

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

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En México, se realizan acciones en más de 10 estados.

En tan sólo tres meses, cinco defensores del territorio que se organizaban en torno al Congreso Nacional Indígena (CNI) han sido asesinados. Se trata de Samir Flores Soberanesde Amilcingo, en el estado de Morelos y de Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián; estos últimos pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.

En el mismo lapso de tiempo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un informe en el que da cuenta de la intensificación de la estrategia contrainsurgente  contra Pueblos Originarios Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí se informa que “desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas). Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares en el último mes”.

Ante esta grave situación, organizaciones, redes, colectivos e invidualidades se han dado a la tarea de organizar una serie de movilizaciones en diferentes partes de México y del mundo para mostrar su solidaridad con el EZLN, y reivindicar la lucha por la Vida y contra la Guerra en todo el mundo.

Hasta el miércoles 29 de mayo, había registradas más de 20 acciones en México, Argentina, EUA, Grecia, Francia y Austria. La información sobre dichas actividades pueden consultarse en la página Porque Acordamos Viviry registrarse al porqueacordamosvivir@gmail.com

Para sumarse a la acción desde redes sociales, también se convoca a utilizar los #NosotrxsConElEZLN #NosotrxsConElCNI y #JornadasPorLaVidaEZLNyCNI

En la Ciudad de México, la cita fue a las 07:00am en la entrada de Palacio Nacional, por la tarde también se llevaron a cabo otras actividades.

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A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra.

Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2)

Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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