Chiapas
(Español) Chiapas: como en Iguala, la muerte de Rolando Pérez de la Cruz fue “bajo custodia y tortura de la policía municipal”.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 29 de octubre. La familia de José Rolando Pérez de la Cruz, exige justicia frente al palacio de “gobierno” en la capital chiapaneca. Al igual que en Iguala Guerrero, la policía municipal de Acala Chiapas, se vió involucrada en agresiones contra la población civil, en este caso causándole la muerte a Rolando “bajo custodia y tortura”, aseguran los denunciantes, ello durante el gobierno de Dagoberto Román, hace un año y ocho meses, sin que hasta la fecha se haya hecho justicia.
Con fotografías, carteles y mantas en el parque central de Tuxtla, los familiares de José Rolando quien contaba con 21 años de edad cuando falleció, evidencian que fue “asesinado en manos de policías municipales”, y precisan que “lo golpearon y torturaron hasta matarlo, dentro de los separos de la presidencia municipal de Acala Chiapas”. A pesar de ello, el médico del Servicio Médico Forense (SEMEFO) Adalberto Utrilla Moreno, dictaminó “asfixia mecánica por ahorcadura y que el cuerpo no presentaba golpes ni lesiones internas ni externas”, comparte indignada la familia.
El ex alcalde Dagoberto Santiago Román “protege y soborna a diferentes autoridades; amenaza y tortura psicológicamente a nosotros como familiares, así como a nuestra abogada Lorena Chávez Interiano y su hijo menor de edad”, denuncian los padres de Rolando, asì como su esposa y pequeña hija que le sobreviven.
“Seguimos exigiendo justicia y verdad a este mal gobierno de Velasco Coello, quien ha demostrado su falta de interés, su incompetencia e ineficiencia para que sean investigados y encarcelados todos aquellos que obstruyeron y participaron directa o indirectamente en el asesinato de José Rolando”, externan en un comunicado frente al palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez.
Criminalization of indigenous peoples affected by Chicoasén II dam in Chiapas
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Las obras para la construcción de la presa Chicoasén II continúan, a pesar de las numerosas irregularidades en el proceso de aprobación (incluyendo un acta de asamblea con firmas incluso de personas ya fallecidas), y a pesar del amparo del 9 de octubre de 2015, en el que a los ejidatarios del Ejido Chicoasén se les otorga la suspensión provisional de la obra. En vez de eso, la respuesta a los reclamos legítimos de los ejidatarios, indígenas zoques, ha sido la criminalización de su lucha en defensa de su territorio, con intimidaciones y hostigamientos judiciales, la emisión de al menos 11 órdenes de aprehensión y la detención del abogado Arturo Ortega Luna, quien se encuentra recluido en el penal de El Amate, acusado de “motín”. Según los ejidatarios, la denuncia que derivó en la detención fue interpuesta por la Comisión Federal de Electricidad ante la inminente suspensión de las obras tras el amparo del 9 de octubre.
Abajo, los audios de la conferencia de prensa realizada el 27 de octubre en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Compartimos también el Boletín de prensa del Frayba, “Criminalización de ejidatarios afectados por presa Chicoasén II”.
Claudia Rubí Solís Hernández, avecindada de Chicoasén:
(Descarga aquí)
Avisaín Solís López, presidente del Comité Ejidal de Chicoasén
(Descarga aquí)
Juanito Núñez González, ejidatario de Chicoasén
(Descarga aquí)
Hermelindo Alvarado Hernández, posesionario de Chicoasén
(Descarga aquí)
Gilberto Hernández, abogado del Frayba
(Descarga aquí)
Palabras finales, Claudia Solís y Avisaín Solís:
(Descarga aquí)
