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Radio Kurruf

(Español) Crimen ambiental en Talcahuano: Empresa destruyó playas en península de Tumbes

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Las playas conocidas popularmente como Los Lirios y El Ensueño ubicadas en la Península de Tumbes fueron detonadas con explosivos y destruidas por la empresa de extracción de áridos Santa Fe Ltda. La acción eliminó toda la flora y fauna del sector, así como la arena blanca de las playas, en donde al día de hoy sólo hay desechos rocosos. Documentos oficiales del SEA, fotografías tomadas en terreno por RESUMEN y el testimonio de vecinos y vecinas del sector afectado confirmarían la responsabilidad de la empresa en la destrucción de los ecosistemas.

Imagen muestra la situación en que se encuentran lo que antiguamente eran playas de arenas blancas, destruidas por la empresa de extracción de áridos en la Península de Tumbes, comuna de Talcahuano | Resumen.cl

Las organizaciones socioambientales de la comuna de Talcahuano Tumbes Sustentable, Coordinadora Chorera y Asamblea Ambiental de Talcahuano hicieron llegar a RESUMEN fotografías, documentos oficiales y los testimonios de vecinos y vecinas del sector los cuales aseguran que se ha perpetrado un crimen ambiental que ha pasado desapercibido por las autoridades locales y medios de comunicación.

Imagen muestra la destrucción de la flora y fauna en el lugar, dejando altamente degradado los suelos y cerros del sector, antiguamente se encontraban las playas de arenas blancas Los Lirios y El Ensueño | Resumen.cl

Una pobladora nacida y criada en Caleta Tumbes, trabajadora, mariscadora y recolectora de Algas explicó que «El lugar era mágico. Eran dos playas maravillosas, yo recuerdo cuando era niña íbamos a las castañas, habían unos castaños gigantes. Después con el tiempo salía a caminar, a andar en bote, íbamos a mariscar con las chiquillas, con otras señoras de más edad, íbamos a las ciruelas, recuerdo».

La entrevistada explicó que incluso han sido amenazados con armas de fuego cuando han intentado acercarse al terreno donde antes existían las playas, por lo que prefirió mantener en reserva su identidad.

En el rectángulo la Península de Tumbes, y en el circulo el sector de las antiguas playas destruidas por la empresa de áridos | Google Earth

Además explicó que «siempre íbamos a ahí, había harta luga, harta alga, harto marisco, caracoles, lapas, chapes, locos, de todo lo que tú quieras buscar en el mar, lo encontrabas ahí en esas piedras, en esas playas que habían ahí. También había una vertiente que llegaba al mar. Y eso todo está intervenido ahora, no existe».

Imagen aérea muestra la magnitud de la cantera de la empresa de extracción de áridos en la península de Tumbes y cómo ha afectado al ecosistema del sector, en donde incluso se pueden divisar algunos parches de bosque nativo, entre el monocultivo forestal, los que también han sido afectados | Resumen.cl

La historia comenzó en 2006 cuando fue aprobado el proyecto «Extracción de áridos Fundo Lo Alfaro» en la península de Tumbes. Algunos años después comenzaron las faenas del proyecto presentado por la empresa Maquinarias Solar y Cía Ltda., representada por el Sr. Cristian Solar Price. Lo que nadie se esperaba es que con el transcurso de los años harían estallar con explosivos las playas y cerros circundantes, eliminando una zona recreativa y de sustento económico para muchas familias.

Imagen de las antiguas playas Los Lirios y El Ensueño destruidas por la empresa de áridos, en donde actualmente no hay arena sino que piedras y desechos de la planta de extracción de áridos | Resumen.cl

Según la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa de áridos «El proyecto consiste en la explotación de una cantera de rocas intrusivas, del tipo granodioritas y microdioritas, con el objeto de producir material pétreo o áridos para ser utilizados en obras de infraestructura y construcción. Tal actividad incluye el montaje de una Planta Chancadora, con los servicios asociados».

Imagen de Caleta Tumbes. Sus habitantes solían visitar las playas destruidas para recolectar mariscos y algas, sin embargo, afirman que ya no existen por culpa de la empresa de áridos, y que además denuncian que han sido amenazados con armas de fuego al acercarse a la zona | Resumen.cl

El documento afirma que «La operación del proyecto se efectuará de acuerdo a las siguientes actividades: perforación, tronadura, selección, chancado y acopios». Agregando que «La perforación permite introducir en la masa rocosa los explosivos, los que se disponen de acuerdo a un plan previamente trazado por personal experto».

Altamente degradado se encuentra el terreno por la acción de la empresa de áridos / Fuente: Resumen.cl

Un vecino de Tumbes muy conocedor del territorio ya que se desempeña como pescador artesanal, explicó que «Toda la vida fuimos para allá, antiguamente salía harta alga ahí, harto marisco y cuando se empezó a hacer eso… una contaminación de tierra que hubo mató todo eso y como tú te diste cuenta se perdió el terreno de playa igual»

En la imagen se pueden ver camiones, maquinaria y alguna instalaciones de empresa de áridos que destruyó las playas de la zona | Resumen.cl

Además agregó «Como se vio ahora, tú te das cuenta, cuántos árboles se echan abajo, cuánta contaminación, cuánto marisco muerto, cuántas algas muertas. Ahora ya no va gente, antes iba gente a trabajar para allá».

Península de Tumbes | Arauco.org

En 2017 el proyecto cambió de empresa titular por la Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda, que tiene como representante legal a Francisco Javier Cordero Sepúlveda, como expresan documentos del SEIA.

Imagen de Parque Tumbes que busca conservar parte del ecosistema ubicado en la Península afectada por el proyecto de extracción de Áridos

Cabe destacar que en los documentos del SEIA se establece una vida útil del proyecto de 10 años, sin embargo, ya han pasado 14 desde su aprobación, lo que genera incertidumbres respecto a posibles irregularidades en este sentido.

RESUMEN intentó comunicarse con la empresa Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda pero no dieron declaraciones con respecto a la destrucción de estas playas.

Además debe recordarse que en las inmediaciones se encuentra el Parque Tumbes un lugar que pretende conservar parte del ecosistema de la península que ha sido fuertemente intervenido por instalaciones de la Armada y la plantación masiva de monocultivo forestal.

Imagen de Parque Tumbes ubicado en la Península

Las zonas costeras en todo el mundo sufren impactos directos e indirectos de la acción humana, los cuales incluyen la contaminación del agua con desechos industriales o urbanos, contaminación con plástico y basura de todo tipo, procesos de cambio de uso de suelo y erosión. Esto además de la mala gestión territorial, que incluye la privatización de terrenos junto a la costa. Y todo en un contexto general de aumento del nivel del mar derivado del cambio climático.

La destrucción de esta playa es un nuevo golpe para la comuna de Talcahuano, históricamente afectada por la gran cantidad de actividades industriales contaminantes provenientes de siderúrgicas, petroquímicas, pesqueras y metalmecánicas, entre otras.

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Avispa Midia

Costa Rica | Asesinato del indígena Bribri, Sergio Rojas, impune a casi dos años

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Por Aldo Santiago

El pasado 15 de enero, el Tribunal Penal de Buenos Aires, al sur de Costa Rica, ordenó continuar con el proceso penal para esclarecer los responsables del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortíz. Rojas fue asesinado el 18 de marzo del año 2019 en territorio Bribri de Salitre. Su labor en la recuperación de tierras indígenas, cuya posesión se mantiene ilegalmente en manos de terratenientes, le acarreó amenazas y agresiones que escalaron hasta su asesinato.

En contexto ⇒ Asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica, ataque a la recuperación de tierras indígenas

Sergio Rojas era beneficiario de las medidas cautelares 321-12 emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde abril de 2015, la CIDH ordenó al Estado de Costa Rica proteger la vida e integridad física del pueblo Bribri de Salitre y Bröran de Térraba.

¿Freno a la impunidad?

El reciente dictamen del Juzgado Penal obliga la continuación de la investigación en el homicidio de Rojas. También rechaza la “solicitud de desestimación” propuesta por el Ministerio Público realizada en septiembre del 2020, pues no se han agotado las herramientas investigativas disponibles.

Con la desestimación, el Estado costarricense pretende cerrar el caso de homicidio de Sergio Rojas ocurrido en Salitre. De la misma manera, esto sentaría un precedente para también mantener la impunidad en el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, ocurrido el 24 de febrero del año 2020 en territorio Bröran de Térraba.

Por ello, la solicitud de desestimación provocó una enorme indignación de parte de organizaciones sociales debido a que, hasta el momento, a casi dos años del asesinato, no hay ningún sospechoso detenido.

Mediante comunicado publicado el pasado 3 de diciembre, El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), organismo del cual Rojas fungió como uno de sus fundadores, repudió la intención de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para archivar el caso por el homicidio de Rojas.

En el documento, lxs integrantes del FRENAPI denuncian la continuación en las amenazas de muerte y las agresiones contra quienes realizan un acceso efectivo a sus tierras, mientras el gobierno de Costa Rica no avanza en la recuperación de las mismas. “¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que no quiere recibir denuncias de los indígenas ante las agresiones y la usurpación de sus tierras? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que tiene a un Juez Agrario en Buenos Aires que es yerno de un terrateniente no indígena que usurpa tierras en Boruca? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial donde la Fiscalía solicita la desestimación del homicidio de uno de los líderes más visibles de nuestra lucha, en menos de 2 años de iniciadas las investigaciones?”, cuestionaron lxs miembros del FRENAPI.

Leer también ⇒ Costa Rica: Escalada de violencia en tierras indígenas recuperadas

Por su parte, la reciente resolución del Tribunal argumenta que “la investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la CIDH y de atacamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica”.

Filtración y obstaculización de justicia

Entre los días 21 y 22 de enero fueron publicadas una serie de notas en la prensa con informaciones confidenciales del expediente penal 19-000178-0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a la filtración, se comprobaría que la causa del homicidio se debe a los conflictos por la recuperación de tierras en territorios indígenas. “Los elementos probatorios indican por donde va el asunto, que hay relación con las tierras y es hora de que la fiscalía actúe de acuerdo con los elementos probatorios”, explicó Gustavo Oreamuno, integrante de la Coordinadora Lucha Sur-Sur.

Por otro lado, Óscar Retana, abogado representante de la familia Rojas Lázaro, reprochó la divulgación de información confidencial, lo cual representa una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente.

“Se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas”, condena Retana mediante un breve posicionamiento difundido el 26 de enero.

Para Elides Rivera del territorio Bröran de Térraba, la filtración forma parte de actos para deslegitimar la investigación “pero no por falta de pruebas, sino por una cuestión de racismo y de xenofobia a los pueblos indígenas, y hacer creer que los pueblos indígenas mentimos”.

Mientras los asesinatos de Rojas y Rivera se mantienen en la impunidad, las agresiones a las acciones de recuperación de territorios indígenas se mantienen al alza.

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Esto ocurre bajo cobijo del Estado costarricense, quien, en febrero del 2020, mediante la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aplazó hasta el año de 2026 la ejecución del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI). Con ello, se prolonga una vez más la devolución de las tierras indígenas, como ha ocurrido desde finales de la década de 1970.

El Plan RTI tiene también el objetivo de identificar y realizar procesos judiciales contra aquellas personas quienes lucraron con tierras indígenas protegidas por ley. Sin embargo, el aplazamiento de su ejecución, sumado a la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas “ha envalentonado a estas personas violentas, porque al ver que no pasa nada cuando ellos realizan los actos violentos creen que lo pueden seguir haciendo”, denunció Oreamuno.

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Radio Kurruf

Los Pellines: Agrícola Kuriñanco no detiene faenas, pese a orden judicial de no innovar

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Con fecha 18 de enero se ha conocido una nueva orden de no innovar por parte de la segunda sala de la corte de apelaciones de Valdivia sobre las faenas que lleva a cabo la Sociedad Agrícola Kuriñanko en Los Pellines, costa de Valdivia. Territorio que ha pertenecido históricamente a doña Rosa Barrientos Paillalef.

Resolución 18 enero 2021 Corte de Apelaciones de Valdivia

La primera orden de no innovar fue decretada el 2020, ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental por orden del Tercer tribunal Ambiental, aún así se denuncia que se continuó deforestando el terreno en disputa  en Los Pellines. Además de tener una medida precautoria, también con fecha 2020, que le impide a la inmobiliaria vender parcelas.

Extracto recurso de protección contra Sociedad Agrícola Kuriñanko

La abogada María Fernanda Catalán aclara que esta última decisión de la corte de apelaciones respecto de «El recurso 12-2021 se  ingresó porque pudimos acceder al terreno en cuestión a través de la ayuda de drones y pudimos constatar  que la información que nos había llegado por medio de un residente del sector respecto de que se estaban destruyendo el bosque nativo y las  napas subterránea de ríos que atraviesan el territorio y llegan al  santuario de la naturaleza  afectando directamente al equilibrio en los ríos y humedales del territorio teniendo por consecuencia inmediata la alteración de los lugares de anidación y alimentación de los cisnes de cuello negro, ranitas, y otras especies que habitan estos espacios».  

Imágenes obtenidas con drone.

Contacto

María Fernanda Catalán, abogada.

+56981936081

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Prensa comunitaria

(Español) Chiquimula: Guaraquiche queda incomunicada y los recibos de luz llegan con meses acumulados

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Por Amílcar Morales y Diego Petzey

La comunidad de Guaraquiche, Jocotán, es una de las comunidades ch’orti’ que fue afectada por las tormentas Eta e Iota en noviembre del año pasado. Dos meses después la población sigue en riesgo y esperando respuesta a sus demandas de parte de las autoridades.

Gabriel Ramírez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), informó que son 286 familias, integradas por 1,268 personas, las que viven en 186 viviendas. Del total de grupos familiares 219 tuvieron que ser evacuados y albergados en la escuela oficial.

Las autoridades comunitarias decidieron resguardar la vida de los vecinos habilitando el albergue en la escuela, pero lastimosamente no contaron con el apoyo suficiente para mantener el albergue. A los pocos días del paso las tormentas muchas familias decidieron regresar a sus viviendas a pesar del peligro.

Las últimas 12 familias que se habían quedado en el albergue también regresaron a sus viviendas por la falta de atención de parte de las autoridades gubernamentales. Ante esto Ramírez dice: “nosotros como autoridades locales no podemos hacer mayor cosa, la situación es alarmante, sino fuera por los medios de comunicación creo que las autoridades competentes nunca se enterarían, debido a la poca atención de las autoridades municipales no se le ha dado promoción a esto”.

José María Ramírez, delegado de la Iglesia católica, relata que “el cerro colorado se agrietó mucho y pensamos que se podría derrumbar por lo que muchos se albergaron en casas de otros vecinos y algunos en la escuela, ahora ya regresaron a sus casas por ya no tener otra opción donde ir. Pero el riesgo sigue y es bastante, la carretera está destruida, viéndolo bien es grande el desastre que está en el mismo lugar”.

Fotograma.

Gabriel Ramírez y José María Ramírez concuerdan que ninguna institución ha llegado a su comunidad para auxiliarlos. Las autoridades municipales solamente fueron a ver el desastre pero que hayan hecho algo por la comunidad especialmente por lo que estaban en peligro no han hecho nada.

El cerro el dorado presenta muchas grietas, durante las tormentas las lluvias inundaron las carreteras con esto las comunidades Orégano, Guayabilla, Conacaste, Morrito, Tierra Blanca, Candelero se han quedado aisladas. Sino no son atendidas por las autoridades municipales y del estado podría suceder algún desastre grande, estamos en riesgo la tierra se ha ido desplazando poco a poco refiere Gabriel Ramírez.

Para acceder a la comunidad es necesario cruzar el puente la Asunción ubicado sobre el rio Guarraquiche pero durante las tormentas el puente colapsó por lo que todas estas comunidades del área norte de Jocotán quedaron incomunicadas por varias semanas hasta que se construyó un puente de hamaca que es el que se utiliza en la actualidad.

Para salir de la comunidad son 15 quetzales de pasaje de ida y 15 de vuelta, 30 quetzales en total. Nos están cobrando el triple y para los que no tenemos dinero, caminamos a pie hasta el centro del municipio refiere José María Ramírez.

A pesar de los riesgos y por todo el tiempo que estuvieron incomunicados el cobro de la energía eléctrica no se detuvo y que a mediados del mes de enero llegaron los recibos de cobro.

Para Ovidia García Gómez, vecina de la comunidad, la energía eléctrica no es un beneficio porque el cobro que se les hace es exagerado. “A mí me duele bastante esta situación, la luz viene recara y con qué dinero pagamos. Cuando se destruyó el puente quedamos incomunicados, entonces se atrasaron para venir a dejar el recibo de luz y ahora que ya pasaron, la factura vino por Q 600 y dónde vamos a sacar dinero para pagar, el recibo viene por noviembre y diciembre dice que se atrasaron porque no había paso, y eso no lo hemos pagado, ahí está el papel; con esto somos más afectados todavía.

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Avispa Midia

(Español) Túnez | Una semana de revueltas contra la pobreza, la corrupción y la violencia policial

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Por Eugenia López

Mientras la población de Túnez, un país ubicado al norte de África, se preparaba para celebrar el décimo aniversario de la rebelión – también conocida como “Revolución del Jazmín”- que marcó el principio de la llamada Primavera Árabe y provocó la caída del gobierno autoritario de Zine El Abidine Ben Ali, el 14 de enero de 2011, el actual gobierno ordenó un confinamiento de cuatro días y reforzó las medidas “para combatir la epidemia de coronavirus” y prohibió las protestas.
Las tensiones, que ya eran importantes en el país debido a la profunda
crisis social y económica, están siendo exacerbadas por la pandemia. Fuertes protestas nocturnas estallaron contra el aumento de la pobreza, la corrupción y la represión policial en varias ciudades del país, en particular en Kasserine, Bizerte Siliana, Sousse, Sfax, Sidi Bouzid o en el barrio capitalino popular de Ettadhamen.

“Está el coronavirus, la gente se está muriendo, y hay un encierro a partir de las 4 de la tarde. Nosotros, el pueblo, somos los únicos que sufrimos realmente. Porque el coronavirus no es nuestra principal preocupación: necesitamos alimento y trabajo”,

EXPLICA SKANDER BRAHAMI, RESIDENTE DESEMPLEADO DE ETTADHAMEN.

Un estudio realizado en 2019 por la ONG International Alert demostró que, en algunas ciudades, la tasa de desempleo juvenil rebasa el 40%. Para Olfa Lamloum, directora de dicha ONG, “hay una negación y una subestimación del enojo entre los jóvenes, especialmente porque los once gobiernos sucesivos (desde la caída de Ben Ali) no han tenido una estrategia para resolver la cuestión del empleo”.

“Es todo el sistema el que debe de cambiar (…). Volveremos a las calles y recuperaremos los derechos y la dignidad de los que las élites corruptas se apoderaron después de la revolución”, expresa Maher Abid, otro manifestante sin empleo.

Represión

El despliegue de fuerzas de policía supuestamente destinadas a hacer
respetar las reglas sanitarias sirvió para reprimir a las rebeliones.
La policía empezó a recibir apoyo del ejército. Se repartieron en un gran número de localidades para hacer frente a las protestas nocturnas.

Más de 630 personas han sido detenidas según cifras oficiales. Sin embargo, organizaciones civiles del país denuncian por su lado más de 1000 casos.

Un grupo de ONG, que incluye a la Liga Tunecina de Defensa de los
Derechos Humanos y Abogados Sin Fronteras, expresó su preocupación frente
a la brutalidad de la represión.

Algunas personas ya han sido liberadas, pero otras, como en la localidad
de Sousse, ya han sido condenadas a penas de 2 años de cárcel y
encerradas en centros de confinamiento para 15 días, antes de tener que
cumplir con su condena.

Con información de Euronews, Afrique Sur 7 y Mediapart

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La Zarzamora

(Español) Chile | Una adulta mayor grave y enfermas crónicas contagiadas, tras brote masivo de Covid en cárcel de Chillán

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Esta semana privadas de libertad del CCP de Chillán, denunciaron la delicada situación sanitaria que se vive en la sección femenina de dicho penal, esto tras generarse un brote de Covid 19, que producto del hacinamiento, las malas gestiones sanitarias y las negligencias institucionales, resultó en el contagio de 22 presas (imputadas y condenadas) que conviven hacinadas en un mismo espacio. Entre las contagiadas se encuentran enfermas crónicas y una adulta mayor con complicaciones.

Esta situación se suma a una seguidilla de hechos nefastos dentro de las cárceles, en lo que podríamos calificar como una profunda crisis del sistema carcelario, en la cual se han incrementado las falencias de este, desde la aparición de la pandemia. De la misma manera el nuevo brote en la cárcel de Chillán, demuestra el fracaso del bullado protocolo de visitas y medidas sanitarias, puesto en marcha desde diciembre del 2020.

Las presas de la cárcel de Chillán hacen un llamado al INDH, a las instituciones sanitarias (MINSAL) y judiciales, a que se hagan presentes en el lugar para proporcionar la atención correspondiente a estas denuncias y velar por el cumplimiento de sus derechos, así como de los tratados internacionales a los cuales esta suscrito el Estado.

El único derecho que se le quita a las personas privadas de libertad es precisamente su libertad de desplazamiento, pero no pierden sus otros derechos”

 Sthefania Walser. Directora Ejecutiva de Leasur.


COMUNICADO PÚBLICO DE PRESAS SECCIÓN FEMENINA CCP CHILLÁN

El día 24 de diciembre se levantó la alarma de contagiados en C.C.p Chillán sección varones , pero ese día hubo visita interpenal (mujeres se vieron con sus maridos que tienen aquí mismo en el recinto) y ahí empezó la primera negligencia de Gendarmería, ya que ellos sabiendo que habían sospechosos con Covid-19, teniendo un listado con los varones que se les hizo el pcr, decidieron dar igual esa visita y mientras mis compañeras estaban ahí, llegan los resultados de los exámenes, en los cuales aparecía un varon que estaba en visita, era positivo.

Por prevención mis compañeras pasaron aisladas altiro, sin tener contacto con la población femenina. Dentro de esos días empezaron algunas compañeras a tener síntomas extraños, el paramédico sólo nos decía que era resfriado no se realizaba ningún control nada , hasta que las enfermas cada día eran más.

El sábado 16 de enero realizaron el pcr a todas y el domingo inmediatamente llegaron los resultados, sacando a 12 aisladas que arrojaron positivo, y el lunes llegó una nueva lista arrojando 10 positivas más, en total somos 57 internas y todas vivimos en el mismo dormitorio colectivo, imputadas con condenadas.

Nos trajeron a todas las contagiadas a un anexo aparte de la sección, pero no nos han venido a chequear como corresponde, lo que más preocupante es una señora de 62 años que se encuentra muy mal, no come y le duele su pecho, pero Gendarmería dice que sólo quiere dar lástima. A ella la mantienen dopada todo el día durmiendo, pero lo que ella necesita es estar en el hospital, necesita una atención digna que la examinen completa en que condiciones se encuentra.

Otra negligencia de Gendarmería fue que apenas comenzó la pandemia, separaron a todas las crónicas para protegerlas dejándolas en un anexo por casi 8 meses, pero cuando salió el brote de los varones, sacaron a las aisladas crónicas para habilitar el dormitorio para los contagiados, mezclándolas a ellas con la población, razón por la cual tenemos 4 mujeres crónicas contagiadas, gracias a las ideas de Gendarmería cuando el cuidado debería ser más intenso para ellas, esto existiendo más habitaciones para utilizar, sin embargo decidieron dejarlas junto con nosotras.

Por último nuestra exigencia es que se presenten las instituciones necesarias (INDH y MINSAL) y que nos respondan qué pasará con nosotras y nuestras compañeras que “salieron negativo” ya que estamos todas juntas en un dormitorio muy pequeño, en donde compartíamos ellas (quienes dieron negativo) que ahora también se sienten enfermas, y nosotras, es por esto que necesitamos que se les vuelva a realizar el pcr, y que al terminar nuestra cuarentena podamos a volver a un lugar seguro, donde ya no queden contagiadas.

Queremos prevenir que esto aumente. Sabemos que si hacen el examen nuevamente habrán más contagiadas.-

Presas sección femenina CCP Chillán

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Agencia Latinoamericana de Información

(Español) Gobierno de facto de Haití busca blindaje «constitucional»

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Publicado en la Agencia Latinoamericana de Información el 21 de enero de 2021.


El presidente de Haití Jovenel Moïse y el canciller Claude Joseph anunciaron para este año la elaboración de una nueva Constitución que reemplace a la Carga Magna vigente en el país desde el año 1987. A demanda del ejecutivo, el Consejo Electoral Provisional (CEP) estableció un calendario maratónico: el 25 de abril se celebraría un referéndum aprobatorio, el 19 de septiembre la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las elecciones legislativas, y el 21 de noviembre el eventual balotaje, así como los comicios municipales. El gobierno actúa como si la saturación electoral pudiera conjurar el descrédito de un gobierno que hace tiempo ha abandonado la senda constitucional y que constituye a todas luces un gobierno de facto. Jovenel Moïse, quien se ha convertido ante el rotundo silencio de la comunidad internacional en el más flamante dictador de América Latina y el Caribe, busca ahora un blindaje constitucional elaborando una carta magna a su medida y antojo.

Una dictadura sin estridencias

«Nèg banann», el «muchacho de los plátanos», es el apelativo con el que las vastas mayorías populares de Haití conocen al presidente en funciones. Empresario bananero oriundo del noroeste del país, personaje sórdido y deslucido como el resto de los outsider fabricados por los gurús de la derecha continental, ahijado político del ex presidente Michel Martelly -un «bandido legal» como él mismo suele presentarse- y miembro del ultraconservador partido PHTK, Moïse ha sabido sostenerse de pie en medio del tembladeral de la política haitiana, pese a que las primeras exigencias de su renuncia coinciden con la fecha de los comicios que lo llevaron a la presidencia de la nación caribeña.

Tras las resonadas denuncias de fraude y la suspensión de las elecciones del año 2015, el CEP organizó en 2016 unos nuevos y contestados comicios en donde Moïse fue elegido con tan solo 590 mil votos de un padrón de más de 6 millones de electores habilitados, redondeando una participación de tan sólo el 18.1%. Según diversos especialistas y veedores internacionales, la intervención deliberada en el organismo electoral habría desplazado del primer lugar al favorito Jude Célestin y dejado fuera del balotaje al nacionalista de izquierda Jean-Charles Moïse, también aspirante a la presidencia de la República.

Desde julio del 2018, mes del anuncio y la suspensión de los gravosos aumentos al precio de los combustibles, la renuncia del por entonces Primer Ministro provocaría que la Jefatura de Gobierno quedara vacante por largos períodos, habiéndose sucedido cuatro Primeros Ministros en los últimos dos años. Lejos de fungir como un contrapeso a las prerrogativas presidenciales, el último de ellos, Joseph Joute, fue nombrado directamente por Moïse y ni siquiera fue ratificado por el Parlamento, como demanda la Constitución del país.

Por otra parte, las elecciones legislativas que debieron celebrarse en el año 2018 fueron suspendidas en reiteradas oportunidades, hasta que el CEP dio a conocer la última fecha, prevista, con un bienio de demora, para fines de este año. Ante la imposibilidad de renovar los mandatos de los diputados y de dos tercios de los senadores, Moïse decidió cerrar el Parlamento, por lo que desde enero del 2020 gobierno por decreto.

El otro aspecto consustancial a la deriva dictatorial del gobierno tiene que ver con la violencia política. Un decreto presidencial del mes de diciembre instauró una serie de medidas para el «fortalecimiento de la seguridad pública», mientras que otro creó la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cuyos agentes gozan de una inmunidad virtual en el ejercicio de sus opacas funciones.

Hasta el «Core Group», entidad que aglutina a los principales países occidentales que han servido de sostén a los gobiernos del PHTK, calificó a los decretos como reñidos con “ciertos principios fundamentales de la democracia, el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos de los ciudadanos”, en tanto los actos de oposición y protesta que de ninguna manera pueden encuadrarse como «terroristas» podrían conllevar penas de entre 30 y 50 años.

Se trata de políticas anti-terroristas en un país sin más terrorismo que el estatal o el de los grupos delincuenciales que como el denominado «G9» co-gobiernan el país y aterrorizan los barrios de la capital Puerto Príncipe. La Comisión de Desarme del Estado nacional estima que hay 76 grupos delincuenciales altamente organizados operando -muchos de los cuales han sido armados y financiados por empresarios, parlamentarios y por el propio gobierno-. Uno de estos grupos cometió la masacre de La Saline, un barrio popular de la capital en donde fueron asesinadas 71 personas en noviembre del año 2018. Los funcionarios Fednel Monchery, ex Director General del Ministerio del Interior, y Rigaud Duplan, ex Director Departamental del Oeste, fueron implicados en una investigación policial y debieron renunciar a sus cargos.

El objetivo tácito de los decretos de seguridad, la creación de la ANI y la sucesión de masacres en zonas rurales organizadas o en barrios populares de Puerto Príncipe, no tienen otro objetivo que la represión política más eficaz del movimiento popular que pareció resurgir de sus cenizas desde las llamadas «marchas del hambre» del año 2016, la insurrección masiva de julio del 2018 y el movimiento que desde septiembre de aquel mismo año exige la devolución del desfalco multimillonario de fondos del Estado llegados al país en el marco del programa energético Petrocaribe.

Sin elecciones, con una autoridad electoral elegida unilateralmente por el ejecutivo, sin Parlamento, sin un Primer Ministro constitucional, con el Tribunal Superior de Cuentas amordazado y reducido a órgano “consultivo”, sin presupuesto oficial, con asesinatos selectivos de periodistas y líderes de la sociedad civil –como Monferrier Dorval, antiguo presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe-, con milicias y grupos delincuenciales gestionando importantes franjas de territorio nacional, no quedan prácticamente instituciones legales ni autoridades constitucionales que hagan de contrapeso a un gobierno cada vez más represivo y autoritario. El fantasma de la dictadura duvalierista ha dejado de ser sólo un fantasma, y son numerosos los analistas que hablan ya de la casi completa «macoutización» del Estado, en referencia a los «Tonton Macoutes», las célebres milicias del régimen de facto que controló el país durante treinta años. Para despejar cualquier duda sobre la orientación general de la política nacional, el partido de gobierno estrechó sus lazos con Nicolas Duvalier, hijo de Jean-Claude Duvalier, y comienza a considerarlo como posible candidato para suceder a Moïse en la presidencia.

Disputa constitucional, incomodidad internacional

Quizás una propuesta constituyente pueda parecer progresiva y atractiva, a la luz del reciente «Apruebo» chileno, o de las expectativas de reforma que cobran cuerpo y legitimidad en un país como Perú. Pero mientras ambos movimientos constituyentes con claramente progresistas y anti-autoritarios en esencia -el uno post-pinochetista y el otro eventualmente post-fujimorista-, la situación es muy diferente en Haití, dado que la carta magna vigente es la principal conquista del movimiento democrático que en el año 86 interrumpió por fin la dictadura vitalicia de Fracois y Jean-Claude Duvalier y que más tarde decantaría en el portentoso movimiento «Lavalas» que llevaría a la presidencia del país al cura progresista Jean-Bertrand Aristide.

Si a la oleada constituyente neoliberal y multicultural de la década del 90 le siguió el nuevo constitucionalismo latinoamericano de los años 2000, el proceso chileno o eventualmente el peruano pueden verse como procesos diferidos, quizás menos radicales y a escala, de la llamada «primavera latinoamericana». Mientras que el caso haitiano es -en esto como en tantas otras cosas- sui generis y, quizás, anticipatorio de las tendencias del continente, como una suerte de termómetro del avance de las fuerzas neofascistas en la región.

La de Moïse es una dictadura que pretende blindarse constitucionalmente. ¿Blindarse de qué? En primer lugar de un régimen político híbrido, de tipo semi-parlamentario, en el cual, a diferencia de la mayoría de los sistemas políticos de América Latina y el Caribe, coexisten una figura presidencial -el Jefe de Estado- y un Primer Ministro -en tanto Jefe de Gobierno- con un Parlamento con poder de fuego y amplias prerrogativas. En segundo lugar de una Constitución vigente, la de 1987, que pese a sus taras supo cristalizar en su momento buena parte de las aspiraciones democráticas en la inmediata post-dictadura, introduciendo elementos como las políticas de descentralización y ciertas conquistas en torno a la reivindicación de la lengua y la cultura nacional y popular, aún cuando no haya cristalizado las aspiraciones anti-neoliberales de la época.

Esta hidra de varias cabezas fue un diseño institucional tendiente a poner coto a las garantías y poderes ilimitados de los sucesivos presidentes y a limitar la entronización de nuevos autócratas, tras una extensa dictadura de 31 años de duración. Pero el interregno democrático en Haití fue fatalmente breve. Su magro saldo desde el año 1986 ha sido, según el economista y cineasta haitiano Arnold Antonin, “ocho golpes de Estado, 34 cambios de gobierno (por cambio de primer ministro), cinco elecciones abortadas, tres intervenciones militares extranjeras y cinco misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la estabilidad y la paz.” Lejos de los barbarismos con que pretende explicarse esta inestabilidad nacional, sus causas deben cifrarse en la frecuente intervención de los países occidentales en los asuntos domésticos, y en la oprobiosa desigualdad que han generado en el país las políticas de liberalización comercial y financiera de los últimos 50 años.

En relación a este, el frente internacional, la posición de los grandes jugadores geopolíticos ha comenzado a cambiar. En 2019, el acorralado gobierno de Moïse supo jugar una carta fuerte: la ruptura de relaciones con la Venezuela bolivariana, el reconocimiento del anodino Juan Guaidó, y completo alineamiento con la política de Donald Trump en la región gran-caribeña. Pese a los costos de esta política suicida para el país en lo que refiere a articulaciones regionales como la CARICOM y Petrocaribe, el gesto de Haití le dió al gobierno de Moïse una suerte de inmunidad internacional que ha sabido administrar. Difícil es no leer el férreo apoyo de la OEA y el Departamento de Estado al esperpento gubernamental como una retribución de favores, pese a que la visibilización de la crisis haitiana en el 2018 elevó los costos internacionales de sostener al gobierno actual. Y pese a que la remoción de instituciones o mecanismos democráticos acentúa dramáticamente la brecha entre el idílico imaginario democrático occidental y la cruda inconsecuencia de los aliados regionales como Haití, Chile o Colombia.

Pero la inapelable derrota de Trump y el ascenso de los demócratas parece obligar a un cambio, siquiera de formas, por lo que aumentan las presiones para una seudo normalización institucional en el país -en esa clave deben leerse los últimos posicionamientos y recomendaciones del Core Group-. El primer hecho de una nueva orientación que aún no ha terminado de cuajar del todo, fue la sanción del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra dos funcionarios de gobierno y un líder paramilitar aliado. En el marco de la Ley Magnitsky, estos tres sujetos vieron sus activos congelados y se les prohibió el acceso a la preciada visa norteamericana.

Esto parece dar algunos indicios de las dos principales alternativas de la geopolítica de los Estados Unidos en lo que respecta a Haití: la «normalización por vía institucional» -en la amplia gama de matices que van desde la democracia de baja intensidad, el fraude electoral y hasta una reedición de las ocupaciones internacionales vía las Naciones Unidas- o la profundización del shock represivo, que incluye el refuerzo de la alianza gobierno-grupos delincuenciales, la paramilitarización del tejido social, las nuevas leyes de seguridad y la represión y asesinatos selectivos a opositores. En esta línea, en febrero de 2019 la Policía Nacional de Haití detuvo a un grupo de ocho mercenarios fuertemente armados -cinco ex-marines de los Estados Unidos, dos serbios y un haitiano-, que se suponen parte de una política sistemática de infiltración de fuerzas irregulares extranjeras. Los mercenarios fueron deportados de forma expeditiva vía la Embajada de los Estados Unidos, sin que pudieran ser investigados y juzgados en Haití. En la evaluación y aplicación de estas dos estrategias, pesan, por supuesto, no solo la eficacia relativa de cada método, sino también la «limpieza» relativa de cada uno y los costos eventuales para los Estados Unidos y los organismos occidentales en la arena internacional.

Todo pareciera indicar que Biden y los demócratas están detrás del calendario electoral propuesto por el CEP, tras el relativo fracaso de las políticas seguidas por el Departamento de Estado el último bienio. Sin embargo, el celo está puesto en el simulacro electoral y no en la democracia sustantiva. Por eso la nueva Constitución está siendo elaborada por una comisión secreta, y a casi dos meses del plebiscito que debería ratificarla, se desconoce por completo su contenido.

A la fecha apenas si han circulado algunos trascendidos sobre sus previsibles objetivos: el retorno al régimen presidencialista, la eliminación formal del Senado y la construcción de un Parlamento unicameral, así como una serie de medidas tendientes a ganarse el apoyo de la diáspora como la legalización de la doble nacionalidad. Además, la propuesta cuenta con otro vicio de origen: la Carta Magna actual prohíbe de forma explícita la celebración de mecanismos consultivos para su modificación. Pese a todas estas impropiedades, la OEA y los Estados Unidos se apresuraron a manifestar su apoyo a una iniciativa que probablemente haya salido de sus propios despachos. Por su parte, cada vez más extensos segmentos de la población haitiana exigen la renuncia inmediata de Moïse, en un amplio entramado de organizaciones, clases y sectores que incluye a partidos políticos, movimientos campesinos, sindicatos, organizaciones territoriales, ONGs, iglesias y hasta cámaras empresariales.

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(Español) El Estor: la lucha es una, en defensa del territorio y la vida

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Cristobal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesabales, en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspención de este proyecto minero, las dos empresas que lo operan siguen en desacato de esta resolución legal. Primera Parte. Video Baudilio Choc / Prensa Comunitaria El Estor Izabal, Guatemala. Enero de 2021

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(Español) Guatemala | Gobierno hace un mal manejo de la epidemia

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Créditos: PDH

Por Nelton Rivera

El Gobierno fue mal calificado en el manejo de la epidemia en Guatemala a 10 meses del aparecimiento de primero de los casos covid-19 positivos. Este 14 de enero, el presidente Alejandro Giammattei presentó el primer informe de su Gobierno en un acto en el Congreso de la República, para el Laboratorio de Datos, el presidente y los distintos ministros de salud pública han realizado un mal manejo de la epidemia de la covid-19 en Guatemala.

No existe transparencia en la ejecución de los fondos destinados para contener y prevenir la pandemia, los trabajadores de salud, especialmente los de la primera línea de atención no cuentan con insumos, equipo y salarios para el trabajo que realizan. Sumado a esto, el presidente decidió que cada guatemalteco y guatemalteca resuelva por si mismos como enfrentar la epidemia que en este momento registra un repunte de la cantidad de contagios a nivel nacional.

A pesar de los serios cuestionamientos por la falta de realización de 5 mil pruebas covid-19 o más al día, la cifras que traslada el Ministerio de Salud siguen siendo deficientes, según el Mspas, Guatemala alcanzó al día 13 de enero los 146 mil casos 937 casos positivos acumulados y los 5 mil 151 fallecimientos, datos que fueron cuestionados por Laboratorio de Datos porque no reflejan los datos reales.

Compartimos el análisis y las conclusiones publicadas este día por el Laboratorio de Datos sobre el mal manejo que el Gobierno ha hecho de la epidemia.

Manejo de la epidemia en Guatemala durante el 2020

Laboratorio de Datos GT realizó un balance del manejo de la emergencia por COVID-19 al final del primer año de Gobierno del presidente Giammattei.

Si bien se tomaron medidas de restricción tempranamente, se implementaron políticas sociales y económicas, estas se acompañan de cuestionables decisiones y no fueron suficientes para contrarrestar los efectos de la crisis.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- destinó Q500 millones al manejo de la crisis que implicaron reducir el presupuesto destinado a la prevención de la desnutrición crónica en el país. Esto es inaceptable bajo cualquier punto de vista considerando que el país posee un 46.5% de sus niñas y niños menores de 5 años afectados con esta tragedia.

Derivado de varias ampliaciones presupuestarias que aprobó el Congreso de la República esta entidad llegó a tener un presupuesto vigente para atender a los pacientes afectados con COVID-19 de Q1,694.4 millones (en junio). Posteriormente este tuvo reducciones de hasta Q129.8 millones dejando un presupuesto vigente a diciembre de Q1,564.6 millones. Al cierre del ejercicio fiscal 2020 solamente fue ejecutado el 78.1%, siendo en extremo vergonzoso que el hospital que el Presidente de la República inauguró como emblemático en la lucha contra la pandemia: el Hospital de Villa Nueva, apenas pudo ejecutar el 53.8% de su presupuesto. A esto se le suma las protestas del personal médico en primera línea por el atraso en el pago de sus salarios.

A pesar de haber creado dos instituciones ad-hoc: Comisión Presidencial de atención a la emergencia COVID-19 -COPRECOVID- y el Comité Nacional de Coordinación para Vacunación contra COVID-19, el control de la epidemia se destacó por la falta de una estrategia adecuada para el control de la epidemia, un deficiente testeo, escaso rastreo, mal uso del recurso público y retraso en la gestión para la adquisición de la vacuna.

El 2020 dejó un sistema de salud más debilitado, una población con hambre, y el lamentable registro de más de 12,500 muertes en exceso.

El manejo de datos para la toma de decisión y la comunicación han sido las mayores debilidades. Desde Laboratorio de Datos GT. seguiremos trabajando en recomendaciones estratégicas que sirvan al manejo de la epidemia, plan de vacunación, ejecutar el gasto con transparencia, efectividad, eficiencia y sobre todo con criterio de oportunidad a fin de que el Gobierno pueda recuperar cuotas de legitimidad y credibilidad.

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(Español) Guatemala | Diversos sectores repudian el primer año de Gobierno de Alejandro Giammattei

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Este jueves14 de enero el presidente Alejandro Giammattei presentó su primer informe de gestión, pero la población no lo recibió como él esperaba, y nuevamente salió a las calles a manifestar el descontento y a exigir su renuncia.

Por Gilberto Escobar

El rechazo popular a la gestión de Giamattei se centra en la desatención que brindó a los sectores vulnerables de población durante la pandemia de coronavirus, sumado a la falta de apoyo a las comunidades que lo perdieron todo durante las tormentas tropicales Eta e Iota que golpearon al país en noviembre; los sectores sociales, colectivas feministas, autoridades indígenas, sindicalistas, estudiantes, también señalaron la imposición de estados de prevención durante el paso de las caravanas de migrantes hondureños, el incremento de femicidios y violencias contra las mujeres, embarazos por abusos sexuales en niñas; incremento de la pobreza y desnutrición, entre otros.

Foto: Nelton Rivera.

Ciudad de Guatemala

En la mañana del jueves 14 de enero, varios sectores sociales se concentraron en el parque central de la plaza de la Constitución, en donde repudiaron el primer año de gobierno de Giammattei, otros sectores como la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda De León, de la Universidad de San Carlos recordaron la excesiva violencia de las fuerzas de seguridad que reprimieron las manifestaciones ciudadanas del 21 de noviembre #21N y las sucesivas, donde la población también salió a cuestionar la gestión del Gobierno y como resultado dos personas perdieron un ojo, varias heridas y hasta denuncias de torturas durante las detenciones.

Grupos como Sororidad Guatemala en el marco del primer año de gobierno también publicaron en sus redes sociales una serie de estadísticas donde señalan la incompetencia del Gobierno, señalando que en los primeros días de enero se han activado 43 alertas Alba Kent y durante el 2020 unas 695 mujeres se reportaron desaparecidas con la alerta Isabel Claudina, sumado a 455 femicidios y 77 mil 847 embarazos en niñas y adolescentes en las edades de 10 a 19 años.

Otros de los motivos que la población señaló fueron el mal manejo de fondos y falta de transparencia durante la pandemia (10 programas sociales) y el abandono institucional durante las tormentas Eta y Iota, ya que varias comunidades aún siguen sin recibir atención e incomunicadas; la gota que derramó el vaso en la recta final del 2020 fue el presupuesto que se pretendía aprobar para el 2021 por parte de los diputados del Congreso.

En Quetzaltenango

Varios líderes comunitarios, autoridades ancestrales y sectores sociales se fueron sumando en la tarde del jueves, para iniciar con una caminata pacífica en rechazo al primer año de Giammattei, en el departamento de Quetzaltenango, en el trayecto varias personas se fueron sumando y la caminata concluyó en el parque central de esa localidad con varios discursos.

En las afueras de la municipalidad se encontraban unos 50 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardando el edificio.

Foto: Gilberto Escobar.

Entre los mensaje que portaba la población en algunas pancartas se destacaron: “un pueblo pasivo es un pueblo oprimido, el pueblo está en total abandono por el Gobierno; si eres neutral has elegido el lado del opresor, el pueblo exige cuentas claras”.

Foto: Gilberto Escobar.

José Luis Ramírez, autoridad del pueblo maya K’iche’ comento que los motivos de la movilización fueron en torno a la presentación del informe del mandatario “durante la pandemia y las dos tormentas tropicales la población quedó desprotegida y el gobierno no cumplió en proteger la vida de la población”.

Ramírez recalcó que “la población no acepta el informe del mandatario”.

Para el académico Percy Aguilar, de ese departamento, quien portaba una pancarta señalando al gobierno como “reprobado”, además calificó como “nefasto al gobierno de Alejandro Giammattei” e indicó que por eso rechazan su gestión, así como el actuar del Congreso y de las autoridades del sector justicia del país.

Aguilar señala que a nivel local también se están dando grandes actos de corrupción en varias dependencias.

La población de Quetzaltenango también hizo un llamado para conformar una asamblea plurinacional de carácter urgente, para abordar las problemáticas nacionales.

Las autoridades ancestrales de ese departamento también expresaron que en abril enviaron un documento al mandatario Giamattei con sus propias propuestas para abordar la emergencia durante la pandemia de coronavirus, pero nunca recibieron respuesta.

Marta Elena Toj, de las autoridades comunitarias de Quetzaltenango, tomó el micrófono y en su discurso cuestionó al gobierno de Giammattei, e indicó que también se debe discutir la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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