^{En portada: En su caminata, l@s migrantes solicitaron a las autoridades que los dejaran avanzar. Foto: Cuartoscuro}

El pasado sábado (28), un millar de migrantes procedentes de Haití que se desplazaban en los municipios de la región del Soconusco, en Chiapas, fueron reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional y elementos del el Instituto Nacional de Migración (INM).

L@s migrantes tomaron la decisión de salir de la ciudad fronteriza de Tapachula luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha pospuesto su proceso de solicitud de asilo, un trámite que usualmente demora hasta tres meses, el cual se ha prolongado por mas de un año. Ello, sumado a las malas condiciones en que se encuentran los centros migratorios del lugar, forzaron a l@s migrantes a abandonar el lugar.

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Es de resaltar que, durante las semanas y meses previos, l@s migrantes han expresado su malestar al exterior de las oficinas del INM, en un intento de acelerar el tramite de asilo, sin que las autoridades hubieran respondido. Por ello fue el sábado, que reunid@s en caravana, mil migrantes, todos con la solicitud de asilo en proceso, emprendieron el camino para buscar alcanzar otras ciudades mexicanas en donde obtener una fuente de empleo.

Tras avanzar aproximadamente 30 kilómetros, fue en los alrededores del municipio de Huehuetán donde elementos de la Guardia Nacional, ejército mexicano y del INM realizaron un operativo para intentar frenar el avance de la caravana.

Mediante testimonios en redes sociales se aprecia el uso de la fuerza de parte de los funcionarios de migración y de los cuerpos de seguridad para bloquear el paso de l@s migrantes. Así, un aproximado de 300 fueron detenidos y trasladados a la estación migratoria ubicada en Tapachula. Quienes lograron sortear el cerco avanzaron hasta la ciudad de Huixtla, donde descansaron en espera de mantener su avance.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano (COMDHSM) señalo que la misma COMAR dilata los procesos de solicitud de asilo, pues por ejemplo, ahora se encuentra otorgando citas para iniciar el trámite hasta principios de enero de próximo año. También, el COMDHSM ha documentado un uso de fuerza desmedido contra las personas migrantes. Es por eso que exige al Estado mexicano poner un alto a la violencia por parte de sus autoridades.

Denunciaron que hubo un despliegue excesivo e injustificado de fuerzas de seguridad, con aproximadamente 50 vehículos del INM, camiones y camionetas de la GN y del ejército. En un comunicado, el COMDHSM informó que la Guardia Nacional, el Ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM) han incurrido en graves faltas al intentar detener a la caravana migrante. Entre ellas está el uso de armas largas y la presencia de agentes vestidos de civiles incitando a la violencia.

“Las personas fueron agredidas, sometidas, golpeadas con escudos y toletes; se identificó portación de armas largas por parte de elementos del ejército, elementos del INM vestidos de civil incitando a la agresión, así como otros agentes de seguridad sin identificar, vestidos civil y portando armas de fuego”.

En entrevista realizada por integrantes del COMDHSM, uno de los miembros de la caravana relata que las autoridades migratorias han estado deportando a personas que tienen residencia y otros papeles que les permiten transitar en México, razón por la cual decidieron abandonar Tapachula y su interminable proceso de solicitud de asilo.

Para el domingo (30), la caravana reanudó su avance sobre la autopista con dirección al estado de Oaxaca. Mientras tanto, en Tapachula, frontera con Guatemala, aún se encuentran casi 10, 000 migrantes, procedentes de Haití, Cuba y otras partes de Centroamérica, quienes esperan la resolución de su tramite de asilo. Según las reglas de la COMAR, mientras dicho organismo no emita la resolución de los procesos, l@s migrantes no pueden salir de la ciudad en la cual realizaron el trámite, es decir, están imposibilitados de dejar la ciudad de Tapachula.

En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.

Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.

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En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.

“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.

Según datos del informe La carne que está consumiendo al Planeta, ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la Península de Yucatán?, en los tres estados que componen la región operan un aproximado de 257 granjas porcícolas. De ellas, 222 se encuentran en Yucatán y solo 22 cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental.

“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.

Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.

De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.

“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.

Contaminación

En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.

“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.

Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.

“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.

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L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.

La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.

Demandas y corrupción

La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.

En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.

“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.

Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.

Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.

En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.

“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.

Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.

“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.

Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.

Mantener la lucha

La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.

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“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.

Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.

Con información de Vanessa García Navarro

*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad

En portada: Un brigadista del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables trabaja para apagar un incendio en Apuí, Amazonas, Brasil, el 11 de agosto de 2020. Foto de Ueslei Marcelino

Estudios divulgados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el 9 y 17 de agosto respectivamente, señalan que las temperaturas en América Latina han aumentado más que la media mundial y es probable que sigan esta tendencia.

Entre los años de 1998 y 2020, los fenómenos climáticos y geofísicos, además de estar afectando a los medios de subsistencia en la región, provocaron la pérdida de 312 mil vidas y afectaron directamente a más de 277 millones de personas, sostiene la OMM en un comunicado a la prensa,

“La región de América Latina y el Caribe es una de las más afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos extremos. El año 2020 fue testigo de ello, con la muerte y la devastación causadas por los huracanes Eta e Iota en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y la intensa sequía y la inusual temporada de incendios que castigaron la región del Pantanal del Brasil, Bolivia, el Paraguay y la Argentina. Entre las repercusiones más importantes cabe destacar la escasez de agua y el desabastecimiento energético, las pérdidas agrícolas, los desplazamientos de población y el deterioro de la salud y la seguridad, cuestiones que no hicieron más que agudizar problemas derivados de la pandemia de COVID‑19”, dijo el Secretario General de la OMM, Petteri Taalas, en el comunicado.

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El año 2020 fue uno de los tres años más cálidos registrados en América Central y el Caribe, y el segundo más cálido del que se tiene registro en América del Sur, al alcanzarse temperaturas que superaron en 1,0 °C, 0,8 °C y 0,6 °C el promedio a largo plazo del período climatológico de referencia de 1981-2010, respectivamente. “En algunas estaciones las temperaturas máximas registraron valores sin precedentes, con valores hasta 10 °C superiores a lo normal. En Bolivia, la ola de calor trajo consigo temperaturas récord para el mes de octubre en cuatro ciudades y la temperatura más alta jamás registrada en San José de Chiquitos: 43,4 °C”, sostiene el informe de la OMM.

Además, hubo sequía generalizada en toda América Latina y el Caribe, con importantes efectos, “como la bajada del nivel de los ríos, con las consiguientes dificultades para el tránsito por las rutas interiores de navegación, y la reducción del rendimiento de las cosechas y de la producción de alimentos, que agravó la inseguridad alimentaria en muchas zonas”, dice el comunicado a la prensa.

Otros de los efectos del aumento de las temperaturas, destacados por el estudio de la OMM, es el aumento de los niveles del mar. En América Latina y el Caribe, más del 27% de la población vive en zonas costeras. “Entre 1993 y 2020, el ritmo medio de subida del nivel del mar en el Caribe ha sido de 3,6 mm al año, una velocidad ligeramente superior a la media mundial (3,3 mm al año)”.

Incendios

La región de América Latina y el Caribe concentra aproximadamente el 57% de los bosques primarios que quedan en el mundo, sostiene el estudio de la OMM.

“Entre 2000 y 2016, se destruyeron cerca de 55 millones de hectáreas de bosque, es decir, alrededor del 5,5 % del total de la región, lo que representa más del 91% de las pérdidas forestales en todo el mundo”, revela el estudio de la OMM.

Los incendios forestales en América del Sur, por ejemplo, fueron más frecuentes en 2020 que en 2019, un año que ya fue crítico en cuanto a fuegos. “La mayor cantidad de incendios forestales declarados en 2020 causó daños irreversibles en los ecosistemas, incluidos impactos perniciosos en servicios ecosistémicos vitales y en medios de subsistencia que dependen de ellos”.

Monitoreo

La OMM sostiene que el monitoreo de los riesgos climáticos y los sistemas de alerta temprana pueden ayudar a tomar medidas tempranas para reducir los riesgos de desastres. “Sin embargo, los sistemas de alerta temprana están poco desarrollados en la región de América Latina y el Caribe, en particular en América Central y del Sur”, alerta la organización.

El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.

El informe Tren Maya made in Germany. La Deutsche Bahn y el tren de la destrucción, destaca la participación de empresas alemanas que a primera vista no tienen nada que ver con el sector de infraestructura.

“Las fuerzas armadas mexicanas que deben gestionar todo el proyecto de infraestructura y recibir los beneficios, son un cliente frecuente de las empresas de seguridad europeas, y especialmente alemanas”, enfatiza el reporte elaborado por la red Ya Basta Netz.

Por ejemplo, las fuerzas armadas obtienen gran parte de sus armas del fabricante alemán Heckler & Koch o SIG Sauer GmbH & Co. KG. Incluso, las armas utilizadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 eran fusiles de asalto G36, las cuales Heckler & Koch había vendido ilegalmente a México.

“A pesar de que empresas como Heckler & Koch están involucradas en tratos ilegales de armas con México, el gobierno alemán volvió a aprobar la exportación de armas al país el año pasado. Una gran parte de las armas alemanas van a regiones especialmente militarizadas, como Chiapas, donde los militares están presentes en muchas bases alrededor de las regiones autónomas de los zapatistas”, detalla el documento.

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El reporte también contextualiza las consecuencias de la imposición del megaproyecto en torno a la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de los pueblos indígenas de la región, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una creciente militarización en una de las regiones más conflictivas del país.

Inversiones

“El mayor error es ver el Tren Maya sólo como un tren”, enfatiza el Dr. Sergio Prieto Díaz, profesor en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), consultado por la red Ya Basta Netz para la elaboración de la investigación.

El “tren maya” consta de una nueva ruta de más de 1,500 kilómetros, la cual busca conectar cinco estados, desde Palenque hasta Cancún, entre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, el tren no viene solo: otro proyecto de autopista lo acompaña en el estado de Chiapas. “La serpiente de asfalto entre Cancún y Mérida se va a prolongar en el transcurso de las obras del Tren Maya y atravesará la selva junto con la línea de tren.

Algunas de las empresas con inversiones en el “tren maya” son:

La filial de DB, empresa que opera en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, Colombia, entre otros lugares. En México, la DB consiguió el contrato para acompañar y asesorar el proyecto como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas.

“De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bahn AG (DB AG), FONATUR de la Secretaría de Turismo de México ha encargado a DB Engineering & Consulting GmbH el asesoramiento en las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto “Tren Maya”. (…) El contrato se firmó el 1 de diciembre de 2020 y se extiende hasta diciembre de 2023, con un valor contractual de 8,6 millones de euros”, es una de las declaraciones del secretario del Estado Alemán, Enak Ferlemann, quien confirma las inversiones del país europeo en el sureste mexicano.

Por su involucramiento en el megaproyecto, la investigación cuestiona el silencio de la DB sobre las consecuencias medioambientales y las violaciones de los derechos humanos del “tren maya”, pues considera que no encajan en absoluto con la imagen respetuosa con el medio ambiente que proyecta la empresa en Europa.

“Una cuarta parte de toda la energía de tracción alemana es suministrada por la central de carbón Datteln IV. Allí se quema carbón procedente de Colombia, donde se desplaza y asesina a personas para extraer y exportar el ‘carbón de sangre’. Cuando DB utiliza ‘oficialmente’ electricidad verde, se trata de certificados comprados, una faceta más en el enorme mundo del lavado verde de DB”, denuncia el documento.

Por otra parte, la empresa SIEMENS ofreció desde 2018 su participación en el proyecto del “tren maya”, en actividades que van desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes.

En consonancia, la empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto desde el mismo año y se ofreció a participar, incluso antes de contar con planes o estudios concretos, sobre todo de aquellos que abordan los problemas medioambientales que producirá el megaproyecto. Las tareas para las que la TÜV Rheinland está disponible en el “tren maya” son similares a las de DB o SIEMENS.

La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo declaró en 2018 que dicha corporación podría participar, desde la concepción preliminar del proyecto, la prefactibilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales e incluso las pruebas y la ejecución de la obra.

Sureste, el objetivo

En el reporte es de especial preocupación los efectos del megaproyecto en la militarización del sureste del país, debido a que el ejército mexicano administrará gran parte del proyecto y también recibirá los beneficios del mismo.

“Al mismo tiempo, esta transferencia de poderes a las fuerzas armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas del país: En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de ‘baja intensidad’ contra las comunidades autónomas de les Zapatistas. El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia lxs refugiadxs de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto: ‘Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una ‘barrera de migrantes’ diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, comparte el Dr. Sergio Prieto Díaz.

Aunado a ello, el documento remarca que, en el tema medioambiental, estudios concluyen que el “tren maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas.

“Solo en la primera fase de construcción se eliminarán más de 11 millones de árboles. Los sistemas de cuevas submarinas con importancia cultural para la población indígena están en peligro por la construcción, mientras que otros ecosistemas dependen de los flujos de agua allí. Además, los mayores recursos de agua subterránea del país están amenazados”.

Pese a todos estos efectos, y aún con la realización de una evaluación de impacto ambiental con graves deficiencias, el costo del megaproyecto, que asciende a los 150 mil millones de pesos, demuestra el nivel de prioridad que representa para el gobierno federal.

Además, la investigación denuncia que, para iniciar el proceso de construcción, el Estado mexicano no consultó a la población indígena de la región.

“El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”, destaca el documento de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Al mismo tiempo, también resalta la información del Comité contra de la Discriminación de la ONU sobre que, con frecuencia, las consultas son llevadas a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.

“Al mismo tiempo, lxs activistas que se manifiestan en contra del proyecto ponen su vida en peligro. Los que hablaron en contra del Tren Maya recibieron amenazas de muerte, informa la ONG Front Line Defenders”, añade el reporte.

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En contraste, el valor de los terrenos situados en la línea ferroviaria proyectada y a lo largo de ella ya está aumentando enormemente, lo que promueve el desalojo y la desposesión de los anteriores habitantes.

“La rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera. El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el Estado y el capital y amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común”, concluye la investigación.

En portada: Richardson en el Campamento Sabalu. Afganistán, 2013

Este miércoles (11), el senado de los Estados Unidos (EEUU), con el visto bueno del Pentágono, dio luz verde para que la General Laura Richardson se convierta en la primera mujer en comandar el Comando Sur (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés). Compuesto por más de 1,200 militares y civiles, esta unidad está encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. También es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los EEUU.

Richardson reemplazará al almirante Craig Faller, quien estuvo al mando desde el año 2018 y quien implementó diversas estrategias, entre ellas, la Estrategia del Teatro 2017-2027 y continuó la llamada “Estrategia del Comando Sur de los Estados Unidos 2018, Amistad y Cooperación por las Américas”. Las justificaciones eran asegurar el suministro de petróleo y gas natural, así mismo, utilizar la ayuda humanitaria ante los desastres naturales para aumentar su presencia en la región latinoamericana.

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Richardson, desde 2019 ya era comandante del Ejército Norte de los Estados Unidos y, con el nuevo cargo, recibe su cuarta estrella. En un comunicado, Hugh W. Howard III, comandante del Comando de Guerra Especial Naval de los Estados Unidos, dijo que el nuevo puesto de la General es “un logro extraordinario”.

Richardson piloteo helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y sirvió en las guerras de Irak y Afganistán, además fue asesora militar del ex vicepresidente Al Gore (1993-2001). Ella también recibió entrenamiento especial para operaciones de guerra, lo que la Marina llama como operaciones de “inserción y extracción encubiertas”.

Richardson, de 57 años de edad, asume su nuevo cargo en un escenario convulsionado por la pandemia de la Covid-19, donde el Comando Sur ha realizado diversas operaciones en medio de este contexto de crisis, como el aumento de su presencia en la región de la Amazonía. También en octubre del 2020, junto con el gobierno de Brasil, el USSOUTHCOM realizó un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela.

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Aunque aún no se sabe si la comandante va a continuar con las estrategias implementadas hasta el día de hoy por el Comando Sur, lo que si se sabe es que, el Comando Sur ha expresado su preocupación por el avance de capitales de China en la región latinoamericana, por ello ha redoblado sus esfuerzos para mantener su presencia.

En uno de sus últimos viajes, Faller visitó a Uruguay y Argentina, y expresó que le preocupaba que China “había desplegado 1 mil millones de dólares en préstamos a la región para adquirir vacunas para el COVID-19 y para mejoras a la infraestructura médica”. Esto ha implicado acuerdos que van avanzando con Argentina, Brasil, Perú y Venezuela. “Esto endeudará aún más a la región con la República Popular China, que ya tiene 165 mil millones de dólares en préstamos”, sostuvo el entonces comandante del USSOUTHCOM.

Este es el teatro de operaciones dónde Richardson tendrá que ejecutar sus estrategias para defender los intereses de los Estados Unidos en la región latinoamericana y pondrá en práctica su experiencia adquirida por más de 30 años que lleva en las Fuerzas Armadas de EEUU.

En portada: El Consejo Agroindustrial Argentino, formado en 2020, promueve beneficios para la agroindustria con el pretexto de la creación de empleos. Foto de Revista Criterio Digital

“Reactivación agropecuaria y agroindustrial para una Argentina de pie” es el nombre con el que se conoce a la Resolución 216 emitida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de dicha nación, en la que se aprobó la iniciativa “200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” (200MT), los cuales se pretenden producir antes del año 2030.

Dicha iniciativa surge del “Consejo Agroindustrial Argentino”, del cual forman parte varios sectores de los agronegocios, quienes pretenden salir favorecidos con la implementación de las políticas públicas promovidas por el actual gobierno.

En el papel, estas políticas están centradas en el crecimiento económico, medido por el aumento del Producto Interno Bruto, y con las cuales se pretenden resolver los problemas económicos, sociales, ambientales y sanitarios, ligados al hambre y la malnutrición, por los que atraviesa el país sudamericano.

Sin embargo, un análisis publicado por Acción por la biodiversidad, señala que los principales beneficiarios de dicha iniciativa son los del Consejo Agroindustrial, ya que han planteado una serie de demandas vinculadas con el otorgamiento de subsidios, infraestructura, financiamiento, así como, políticas de inversión respecto a una serie de insumos, como fertilizantes, perforaciones y riego con aguas subterráneas, etc.

Además, plantearon propuestas de deducción del adicional por ganancias de 50%, así como otros beneficios a quienes se registren y muestren incrementos en la producción y en la contratación de personal.

Otro tema presente en la Resolución 216 es la Ley de semillas, con la cual, los sectores concentrados de la agroindustria intentan que Argentina se adhiera al convenio UPOV 91, que prohíbe el uso propio de las semillas por parte de agricultores y, cuyas consecuencias serían una mayor uniformidad genética en la agrobiodiversidad y un mayor control de las corporaciones transnacionales semilleras y agrotóxicas sobre los sistemas agroalimentarios.

De acuerdo a Fernando Frank, autor del informe titulado Amenazas a la soberanía alimentaria en Argentina, con esta resolución el gobierno está asumiendo un consenso político falso, ya que no ha escuchado a la diversidad de voces críticas a los agronegocios, principalmente a las vinculadas con la producción popular; la agricultura familiar, campesina e indígena; las pymes y cooperativas de producción de alimentos sanos; las personas consumidoras y, la academia crítica.

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Algunos aspectos relevantes a considerar sobre lo que implica la implementación de la iniciativa 200MT respecto a la recuperación de tierras son: los agronegocios expanden la frontera agrícola remplazando a los sistemas mixtos agrícola-ganaderos, promoviendo la deforestación de bosques nativos y expulsando a las familias campesinas de sus territorios de cultivo y, la reducción del uso de los agrotóxicos no será posible ya que la expansión se dará en el contexto de la continuidad y profundización del uso de cultivos transgénicos (soja, maíz y trigo) resistentes a herbicidas.

En cuanto al “agregado de valor” habrá que tomar en cuenta que se refiere al fortalecimiento de las distintas formas de ganadería industrial, la industria aceitera y molinera, la industria de comestibles ultraprocesados (bebidas azucaradas, panificados industriales, lácteos, etc.), lo que conlleva a la concentración y extranjerización económica, a la degradación de la calidad de los alimentos y, a la promoción de nuevos monocultivos. Y, aunque en la resolución no mencionan los agrocombustibles como el biodiésel y bioetanol, la producción de estos forma parte del proyecto.

Respecto a las divisas o lo que algunos economistas denominan “restricción externa”, la iniciativa 200MT plantea el aumento del volumen de producción, sin embargo, con proyectos anteriores, como la Hidrovía, se pusieron al descubierto los intereses corporativos, la corrupción y los negocios turbios que se esconden atrás de dichos proyectos, lo cual conllevó la fuga de divisas, contrabando, evasión fiscal, concentración y extranjerización del comercio.

Acorde al análisis del documento, el debate sobre el crecimiento económico que necesita el país no puede estar disociado de los impactos socioambientales, ya que no habrá futuro si no se cuidan y defienden los territorios, los bienes comunes y los pueblos que les habitan.