^{En portada: Garífunas provenientes de distintas comunidades realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Ministerio Público para exigir justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes y el respeto de sus derechos territoriales ancestrales.}

César Benedict suelta una pequeña sonrisa y dirige su vista en dirección al mar. “Los traje al lugar mas bonito de Triunfo de la Cruz”, menciona, orgulloso de su presencia en estas tierras, donde a su alrededor se asoman plantas de yuca y cocos sembrados por mujeres y hombres de la comunidad garífuna.

Nos encontramos con César, miembro de esta comunidad en la Bahía de Tela, costa atlántica de Honduras, quien nos recibe en una de las zonas de mayor conflicto por el control de las tierras entre la comunidad afroindígena y sectores empresariales, principalmente de la industria turística.

La parsimonia de las olas del mar caribe que bañan este paraíso contrasta con el contexto de violencia y despojo que viven las comunidades garífunas. Entre los años del 2012 al 2022 han reportado 105 ataques contra sus miembros y sólo en lo últimos siete años han sido asesinadxs 25 defensorxs de los territorios garífunas.

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Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), esta situación se agravó después de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a esta comunidad garífuna y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

En Triunfo de la Cruz no existe la propiedad privada, pues cuenta con un título de dominio colectivo que prohíbe la venta a personas ajenas de la comunidad, pero en este paraíso de aguas cristalinas existen complejos turísticos de lujo que contrastan con las viviendas en la comunidad.

Invasión

“Acá hay una franja donde solo hay casas de millonarios, les molesta mucho cuando ellos nos miran aquí”, menciona César, indignado, pues argumenta que estas tierras le han pertenecido durante generaciones al pueblo Garífuna quien hace más de 225 años se estableció en las costas del caribe hondureño.

En el caso de Triunfo de la Cruz, la sentencia de 2015 ordenó al Estado de Honduras la demarcación de las tierras de propiedad colectiva de la comunidad garífuna, donde destaca una extensión de 408 hectáreas correspondientes al Bloque A1, tierras en disputa por la presencia de construcciones de personas ajenas a la comunidad, “de los poderosos del país, como es el caso de la familia Andonie”, ejemplifica César sobre uno de los grupos de mayor poder en Honduras que mantiene inversiones en sectores mercantiles, comerciales y políticos.

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Parte de las tierras en conflicto han pertenecido tradicionalmente al sector agrícola de la comunidad de Triunfo de la Cruz. “Aquí trabajaban nuestros ancestros, de acá nos hicieron crecer a varios de nosotros. Había mucho coco, siembra de yuca, de plátano”, relata César sobre la vida antes de la aparición de los megaproyectos turísticos y de las amenazas y violencias que vinieron en consecuencia.

Desde el año de 1950, el estado de Honduras otorgó títulos de propiedad a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz, por lo que la comunidad garífuna cuenta con 615 hectáreas en “dominio pleno” y 128 en “calidad de ocupación”. No obstante, pese a que desde el 2001 el Instituto Nacional Agrario de Honduras (INA) reconoció 408 hectáreas como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz, hasta la fecha estas tierras no han sido ni demarcadas, ni delimitadas, ni tituladas.

Además, entre los años 80s y 90s, la municipalidad de Tela realizó un proceso de ampliación del casco urbano mediante la cual incluyó tierras de la comunidad garífuna sin su aprobación. Según registra la sentencia emitida en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre agosto de 1993 y julio de 1995, la municipalidad de Tela vendió 44 hectáreas de tierra dentro del territorio ancestral de Triunfo de la Cruz, las cuales pasaron a manos de la empresa Inversiones y Desarrollos El Triunfo S.A. de C.V (IDETRISA) y de terceros para la ejecución del proyecto turístico Club Marbella. Este hecho elevó la conflictividad con persecuciones, amenazas y criminalización contra lxs garífunas que denunciaron la comercialización de su territorio ancestral.

“El mismo Estado se prestó para hacer títulos para los (empresarios) que supuestamente habían comprado y también entraron amenazado a la gente que estaba trabajando en esta zona. Cuando nos dimos cuenta, el Patronato estaba negociando con la municipalidad (…) estaban firmando acuerdos en nombre de la comunidad sin asamblea”, por esa razón, enfatiza César, los habitantes crearon el Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT) para así tratar los asuntos de tierras de manera separada a los patronatos.

En la actualidad y pese a la ilegalidad con que fueron erigidos, diversos complejos turísticos se promocionan en estas tierras caribeñas. Ejemplos sobran, como el hotel Villa Escondida que presume sus instalaciones de lujo con playa privada. También se encuentra el exclusivo desarrollo inmobiliario de 30 condominios denominado Playa Escondida, el cual fue construido dentro del territorio tradicional reclamado por la comunidad garífuna.

Destaca el proyecto estrella del plan turístico en la Bahía de Tela conocido actualmente como Indura Beach and Golf Development y que cuenta con cientos de habitaciones de cinco estrellas, club de playa, áreas verdes, un área comercial y un campo de golf profesional. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, este megaproyecto se construyó partir de agosto de 2005. A pesar de que fue realizado de forma inconsulta con la comunidad, el complejo hotelero se impuso, afectando a otras poblaciones garífunas, tales como la comunidad de Barra Vieja la cual ha sufrido ataques y amenazas de desalojo al encontrarse próxima a la entrada del hotel.

^{Aspectos de la comunidad garífuna Barra Vieja, la cual ha sufrido intentos de desalojo después de la inauguración del megarpoyecto turístico Indura Beach a finales de 2013. Fotos: Aldo Santiago y Renata Bessi}

“Ellos han entrado, atropellando los derechos de la comunidad, sin ninguna consulta y diciéndonos a nosotros que no somos hondureños”, comparte Benedict sobre la discriminación de los grupos de poder político y económico que han invadido los territorios garífunas.

Recuperaciones

Benedict, padre de familia y músico, también es parte de la resistencia de su pueblo al participar en el CODETT, organización creada hace décadas para encaminar los esfuerzos de sus habitantes en la protección de su territorio.

“Las amenazas usualmente vienen de los empresarios, los dueños de los terrenos que han acaparado. Cuando ellos sienten presión de parte de nosotros, pues mandan a sus guardias de seguridad a amenazar”, resalta el hombre garífuna al tiempo que advierte sobre la molestia de nuestra presencia en el lugar.

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Pese a la sentencia de la CIDH, el gobierno ha dilatado por años el proceso para devolver las tierras a la comunidad afroindígena, pues uno de los pasos para conseguirlo es mediante el “saneamiento” de los terrenos, es decir, de la obligación del Estado hondureño para pagar indemnizaciones por más de 100 millones de dólares a los supuestos propietarios, algo que el gobierno se ha negado a realizar.

Cansados de esta omisión, lxs garífunas de Triunfo de la Cruz decidieron actuar para recuperar su territorio. “Les dije a mis compañeros, vamos a tomarnos ese espacio, porque después vamos a tomar todo”, rememora César sobre el momento en el que decidieron retomar las tierras desde donde ahora conversamos.

Benedict afirma que, pese a que aquí las amenazas e intimidaciones contra las y los garífunas se suscitan a diario, en esta acción participan 56 familias de Triunfo de la Cruz, quienes cuentan con el apoyo de la OFRANEH. “La mayor lucha la están haciendo las mujeres, son pocos los hombres que estamos aquí”, recalca César sobre las recuperaciones.

“La mayoría han dicho que van hacer su casa, por eso es que no han cultivado mucho porque quieren poner su casa para pasar a vivir aquí”, detalla César sobre los planes de la comunidad garífuna para continuar con la lucha por el reconocimiento del territorio garífuna.

Este territorio forma parte del denominado Bloque A1, el cual según la CIDH si es devuelto a la comunidad garífuna posibilitaría una prolongación geográfica entre los distintos territorios reconocidos de Triunfo de la Cruz, pues “esa falta de continuidad entre los distintos territorios que le fueron otorgados, dificulta el correcto uso y goce de los mismos”.

Dos años sin respuesta

De acuerdo a la OFRANEH, sólo entre septiembre de 2019 y agosto del 2020 más de una docena de líderes garífunas fueron asesinados o desparecidos debido a su participación en procesos de defensa de sus territorios ancestrales. Uno de los episodios más trágicos sucedió en la comunidad de Triunfo de la Cruz.

El 18 de julio del 2020, mientras regía un estado de excepción bajo el pretexto de la pandemia por la Covid-19, un grupo de hombres uniformados como policías y militares y portando armas de alto calibre secuestró a cinco personas de la comunidad. De entre ellos, cuatro jóvenes: Albert Snaider Centeno, quien entonces se desempeñaba como presidente del Patronato de Triunfo De la Cruz, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix.

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César rememora el momento preciso de la mañana en que sacaron por la fuerza a su amigo Sneider de su hogar, pues personas de la comunidad llegaron corriendo a su vivienda para alertarle sobre lo que ocurría y el peligro de que también él, involucrado en la defensa de su comunidad, fuera capturado por los sujetos armados.

“Fue un momento muy difícil en mi vida”, menciona César al tiempo que cambia su semblante. Luego retoma el relato con enojo cuando aborda la respuesta de las autoridades. “Cada vez que vamos a buscar investigación, no hay, nada. Dejaron de comunicarse con nosotros. Hicieron un grupo que según ellos eran los que iban a investigar y hasta ahora hay silencio. Después de cumplidos dos años, las familias y la comunidad garífuna aún no tienen respuestas sobre su paradero”, lamenta Benedict.

Para el hombre garífuna aún son palpables las consecuencias que afectan a la comunidad. Tras el secuestro hubo personas que tuvieron que abandonar la comunidad y los jóvenes no quieren involucrarse en la organización debido al riesgo de otra posible agresión, pues existe el miedo latente de morir o ser desaparecido. “Es preocupante porque nosotros como jóvenes somos los que tenemos que defender esto”, afirma César en referencia al territorio ancestral garífuna.

Racismo institucional

El pasado martes (9), acompañadxs de tambores y cantos, las voces de 300 garífunas tomaron por sorpresa las instalaciones del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa. Al grito de “Vivos se lo llevaron, vivos los queremos”, lxs garífunas demandaron justicia en el caso de los cuatro jóvenes desaparecidos de la comunidad de Triunfo de la Cruz, así como la restitución de sus derechos territoriales ancestrales.

Para la OFRANEH, quien coordinó la acción y contó con apoyo de otras organizaciones y pueblos indígenas, es la falta de voluntad del Estado para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la CIDH lo que le convierte en responsable de la ola de violencia desatada en contra de lideres y lideresas de las comunidades garífunas.

Según la organización, las violencias contra lxs garífunas son “mecanismos de presión y hostigamiento para el vaciamiento y despojo de nuestros territorios lo cual ha generado masiva migración de la población Garifuna para entregar nuestras tierras a los narco­empresarios quienes hoy controlan y tienen intervenidas todas nuestras comunidades”.

Indignada porque ningún funcionario del MP recibió a lxs garífunas y frente a la puerta cerrada de Óscar Chinchilla, fiscal general, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, reclamó que desde julio de 2021 se apersonaron en el mismo lugar para solicitar una reunión con el funcionario debido a los nulos resultados en la investigación sobre el paradero de los cuatro jóvenes secuestrados. Hasta ese momento, enfatizó, nunca obtuvieron respuesta.

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En un video difundido por el medio Contracorriente, Miranda recalcó: “Hace dos años nos secuestraron a nuestros compañeros, y a siete años de la sentencia de la CIDH no ha existido voluntad del estado para cumplir la sentencia. Hoy tenemos seis meses de este gobierno y no vemos tampoco voluntad política”. Cabe recordar que, en agosto de 2020, la CIDH emitió una resolución dirigida al Estado de Honduras en la cual le ordena la protección de las comunidades garífunas, así como la búsqueda de los cuatro jóvenes desaparecidos de Triunfo de la Cruz.

Para OFRANEH la irresponsabilidad demostrada por el Poder Judicial es una manifestación más de racismo que desconoce los derechos ancestrales de autonomía y libre determinación del pueblo Garífuna. Por ello, ha exigido la creación de una Fiscalía Especial contra la Desaparición Forzada, así como la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (SUNLA en garífuna) como un ente de investigación independiente.

Territorios de lucha

“Triunfo de la Cruz es una de las pioneras en ese tema de la lucha, este territorio que han venido buscando quedarse con él, nuestros ancestros pues han luchado bastante por la permanencia de nosotros y no ha sido fácil”, rememora César Benedict sobre la historia de lucha que no ha cesado por parte de las comunidades garífunas desde hace décadas.

“Los nueve pueblos indígenas de Honduras, sino seguimos fortaleciendo la lucha pues nos van a desaparecer porque ya destruyeron lo que ellos tenían que son sus ríos y sus bosques. Como nosotros somos los únicos que conservamos nuestros ríos y nuestros bosques, y ahora se dieron cuenta que es dinero, ahora ya están inventando leyes, están metiéndole de todo para que puedan despojarnos de los pocos recursos que le quedan a Honduras. Los pueblos somos muy cuidadosos con la naturaleza y ahora vienen por esto”, asegura Benedict.

Pese a la tristeza por la violencia que ha sufrido Triunfo de la Cruz, César recobra el ánimo cuando habla sobre los planes que tienen para la recuperación de tierras, pues son ideas que compartía con su amigo Sneider. “Acá nosotros nos reunimos varias veces y nosotros decíamos que íbamos a fortalecer la lucha como jóvenes y él siempre venía acá, ponía su carro y decía: ‘esto lo vamos hacer una maravilla hermano, todo esto, vamos hacer que nuestra gente se venga para acá”, rememora.

^{Por Darío Aranda / Foto de portada: Hernán Vitenberg}

El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50 mil hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.

Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. “Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios”, afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.

En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50 mil hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.

Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el “cierre de tranqueras a las mineras” y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.

Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).

En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. “Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas”, destacó.

El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.

Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. “Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)”, se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.

Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.

María Cona Torres es “pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)”. Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. “En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros”, afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: “La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos”.

Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. “Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos”, explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: “La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país”.

Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de “hidrógeno verde”, que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá. “En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos”, explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: “Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio”. Recordaron que dentro de las 625 mil hectáreas “está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche”.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, ha ordenado al gobierno de Bolivia que indemnice al banco español BBVA con $105 millones de dólares tras la decisión de nacionalizar los servicios de administración de pensiones a través de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2009.

Fue el 10 de diciembre de 2010 cuando el Estado boliviano promulgó la Ley de Pensiones y, según la multinacional financiera, se inició un proceso de transición “en el que BBVA colaboró activamente para que la Gestora Pública boliviana asumiera sus funciones”, administrada por BBVA Previsión.

La creación de la Gestora Pública se formalizó en 2015 mientras que el gobierno de Bolivia pospuso el inicio de sus operaciones hasta marzo de 2019. Por ello, los demandantes, quienes nombraron a la argentino-brasileña Valeria Galíndez como su representante legal, sostuvieron que BBVA se convirtió en “rehén del Estado al no poder disponer de su inversión, sujeto a un marco jurídico inestable” en todo este tiempo.

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El tribunal internacional conformado por Stanimir Alexandrov (presidente), quien trabaja principalmente como árbitro en controversias entre inversionistas y Estados basados en tratados internacionales, determinó el pasado 12 de julio que Bolivia tenía que pagar 94,8 millones de dólares por concepto de indemnización y 10,2 millones de dólares por intereses, en relación a este supuesto retraso.

El CIADI argumentó que Bolivia violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito con España “al no otorgar un trato justo y equitativo a la inversión” y adoptar “medidas arbitrarias que la obstaculizaron”.

La respuesta de Bolivia

Bolivia ha anunciado que se prepara para responder al laudo internacional que le ordena indemnizar al banco español BBVA. “El Estado boliviano debe continuar con su defensa para que se tomen nuestros argumentos y las pruebas presentadas” declaró ante la CIADI el vocero de la Presidencia, Jorge Richter.

Por su parte Gabriela Alcón, viceministra de Comunicación de Bolivia, remarco las denuncias que recoge un comunicado emitido el 16 de julio de 2022, donde enfatiza que “el Gobierno boliviano acusa al Tribunal arbitral de no valorar las pruebas pertinentes presentadas”, agregando que, “a la fecha las entidades competentes del Estado, coordinan responsablemente las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales; al considerar, que este fallo no tomó en cuenta nuestros argumentos y pruebas de manera idónea”.

La Asociación Civil “Unidos por la Vida y el Ambiente” -UPVA- y la “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas” interpusieron una Acción de Amparo Ambiental contra el Estado Nacional de Argentina para que la justicia federal suspenda las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay, especialmente en el denominado “Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo (Pcia. de Buenos Aires).

“Resulta injustificable, y absolutamente contrario a derecho, realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca”, sostuvo Enrique Viale, firmante de la acción en carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

Las organizaciones afirman que estas obras deben suspenderse urgentemente por ejecutarse sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental, conforme el procedimiento legal obligatorio, de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación. Por tal razón, solicitaron preventivamente una medida cautelar que ordene al estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin EIA puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado.

Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabian Maggi, sostienen que la presente acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía.

Los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada.

En razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, ambas organizaciones solicitaron a la Justicia, disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como cauce principal, sin cumplir con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. A su vez, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa SERMAN S.A. no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar un grave conflicto de interés.

Finalmente frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial, las organizaciones amparistas solicitaron a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el “Comité de Cuenca del río Paraná”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República.