(Español) Se multiplica llegada de venezolanos a México
Por Jeny Pascacio
Migrantes originarios de Venezuela representan más del 50% de las personas contenidas en Tapachula, Chiapas, por arriba de la presencia de centroamericanos y haitianos, consideró el Centro de Dignificación Humana.
La violencia vivida en Venezuela provoca la movilidad de personas de forma masiva, pero sus necesidades de protección internacional no son respetadas por el Instituto Nacional de Migración (INM), explicó el fundador del Centro, Luis García Villagrán.
En el 2020, la estadística de la Unidad de Política Migratoria registró a 183 personas originarias de Venezuela presentadas ante el INM; mientras el 2021 cerró con 2,552.
Desde inicios de ese 2022, venezolanos, centroamericanos, haitianos y africanos realizan manifestaciones en Tapachula para exigir atención a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el INM.
Pero las autoridades no proporcionan información oportuna ni a los extranjeros solicitantes de refugio, a pesar de los llamados internacionales para respetar el derecho de protección internacional.
La oficina de regulación no tiene atención constante y la Comar proporciona citas hasta tres meses después de la solicitud. Espera que se hace eterna por la falta de recursos y oportunidades laborales para sobrevivir.
Para García Villagrán son graves las ‘ilegalidades’ en las que incurren las autoridades migratorias desde el momento de dar solamente dos opciones de regularización cuando existen 26: a través de un vínculo familiar o el refugio. “Nos sustentamos en el sistema electrónico de trámites migratorios que da la certeza de lo que estamos diciendo, actualmente en Tapachula solo son atendidos entre 30 y 50 migrantes a diario, cuando esa oficina tiene capacidad para atender hasta mil personas al día”.
La situación impera en la frontera sur de Chiapas con Guatemala a pesar de los cambios de titulares en el INM, como el caso de Paola Rojas Rodas, que tras su llegada, continúa con la política de contención con agravantes sobre la criminalización y la militarización.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana, no existe vigilancia en la frontera de Suchiate, México, con Tecún Umán, Guatemala; dejan entrar a todas las personas migrantes, “y en Tapachula se forma el nudo humano como parte de un acuerdo político de los tres niveles de gobierno y dependencias involucradas en el fenómeno migratorio”.
A las organizaciones les preocupa que la mayoría de las personas en movilidad, varios menores de edad entre ellas, contenidas en Tapachula, enfrentan abandono, encarcelamiento, detenciones arbitrarias, violencia, xenofobia, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Asimismo que estas personas no tienen derecho a la salud y actualmente padecen un bombardeo mediático para criminalizar a los diferentes grupos que buscan mejores condiciones de vida.
Organizaciones aliadas al Centro de Dignificación Humana, como Pueblo sin Fronteras, acompañan a más de mil personas en movilidad para interponer amparos ante jueces federales; y prevén la salida de una nueva caravana desde Tapachula, Chiapas.
(Español) Sin registro en México de migrantes desaparecidos
Por Jeny Pascacio
A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.
De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.
El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.
La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.
“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.
A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.
“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.
La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.
Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.
“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.
Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.
El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.