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El Salto diario

(Español) Francia amordaza los vídeos de denuncia de la violencia policial

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La Asamblea Nacional francesa aprueba la ley de “seguridad global”, que restringe la difusión de imágenes de la policía, pese a multitudinarias protestas como la de este sábado. Un texto simbólico de la deriva liberticida de Macron.

Enrics Bonet

@EnricQuart

29 NOV 2020

Unas 130.000 personas, según la Policía, y 500.000, según organizadores, marcharon por las calles de varias ciudades de Francia contra la nueva Ley de Seguridad Integral el sábado 28 de noviembre. En París, la “marcha de las libertades contra las leyes liberticidas” congregó a un total aproximado de 46.000 manifestantes. Allí se repitieron las imágenes de cargas policiales y fotoperiodistas heridos.

La policía francesa protagonizó otro vergonzoso episodio de uso abusivo de la fuerza el la noche del lunes 23 de noviembre en París. La ocupación pacífica de la céntrica plaza de la República por la asociación Utopia 56 y decenas de migrantes degeneró en un brutal desalojo. “Unas imágenes chocantes”, reconoció el mismo ministro del Interior, Gérald Darmanin, sin ruborizarse por la hipocresía de sus palabras.

Otro vídeo desvelado el jueves por el digital Loopsider acentuó la indignación por los abusos policiales. Grabado por las cámaras del acomodado distrito XVII de París, en él se veía a tres agentes dando una paliza a un joven negro. La víctima fue un productor de música que recibió insultos racistas y lo detuvieron con una violencia gratuita por el simple hecho de no llevar la mascarilla. Los episodios de uso indebido de la fuerza policial no resultan ninguna novedad en Francia. Pero esta sucesión de casos se produce en un momento en que el gobierno impulsa una ley para limitar la difusión de imágenes de las acciones policiales. ¿Abusos como los de esta semana se podrán seguir denunciando en las redes? ¿Cómo el ejecutivo macronista quiere enmordazar estas imágenes de denuncia?

La Asamblea Nacional aprobó el martes por la tarde la ley de “seguridad global”, que abre la puerta a sancionar la publicación de imágenes o vídeos no difuminados de agentes. Pese a la fuerte contestación en la calle, esta fue aprobada con 308 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones, gracias al apoyo de diputados macronistas, de Los Republicanos (socios del PP en Francia) y de la ultraderechista Reagrupación Nacional. Bautizado con este nombre con tintes orwellianos, este texto legisla aspectos variopintos de la seguridad, desde la creación de un cuerpo de policía municipal en París hasta el refuerzo de las competencias de las agencias privadas.

La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24 que prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales

Su elaboración indignó, sin embargo, a la izquierda francesa al restringir derechos fundamentales, como el de manifestarse o la libertad de prensa. La disposición más contestada de la ley es su ya famoso artículo 24. Este prohíbe la difusión no difuminada de imágenes de intervenciones policiales que perjudiquen de “manera manifiesta” la “integridad física o psíquica” de un agente. Contempla penas de hasta un año de prisión y multas de un máximo de 45.000 euros con las que podrán sancionarse estas publicaciones. Además, el texto favorece el uso de drones y cámaras por los antidisturbios para grabar manifestaciones.

Aunque la presión social obligó al ejecutivo a introducir una enmienda en el último momento para garantizar el “derecho a informar”, esto no evitó la lluvia de críticas a nivel internacional, desde Amnistía hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Incluso la Comisión Europea recordó el lunes a las autoridades francesas el principio de la “libertad de prensa” y dijo que “seguía la situación de cerca”.

La “ley mordaza” francesa

“El artículo 24 sitúa la legislación francesa en una zona gris que permitirá a los policías detener de manera preventiva a aquellos manifestantes o reporteros que los graben”, asegura a El Salto Fabien Jobard, especialista en temas policiales. “Los agentes se convencerán a partir de ahora de que cualquiera que saque su cámara o teléfono en una protesta representa una amenaza y un posible delincuente”, advierte este sociólogo. Aunque muchas de estas hipotéticas detenciones no acaben en condenas ante la dificultad de demostrar que se perjudicó la integridad del agente, estas detenciones preventivas “ya supondrán un obstáculo al derecho de manifestarse”.

Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos

Este experto del prestigioso Centro de investigación científica (CNRS) observa similitudes evidentes entre la nueva ley de “seguridad global” y la ley mordaza: “El único país de Europa en que existe un dispositivo similar es España”. En el caso de la legislación española, “la policía española la ha utilizado en numerosas ocasiones”, recuerda Jobard, quien teme que en Francia se reproduzca una situación similar, aunque en este caso con una multiplicación de las detenciones preventivas y de agresiones contra periodistas o manifestantes que graben. Al otro lado de los Pirineos serán los jueces los encargados de dictar las multas.

Elaborada para contentar a los sindicatos de policías —mayoritariamente conservadores, o incluso ultraderechistas—, esta “ley mordaza” francesa amenaza con silenciar el principal medio de denuncia de los abusos de las fuerzas de seguridad. Los vídeos de manifestantes y jóvenes reporteros resultaron claves para revelar la violencia policial contra los chalecos amarillos. Más de 2.200 manifestantes heridos, 308 de ellos con heridas en la cabeza, 24 perdieron un ojo, cinco se quedaron sin una mano… Un balance escalofriante silenciado por los grandes medios en los primeros meses de protestas.

También fue gracias a un vídeo del militante Taha Bouhafs, ahora convertido en un influyente reportero, que salió a la luz el caso Benalla, el escándalo del ex guardaespaldas de Macron que pegó a manifestantes el 1 de mayo de 2018 en París. Además, estas imágenes resultan claves para denunciar la violencia policial enquistada en la “banlieue”. Así lo reflejan iniciativas como la aplicación UVP para difundir en directo en las redes los abusos de las fuerzas de seguridad.

Deriva autoritaria de Macron

“En realidad, no deberíamos grabar a la policía. Pero como hay tantos abusos, no nos queda otro remedio”, defiende Clara François, de 24 años, una estudiante universitaria de un máster de cine presente el sábado en la multitudinaria concentración parisina en la Plaza de Trocadero contra la ley de “seguridad global”. Según las fuerzas de seguridad, unas 22.000 personas se manifestaron ese día en el conjunto de Francia. Unas protestas nada despreciables teniendo en cuenta el actual contexto de pandemia y el segundo confinamiento, que perdurará en Francia hasta el 15 de diciembre.

Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad

“El hecho de que la policía pueda utilizar drones para grabar protestas y que estas imágenes dispongan de reconocimiento facial hará que la gente tenga aún más miedo para grabar protestas”, lamentaba François. Mientras se restringirá la posibilidad de los ciudadanos de difundir imágenes, se facilitará la capacidad de los policías para grabar sus acciones y a los manifestantes, tanto con drones como con cámaras normales.

“Utilizarán sus imágenes para dar su versión de los hechos y así influir en la opinión pública”, advierte Jobard. Este experto sostiene que “no conozco ningún caso en que un policía haya sido amenazado físicamente por un vídeo grabado por manifestantes, pero estas imágenes sí que son utilizadas por la justicia para identificar a agentes que cometen abusos durante sus intervenciones u otras personas que cometen delitos durante las protestas”.

“Aprovechan que la gente está aterrorizada por el covid-19 para aprobar este tipo de leyes liberticidas. Me parece vergonzoso”, declaraba a este periódico Laure, de 30 años, una actriz que dijo “manifestarse por primera vez” durante la concentración contra el proyecto de ley en los aledaños de la Asamblea Nacional el 17 de noviembre. Ese día empezaron los debates parlamentarios coincidiendo con el segundo aniversario del inicio del movimiento de los chalecos amarillos. Tras haber reunido a varios miles de manifestantes bajo un ambiente pacífico, esta degeneró en enfrentamientos con agentes antidisturbios, que detuvieron a dos fotoperiodistas. El ambiente se caldeó aún más después de que el día siguiente el ministro Darmanin afirmara que los periodistas deben acreditarse para cubrir las manifestaciones.

Ante la presión social, el primer ministro Jean Castex anunció este jueves la creación de una comisión para revisar la redacción del artículo 24. Un movimiento que suscita desconfianza en el conglomerado de asociaciones y sindicatos que impulsan las protestas.

Deriva liberticida

Además de la legislación de “seguridad global”, el macronismo recibe críticas por haber dado luz verde la semana pasada a otro texto que castiga con tres años de prisión las ocupaciones en la universidad. También generó indignación su voluntad de aprovechar los recientes atentados para ilegalizar asociaciones, como el Colectivo Contra la Islamofobia de Francia (CCIF), que poco tienen que ver con el yihadismo.

“La lucha de nuestra generación en Europa será una lucha por nuestras libertades. Porque están siendo quebrantadas”, aseguraba la semana pasada Macron en una entrevista para la revista digital Grand Continent. Numerosos periodistas y analistas internacionales criticaron las contradicciones de estas palabras. La misma prensa mainstream, especialmente los medios anglosajones, que elevó a los altares al joven dirigente en 2017 ahora expresa su preocupación ante su deriva islamófoba y autoritaria.

“Macron presume de la libertad de prensa francesa ante los países musulmanes, donde esta no existe. No solo no ha podido convencerles, sino que da la impresión de que se ha convencido de la superioridad de sus leyes liberticidas y securitarias”, defendía la semana pasada en un editorial Dov Alfon, director del diario progresista Libération y exjefe de redacción del rotativo israelí Haaretz. Más que una deriva securitaria, la ley de “seguridad global” refleja la apuesta del presidente de mirar hacia la derecha en los asuntos “regalianos”, es decir las vinculadas a la administración de justicia, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y a las Fuerzas Armadas. Y así disputarle el mismo terreno a la ultraderechista Reagrupación Nacional.

Su gobierno ya impulsó en noviembre de 2017 una ley antiterrorista que introdujo en el derecho común la mayoría de los dispositivos excepcionales del estado de emergencia, que llevaba dos años en vigor. Un año después aprobó una dura ley migratoria que aceleró la expulsión de refugiados y migrantes. La violencia policial contra los chalecos amarillos fue criticada por el Consejo de Europa y la ONU. Y ahora amordaza los vídeos de denuncia de estos abusos de las fuerzas de seguridad. Un balance más bien digno de dirigentes neoconservadores, como el austríaco Kurz o el húngaro Orbán, que de un defensor de las libertades en Europa.

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La Zarzamora

(Español) Viviana Macaya, vocera de familiares de presxs comunes de cárcel El Manzano: “Hago un llamado al INDH que se haga presente y al Ministerio de Salud que dé una declaración pública”

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Durante la mañana de este lunes 23 de noviembre, un nuevo barrotazo se desarrolló a las afueras de la cárcel El Manzano, en Concepción. La instancia que se repite por cuarta vez consecutiva, busca visibilizar las consecuencias físicas y psicológicas de la falta de visitas así como también, los últimos casos de vulneraciones al interior de la sección femenina del recinto, en los que destaca el aislamiento de Nitzia Inostroza, mujer con severos problemas de salud, que lleva más de 10 días aislada como castigo por exigir una atención médica que trate su deteriorado estado.

Hace pocos días la denuncia de internas del módulo 2 de la sección femenina de la cárcel El Manzano, alertaba nuevamente sobre una situación grave de vulneraciones dentro de dicho penal. La privada de libertad Nitzia Inostroza, pesando 35 kilos, llevaba hasta ese momento 7 días en celda de aislamiento, por orden de el comandante Andrés Muñoz, como castigo por una discusión que sostuvo con un paramédico, exigiendo que atiendan sus problemas de salud. De la misma manera hacían pública la situación de Denis Villablanca, privada de libertad que se encuentra en una profunda depresión que la ha llevado a atentar en reiteradas ocasiones contra su vida.

Revisa la denuncia completa acá: Internas del Manzano exigen presencia de Organismos de DDHH, ante vulneraciones sistemáticas

Esta y otras situaciones marcaron las declaraciones a las afueras de este centro de reclusión, que alberga a más de 3000 personas privadas de libertad, quienes están actualmente siendo afectadas por las medidas restrictivas de Gendarmería y el gobierno.

Viviana Macaya, madre de un preso “común” y vocera de familiares y amistades de presxs sociales, denunció en el lugar el caso de Nitzia, e hizo un llamado al resto de las familias de privadas y privadxs de libertad, para unirse a exigir el fin de las vulneraciones y la restitución de las visitas.

En la sección femenina tenemos una compañera en deplorable estado de salud. No queremos que se repita el caso de Keisy en Santiago, que ella muera pidiendo un indulto… El estado es garante de la salud de Nitzia, que se encuentra en la sección femenina. Yo hago un llamado a los Derechos Humanos que se hagan presentes y el Ministerio de Salud que dé una declaración pública de su diagnóstico”

Viviana Macaya

El aislamiento y hermetismo actual de las cárceles en el territorio, han agudizado el nivel de violencia e impunidad en el actuar de Gendarmería de Chile. Reflejo de esto han sido las diversas denuncias entregadas al INDH de la Región del Bío Bío, principalmente concentradas en la sección femenina de El Manzano, sin embargo estas han quedado sin efecto, tras ser negadas por la “autoridad penal”.

Ante la urgencia de intervenir en estos hechos y de terminar con el aislamiento, Viviana Macaya sostiene que es imprescindible la presencia de todas las familias que tienen seres queridxs en el penal: “Yo le hago un llamado a las familias de los presos comunes acá hay más de 3000 presos…Esto de la restitución de las visitas es para todos, yo no estoy luchando tan sólo por mi hijo, sino también por el suyo, por su esposo, por su familiar, pero aquí necesitamos apoyo, la unión hace la fuerza”

Revisa la declaración completa de Viviana Macaya acá:

En el lugar también pudimos conversar con Emperatriz Abarzúa, madre que tiene a dos de sus hijos en privación de libertad dentro de esta cárcel, quién nos expresó:

Yo reclamo porque acá no habemos ni la cuarta parte de las personas que deberíamos haber, que acá son más de 3000 los detenidos y ¿dónde están las demás mamás?”

Emperatriz Abarzúa

Emperatriz hace 8 meses que no ve, besa ni abraza a sus hijos, situación que pensó cambiaría pronto, hasta que ocurrió el cuestionado brote de Covid en los módulos 51 y 52.“¿Por qué justo ahora que estábamos pidiendo visitas apareció covid? No es justo! Ellos también son seres humanos, nosotras igual. Los necesitamos mucho, aunque sea a distancia tomarnos un té con ellos, eso es lo que yo pido y que pido en nombre de todas”

Sobre las encomiendas en módulos sin restricción de estas, Emperatriz nos comenta que Gendarmería rechaza constantemente gran parte de los víveres, o simplemente no las aceptan, sin dar información a las familias por ninguna vía de comunicación.

Revisa la declaración completa de Emperatriz Abarzúa acá:

El apoyo y la coordinación entre las familias de presxs comunes y políticxs, entre redes anticarcelarias y de apoyo a lxs presxs de la revuelta, es fundamental para restituir las visitas y gestionar estrategias que logren frenar y abolir de una vez los vejámenes cometidos al interior de las cárceles, por lo cual desde esta instancia se extiende la invitación para un masivo barrotazo el próximo lunes 30 de noviembre en el mismo lugar.

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La Zarzamora

(Español) Niños mapuche hospitalizados tras ser baleados por desconocidos en Collipulli

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La Comunidad Autónoma Huañaco Millao de Ercilla, mediante un comunicado público denuncia que durante la tarde del día miércoles 18 de Noviembre, dos niños de 14 y 15 años de edad fueron víctimas de un ataque armado perpetrado por desconocidos, dejándolos en estado grave, ambos conectados a ventilador mecánico.

Los hechos indicados como violencia racista se enmarcan dentro de un contexto de recuperación territorial del cual dicha comunidad y los jóvenes formaban parte.

A continuación compartimos el comunicado de la Comunidad Huañaco Millao, donde dan a conocer públicamente la compleja situación que enfrentan en estos duros momentos.

Pu peñi, pu lamngen

Queremos dar a conocer un hecho muy grave que sucedió el día de ayer Miércoles  18 de noviembre aňo en curso en la ciudad de Collipulli.

Alrededor de las 19:00 horas 2  integrantes de nuestra comunidad fueron emboscados  y baleados por un grupo de desconocidos en Collipulli sin provocación alguna. Ambos menores de edad (14 -15) Producto de lo sucedido hoy se encuentran hospitalizado en hospital de Angol muy grave conectados a ventilador mecánico ambos peñi.  La situación esta complicada.

Nuestra comunidad repudia tajantemente estos hechos de violencia racista y acción cobarde de parte de estos sujetos. Ambos peñi se encuentran gravemente heridos  y antes cualquier hecho que pueda  suceder con ellos debido a su gravedad estaremos informando.

Mencionar también que la comunidad lleva un proceso de recuperación territorial donde también ellos participan activamente.

La comunidad se encuentra muy afectada por lo sucedido y desde ya haremos lo posible en aclarar este lamentable hecho y dar con los responsables de estos dos peñi jóvenes que lamentablemente están entre la vida y la muerte.

Esperando que chawgenechen les de el newen que necesitan para salir de esto.

No queremos más peňi asesinado.

COMUNIDAD AUTONOMA HUAŇACO MILLAO, ERCILLA.

En horas de la tarde la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche extendió tambien un comunicado ante los hechos, evidenciando además que ambos menores son los mismos que el año 2017 habian sido hostigados por fuerzas policiales, siendo desnudados y amenazados mientras caminaban por su territorio siendo aún pequeños.

Los nuevos ataques suceden mientras tanto ellos, comos sus familiares y comunidad se encuentran en espera de la preparación del juicio oral.

A continuación compartimos integro el comunicado de la red por la defensa de la infancia mapuche.

Contra el racismo, máxima solidaridad

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Avispa Midia

(Español) Perú: tras intensas movilizaciones y brutal represión, renuncia gobierno de facto

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Por Ángel Huerta

Después de que el pasado 20 de noviembre el Congreso peruano impusiera a Manuel Merino como Presidente, miles de personas salieron a las calles en todo el país.

La indignación, el enojo y la incertidumbre ante una clase política sin representación popular y una pandemia que ha golpeado duramente al país sudamericano (pese a las duras restricciones impuestas por el gobierno de Martin Vizcarra), provocaron el hartazgo de  miles, quienes colmaron calles, avenidas y plazas durante los días posteriores a la imposición de lo que han llamado un golpe de Estado.

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Frente a esta situación, el nuevo gobierno no dudo en reprimir a los miles de manifestantes mediante el exceso de violencia por parte de la Policía Nacional del Perú.

Ante las protestas, balas como respuesta

Foto de Juan Zapata/Wayka.pe

Durante la marcha nacional, realizada el 14 de Noviembre en contra de la imposición de Manuel Merino y la mayoría del Congreso, la brutal represión policíaca resultó en el asesinato de Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, debido a múltiples y graves lesiones ocasionadas por proyectiles de armas de fuego utilizadas por la policía.

Según reporta el Ministerio de Salud del Perú a través del Centro de Operaciones de Emergencia Salud, “un total de 107 ciudadanos fueron atendidos por distintos tipos de lesiones producidas durante la movilización social. De ellos, 73 han sido dados de alta y 34 aún se encuentran hospitalizados”.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que hay personas desaparecidas y por ello lanzó una campaña para que la ciudadanía pueda reportar si sus familiares o conocidos no han regresado de las movilizaciones. En una lista actualizada en tiempo real La CNDH  informó al cierre de esta edición que no se ubicaban a cuatro personas de una lista de más de 60. Además, el organismo informó que “se ha tomado conocimiento de la agresión sexual a dos jóvenes mujeres detenidas en una imprenta la noche del 14 de noviembre. Las jóvenes denunciaron haber sido agredidas sexualmente, hecho que debe ser investigado en forma exhaustiva. Conocemos que han existido detenciones ilegales, arbitrarias por parte de la policía”.

Ante estas graves acusaciones, organizaciones de Derechos Humanos formalizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público y dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Manuel Merino; el primer ministro del Gobierno de transición, Ántero Flores-Aráoz; el exministro de facto, Gastón Rodríguez; el General Jorge Luis Cayas Medina, Jefe de Región Policial Lima, y contra Orlando Velasco Mujica, Director General de la Policía Nacional, y contra todos los que resulten responsables por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves perpetrados contra los manifestantes.

El documento también menciona que Manuel Merino, antes de tomar juramento a los nueve ministros el 11 de noviembre, llamó por teléfono al ex ministro del interior Cesar Gentile, solicitando que endureciera la represión y sofocara las protestas.

Entre los afectados se señala en el documento a Jack Brian Pintado Sanchez, Jordan Inti Sotelo Camargo (fallecidos) y Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26) Percy Pérez Shaquiama (26), Rubén Guevara (27). También mencionan a Alonso Balbuena Bellantin, Ernesto Benavides Raez,Rene Jenrry Ccaqui Crisostomo, José Manuel Romero Rivas, José Miguel Hidalgo Rodríguez. Roberto Muñoz Torres, Alonso Vhro Ucea, Alfonso Balbuena Bellatín y otros aún por identificar.

Golpe de Estado

Foto de Juan Zapata/Wayka.pe

En entrevista para Avispa Midia, la periodista Roxana Loarte de Wayka.pe comenta: “Este golpe de Estado ha sido promovido por varias bancadas de partidos que tiene intereses no solo políticos sino económicos, en relación a leyes que están por aprobarse, a acopamientos de instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional,  en síntesis este ha sido una contienda entre dos poderes del Estado, el  ejecutivo y el legislativo, es una contienda dentro de los grupos de la derecha. Martín  Vizcarra que ha sido presidente vacado se le está investigando, también tiene investigaciones en la Fiscalía por corrupción en gestiones anteriores que él ha ocupado en un gobierno regional que tuvo anteriormente”.

“En el parlamento existe más de 60 congresistas, 68 exactamente, que tienen investigaciones en la fiscalía abiertas por casos no solo de corrupción sino también por otros hechos. Entonces la ciudadanía se indigna frente este panorama no solo de corrupción sino de estabilidad de incertidumbre y prácticamente en una crisis de institucionalidad  y de una democracia debilitada, también se suma las repercusiones de la pandemia”, señala Loarte.

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Este domingo 15 de noviembre, Merino renunció a la Presidencia de la República y también dimitieron todos los miembros de la Mesa Directiva del Congreso. Ahora, una mayoría del pleno del Congreso debe elegir a una nueva entre las listas que presenten los partidos. La Junta de Portavoces del Congreso convocó a una sesión del Pleno para el mismo domingo a las cuatro de la tarde.

Después de varias horas de sesión, con miles de ciudadanos en las calles, los diputados votaron sobre una lista única propuesta para conformar la nueva Mesa Directiva, que estaba encabezada por la diputada Rocío Silva Santisteban, congresista feminista que no voto por la vacancia de Martin Vizcarra. Sin embargo, no logró sumar los 60 votos necesarios para ser aprobada, por lo que los grupos parlamentarios reanudaron las negociaciones en busca de una nueva fórmula.

La o el titular de esta nueva Mesa Directiva asumiría automáticamente las funciones de la Presidencia de la República. El nuevo mandatario o mandataria asumiría la presidencia hasta julio de 2021, que es cuando deberá traspasar el poder a la persona que los peruanos elijan en las elecciones presidenciales convocadas para abril de ese año. Aunado a ello, este lunes 16 de noviembre aún se decidirá si fue o no constitucional la remoción de Martin Vizcarra.

Mientras tanto, Perú se encuentra en una de sus más fuertes crisis políticas y sociales, en un contexto de pandemia, con miles de muertos y frente a una crisis económica, el Congreso en su mayoría integrado por políticos de derecha, se niegan a soltar sus privilegios, con lo cual los más afectados en esta situación son las personas más vulnerables.

Con un sistema de salud a punto del colapso, las y los peruanos se enfrentan a un panorama desolador, aunque la victoria de haber expulsado el gobierno de facto ha llenado las calles de esperanza, sin duda las próximas elecciones del 2021 reflejarán este aprendizaje ante una clase política indolente y sorda.

Fotos por Juan Zapata de Wayka.pe

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El Turbión

(Español) La paradoja sueca antidrogas en Colombia

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Por: Andrés Gómez – noviembre 12 de 2020

Las mujeres del pueblo Awá, originarias del pacífico amazónico colombiano, han vivido los rigores del conflicto armado y temen por el nuevo rumbo del gobierno: retomar la guerra contra las drogas, es decir militarización y la fumigación con glifosato, un veneno muy nocivo para el delicado ecosistema amazónico y para su salud.

Esta realidad está conectada a Suecia en dos vías: primero, respalda la lucha contra las drogas y la criminalización de toda la cadena productiva; y segundo, porque al mismo tiempo apoya el proceso de paz colombiano, lo que implica atacar el problema desde la judicialización a traficantes y aplicando programas de prevención de consumo y sustitución voluntaria de cultivos.

La paradoja sueca de apoyar la guerra y la paz en el país hoy se hace relevante. El premio a los defensores de derechos humanos, organizado por la Embajada de Suecia en Colombia y la Iglesia Sueca y Diakonia, ha nominado a varias personas líderes, entre ellas Claudia Jimena Paí, líder del pueblo Awá y quien nos habla de los nuevos conflictos que ha traído la guerra contra las drogas.

La coca en territorio

Claudia Jimena Pai, líder del pueblo Awá que tiene la investidura de Consejera de Mujer y Familia en la organización UNIPA, que representa a más de 20 mil indígenas Awá en Colombia, y recuerda que cuando era niña, antes de finales de la década de 1990, podía caminar tranquila en la selva:

Mi abuelo siempre [me mostró] los linderos (…) cazaban ratón de monte, miraba cómo estaban los animales (…) y yo iba contenta con mi canasto mientras él revisaba la trampa.

A finales del siglo, indica que las cosas cambiaron:

(…) antes usted podía ir caminando y metiendo la cabeza en cualquier riachuelo,  pero desde el año 1999 que llegó la tala de árboles, [y] en el 2.000 los cultivos de uso ilícito, empezaron las afectaciones.

Terminando el año 2.000, miles de personas del vecino departamento del Putumayo huían de la guerra contra las drogas que se materializaba en fumigaciones, bombardeos y militarización. Muchas personas encontraron refugio en el pacífico nariñense, y a pesar de ser una zona con un déficit en recursos básicos, decidieron asentarse y tomaron tierras para cultivar coca. Además, la guerrilla de las FARC-EP convirtió la zona en una retaguardia estratégica y empezó a intervenir la economía de esta droga a través de impuestos y normas de control social.

Para 2.001 el cultivo se expandió,  no solamente por los que huían de la guerra, sino por la necesidad de suplir recursos básicos, Martha García, la Consejera de Administración y Finanzas de la UNIPA lo recordó así:

Por una arroba de maíz [no pagan] más de $ 2, si usted saca a vender un racimo de plátano grande : $1.8, $ 2, la gallina, se levanta, se saca a vender al pueblo pero no le dan todo lo que le toco a usted para criar, si le dan $ 4 [o]  $ 5 [y] eso no es suficiente(…) al llegar el cultivo ilícito al territorio, la gente lo que miraba era que tenía un poquito más , de plata, porque lo que sembraba en el campo no les daba, es decir no faltaba la comida pero a veces querían comprar otras cosas, como ropa (…)

Cambio sociales en la comunidad

Los cambios sociales creados por el cultivo de coca y la guerra han hecho que la violencia contra las mujeres aumente. La violencia sexual se convirtió en un grave problema, las mujeres awa empezaron a alertar a las niñas sobre la presencia del Ejército Nacional y las FARC-EP, algo que Dalia Bolaños, mujer awa de 21 años que trabaja con la Consejería de Mujer y Familia recuerda: “mi abuelo, mi mamá, mis tíos, tías, [nos decían] que no nos debíamos acercar a ellos [ejército o guerrillas] porque ellos eran mala gente, incluso nos decían que nos podían violar”.

La vida se volvió peligrosa. Dalia recuerda que cuando niña no solo temía de todos los que tuvieran armas, también temía de la aviación colombiana:

mire que pasaban avionetas [y siempre nos decían] que nos metiéramos a la casa por lo que decían que eso era peligroso, que de pronto tiren una bomba, siempre era uno prevenido, o cuando iba uno caminando y salía de repente una avioneta o un helicóptero siempre nos quedábamos quieticos en el árbol.

La militarización por parte del ejército resultó en combates con las FARC-EP, minas antipersonales, confinamiento, asesinatos y masacres. Pero, una de las estrategias militares del Estado colombiano que más ha afectado a las mujeres han sido las fumigaciones con glifosato. Claudia lo recuerda como un tiempo en el que desaparecieron alimentos y plantas medicinales:

En 2004 [y] comienzos del 2005 [comenzaron] a fumigar y  fue bastante duro porque habían enfermedades de piel como dermatitis y [las]compañeras en embarazo [tuvieron] hijos con deformidades; algunas plantas tradicionales también desaparecieron, [y]productos del pan coger como  plátano,  chile,  maíz que es muy sensible para estos químicos, muchas frutas; también los pescados y todo el ecosistema [se afectó], la biodiversidad, los ríos, quebradas, los sitios sagrados (…), cuando vinieron las fumigaciones, con el señor Álvaro Uribe con el Plan Colombia, nos perjudicó mucho el buen vivir, y la convivencia con  la naturaleza

Dalia, una niña en ese tiempo, recuerda que esos años fueron de hambruna, enfermedad, muerte y desplazamiento:

(…) había mucha escasez, no teníamos qué comer, mi familia decía: nos toca salir hacía la costa para poder sobrevivir y buscar alimentos (…)  en esa época murieron las plantas que tenían sembrado maíz, entonces nos vimos muy afectados y las enfermedades, yo no sabía por qué nos enfermábamos y la desnutrición, en esa época murieron muchos niños, algunas familias salieron y se fueron a vivir a otro lado, eso fue lo  más duro para mí.

Pero el narcotráfico y la guerra no solo ha afectado a las mujeres awa por la destrucción ambiental, los daños a su soberanía alimentaria y la violencia sexual, ocasionada especialmente por las Fuerzas Militares. Los hombres Awa también han cambiado, como lo recuerda Claudia:

A los hombre ahora les importa la plata, el que más bebe, el que más tiene mujeres, ha influido el narcotráfico, la mafia, que nuestros jóvenes también se estén suicidando por problemas de reclutamiento, por problemas de pareja, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el que piensen que el ser hombres es tener muchas cervezas o el pegar, entonces esto [nos] ha afectado mucho.

Marta García, la Consejera de Administración y Finanzas, también recuerda con tristeza los cambios

Los hombres cambiaron, algunos dejaron a sus mujeres porque tenían plata, iban al pueblo y miraban mujeres y se fueron, independientemente de los hijos que tengan, incluso algunos sacaron [a sus parejas] de donde habían vivido y llevaban a la otra mujer, cosa que esa mujer se quedaba volando sin saber a dónde ir, le tocó ir con sus hijos por allá a trabajar, , los hombres  se desordenaron, no todos, pero si en su mayoría, incluso [hubo] enfermedades de transmisión sexual porque algunos hombres [iban a] prostíbulos  y después vinieron a estar con sus mujeres.

Sustitución voluntaria

Claudia Pai, quien considera que se debe optar por otras alternativas a la militar y en la que se incluya la “consulta previa con pueblos indígenas”, tal como lo exige el Convenio  Número  169  de  la  OIT.

Para Marta García, de volver a la fumigación se repetiría la historia, el pueblo Awá enfermaría, no tendría comida, y las personas con ahorros los gastaban en alimentos que antes producían. Cree, que la guerra contra las drogas no es una solución y pone como ejemplo el proceso de paz:

Yo diría que la mejor solución sería [el] diálogo, porque cuando estuvo el presidente Santos, hubo unos acuerdos que llegaron y yo digo que dialogando se pueden solucionar las cosas

Su posición va acorde a lo pactado en el acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano con la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

En 2020, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), entidad que supervisa la efectividad del PNIS, “casi 100.000 familias vinculadas en 56 municipios de 14 departamentos erradicaron 40.506 hectáreas, un nivel de cumplimiento de 95%. Además, el nivel de resiembra solo alcanzó 0.4%”. Demostrándose que son las estrategias de sustitución las que logran un cambio, ya que nunca la fumigación había conseguido dicha reducción.

Sin embargo, a pesar del éxito del PNIS, este programa fue suspendido y el Estado colombiano en febrero de 2020 detuvo el funcionamiento de UNDOC. Así, el diálogo y la sustitución no parecen ser la ruta que ha escogido el gobierno de Duque.

Enfrentando el exterminio

Aunque el PNIS constituye una política de avanzada, el pueblo Awá no había hecho parte del Programa porque no hubo proceso de consulta previa y las disidencias de las antiguas FARC-EP ejercen presión para que las comunidades no lo acepten.  Sin duda la situación del pueblo originario es dramática, y la guerra contra las drogas solo la agrava: como lo reconoció en 2011 la Corte Constitucional al declarar que el Pueblo Awá “se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural”.

Claudia Paí, indica que para que no se consume el genocidio contra su pueblo, su identidad como mujer awa ofrece formar de pervivir y crear:

Lo que podemos dar [las mujeres awa] al mundo es decirles que estamos en defensa de nuestros derechos pero también de la madre naturaleza que ya se está quejando y ella sabe y tiene su momento y que si no miramos a nuestra naturaleza, van a llegar  momentos muy duros y afectaciones [como] el cambio climático, como mujeres tenemos que aportarle a la parte ambiental en defensa de nuestro Katsa su, nuestro territorio y la naturaleza.

La pregunta para Suecia es: va a apoyar la vía del presidente de Colombia Iván Duque, con el respaldo del gobierno estadounidense, con la militarización y la fumigación, o  cuestionará la efectividad de esa estrategia que ha demostrado ser ineficaz.

Siendo un país que aboga por el dialogo y con una agenda feminista, debería considerar la opinión de Dalia, Marta y Claudia y la experiencia de Colombia con el PNIS y tener en cuenta que la reducción de producción de coca es posible, siempre y cuando se cuente con la experiencia y participación de las comunidades, especialmente de los pueblos originarios.

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Radio 8 de Octubre Comunicación y Rebeldía

(Español) COSTA RICA: En una semana, tres casos judiciales contra comunicadorxs independientes y el derecho a la comunicación

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Durante esta segunda semana del mes de noviembre del 2020, tres comunicadorxs independientes y el director del Canal Universitario fueron llevados a juicio por ejercer su derecho a la comunicación: un derecho fundamental en cualquier tipo de democracia

Estamos en Costa Rica, una de las fincas del istmo centroamericano que ha sido mercadeada como el “paraíso” verde de paz y democracia, construida sobre falsedades y negaciones históricas: esta imagen es la que suelen tener lxs extranjerxs que no confunden Costa Rica con Puerto Rico. Esa imagen también es la que suele tener una buena parte de las personas que habitan en este pedacito de tierra, independientemente de las -muy marcadas- clases sociales a la que pertenezcan y que se separan cada vez más.

Y es que ya casi son 200 años de que esta imagen idílica se construye como una verdad en la mente de todxs lxs niñxs y adolescentes que cursamos la educación formal en este territorio, y a la que seguiremos expuestxs el resto de nuestras vidas cada vez que le echemos un vistazo a las noticias de los medios de paga de los grandes empresarios y a los medios de paga de políticos que difunden en sus notas disfrazadas de oposición… O a la vorágine de ¿información? instantánea que circula por redes sociales, que se presentan -falsamente-como democráticas también.

Pero quizás, usted vea y/o viva la otra Costa Rica. Si logra sortear toda esa exposición de imágenes, mitos y supuestas verdades que se imponen en la educación formal comprendiendo que aquello fue un adoctrinamiento civilizatorio –colonial y capitalista, válganos la redundancia-, y que sirvió para mantener estáticos a los pueblos… Esperando -ó esperanzadx-… Siempre rezando para que los políticos procuren una vida mejor para la sociedad después de las elecciones, como dicen los libros de Estudios Sociales y Cívica de primaria, que es lo que supuestamente ocurre después de salir a votar cada 4 años.

Con ese mito de identidad nacional, blanca, culta y casi europea, basada en el exterminio cultural de nuestros pueblos originarios, el despojo de tierras al campesinado, y la negación de la desigualdad social es que los herederos de la colonia se han sostenido en el poder durante varias décadas.

La realidad en la que nos encontramos ni siquiera respeta sus propias falacias de democracia liberal, que venden en discursos y campañas, con la que se jesusea más de unx en este país.

Durante esta segunda semana del mes de noviembre del 2020, tres comunicadorxs independientes y el director del Canal Universitario fueron llevados a juicio por ejercer su derecho a la comunicación: un derecho fundamental en cualquier tipo de democracia formal institucionalizada, o institucionalizante, y también en cualquier otro tipo de democracia, entendidas como procesos continuos e inacabables, igual que la revolución.

Audiencia contra Stella Chinchilla

La primera en acudir al citatorio del Poder Judicial fue Stella Chinchilla, una reconocida comunicadora independiente que acumula bastantes años de darle cobertura a las manifestaciones populares y acciones callejeras, que tiene diversos canales de comunicación, y que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la organización Centro de Amigos para la Paz.

Ella fue detenida el 29 de octubre del 2020 cuando se encontraba transmitiendo en vivo el inicio de un mitin que se iba a realizar en una carretera nacional, en el marco de las protestas contra el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese momento, llegaron decenas de policías a interceptar a lxs manifestantes para identificarles y generar listas con números de identificación y nombres, en un Estado que cada vez más, se acerca a un Estado policial, todo esto por orden de alto mando, bajo falsos supuestos, que más tarde quedarían en evidencia.

El resultado de la intervención de la policía fueron tres personas detenidas, una de ellas fue Stella Chinchilla, mientras transmitía. Las tres personas fueron liberadas, dos de ellas con un parte policial; mientras que a Chinchilla se le abrió un caso por flagrancia, y se le citó para el pasado martes 10 de noviembre del 2020, en los Tribunales del cantón central de la provincia de Cartago.

A Stella Chinchilla se le acusó de resistencia al arresto y obstrucción de la labor policial, agrediendo y pateando a oficiales de la Fuerza Pública. Aunque en un primer momento, se le acusó de otros delitos.

En esa audiencia, todos los cargos contra Chinchilla fueron desestimados por no contar con evidencias que respaldara las supuestas agresiones que había cometido la comunicadora contra los policía, que reflejan una peligrosa tendencia de la policía a mentir y montar falsos casos, para reprimir y criminalizar como sucede, por ejemplo, en Chile con los Carabineros.

Stella Chinchilla, comunicadora independiente. Foto: Stella Chinchilla– Bitácora de movimientos sociales de Costa Rica

Es importante mencionar, que días antes de que se le detuviera, Chinchilla registró y difundió ampliamente la presencia de policías infiltrados en las acciones callejeras contra el acuerdo con el FMI; horas antes de ese registro, también logró capturar con su cámara actitudes sospechosas entre unos policías y un fotógrafo de uno de los principales medios corporativos y formadores de opinión pública del país, en las que todo parecía indicar que este fotógrafo les facilitaba imágenes de lxs manifestantes para identificar personas claves, lo que nuevamente refleja una peligrosa alianza entre el poder y medios corporativos para criminalizar la protesta.

Cuestionado político demanda por difamación y delitos contra el honor a estudiante, al director del canal de televisión universitario y a la universidad pública que tutela ese canal

El pasado 26 de febrero del 2020, la producción del espacio Suave Un Toque recibió la notificación de demanda por difamación y delitos contra el honor en contra de Claudia Campos, estudiante de Derecho y una de las expresentadoras del programa. programa. La demanda fue interpuesta por Juan Diego Castro, exministro de Seguridad, ex ministro de Justicia y excandidato presidencial para las elecciones presidenciales del 2018, y cuestionadísimo político tradicional de larga data.

La demanda ocurre después de que, en el año 2017, el espacio dedicara una parte de un episodio a evidenciar los múltiples hechos cuestionables en los que ha incurrido este nefasto personaje de la política nacional y que han sido divulgados en medios comerciales: no sólo en su desempeño como funcionario público, sino también en hechos de su vida personal, que ponían en evidencia la megalomanía de este personaje político.

Claudia Campos, expresentadora de Suave Un Toque durante el episodio por el cual Juan Diego Castro (en el recuadro) demandó al espacio. Foto: Suave Un Toque

Este espacio de comunicación independiente utiliza la sátira y la comedia como recursos para difundir sus contenidos, y en el año 2017, era transmitido por Canal UCR, el canal de televisión de la Universidad Costa Rica –una de las principales universidades públicas del país.

Por esa razón, este político también incluyó en su demanda al Director del canal, Marlon Mora, y a la Universidad de Costa Rica.

En días recientes, Claudia denunció que dos personas sin identificarse andaban repartiendo volantes por su comunidad, difamándola a ella y a su abogado, en una clara acción de intimidación.

El juicio inició el pasado 11 de noviembre del 2020, y se extendería hasta el 13 de noviembre del 2020 en los Tribunales de Goicoechea, en la provincia de San José.

Sin embargo, el día 12 de noviembre, Juan Diego Castro, quién es abogado y en medio del juicio decidió retirar a sus representantes legales para defenderse él mismo, provocó un alboroto y profirió una serie de insultos y argumentaciones contra el abogado defensor de la joven demandada, desnudando una rencilla personal que tenía con este.

El espectáculo de este político –recordado por su autoritarismo y matonismo- concluyó con el grito: “(…) no le pego un tiro porque yo creo en Dios, pendejo” contra el abogado defensor, y con un supuesto “subidón de azúcar”.
El juicio fue suspendido y se reanudará el próximo lunes 16 de noviembre del 2020.

Comunicador de medio independiente de Cañas acusado de atentado y obstrucción de la vía pública

El pasado 8 de octubre del 2020, en medio de los bloqueos y protestas contra el acuerdo con el FMI, la comunidad de Cañas, en Guanacaste, al norte de este territorio, vivió uno de los episodios más represivos que se vivieron durante esas semanas de protesta permanente.

La represión contra la comunidad ocurrió en un momento que las vías no estaban bloqueadas, el principal argumento del Estado para reprimir los cierres de ruta, pues desde el año 2002, los cierres de calle sin autorización, se incluyeron como delito en el Código Penal.

Durante poco más de dos horas, la brutalidad policial se encargó de intoxicar al pueblo con gases lacrimógeno, incluso en zonas donde lo que habían eran barrios dónde las familias estaban dentro de sus casas y no estaban participando de la manifestación: hasta allí llegó le represión, dentro de las casas, donde incluso le facturaron el brazo a una joven dentro de su hogar.

Ese día, 21 personas resultaron detenidas por los antimotines, incluyendo al comunicador independiente Roberto Jara, del medio Cañas Informa TV 24/7 que se encontraba transmitiendo en vivo toda la represión de los cuerpos policiales.

Como un dato importante de señalar es que cuando inició la represión en Cañas, un medio corporativo se encontraba en el sitio transmitiendo en vivo para televisión nacional en horario estelar hasta que, pocos minutos después, la cámara del medio de paga se apagó, y el noticiero pasó a “otras noticias”.

Jara estuvo retenido por 30 horas bajo la falsa acusación de atentado y obstrucción de la vía pública; al dejarlo en libertad, le impusieron varias medidas cautelares.

Foto: Facebook del comunicador

El día 13 de noviembre del 2020, Roberto Jara acudió a los Tribunales de Liberia en Guanacaste para apelar las medidas cautelares que se le han impuesto; según relata Jara, estas medidas son: no acercarse a menos de 500 mts a una manifestación, ni participar de ellas como periodista comunicador.

Y sobre ello queremos destacar, que parte de la medidas cautelares, por parte del sistema judicial, fue no permitir su trabajo de comunicación e información: es decir, en la democracia costarricense, se le prohíbe a un comunicador, comunicar con plena libertad.

Sin embargo, el Tribunal dejó en firme estas medidas por los próximos tres meses, porque «según» el juez, no afectan su condición económica porque le dicen que puede ir a informar a 500 mts de lejanía.

Tiempos represivos, tiempos neoliberales, como cualquier otro territorio de Abya Yala

Es evidente que los cuerpos policiales y la estructura de seguridad del Estado de Costa Rica se están militarizando y especializando de una manera acelerada. No es casualidad, que los cuerpos de seguridad del Estado reciban entrenamiento y “cooperación” de recursos y equipamiento del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, así como también se han se han generado alianzas con los cuerpos de seguridad de Colombia, Chile e Israel.

Cuerpos especiales de la Fuerza Pública de Costa Rica representando al país en la competencia de ejercicios militares Fuerzas Comando patrocinado por el Comando Sur en el 2015. La participación de Costa Rica en estas competencias ha sido constante; el año pasado, la competencia se realizó en Chile y Costa Rica también envió su Unidad Especial a la competencia. Foto: The Costa Rica Star

Tampoco es casualidad que en este gobierno “del cambio” se haya creado una oficina de espionaje en total secreto llamada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), estructura paralela a la ya existente Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), por la que están siendo investigados el Presidente y varios de sus funcionarios, en estos días.

Tampoco es casualidad que en Costa Rica, que paralelo a está avnace represivo, nos enfrentamos a una nueva ola extractvista, dónde no sólo se plantea la pesca de arrastre como una forma de “generación de recursos”, sino que también ya hay varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pretenden levantar la moratoria a la minería de cielo abierto y la exploración de petróleo.

Tampoco es casualidad la crisis fiscal en la que se encuentra el Estado, muy propia y común en los ciclos de reacomodo capitalista, y que como siempre, los tecnócratas neoliberales plantean acuerdos leoninos con organismos financieros internacionales y/o pasarle la factura al pueblo aumentando el costo de vida por medio de más impuestos, sin tocar a los grandes empresarios y corporaciones.

Tampoco es casualidad que los pueblos originarios sigan negados, y que en este gobierno se asesinaran a dos dirigentes indígenas impunemente, sin que haya nadie detenido ni procesado por estos casos, mientras los finqueros y sus matones siguen libres.

Tampoco es casualidad que se proteja con ferocidad la propiedad privada, y las familias campesinas que han decidido tomar tierras de terratenientes en años recientes, o han sido desalojadxs con violencia policial y con presencia de guardas de seguridad privada, o han sido engañadas por el Estado.

Ante este panorama, el mismo de cualquier geografía en dónde se asienta el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, la comunicación popular, libre, alternativa o como se nos llame, resultamos vitales para generar procesos de conciencia y organización popular, pero empiezan a callar nuestras voces: Costa Rica no es un paraíso de paz y democracia, es un territorio donde se aplastan las voces disidentes y se reprime a quienes cuestionen esta realidad.

Históricamente ha sido así, basta revisar un poco de historia no oficial. Y por eso, poco se sabe de la “idílica” Costa Rica.

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Grieta para Armar

(Español) México: esto sucede cuando se tumba selva en el territorio maya

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Robin A. Canul Suarez / Mongabay

Hopelchén, Campeche, destaca por ser uno de los municipios con las más altas tasas de deforestación a nivel nacional. Grandes extensiones de terrenos que hace unos años albergaban parte de la selva maya, ahora son habitadas por cultivos agroindustriales.

Hace tiempo que los apicultores de la región ya alertaban sobre algunas de las consecuencias de la deforestación que avanza en su territorio. Este año, en el que varias tormentas tropicales y huracanes golpearon al sureste de México, quedó en evidencia la vulnerabilidad de un territorio que pierde sus reservas forestales.

Hace ya poco más de diez años, Leidy Pech y sus compañeras mayas ya lo alertaban. En el municipio de Hopelchén, en Campeche, al sur de México, la deforestación avanzaba sin control, grandes extensiones de la Selva Maya se transformaban en inmensos campos de cultivo. La agroindustria, decían, estaba cambiando el rostro de sus comunidades y del monte. Eso que ellas denunciaron hace una década, aún continúa.

Leidy Pech, sus compañeras mayas y alrededor de 16 000 familias de toda la Península de Yucatán, se dedican a la apicultura; actividad que depende de que la selva esté en pie y en buen estado de conservación.

La mayoría de los productores de miel tienen colmenas de la abeja más conocida, la Apis mellifera, pero Leidy Pech y sus compañeras se empeñaron en rescatar las prácticas ancestrales de producción de miel y en conservar a una abeja nativa, que no tiene aguijón y que realiza sus colmenas al interior de troncos huecos. A esa abeja la ciencia la llama Melipona beecheii, para los mayas es la Xunáan Kab, “la dama de la miel”.


Leidy Pech produce miel con abejas nativas que forman sus colmenas en troncos huecos. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Hace poco más de diez años, Leidy Pech y las mujeres mayas de las comunidades del municipio de Hopelchén comenzaron a ver cómo se iban quedando sin pedazos de selva, cómo sus abejas morían por los plaguicidas, cómo al “tirar el monte” se perdían flores endémicas que son el alimento de las cerca de 200 abejas nativas que los científicos han identificado tan solo en la Península de Yucatán y cómo al abrir grandes campos de cultivo también se modificaban los sistemas hidrológicos de la región.

Fue por ello que, junto con otras iniciativas —la Organización Muuch Kambal y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes—, no han cesado en denunciar el avance de la deforestación en la Península de Yucatán, sus consecuencias y la impunidad que ha permitido que se cambie el uso de suelo.

De acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch, entre 2001 y 2019, tan solo el municipio de Hopelchén perdió 186 000 hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 20% de lo que se tenía en el 2000.

El doctor Edward Allan Ellis, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y quien ha realizado varios estudios sobre deforestación en la Península de Yucatán, señala que en Hopelchén, la tasa de deforestación es cinco veces más alta que el promedio nacional.


Hopelchén, Campeche. Desmonte y quema de la selva en ‎abril‎ de ‎2016; el lugar es hoy parte del campo menonita Las Flores, donde se siembra soya. Foto: Franz López.

Vulnerables a tormentas y huracanes

En las primeras semanas de noviembre, los medios de comunicación mostraron las imágenes de las inundaciones y destrozos causados por el huracán Eta en lugares como Tabasco y Chiapas, al sureste de México; así como en Guatemala, Nicaragua y Honduras. Territorios donde la selva y los manglares también han perdido terreno.

Meses antes, a principios de junio, en el estado de Campeche llovió como hace años no se recordaba. Durante cinco días se registró la mitad de las lluvias que, en promedio, cae durante un año en la región, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). No fue un huracán, sino dos tormentas tropicales con vientos de baja intensidad —Amanda y Cristóbal— las que causaron todo un cisma y mostraron la vulnerabilidad de un territorio que pierde su cubierta forestal.

Leidy Pech cuenta cómo la lluvia se estacionó durante cinco días: “El 4 de junio se inundó mi comunidad Ich Ek y casi todas las comunidades de Hopelchén. Vimos cómo el nivel del agua iba creciendo y no paraba. Desde los huracanes Opal y Roxana (que fueron de categoría 4 y se registraron en 1995) no habíamos tenido inundaciones de esta magnitud”.


En el municipio de Hopelchén, 93% de las colmenas sufrieron daños durante las inundaciones. Foto: Robin A. Canul Suarez.

De acuerdo con una evaluación de daños realizada por organizaciones civiles y colectivos de apicultores y campesinos agroecológicos, las tormentas causaron daños a más de 120 comunidades de la Península de Yucatán. En Campeche, donde la producción de miel es una de las principales actividades económicas, se afectaron 93% de las colmenas, 28% de ellas se perdieron. El territorio más golpeado fue el municipio de Hopelchén, donde 22 poblados registraron graves inundaciones y, por lo menos, 3500 familias resultaron afectadas.

Las carreteras se convirtieron en ríos; algo inusual en la Península de Yucatán, un territorio que, por su formación geológica, solo tiene corrientes de agua subterránea. Comunidades como San Juan Bautista Sahcabchén, a 19 kilómetros de la cabecera municipal, quedaron incomunicadas por más de ocho días. En la zona se miraban los cadáveres de animales; también los restos de los cajones de madera que habían funcionado como colmenas.


Durante las inundaciones se miraban los cadáveres de animales flotando en los lagos que se formaron en zonas deforestadas. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Sahcabchén es una comunidad que está rodeada de tierras deforestadas para transformarlas en zonas de cultivo. A su alrededor, por ejemplo, está el campo menonita Santa Fe. La tormenta transformó ese lugar en una gran lago; así se mantuvo por más de tres meses.

Al igual que Sahcabchén, el poblado de Xcalot Akal está rodeado por terrenos deforestadas, tienen como su vecino al campo menonita Santa Rosa. “El agua vino del campo menonita. El agua empezó a subir y apenas y pudimos resguardarnos en los lugares más altos del pueblo”, recuerda Adriana Cauich, quien vive en Xcalot Akal.

Álvaro Mena es integrante de la organización indígena y campesina Ka Kuxtal Much’ Meyaj. Durante los días de la emergencia, él y otros pobladores de Hopelchén recorrieron la región y revisaron imágenes satelitales para documentar los daños. Fue así que identificaron que los lugares donde se deforestó, y que ahora son campos de monocultivos o áreas ganaderas, las inundaciones fueron más intensas. Entre estas áreas sobresalen los campos menonitas de Santa Fe, Nuevo Progreso y Nuevo Durango; así como el Valle de Paal Pool, en la comunidad de Chunchintok.

“Las grandes deforestaciones de la selva y las zonas costeras ha generado un gran impacto en todo el territorio de la Península de Yucatán: contaminación de suelos, de agua, pérdida de biodiversidad… Al no tener ecosistemas sanos, no tenemos las barreras naturales ante los impactos de tormentas y huracanes”, explica la doctora en geografía y maestra en ingeniería ambiental Yameli Aguilar Duarte, del Instituto Nacional de Investigaciones Forenses Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).


Campo menonita Santa Fe, Hopelchén, Campeche.Permaneció inundado por más de tres meses. En noviembre aún persistían encharcamientos significativos. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Tumbar selva para la agroindustria

El municipio de Hopelchén —así como toda la Península de Yucatán— alberga parte de la Selva Maya, la cual se extiende desde el sureste de México hasta Belice y el norte de Guatemala y es considerada como el segundo macizo de selva tropical más grande en el continente.

Perder cobertura forestal de la Selva Maya no es algo menor: se reduce el territorio donde habitan especies consideradas en riesgo de extinción como el jaguar o el tapir; se afecta la diversidad de especies —por ejemplo, de polinizadores como las abejas—, se pierden reservas forestales que contribuyen a mitigar el cambio climático.

En Hopelchén, la pérdida de selva tiene una larga historia, pero se ha intensificado en la última década.

Durante casi diez años (1972-1983), México tuvo un Programa Nacional del Desmonte cuyo objetivo era tumbar selva para impulsar la agricultura. Fue también a través de un programa de gobierno —recuerdan los habitantes de Chunchintok— cuando se deforestó el Valle de Paal Pool.


Una de las primeras áreas deforestadas en Hopelchén para la agroindustria fue el Valle de Paal Poll. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

Guillermo León, quien vive en Chunchintok, menciona que en la década de los setenta se hizo el cambio de uso de suelo de tierras ejidales —al menos 12 500 hectáreas— para sembrar arroz; “aunque daba la producción, los que la manejaban decían que no les alcanzaba para pagar el crédito”.

Indalecio Canul Uc, de la misma comunidad, comenta que el programa gubernamental que impulsó la transformación del Valle de Paal Pool duró tres años y solo se utilizaron 5000 hectáreas de las más de 12 500 deforestadas. Hoy esos terrenos son utilizados como áreas ganaderas y en cada temporada de lluvias se llenan de agua.

A partir de la década de los años ochenta, nuevas áreas comenzaron a ser deforestadas en la zona. Eso se dio a partir de la llegada de comunidades menonitas —dedicados a la agricultura a gran escala— provenientes de Durango y Chihuahua que se instalaron, sobre todo, en Campeche y, en especial, en los municipios de Hopelchén y Hecelchakán.


Zonas deforestadas en Sahcabchén, municipio de Hopelchén, Campeche, para instalar campos de cultivo. Foto: Everardo Chablé

En el estudio “Impulsores de deforestación y percepción de cambios de uso de suelo en paisajes ganaderos en tres municipios de Campeche, México”, la investigadora Hanna Rae Warren señala que “los menonitas pueden ser vistos como importantes agentes de deforestación; altamente efectivos en el cambio de uso del suelo a usos mecanizados”.

Para su estudio, Rae Warren entrevistó a investigadores forestales quienes destacaron que “la eliminación de la cobertura (forestal) con mecanización suele ser permanente, extensiva y se trabajan los suelos hasta el punto de su degradación”.


Los campos de cultivo menonitas se han extendido por el municipio de Hopelchén, en Campeche. Durante las tormentas de principios de junio, fueron los terrenos que más se inundaron. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Hopelchén: un foco rojo de deforestación

El doctor Edward Allan Ellis ha dedicado varios de sus estudios científicos a estudiar las causas de la deforestación en la Península de Yucatán en los últimos 20 años. Su trabajo lo ha llevado a identificar dos “focos rojos” de deforestación en la Península: Hopelchén, en Campeche; y Bacalar, en Quintana Roo.

En el caso Hopelchén, el investigador documentó que entre 1986 y 2015 se registró una pérdida de 46 000 hectáreas de cobertura forestal; el 75 % ocurrió entre 2005 y 2015. “Después de 2005, se dispara”, señala el científico, quien menciona que esa nueva deforestación afecta, sobre todo, las zonas de transición entre la selva baja y la selva alta.

De acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch, tan solo en 2017 se perdieron 23 000 hectáreas de cobertura forestal en el municipio de Hopelchén; en 2018 fueron poco más 8000 hectáreas y en 2019 alrededor de 9800 hectáreas.

Ellis no duda en señalar que esa deforestación “está relacionada con la expansión de la agricultura comercial mecanizada”. El investigador recuerda cuando fue testigo, a principios de la década del 2000, de cómo empezó la deforestación de alrededor de 5000 hectáreas de selva maya, para transformarlas en el campo menonita Nuevo Durango. “Fue impresionante. Cuando llegamos ahí, apenas habían hecho esa deforestación masiva, recién habían quemado… Hoy ya está todo eso deforestado”.

A Ellis no le sorprende que los lugares deforestados en Hopelchén sean ahora los más vulnerables a inundaciones. Además de que se tumbó la selva, apunta el investigador, se quitó la capacidad de filtración del suelo. Esto provocará —advierte— que estos lugares se sigan inundando cuando se presenten tormentas o huracanes.


En el mapa se muestra el avance de la deforestación en Hopelchén, Campeche, entre 2001-2018.

Modificación de los sistemas hidrológicos

Si algo caracteriza a la Península de Yucatán, explica la doctora Yameli Aguilar Duarte, es su sistema geológico de aguas subterráneas, así como sus diferentes tipos de suelos, los cuales son muy vulnerables a cualquier cambio.

En el caso de Hopelchén, la expansión de la agroindustria no solo ha provocado deforestación, también se han modificado los sistemas hidrológicos de la zona.

La ingeniera agrícola e investigadora Irma Gómez trabaja con la organización Muuch Kambal, de la cual forma parte Leidy Pech y las mujeres mayas que impulsan la agroecología y la apícultura; ellas han realizado un monitoreo sobre los cambios que está sufriendo el territorio forestal de Hopelchén.


En los campos de cultivos agroindustriales se han construido pozos de extracción y de absorción que han alterado los sistemas hidrológicos de la región. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Irma Gómez explica que gracias a ese monitoreo se ha documentado cómo la transformación de la selva en extensas parcelas para la agricultura tecnificada, “ha modificado los flujos naturales del agua”.

La ingeniera agrícola explica que en las grandes extensiones de parcelas se nivelaron los terrenos, se construyeron drenes y se perforaron pozos de absorción para que, en la época de lluvia, no se formen encharcamientos que afecten los monocultivos de soya, sorgo o maíz híbrido; “son pozos directos que tienen como 100 metros de profundidad; son desagües por donde se manda el agua residual, cargada de plaguicidas, al manto freático”.

Esos pozos no sirvieron de nada durante los días de las tormentas; los extensos terrenos agrícolas y ganaderos se inundaron, se transformaron en lagos y así permanecieron, en algunos casos, hasta por un mes.


Los campos agrícolas y ganaderos instalados donde antes había selva, se transformaron en lagunas durante varias semanas. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Cambios de suelo, sin permiso

Desde 2012, comunidades mayas de Hopelchén y otros municipios de Campeche y Yucatán se organizaron para denunciar la siembra de soya transgénica. Incluso, lograron que un juez revocara el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó para sembrar organismos genéticamente modificados en la región. Pese a ello, la soya transgénica sigue sembrándose en Hopelchén, de acuerdo con el monitoreo realizado por los colectivos mayas.

Las comunidades no han desistido en su lucha. Es por ello que el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) solicitaron a la Semarnat, a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, datos sobre las solicitudes y autorizaciones para cambio de uso de suelo en terrenos forestales en Hopelchén.

La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat informó que, desde enero de 2009 hasta el primer semestre de 2020, solo existen dos permisos para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, otorgados en 2016, para la instalación de líneas eléctricas de alta tensión para los tramos Hecelchakán-Hopelchén y Escárcega-Xpujil.


Deforestación y cambio de uso de suelo en Campeche. Foto: Everardo Chablé

Así que los cambios de uso de suelo de los terrenos en donde antes había selva y hoy solo hay campos agrícolas se realizaron sin respetar lo que marca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De acuerdo con el Código Penal Federal se debe establecer una pena de seis a nueve años de prisión, así como el pago de una multa, a quien “desmonte o destruya la vegetación natural o cambie el uso del suelo forestal”.

Las organizaciones Muuch Kambal y el colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes han denunciado, ante varias dependencias, la deforestación provocada por la expansión de la agricultura industrial en Hopelchén. Hasta ahora lo único que han visto es “una total impunidad”, resalta Irma Gómez.

Mongabay Latam solicitó entrevista con las autoridades de la Semarnat y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero no se tuvo respuesta.


Guillermo León, de la comunidad de Chunchintok, ha sido testigo del avance de la deforestación y sus consecuencias en Hopelchén. Foto: Robin A. Canul Suarez.

En junio pasado, la Alianza Maya por las Abejas Kaabnaloón —integrada por apicultores de la Península de Yucatán— envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde señalan: “Por miles de años, las y los mayas hemos tenido diferentes prácticas ecológicamente correctas, prácticas que ahora se encuentran amenazadas por los modelos del ‘progreso’ económico y social promovidos por los gobiernos y las empresas que le sirven al capital para asegurar su acceso a nuestros bienes naturales y a la mano de obra barata”. Ante ese escenario solicitan replantear esos esquemas, para garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural.

Leidy Pech señala que las tormentas que inundaron sus comunidades les recordaron, una vez más, las consecuencias de tumbar el monte. “Esto que nos pasó tiene un origen: la deforestación. Toda esa forma en que han cambiado el uso de suelo, la forma en que han modificado el territorio nos ha dejado en una situación de riesgo. Estos eventos naturales van a continuar, no los podemos evitar. Pero sí podemos reflexionar sobre lo que ha pasado en nuestro territorio”.

Así como Leidy Pech y sus compañeras mayas se han aferrado a conservar las técnicas ancestrales de producción de miel, también están empeñadas en defender esa selva maya que aún resiste, un ecosistema que es vital para la existencia de las comunidades indígenas que viven de la apicultura, pero también para especies como el jaguar o las abejas.

* Imagen principal: La deforestación del Valle de Paal Pool, en Hopelchén, se realizó en la década de los setenta como consecuencia de programas gubernamentales para la siembra de arroz; el ecosistema nunca se recuperó. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

https://es.mongabay.com/2020/11/mexico-esto-sucede-cuando-se-tumba-selva-en-el-territorio-maya/

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Red Ya Basta Netz Alemania

(Español) Desde Alemania, carta de solidaridad con los pueblos zapatistas

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A la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva, Chiapas Zapatista.
A las Bases des Apoyo.
Al EZLN.
Al CNI-CIG.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

¡Alto a La Guerra contra las Comunidades Zapatistas en Chiapas, México!
¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Originarios!

¡Compañer@s Zapatistas – No están sol@s!

Desde Alemania les mandamos —con todo nuestro corazón— unos abrazos fuertes de solidaridad!

  • Condenamos a y protestamos enérgicamente contra los ataques armados permanentes contra las Bases des Apoyo del EZLN en Moisés Gandhi – por parte de la ORCAO (Organización de Cafeticultores de Ococingo).
  • Protestamos enérgicamente contra el secuestro y la tortura del Compañero bases de apoyo FÉLIX LÓPEZ HERNÁNDEZ del anexo San Isidro, comunidad Moisés Gandhi – por parte de los paramilitares de la ORCAO.
  • ¡Exigimos enérgicamente su liberación inmediata!

¡Libertad para el Compañero FELIX LÓPEZ HERNÁNDEZ!
¡Alto a la Guerra Contrainsurgente contra el EZLN!

Red Ya Basta Netz Alemania.
11 de noviembre de 2020.

radio

(Español) Félix López Hernández, base de apoyo secuestrado por la ORCAO, está libre

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radio
Europa Zapatista

(Español) Festival de cine zapatista en Alemania (20-12 de noviembre)

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Que bailen los Corazones – Dass die Herzen tanzen

Bienvenid@s, Compañer@s, a la Otra Europa!

Video-trailer aquí: https://www.youtube.com/watch?v=UznHQ20EGZI&feature=emb_logo

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4. FESTIVAL DE CINE ZAPATISTA

»… Que bailen los Corazones – Dass die Herzen tanzen …«

20 de Noviembre y 21 de Noviembre

Espacio del Mundo – Es decir: Virtual
 
Inicio: 11 a.m. CST / 6 p.m. MEZ

Por la Vida – Zapatistas recorrerán los 5 Continentes

»Sexto.- Y esto hemos decidido: Que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones,

y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación.

Que diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otroas del color de nuestra tierra,

saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos,

buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima.

Iremos a encontrar lo que nos hace iguales.«

(EZLN 5.10.2020)

Más Información: https://tresgatas.blackblogs.org/aktuelles/4-festival-de-cine-zapatista/

Desde Alemania: Salud y saludos a todoas – con mucho corazón!

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