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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Migrantes haitianos, procedentes de Sudamérica, esperan los transportes que el INM prometió para llevarlos fuera de la ciudad de Tapachula, donde permanecen sin acceso a servicios básicos y en condiciones insalubres. Diciembre, 2011. Foto: Santiago Navarro F.}

La tarde de este miércoles (31), organizaciones de derechos humanos e integrantes del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunciaron la muerte de Jean “N”, persona de nacionalidad haitiana quien falleció el pasado 27 de enero en la estación migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, al sur de Chiapas.

Según la denuncia, la reciente muerte se suma a una larga lista de personas migrantes que han muerto al interior de las estaciones migratorias mexicanas. “La muerte de Jean ‘N’ no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de muertes de personas extranjeras bajo custodia del Estado Mexicano”, enfatiza el colectivo mediante comunicado.

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Las organizaciones que trabajan en el monitoreo de la movilidad de personas en la frontera sur de México señalan que han documentado que, tras la privación de su libertad, las personas migrantes son sometidas “a condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos, alimentación precarizada, malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, lo que en su conjunto constituyen entornos torturantes para las personas”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{Foto de La Tinta}

Productores de alimentos, educadores, organizaciones campesinas e indígenas, semilleras, huerteros, comercializadoras, distribuidoras agroecológicas y organizaciones de economía social y popular de Argentina sostienen la campaña nombrada #semillazos, un conjunto de acciones contra la privatización de la semilla nativa y criolla en el país.

El presidente de ultraderecha, Javier Milei, ha enviado al Congreso legislativo el proyecto de Ley Ómnibus, con 600 artículos, que, entre otras medidas, promueve la “flexibilización de las protecciones ambientales de los bienes comunes del país”, explica Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que hacen parte de las movilizaciones contra la ley.

Uno de los “ataques a las leyes ambientales del país”, señala Baldiviezo, está la propuesta de que Argentina sea asignataria del Acta de 1991 del Convenio Internacional de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, cuya creación partió de la iniciativa de empresas europeas de Fito-mejoramiento, para definir los principios básicos de “protección” de nuevas variedades vegetales, creadas a través de modificación de la estructura genética de los vegetales.

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Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Resistencia antiminera en la comunidad de la Merced de Buenos Aires, al norte del Ecuador.}

El día de ayer (29), la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A. pretendió ingresar una plataforma cargada de madera sin guía de transporte a la concesión minera Imba1, localizada en la Comunidad de la Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador. La empresa, propiedad de la australiana Hancock Prospecting, tampoco contaba con procedencia debidamente autorizada por el Ministerio de Ambiente.

La denuncia fue hecha por el Frente Antiminero de Ecuador y por el colectivo Buproe, una organización local en defensa de la vida en la Merced de Buenos Aires.

La empresa viene operando en total ilegalidad desde el 28 de marzo de 2023, sostiene el Frente en un comunicado, fecha en que la Agencia de Regulación Minera emitió la Resolución MEM-VM-2023-0004-RM que suspendía sus actividades.

Sin embargo, desde entonces la comunidad ha denunciado constante actividad por parte de la empresa que incumple la resolución.

En el comunicado, preguntan “¿por qué las autoridades permiten las actividades de la empresa aun cuando tiene orden de suspensión?”.

Otro ejemplo de omisión por parte del gobierno es que el viceministerio de Minas “omitió” inscribir en el Registro Minero la Resolución de Suspensión, “por lo cual la empresa sigue operando a discreción, junto a mineros ilegales y grupos terroristas que se encuentran en el territorio, dentro de las concesiones mineras ‘legales’”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñani Pinto

^{En portada: Asistentes al velatorio de la lideresa Maria Fátima Muniz de Andrade condenaron el ataque de ruralistas contra poblaciones indígenas en el sur de Bahía. Foto: Leo Otero.}

Este domingo (21), un ataque de terratenientes y ruralistas -promotores del agronegocio en Brasil- provocó la muerte de la indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, quien se desempeñaba como majé (chamán femenina) en su comunidad Pataxó Hã-hã-hãe.

El crimen ocurrió en el municipio de Potiraguá, en el territorio indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, reivindicado por el pueblo Pataxó. En el lugar se reportó la detención de dos hacendados por la portación ilegal de un arma; ambos son sospechosos de haber matado a tiros a Muniz de Andrade.

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre fue modificada por el Congreso, a finales de 2023, con el objetivo de formalizar la deforestación en la Amazonía peruana, pero la decisión se reconsideró y tenía que volver a discutirse en los próximos meses.

Sin embargo, el miércoles 10 de enero, en un procedimiento irregular, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, ordenó la promulgación de la reforma que resta al Ministerio del Ambiente competencias en materia forestal y da carta libre para acelerar la tala masiva.

El Perú ocupa el tercer lugar, entre ocho naciones, en destrucción de bosques primarios amazónicos, detrás de Brasil y Bolivia. Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), en el país se deforestaron 144 mil 682 hectáreas en el año 2022.

Los cambios en la norma, en un principio aprobados el 14 de diciembre, suspenden la zonificación forestal, lo que favorece a las empresas extractivistas, principalmente de monocultivo de palma aceitera. El Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) registra que entre 2015 y 2021 el área cosechada de esta especie en la Amazonía del Perú aumentó en 120%: de 43.140 hectáreas a 94.902.

El trasfondo es eximir a los privados de cumplir las disposiciones para la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), así podrán hacerse formalmente de la propiedad de áreas comunitarias y públicas que fueron deforestadas.

Ahora el Midagri se encargará de aprobar los procesos de zonificación forestal, propuestos por un organismo técnico en base a expedientes elaborados por gobiernos regionales, mientras que el Ministerio del Ambiente (Minam) solo emitirá una opinión previa. Bastará con títulos de propiedad o constancias de posesión, que pueden ser emitidos por gobiernos regionales, para exonerarse de la clasificación de tierras forestales.

Asimismo, los bosques de producción permanente serán establecidos por el Midagri, ya no por el Minam.

Otro procedimiento eliminado es la autorización de cambio de uso de suelo en áreas privadas. De esta forma, en los predios agrícolas y ganaderos aledaños a áreas boscosas se normalizará la tala o quema de vegetación para el cambio de uso.

Expediente borrado

Las propuestas legislativas fueron presentadas por parlamentarios de ultraderecha y de izquierda (Perú Libre, que llevó a la presidencia a Pedro Castillo), respaldados por gremios empresariales que presionaron por la aprobación sin tomar en cuenta las observaciones al proyecto de dos parlamentarias, lo que demandaba la necesidad de nuevas discusiones antes de su aprobación.

Contra el reglamento del Congreso, el presidente de esta institución borró del expediente digital los pedidos de consideración presentados por las parlamentarias. A pesar de la irregularidad, la reforma fue enviada al Ejecutivo que, formalmente, está obligado a promulgarla.

En contrapartida, fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad y, en el Congreso, parlamentarios presentaron un proyecto para derogar la reforma.

Mercado global y crimen organizado

Detrás de la nueva legislación, planteada desde 2022, está el interés de superar una regulación de la Unión Europea (UE) que prohíbe la exportación de café y cacao cultivados en tierras que hayan sido deforestadas después del año 2020.

En una carta enviada a la delegación de la UE en el Perú, decenas de organizaciones ambientalistas advierten que con la nueva normativa se multiplicarán el tráfico de terrenos y la minería ilegal. Hasta la publicación de esta nota, los representantes de la comunidad europea no respondieron.

El mayor peligro es que la deforestación favorece y encubre, sobre todo, al narcotráfico, responsable de gran parte de los asesinatos de líderes indígenas peruanos.

En la última década, 32 guardianes de los bosques fueron victimados por proteger sus territorios ancestrales de invasores y el tráfico de drogas.            De acuerdo a Global Witness, el Perú se encuentra entre los 10 países más peligrosos para activistas por el medio ambiente y los derechos humanos.

Bosques en emergencia

En respuesta, organizaciones indígenas declararon en emergencia los bosques comunales. “Se promueve la deforestación y facilita el otorgamiento de derechos sobre nuestros bosques a favor de terceros. Más grave aún, esta modificatoria promoverá el despojo de nuestros territorios integrales ancestrales e incrementará las amenazas a la vida de los defensores indígenas ambientales, así como la vida e integridad biológica, cultural, ambiental y espiritual”, señala en un comunicado la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático (PPICC).

Por su parte, el Instituto Kené de Estudios Forestales y Ambientales presentó una demanda de amparo ante un juzgado constitucional, alegando que la norma contradice la Constitución, que establece que la protección del medio ambiente incluye territorios que no pueden convertirse a uso agrícola. La superficie deforestada en el Perú por uso agrícola suma once millones de hectáreas, abarcando áreas naturales protegidas y reservas comunales indígenas, según los registros del Midagri.

Asedio desde distintos frentes

En las regiones del Perú que comparten la Amazonía se fortalecen las alianzas entre autoridades y organizaciones privadas que promueven la explotación de los bosques. Este sector niega la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), con la intención de obtener licencias de operaciones en reservas y áreas de amortiguamiento donde se encuentran las etnias, es un discurso de este sector. En 2023, el partido fujimorista intentó modificar la ley que protege a estas comunidades, y ante un primer rechazo, insistirán en ese sentido. Desde distintos frentes, las comunidades y tierras amazónicas son asediadas. “Ley antiforestal”, le llaman las organizaciones indígenas, nombrando su propósito de concretar los despojos legalmente.

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: “La tarifa cero es una demanda urgente y posible. Tenemos más de 100 ciudades en Brasil que cuentan con tarifa cero”: MPL en São Paulo. Foto: Santiago Navarro F.}

Este jueves (18), tras un fuerte operativo policiaco y con varias detenciones, el Movimento Passe Livre(MPL) logra realizar su segunda manifestación en la ciudad de São Paulo, Brasil, contra el aumento del costo del pasaje del tren y el metro en esta ciudad, una de las más grandes del mundo donde se trasladan casi 8 millones de personas al día, según la Compañía Paulista de Trenes Metropolitanos (CPTM).

A pesar de que, en la primera manifestación realizada el pasado 10 de enero, detuvieron arbitrariamente a 13 manifestantes, este jueves se concentraron decenas de jóvenes sosteniendo que la represión no detendrá las protestas hasta lograr la tarifa cero.

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Fuente: Avispa Midia

^{Por Nelton Rivera/Prensa Comunitaria}

Ex presidente Alejandro Giammattei y ex ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata son sancionados por recibir sobornos de las empresas mineras rusas y beneficiarse de la corrupción en el Estado. Al mismo tiempo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantó las sanciones a las empresas rusas en Guatemala implicadas en esos sobornos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió a primera hora del 17 de enero una nueva sanción económica a través de la Ley Global Magnitsky para uno de los ministros del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Se trata de Alberto Pimentel Mata quien estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el período 2020-2024.

A Pimentel, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le congeló todos sus activos en los Estados Unidos y con la sanción previa en la Lista Engel le fue retirada la visa y se mantiene la prohibición para ingresar a ese país.

El gobierno norteamericano confirma que la empresa transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y la empresa rusa Telf Ag dueña de MayaNíquel realizaron sobornos directamente al ex ministro y a Giammattei.

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Este mismo miércoles (17) por la tarde fue publicada una nueva sanción, esta vez al ex presidente Alejandro Giammattei por su implicación en la corrupción dentro del Estado y por recibir sobornos. Se le retira la visa y a sus familiares, entre los que se encuentran los tres hijos: Ana Marcela Dinorah Giammattei Cáceres, Alejandro Eduardo Giammattei Cáceres, y Stefano Giammattei Cáceres.

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ROMPIENDO FRONTERAS

• PALESTINA: 3 MESES DEL HORROR GENOCIDA DE ISRAEL CONTRA LA OCUPADA PALESTINA. Con la complicidad de Israel, EUA e Inglaterra, más de 20 mil víctimas donde casi la mitad son infancias. Info en: Palestina Hoy y PalestinaMX
• ARGENTINA: Defensa popular de la vida ante un nuevo Estado totalitario y pro capitalista. Se está convocando a un paro nacional a pesar de las amenazas oficiales.
  Info en: La Conquista del Pan y RNMA
• ECUADOR: Crisis de violencia en Ecuador por la narcopolítica y la corrupción. Motines y crisis de derechos en cárceles. La respuesta del Estado es la Militarización del país y declaración de guerra interna. INfo de: Ecuador Today e Indymedia Argentina.

DESDE LA REGIÓN MEXICANA

• CHIAPAS: ZAPATISMO: 30 AÑOS DE SER EJEMPLO DE LUCHA
  Los pueblos zapatistas del sureste mexicano realizaron una jornada de actividades para celebrar y celebrarse sus 30 años de caminar en su lucha por la libertad y la justicia. Con teatro, danza, poesía, murales, una parada de sus milicianas y milicianos muy al modo zapatista, mucho baile y con la consigna del «trabajo común» se festejaron y ratificaron sus principios que son ejemplo de vida. Info: Noticias de abajo
• CHIAPAS: Acteal recuerda a sus mártires para refrendar su lucha por la paz y la justicia a 31 años de su nacimiento y a 26 de la masacre contrainsurgente. En el marco de la conmemoración se realiza Encuentro de Comunicación Comunitario.

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En el 30 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido, la Teia dos Povos (Tejido de los Pueblos) de Bahía, Brasil, manda este saludo para el EZLN.

(Haz clic en [CC] para subtítulos en español.)

(Haz

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En 2022 se cometieron al menos 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tres de estas defensoras fueron asesinadas: Grisell Pérez Rivera y Jasibhe Natalie Díaz Morales en México, y Nesly Consuegra Monterroso en Guatemala. Los datos son del registro mesoamericano de agresiones contra defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), organización que articula a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones en Mesoamérica.

La mayoría de estas agresiones, 500, tuvieron carácter colectivo, frente a las 154 que estuvieron dirigidas contra defensoras a nivel personal y 112 contra organizaciones o grupos. Alrededor de 56% de las agresiones se dieron en el espacio público, principalmente en la calle. Una de cada diez se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto.

Los Estados aparecen como los principales agresores de las defensoras, siendo identificados como responsables en más de la mitad de las agresiones (56,1%) a través de fuerzas de seguridad y autoridades públicas de diferentes niveles. Por otro lado, uno de cada cinco perpetradores (20%) es desconocido, ya sea porque no se identifica a la persona que realiza la agresión directa presencial o porque se trata de un usuario virtual desconocido.

Las defensoras y sus organizaciones son quienes acompañan a las víctimas de la violencia machista, quienes denuncian ante las autoridades y la opinión pública, quienes llevan a cabo campañas de prevención y proporcionan albergue y protección para las mujeres y sus hijos, hijas e hijes, entre muchas otras acciones.

Para la IM-Defensoras, reconocer la importancia de su trabajo, así como garantizar que puedan manifestarse en las calles y ejercer su labor sin limitaciones y de manera segura, es urgente y vital en un contexto como el mesoamericano, donde la violencia contra las mujeres está generalizada y normalizada y donde existe una de las tasas de feminicidios y de impunidad más altas del planeta.

En los países

En México, la IM-Defensoras documentó un total de 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones. La mayor parte de las agresiones se dieron en acciones colectivas como las manifestaciones feministas. Adicionalmente se registraron 23 casos de abuso sexual durante acciones colectivas. La Policía aparece como la principal responsable de las agresiones en este país, 38%.

En Nicaragua, se documentaron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones.  Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas por autoridades públicas, 58%. Sólo en 2022, las autoridades de este país cancelaron la identidad jurídica de 30 organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas.

En Honduras, sedocumentó 70 agresiones contra 15 defensoras. Casi la mitad de las agresiones, 47%, fueron perpetradas por una persona denunciada previamente por la defensora, o el/la abogada o personas que respalda a dicha persona.

En El Salvador, las agresiones documentadas, 14, fueron en su mayoría de carácter colectivo y dirigida a organizaciones. Los usuarios virtuales desconocidos fueron los principales agresores, seguidos de instituciones del Estado.