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(Español) Gira europea del CNI y el Frayba: Por un Clima de Rebeldía … Defendamos las comunidades indígenas y la lucha

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En México se lleva a cabo una guerra no visibilizada en contra de los Indígenas.
Las comunidades autónomas zapatistas en Chiapas están siendo atacadas por grupos paramilitares que les disparan y los cercan, les destruyen sus Milpas y sus casas y les cortan el agua
El Gobierno deja actuar libremente a los grupos armados y promulga supuestas reformas sociales que destruyen la tierra comunal y a través de las cuales se promueve el robo de la tierra a mano armada.
El Gobierno mexicano niega la guerra en Chiapas e intenta presentarla como un conflicto entre Indígenas. Todo lo anterior es para nosotros un motivo para invitar a la Delegación del Congreso Nacional Indígena, CNI, a una concentración solidaría.

Durante la concentración que se llevará a cabo de las 4:00 a las 5:30 pm, en el marco de la fiesta Schanzenfest, unos Compas van a hablar sobre la situación en sus territorios, sobre sus luchas, sobre la violación a los derechos humanos y sobre la guerra en Chiapas.

La concentración es parte del programa de la Tribuna principal. Las participaciones se van a traducir al alemán.
La vista de la Delegación en la fiesta Schanzenfest es el comienzo y al mismo tiempo, parte de un viaje por la Europa insumisa durante el cual se quiere sacar a la luz publica la guerra en contra los pueblos indígenas. Nosotros apoyamos y con la concentración enviamos al mundo una muestra de solidaridad.

Los Zapatistas así como otras muchas comunidades indígenas en México, se encuentran desde 1994 en lucha y en resistencia por su autonomía y por su auto-organización. Ellas fueron y son una inspiración para el movimiento critico a la globalización en todo el mundo. Los cimientos de la autonomía y de la resistencia de las bases de los movimientos sociales los combaten cuando se dispara a las escuelas, cuando prende fuego a las Milpas, cuando los Zapatistas son secuestrados, asesinados o heridos de gravedad.

La visita de la Delegación a la Fiesta Schanzenfest es parte del comienzo de un viaje por Europa durante el cual los niveles de violencia así como la guerra que no ha sido visibilizada, se pondrán a la luz pública.
Nosotros queremos apoyar esto y con la concentración queremos envías una muestra de una solidaridad fuerte a todo el mundo.

Lxs Zapatistas no están solos!
Mientras las consecuencias del cambio climático, ocasionadas por el hombre, son visibilizadas y claras en todos lados, muchas personas en todo el mundo se encuentran en resistencia contra Megaproyectos, los ataques a ambientalistas aumentan. En el año 2020 hubo en México 30 ataques mortales a ambientalistas, la mitad de ellos eran indígenas.
Esto no es una casualidad. México es uno de los países con la mayor cantidad de licencias a consorcios nacionales y transnacionales para la minería. Los cuales son de manera directa o indirecta responsables por el asesinato a ambientalistas. A través de pagar a asesinos a sueldo o por medio de poner armas a disposición de grupos de seguridad privada se ahuyenta a les ambientalistas para de esta manera romper la resistencia en las comunidades afectadas.

Las y los Indígenas están en estos momentos en la primera línea de las luchas sociales en tiempos del cambio climático en todo el Sur global. Elles están siendo afectadas por el robo de sus tierras, el cual es impulsado por la continuidad del colonialismo, por la corrupción y por los intereses económicos, por el del aniquilamiento del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales a través un capitalismo sin límites. Recursos Naturales que en realidad les perteneces sólo a elles, como el agua, las selvas y los bosques están siendo privatizados y saqueados.

Las comunidades indígenas en resistencia aportan mucho conocimiento y experiencia, pero no son escuchadas. En el Norte global, en las mesas redondas de los expertos en la política oficial o en el capitalismo verde no se encuentran las soluciones para la contención del cambio climático ocasionado por el hombre, sino en la organización desde abajo y en el empoderamiento de todes nosotres como actores.

Nosotros estamos cansados de escuchar las mismas explicaciones y las mismas discusiones de van de acuerdo a la circunstancia política, para determinar cuántos grados no se han cumplido dentro de los objetivos climáticos, por qué se afirma que el crucero supuestamente está lleno y por qué una vida mejor no es económicamente posible dada la situación actual. Nosotros mejor escuchamos a las y los que se encuentran en resistencia, a los que luchan por otras realidades.

Las luchas climáticas son luchas sociales con alcance global

Mientras en Alemania se prometen cada vez más respuestas a la crisis climática provenientes del “capitalismo verde” y de la “apertura tecnológica”, otras regiones del mundo sufren las consecuencias de estas estrategias. Las materias primas y los recursos naturales provenientes del Sur global se siguen aprovechando y utilizando para la producción y venta de productos y mercancías. El sistema capitalista no se pone en tela de juicio mas bien se defiende y se fomenta su desarrollo a través del uso de la violencia.

Consorcios alemanes y europeos presentan una imagen verde, mientras tanto en México los sindicalistas de izquierda, ambientalistas, periodistas críticos son asesinados, mientras como en el caso del Tren Maya en Yucatán, México, en cooperación con el Deutsche Bahn, deja una vereda de devastación por la selva para que la región sea integrada al turismo y para que los recursos naturales sean saqueados.

La imposición de Megaproyectos y la debilitación provocada a la resistencia de las bases son parte de la guerra contra los indígenas en México. Las causas y la raíz del conflicto llegan hasta el día de hoy al puerto de Hamburgo como Ciudad Puertearía y como torniquete para mercancías, maquinaría y armas.

Derribar la continuidad colonial de sus pedestales

Hace exactamente 140 años la Cámara de Comercio de Hamburgo se acercó al que fuera el Canciller del Imperio Bismarck, pidiéndole el favor de poner el patrimonio de los comerciantes alemanes bajo la protección de Imperio alemán de manera oficial. Un año más tarde nació el imperio colonial. En honor y como agradecimiento a la protección colonial se edificó el monumento a Bismarck en el barrio de St.Pauli.
El que la historia y el crimen del colonialismo, como una atracción marítima, se siga reconociendo, se puso de manifiesto cuando en julio de 2023, en el día luctuoso de Bismarck se restaurara el monumento, lo que tuvo un costo de 10 millones de euros. Este acontecimiento describe no sólo la negación a reconocer los crimines del colonialismo alemán y de trabajarlo desde una perspectiva critica, sino que es parte de la actualidad para aferrarse a las injusticias postcoloniales del comercio global.

Mientras que las fronteras estatales en el marco de la globalización se abren a los mercados y a las mercancías, las personas son sometidas a regímenes cada vez más autoritarios.
Desde 2014, 25.000 personas han perdido la vida o no han sido localizadas en el mar mediterráneo. A pesar de todo, el salvavidas marítimo es criminalizado y limitado en su trabajo por leyes cada vez más restrictivas, como con el Tratado GRAS/CEAS.

Las muertes de Refugiados en el mar mediterráneo se han vuelto parte de la cotidianidad en beneficio de la ganancia máxima para Europa. El Derecho de Asilo lo hacen cada vez
mas restrictivo y va de acuerdo con la voluntad política y en beneficio de multitudes destinadas al mercado laboral barato.

Los intereses utilitarios son los que deciden qué es Humanidad, Justicia y Prudencia, son los que deducen cuáles son los últimos nichos de bosques tropicales de la periferia o de la Metrópoli y son los que regulan nuestra vida en comunidad , nuestros deseos y nuestro comercio.

Alto CEAS – not people!

En Europa es necesario repudiar las economías privilegiadas y el empoderamiento, sabotear el funcionamiento normal de un mundo que convierte a las personas en consumidores y productores. En cabio debemos unirnos, organizarnos en la vida cotidiana y aprender de diversas experiencias.
Porque una cosa es segura: así como está todo, no es una alternativa. No nos vemos parte de los supuestos acuerdos y certezas imperantes en defensa de una historia y un presente de explotación global que ha sido escrita por muchos durante demasiado tiempo. Estamos del lado de los pueblos indígenas en resistencia y de todos aquellos que luchan contra las condiciones actuales; que intentan saltar las fronteras y tratar de reimaginar su futuro en lugar de adherirse a leyes y reglas que destruyen este futuro y exacerban y cimientan las injusticias sociales.

¡Otro mundo es posible!

Por las luchas sociales contra los Megaproyectos y la Hidra del capitalismo global!
Alto a la guerra contra los Zapatistas!
Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas!

Más información en https://schanzenfest.blackblogs.org
Flyer en formato pdf: https://schanzenfest.blackblogs.org/wp-content/uploads/sites/2247/2023/07/Zapatista-Solidarity-Kundgebung-09092023.pdf

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redtdt.org.mx

(Español) Riesgos a la población de la Región Frontera de Chiapas ante la omisión estatal

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Llamamos a asegurar la vida e integridad frente al control de grupos criminales

A más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región.

Desde el 7 de julio de 2021, después del asesinato en la capital del estado de Chiapas de una persona vinculada a uno de los grupos criminales, iniciaron los enfrentamientos en diversas regiones. Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro[1].

Las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas.

El enfrentamiento en la comunidad de Lajerío entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, fue equiparable a una “guerra”: detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” blindados. Inició la mañana del 23 de mayo, después de la desaparición de autoridades ejidales un día antes; duró alrededor de cuatro días sin intervención alguna del Estado, y fue hasta el 30 de mayo que hubo presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.

Estos hechos provocaron que alrededor de 3,500 personas se desplazaran forzadamente de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal. En este contexto también ocurrió la muerte de un adolescente de 14 años por una bala perdida que entró por el techo de lámina de su domicilio. Además, la interrupción de la vida cotidiana de la población con el cierre intermitente de escuelas, comercios y de los servicios de salud y de transporte, ha implicado daños al patrimonio y medios de vida de las familias, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria e impactando profundamente en la salud física y mental de las personas, que viven en constante temor de nuevas agresiones.

Después de los enfrentamientos, los grupos criminales limpiaron evidencias y levantaron casquillos, armas y cuerpos de personas heridas y sin vida. Hasta después de estos sucesos, alrededor de 1, 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y Policía Estatal llegaron al territorio. Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan.

Posterior a la guerra de los 4 días, se ha expandido este conflicto hacia comunidades y ejidos de otros municipios, como Chicomuselo y La Trinitaria, en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos.

En las últimas semanas se han presentado bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en los municipios de Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas.

La población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de 2 años, actualmente vive secuestrada por los grupos delincuenciales: la circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de halconeo (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual. Con la presencia de los grupos delincuenciales se ha incrementado también el narcomenudeo y el consumo de drogas entre jóvenes; sin programas ni espacios educativos, recreativos o deportivos, las “opciones” son desplazarse o incorporarse forzadamente a las actividades ilícitas.

Existe un intento de total sometimiento y silenciamiento de la población, la cual está constantemente amenazada, en medio de la complicidad de autoridades municipales, ante las que no se tiene confianza para pedir apoyo y denunciar.

Desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, no existe certeza de su función ante el contexto. La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población.

Nos preocupan de manera particular las afectaciones que la violencia está provocando en los medios de vida de la población y en el ciclo campesino en la región, así como la obstaculización constante del comercio y transporte de productos básicos, lo que pone en riesgo el derecho a la alimentación a corto y mediano plazo, agudizando la violencia económica, lo que se suma a las causas estructurales de desplazamiento forzado de la población. Derivado del incremento exponencial de la violencia en la región, la migración de la población, que constituye una forma paulatina de desplazamiento, se ha venido desatando aun con mayor fuerza, pues ya no hay condiciones para la vida en esos territorios.

Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Por ello exigimos al Gobierno mexicano:

  • Una investigación imparcial y profunda por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la Fiscalía General de la República sobre los hechos de “la guerra de los 4 días” en el municipio de Frontera Comalapa, así como de los mecanismos de control poblacional y del territorio de la Región Frontera por parte de estos grupos de delincuencia organizada, que desde el 2021 mantienen amenazada y sometida a su población.
  • El cese de la estigmatización y criminalización de la población que se encuentra en medio de la violencia en condiciones de sobrevivencia, reconociéndoles su estatus de víctimas.
  • Una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo.
  • Que desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida.
  • Que los Gobiernos federal y estatal impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en el municipio de Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas.
  • Que se garantice la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general en Chiapas, y particularmente en la Región Frontera.

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género

Guatemala – México (MTMG)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS)

 Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja


[1] Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Presos injustamente de Cancuc exigen su libertad inmediata

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San Cristóbal de las casas Chiapas 10 de septiembre del 2023

 

C. Derechos Humanos

C. Compas Solidarios

C. Sexta

C. Medidas Libres

C. Diócesis De San Cristóbal

C, Pueblos Creyentes

 

Nosotros presos tseltales de San Juan Cancuc C. Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez hacemos saber que estamos presos injustamente por un delito que no cometimos ya que llevamos 16 meses de presos queremos pedir justicia y la libertad inmediata y queremos pedir apoyo y solidaridad para que mas personas conozcan nuestro caso que sea llevado injustamente por la juez de enjuiciamiento la lic . Maria Guadalupe Flores Rocha que no toma en cuenta las pruebas que presenta nuestro abogado y que nos tiene recluido, queremos y solicitamos nuestros hermanos creyentes que recen por nuestra pronta liberación inmediata

 

Agradecemos mucho la atención que presta en esta carta

 

C.  Agustín Pérez Domínguez

originario del pueblo de San Juan Cancuc

 

C. Agustín Pérez Velasco

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Colectivo Colembij, palabras de Conmemoración en Memoria de las personas desaparecidas en Chiapas

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Al Pueblo de México

Al Pueblo Creyente

A los familiares y colectivos de desaparecidos en México y el Mundo

A las Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

A las Organizaciones No Gubernamentales de México y el Mundo

A la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas

Al Colectivo Nacional de Desplazados Internos en México

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Organización de las Naciones Unidas

Al Gobierno de México

 

Conmemoración del Día de Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Conmemoración en Memoria de las personas desaparecidas en Chiapas

Colembij, significa: Colectivo en memoria para la búsqueda de un camino a la Justicia y Verdad. Fue creado hace cuatro años por familiares de las víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno en Chiapas, provocado por el grupo paramilitar Organización Paz y Justicia, quienes estaban protegidos por Estado Mexicano, por las Fuerzas Armadas y Policías estatales y municipales.

El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de Desaparición Forzada estamos presentes para honrar la memoria de todas aquellas personas que en contra de su voluntad fueron brutalmente desaparecidas, tal y como fue a nuestras hermanas y hermanos de la zona baja del municipio de Tila, Chiapas. Este día, como en cada año, estamos presentes aquí familiares, compañeras y compañeros de lucha para exigir la Verdad y Justicia, la No Repetición y las Medidas de Reparación Integrar de los daños.

No olvidemos como fueron violentados nuestros derechos humanos por las autoridades del gobierno mexicano en el 1995 al 2000, estando como presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el gobernador de Chiapas Julio Cesar Ruiz Ferro, y el presidente municipal de Tila Carlos López Martínez, entre otros funcionarios públicos del estado de Chiapas.

Ante nuestra resistencia al sometimiento ellos mismo desplegaron grupos de policías municipales, Ejercito mexicano para atacar a las comunidades y al mismo tiempo están financiando, dando adiestramiento y proporcionando armas de alto calibre para acabar con nosotros, por otro lado reclutaron y convencieron a nuestro propios hermanos del mismo municipio de Tila y de otros municipios vecinos, para destruirnos, haciendo formar una organización Desarrollo Paz y Justicia, haciendo pasar como una Asociación Civil para gestionar proyectos para el pueblo, pero todo el dinero que se les daba por parte del gobierno era para compra más armamentos, como resultado de esta Asociación Civil fue el grupo paramilitar.

Llevamos 28 años exigiendo justicia, pero el Estado mexicano se ha hecho de oídos sordos, es por eso que exigimos que se castiguen con todo el peso de la ley a los responsables autores materiales e intelectuales de todas las víctimas desaparecidas y ejecutadas de manera forzada en la zona Norte de Chiapas, ni perdón, ni olvido.

  • Exigimos que no se repita este tipo de este tipo de Crímenes de Lesa Humanidad y que las desapariciones y desplazamiento forzados que siguen ocurriendo en nuestro estado de Chiapas y país, no quede impune, porque actualmente sigue ocurriendo en otros municipios, como Frontera Comalapa, Pantelho, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.
  • Exigimos también la aparición de nuestras compañeras Minerva Guadalupe Pérez Torres, María Rebeca Pérez Pérez, y nuestros compañeros Juan Ramírez Torres, Encarnación Pérez Pérez, Mateo Jiménez López, entre otras personas que no están con nosotros, que no están con su comunidad, que no están con su familia.
  • Exigimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el informe de Fondo Caso 12-901 Rogelio Jiménez y otros, para dar un paso a la justicia.
  • Exigimos al Gobierno mexicano que se apruebe la Ley de Desplazados Internos en México y el Reglamento a la Ley del Desplazamiento Interno en Chiapas.

Por último, exigimos a las autoridades actuales que reparen los daños que dejaron y que responsabilicen a los funcionarios que actuaron en ese momento y que cometieron este Crimen de Estado.

Agradecemos a las compañeras y compañeros de diversas organizaciones que nos han acompañado. Agradecemos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y al Servicio Internacional Para la Paz por estar siempre con nosotros y nos solidarizamos en la lucha de todos y todas las colectivas, activistas de familiares de desaparecidas en México y el Mundo.

 

¡Sin Justicia no hay Paz¡

¡Ni Perdón Ni Olvido¡

¡Alto a las persecución y violaciones a los Derechos Humanos¡

¡Castigos a los Responsables de Crímenes de Lesa Humanidad¡

Colembij

         
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Avispa Midia

(Español) Justicia anula condena de 25 años contra indígenas tzeltales, pero permanecerán en prisión

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Habitantes de San Juan Cancuc se manifiestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas contra la detención arbitraria de cinco defensores del territorio tzeltal. Foto: Frayba

El pasado lunes (28), el poder judicial de Chiapas resolvió anular la sentencia, emitida en mayo de este año, mediante la cual cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc habían sido condenados a 25 años de prisión acusados por el delito de homicidio.

En entrevista, Jorge Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), contextualiza que esta resolución es resultado de los argumentos presentados en la audiencia de apelación, efectuada apenas el 22 de agosto.

En dicha audiencia, resalta Gómez, la defensa enumeró violaciones al proceso legal contra los indígenas tzeltales. Entre ellas, la falta de imparcialidad e independencia de la jueza María Guadalupe Flores Rocha, quien amenazó e intimidó a los litigantes durante las distintas audiencias.

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Según el abogado, el sentido de la resolución se debe a que, entre las irregularidades destaca que los acusados no contaron con la adecuada traducción al tzeltal, su lengua materna. “La mayoría de las pruebas de la Fiscalía son de personas que hablan tzeltal, pero no hubo una adecuada traducción, que es un derecho constitucional de las personas indígenas que intervienen en un proceso legal, por eso se tiene que repetir todo de nuevo”, detalla.

Acorde al equipo legal del Frayba, lo que sigue es la reposición de la última etapa del proceso penal, el juicio oral, para el desahogo de pruebas de los testigos, peritos y policías involucrados en el caso. Aún queda pendiente la designación del juez que tomará el caso, así como la fecha en que reiniciará el proceso.

Gómez enfatiza que la reposición del juicio obedece a lo que el centro de derechos humanos denomina “fábrica de culpables”, pues considera que la actuación de las autoridades y el poder judicial de Chiapas tiene como objetivo que los defensores “permanezcan el mayor tiempo posible en prisión, sabiendo que son inocentes. Lo que hacen es retrasar su libertad, retrasar el debate sobre si son inocentes o culpables”.

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El abogado explica para Avispa Mídia que la adecuada traducción es una garantía que debió haber cumplido el Estado, y que, debido a su falta, los cinco acusados continuarán en prisión de manera indefinida hasta que se repita el juicio y el dictamen de una nueva sentencia. Debido a que son acusados por un delito considerado grave no cuentan con la posibilidad de solicitar medidas cautelares para llevar el juicio en libertad.

Jorge Gómez explica que el trabajo de defensa legal que realiza el Frayba, en el caso de los cinco defensores de Cancuc, así como con el caso de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), torturado y acusado por un delito que no cometió, es parte de un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas.

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“No es una situación solo de estos seis presos tzeltales, sino de muchas personas en Chiapas, muchas personas en México, que representan que las cárceles están llenas de personas inocentes y pobres”, acusa el abogado quien refiere que existe una colusión entre las fiscalías, poder judicial y jueces para fabricar delitos y culpables.

“El sistema, más allá de buscar la verdad o impartir realmente justicia, se dedica a fabricar delitos a la gente, para que sus estadísticas de justicia y de cero impunidad queden reforzadas ante la sociedad (…) lo que vemos atrás de esas cifras es que están acabando con la vida de las personas, porque mantienen a personas inocentes privadas de la libertad y sujetas a proceso legales que no están a su favor, y donde lamentablemente, en Chiapas, desde el momento que eres detenido, tú ya eres culpable”.

Para el litigante, en el caso de los presos de San Juan Cancuc, la estrategia del poder judicial es buscar el desgaste de los detenidos, sus familiares y de las organizaciones que los acompañan. “Buscan alargar todo. El hecho de que repongan el proceso, el sistema sigue ganando, porque siguen en la cárcel y ellos siguen diciendo que ya resolvieron un crimen, cuando no es así”.

Por este caso, así como por la prisión de Manuel Gómez Vázquez, el Frayba presentó una demanda contra el Estado mexicano ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, para denunciar la sistemática violación a los derechos humanos. “El grupo de trabajo tiene que analizar el caso, y pues tendrían que darle vista al Estado mexicano para que dé su versión de por qué están pasando estas cosas”, contextualiza el abogado quien se mantiene a la espera del reinicio del juicio.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 19

 

Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

  • La resolución del recurso de apelación es un momento oportuno para detener la criminalización en su contra.
  • Ha transcurrido ya un año y tres meses de su Privación Arbitraria de la Libertad

El día de ayer 22 de agosto de 2023 se celebró la audiencia de alegatos de segunda instancia la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas por el caso de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó ante el Tribunal las violaciones cometidas durante este proceso de fabricación de culpables. Fueron exhibidas las deficiencias y contradicciones probatorias resultantes de un evidente montaje de de pruebas y que pese a ello la Juez de primera instancia resolvió condenarlos. El Tribunal escuchó también las innumerables violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia que los jueces de primera instancia no tomaron en cuenta en un evidente contubernio para perpetuar este proceso de represión.

Los magistrados Julio César Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josué Alejandro Utrilla Bravo tienen hasta el viernes 25 de agosto para decidir sobre el recurso de apelación, por lo que tienen una nueva oportunidad de dictar una sentencia absolutoria, que permita que los cinco defensores tseltales puedan recobrar su libertad y su proyecto de vida junto a sus familias.

Como recordamos, los cinco compañeros defensores tseltales han caminado en diferentes procesos de defensa de la tierra y el territorio, así como en contra de la militarización. El 29 de mayo de 2022 en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal tres de ellos fueron detenidos de manera ilegal en San Juan Cancuc, para después ser desaparecidos por más de 24 horas.

Fueron falsamente acusados por la Fiscalía de Justicia Indígena de haber sido detenidos en flagrancia, por posesión de drogas en San Cristóbal de Las Casas en una fecha posterior a la de su real detención. Enseguida los tres defensores fueron acusados, procesados judicialmente y condenados por un homicidio del cual no tienen ninguna responsabilidad, delito fabricado por el que hoy se encuentran luchando por su libertad.

Con motivo de la acusación por delitos contra la salud, dos integrantes de la comunidad acudieron a atestiguar la falsedad sobre la versión de la detención. Como reacción, la Fiscalía Indígena decidió deternelos acusándolos del homicidio mencionado.

Esta simulación no hace sino visibilizar la perversión del sistema en el que se articulan autoridades de los tres niveles de gobierno para estigmatizar a defensores indígenas en Chiapas. Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que hemos observado se trata de un patrón que es necesario desmantelar.[1]

Hacemos un llamado urgente a las personas, organizaciones y colectivos solidarios a instar al Poder Judicial del Estado a dictar una sentencia que sea absolutoria, de carácter progresista, imparcial, acorde a derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos y con perspectiva intercultural.

 

[1] Más información al respecto en nuestro Sitio Especial “Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas”,  Disponible en: https://www.frayba.org.mx/presos-tseltales

Descarga el Boletín No. 19 en pdf (218.52 KB)

 

Visita el #SitioEspecial Fabricación de culpables, detención arbitraria 12 https://frayba.org.mx/presos-tseltales

 

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Avispa Midia

(Español) En Chiapas, defensores presos de Cancuc apelan sentencia condenatoria

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familiares de los cinco defensores presos de San Juan Cancuc protestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Este martes (22), a escasos días de cumplir 15 de meses desde la detención de cinco tzeltales, defensores del territorio del municipio San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se realizó la audiencia para la apelación de la sentencia de 25 de prisión dictada contra los indígenas.

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Ante ello, organizaciones de derechos humanos, Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrritorio (Modevite) acuerparon la denuncia de los familiares de los cinco presos, quienes, mediante comunicado, acusan “a la Fiscalía Indígena y a la jueza de primera instancia María Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados, porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas”.

Las familias de Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz y Martín Pérez Domínguez, quienes se encuentran presos por el supuesto delito de “homicidio calificado” de un policía municipal, enfatizan que la muerte del elemento de seguridad “es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, porque habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”.

Mediante comunicado, difundido previo a la audiencia, resaltan que, dentro de las irregularidades en el caso, no se investigó a la patrulla en la que murió el policía Antonio Aguilar Pérez, ni se realizó investigación en el lugar de los hechos donde elementos de seguridad recogieron con vida al agente, para posteriormente entregarlo a su familia muerto, cinco horas después.

A lo anterior se suman “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, (además de la) alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector”, señalan los familiares de los presos.

Es por estos elementos que los familiares y las organizaciones exigen la liberación inmediata de los cinco presos injustamente “ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena”.

Fábrica de culpables

A inicios de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde argumenta que las detenciones arbitrarias, como en el caso de los defensores de San Juan Cancuc, son un castigo de parte de las estructuras gubernamentales para “quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios”.

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El Frayba resaltó que los cinco indígenas tzeltales forman parte de organizaciones como el Pueblo Creyente, el Modevite y además participan en el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, mediante las cuales se han posicionado contra megaproyectos que afectan sus territorios, tales como la construcción de una hidroeléctrica en el río Chacté y la ampliación de la denominada “carretera de las culturas”, que pretende conectar a los Altos de Chiapas con el Tren Maya.

“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, explicaron integrantes del centro de derechos humanos en la denuncia ante la ONU.

Actualmente, los cinco defensores se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus familiares y organizaciones exigieron a los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, “la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la colusión con los jueces”.

“Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos”, resaltaron.

Tras la realización de la audiencia, los magistrados cuentan con un plazo de tres días para dar a conocer su dictamen.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Denuncia pública de familiares de los presos de San Juan Cancuc

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San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 22 de agosto de 2023

Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA  HIJOS DE DIOS

DENUNCIA PUBLICA

A los 15 meses de detención, encarcelamiento y condena de 25 años de cárcel, hoy 22 de agosto de 2023 se lleva a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar.

Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la Fiscalía Indígena y la jueza de primera instancia Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas: por ejemplo las contradicciónes de los supuestos testigos , la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.

Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.

Exigimos a los magistrados Julio Cesar Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josue Alejandro Utrilla Bravo de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, que dicten una sentencia de segunda instancia realmente apegada a derecho y a la constitución y ordenen la inmediata liberación de los cinco compañeros presos injustamente, ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Palabra del Equipo Sureste de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en peregrinación por la paz

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Equipo Sureste de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Peregrinación ecuménica por la paz

Comitán de Domínguez, Chis. 19 /08/23

Comunicado oficial

 

  • Al pueblo de México
  • A las confesiones religiosas hermanas
  • A las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos
  • A los medios de comunicación social
  • A los tres niveles de Gobierno
  • A los hombres y mujeres que construyen la paz

“La paz es obra de la justicia” (Isaías, 32,17)

La paz es un grito que merece ser escuchado”

(Papa Francisco, 25. 10 .22)

“La verdad los hará libres” (Jn.  8, 32)

El día de hoy, como Iglesia que realiza su actividad pastoral en esta región del Sureste de Chiapas, unimos nuestro clamor en contra de la violencia y la inseguridad al de nuestros obispos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a las denuncias de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM). Como Iglesia, queremos ser constructores de paz, conscientes de que, como dice el papa Francisco, “una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo humano” (Fratelli Tutti, 229).

En nuestro trabajo cotidiano constatamos que este anhelo de paz y de justicia se confronta con los valores que reinan en nuestra sociedad, gobernada por el egoísmo, el individualismo, la competencia del “sálvese quien pueda” y el dominio del dios dinero, que todo lo contamina.

Nuestras comunidades y el pueblo en general estamos viviendo una situación generalizada de  violencia e inseguridad , causadas, principalmente,  por  la presencia de la delincuencia organizada y su secuela de asesinatos, secuestros y desapariciones, amenazas y hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos , de los líderes y lideresas  de las comunidades y del pueblo en general.

Ante esta realidad, como Iglesia profética  y liberadora,

DENUNCIAMOS:

  • La presencia del crimen organizado que opera con total impunidad, con el objetivo de controlar el territorio, explotar sus riquezas naturales y cobrar el derecho de piso y de paso, violentando los derechos humanos de las comunidades.
  • La conversión de nuestros territorios y comunidades en campos de batalla, donde realizan enfrentamientos armados los diferentes grupos de la delincuencia organizada, para asegurarse el control del territorio  o  de las rutas en disputa. Esto genera: asesinatos, secuestros, desapariciones, bloqueos, miedo y desplazamiento forzado de personas y familias enteras.
  • El aumento de cantinas y centros de prostitución clandestinos o semiclandestinos, en los que se sirven bebidas alcohólicas y drogas a menores, sin que las autoridades correspondientes hagan algo para impedirlo; más bien parecen cómplices y encubridoras.
  • El asesinato y violencia contra mujeres y niñas, que se realiza en total impunidad.
  • Las amenazas, asesinatos  y desapariciones de mujeres y hombres, líderes de sus comunidades y defensores de los Derechos Humanos, con el objetivo de amedrentar a la población y frenar y debilitar todo movimiento de resistencia.
  • El acoso constante y ataques armados por parte de grupos paramilitares en contra de las comunidades autónomas, con el objetivo de desalojarlas de sus tierras, sin que las autoridades intervengan para impedirlo.
  • El acoso, violencia, extorsiones, secuestros  y toda clase de violaciones a los derechos humanos de los migrantes extranjeros  que atraviesan por Chiapas hacia los EU, con frecuencia  por parte de las mismas autoridades encargadas de protegerlos.
  • La falta de sinceridad y honestidad para reconocer, por parte del Gobierno y de las autoridades,  la realidad de violencia e inseguridad que estamos viviendo, como si negar el problema fuese la mejor forma de solucionarlo.

Por lo tanto, con todo respeto, pero también con toda fortaleza,

 

DEMANDAMOS:

  • Que los tres niveles de Gobierno, cada uno en el ámbito que le corresponde, cumplan con la tarea constitucional que se les ha asignado de garantizar la paz y la seguridad a las comunidades y al pueblo en general.
  • Que se libere a nuestras comunidades del control del crimen organizado, para que puedan recuperar la soberanía de sus territorios y la autonomía de sus vidas.
  • Que las autoridades municipales controlen los establecimientos  de ventas de alcohol y drogas  a menores, porque actúan impunemente como verdaderos centros de corrupción, sin que nadie se haga responsable.
  • Que se tomen las medidas pertinentes para evitar y, en su caso, castigar la violencia en contra de niñas, jóvenes y mujeres, que se comete impunemente.
  • Que se evite por todos los medios las amenazas, acoso, asesinatos y desapariciones de defensores de Derechos Humanos y líderes o lideresas de las comunidades.
  • Que se controle y sancione a los grupos paramilitares que actúan impunemente en contra de las comunidades autónomas, impidiéndoles el desarrollo normal de sus actividades.
  • Que se respeten los derechos de las personas migrantes, para que el Gobierno de México no cargue con  el “trabajo sucio” de las políticas migratorios del Gobierno de EU.
  • Que se establezca una política de transparencia y veracidad informativa, que no pretenda ocultar los problemas; por el contrario, que busque conciliar a todos los sectores, para enfrentar este gravísimo problema de la violencia e inseguridad que a todos nos afecta.

Como Iglesia de Jesús seguiremos trabajando por la paz y la reconciliación entre nuestros pueblos y nuestras comunidades.

Rogamos al Espíritu divino que convierta los corazones de piedra en corazones de carne, para que, entre todas y todos,  podamos construir un reino de paz, de justicia, de amor y de fraternidad.

Que María, la Virgen de Guadalupe, interceda por nosotros y por todo el pueblo mexicano.

Iglesia Católica del Equipo Sureste, diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Lebil smulik jkanan lumk’inaletik Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas

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Lebil smulik jkanan lumk’inaletik
Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas

Existe un patrón de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos quienes suelen ser acusados de delitos que no cometieron; detenidos arbitrariamente; en varios casos torturados, y prolongada su detención a través de la prisión preventiva oficiosa. Todos mayas tseltales e n medio de un racismo estructural. De lo anterior son ejemplo:

a) Manuel Gómez Vázquez (diciembre de 2020): Se trata de un joven maya tseltal, integrante de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue falsamente acusado de un delito que no cometió por autoridades comunitarias, torturado por estas y después procesado penalmente bajo la intervención en complicidad de la Fiscalía de Justicia Indígena quien participó en la prolongación de su detención, desaparición forzada y fabricación de pruebas en su contra.

b) Los 5 de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco (mayo de 2022), cinco pobladores tseltales del municipio de Cancuc. A través de la organización comunitaria han resistido ante la militarización de su territorio y la instalación de megaproyectos. Actualmente se encuentran detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a raíz de un delito fabricado por la Fiscalía de Justicia Indígena. Todos fueron condenados por homicidio calificado, a pesar de haberse evidenciado que las pruebas eran inconsistentes al tratarse de un delito fabricado.
Luchamos por la libertad absolutoria para los 6 mayas tseltales, y se repare el daño por la detención arbitraria, así como a sus familiares por las afectaciones psicosociales; hacemos énfasis en la obtención de su libertad.
Frente al patrón de detenciones arbitrarias cometidas contra defensores de pueblos indígenas, se apliquen medidas de no repetición a fin de que cese esta dinámica sistemática.

El patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas del gobierno de Chiapas tiene las siguientes características:

• Colusión entre Fiscalía del Estado y el Poder Judicial del estado de Chiapas para la fábrica de culpables.

• Participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación;

• Acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, así como la participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL).

• Detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN); un Poder Judicial cómplice inactivo.

• Detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.

La criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.

Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas Leer el boletin

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