Guatemala: Entre palma y conservación, comunidad maya q’eqchi’ en riesgo de desaparecer

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Habitantes de la aldea El Chorro muestran nacimientos de agua afectados por la sequía. A ello, se suma la falta de tierras para sembrar pues la comunidad está rodeada por monocultivos de palma aceitera. Foto: Renata Bessi}

Antiguamente, a un kilómetro de distancia, se podía escuchar la bulla, se acuerda pesaroso el indígena maya q’eqchi’, José María Alves, de la comunidad El Chorro, en el municipio de Sayaxché, Petén, norte de Guatemala. La bulla a la que se refiere el maya q’eqchi’ era el ruido de la caída de un chorro de agua, resultado de la unión de varios nacimientos de la comunidad, en el río La Pasión. “Por eso nuestra comunidad lleva este nombre, pero ahora ya no se escucha”, dice mientras hace una conchita con la mano alrededor de la oreja en un intento de encontrar en el aire algún vestigio de la bulla. 

“Vamos, les voy a enseñar. Ahora solo un chorrito de agua se está cayendo en el río La Pasión. Ya no hay árboles para proteger nuestros nacimientos”, dice José María, quien es profesor en su comunidad. 

Un hilo constante de agua cristalina y fría baja del territorio de El Chorro hacia La Pasión, fuente de agua y alimento para familias de la aldea. Ahí, en los nacimientos, también están vestigios en piedras de la presencia de los mayas en estas tierras desde hace siglos. 

La comunidad, conformada por alrededor de 150 familias, mantiene un pequeño bosque en el área de los nacimientos. Sin embargo, a no mas de 300 metros de ahí empieza el monocultivo de palma africana, que ladea toda la comunidad. 

Hoy el dueño de la palma, de la Finca Santa Mónica, es Edgar Humberto Diéguez, representante de las empresas Inversiones Nativas S.A, socia de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), y HD Corporación, que se dedica a la siembra de palma y crianza de ganado en Alta Verapaz y Petén. 

“Fueron comprando las tierras. Yo mismo vendí mis tierras de cultivo para ellos. No me dejaron opción, ya habían comprado todo al alrededor. No podía llegar en mi parcela sin pasar por las parcelas de ellos, y entrar en sus tierras no se permite”, cuenta el maya q’eqchi’.

Circular en las plantaciones está prohibido. La prohibición es a base de fuego. “Si pasamos para allá nos reciben con una pistola. Pero nosotros somos obligados a convivir con ellos en nuestra comunidad. Pasan en nuestra aldea, vienen hacer sus compras”, reclama la mujer maya q’eqchi’ Marta Pop Caal.

El dueño de la palma ofreció carretera a la comunidad, salón comunal, escuela, afirma Caal. “Pero nosotros no recibimos, no queremos vender nuestra aldea, vender nosotros mismos. Cerramos la calle, ya no les dimos permiso para que pasen los camiones de la palma. Y ellos se enojaron. Ya no dan trabajo a la gente de la aldea”.

Además del agua, “que nos está secando, quedamos aislados, casi no tenemos tierra para sembrar, la poca que nos queda sembramos maíz, yuca, plátano, frijol, pepita, arroz; y con eso pasamos la vida, mantenemos a nuestros hijos”, sostiene la mujer maya q’eqchi’.

En la orilla de La Pasión, José María enseña al equipo de este reportaje las últimas tierras que “la palma”, como dice él, “agarró”. El terreno localizado en la orilla opuesta de dónde estábamos, alrededor de una caballería, “era de la comunidad, simplemente lo midieron y pusieron su cerca, todo el bosque que queda en la orilla, también agarraron, ahí ya no podemos ir, hay seguridad privada y armada, tienen sus pistolas”, dice disminuyendo el tono de voz e imitando con las manos una pistola. Lamenta que en el poco terreno que les quedaba ya no pueden pescar, ni cazar. “Hay unos rótulos que dicen que es prohibido”.

Cuando las tierras fueron cercadas, “intentamos gestionar la situación, pero con las armas ya no pudimos nosotros; nosotros no tenemos armas, lo que hicimos fue mejor dejarlo así”, admite con los ojos cargados de una mezcla de tristeza y rabia.

Los racimos de la palma producidos en la Finca Santa Mónica son vendidos a la Reforestadora de Palma de El Petén (Repsa), empresa que causó el ecocidio en el río La Pasión, en mayo de 2015, cuyas plantaciones y dos plantas extractoras quedan en la misma orilla del río La Pasión, unos kilómetros río arriba de la comunidad El Chorro, en la aldea El Pato.

“Aquí sufrimos los impactos del desastre. Era pescado y mas pescado muerto bajando del río. Nos quedamos dos años sin poder comer pescado, nos prohibieron. Hubo gente que, sin opción, sí los consumió, pero tuvieron consecuencias graves en la salud. Hasta hoy el río no se recupera. Hay poco pescado y muy chiquititos. Además, es como si el agua siempre estuviera caliente, cuando uno se mete le aparece problemas en la piel”, cuenta el hombre maya q’eqchi’. 

Un diagnóstico ambiental de 1,700 hojas hecho por la empresa, en 2018, utilizado para proveer información para la solicitud de licencia ambiental de parte de su plantación junto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, además de ser un requisito en el proceso de certificación junto a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), admite impactos al medio ambiente. 

La empresa es responsable por el “arrastre de residuos de agroquímicos y de materia orgánica y nutrientes (…) hacia cuerpos de agua (…) – riachuelo El Mico, arroyos San Ignacio y Chapayal, el río La Pasión y un pozo artesanal de abastecimiento de agua para la comunidad La Colonia”, dice el estudio de Repsa, que pertenece al Grupo Hame, responsable por introducir la palma en Guatemala en 1987. Sus productos se exportan para Europa y otros países de América Latina. 

Además, el río La Pasión es fuente de agua para el proyecto. “En la aplicación de los herbicidas, se utiliza agua que proviene del río La Pasión, es transportada por camiones cisterna. Se hacen tres aplicaciones de herbicidas al año; se utilizan alrededor de 144,000 litros de agua por aplicación, que representan al año alrededor de 432,000 litros de agua”, revela el diagnóstico.

Repsa desde 1999

Repsa ha introducido el cultivo de la palma africana en el municipio de Sayaxché desde 1999. Hoy, Repsa posee alrededor de 19 mil hectáreas de palma. Además de 6,839 hectáreas de palma de otros productores que le suministran la fruta. El área certificada por la RSPO es de 11,719 hectáreas. Junto a otras cuatro empresas, ha conformado un consorcio denominado Palma de Sayaxché – Tikindustrias, Nacional Agro Industrial (NAISA), Palmas del Ixcán y Unipalma.

Apachurrados

Desde El Chorro, mirando hacia el río La Pasión, a la derecha la comunidad está cercada por palma. A la izquierda está rodeada por el Parque Arqueológico Ceibal. De hecho, la aldea está en la zona de amortiguamiento del parque. “La comunidad se conformó hace 70 años, pero no tenemos el título de las tierras, estamos por parte de Conap [Consejo Nacional de Áreas Protegidas]. Estamos intentando tener título para que no nos pase de nuevo lo que pasó con la palma, que simplemente nos sacó la tierra”, dice José María.

Sin embargo, las autoridades agrarias de Guatemala no les otorgan la seguridad jurídica, justamente por estar en el área de amortiguamiento del parque, “mientras la finca va acaparando tierras y nadie dice nada”, reclama el maya q’eqchi. 

La tierra de la cual “nos sacaron también es área protegida, y aunque el dueño de la finca dice que tiene el título de sus tierras nos parece raro; si a nosotros no nos dan documento no sé cómo a ellos sí lo dan, están a 300 metros de nosotros”, señala. “A cualquier rato nos pueden sacar. Ya sea la conservación, ya sea la palma. Y ¿dónde vamos a ir?”. 

Para aumentar la presión, hace un año se instaló cerca de la comunidad un destacamento militar. “Están aquí día y noche. Dicen que están para protegernos del crimen”, agrega José María.

Lucro con la conservación

El Parque Ceibal es un sitio arqueológico de la civilización maya del Período Clásico. Era la ciudad maya más grande de la cuenca del río La Pasión. Está tomado por un bosque latifoliado, con árboles de hoja ancha como cedro, nogal caoba y granadillo.

Repsa ha utilizado el Parque Ceibal para obtener la certificación de sus plantaciones junto a la mayor certificadora de palma en el mundo, la RSPO, un sello de sostenibilidad – que ha sido criticada por organizaciones ambientales en todo el mundo, por ser connivente con conflictos sociales y degradaciones ambientales promovidos por empresas de palma en todo el mundo. El sello amplía la capacidad de venta de sus productos, especialmente en Estados Unidos y países europeos.

RSPO exige, como uno de los requisitos para el proceso de certificación, que las empresas identifiquen dentro de las plantaciones o en sus áreas de influencia lo que llaman áreas de Alto Valor de Conservación (AVC). Es decir, las empresas tienen que realizar estudios con el objetivo de identificar especies de flora y fauna, además de elementos históricos y culturales de importancia nacional e internacional y, a partir de entonces, hacer un plan de conservación y monitoreo de estas áreas, como una forma de compensar los daños que han causado al medio ambiente con su actividad agroindustrial.

En el estudio de evaluación de las áreas de AVC, encargado por Repsa a Bio Terra Consultor Ambientales para identificar estas áreas, el cual fue revisado por este reportaje, el Parque Arqueológico Ceibal fue catalogado por la empresa como un área de Alto Valor de Conservación en lo que se refiere a sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o arqueológicas a escala global o nacional.

“Se determina la presencia de un AVC (…) en los parques arqueológicos El Ceibal, Aguateca y Dos Pilas”, dice el documento.

El estudio fue llevado a cabo en 21 fincas de Repsa que cubren un área total de 20 mil hectáreas, y en áreas protegidas localizadas al suroeste de Petén – parques arqueológicos Aguateca, Dos Pilas y El Ceibal, Reserva Biológica de San Román, el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún.

La gran parte de las áreas de AVC fue encontrada en áreas protegidas, y no en las fincas. “Los AVC identificados están relacionados principalmente a la Reserva Biológica San Román, al Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, a las fuentes de agua [incluye el río La Pasión], y a los sitios arqueológicos”. 

El estudio advierte que “las fincas de la empresa podrían de una u otra manera tener [mala] influencia sobre algunos de los AVC identificados, ya que un porcentaje de las fincas drena hacia la Reserva Biológica San Román, y otro porcentaje hacia el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún”. 

Evidencia que en muchas de las zonas donde las fincas de Repsa lindan con el río La Pasión, y otros cuerpos de agua, faltan bosques de galería, es decir una franja de vegetación a lo largo del río, que tiene una serie de beneficios para protegerlo, como filtrar el agua antes de que desemboque en el río, estabilizar las riberas y proteger contra las inundaciones. “Las palmas aceiteras en algunas zonas llegan hasta las orillas de los ríos e incluso en su curso debido a las inundaciones”, dice el estudio. La conservación de las reservas ribereñas es un requisitopara que las empresas logren la certificación de la RSPO. 

Además, identifica plantaciones de palma en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de San Román y en la zona núcleo del Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, donde es prohibido el monocultivo.

“La palma va apropiándose de todo, incluso de las áreas protegidas. Es responsable por el crimen ambiental de 2015, que sigue impune hasta hoy, y continúa causando contaminación en nuestras tierras y ríos”, dice la maya q’eqchi’ Marta Pop Caal. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: La comunidad de El Icacal durante conferencia de prensa para denunciar el despojo de sus tierras. Mayo, 2024.}

Habitantes de la comunidad de la playa El Icacal, departamento de La Unión, en el pacífico salvadoreño, denuncian la usurpación de sus tierras, las cuales pretenden ser utilizadas para el desarrollo de la segunda fase del megaproyecto turístico “Surf City”. En su implementación inicial, durante el año 2022, ya ha sido señalado por provocar desalojos y desempleo en la región poniente de la costa salvadoreña.

El proyecto “Surf City” tiene como objetivo atraer turismo mundial a las costas del pacífico mediante la construcción de infraestructura en playas con ecosistemas biodiversos a través del litoral pacífico salvadoreño .

En El Icacal, la comunidad detalla que, desde julio del año 2023, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico S.A. de C.V. se adjudicó de manera unilateral tierras de la población, las cuales se encuentran en las inmediaciones de un área protegida natural debido a la presencia de bosques salados, donde se erigen manglares de hasta 20 metros de altura.

Acompañados por el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), habitantes de El Icacal han denunciado la deforestación ilegal de manglares. A ello, se suma el acoso y agresiones por parte del personal de seguridad de la empresa, la cual ya ha cercado una superficie de 11 kilómetros en la costa oriente salvadoreña.

Carlos Hernández, integrante de la comunidad, señaló que la construcción de infraestructura derivado del circuito turístico “Surf City 2” ha agudizado el asedio de grupos empresariales hacia las poblaciones campesinas e indígenas, debido a que buscan apropiarse de sus tierras para lucrar con megaproyectos turísticos y energéticos.

Hernández aseguró que parte de las tierras que ha usurpado la empresa conforma las parcelas agrícolas de los habitantes de El Icacal, por lo que se les ha imposibilitado mantener su labor campesina. También señaló a la empresa como responsable por la tala de 100 árboles de mangle, ubicados en el área protegida, ocurrida entre el 13 y 14 de mayo pasado.

“Se exige a instituciones medioambientales, de derechos de los humanos y protección del medio ambiente para que se garanticen los derechos de la comunidad. También queremos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue los casos de depredación de la zona protegida”, aseveró Ángel Flores, coordinador oriental de MILPA.

Agresiones

La población de El Icacal, integrada por campesinos, pescadores artesanales, artesanos y pobladores de ascendencia indígena, resaltaron que, en noviembre del 2023, personas armadas y encapuchadas ingresaron a la comunidad para intimidar a sus habitantes, e incluso señalan que el grupo armado amenazó de muerte a los habitantes para que abandonaran sus viviendas. 

“Argumentaron que ellos eran dueños, sin presentar ningún documento, mas que solamente armas de fuego. A raíz de esto la comunidad está sufriendo depresión, estamos cansados”, compartió un habitante de la comunidad quien asegura que desde ese momento algunos pobladores salieron de El Icacal para buscar refugio con familiares en otras partes del departamento.

Para enero de este 2024, la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico contrató elementos de seguridad privada para restringir el paso de los pobladores por las tierras que ha cercado. Para la población es de especial preocupación el acoso e intimidación por parte de los vigilantes quienes también agreden a las infancias.

Ante ello, el pasado 28 de mayo, integrantes de MILPA presentaron una denuncia ante la FGR en contra de la empresa Desarrollos Turísticos El Pacifico. En ella, señalan a la empresa por el acoso y agresiones contra la comunidad. 

El coordinador de MILPA asegura que están implicados trabajadores, funcionarios públicos, empresas privadas y fundaciones, quienes “a través de diferentes mecanismos, maniobras legales y actos ilícitos, están acaparando tierras”.

Desplazamiento

La segunda fase del proyecto “Surf City” cuenta con inversión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El banco otorgó un préstamo de 106 millones de dólares al gobierno de Nayib Bukele, quien recientemente se reeligió como presidente de El Salvador, pese a que seis artículos de su constitución lo prohiben.

El megaproyecto preveé el desarrollo de infraestructura en zonas prioritarias del departamento de San Miguel, contiguo a La Unión, donde contempla la construcción de atractivos como parques de diversiones y de playa, miradores y malecones integrados en corredores para promover el turismo y deportes acuáticos.

Por su parte, MILPA asegura que la comunidad de El Icacal ha sufrido históricamente la usurpación de sus tierras por hacendados, empresas inmobiliarias y hoy turísticas, provocando conflictos por los bienes comunes como la tierra.

Así, la amenaza de desplazamiento actual se alimenta del miedo de que, según Flores, en cualquier momento se otorguen escrituras fraudulentas a favor del Estado. Esto debido a que, pese a vivir durante décadas en esa región, los pobladores de El Icacal no cuentan con documentos legales o escrituras que les reconozcan como propietarios de las tierras.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En medio de diversos escenarios catastróficos que vive Brasil, donde se encuentra el pulmón más importante del mundo, se han presentado datos donde la deforestación alcanzó un pico inédito el año 2023. Este país sudamericano perdió la exorbitante cantidad de 1 millón 829 mil 597 hectáreas de vegetación nativa en 2023, según el último Informe Anual sobre la Deforestación en Brasil (RAD), de MapBiomas, una red de colaboración entre ONGs, universidades y nuevas empresas tecnológicas.

Más de la mitad de toda la superficie deforestada se concentró en una sola región, conocida como el Cerrado, una de las más ricas del mundo, ya que, según Conservación Internacional, alberga más de 10 mil especies de plantas, de las cuales el 45% son exclusivas de esta sabana. En este bioma habita el 5% de las especies de plantas y animales del planeta, más de 11 mil especies de plantas.

La superficie media deforestada por día, en 2023, marca el record de 5 mil 013 hectáreas, es decir, 228 hectáreas por hora. Más de la mitad de esta cifra se registró en el Cerrado, según el documento. Mientras que en la Amazonia se perdieron 1 mil 245 hectáreas al día, lo que equivale a unos ocho árboles por segundo. 

“El día con mayor área deforestada en 2023 fue el 15 de febrero, cuando en sólo 24 horas se estima se deforestó una superficie equivalente a casi seis mil campos de fútbol”, puntualiza MapBiomas.  

Se señala en el informe que la acelerada deforestación tiene que ver con el avance de la agricultura industrial, especialmente la producción de soya y la ganadería para la venta de carne de res. 

En el caso del Cerrado, en la década de 1950 aproximadamente el 50% de esta vegetación ya había sido destruida, y las proyecciones son aún peor. En el documento MapBiomas se advierte que esta tendencia devastadora continuará en la próxima década.

La región de Matopiba, que abarca los estados de Bahía, Piauí, Tocantins y Maranhão, se ha convertido en el epicentro de la destrucción ambiental. Maranhão, en particular, emerge como el líder entre los Estados que más deforestaron en 2023, con cifras alarmantes que superan cualquier precedente. En esta región se han declarado 30 municipios en estado de emergencia y uno en estado de calamidad, por las recientes inundaciones. En esta región se cultivan más de 10 mil hectáreas de soja, según los propios datos del gobierno de Brasil. 

El Cerrado y la Amazonia representan más del 85% de la superficie total deforestada del país, siendo que el Cerrado ahora representa el 61% de la superficie deforestada en todo el país, mientras que la Amazonia ocupa el 25%.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Guatemala, rejón del Estor. Foto por Santiago Navarro F}

El Colectivo Semillas de América Latina, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (RedSag), autoridades ancestrales y la Mesa por la Soberanía Alimentaria de El Salvador realizaron acciones simultáneas en las sedes del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en El Salvador, y en la Secretaria de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en Guatemala, para que dejen sin efecto el Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para usos Agropecuarios. 

La normativa, conocida como “reglamento transgénico”, permite el transporte, movimiento transfronterizo, investigación, experimentación, manejo y producción de semillas transgénicas. Está en vigencia en Guatemala y Honduras desde 2019 y, en El Salvador, desde 2023.

Ver también: En Guatemala, cooperativa campesina mantiene territorio libre de palma africana

De acuerdo con David Paredes, de la RedSag, el reglamento se ha realizado con varias violaciones a los derechos de los pueblos entre ellos la ausencia de una consulta libre, previa e informado. “Representa un peligro a los sistemas alimentarios ancestrales. Guatemala es reconocidamente centro de origen del maíz. La semilla nativa lleva mas de 10 mil años de evolución, procesos llevados a cabo por los pueblos que aquí vivieron siempre”, sostiene.

Hay muchos estudios científicos que comprueban los impactos negativos de los transgénicos en los territorios indígenas y campesinos, señala Paredes. Entre ellos está la “contaminación genética” de las semillas nativas. “Solo por el simple hecho de estar contaminadas, pasarían a ser propiedad de las empresas que poseen las patentes de las semillas modificadas”.

Además, las semillas modificadas están vinculados al uso de los paquetes tecnológicos, que incluyen los agrotóxicos. “El objetivo es privilegiar a las empresas transnacionales, en este caso las empresas más grandes de semillas”, como Bayer-Monsanto y Syngenta.

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Las organizaciones denunciaron que a través de este tipo de reglamentos se permite experimentos con los tipos de maíz amarillo, mostaza y petunia, según datos que fueron incluidos en un informe de la Embajada de Estados Unidas en Guatemala en 2022 y que fue enviado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

El expediente realizado en el año 2022 también señala que se han importado de Estados Unidos 1.3 millones toneladas métricas de semillas de maíz genéticamente modificado. Una de las justificaciones es que este tipo de cultivo es más resistente a las plagas, según una publicación del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la biotecnología.

De acuerdo con el informe, ya se han implementado tres experimentos transgénicos en Guatemala. Y hay otras solicitudes que están en proceso. Organizaciones de la RedSag han solicitado al gobierno de Guatemala nombres de empresas y lugares dónde se han hecho los experimentos. “Pero no hay respuesta”, afirma Paredes.

Las organizaciones han logrado, con el apoyo de la Universidad de California, algunas pruebas para determinar la presencia, o no, de transgénicos en territorios indígenas y campesinos en Guatemala. “Detectaron en el departamento de Petén [norte del país]. Eso nos tiene sobre alerta”. 

Seguimiento

Desde El Salvador, las organizaciones que comparecieron a la sede de SICA, para entregar a las autoridades una carta donde exponen los motivos que sostienen su demanda, lamentaron el trato que recibieron de los funcionarios del Sistema de Integración Centroamericano.  

“Tuvimos que hacer toda una lucha para que dejaran entrar una delegación. Solicitamos el seguimiento del contenido de la carta. Queremos una audiencia para que podamos expresar nuestros argumentos. Pero [hay que haber] un mejor trato a los pueblos. Es de suma importancia que nos tomen en cuenta”, dijo la mujer maya q’eqchi’ Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, de Guatemala.   

Generar dependencia

Una de las formas de fomentar el uso de las semillas transgénicas en las comunidades es a través de acciones de dependencia, dijo Luz Emilia Ulario, exalcaldesa indígena de Santa Lucía Ututlán. “El año pasado regalaron 25 libras de semillas mejoradas y junto con esto va el paquete de todos los agrotóxicos, que si no se aplican no dan resultado. Aplicándolo va a dar resultado. Eso crea dependencia para agricultor, y lo que uno después compra ya no va a dar el mismo resultado, mientras tanto uno va contaminando su semilla y su territorio”, señaló la exalcaldesa indígena.

A inicios de mayo, el Consejo Indígena Maya Chortí y la Comunidad Indígena de Quetzaltepeque también alertaron sobre la entrega de semillas híbridas en el territorio del pueblo Chortí, sin la realización de una consulta libre, previa e informada. Las semillas fueron entregadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga).

El Consejo promueve la defensa y el rescate de la semilla nativa y criolla. “El uso de semillas mejoradas representa una amenaza para las semillas ancestrales”, alerta en un comunicado.

Las organizaciones que hacen parte de la RedSag manifestaron su oposición a la distribución de variedades de semillas, que son generadas por el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola de Guatemala. “Creemos firmemente en la importancia de preservar y promover el uso de semillas nativas y criollas, como ha sido desde hace miles de años, pedimos el fomento de prácticas agroecológicas y el fortalecimiento de la agricultura a pequeña escala y familiar campesino (…), que privilegie la diversidad de cultivos, el respeto por los ciclos naturales, la conservación de los recursos naturales y la justicia social en el campo”. 

Antecedentes

En Guatemala, en 2014, se aprobó la llamada Ley Monsanto. “Con la presión popular se derogó la ley. Pero se volvió a revivir en 2023 y de nuevo pone en peligro nuestras semillas nativas. Esta amenaza todavía está latente”, recuerda Paredes.Con informaciones de Prensa Comunitaria

La Teia dos Povos (Tejido de los Pueblos) es una gran red de autonomías en Brasil que articula las luchas de los pueblos originarios, afrodescendiente y de abajo, del campo y la ciudad. Como explica Joelson Ferreira, uno de los idealizadores de la Teia:

Entendemos que vivimos un momento histórico muy difícil, que el mundo pasa por una enorme transición a una gran velocidad, y que tenemos la responsabilidad de asumir esa alianza. Porque tenemos muy claro que ni los pueblos originarios, ni los pueblos sin tierra, ni los pequeños propietarios, ni los pueblos quilombolas, ya sea en el campo o en la ciudad, pueden enfrentar esa lucha solos.

(Ve nuestro reportaje Teia dos Povos: Construyendo otros mundos posibles en Brasil)

Desde 2012, la Teia dos Povos ha organizado las Jornadas de Agroecología de Bahía, grandes comparticiones donde representantes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y populares del campo y la ciudad se dan cita para reflexionar sobre cómo enfrentar el sistema de muerte que vivimos, fortaleciendo las autonomías y creando espacios de vida articulados en red.

Este año, la VIII Jornada de Agroecología se llevará a cabo en la ciudad de Salvador, capital del estado de Bahía, en enero de 2024, con el tema “Alianza Campo y Ciudad para el Combate al Hambre y la Pobreza”. A este encuentro invitan a quienes luchan en los diversos territorios de la Teia, pero también a quienes luchamos en otras geografías, con la intención de romper las fronteras de la resistencias.

Enseguida, la invitación lanzada por el Colectivo de Comunicación de la Teia dos Povos (en portugués aquí):

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias maya q’eqchi’ son expulsadas de la comunidad Buena Vista, en el norte del lago de El Estor. Foto: Juan Bautista / Prensa Comunitaria}

La mañana del miércoles (22), cientos de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala desalojaron a la comunidad maya Q’eqchi’ de Buena Vista Tzinté, ubicada en la parte norte del Lago de Izabal, departamento del mismo nombre, Guatemala.

Tras la afectación de su previo asentamiento, cuya condición inhabitable fue declarada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) debido a deslaves ocurridos en la sierra Santa Cruz, desde el año 2015 las familias de Buena Vista ocupaban las tierras que sus abuelos reivindicaban ancestralmente y donde hasta hace unos días sembraban alimentos para el autoconsumo.

En total, 29 familias fueron expulsadas de un terreno de siete caballerías (un predio agrícola de 6 a 43 hectáreas) pertenecientes a la micro región “El Bongo” y cuya propiedad reclama el agroindustrial Luis Fernando Arriaza Migoya, dueño de monocultivos de palma aceitera que suministra insumos a la empresa Naturaceites, también señalada por utilizar violencia para expandirse en la región del Valle del Polichic.

Según reporta Prensa Comunitaria, el conflicto por las tierras tiene su origen debido a que, en el año 1980, Arriaza Migoya “se apropió de 7 caballerías del Bongo”, por lo que entre 2019 y 2021 las familias campesinas ya habían sido objeto de intentos de desalojo por parte de los agroindustriales que mantienen monocultivos de palma aceitera en aquellas tierras.

Ya desde el año 2016, la Cámara del Agro acusaba los campesinos de invasión y usurpación contra la Finca Tzinté. A través del empresario cafetalero Nils Pablo Leporowski Fernández, el gremio agroindustrial presionaba al poder judicial de Guatemala para efectuar el desalojo de las familias al sostener, mediante denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos, la destrucción del bosque por los campesinos.

Ahora, niños y adultos padecen el desabrigo tras ser desalojados debido a la orden emitida por la jueza Sandra Nineth Ayala Tello, del Juzgado de Paz de El Estor, atendiendo los reclamos por supuestos delitos medioambientales.

Un comunicado firmado por el Comité de Unidad Campesina (CUC) asevera que dicha sentencia aún no está firme, ya que está siendo revisada en un recurso extraordinario de casación. “A pesar de esto, el Juzgado de Paz ha procedido con la ejecución del desalojo”, denuncia la organización que es acompañada por articulaciones sociales a nivel internacional.

Resalta que desde la Finca Tzinté se provee de racimos de frutos frescos a la procesadora Pataxte, al sur del Lago de Izabal y propiedad de Naturaceites, quien a su vez vende el aceite de palma a Ferrero, la tercera empresa de confitería de chocolate más grande del mundo.

“Está claro que la ejecución del desalojo es promovida por una orden judicial que presenta evidentes de irregularidades. La finca Tzinté, en la que habitan estas familias, es parte de un grupo de propiedades bajo investigación judicial por diversas irregularidades, investigación que hasta la fecha no ha avanzado. Estas acciones son promovidas por los poderes ocultos que tienen cooptado a jueces y cortes corruptas que avalan estas ordenes ilegales”, asevera el CUC.

Para agravar la situación, de acuerdo a testimonios recabados por el periodista Carlos Ernesto Choc, además del desalojo existen siete personas con órdenes de captura, tres de ellas mujeres, lo que mantiene a los campesinos en estado de alerta.

En estado de alerta

En el año 2019, durante el intento de desalojo de la comunidad Plan Grande y el caso de criminalización contra Abelino Chub Caal, el historiador Harald Waxenenecker presentó un peritaje para coadyuvar en el proceso penal de Chub Caal, perseguido por las empresas Inversiones Cobra S.A y Bananera de Izabal S.A, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya.

En su estudio, el historiador demuestra el entretejido familiar-empresarial de los Arriaga por medio del cual consiguió el título de propiedad de las fincas donde ahora producen palma de aceite. El documento “Relaciones sociales de poder y apropiación de recursos naturales y de la tierra en El Estor, Izabal” detalla que fue gracias a los beneficios otorgados a empresarios y militares, durante y después del conflicto armado interno (1960-1996), lo que les permitió a los Arriaga apoderarse de grandes extensiones de tierra.

En ese contexto, las afectaciones no se limitan a la comunidad de Plan Grande, -como en el caso de Chub Caal-, ni de Buena Vista solamente. Habitantes de la comunidad maya Q’eqchi’ de Chapin Abajo, al sur del lago de Izabal, aseguran que sus tierras también fueron despojadas durante los años de la guerra por lo que actualmente mantienen procesos de recuperación de sus tierras ancestrales. 

En entrevista con Avispa Mídia, Pedro Cuc Pan, autoridad ancestral de Chapín Abajo asegura que en días previos recibieron información, cuya fuente se mantienen en anonimato por seguridad, sobre el desalojo de Buena Vista y el preludio de nuevas agresiones por parte de la agroindustria, en complicidad con el poder judicial guatemalteco a través del Ministerio Público (MP).

Desde el pasado viernes (17), autoridades ancestrales de comunidades alrededor del Lago de Izabal emitieron la denuncia sobre las amenazas de desalojo. Peor aún, aseguraron que la empresa Naturaceites pretende capturar o asesinar a líderes comunitarios.

Cuc Pan detalla que, de acuerdo a la información obtenida, el plan de la agroindustria es detenerlo junto con Pedro Choc Ico y Mariano Choc Bol, también autoridades Q’eqchi’. Según Cuc Pan, si no logra capturar a las autoridades ancestrales, la empresa Naturaceites está dispuesta a contratar sicarios para ordenar su asesinato.

El indígena Q’qechi’ sostiene que estas amenazas ocurren en un contexto de intimidación, debido a que, desde el mes de enero de este 2024, han escuchado detonaciones provenientes de un embarcadero naval cercano. Cuc Pan asegura que los disparos son realizados con armas de grueso calibre. 

“Nos pueden capturar, asesinar un par de nosotros, no importa, de todos modos tenemos hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas, niños y niñas que se le están inculcando sobre estos derechos históricos”, destaca la autoridad, pues asegura que las tierras son propiedad indígena, “no como lo dice un documento, sino como lo declara la historia”.

Por su parte, la mañana de este jueves (23), autoridades ancestrales de Iximulew -con la participación de pueblos mayas, xingas y garífunas-, se pronunciaron contra el que calificaron como “desalojo ilegal” de las 29 familias de Buena Vista Tzinté.

Mediante comunicado, el Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ del Estor condenó las violaciones a los derechos humanos cometidos por el MP y la jueza Ayala Tello, así como declaro como non grata a la Fiscal General, Consuelo Porras.

“Alzamos nuestra voz como autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ en el territorio y exigimos el respeto a nuestros derechos, especialmente al MP, que está al servicio de la corrupción, del crimen organizado, de terratenientes y empresas extractivas, como también de jueces cooptados y que criminalizan a las y los hermanos quienes defendemos la Madre Tierra y los territorios”, sostienen en el documento, y exigen un alto a los desalojos y criminalización.

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Comunidades indígenas de Xapuri, en la Amazonía brasileña, han denunciado esquemas de despojo de tierras impulsados por entes financieros internacionales. Foto: GRAIN.}

El Banco Mundial anunció durante su Conferencia sobre la Tierra, realizada entre el 13 y 17 de mayo, en Washington, Estados Unidos, que aumentará de 5,000 millones de dólares a 10,000 millones de dólares, en el transcurso de los próximos cinco años, sus inversiones en gestión y en estrategias para garantizar la tenencia de la tierra en todo el mundo. 

Acorde al discurso oficial de representantes del órgano financiero, el objetivo del banco es ayudar a los países en desarrollo a lograr la seguridad de la tenencia de la tierra para todos los hombres y todas las mujeres.

Más específicamente, las discusiones en la conferencia giraron alrededor de la necesidad de garantizar la tenencia de la tierra en todo el mundo para viabilizar los proyectos que visan a mitigar el cambio climático y promover la “transición energética”.  

“Estamos trabajando en 28 países el tema de la tierra, y queremos duplicar esta cifra”, dice Juergen Voegele, vicepresidente del Banco Mundial. El órgano ha invertido 38,600 millones de dólares, durante el 2023, en iniciativas relacionadas con el clima en los “países en desarrollo”, de manera que es la principal entidad de financiamiento internacional en temas relacionados a la “transición energética”, dentro de los lineamientos del Acuerdo de París.

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Durante la conferencia, en medio a discursos impregnados de un tono filantrópico que predicaban la necesidad de proteger las tierras indígenas, el pragmatismo del mercado saltaba a los ojos. “Hasta hoy no hemos encontrado suficiente tierra para las inversiones en energía renovable que se necesita. Y no es simplemente que tenemos que lograr que las zonas rurales aborden el tema naturaleza, sino que necesitamos de lugar para inversión”, dice el ex director de medio ambiente del Banco Mundial Andrew Steer, hoy presidente de la organización Bezos Earth Fund, que ha financiado proyectos de conservación ejecutados por organizaciones conservacionistas internacionales como WWF y Conservation International.

No necesitan solamente de tierras. Necesitan que las tierras estén tituladas, ¿por qué? 

Las discusiones durante la conferencia trataron de responder. En resumen, lo que se menciona es que la mala gobernanza de las tierras, leyes pocos claras y la tenencia insegura de la tierra limitan la seguridad de la inversión y el acceso a financiamientos de proyectos climáticos. Las inversiones del Banco Mundial, por ejemplo, exigen que las tierras estén tituladas.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el mundo solamente el 30% de la población tiene un título de propiedad debidamente registrado de sus tierras. 

“Vimos que los registros de la tierra incompletos y desactualizados causan dilaciones y obstáculos al desarrollo de la infraestructura con la consiguiente consecuencia social que es el desplazamiento”, dijo. Con los recursos destinados a la titulación de la tierra por el Banco Mundial, “esperamos que se contribuya a la infraestructura necesaria que nos permita alcanzar los objetivos climáticos a nivel mundial”, sostiene el vicepresidente de infraestructura del Banco Mundial, Guangzhe Chen.

En el ámbito de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la máxima reunión de los órganos de negociación internacional de cambio climático, la necesidad de la reglamentación de las tierras también está presente. Tanto es así que los países acordaron destinar, en la COP 26, en Glasgow, 1,700 millones de dólares en tenencia de la tierra, recordó Andrew Mitchell, Ministro de Estado del Reino Unido, uno de los propulsores de la conferencia. 

Reglamentar para acaparar

Si para el Banco Mundial las acciones para garantizar la tenencia de la tierra han significado la seguridad de los negocios de grandes inversionistas, para organizaciones de productoras y productores de alimentos a pequeña escala, pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores, comunidades de base han significado el acaparamiento de tierras, en medio del desplazamiento de millones de personas en los países del Sur Global. 

La denuncia fue hecha por 94 organizaciones de todo el mundo pocos días antes de iniciar la conferencia. El banco ha promovido “la financiarización de la tierra, los bosques y la pesca, transformando los derechos tradicionales y consuetudinarios sobre la tierra en títulos privados listos para el mercado”, señalan las organizaciones en una declaración.

Exigen que el Banco Mundial se quede fuera de las tierras de las comunidades. “El Banco Mundial no sólo invierte directamente en proyectos de tierras, sino que también tiene un largo historial promocionando una gestión de los recursos naturales basada en una estrategia de mercado (…) al tiempo que facilita la privatización de los recursos naturales y su concentración en manos de élites y corporaciones con intereses propios”, sostienen.

La política de “reforma agraria asistida por el mercado” del Banco, con su modelo de “comprador dispuesto-vendedor dispuesto” que se impulsó en varios países en desarrollo, “aumentó la desigualdad de la tierra y la pobreza y creó las condiciones para la concentración de la tierra en lugar de su redistribución”.

Más recientemente, el órgano se ha convertido en un promotor de los mercados de carbono y otras medidas de mitigación del cambio climático con un enfoque de mercado. Es un actor importante en la creación de mercados mundiales del carbono a través de numerosos fideicomisos de carbono y mecanismos de financiación. 

“Estas medidas pretenden utilizar los territorios de las poblaciones como sumideros de carbono para los grandes contaminadores, permitiendo al mismo tiempo nuevas emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de los ecosistemas”, afirman.

Las organizaciones hacen un llamado a los Estados para que garanticen que el Banco Mundial se abstenga de influir en las políticas mundiales, regionales y nacionales relativas a la tenencia, la tierra y los territorios, así como al cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Además, que reorienten su financiación del Banco Mundial relacionada con la tierra y el cambio climático hacia las “soluciones verdaderas aplicadas por las personas y las comunidades en sus territorios”.

El 22 de mayo, a las 10:00 hora de México, 13:00 hora de Buenos Aires, se llevará a cabo este Pluriversario en español e inglés con traducción simultánea. Regístrate para obtener el link de Zoom Clacso. Colegas de Argentina, Mexico, India, Irlanda y España estarán conversando el tema. No faltes.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Marcha del pueblo Nasa con la Guardia Indígena al frente.} 

El departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, vive un contexto de emergencia humanitaria debido a diversos acontecimientos violentos contra poblaciones indígenas que, desde enero hasta abril de 2024, han escalado en la región. 

Así lo denuncian organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes hacen un llamado al Estado colombiano para accionar y garantizar la integridad ante los ataques que, consideran, violan la autonomía y derechos colectivos del pueblo Nasa.

Acorde al llamado de alerta, las comunidades permanecen en estado de vigilancia. Destacan el asesinato de la lideresa Carmelina Yule Paví, acontecido durante marzo y denunciado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Las poblaciones indígenas acusan a grupos armados, como el denominado “Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central”, agrupación de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como los responsables por el homicidio.

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La organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) detalla que esta situación de emergencia se inscribe en el contexto de la violencia armada que continúa afectando a pueblos indígenas tras la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre del 2016.

Según un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), durante el año 2023 más de 58 mil hombres y mujeres pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron víctimas de hostigamientos, confinamientos y desplazamientos forzados. El reporte resalta que los mayores perpetradores de violencia hacia los pueblos indígenas de Colombia fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 42,700 víctimas; Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional) con 6,551 y las disidencias de las FARC con 3,448.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estima que al menos 37 líderes indígenas fueron víctimas de la violencia en Colombia durante 2023. 

IPRI enfatiza en su informe de 2022 Violencia, impunidad y criminalización contra pueblos indígenas de Colombia, sobre la actuación de grupos armados dentro de los territorios de pueblos indígenas, “asesinando a guardias indígenas y autoridades, reclutando de manera forzada a niños, niñas y adolescentes indígenas, imponiendo confinamientos forzados y desplazando a personas indígenas de sus territorios”.

La organización de derechos humanos sostiene que el 90% de los casos permanecen en impunidad, lo que fomenta que los atentados contra las poblaciones indígenas se sigan perpetrando. “Las y los hermanos de los pueblos indígenas caucanos -mayoras y mayores, infancias y el propio territorio- no son actores del conflicto, sino víctimas del mismo y, como tales, merecedores de especial protección”, puntualiza IPRI.

Escalada

La escalada de violencia durante el pasado abril alcanzó niveles alarmantes con sucesos como el secuestro de comuneros nasa del Reguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá, según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). 

Ante la privación de la libertad de los comuneros Luis Ángel Liz y el menor de edad Estiven Quinto, la comunidad de Pisimbalá se movilizó y mediante la guardia indígena y miembros de la comunidad rescataron a los indígenas. En su denuncia, el CRIC enfatizó que ante estos hechos, “no permitirán más desarmonías en nuestros territorios”. 

El CRIC señaló como responsable por los daños físicos y psicológicos de sus comuneros al grupo armado Dagoberto Ramos y exhortaron a la comunidad internacional para pronunciarse para frenar la violencia sistemática contra los pueblos del Cauca.

En una carta de solidaridad desde México, organizaciones sociales sostienen que, solo entre el 1 de enero al 31 de marzo de este 2024, se ha registrado el asesinato de 26 personas en la región. En la misiva destacan que entre los homicidios se enuentran los casos de ocho sabedores ancestrales perpetrados durante los últimos dos años.

Además, externaron su preocupación en cuanto al reclutamiento forzado por actores armados de niños, niñas y/o adolescentes, menores de 18 años, la mayoría en el norte del Cauca. “En el año 2022 se llevó un registro de al menos de 250 casos, en el año 2023 al menos de 153 casos y en lo ocurrido del año 2024 se lleva un registro de 27 menores de edad reclutados”, detallan.

Las organizaciones internacionales comunicaron su apoyo a las decisiones tomadas por el Plan de Vida Proyecto Nasa (Toribio, Cauca), a las que se sumó la Cxhab Wala Kiwe-Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) para realizar control de su territorio, como administrar justicia para los responsables de estas graves vulneraciones, y “descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas con el objetivo último de defender la vida”.

Suspensión de cese al fuego

Estos actos violentos acontecen en un contexto de incremento de enfrentamientos entre grupos armados y cuerpos de seguridad en diversas zonas del Cauca luego de que, el pasado marzo, un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, suspendió el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) el cual había establecido una tregua entre el gobierno colombiano y las disidencias de las FARC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Ya en septiembre del 2023, disidencias de las FARC asaltaron el municipio de Jambaló, al norte del departamento, donde incluso robaron un banco y se enfrentaron a elementos de seguridad pública. Recientemente, el 17 de abril, otro grupo de disidencias de las FARC, conocido como “Carlos Patiño”, atacó la estación de policía de Jambaló donde asesinó a un soldado. Apenas el pasado domingo (12), el Frente Dagoberto Ramos liberó a dos fiscales, una civil y un soldado a quienes habían privado de su libertad desde el pasado 20 de abril.

Además, durante los primeros días de abril se reportó una emboscada en plena vía Panamericana que saldó con un policía muerto y siete heridos. Días después, el 12 de abril, un carro bomba fue detonado en las cercanías de la estación de policía del municipio de Miranda. La explosión dejó cuatro personas heridas, así como varias viviendas cercanas al lugar de la detonación, además de que provocó desplazamientos debido al miedo por nuevos enfrentamientos.

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

La laguna San Juan Acul hace parte de los cuerpos de agua del Refugio de Vida Silvestre El Pucté, al suroeste del departamento de Petén, norte de Guatemala, donde floreció la civilización Maya en el periodo clásico. La región, formada por bosques tropicales con gran cantidad de vida silvestre acuática y terrestre, es atravesada por ríos que desembocan en el mar caribe y en el Golfo de México, además de sus numerosos lagos y lagunas, como es la de San Juan Acul.

Una de las amenazas al refugio de la vida silvestre, así como a las otras siete áreas protegidas que existen en el suroeste de Petén, incluyendo sitios arqueológicos, es el monocultivo de palma aceitera. Quien admite este riesgo es el propio órgano ambiental de Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). “Este cultivo constituye una fuerte amenaza a la biodiversidad y un riesgo ambiental inminente para las áreas protegidas”, advierte el consejo.

Sin embargo, por lo menos la laguna San Juan Acul, de tres kilómetros cuadrados, está protegida contra la palma. En sus orillas viven alrededor de 180 familias en la comunidad llamada Cooperativa Manos Unidas. “Aquí la palma no entra”, dice uno de los miembros de la comunidad, Conrado Matul.

En las orillas de la laguna, donde la comunidad recibió al equipo de Avispa Mídia, Matul enseña la localización privilegiada de la comunidad. Al norte de Manos Unidas, “en la otra orilla de la laguna”, está el refugio de Pucté. “Allí donde pueden ver los árboles de tinto [especie que está en peligro de extinción]. Aquí nosotros estamos en su zona de amortiguamiento”.

También al norte, “atrás de estos árboles, está el río La Pasión, hay un brazo del río que se conecta a la laguna; más allá”, apunta y pregunta, “¿pueden ver?”, al tiempo que recuerda que en el año 2015 la laguna estaba de luto, pues aparecieron peces muertos. Fue considerado uno de los crímenes ambientales más grandes del país, provocado por la productora de palma Reforestadora de Palma de Petén S. A. (Repsa), que contaminó el río y provocó la muerte masiva de peces y otras especies de la fauna acuática, no solo en sus aguas, pero también en los cuerpos que alimenta.

Al sur de la comunidad Manos Unidas se ubica el Parque Arqueológico Dos Pilas, también señalado por la Conap como amenazado por la palma africana. La comunidad está en su zona de influencia. “Estamos entre áreas protegidas y vemos que hay una completa ausencia del Estado para vigilarlas y protegerlas”, alerta Matul.

La palma llegó a esta región entre los años 2002 y 2003. Las 99 caballerías (4 mil 450 hectáreas) de Manos Unidas están siendo acorraladas por la palma africana, especialmente al sur de la comunidad. “Están en nuestro entorno, pero nuestro territorio está limpio”, agrega Matul.

Además de la invasión de áreas protegidas, comunidades como Nueva Guatemala, Lo Veremos, Sepens, Pico de Oro, Las Arenas han aceptado proyectos de la palma y han vendido sus tierras. “Es lamentable, pero las personas fueron convencidas. Nueva Guatemala, por ejemplo, es tan chiquita y está aislada por la palma. Aquí la Tikindustria es la principal empresa que viene abarcando las tierras y sabemos que quieren más”, dice Fernando Ramírez, también miembro de Manos Unidas. 

En el plan maestro de las áreas protegidas del suroeste de Petén resalta la señal de alerta sobre la empresa Tikindustria, una empresa que nació en el año 2001, fundada por las familias Weissenberg Campollo y Weissemberg Ossaye. “Lastimosamente, el uso del suelo está cambiando rápidamente. La empresa Tikindustria ha adquirido enormes extensiones de tierra, para la siembra de palma africana y producción de aceite vegetal”.

Los habitantes de Manos Unidas listan una serie de impactos en su territorio por estar rodeados por la palma. Han notado, por ejemplo, que hay cambios en su sistema de producción. “Los frijoles, por ejemplo, aquí se planta en noviembre y se cosecha en febrero. El año pasado brotó una plaga que acabó con la producción de muchos campesinos. Nunca habíamos visto esta plaga aquí”, sostiene Ramírez. “Ellos utilizan veneno, este veneno no se queda solo en sus tierras, está en el ambiente, y eso cambia nuestra producción”, complementa.

En relación a afectaciones más directas a su territorio, los comunitarios de Manos Unidas están atentos y responden cuando hay una amenaza. Hace algunos años, Tikindustria quiso introducir un quinel en el río Charrilo, en territorio de Manos Unidas, para tirar los desperdicios de la fruta procesada, cuenta Ramírez. Este río desemboca en el río Coche y va a dar al río Petexbatún. “Así se va arrastrando la contaminación por los territorios. No lo permitimos. No se construyó”, sostiene Ramírez.

No fue por falta de intentos de la empresa que el monocultivo no entró en la comunidad. “La empresa palmera ha intentado convencernos. Ha buscado estrategias”, comenta Ramírez y agrega que les han ofrecido “proyectos, escuelas, perforación de un pozo, mejoramientos en general”.

Sin embargo, “Manos Unidos no ha cedido, no hemos aceptado ninguna clase de proyectos, porque es un tipo de compromiso que se asumiría con la palma africana”, señala.

Ya que de forma colectiva no hubo acuerdos, la empresa intentó entrar en Manos Unidos a través del convencimiento individual de sus miembros. Las tierras tienen título de propiedad colectiva y hace aproximadamente ocho años se organizó un grupo de 20 personas queriendo sacar el título de propiedad individual.

“Pero colectivamente tomamos la decisión de no aceptar. Sabemos que, si hubiéramos aceptado, estas tierras estarían inundadas de palma ahora. Fue todo un proceso, llegaron hasta donde pudieron llegar, pagando abogado. Pero no pudieron porque la organización de la comunidad fue muy clara en decir que no se aceptaba. Y, desde entonces, si ha respetado”, sostiene Ramírez.

Centro productor

La región norte de Guatemala, que abarca los departamentos de Petén, parte de Alta Verapaz y Quiché, es responsable por 57.78% del cultivo de palma africana en el país, de acuerdo con la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), en sus últimas estadísticas socioeconómicas, del año 2021. En la región norte existen 87 mil 400 hectáreas de plantación de palma africana, de las 180 mil 614 que existen en todo el país, siendo que solamente en Sayaxché, municipio donde está Manos Unidas, son 60 mil 869.22 hectáreas. De acuerdo al Central American Business Intelligence (Cabi), en 2021, Guatemala fue el tercer mayor exportador de aceite crudo de palma a nivel mundial.

Lo que sostiene

Justo en las orillas de la laguna San Juan Acul, Avispa Mídia lanzó a los comunitarios la pregunta: ¿dónde está la fortaleza para no ceder a la presión de la industria de la palma? La primera respuesta vino, sin pensar, de Ramírez. “En la mayoría de las comunidades ya se maneja la propiedad privada. Aquí mantenemos el título de la tierra colectiva. Así se mantiene más segura”, comparte con mucha seguridad. 

Los comunitarios atribuyeron toda la capacidad de resistencia, además, a la historia de Manos Unidas que fue, durante casi siete décadas, un proceso duro para tejer su colectividad. 

La comunidad se constituyó a finales de la década de 1960 como una cooperativa campesina, por personas del pueblo maya Mam y K’iche’ provenientes principalmente del altiplano de Guatemala, que buscaban tierras cultivables para instalarse. 

“La gestión para que se lograra estas tierras fue hecha por sacerdotes de los Estados Unidos que trabajaban en el occidente de Guatemala. Ahí nuestros padres y abuelos estaban siendo expulsados de sus tierras, entonces estaban buscando un lugar para poder tener sus propios cultivos”, explica don Julio Velásquez Hernández, representante de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de Manos Unidas.

Don Hernández, cuya familia vino del altiplano de Guatemala, de Quetzaltenango, llegó a la comunidad cuando tenía seis años de edad. “Mi padre estaba trabajando en las algodoneras de la Costa, parte de Escuintla. No tenían suficientes tierras en Quetzaltenango para plantar para la subsistencia. Así que mis papás decidieron venir”, recuerda.

De inicio se trabajaba la tierra en conjunto. Se sembraba maíz, frijoles, arroz. Se cosechaba junto y se repartía la cosecha entre las familias. Eso en los primeros 20 años de la cooperativa. Pero las familias fueron creciendo y “la familia que tenía dos miembros recibía lo mismo que una familia que tenía diez. Ya no alcanzaba para mantener a todos. Entonces se decidió que cada quien se haría cargo de su producción, se repartió en parcelas”, cuenta Don Hernández.

Aunque cada socio tiene su parcela para trabajar, la cooperativa mantiene el título colectivo de las tierras. En la parcela que “nos toca, cultivamos para la alimentación básica, también tenemos algo de animales”, dice. 

Como las tierras no pueden ser vendidas para personas de afuera, “logramos mantenerun equilibrio; cuando no tengo trabajo en mis tierras me voy a trabajar con otro compañero que, sí, tiene; lo mismo, cuando yo tenga trabajo puedo dar a otro compañero; siempre vamos a tener trabajo”, explica Don Hernández.

Lo que “vemos es que al vender sus tierras a las empresas de palma, la gente de las otras comunidades ya no tiene donde sembrar, entonces tienen que buscar alternativas para sostener sus familias, porque la palma no les da trabajo, o les da trabajo por cortos periodos, en la cosecha, por ejemplo”, señala el representante del Cocode.

La cooperativa también mantiene tres tiendas en la comunidad. “Se saca todos los gastos para el funcionamiento de la tienda, como sueldos de sus trabajadores y transporte de los alimentos. Lo que sobra de ganancia se reparte entre los socios y sus familias. Y lo que me toque a mí, también reparto a mis hijos, para seguir comprando en las tiendas de la cooperativa”, explica don Hernández.

La cooperativa posee además dos molinos de nixtamal. “Todos acudimos allí a hacer nuestra masa”, dice él. 

Manos Unidas mantiene 65% de su territorio cubierto por bosque. Están en tierras comunes de la comunidad, pero cada socio también es responsable por proteger el bosque en su parcela. “En casi la mitad de mi parcela mantengo el bosque”, dice don Hernández. En los bosques, la cooperativa desarrolla proyectos de apicultura y sistemas agroforestales. 

La cooperativa es formada por una junta directiva – el presidente, vice-presidente, secretario, vocal y tesorero. Son elegidos por sus 80 socios. La junta posee la comisión de vigilancia, la comisión agrícola, la comisión de educación. Además, están el alcalde auxiliar y el representante del Cocode, elegidos por la comunidad. “No dependemos del Estado. Somos una comunidad autónoma. Es la comunidad que vela por su misma gente”, dice Ramírez. 

Los abuelos y padres de Ramírez fueron unos de los primeros en llegar a Manos Unidas, también de Quetzaltenango. “Aprendemos y mantenemos toda esta fortaleza que trajeron estos señores, nuestros padres, nuestros abuelos, a estas tierras. La tomamos para continuar fortaleciendo nuestra organización. Tenemos la responsabilidad de velar por lo que nos fue dado”, dice Ramírez.

Conflicto para fortalecer

Manos Unidas sufrió con el Conflicto Armado Interno (1960-1996). “Aquí nos visitaba la guerrilla y también nos visitaba el Ejército”, sostiene el representante del Cocode. 

“Hacíamos reuniones a escondidas, privadas. Decidimos que ninguna persona podría aceptar ir con la guerrilla, ninguna persona podía aceptar ir con el Ejército. Mantuvimos la posición de no ir con ningún solo grupo”, dice Ramírez. 

“Por uno [una persona que adhería a la guerrilla] a veces venía el Ejército a terminar con toda la comunidad. Varias comunidades vecinas desaparecieron. Fueron destruidas completamente. Eso fue muy duro”, recuerda don Hernández. 

Manos Unidas nunca se rindió a ningún lado, afirman los señores. “Se fortaleció y tomó su posición de no salir de su territorio. Ahora es la palma la que busca despojarnos, pero ya vivimos otros momentos muy difíciles de los cuáles aprendimos a estar unidos”, concluye Ramírez.