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Como Comité Cerezo México organización de derechos humanos hemos denunciado desde hace algunos años que México se encuentra bajo la implementación de una política estatal que se está construyendo como un Estado terrorista que, a condición de paliar la crisis capitalista, responde con la profundización de las medidas neoliberales. Esa profundización, en los hechos ha implicado, desde hace varios años, una política estatal que, por un lado, ha permitido e incluso está involucrada con la proliferación del mercado ilegal (pues genera mayores ganancias) y, por el otro, ha implicado el abandono total de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos para con la población. En conjunto, estas dos estrategias implican arrebatar a la población las condiciones de vida digna que le pertenecían o el despojo de los derechos que como pueblo mexicano hemos ganado en nuestra lucha histórica, lo que en los hechos se realiza por medio de la instrumentación de diversos mecanismos entre los que se encuentra la privatización de bienes y servicios indispensables para la vida digna, la omisión ante los actos delictivos de empresas legales e ilegales que atentan contra la población en general y la protección por medio de la impunidad de los actores (estatales o no) que emprenden estas acciones.
Como si no fuera suficiente el grado de violencia socio política que estos hechos implican, el Estado ha desplegado una estrategia de control social de la población mexicana mediante el terror (por medio de la militarización, paramilitarización, polarización social, destrucción del tejido social y la omisión y fomento de la descomposición social que se traduce en el aumento de la delincuencia y la violencia común que no es frenada ni combatida por el Estado, sino más bien se fomenta por medio de la impunidad y la corrupción) que busca prevenir la organización popular para reaccionar ante la violencia estatal. Estrategia que se acompaña de una de represión política que implica la construcción de un enemigo interno (todo aquel que se oponga a las reformas de profundización neoliberal), la criminalización y judicialización de ese enemigo al que se ataca con mecanismos represivos tan violentos como la detención arbitraria, la ejecución extrajudicial, los ataques y el hostigamiento dirigido, las amenazas e incluso la desaparición forzada, actos de represión estatal que, pese a ser denunciados, quedan en la impunidad total.
México, incluso antes de los desastres naturales que vivimos en el mes de septiembre, era un país cuyo pueblo está siendo atacado violenta y continuamente por una política estatal que por un lado arrebata, niega y privatiza las condiciones indispensables para vivir; que condena a poblaciones enteras al miedo y el terror ante actos delictivos (muchos de los cuales se cometen en aquiescencia con el Estado) que no son castigados ni investigados, por el otro, despliega a sus fuerzas policiaco militares y paramilitares para impedir a toda costa que la población se organice y exija una vida digna; utiliza al ejército, la marina, la policía federal, estatal y del mando único no sólo para agredir indiscriminadamente a la población en general, sino para atacar de manera dirigida a aquellos que no respondan con docilidad ante la estrategia de control social mediante el terror. El pueblo de México, incluso antes de los terremotos del 7 y el 19 de septiembre era un pueblo atacado, robado, asesinado, desaparecido por el Estado mexicano cuya obligación es proteger, impulsar y dotar a la población de las condiciones necesarias para vivir dignamente.
El día 19 de septiembre de 2017 un terremoto de gran magnitud sacudió la Ciudad de México y los estados de Morelos, Estado de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca. Un suceso natural afectaba directamente al pueblo mexicano que de por sí ya había visto mermada su calidad de vida debido al constante aumento de los precios, a los salarios precarizados, a los trabajos sin seguridad social y con jornadas que rebasan los límites establecidos, al limitado acceso a ciertos servicios de salud. Un suceso natural trajo más miedo al pueblo de México que ha tenido que horrorizarse ante los actos altamente delictivos y violentos que el Estado no detiene en sus poblaciones o colonias, ante la militarización que no ha traído sino nuevos abusos a la población, ante el actuar impune de elementos de la marina, ante las poblaciones que han sido abandonadas como tierra de nadie para que el narcotráfico (en muchos casos en contubernio con elementos estatales) haga en ellas lo que les plazca. El pueblo al que sacudió el sismo es el pueblo que ha visto quemarse a 49 bebés en la guardería ABC; a 19 ancianos en el asilo “Hermoso Atardecer”; es el pueblo que encontró la fosa en la que ocurrió la Masacre de San Fernando, Tamaulipas en la que asesinaron al menos a 289 personas; es el pueblo que ha mirado estupefacto cómo el Estado ha desaparecido a 43 jóvenes que aspiraban a ser maestros rurales, como el Estado ha matada a 22 civiles en Tlatlaya. Es un pueblo que ha mirado en los últimos años, uno tras otro, actos en los que se agrede a la población indefensa y el Estado no hace nada, actos en los que el mismo Estado agrede a la población indefensa. Al Estado no le alcanza con minar nuestra vida con sus políticas de robo y arrebato contra quienes diariamente trabajan para mantener a sus familias; les es preciso también, ejecutarnos, desaparecernos, encerrarnos.
El Estado mexicano, aún a pesar de la desgracia, aun sabiendo que había gente con vida enterrada bajo los escombros, aun sabiendo que había riesgo de regresar a algunos edificios, aun sabiendo que se necesitaban cosas difíciles de conseguir actuó exactamente igual que desde hace algunos años: frente a la emergencia del sismo, desplegó la estrategia de control social y de represión política en contra no sólo de la población más afectada por el temblor, sino en contra de la población que quería ayudar y solidarizarse con los afectados. El sismo no hace más que evidenciar de manera aún más cruda y descarnadamente lo que se ha venido denunciando por años: el Estado mexicano es un estado terrorista, que desplegó las siguientes estrategias sin importar la emergencia por la que atravesaba la población:
1. Un estado omiso que privilegió las ganancias de las grandes empresas y no la seguridad de los mexicanos
Si bien el sismo fue muy fuerte y es un desastre natural que no se puede predecir, lo que es cierto es que es sabido que la CDMX es zona sísmica y existen leyes y regulaciones para los tipos de construcción y normas de seguridad necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas. Si bien la magnitud del sismo fue fuerte, esa magnitud se amplió a grados catastróficos debido a la omisión del Estado en la revisión y el cumplimiento de esas normas de seguridad. Lo primero que el sismo desnudó fue la política previa del Estado que prefirió favorecer a las empresas inmobiliarias y a escuelas particulares y se hizo de la vista gorda ante las evidentes violaciones a las normas de seguridad. Esto quiere decir que el Estado no supervisó, no hizo su trabajo o que lo hizo y aun sabiendo que se violaban esas normas dejó a las empresas seguir haciendo. También desnudó la política omisa del Estado quien no atendió ni reparó estructuras que habían quedado dañadas desde el terremoto de 1985. Esto es sólo un ejemplo más de cómo las políticas neoliberales y la política omisa del Estado que privilegia a empresas y sus ganancias no son sino actos graves que atentan directamente contra la seguridad de la población. Es una omisión igual a la del Estado al dejar que las mineras se apropien de territorio y lo contaminen, es la misma omisión que no castiga frente a los feminicidios, es la misma omisión que nos daña cotidianamente. Un Estado que no hace para proteger a la población y que deja hacer a otros aun en contra del bienestar de la población, desgraciadamente, el sismo la dejó ver con más nitidez porque en este caso, esa omisión agravó las consecuencias del desastre natural.
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