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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 18 de febrero de 2015

Boletín No.2

México ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU

El pasado 2 y de 3 de febrero, por primera vez el Estado mexicano compareció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), para que éste evaluara el cumplimiento de México en cuanto a sus obligaciones contraídas al ser Estado parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

México es uno de los 44 Estados que han ratificado la Convención y por tanto está obligado a presentar un informe para revisión del CED.

El CED ha emitido sus preocupaciones y recomendaciones al Estado mexicano, respecto al tema de desaparición forzada. Para el CED la información que recibió con anterioridad ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte de México y el grave caso de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada, en septiembre de 2014 en Guerrero, ilustra los serios desafíos que México tiene en materia de prevención, investigación, sanción de responsables y búsqueda de personas desaparecidas.

El Comité indica con preocupación la falta de información de datos precisos sobre el número de personas desaparecidas forzadamente en México y que impide conocer la magnitud de este flagelo, incluyendo el número de migrantes y de menores de edad.

En cuanto a la responsabilidad penal, el CED manifiesta su preocupación por la impunidad respecto de los casos denunciados y que se manifiesta en la casi inexistencia de personas condenadas por el delito de desaparición forzada. También ve con preocupación las amenazas hacia los familiares de desaparición forzada y hacia las y los defensores de derechos humanos que acompañan a las víctimas. Enfatiza la singular crueldad con la que las desapariciones forzadas afectan los derechos de las mujeres y niños. Las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género.

Entre sus recomendaciones el Comité “alienta enérgicamente” al Estado Mexicano a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales de casos. También lo llama a contar con un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional que permita establecer estadísticas confiables con miras a desarrollar políticas públicas integrales para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito, además de aprobar en la mayor brevedad posible una ley que regule de manera integral los aspectos de la desaparición forzada, entre otras recomendaciones.

Para este Centro de Derechos Humanos, las preocupaciones y recomendaciones del CED dan cuenta de una emergencia nacional por las desapariciones forzadas y reflejan la política de represión en continuidad con gobiernos anteriores que ocultan y administran la crisis de las instituciones del gobierno mexicano, responsable por la falta de investigación seria y responsable.

En cuanto a hechos de desaparición forzada en Chiapas, el gobierno mexicano sigue sin reconocer su involucramiento en esos acontecimientos, a pesar de la existencia de informes y manuales que revelan su actuación en planes de contrainsurgencia, donde su objetivo es detener el reclamo de derechos y legítimas demandas de los pueblos. En este contexto, las desapariciones forzadas en Chiapas han sido desde su historia reciente una de las formas de control social.

Es necesario que se conozca el paradero de las víctimas, se esclarezcan los hechos, se encuentre a los responsables, se tomen medidas de no repetición, se reparen los daños y se haga justicia. Familiares y sociedad tienen derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en que fueron cometidas las violaciones a derechos humanos.

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EN EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS. MEXICO. A 14 DE FEBRERO DE 2015

A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Juntas de Buen Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaracion de la Selva Lacandona
A los medios de comunicación masivos e alternativos
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York
A los defensores de derechos humanos nacional e internacional
Al pueblo de México y el mundo

Compañeros y compañeras hacemos de sus conocimientos que el mal gobierno esta utilizando estrategia con supuestos empresarios turisticos para crear ambiente de persecucion en contra de las comunidades indigenas pero especialmente a nuestra organizacion por falsos delitos de asalto de carretera y delincuencia organizada para difamar nuestra lucha como si fueramos asaltantes o delincuentes de caminos, por esa razon estan enviando cada vez mas policia a nuestra region de san Sebastian que esta cerca del crucero agua azul de la carretera ocosingo a Palenque, porque no encuentran manera de acabar con la defensa de nuestro territorio y como ven que cada vez mas hermanas y hermanos ejidatarios estan abriendo sus ojos de la mala politica del gobierno y por eso cada vez esta quedando mas solo el comisariado ejidal Alejandro Moreno Gomez y el consejo de vigilancia Samuel Diaz Guzman, nada mas tiene a sus patrones de los malos gobiernos que lo abrazan.

Esta maña del mal gobierno de acusarnos de falsos delitos de asaltos y delincuencias organizada es la misma de 2009 y 2011 donde encarcelaron a compañeros presos políticos por defender la tierra, pero no tenemos miedo de sus amenazas del gobierno, exigimos a los tres niveles del mal que respeten los pueblos y comunidades organizados porque no descansaremos de defender la tierra y los derechos como pueblo.

Exigimos la retirada de la fuerza publica de nuestras tierras despojadas desde febrero de 2011 y de la comision nacional de areas naturales protegidas.

Exigimos la libertad de nuestros presos políticos Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández y de los compañeros presos injustamente Santiago Moreno Perez, Emilio Jimenez Gomez y Esteban Gomez Jimenez.

Desde la zona norte del estado de Chiapas las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos combativos saludos.

Nunca más un México sin nosotros.

¡Tierra y libertad! ¡Zapata Vive!
¡Hasta la victoria siempre!
Presos políticos ¡Libertad!
¡Juan Vázquez Guzmán Vive, la Lucha de Bachajón sigue!
¡Juan Carlos Gómez Silvano Vive, la Lucha de Bachajón sigue!
¡No al despojo de los territorios indígenas!
¡Presentación inmediata de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa!
¡JUSTICIA PARA AYOTZINAPA, ACTEAL, ABC, ATENCO!

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La brutal agresión del domingo 8 de febrero en contra de integrantes del Colectivo Universitario por la Educación Popular (Cuep) que se encontraban en la acampada del Zócalo de la Ciudad simplemente para impartir cursos de preparación para el examen de admisión de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) refleja un aumento en la brutalidad policíaca en Puebla, no sólo por la intensidad de los golpes y la gravedad de las lesiones que sufrieron los estudiantes, la agudización de la violencia se ve en un conjunto de elementos estratégicos que hacen que el desalojo y la agresión se asemejen más a una acción violenta de un comando del crimen organizado que a un operativo de seguridad, es decir que la policía cada vez tiende a actuar más como un grupo de sicarios que como una fuerza de seguridad.

Es alarmante que después de lo que se hizo brutalmente evidente en Iguala con la desaparición de los 43 estudiantes del a Normal Rural de Ayotzinapa, con esa herida aún sangrando, los gobiernos y los cuerpos de policía de otros lugares no replanteen sus estrategias y actitudes para enfrentar el creciente y legítimo descontento social, para ver  la necesidad de que los espacios públicos sean espacios de encuentro, expresión y debate, pareciera que más bien retomaron el ejemplo de la pareja Abarca y de aquella sangrienta noche de septiembre para convertirlo en un paradigma de la relación entre el gobierno y los ciudadanos, en particular los jóvenes y estudiantes, en una forma de imponer una especie de “orden” ornamental.

Es alarmante que en el desalojo los agresores no portaran uniforme ni algún distintivo visible que los acreditara como elementos de alguna corporación policíaca; que la policía poblana en lugar de mantener la seguridad del Zócalo permitiera que un numeroso grupo de choque armado con varillas, machetes y tubos pudiera golpear impunemente a quienes se encontraban en el Zócalo de manera pacífica.  Es terrible que frente al palacio de gobierno de Puebla el grupo de choque pudiera secuestrar a ocho jóvenes, torturarlos para después dejarlos en las afueras de la ciudad. Es trágico que lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa se utilice como ejemplo para generar terror en los jóvenes, para torturarlos. No es sorprendente, pero sí muy preocupante, que el gobierno Municipal de Antonio Gali y el estatal de Rafael Moreno Valle no sólo no haya impedido la agresión (si es que no la ordenaron), sino que en lugar de condenar los hechos de violencia contra los estudiantes e iniciar una ágil investigación de los hechos mantengan un silencio sepulcral.  Es triste que la BUAP no apoye las acciones de estudiantes que trabajan voluntariamente para apoyar a otros jóvenes que buscan tener una formación universitaria y se limite a emitir un comunicado ambiguo ante la agresión a sus alumnos.

Después de Chalchiuapan, de la muerte de José Luis Alberto Tlahuitle y los lesionados de aquel brutal episodio; después de Iguala, de los jóvenes muertos y de los 43 aún desaparecidos; después de toda la violencia que se vive y crece en el país, en Puebla las estrategias de seguridad pública empiezan a parecerse a las estrategias de terror de los cárteles del narcotráfico.

Desde el Nodo de Derechos Humanos exigimos que las autoridades estatales y municipales expliquen su relación con el grupo de choque y que tomen acciones claras y contundentes para evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.

Nodo de Derechos Humanos

www.nodho.org
comunicación@nodho.org
Tw: @nodho
Fb: Nodo De Derechos Humanos

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por Ricardo Lagunes y Jessica Davies
La Jornada, 7 de febrero, 2015

La digna lucha del pueblo indígena tzeltal del ejido San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en defensa de su territorio ancestral, su cultura, tradición e identidad, se ha convertido en algo legendario. Han sufrido el asesinato de dos de sus líderes comunitarios –Juan Vázquez Guzmán, el 24 de abril de 2013, y Juan Carlos Gómez Silvano, el 21 de marzo de 2014– así como la violencia, la tortura, el encarcelamiento injusto, la desaparición forzada, los ataques, las amenazas, el acoso, la intimidación y la presencia policial continua, pero su resistencia digna en contra del despojo de su territorio para la construcción de un megaproyecto turístico sigue vigente.

El 21 de diciembre de 2014, más de 400 ejidatarios recuperaron pacíficamente las tierras de uso común de que habían sido despojados ilegalmente el 2 de febrero de 2011 por los tres niveles de gobierno y sus partidarios locales. La fecha de la recuperación es muy emblemática: el segundo aniversario de la marcha silenciosa de los zapatistas y el mismo día de la inauguración del Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías, convocado por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En las tierras despojadas por el gobierno cruza el camino de acceso al centro ecoturístico de las espectaculares cascadas de Agua Azul, ubicado en el municipio de Tumbalá, rodeado de una selva hermosa, rica en vida silvestre y en recursos naturales. Por ello, los gobiernos y las corporaciones no quieren esperar para aprovecharse de estas tierras e instalar un desarrollo turístico de élite con hoteles de lujo, campos de golf y una autopista. Pero las tierras de uso común legal y legítimamente pertenecen a los ejidatarios, como pueblos indígenas que son.

Las tierras de Bachajón están protegidas legalmente por la suspensión de plano otorgada en su amparo 274/2011. La resolución jurídica de este amparo está por resolverse en próximas semanas y es muy probable que se dicte una sentencia favorable a la protección de los derechos colectivos de los indígenas. Es importante destacar que los ejidatarios han optado por tomar la vía legal y pacífica, buscando siempre el diálogo dentro de las comunidades locales.

Durante 18 días y noches, en rotación, 500 mujeres, hombres, jóvenes y ancianos han formado cordones para vigilar su territorio recuperado. Recibieron varias amenazas e intimidaciones, y existe el temor continuo de ataque y desalojo por parte de la fuerza pública y grupos paramilitares organizados por el comisario ejidal Alejandro Moreno Gómez y el consejero de vigilancia Samuel Díaz Guzmán.

En la madrugada del 9 de enero de 2015, más de 900 elementos de fuerzas estatales y federales desalojaron de manera violenta a los ejidatarios, lo que obligó a muchos a huir a los cerros y bosques. Al denunciar el ataque, los pobladores confirmaron que éste solamente reforzaría su convicción de mantener su lucha y resistencia.

El 11 de enero de 2015, los indígenas de San Sebastián Bachajón, en señal de protesta y resistencia pacífica, bloquearon la carretera Ocosingo-Palenque, a la altura del crucero de Agua Azul. La policía estatal de Chiapas disparó a los ejidatarios durante 20 minutos, utilizando armas de grueso calibre y de goma. Tres personas resultaron heridas. A pesar de esto, después de una hora de resistencia, los adherentes a la Sexta de Bachajón hicieron retroceder a las fuerzas del gobierno y mantienen su presencia hasta el momento.

Los ejidatarios y sus compañeros en todo el mundo han declarado que hacen responsable a los tres niveles de gobierno de cualquier agresión a su vida e integridad personal por sus acciones en defensa de la tierra. Actualmente se mantienen firmes en su lucha digna, y están llamando a la solidaridad y acciones de apoyo nacional e internacional. Un ejemplo de estas acciones es el Foro Mundial, que se celebró el 18 de enero pasado en el Cideci Unitierra, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

En un comunicado del 10 de enero de 2015, los ejidatarios señalaron contundentemente lo que mueve su lucha: “Queremos decirle al mal gobierno (…) que nuestras tierras no están en venta; en nuestro territorio no van hacer sus grandes negocios de ecoturismo y supercarreteras, no vamos a permitir que se desplacen comunidades y aumente la pobreza solamente para que ustedes se hagan más ricos a costa de nuestro sufrimiento”.

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EN EJIDO SAN SEBASTIAN BACHAJON ADERENTES A LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS. MEXICO. A 5 FEBRERO DE 2015

A las Juntas de Buen Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaracion de la Selva Lacandona
A los medios de comunicación masivos e alternativos
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York
A los defensores de derechos humanos nacional e internacional
Al pueblo de México y el mundo

Compañeros y compañeras denunciamos a los tres niveles del mal gobierno porque tenemos informaciones de que están preparando ordenes de aprension para desaparecer la organizacion y desalojarnos de la nueva cede regional San Sebastián donde tenemos nuestro espacio para hacer trabajos, talleres y comparticiones, porque al mal gobierno no le gusta que tenemos este espacio de rebeldía porque denunciamos claramente su maña de querer despojar al pueblo de su territorio, pero de una vez le decimos al mal gobierno vamos a defender la cede regional así como vamos a seguir defendiendo las tierras que ha despojado desde el 2 de febrero de 2011 y donde ahora tiene otra vez fuerza pública desde el violento desalojo de 9 enero 2015.

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CHIAPAS: TIERRA DE DESPLAZADOS… POR SU PROPIO GOBIERNO

Los conflictos no son el único motivo por el que cientos de indígenas chiapanecos abandonan sus poblaciones. La obra pública emprendida por el gobierno de Manuel Velasco Coello, principalmente los megaproyectos carreteros, han expulsado a miles de habitantes de sus pueblos.

En no pocos casos, un día llegan elementos armados con palos, machetes y rifles a la vivienda de alguna persona y la obligan, junto con su familia, a dejar atrás sus tierras, su historia y su poco patrimonio. Detrás de estas acciones, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, existe un motivo económico: el trazo de la autopista planeada entre las zonas turísticas de San Cristóbal de las Casas y Palenque, obra por la que miles de pobladores indígenas de al menos 10 municipios están siendo presionados para dejar o vender sus tierras.

En todos los casos de despojo existe el mismo patrón: operadores del gobierno estatal, apoyados por policías, en algunos casos, y siempre en la impunidad, atacan poblaciones de indígenas y simpatizantes zapatistas, forzándolos a dejar sus territorios.

Indígenas chiapanecos que se niegan a abandonar sus casas para dar paso a megaobras terminan muertos, según ONGs. Foro: Cuartoscuro (Continuar leyendo…)

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ANTE LA MENTIRA DEL ESTADO, AYOTZI VIVE, LA LUCHA CONTINUA…

Este lunes 26 de enero se realizaron movilizaciones multitudinarias en México y en muchos lugares del mundo por verdad y justicia para Ayotzinapa. Con esto quedó demostrado que las palabras verdad y justicia siguen y seguirán convocando a millones de seres humanos en el planeta en solidaridad con los normalistas y en contra de los delitos de lesa humanidad y la impunidad, muy por encima de otras palabras o consignas que aparentemente son más grandotas, importantes o estratégicas.

Ante esto, la respuesta del Estado mexicano, en voz del procurador Murillo Karam y del mismo presidente Peña Nieto, ha sido la apresurada imposición del cierre del caso, el carpetazo a la infamia de Iguala y el llamado a superarlo y a olvidar.

Es evidente que al gobierno mexicano le urge desarticular y desmovilizar el descontento acumulado por el asesinato y la desaparición de los estudiantes normalistas mediante la imposición de “su verdad”, para continuar impulsando sus políticas antipopulares y dándole estabilidad al capitalismo para que siga realizando tranquilamente sus despojos y explotación a expensas del pueblo mexicano.

El terrorismo mediático que ha iniciado el gobierno mexicano a través de los medios de paga, su clase política y sus instituciones, nos machacará que los estudiantes revoltosos y tal vez hasta ligados al narco, fueron detenidos por malos policías, que se los entregaron a desalmados sicarios que los incineraron para desaparecer las evidencias de que los habían confundido con sicarios de un grupo contrario y decidieron desaparecerlos para que si sus compañeros venían a buscarlos, no los encontraran. Vaya historia tan endeble.

Palabras más, palabras menos, esta es la mentira que tratarán de convertirla en verdad para calmarnos y conformarnos, limpiar la imagen presidencial y de los partidos políticos, eximir al ejército de toda responsabilidad y consumarnos un buen lavado de cerebro tipo telenovela.

Todo lo que no quepa en ésta mentira, la cuestione o la contradiga será calificado de intenciones perversas por desacreditar a las instituciones del Estado y será puesto en la ilegalidad, será criminalizado y por lo tanto considerado reprimible.

Nosotros creemos que ante este intento de cerrar el telón de la impunidad, de borrar de la memoria colectiva la infamia de Iguala y de limpiar la imagen del Estado, necesitamos cerrar filas en torno a la exigencia de verdad y justicia para Ayotzinapa, fortalecer la solidaridad con los padres, madres y estudiantes de la Normal y no permitir que otros intereses, consignas o proyectos personales y de grupo se sobrepongan. Hoy no hay nada más importante que esto, aunque a algunos les parezca miope o corto de miras.

La frase verdad y justicia para Ayotzinapa ha sido y debe seguir siendo el núcleo de la fuerza social que mueva a millones de mexicanos para arrancarle al Estado la verdad de lo que sucedió el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, para romper el manto de opacidad, para obligarlo a presentar a todos los autores materiales e intelectuales y castigarlos .A seguir la investigación agotando todas las líneas abiertas, perseverar en el castigo al delito de desaparición forzada contra quienes resulten culpables y mostrar pruebas científicamente contundentes.

Mientras tanto debemos seguir evidenciando toda su podredumbre, su verdadero carácter represor, su papel de guardián de los intereses de los capitalistas incluyendo a los narcos, para mostrar que no es infalible y que su poder sin el apoyo del pueblo lo hace un triste tigre de papel y que no solamente es posible borrarlo del mapa de opresión de la humanidad sino cambiar de sistema.

El terrorismo mediático que machaconamente desde los medios de paga, entre novela y novela, entre partido y partido de futbol, entre comercial y comercial nos repetirá hasta el cansancio que no fue el Estado, que debemos superar la masacre, que al fin eran unos revoltosos que se lo merecían, que quienes reclaman verdad y justicia son por lo menos anarquistas, violentos, etc., no debe hacer mella en nuestra conciencia.

No debemos olvidar que fue el Estado, que la mentira de que fueron calcinados trata de ocultar la intervención del ejército, que en cuatro meses solo nos han dicho mentira tras mentira y que nuestra digna rabia la quieren acallar con paliativos, prebendas y principalmente terror y miedo.

Son tiempos de juntarnos, de organizarnos democráticamente, desde abajo y a la izquierda, de tejer fino nuevas relaciones y una nueva forma de hacer política, de empezar a construir el futuro que el Estado, su clase política, los ricos y los narcos nos siguen escamoteando, de construir una nueva sociedad donde la desaparición y el asesinato de personas no se ejerzan nunca más.

Ante la mentira del estado, organízate y lucha por verdad y justicia para Ayotzinapa.

La lucha continua…

Taller de Desarrollo Comunitario

Chilpancingo, Gro. a 27 de enero del 2015

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