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(Español) Continúa criminalización de Garífunas en Honduras
Por Itzela Olivarri
L@s garífunas, que habitan varias regiones del Caribe Hondureño, han sufrido acoso, represión, desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias desde hace ya varios años, debido a la resistencia y a la defensa de sus territorios, los cuales, ancestralmente les pertenecen.
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“Nosotras defendemos la vida, la naturaleza, pensamos en los que vienen atrás, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que tengan dónde vivir, dónde sembrar, dónde comer”, comparte Marianela Mejía mediante testimonio en video para el medio Contracorriente.
En los últimos 10 años se han reportado 105 ataques contra sus comunidades; algun@s de sus integrantes han sido detenid@s y encarcelad@s, tal fue el caso de Jennifer Mejía Solórzano, quien el 3 de marzo del presente año fue detenida y, cuando su hermana Marianela acudió a la estación de policía para solicitar informes, también fue arrestada. Después de cuatro días, el 7 de marzo, se les dictó auto de formal prisión y, si son condenadas, podrían pasar 10 años privadas de su libertad.
Las hermanas Mejía son integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y se les acusa de usurpación de tierras en territorio ancestral.
Tierras ancestrales que en realidad les pertenecen y que el Estado no quiere reconocer, por lo que han sufrido expropiación territorial, persecución, amenazas y secuestros.
Aunado a ello, se les ha intentado desplazar de las tierras que habitan, con el fin de realizar diversos proyectos turísticos en la zona de Trujillo. Una de las empresas que quiere realizar estos proyectos es la Sociedad Responsabilidad Bienes raíces JUCA, de capital canadiense, misma que acusó a 32 miembros de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellas a las hermanas Mejía, de usurpación, daños y amenazas.
Recuento de la violencia
El 18 de julio de 2020 fueron secuestrados cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz, a los cuales se les hizo una fuerte campaña de desprestigio en las redes sociales, vinculándoles con el narcotráfico y, quienes, hasta la fecha, no han sido encontrados.
El 13 de febrero de 2021, dos sicarios asesinaron al joven líder garífuna Fernando Padilla, quien pertenecía a la OFRANEH.
El 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, integrante de la misma organización garífuna, y también acusada por supuesta “usurpación de tierras”. Por el mismo caso, aún se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.

Ante esta serie de detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos forzados, a principios de julio, Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU, manifestó su preocupación: “El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas mas vulnerables de la sociedad”.
(Español) Guardia Nacional vuelve a entrar a comunidades en resistencia de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A los medios Libres y Alternativos
Comunidades que habitamos las comunidades de “El Rebollero”, “Los Arquitos” y “Río Minas”, en el municipio de San pablo Cuatro Venados, ubicados a tan solo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca, denunciamos. Este jueves 29, la Guardia Nacional, acompañado de policías estatales y gente vestida de civil, realizaron un recorrido por la brecha de la comunidad de Río Minas, hasta llegar a Río Pescado. En esta área es dónde se localiza una de las concesiones mineras que pretender explotar. Al regresar de este recorrido, se detuvieron por un cierto tiempo en las comunidades de los arquitos, ahí, a un joven le dijeron que estaban en busca de personas armadas, que dijera dónde estaban los armados.
Al joven lo interrogaron, revisaron su mochila y lo intimidaron sin ninguna orden que justifique su estancia en nuestras comunidades que se rigen por usos y costumbre, dónde la asamblea es la máxima autoridad, quien tiene que dar el permiso para que intervengan. Si en la cabecera municipal de San Pablo Cuatro Venados quieren recibirlos, está bien, pero en las comunidades de Río Minas, El Rebollero y Los Arquitos, dónde tenemos nuestra propia asamblea, no tienen permitido el acceso. Están incurriendo en un delito al no estar en su jurisdicción sin una orden oficial, siendo un órgano federal.
Sabemos bien la estrategia que está utilizando el gobierno estatal y municipal de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades corruptas de San Pablo Cuatro Venados. Sabemos que buscan una provocación para justificar la entrada de los elementos de seguridad y así poder tomar el control de nuestras tierras, para entregarlas posteriormente a las empresas mineras que pretenden explotar oro y plata en nuestra región. Nosotros solo nos apegamos a lo que comprenden nuestros derechos como comunidades indígenas y vamos a defender nuestras tierras, el agua y los bosques.
Responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal, de ambos municipios, de cualquier agresión e intimidación. Están incurriendo en la violación de nuestros derechos humanos más elementales al intentar intimidarnos, al no consultarnos y al desconocernos como comunidades que hemos habitado estas tierras desde tiempo atrás.
Nunca más un México sin nosotros, por la reconstitución de nuestros pueblos.
Comunidades de, El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas





