Until March 14, 2020, Cristóbal Sántiz Jiménez worked as a guard at a vocational training centre in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. That day, he was heading back home when he was arrested by members of the Chiapas Prosecutor’s Office Specialised Police on charges of “aggravated homicide”. Since then, he has been kept under preventive detention for a crime he did not commit.
As the spokesperson of the Permanent Commission of the 115 community members and displaced persons of Aldama, where he comes from, Cristóbal has been publicly denouncing the armed attacks, robbery, destruction of crops, and house arson perpetrated against the Aldama population by a paramilitary group from the municipality of Chenalhó. The root cause of this violence: a conflict between the Aldama and Chenalhó municipalities over 60 hectares of land that dates back to the 1970s and that Mexican and Chiapas authorities have been incapable to adequately address.
Two years before his detention, Cristóbal had already been accused of and subsequently absolved for the crime of “aggravated homicide”. This is not a coincidence. It is rather a prolongation of the harassment perpetrated against him by both State actors and the Chenalhó paramilitary group in retaliation for his work defending the rights of the displaced communities of the municipality of Aldama.
In August 2020, Cristóbal wrote a letter from the detention centre CERSS “El Amate”, in which he analysed the nature of the dreams of his own displaced Tsotsil Mayan communities from Aldama. According to Cristóbal, all their nightmares were echoing the violence they have been subjected to for more than four years.
Today in the Chiapas Highlands this violence continues. None of the three non-aggression pacts signed by the municipalities of Aldama and Chenalhó since June 2019 have resulted in the end of the armed attacks and violence against the Maya Tsotsil communities in this region.
There are currently more than 3,000 people forcibly displaced in the municipality of Aldama, who are mired in a food crisis due to the impossibility to cultivate their lands. They are permanently under attack. In the meanwhile, Cristóbal remains unjustly detained because he has never been scared to defend their rights.
Join our call to release Cristóbal Sántiz Jiménez!
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Luego de varias semanas intensas de protestas sociales tras el golpe parlamentario contra el expresidente de derecha Martín Vizcarra, la ciudadanía en las calles logró derribar al gobierno de Manuel Merino dejando un saldo 112 heridos, al menos 62 de ellos hospitalizados y tres muertos. El pasado miércoles 2 de diciembre más de 90 ciudadanos peruanos fueron procesados, 74 de ellos por el delito de terrorismo.
De acuerdo con un boletín de prensa emitido por Ministerio del Interior, de las personas detenidas, por lo menos 72 de ellas son acusadas de terrorismo. Además, se afirma que los detenidos pertenecen al grupo armado Sendero Luminoso (SL), del Partido Comunista del Perú, motivo por el cuál justifican estas detenciones.
Las viviendas de estas personas fueron allanadas en un megaoperativo policial, denominado Olimpo. Participó la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la La Policía Nacional del Perú (PNP), junto con la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial. En la intervención participaron 752 efectivos, con el apoyo de 98 fiscales.
Según la nota oficial del Ministerio los detenidos habrían creado organismos de fachada para realizar actividades terroristas en Lima y Callao, justo en las principales ciudades donde se desencadenaron las protestas.
La ciudadanía ha expresado que esto es más bien una cacería de brujas de los participantes en las movilizaciones y protestas. A esto se suma la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, como el Parlamento y la Policía Nacional, quienes han sido cuestionadas por la brutal represión que terminó con la vida de tres jóvenes. Inti Sotelo y Bryan Pintado asesinados durante las manifestaciones en el centro histórico de Lima y, Jorge Muñoz, obrero agrícola, que protestaba contra la explotación de las agroindustrias en Trujillo, una ciudad al norte del Perú.
La Policía Nacional no solo enfrenta duras críticas por la represión en las manifestaciones, también por los casos de corrupción.
Según el registro de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, “19 de los 25 gobernadores regionales a nivel nacional vienen siendo investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF). Solo entre marzo y agosto de 2020 la Policía peruana tiene 127 casos abiertos en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.”
Sumado a esta problemática, el 23 de Noviembre, a través de un mensaje por televisión, el presidente Sagasti anunció la destitución de 18 mandos policiales que ha generado una crisis en este aparato del Estado Entre esta destituciones están 3 tenientes generales y 15 generales de la Policía Nacional, lo que implica la renovación del Alto Mando Policial. Este Ministerio del Interior en menos de un mes tuvo ya dos ministros que renunciaron, y ahora va por el tercero. Aún así, la Policía intenta lavarse la cara por las denuncias de violaciones a derechos humanos.
El día de hoy (10), en conferencia de prensa, familiares de los detenidos en la represión del megaoperativo Olimpo anunciaron un plantón en exigencia por la liberación de los detenidos. Así mismo, han expresado que hay una grave crisis política y de derechos humanos en el Perú.
“Utilizan este operativo para legitimar a la policía que viene siendo cuestionada por asesinar al pueblo, nosotros venimos a desenmascarar que en este contexto a puertas del bicentenario, el pueblo peruano tiene abandonadas sus demandas, sus necesidades y se levanta el foco del terrorismo para desviar la atención de los verdaderos y principales del pueblo peruano”, puntualizaron los familiares de los detenidos.
También agregaron que a sus familiares se le ha detenido por “ pedir nueva constitución, por expresar su opinión crítica, por la situación de nuestro país”.
Personas de la 3a edad detenidas
De acuerdo a la Policía Nacional, en el megaoperativo se detuvo a 72 integrantes de Sendero Luminoso. Entre los detenidos hay dos excarcelados que pertenecieron a esta organización.
Sin embargo en la conferencia de prensa las y los familiares denunciaron que la policía se ha negado a entregar la lista de los detenidos, además señalaron que entre las personas detenidas hay personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos y asmáticos, no saben en qué condiciones se encuentran, puntualizan.
“Llegaron en la madrugada rompiendo puertas, traumatizando a menores de edad que estaban junto a sus padres, separando y despojando a un bebe de ocho meses de sus padres, injustamente, llevándose a personas de 70 y 80 años, con problemas de salud”, señalaron las y los familiares.
‘Terruqueo’ peruano
En Perú, el llamado ‘terruqueo’ es una forma de denigrar a una persona calificada de terrorista por reclamar derechos o protestar en contra del régimen y el sistema. Es una herencia derivada de la guerra contrasubversiva que el Estado usa a su favor. Con las protestas sociales tras el golpe, la población ha rechazado estas prácticas macartistas o de cacería de brujas del gobierno para acallar las demandas en contra de las políticas del Estado que no resuelven las desigualdades.
Los familiares de los detenidos en el megaoperativo reiteran en un comunicado publicado el día 10 de diciembre que sus familiares “no son terroristas” y que “no han cometido delito alguno, han ejercido sus derechos fundamentales, como libertad de expresión, opinión, reunión y organización que la propia constitución asiste a todos los peruanos”
Frente a la inestabilidad política en el país andino, se tienen también las grandes desigualdades sociales que la pandemia ha agravado. Durante las manifestaciones en contra de la crisis política y el golpe parlamentario, también hay una demanda que ha crecido: una nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente.
Diversos sectores populares han expresado que la nueva Constitución Política del Perú debe ser consensuada y redactada por una Asamblea Constituyente que represente a todos los pueblos y sectores del país.
Deberán participar decisivamente el mayor porcentaje posible de la población, tanto en el debate de los contenidos de la nueva Constitución Política, como en la aprobación del texto constitucional por voto popular.
La diversidad de este pueblo exige cambiar las leyes tan injustas, más aún, cuando en abril de 2021 se darán nuevas elecciones generales en Perú. Y la celebración a conmemorarse el bicentenario de la fundación de la República peruana.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Pese a las pruebas presentadas por la defensa de los detenidos en la jornada de protestas del 21 de noviembre en Xela, la jueza no aceptó abrir investigación por las agresiones policiales durante las capturas.
Por Gilberto Escobar
El 9 de diciembre en el juzgado de Paz de Quetzaltenango, la juez Mayra de León, leyó la sentencia a las personas detenidas en la jornada de protesta del 21 de noviembre en el municipio de Quetzaltenango.
De los seis acusados por faltas contra el orden público, cinco fueron absueltos; Natalhie Duarte Castañeda, José Ricardo Pérez Ramírez, Willy Fernando Guzmán Marín, Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillen Alcahé; a Cesar Ubaldo Boj le dieron una sentencia de 25 días de cárcel conmutables.
En el caso de Boj, la jueza de León consideró suficiente las imágenes de videos en los que se muestra que quemó cohetes contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y que incitó a los disturbios; los videos presentados por su defensa intentaron mostrar lo contrario.
La sentencia
La sentencia se dio en dos audiencias, en la primera se absolvió a tres agentes de la PNC quienes capturaron a José Ricardo Pérez Ramírez, Willy Fernando Guzmán Marín el 21 de noviembre.
En la segunda audiencia, se absolvió a seis policías más, quienes capturaron a Miguel Estuardo Valle Sáenz, Ana Rebeca Guillen Alcahé, Cesar Ubaldo Boj y Natalhie Duarte Castañeda, durante la jornada de protesta del 21 de noviembre.
Ante la petición de las personas agraviadas de iniciar un proceso de investigación la por la violencia policial, la jueza resolvió que no se puede vincular a una investigaciones a los agentes de la PNC por el uso de la violencia en las detenciones, porque en considera lógico que las autoridades utilizaran la fuerza debido a que los detenidos se resistían a ser capturados.
La abogada Luissana Molina, quien fue parte de la defensa, en una entrevista vía telefónica dijo que “el proceso penal que se siguió en este caso por faltas al orden público fue el proceso especifico de juicio de faltas, uno de los principios que se maneja en este proceso es la sencillez y rapidez”.
Foto: Gilberto Escobar.
Molina agregó que “en este proceso de faltas no se necesita presencia del Ministerio Público (MP) debido al proceso que es de delitos menos graves”.
Además Molina dijo “en la competencia de la jueza de paz no correspondía indicar una investigación para los agentes de la PNC”.
Detenciones violentas
En una entrevista realizada el jueves 3 de diciembre Nathalie Duarte mencionó que en su detención del 21 de noviembre fue agredida por la policía con exceso de violencia. “Ese día de la detención fui agredida, me patearon, electrocutaron, y me gritaban perra, cerota ya verás cómo te va ir”, mencionó Duarte.
En esa misma audiencia, César Fernando García, testigo de la agresión contra Nathalie Duarte y también víctima, relató que uno de los agentes de la PNC lo tomó de la cabeza y le roció con gas pimienta en la cara durante la detención.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Por la zarzamora
En el contexto de una nueva conmemoración del día Internacional de los derechos humanos, las asambleas territoriales, organizaciones sociales, de memoria y derechos humanos del gran Concepción marcharon por las calles de la ciudad exigiendo la libertad inmediata de lxs presxs políticxs del Estallido.
Diversas fueron las convocatorias en distintos territorios para conmemorar pese a todos los atropellos, la existencia de la declaración universal de los derechos humanos, ratificada el 10 de diciembre de 1948, en París, tras los aberrantes crímenes de la Segunda Guerra Mundial.
Este año en Chile, con miles de personas encarceladas tras ejercer su legítimo derecho a la protesta ante un sistema político empresarial indigno corrupto, la demanda generalizadas de los movimientos sociales se articuló en una gran Jornada de Agitación Nacional e Internacional por la Libertad de Lxs Presxs de la Revuelta Social. Dando además por finalizada las jornadas de ayunos colectivos que en distintos puntos del país chileno se llevaron a cabo con el objetivo de solidarizar y visibilizar esta dura realidad.
La jornada de este jueves en Concepción inicio con una concentración en plaza España, para avanzar en marcha hasta la plaza tribunales donde se dio terminó sin incidentes.
Fue camino a sus hogares que cuatro personas fueron detenidas por carabineros tras haber sido seguidas por un dron policial. Sin motivos contundentes fueron liberadas en horas de la tarde pasado el horario límite toque de queda.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Ta’louk xa ti matanal milel-ulesele.
– Basta ya de asesinatos a personas inocentes con fines de exterminio.
Después de la Masacre de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997; en Chiapas, México, se han cometido otras dos masacres a Pueblos Originarios: La de Viejo Velasco, el 13 de noviembre de 2006 y la de Chincultik, el 03 de octubre de 2008.
Actualmente existe el riesgo de una nueva Masacre, en la región Altos. Grupos civiles armados de corte. paramilitar procedentes de Chenalhó, atacan con armas de fuego a comunidades de Aldama y Chalchihuitán, con la omisión y protección del gobierno de Chiapas.
El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida y evitar otras Masacres en México.
Escuchemos a Las Abejas de Acteal en el NotiFrayba.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Geovanna Ángulo Ramos tenía 27 años y era maestra de danza cuando desapareció en San Agustín Etla, Oaxaca, el día 25 de noviembre. 5 días después, su cuerpo fue encontrado sin vida en un barranco de Suchilquitongo, Etla.
Al día siguiente, Sherlyn fue asesinada en su estética, en el barrio del ex-marquezado, en la ciudad de Oaxaca. Fue atacada por hombres armados, quienes le dispararon y huyeron del lugar. Hasta la fecha nadie ha sido detenido.
Violencia feminicida y transfeminicida
Los asesinatos de Geovanna y Sherlyn se suman a los 447 feminicidios que han ocurrido en la entidad durante el actual sexenio de Alejandro Murat. Tan solo en este año 2020, al menos 94 mujeres han sido asesinadas. El 25% de sus cuerpos ha sido tirado en barrancos.
Geovanna y Sherlyn también tienen en común el hecho de ser mujeres trans. De acuerdo con el Centro de Apoyo a Identidades Trans, Oaxaca, entre 2007 y 2017 se contabilizaron 442 asesinatos de personas trans en el país, de los cuales 19 ocurrieron en Oaxaca. En 2018, se sumaron 34 asesinatos trans, y hasta el 20 noviembre de este año se han acumulado 35 más.
Según la misma organización, la esperanza de vida de las personas trans en América Latina apenas alcanza entre 35 y 40 años, esto debido a la cantidad de crímenes de odio, así como a la exclusión social que sufren en el día a día.
Ante la violencia, la organización y la resistencia
Tras estos actos de violencia extrema, familiares, amistades de las víctimas, integrantes de la comunidad LGBTTI+ y/o feministas han protestado en varias ocasiones.
Las Auténticas Intrépidas Buscadoras de Peligro, Muxes de Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, emitieron posicionamientos para exigir que se esclarezcan los dos asesinatos reportados en Oaxaca, advirtiendo que tanto Geovanna como Sherlyn fueron atacadas con saña y odio salvaje, “por el simple hecho de ser diferentes”.
En un comunicado, Integrantes del Tianguis Autogestivo y disidente de la ciudad de Oaxaca recordaron a Geovanna y Sherlyn como personas que “se atrevieron a vivir siendo quienes eran: mujeres fuertes, valientes y cariñosas. Que tocaron la vida de quien les conoció, y continúan tocando muchas otras, convocadas por el dolor y rabia que provoca su ausencia; que en este lugar hostil en el que ser auténtica es un acto de resistencia, el amor que sembraron, trascenderá.”
También señalaron la responsabilidad del gobernador del Estado, Alejandro Murat, así como la necesidad de organizarse frente a la violencia.“Escúchelo bien, gobernador: Esto tiene que parar. No somos un número moldeable a sus intereses, no somos una cifra más. Tiene las manos manchadas con la sangre de cada una de las niñas, mujeres, lesbianas, personas trans y disidentes de género asesinadas en las calles, negocios y casas, y tiene que responder por ello”.
En este pronunciamiento también se ha hecho responsable a las insttituciones que conforman el Estado, porque Oaxaca “es uno de los más violentos del país, de los primeros en feminicidios, transfeminicidios y crímenes de odio a la población LGBTI+, y aun así, no existen estadísticas gubernamentales que visibilicen el problema. El gobierno niega una violencia que se desborda, finge que no pasa nada y derrocha en una atracción luminosa, inservible, el dinero que debiera destinarse a la búsqueda de las cientas de mujeres desaparecidas en este territorio, ignorando el contexto pandémico, el mismo que usan de pretexto para reprimir la autogestión”, señalaron las integrantes del Tianguis.
Este proceso autogestivo también advirtió, “no callaremos ante la violencia que nos arrebata a más de once mujeres cada día. Nuestras vidas no son desechables, nuestras identidades se respetan, nuestros cuerpos no se tocan, y si tocan a une, respondemos todes”, expresaron.
Así mismo, insistieron en la necesidad de recordar a todas las que ya no están: “Hoy recordamos a Shirley, a Geovanna, a Carly y a todas las mujeres trans asesinadas. Les despedimos con ternura. También, exigimos el regreso de Zaira Leticia Morales Noyola, desaparecida el 23 de octubre en Huajuapan, y de la Chikis, compañera trans desaparecida en Puerto Escondido desde el 2018, así como el regreso de cada una de las hermanas a las que seguimos esperando en casa. Porque vivas se la llevaron, y vivas las queremos”, declararon.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
El pasado lunes 7 de diciembre, presos del módulo 12 de imputados de la cárcel de Valdivia, rechazaron el alimento como forma de protesta ante problemas graves con la recepción de encomiendas, la falta de luces en sus celdas y la nefasta regularización de las visitas, entre otras necesidades inmediatas. Producto de dicha acción,denuncian haber sido golpeados y torturados por Gendarmería, sin motivos y exigen la presencia del Instituto de Derechos Humanos en el lugar.
Los presos buscan acabar con las paupérrimas condiciones en las que se mantienen recluidos. Carencias dentro del encierro, que agudizan los efectos de la privación de libertad, como la falta de iluminación o impedimentos con las encomiendas, sumado a las consecuencias de violencia institucional que reciben al denunciar estos hechos.
A continuación compartimos relato de los presos del módulo 12 de la cárcel de Valdivia enviado el día lunes 7 de diciembre.
“Lanzamos unas bandejas en contra una reja sin agredir a nadie, menos a algún funcionario, sólo como acto de protesta hacia los hechos que nos aquejan
Hemos sido agredidos de forma física y también psicológica por parte los funcionarios que nos custodian. Ingresaron al módulo disparando una escopeta, siendo que no había nesesidad de usar ese inplemento disuacivo contra nosotros, ya que todos estábamos en un rincón del patio, sin interés de agredir a nadie, ni con ningún objeto contundente, que hiciera presumir que podíamos responder de mala forma, y ellos procedieron a lanzar gas y a golpiarnos de forma discriminatoria, con golpes de puño y con bastones, a todo el que se moviera, siendo que estabamos reducidos de forma casi automática.
Personas que tienen movilidad limitada también fueron rosiadas con gas y mal tratadas de forma muy discriminatora. Unos compañeros fueron agredidos y golpiados hasta mas no poder y siendo que estaban esposados, era imposible que ellos opusieran algun grado de resistencia.
Fueron llevados y trasladados sin motivo, y fueron doblemente golpiados sin haber necesidad ya que estaban esposados
Nuestras peticiones son puntuales y no estan fuera del alcance de gendarmería:
Que autoricen las encomiendas de internos que no son de esta región. Llaque no dejan que llegen mas de una por persona
Que son dos dias a la semana los de bisita y nos tienen solo com un dia
Que los asistentes sociales hagan acto de presencia en el módulo.
Que pongan luces en las celdas ya que las hemos solicitado por conducto regular y la respuesta ha sido nula.
Que regularicen las peticiones, que se hagan sin dejarlas en el olvido.
Ante estas nuevas denuncias contra Gendarmería de $hile, y a 10 años de la peor masacre carcelaria de la historia de este territorio, las negligencias y abusos siguen marcando semana a semana a la nefasta institución, en el actual contexto de crisis.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
En el marco de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos en Concepción, artistas autoconvocadxs de Concepción salieron nuevamente a las calles para denunciar a través del arte el vínculo de la Universidad de Concepción (UdeC) con la prisión de 11 jóvenes populares acusados de más de 80 delitos.
La propuesta artística tuvo lugar en diferentes puntos de la mencionada casa de Estudios y es descrita en la siguiente declaración:
En la Jornada Nacional e Internacional por la libertad de las y los presxs políticxs de la revuelta, enmarcada en la conmemoración del Día Internacional de los DD.HH, se realizó la intervención callejera “udec encarcela”, la cual se plantea como un acción de arte y política que reivindica el uso del espacio público como legítimo lugar para ejercer el derecho a la protesta, recordando que es en las calles de la ciudad penquista donde hemos convergido hace más de un año diversas organizaciones sociales, sindicatos, asambleas, movimiento feminista, ciclistas y agrupaciones de trabajadores y trabajadoras del arte como AAA, todes quienes en su conjunto componemos la fuerza del movimiento social que lucha y exige la urgente y necesaria transformación del actual sistema patriarcal neoliberal y extractivista responsable de desigualdad social en chile, de aberrantes y acumuladas prácticas de injusticias, devastación de la naturaleza y empobrecimiento cultural.
Somos todas, todos y todes parte del mismo movimiento social quienes nos manifestamos de diversas maneras, suma que ha posibilitado tanto el logro del retiro del 10%, como el pasado plebiscito del 25 de octubre y la instalación del actual proceso constituyente. Hemos sido testigos también de la forma en que se ha criminalizado la protesta social, bajo diversos mecanismos: persecuciones, amedrentamientos, montajes, detenciones arbitrarias y procesos judiciales que no se ajustan a un debido proceso, sino que más bien, antes de iniciarse operan bajo la lógica de la condena pública, donde los inculpados/as con o sin pruebas con “castigados” mediáticamente dañando su imagen y privándoles de libertad.
¿Cuál ha sido el rol de la Universidad de Concepción en este histórico proceso de transformación social?
“Caso Udec” sintetiza la visión que esta institución tiene hacia la comunidad penquista movilizada y nos demuestran cómo desenvuelve en la práctica su misión frente al actual conflicto que atravesamos como sociedad. Los valores éticos y espirituales del alma mater asocian los enfrentamientos con carabineros al interior de la universidad como actos de violencia, lo que les justifica para facilitar material audiovisual que permitan generar evidencia condenatoria en la querella interpuesta contra 11 personas entre ellos menores de edad, jóvenes y adultos de orígenes socioeconómicos populares que han sido inculpados de más de 80 delitos. Dejando de manifiesto su adscripción a principios punitivos y represivos frente a las y los manifestantes quienes recordemos se enfrentan con carabineros en un contexto ampliamente descrito y reportado por los observadores de organismos internacionales de DD.HH, desmedido y abusivo de la fuerza incurriendo en una sistemática política de violación de derechos humanos por parte de la fuerzas de orden avaladas por el estado. Esta institución ha demostrado en el curso de este año su completa falta de capacidad real en su vinculación con el medio, carente de empatía, dando señales de indolencia frente al padecer de madres, padres, hijos, hijas, vecinos y vecinas que conforman el tejido social del gran Concepción, mostrando su incapacidad de liderar procesos hacia un “desarrollo libre del espíritu” acorde a las necesidades y complejidades de los tiempos que vivimos.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
14 organizaciones integrantes de la Red TDT así como 3 organizaciones internacionales visitaron comunidades de las regiones Altos, Norte y Costa para documentar violaciones a DDHH.
La impunidad y falta de acceso a la justicia generan un clima de riesgo para el CDH Digna Ochoa y el CDH Fray Bartolomé de las Casas.
La falta de voluntad política agudiza la crisis de derechos humanos que viven las comunidades chiapanecas.
Entre los días 7 y 10 del presente mes de diciembre, una Misión Civil de Observación compuesta por 14 organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) —conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana— y acompañadas por tres organizaciones internacionales[1] visitamos comunidades en las regiones Norte, Altos y Costa de Chiapas con el objetivo de documentar diferentes problemáticas de derechos humanos. Durante esos días, pudimos atestiguar situaciones críticas de vulneración de derechos fundamentales en las tres regiones, con una preocupante falta de voluntad y empatía por parte de las autoridades.
La Misión Civil de Observación (MCO) tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas y casos concretos.
Las organizaciones de la Red TDT que participamos en esta Misión Civil de Observación queremos expresar nuestra preocupación por el contexto de violaciones sistemáticas y estructurales de derechos humanos que hemos podido documentar en las tres regiones, especialmente queremos resaltar el efecto diferenciado en las mujeres y, principalmente, en las infancias de todas las comunidades visitadas quienes presentan graves impactos psicosociales y la falta de mínimos vitales para la vida y la dignidad de estas poblaciones.
Igualmente alarmantes resultan la situación de insuficiencia alimentaria, los inexistentes servicios de salud y medicamentos –incluso para quienes han resultado heridos durante las agresiones contra las comunidades– que sumados a la situación de desplazamiento forzado amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas. Dichas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que impunemente agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria, que realizan su labor en un clima de violencia generalizada.
Además, las organizaciones de la Red TDT denunciamos la falta de voluntad y empatía de las autoridades que permite la continuidad de una grave situación de violaciones a derechos humanos. Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades. A esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aún cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados.
También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata.
Finalmente, queremos señalar que la Misión Civil de Observación se reunió con autoridades de gobierno de los tres niveles sin que se pudieran llegar a acuerdos concretos y seguimientos que logren garantizar la dignidad y la vida de las personas. Hoy, 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos, nos encontramos con una grave situación de violencia en la que el Estado mexicano debe asumir la responsabilidad que le corresponde y cesar la simulación y la falta de atención para las comunidades y personas defensoras que sufren violencia en Chiapas.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
(Conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Con el acompañamiento de Médicos del Mundo, Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR).
INVITATION TO THE FIFTH NATIONAL ASSEMBLY OF THE NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS
The indigenous peoples, nations, tribes and neighborhoods that make up the National Indigenous Congress, the Indigenous Governing Council, and the Zapatista Army for National Liberation, in the face of the disease which affects our Mother Earth and is expressed as a serious pandemic and which has dealt a blow to the life and economy of our communities and the entire world, hear ourselves in the voice of the originary peoples who cry out from the geographies where they resist and struggle against the capitalist war that tries to take over indigenous and rural territories. This war is waged through aggressive extractivist policies across the whole national territory as well as through megaprojects of death: the Interoceanic Highway in the states of Oaxaca and Veracruz, the Integral Project for Morelos in the states of Morelos, Puebla and Tlaxcala, the Mayan Train in the states of the Mexican Southeast, and the Mexico City International Airport in the center of the country. It operates through the implementation of a combination of policies and mechanisms for the continuation of “free trade” subordinated to the United States and Canada, policies which are also aimed at containing migration. It seeks to stop or debilitate the organization and resistance of our peoples by supplanting our traditional authorities and holding staged indigenous consultations.
These policies and megaprojects are driven by the neoliberal government of the Fourth Transformation[1] in the service of global capital and against the autonomous organization of our peoples. All the above is being achieved through the militarization of the country (through creation and deployment of the National Guard and the militarization of the entire national territory), the complicity of the criminal cartel-states, the creation of programs that try to rupture communal organization, as is the case with Sembrando Vida[2], and the passage of laws favorable to large transnational business consortia, such as the Federal Law for the Promotion and Protection of Native Corn.
The CNI and CIG together with the Zapatista communities, acting as a congress when we are together and a network when we are apart, are that collective word that we make our own: we weave ourselves together in and through this word, determined that our resistance grow as large as the capitalist threat to life.
For our peoples there is no option to give in, give up, or sell out, when it’s Mother Earth and life itself that the governments, businesses, militaries and drug cartels want to take as spoils of war.
WHEREAS:
There is an intensification of the repression, threats, formation of shock troops and criminalization of communities that resist the Integrated Project for Morelos, which the bad federal government decided to impose illegally with the use of its armed shock troops called the National Guard; nevertheless, the heroic legacy of Samir Flores Soberanes is kept alive by the sisters and brothers of the Popular Front in Defense of Land and Water in Morelos, Puebla, and Tlaxcala, who don’t give in, give up, or sell out.
The war is escalating against the autonomous and originary communities of the CNI in the state of Chiapas. Meanwhile the governments guarantee impunity for the paramilitary groups they finance and which attack the towns and their sister communities day and night.
The bad federal government, together with its armed forces, is spreading fear and terror in shameless alliance with shadowy economic interests that intend to take over the territories of indigenous peoples and peasants. It cynically violates laws, court rulings, and court-ordered suspensions in order to impose its megaprojects that hand over the national territory to transnational economic interests.
Resistance and rebellion are growing in the geographies of the originary peoples as dispossession and violent repression grow, perpetrated by the bad government at all levels together with paramilitary and narco-paramilitary groups that make possible their extractive and polluting projects. In the big cities, too, our peoples are resisting as demonstrated by the Otomí community in Mexico City.
As originary peoples, from the struggles that we are, we see that sparks of hope are igniting against this war which is the same around the world, and from distant geographies we turn toward each other, toward the struggle for life, which forms a language through which we recognize one another.
The EZLN has issued a convocation to begin a world tour in April of 2021, starting in Europe, and the CNI is invited to form a delegation to accompany this journey and bring our collective word.
WE INVITE the delegates and councilmembers of the CNI-CIG to the:
FIFTH NATIONAL ASSEMBLY OF THE NATIONAL INDIGENOUS CONGRESS AND THE INDIGENOUS GOVERNING COUNCIL
To take place in
LA QUINTA PIEDRA, RECUPERATED TERRITORY OF THE NAHUA COMMUNITY OF THE TEPOZTLÁN EJIDO, MORELOS
23-24 JANUARY, 2021
With the following program:
23 January:
Inauguration
Working groups:
Assessment of the dispossession and the capitalist war being waged against our peoples
Proposal for the participation of a delegation from the CNI-CIG in the Zapatista world tour
24 January:
Open Plenary:
Conclusion of working groups
Agreements and resolutions
Public communiqué
Closing
Note 1: Given the current health circumstances we invite each town, community or indigenous organization, whichever applies, to nominate one or two delegates, with the goal of having an assembly that is widely representative while being smaller in numbers. Those who attend should comply with the measures of wearing a face mask, maintaining a safe distance and frequently washing their hands and face as well as any measures implemented during the meeting.
Note 2: Persons who are not delegates or councilmembers of the CNI/CIG will only be allowed to attend the assembly with an express invitation from the Coordinating and Monitoring Commission.
Sincerely,
December, 2020 For the Full Reconstitution of Our Peoples
Never Again a Mexico Without Us National Indigenous Congress-Indigenous Governing Council
Zapatista Army for National Liberation
[1] The López Obrador campaign deemed its governing project the “Fourth Transformation” (4T), supposedly on par with historic events such as Mexican Independence (1810), a period of reform in the mid-19th century, and the Mexican Revolution (1910).
[2]Sembrando Vida (Sowing the Seeds of Life) is a government program developed under the López Obrador administration that claims to create jobs in local communities through the planting of trees.
