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Por Romeo LopCam-Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones
Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le propuso al Congreso Nacional Indígena (CNI), formar un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y nombrar a una vocera que sería registrada como candidata independiente a la presidencia de la república, sabía que ambas organizaciones por momentos tendrían que ajustar sus tiempos al «calendario de los de arriba».
El reto será entonces mantener los propios, a la vez que se cumplen los requisitos burocráticos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), institución que heredó el descrédito del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) en virtud de que durante toda su existencia no logró erradicar el clientelismo, la corrupción y los fraudes. Por el contrario, los reforzó.
Todos los partidos caen, en mayor o menor medida, en estos males. Y la gente lo sabe. De ahí que en las elecciones en México, la abstención siempre supera por mucho al porcentaje del candidato o candidata más votado. Por supuesto, eso no significa que la mayoría apoye una alternativa más radical, como la vía armada. Pero tal vez sí respalde una más atípica. Esa es la apuesta del CNI.
Los votos serán lo de menos, se entiende que el piso no es parejo. Lo que se pretende, según se desprende de las declaraciones de la vocera del CIG, María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), es aprovechar el revuelo que genera la coyuntura electoral para organizarse como pueblos indígenas y mostrarle al país que existen otras formas de hacer política, en las que se practica el mandar obedeciendo de acuerdo a las necesidades de cada comunidad.
Las reglas y los tiempos del INE
Sin embargo, el CNI tendrá que jugar bajo reglas ajenas y cumplir con varias formalidades antes de empezar a recorrer el país para difundir su mensaje.
En primer lugar, tuvo que constituir una Asociación Civil, a la que denominó «Llegó la hora del florecimiento de los pueblos», con la ayuda de decenas de académicos e intelectuales afines al zapatismo. No podía ser de otra forma dado que así lo exige el Artículo 368, apartado 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En segundo, el pasado 29 de agosto el INE estableció que de acuerdo al corte de la lista nominal hecho el 11 de agosto de 2017, el mínimo de firmas necesarias para registrar una candidatura independiente a la presidencia es de 864 mil 536.
Dichas firmas se podrán recabar entre el 10 de octubre de 2017 (fecha en que se hace entrega de la constancia de aspirante) y el 6 de febrero de 2018, mediante una aplicación que funciona sobre teléfonos de «gama media y alta» con el sistema operativo Android 5.0 e iOS 8, o superior.
Además, según el Artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los apoyos deben cubrir por lo menos el 1% de la lista nominal en 17 estados de la república. Un cálculo aproximado de las firmas necesarias por entidad es el siguiente.
La aproximación en todo caso es igual o ligeramente mayor a lo requerido, dado que se utilizó la lista nominal del 1 de septiembre de 2017, en la que los números han aumentado.
Finalmente la solicitud de registro deberá entregarse entre el 8 y 11 de marzo de 2017. Los resultados de la verificación del «apoyo ciudadano» se darán a conocer el 23 de ese mismo mes, siendo el día 29 cuando se da la aprobación del registro para las candidaturas de la elección federal.
No todo México es territorio Telcel
En cuanto al método mediante el cual se registrarán las credenciales de elector de aquellos y aquellas que apoyarán la candidatura de Marichuy, sobra decir que el INE ignoró por completo la aún importante brecha digital que existe entre aquellas personas acostumbradas desde jóvenes al uso de computadoras y teléfonos inteligentes, con acceso regular a una conexión de Internet decente; y aquellas que nunca han utilizado dichas tecnologías.
Según la más reciente Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI); un 40.5% de los mexicanos y mexicanas no usan Internet. Un 26.4% no cuenta con un teléfono móvil y del 73.6% que sí, un 24% utiliza un celular común que apenas y cumple las funciones básicas.
Los resultados del INEGI no sorprenden. Si bien su uso se ha extendido en los últimos años, las tecnologías de la información han sido adoptadas principalmente por jóvenes y adultos de entre 12 y 44 años que viven en entornos urbanos. Otros factores que ofrecen cierta correlación con dichos datos son el grado de escolaridad y los índices de pobreza y marginalidad. Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados en los que menos se usa el teléfono celular.
Muchas personas que podrían haber participado recolectando apoyos, dependerán de otras para mostrar el propio. Gente que si bien no sabe mucho de teléfonos inteligentes, sistemas operativos, memes y redes sociales; posee esa sabiduría que se obtiene al defender todos los días a sus comunidades y territorios de los intentos de despojo.
Tejiendo redes de apoyo y organización
Aunque por supuesto, en el CNI existen jóvenes y no tan jóvenes que hacen un uso cotidiano las tecnologías mencionadas. Además de que las simpatías que despiertan en muchas ciudades no es menor. México, Guadalajara, Puebla, Xalapa, Tijuana, San Cristóbal de las Casas y muchas otras, cuentan con personas y colectivos dispuestos a tejer redes de apoyo para el CIG y su vocera.
En varios estados se han llevado a cabo reuniones con ese objetivo y en los próximos días concejales y concejalas estarán visitando varias universidades. La organización que se derive de estos encuentros resultará fundamental para que, como dijera el abogado y miembro del CNI Carlos González, este pueda «colarse en la fiesta de los de arriba para echárselas a perder».
En el comunicado en el que el EZLN explicó detalladamente la propuesta se apuntó:
Les dijimos que no importaba si ganaban o no la presidencia de la República, que lo que iba a importar era el desafío, la irreverencia, la insumisión, el quiebre total de la imagen del indígena objeto de la limosna y la lástima (imagen tan arraigada en la derecha y, quién lo dijera, también en la izquierda institucional del «cambio verdadero» y sus intelectuales orgánicos adictos al opio de las redes sociales), que su atrevimiento cimbraría al sistema político entero y que tendría ecos de esperanza no en uno, sino en muchos de los Méxicos de abajo… y del mundo.
Así, no quieren un lugar en el juego para ganarlo, saben que los dados están cargados. No son ingenuas e ingenuos. Su intención es más simple: patear el tablero, mostrar una vez más los absurdos límites que el sistema político mexicano le impone a la gente se organiza y trabajar para que ésta pueda coordinarse a nivel nacional con el fin de propiciar cambios realmente significativos.
(Español) Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) exige cancelación de órdenes de aprehensión y del Proyecto Integral Morelos
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Consejo Indígena de Gobierno
NIEGAN AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSION A DEFENSORES DEL TERRIOTORIO
- Juez de Amparo en Tlaxcala valora indebidamente supuestas pruebas plenas.
- Con la ratificación de las ordenes de aprehensión se demuestra que no existen condiciones para una consulta libre, previa e informada sobre el Gasoducto Morelos
Después de 3 años, 3 meses que nuestro compañero defensor de derechos humanos JUAN CARLOS FLORES SOLIS, desde la cárcel interpusiera amparo en mayo de 2014 contra una nueva orden de aprehensión que anunciara el 24 de abril de 2014, el Secretario de Gobernación en Puebla, Luis Maldonado Venegas en el noticiero radiofónico de MVS Radio conducido por Carmen Aristegui, al manifestar que quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos tienen más ordenes de aprehensión no solo en el ámbito local, sino en el federal. El pasado 28 de julio de 2017 el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tlaxcala negó el amparo a los defensores comunitarios integrantes del Frente de Pueblos ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL y JUAN CARLOS FLORES SOLIS argumentando que el juez de la orden valoró adecuadamente las pruebas contra los defensores de derechos humanos que son considerados en el proceso penal federal 19/2014 como pandilleros.
La orden de aprehensión sucedió con motivo de una denuncia que el apoderado legal de la CFE, JULIO CHAPA GARZA, hiciera ante el Ministerio Público Federal el 19 de enero de 2014 a las 11 de la noche contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, argumentando que los trabajadores de la CFE, CARLOS AURELIO MUÑOZ ZAMBRANO Y HECTOR ALEJANDRO TORRES SANTOS, le hablaron por teléfono para informarle que estaban privados de su libertad, sin embargo las presuntas víctimas acudieron personalmente a denunciar el hecho casi 4 meses después, el 6 de abril de 2014, día en que fueron detenidos nuestros compañeros: la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan ENEDINA ROSAS VELEZ, y un día antes que detuvieran al defensor de derechos humanos JUAN CARLOS FLORES SOLIS. Lo que evidencia la coordinación de los tres niveles de gobierno para criminalizar a quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos.
Sobre JUAN CARLOS FLORES SOLIS, pesaron 3 procesos penales siendo acusado de 9 delitos en total: la 127/2012 por los delitos de motín, extorsión, daño a obra hidráulica y despojo; 121/2014 por los delitos de robo agravado con violencia de dos teléfonos celulares y obstrucción de obra pública el cual compartió con los comisariados ejidales ENEDINA ROSAS VELEZ y AVELINO VELAZQUEZ TAPIA y; 19/2014 por los delitos de privación ilegal de la libertad con agravante de violencia, contra servidor público y pandillerismo, el cual comparte con los defensores comunitarios ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL, autoridades civiles y ejidales de San Lucas Tulcingo, así como del comisariado de bienes comunales de San Juan Amecac AVELINO VELAZQUEZ TAPIA. De los dos primeros procesos FLORES SOLIS salió absuelto, pero continua la persecución en su contra con el expediente 19/2014, llevando 40 meses sin conseguir la libertad absoluta y los defensores ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL 39 meses de ser perseguidos judicialmente.
En septiembre de 2015 nuestra organización el FPDTA denunció que la orden de aprehensión del expediente 19/2014 fue utilizada como moneda de cambio para que las autoridades agrarias de San Lucas Tulcingo aceptaran el paso del gasoducto a cambio del perdón de sus autoridades, sin embargo al conocer de este perdón los defensores comunitarios lo anexaron a su amparo como prueba de que los trabajadores de la CFE supuestamente retenidos utilizaban la denuncia como medio de extorsión para conseguir sus fines de liberación del derecho de vía del gasoducto, sin que esto fuera tomado en cuenta por el juez de amparo. Del mismo modo nuestros compañeros amparados ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL y JUAN CARLOS FLORES SOLIS, argumentaron ante el juez de amparo radicado en Tlaxcala que la inspección ministerial que sucedió el 20 de enero de 2014 manifiesta que no pudo comprobar que estaban privados de su libertad los CC. CARLOS AURELIO MUÑOZ ZAMBRANO Y HECTOR ALEJANDRO TORRES SANTOS y que el Notario Público de Atlixco que el mismo día levanto un instrumento notarial fedatando que las víctimas habían sido privadas de su libertad desde el 19 de enero al 20 de enero de 2014, no tiene validez porque al notario no le consta por propios sentidos que haya habido tal privación de la libertad, pues solo fue testigo de una Minuta de Trabajo el 20 de enero de 2014 a las 15:30 horas, donde la comunidad dio a conocer a los directivos de la CFE su negativa al paso del Gasoducto. Siendo ambas pruebas confirmadas por el juez de amparo como pruebas plenas que comprueban la privación ilegal de la libertad. Dejando a los quejosos solo el Recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado de Tlaxcala para que revoque la orden de aprehensión que pesa sobre los defensores del agua y la tierra.
Sin embargo el Tribunal Colegiado de Tlaxcala no ha sido la instancia que ha mostrado celeridad e independencia al resolver estos casos, pues en sus manos estuvo un Incidente de Acumulación de los amparos de ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL y JUAN CARLOS FLORES SOLIS el cual tardo en resolver 18 meses, que fue el principal hecho que mantuvo suspendido la resolución del amparo. En esta ocasión existe un plazo máximo en el artículo 92 de la Ley de Amparo para que se resuelva el Recurso de Revisión en menos de 90 días hábiles, pero de no conceder el amparo a los quejosos los dejara en un estado de indefensión ante la arbitrariedad de las autoridades que persiguen a los defensores de derechos humanos como pandilleros y delincuentes por oponerse a la falta de consulta del Proyecto Integral Morelos.
Después de la sentencia de amparo dictada el 7 de abril de 2017 en el expediente 402/2015 donde se concede a los pueblos de Atlixco el amparo para efecto de ser consultados como pueblos indígenas sobre la construcción y funcionamiento del Gasoducto Morelos, es evidente que no existen las condiciones para dicha consulta, pues ya no se lleva acabo de manera previa a la construcción de la obra, ni tampoco se da en condiciones de libertad pues se sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos que denuncian y se defienden contra las arbitrariedades de este proyecto, así como tampoco es informada, pues hasta la fecha las comunidades en zona de riesgo volcánico no cuentan con información sobre las medidas de seguridad y contingencia que deben seguir en caso de alerta volcánica ya que el paso del gasoducto bloquea las rutas de evacuación del Volcán Popocatépetl.
EXIGIMOS LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA NUESTROS COMPAÑEROS DEFENSORES COMUNITARIOS Y LA CANCELACION DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS
ALTO A LA CRIMINALIZACION A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua – FPDTA
