Como reportamos recientemente, los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Todo esto, con la participación activa de un grupo criminal denominado “Karma”, que itene vínculos tanto con ayuntamiento que durante años estuvo asentado ilegalmente en tierras ejidales, como con el grupo paramilitar Paz y Justicia que aterrorizó a la población en la segunda mitad de la década de 1990, como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado para destruir al EZLN.
Como denunciamos en junio de 2024, tanto el Estado como los medios de comunicación han hecho caso omiso de la historia de lucha por la tierra y territorio, así como el despojo y la violencia criminales orquestradas desde hace décadas por el mismo Estado contra el pueblo chol de Tila.
En un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena, el pueblo chol de Tila hace un recorrido histórico de dicha lucha, y exige el cumplimiento de las resoluciones legales a favor de los ejidatarios y el cese inmediato a la represión y criminalización.
A seguir, un resumen de la lucha histórica del Ejido Tila:
Antecedentes Históricos (1900–1936)
1900: El pueblo chol sufre su primer despojo de tierras por la finca Pensilvania Company Plantation, propiedad del finquero Maximiliano Rodemberg.
1910–1918: Con la Revolución Mexicana, los choles comienzan a organizarse políticamente y recuperan tierras. La gripe española de 1918 provoca la muerte de sus líderes.
1922–1934: El gobierno federal otorga resoluciones presidenciales, reconociendo el ejido de Tila con una superficie total de 5,405 hectáreas (2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 de la finca Pensilvania).
1936: Se realiza el reparto oficial a 836 ejidatarios, con reconocimiento legal conforme al artículo 27 constitucional.
Intentos de Despojo y Conflictos con el Municipio (1943–1980)
Desde 1943, el ayuntamiento municipal de Tila comienza a registrar casas y solares, invadiendo terrenos ejidales.
En 1966, el gobierno local intenta crear un “fundo legal” de 130 hectáreas dentro del ejido. Esto se formaliza con el Decreto Expropiatorio N.º 72 (1980).
Ejidatarios impugnan el decreto, lo consideran una expropiación fraudulenta.
Conflictos Agrarios y Represión (1980–2000)
En 1981, los caciques locales y autoridades estatales retoman el poder mediante violencia y conflictos armados, despojando más tierras.
Represión constante: Arrestos arbitrarios, destrucción del patrimonio ejidal, instalación de mercados sin permiso y apropiación de espacios ejidales.
Entre 1990 y 2000, líderes ejidales, activistas y comunidades enfrentan hostigamiento, detenciones y amenazas.
Paramilitarismo y Manipulación Institucional (1994–2015)
El grupo Paz y Justicia y otros grupos paramilitares son usados para controlar el territorio y reprimir a los ejidatarios.
Autoridades locales manipulan elecciones de comisariados y falsifican documentos para legitimar su control sobre el ejido.
Se intentan imponer proyectos sin el consentimiento de la asamblea (subestaciones, auditorios, mercados, etc.).
Resistencia Legal y Sentencias de Amparo (2008–2018)
En 2008, se presenta el amparo 259, y en 2018, la Suprema Corte determina que:
Nunca existió legalmente un fundo legal en Tila.
Las 130 hectáreas son parte del ejido y pertenecen a los 836 ejidatarios.
El Decreto 72 de 1980 fue inconstitucional y se declara insubsistente en 2019 por el gobernador Rutilio Escandón.
Corrupción, Falsificación y Violencia (2018–2023)
Autoridades estatales y federales en complicidad con el grupo paramilitar “Karma” y líderes corruptos intentan desconocer las resoluciones judiciales.
Se falsifican firmas y se nombra ilegalmente a comisariados como Miguel Vázquez Gutiérrez.
Bloqueos, enfrentamientos armados y asesinatos ocurren, especialmente en 2020 (3 muertos), con impunidad total para los responsables.
Persecución Reciente y Violaciones a Derechos (2021–2023)
Continúa la persecución armada contra líderes y habitantes del ejido.
Se identifican agresores armados relacionados con el grupo “Karma”.
El 13–14 de julio de 2023, se documenta el ingreso del gobierno estatal con el grupo armado, violando múltiples artículos constitucionales y de la Ley Agraria.
Se denuncian órdenes de aprehensión fabricadas contra inocentes y nula acción contra los agresores.
Demandas del Ejido
Cumplimiento íntegro del amparo ganado en 2018.
Cancelación del decreto expropiatorio y todo acto derivado del “fundo legal”.
Respeto a la autonomía del pueblo chol, reconocido por la Constitución (art. 2 y 39), convenios internacionales (OIT 169), y por la Suprema Corte.
Cese inmediato a la represión y criminalización de ejidatarios.
En un comunicado, el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno, en complicidad con la organizción criminal Karma que opera en la región.
Como hemos reportado desde hace años, el conflicto de Tila se deriva de la lucha por la defensa de la tierra y el territorio ante el despojo territorial por parte del ayuntamiento, vinculado a los grupos paramilitares que tanta muerte ocasionaron sobre todo en la década de 1990, y ahora con el crimen organizado. El CNI denuncia que la violencia actual ha sido producto de las acciones tanto del gobierno federal como del estatal y local, que buscan desarticular la resistencia para garantizar el control político y territorial.
Ahora, denuncian la criminalización de los miembros del CNI, con carpetas de investigación falsas, órdenes de aprehensión sin delitos, y detenciones arbitrarias, cateos de viviendas y robo de pertenencias por parte de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal.
Al mismo tiempo, denuncian el uso de las redes sociales para calumniar y criminalizar a los miembros del CNI y provocar conflictos y violencia entre los habitantes. En particular, denuncian las páginas de Facebook “La voz bilingüe del pueblo”, “Vecinos Tila Chiapas”, “Petalcingo sin censura” y “Denuncias anónimas”, exigiendo que se investiguen y sancionen a los administradores de dichas páginas.
En portada: Pobladores de Tila durante el ingreso de elementos del ejército tras días de enfrentamientos en el ejido.
En el municipio ch’ol de Tila, al norte de Chiapas, pobladores viven días sumidos en la violencia criminal, lo que ha provocado el desplazamiento de miles de familias hacia comunidades como Petalcingo y Yajalón, cerca de la frontera con Tabasco.
Familias ejidatarias, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), denuncian que, entre los días 4 y 7 de junio del 2024, un grupo armado autodenominado “Karma” ingresó al poblado detonando armas de alto calibre. Mediante pronunciamiento titulado “El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno”, difundido el pasado martes (11), ejidatarios de Tila aseguran que “no pudieron mantener la paz ya y la gente respondió” al ataque criminal.
Para entender la violencia actual, necesitamos recorrer el pasado y las diferentes luchas de los ejidatarios de Tila, quienes, en su reivindicación por el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos, han sufrido represión por décadas.
Despojo
Ejidatarios de Tila resaltan que la violencia actual tiene sus orígenes en marzo de 1966, cuando el Cuerpo Consultivo Agrario, perteneciente a la Secretaría de la Reforma Agraria, intentó modificar el plano y decreto presidencial de julio de 1934, el cual otorgó a la población ch’ol su derecho sobre la tierra estableciendo legalmente al ejido Tila.
El objetivo era imponer un fundo legal -figura agraria jurídica que permitiría el control de 130 hectáreas de tierras por el municipio de Tila, quitandole su característica de propiedad social – para la instalación y operación del ayuntamiento, pues antes operaba en la comunidad de Petalcingo, en el mismo municipio, a poco más de 10 kilómetros de distancia.
En estos años, destacan las movilizaciones y batallas legales, como la que desde el año 1982 mantienen los ejidatarios. En ese año, promovieron el amparo 259/1982 para denunciar el despojo de su territorio y reivindicar la propiedad social del ejido, demanda que hasta diciembre del año 2008 obtuvo una sentencia favorable por parte del juzgado primero del distrito del Estado de Chiapas, el cual resolvió amparar y proteger el ejido de Tila, ordenando con ello la restitución de las tierras.
Fotos: Agencia Subversiones
La abogada Aracely Olivos, quien acompaña el caso, detalla que durante los 26 años, desde que se presentó la demanda de amparo hasta la sentencia, el municipio de Tila otorgó ilegalmente propiedades, como si se trataran de propiedad privada, a muchas personas, tanto avecindadas como ajenas al ejido.
Esta situación, contextualiza la litigante, generó tensión entre los pobladores pues el ayuntamiento argumentó su imposibilidad para cumplir con la restitución de tierras debido a la presencia de estas propiedades privadas. Ante ello, los ejidatarios recurrieron a un incidente de inejecución de sentencia -recurso utilizado cuando la autoridad responsable no cumple con la resolución- dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual se mantuvo sin resolución hasta el año 2018.
En este periodo se presentaron peritajes antropológicos, sociológicos y jurídicos; inclusive el sociológo mexicano, Rodolfo Stavenhagen, quien fungiera como relator de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, presentó un amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión jurídica) que desarrolla la historia y la dimensión antropológica del ejido y el pueblo ch’ol. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez también proporcionó otro amicus curiae para abordar el derecho de los pueblos indígenas, proponiendo su incorporación en la resolución.
Acorde a la abogada, la SCJN aseguró desconocer cuantas propiedades están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Federal, lo que le permitiría saber a cuántas personas se afectarían con la restitución de tierras a los ejidatarios, esto a pesar de que, señala la litigante, los más afectados son los habitantes del ejido, “pues ahí estamos hablando del derecho al territorio como una forma de darles continuidad histórica a los pueblos originarios”.
Mediante esta acción, el grupo que se conoce como “los legales” consiguieron la representación de miembros afínes para ocupar la Presidencia del Comisariado y el Consejo de Vigilancia del municipio.
La abogada Olivos relata que, una vez concretados éstas inscripciones ante el Registro Agrario Nacional (RAN), “los legales” se presentaron ante el juzgado en la capital chiapaneca para solicitar la personalidad jurídica que les permite acceder al expediente que desde 2018 se encuentra en su poder tras la resolución de la SCJN.
Por esta situación, el equipo legal que acompaña al ejido Tila no tiene acceso a los archivos judiciales. “Hemos insistido ante el juzgado, que ha sido muy negligente, en decirles que se trata de un ejido indígena y que por tanto debe tomar en cuenta su derecho de libre determinación y su jurisdicción sobre el territorio, lo que implica que su derecho es igual de válido que un registro administrativo ante el RAN”, reclama la abogada, quien señala que esta situación no permite que el caso avance en los tribunales.
En este contexto, ejidatarios de Tila han denunciado en múltiples ocasiones la usurpación actual de Eduardo Gutiérrez Martínez, como presidente del comisariado ejidal, a quien responsabilizan de la inestabilidad y violencia en el ejido ch’ol.
Paramilitares y crimen
Tras décadas de omisiones y sentencias incumplidas, fue el 16 de diciembre del 2015 cuando la Asamblea Ejidal expulsó al ayuntamiento del territorio indígena, ejerciendo su derecho al autogobierno y a la autonomía ejidal, en el marco de su derecho a la libre determinación como pueblo originario.
Pobladores del ejido Tila durante el primer aniversario de la expulsión del ayuntamiento y el ejercicio de la autonomía indígena. Foto: Agencia Subversiones.
En ese momento, los ejidatarios expulsaron a la pareja compuesta por Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y su esposa, Sandra Luz Cruz Espinosa, ambos militantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quienes ocupaban, alternadamente, la presidencia municipal. Es debido a la expulsión de los caciques, que los ejidatarios han sido objeto de agresiones y violencia por parte de quienes defienden la operación del ayuntamiento en tierras del ejido de Tila.
Gutiérrez y Cruz son señalados por mantener nexos con el grupo paramilitar conocido como “Paz y justicia”, financiado y entrenado por el ejército mexicano en el contexto del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el año 1994.
Como documenta Dante Saucedo, pese a que entre los años 2000 al 2010 fueron detenidos varios integrantes del grupo armado, estos mantienen vínculos con el grupo que actualmente genera la violencia contra los ejidatarios en Tila. Resalta el caso de Juan José Díaz Solórzano, ex presidente municipal, detenido en 2010 en posesión de 3.5 millones de pesos destinados a apoyar la campaña de Sandra Luz Cruz Espinosa para ocupar el ayuntamiento. Actualmente, Limber Gregorio Gutiérrez Gómez se mantiene como alcalde de Tila, pero opera desde El Limar, a 30 kilómetros del ejido ch’ol.
En su pronunciamiento del martes (11), los ejidatarios destacan su lucha pacífica frente al contexto reciente de dolor y terror que se vive en el ejido. En el documento enfatizan que, desde 2008 y pese a las agresiones, han mantenido la calma, pero después de denunciar insistentemente la incursión del crimen organizado en el ejido, “ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol”.
La incursión violenta del grupo criminal en junio es la mas reciente de una serie de agresiones contra los ejidatarios, algunos quienes han desempeñado cargos ejidales para la defensa de la autonomía indígena y donde destaca Carmen López Lugo (integrante del comisariado ejidal, entre los años 2018 y 2021) y quien fuera asesinado en enero del 2024.
Autoridades ejidales durante el segundo aniversario de la expulsión del ayuntamiento. Foto: Agencia Subversiones.
Desde finales del año 2023, ejidatarios de Tila denunciaron las acciones del grupo criminal “Karma”, el cual sostienen opera en complicidad con el ayuntamiento y es responsable por los asesinatos del ex comisariado ejidal, así como de Domingo Lugo Ramírez, éste último ocurrido en marzo del 2024. Miembros del CNI, sus familias aseguran que fueron amenazados y después ejecutados con toda impunidad.
“Estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querían ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal”, acusan los ejidatarios.
Violencia en incremento, omisión de autoridades
Acorde a registros de los ejidatarios de Tila, entre los meses de mayo y junio del 2023 se suscitaron diversas acciones que daban cuenta de la incursión de grupos criminales en la región. Es en esa época que, por primera vez, avistaron hombres encapuchados portando armas de uso exclusivo del ejército, tales como rifles AR-15, mientras se desplazaban en camionetas por el ejido ch’ol.
El 13 de octubre de ese año fueron asesinados dos jóvenes, hijos de ejidatarios de entre 17 y 19 años, cuyos homicidios, aseguran los ejidatarios, fueron perpetrados por personas vinculadas a grupos paramilitares, ahora convertidos en delincuencia organizada. Mediante comunicado, los ejidatarios responsabilizaron a funcionarios municipales como el contador Rodrigo Martínez Parcero, vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación y al grupo Karma, señalado como uno de los responsables por iniciar las agresiones del pasado 4 de junio.
Jóvenes indígenas, integrantes de la Guardia Ejidal de Tila durante el segundo aniversario de la expulsión del ayuntamiento. Foto: Regina López.
Destaca también las agresiones durante la madrugada del 11 de noviembre del 2023, cuando el grupo armado intentó prender fuego a la casa del primer comisariado Ejidal. El mismo día también intentaron quemar la casa del ex comisariado y durante la noche dispararon contra la casa de un profesor, miembro activo del ejido.
Tras la sucesión de las agresiones es que los hombres armados colgaron una manta en la que se identifican como “Grupo Karma” y mediante la cual amenazaban a todas las personas que han tenido cargos ejidales, en el contexto de la autonomía, para abandonar el ejido.
A partir de ese momento, relata la abogada Olivos, para los ejidatarios quedó claro que no solo es un contexto de entrada del crimen organizado, “que se combina con las tensiones internas, sino que el grupo criminal va en contra de los líderes ejidales”. Esto quedo comprobado con el asesinato de las autoridades ejidales durante los primeros meses del 2024, pese a que desde noviembre del 2023 la Fuerzas Armadas acordaron realizar patrullajes para garantizar la seguridad de los ejidatarios.
Según los ejidatarios, el grupo Karma busca adquirir el control territorial en el ejido Tila para asegurar las extorsiones y el cobro de piso, así como actividades criminales vinculadas al tráfico de drogas en un territorio de relevancia en la zona norte que conecta con Tabasco y el Golfo de México.
Mediante su pronunciamiento, los ejidatarios de Tila denuncian también la cobertura mediática desplegada en medios masivos durante los recientes sucesos violentos. Esto debido a que consideran que se habla de “los autónomos” equiparándolos como criminales, a pesar de que “la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal”, sostienen.
Desplazamiento
Mientras tanto, un pronunciamiento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT), fechado el viernes 7 de junio, asegura que el actual escenario de violencia tiene antecedentes, “que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento”.
Asamblea de familias desplazadas realizada en Yajalón. Foto: Orsetta Bellani.
De acuerdo a diferentes reportes se contabilizan más de 5 mil personas desplazadas por la violencia en el ejido Tila. Mientras el edil de Yajalón asegura que 1,800 personas se refugian en dicho municipio, otras 4 mil permanecen en el ejido Petalcingo, del mismo municipio de Tila.
Ante el terror desatado en Tila los últimos días, los medios de comunicación se han enfocado en culpar a un presunto grupo delincuencial que denominan “los autónomos”, sorprendentemente, sin ofrecer ningún contexto histórico ni mencionar la creciente violencia que se ha vivido en Tila los últimos años. En esas coberturas, no se hace ninguna mención de la larga lucha de los ejidatarios para recuperar las 130 hectáreas ocupadas ilegalmente por el ayuntamiento; la ya largamente denunciada complicidad de dicho ayuntamiento con el grupo del crimen organizado “Karma” y el vínculo del mismo con el brutal grupo paramilitar “Paz y Justicia”, que en la década de 1990 causó tanta muerte; las múltiples agresiones por parte de dicho grupo en tiempos recientes, que culminaron con el asesinato de dos ex autoridades del ejido, Carmen López Lugo y Domingo Lugo Ramírez, miembros del Congreso Nacional Indígena, en enero y marzo de este año.
Dichas coberturas abonan a la destrucción de la autonomía, tan cuidadosamente construida, y el retorno ilegal del ayuntamiento, vinculado tanto al paramilitarismo de los 1990 como a su versión contemporánea narcoparamilitar por medio del grupo “Karma”. Las palabras del presidente López Obrador en su conferencia mañanera, que afirma que se trata de disputa entre los mismos pobladores “que no se han podido armonizar”, levanta la sospecha de complicidad por parte del gobierno federal con el ayuntamiento y sus vínculos con el crimen organizado, y su determinación de destruir cualquier intento de autonomía por parte de los pueblos organizados.
Ante tal avalancha de desinformación, los ejidatarios adherentes al Congreso Nacional Indígena publicaron un comunicado, que reproducimos abajo.
El terror de los grupos delincuenciales del mal gobierno
Ejido Tila, Chiapas a 11 de junio del 2024
A la opinión publica A las organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales A los medios de comunicación nacional e internacional A los pueblos originarios en defensa de la tierra, el territorio y la vida Al Congreso Nacional Indígena Al Consejo Indígena de Gobierno
Reciban un saludo de parte de las familias ejidatarias organizadas que formamos parte del Congreso Nacional Indígena. Queremos alzar la voz para denunciar lo que se encuentra sucediendo en nuestro Ejido Tila porque hemos venido denunciando el grupo delincuencial Karma, que es apoyado por el Ayuntamiento Municipal y ha venido actuando impunemente porque han estado matando a ejidatarios, entre ellos a nuestros compañeros Carmen López Lugo el 12 de enero y Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, a quienes primero los señalaron y luego los ejecutaron con toda impunidad.
Por eso el martes 4 de junio pasado el grupo delincuencial Karma se presentaron armados detonando armas de alto calibre y provocaron que quienes están actualmente como autoridades ejidales ya no pudieran mantener la paz ya y la gente respondió a todo lo que han estado ocasionando.
Estas últimas semanas han sido de dolor y terror en el Ejido Tila. Luego de que se denunciara insistentemente la entrada del crimen organizado a nuestro territorio, los asesinatos de compañeros y las amenazas; ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol. (Ver también: Saucedo, Dante. “Paramilitarismo y crimen organizado: la guerra contra el Ejido Tila“, Este País, 25 de enero de 2024).
Queremos hacer un pronunciamiento enérgico en reconocimiento de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas que han hecho diversas personas del Ejido Tila. En esta comunicación resaltamos y reconocemos la labor de defensa de los derechos de los pueblos indígenas que a lo largo de muchos años han realizado dichos compañeros.
La lucha de estos compañeros se ha desarrollado principalmente por la vía pacífica y jurídica. Varios de ellos han tenido cargos ejidales, algunos han mantenido liderazgos históricos que han guiado el camino del Ejido Tila; siempre nos han enseñado la defensa jurídica y política de los derechos a la libre determinación y autonomía, al territorio y al acceso pleno a la justicia.
Aclaramos que quienes pertenecemos al CNI que habíamos sido autoridades ejidales desde 2008 siempre mantuvimos la calma a la asamblea para no caer en las provocaciones, aunque fueron muchas las provocaciones. Somos defensores de derechos humanos de nuestra tierra y territorio y asì fuimos construyendo la autonomia ejidal desde el 16 de diciembre en que se expulsó al ayuntamiento del territorio ejidal porque tenemos el amparo ganado y su inejecución ganada en la Suprema Corte de Justicia. Por eso seguimos exigiendo la plena restitución de las 130 hectáreas que no son cabecera ejidal y ya fue determinado.
Todos estos últimos años hemos denunciado toda la impunidad del ayuntamiento, pero como son apoyados por el gobierno, pudieron seguir provocando el problema tan grande que se ocasionó al dia de hoy. Lo pueden ver en todas las denuncias que hemos realizado pero que el mal gobierno nunca hizo caso de parar a sus grupos porque querìan ocasionar una desgracia como la que ya provocaron para buscar el pretexto de regresar al territorio ejidal.
Denucniamos la cobertura mediática que se habla de “los autónomos” como criminales, pues la autonomía es un derecho que hemos ejercido con apego al marco constitucional y en vista de la incertidumbre jurídica en que nos ha mantenido el Poder Judicial Federal.
Todas las autoridades que recientemente han intervenido en el territorio que ocupa el Ejido deben conocer esta información y evitar cualquier daño a su seguridad, libertad, integridad personal e incluso a su vida.
Atentamente
Adherentes al Congreso Nacional Indígena Tierra y Libertad Ejido Tila Chiapas
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Ejido Tila Chiapas, México; a 15 de marzo de 2024
Denuncia publica
A la opinión publica
A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental
A los pueblos originarios en defensa de la tierra, territorio y la vida
A los compañeros y compañeras que luchan por la tierra a nivel nacional e internacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Denunciamos públicamente los diferentes asesinatos que ha suscitado dentro del Ejido de Tila como hemos denunciado públicamente al grupo llamado KARMA es un grupo delincuencial que en varias ocasiones hemos señalado y hemos denunciado ante la fiscalía del estado quienes tienen coordinación con representantes de los llamados legales supuesto comisariado legal Eduardo Gutiérrez Martínez, Miguel Vázquez Gutiérrez, y el intelectual de organizar es Francisco Pérez lopez.
Ante varios crímenes de ejidatario así como Moisés Álvarez Pérez quien a golpes lo mató Francisco Arturo Sánchez Martínez 30 de enero de 2022 Javier Pérez Pérez fue ejecutado con arma de grueso calibre a manos del C. Ildefonso García Gutiérrez con su hermano Andrés García Gutiérrez asi como los compañeros miembros del CNI Congreso Nacional Indígena, Carmen López Lugo que este 12 de enero fue ejecutado y el compañero profesor Domingo Lugo Ramírez este jueves 14 de marzo fue ejecutado cuando se dirigía a su labor de enseñanza a las 7:00 am , todos estos compañeros están muriendo a manos del grupo del que ante se llamaban COREFULE DE POTICHI , aliados al grupo MOPOR, y después se llamaron grupo KARMA que el pasado 12 de noviembre de 2023 pusieron una manta con los diferentes nombres de los compañeros que ahora están siendo ejecutados y ahora la están cumpliendo.
Así mismos denunciamos a las dependencias de gobierno, el registro agrario nacional que corruptamente dio nombramiento a Eduardo Gutiérrez Martínez en el periodo 2015 a 2018 y el mismo registro agrario nacional le da nombramiento a Miguel Vázquez Gutiérrez, para que no cause ejecutoria la inejecución de sentencia que después de tener su nombramiento se presentó ante el juez primero para negociar que con sacrificio los ejidatarios lograron y el mismo juez no ha hecho justicia al Ejido Tila lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación este 12 de septiembre 2018. Le dio la razón al Ejido Tila por su resolución presidencial y es propiedad legítima de los 836 ejidatarios básicos.
Todas esta muertes hacemos mención que los responsables es el grupo KARMA, Los legales, el juez primero de distrito, el registro agrario nacional, la procuraduría agraria y otras instancias de gobierno que solo están viendo como los delincuentes están matando a la gente campesina
que solo se dedican a defender lo que es tierra y territorio y la vida, a mano del grupo delincuencial aliados al actual gobierno desde el orden federal, estatal y municipal.
Por lo que alertamos a todas las organizaciones estén al pendiente de los que puede seguir sucediendo dentro del Ejido Tila por defender la tierra, territorio y la vida d e igual forma reciban un cordial saludos de parte de los ejidatarios de Tila, Chiapas
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
En el ejido Tila, este viernes, 12 de enero, a las 7:15 pm, miembros de un grupo narcoparamilitar conocido como Autodefensas KARMA asesinaron a Carmen López Lugo, ex presidente del consejo de vigilancia (2018-2021) y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI).
Este asesinato es una violencia más en una larga lista de agravios cometidos por este grupo delincuencial, que según los ejidatarios tiene vínculos con el ayuntamiento, con el grupo paramilitar Paz y Justicia y con otros grupos del crimen organizado.
Dicho grupo es liderado por la regidora plurinaminal del ayuntamiento municipal, Adelaida Martínez Parcero, y su hermano José Rodrigo Martínez Parcero, en coordinación con el supuesto comisariado Eduardo Gutiérrez Martínez, impuesto ilegalmente con falsificación de firmas, incluyendo las de ejidatarios ya fallecidos, como han denunciado los ejdiatarios repetidas veces.
El ejido Tila tiene una larga historia de lucha por la tierra, en particular para recuperar 130 hectáreas, ilegalmente despojadas en la década de 1980, donde se encuentra el poblado de Tila y donde de manera inconstitucional se asentó el ayuntamiento municipal. Fue desde ese ayuntamiento que, en la década de 1990, se coordinaron las actividades paramilitares del violentísimo grupo Paz y Justicia, como parte de la estrategia de contrainsurgencia del Estado ante el levantamiento zapatista. Es esa una de las razones por las que los ejidatarios han luchado tanto por recuperar esas 130 hectáreas y expulsar al Ayuntamiento. En 2008, el juzgado primero le dio la razón a los ejidatarios y ordenó la restitución de las tierras. Sin embargo, el gobierno del estado recurrió a todo tipo de argucias para incumplir con la determinación.
Así, en diciembre de 2015, cansados de los atropellos a la justicia, los ejidatarios decidieron expulsar al ayuntamiento de sus tierras por su propia cuenta, iniciando así un proceso de autonomía en la práctica. Se estableció el autogobierno según los usos y costumbres, se adquirieron vehículos para la recolección de basura, se puso en práctica la justicia autónoma y demás áreas de la autonomía. Ese mismo mes, los ejdiatarios denunciaron la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia por parte del presidente municipal Édgar Leopóldo Gómez Gutiérrez.
A pesar de que en septiembre de 2018 la Suprema Corte dictaminó la restitución de las tierras, el gobierno de Chiapas se ha rehusado a ejecutar la sentencia, recurriendo a una estrategia que combina imposición de autoridades ejidales espurias mediante falsificación de firmas, violencia directa por parte de grupos narcoparamilitares y una campaña de desinformación, de la mano del Comité Digna Ochoa, que culpa a las autoridades autónomas de la propia violencia cometida por dichos grupos, incluso acusándolos de pertenecer al EZLN. Es importante resaltar que dicho Comité Digna Ochoa ha sido vinculado tanto al grupo paramilitar Paz y Justicia como a los paramilitares de Santa Marta en Chenalhó, que durante años aterrorizaron a las comunidades de Aldama.
Desde hace ya varios años, el grupo delincuencial vinculado a los Martínez Parcero y al supuesto comisariado ejidal Eduardo Gutierrez Martínez ha realizado innumerbles agresiones, asesinatos, secuestros y destrucción de propiedad, como denunciado en un comunicado del pasado 23 de octubre de 2023, entre otros. En noviembre de ese año, el grupo Autodefensas KARMA atacó con armas de grueso calibre las casas del presidente del consejo de vigilancia y del ex comisariado ejidal, incendiando esta última, y posteriormente atacaron la casa ejidal. En el centro del poblado, muy al estilo del crimen organizado, colocaron una manta advirtiendo a los ejidatarios a abandonar el pueblo en un plazo de 12 horas.
Todas esas agresiones han sido denunciadas ante la Fiscalía del Estado y los tres niveles de gobierno, sin ningún resultado.
La violencia continúa. El día de ayer, mientras se realizaba la misa por el fallecimiento de Carmen López Lugo, tres personas fueron atacadas a tiros en una carnicería, falleciendo por lo menos una de ellas. Como siempre, en las redes sociales, se culpó a los ejidatarios autónomos, en consonancia con la campaña de desinformación.
La situación de violencia en el ejido Tila llega a niveles alarmantes en este inicio de año electoral, en el que los diferentes grupos del crimen organizado luchan por posicionarse en las diversas estructuras de gobierno. Mientras eso, los ejidatarios resisten con todo en contra. Cabe a la sociedad civil no caer en los juegos de desinformación y defender un proyecto de autonomía que ha sido ejemplo para toda la zona norte del estado de Chiapas, tan golpeada desde hace 30 años por la violencia paramilitar y, ahora, narcoparamilitar.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Ejido Tila, Chiapas, Meìxico; a 13 de enero de 2024
Denuncia publica
A la opinioìn publica
A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental
A los pueblos originarios en defensa de la tierra el territorio y la vida
A los companÞeros y companÞeras que luchan por la tierra a nivel nacional e internacional
Al congreso nacional indiìgena
Al concejo indiìgena de gobierno
Al ejeìrcito zapatista de liberacioìn nacional
Denunciamos puìblicamente los diferentes asesinatos que ha suscitado dentro del ejido de tila como se ha venido denunciando puìblicamente quienes forman parte del llamado KARMA es un grupo delincuencial formado por Joseì Rodrigo Martiìnez Parcero y su hermana Doctora Adelaida cruz de Santis Martiìnez Parcero ambos trabajadores de la secretaria de salud, cabe mencionar que Adelaida Martìnez Parcero es plurinominal del ayuntamiento municipal estas dos personas son los que lideran este grupo criminal dentro de ellos existe un grupo que en varias ocasiones se ha denunciado Arturo Saìnchez Saìnchez, Francisco Arturo Saìnchez Martinez, Clara Esmeralda Gordillo Estrada, Juan Lopez Lopez, Alfredo Perez Lopez, Rosalino Martiìnez Santiago, Marco Antonio Martinez Sanchez, Vicente Gomez Lopez, Eugenio Ramìrez Jimenez, Vicente Jimenez Ramiìrez, Cecilia Vazquez Lopez, Ocario Gutierrez Hernandez, Hector Vazquez Lopez, Amalia Sanchez, Marcos Sanchez, David Pineiro, Adauto Lopez Lara, Bartola Jimenez coordinados con el supuesto comisariado legal Eduardo Gutìerrez Martìnez y el corrupto Miguel Vazquez Gutierrez y el intelectual Francisco Perez Lopez como se vio que este grupo corrupto cuando marcharon para una supuesta paz algunos en el anexo cantioc sacaron su cartulina pidiendo una supuesta paz cuando es el grupo de aliado que ha estado asesinando dentro del ejido de Tila.
Ante todos estos asesinatos que ha pasado en el ejido Tila, se han denunciado ante la fiscaliìa del estado y los tres niveles de gobierno se ha hecho del oido sordo y se ve claro que sigue el mismo narco estado y narco gobierno donde el gobierno federal diciendo en sus mañaneras que el estado de Chiapas solo es un grupo de autodefensa, pero cuando la realidad los asesinatos a manos de grupos criminales siguen cada a diìa; este 12 de enero aproximadamente a las 7: 15 de la noche fue abatido a tiros miembro del CNI Congreso Nacional Indìgena y ex consejo de vigilancia en el periodo 2018 a 2021 de nombre Carmen Lopez Lugo por arma de uso exclusivo del ejercito calibre 9mm. A mano de integrantes del grupo Karma, este grupo se ha visto promoviendo a unos supuestos precandidatos a la gubernatura del estado de Chiapas de apellido SASIL y EDUARDO RAMIREZ AGUILAR, para que se den cuenta que tipo de personas quieren gobernar el estado de Chiapas son liìderes de la delincuencia organizada
Asi mismo denunciamos al jardiìn de niños del estado Marìa Montessori a este grupo les ha estado dando el empleo cuando llega el programa escuela es nuestra como bien sabemos que los servidores de la nacioìn son aliados al partido MORENA que gobierna Lopez Obrador es la misma corrupcion que los otros anteriores porque no respeta la autonomia de los pueblos originarios como saben que el ejido Tila habia cancelado todo proyecto y programa del orden federal pero este gobierno se pasa por encimas de la leyes constitucionales como los siguen mencionando ambas mujeres de MORENA Y la ALIANZA que buscan el poder apoyados por la delincuencia organizada tal como esta pasando en el ejido Tila y en otro pueblos que se mantiene en resistencia por la defensa de la tierra el territorio y la vida estan siendo asesinados por defender el derecho a la autonomiìa y la libre determinacioìn que los tres niveles de gobierno no le conviene.
Por lo que todos los pueblos les informamos se mantengan al tanto de lo que puede seguir pasando en el ejido de Tila como ha venido suscitando asesinatos y secuestro de personas.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Ejido Tila, Chiapas, México; a 17 de octubre de 2023
A los medios nacional e internacional no gubernamental
A las organizaciones nacional e internacional no gubernamental
Al centro de derechos humanos no gubernamental
Al congreso nacional indígena
Al consejo indígena de gobierno
A los pueblos que luchan por la tierra y el territorio
A los pueblos originarios en defensa de la madre tierra
De parte del ejido tila reciban un cordial saludo, a todos y a todas las y los hermanos en resistencia por la madre tierra.
En el ejido de tila se vive una tensa situación, a manos de grupos criminales, el pasado viernes 13 de octubre del presente año aproximadamente a la 7:30 de la noche a quemarropa mataron a dos jóvenes de nombre Juan Carlos Jiménez Jiménez de 19 años de edad y Oscar Pérez Pérez de 17 años hijos de ejidatarios de la comunidad de sañoja a mano de la delincuencia organizada, aliados a los pobladores quienes el 11 de septiembre de 2020 tiraron el portón para infiltrar negocios clandestinos como la venta de droga, alcohol y tráfico de armas que comanda Francisco Arturo Sánchez Martínez, Rodrigo Martínez Parcero, doctora Adelaida cruz de Santis Martínez Parcero y su grupo conformado por Juan López López, Rosalino Martínez Santiago, Marco Antonio Sánchez Martínez, Andrés García Martínez, Vicente Gómez López los trompudos, Eugenio Ramírez Jiménez, Alfredo Pérez López, Reynaldo Ramírez Martínez, Darío cordero y la profesora Cecilia Vázquez López entre otros, grupo que ya fueron denunciados ante la fiscalía del estado por varios delitos, dentro de ellos por violación de la sentencia de amparo donde crearon un panteón clandestino en complicidad, han solapado a Rodrigo Martínez Parcero y la doctora Adelaida Martínez Parcero por ser trabajadores de la secretaria de salud de igual forma la doctora Adelaida Martínez Parcero es plurinominal del ayuntamiento municipal.
El pasado sábado 14 de octubre aproximadamente a las 11:10 de la mañana ejecutaron a dos jóvenes dedicados a la venta clandestina de droga de nombre José Gutiérrez Ramírez de 30 años de edad y el joven José Nazario Vázquez Jiménez ese mismo día a las 8:30 de la noche, el C. Rodrigo Martínez Parcero hizo detonaciones de arma de grueso calibre en su domicilio para intimidar a los compañeros ejidatarios, con la finalidad de seguir su política en contra de los compañeros.
También circula en las redes sociales la voz del mismo contador Rodrigo haciendo mención que forma parte del cartel Jalisco nueva generación, mientras Eugenio Ramírez Jiménez menciona por radio de comunicación con integrantes del supuesto comisariado legal Eduardo Gutiérrez Martínez que forman parte del cartel de Sinaloa, lo cual confirma que ya tienen a dos sicarios de Sinaloa dentro del poblado del ejido tila Chiapas y ya tiene checando domicilio dentro del casco poblacional y que en bolsa tendrán que salir algunos compañeros como paso en el año 1994.
Y este lunes 16 de octubre se encuentra ejecutado con arma de grueso calibre al joven Daniel Jiménez López de 26 años de edad tirado en la carretera a la altura del crucero que comunica la comunidad de carrizal y mariscal esto con la intensión de que el comisariado ejidal Lorenzo Jiménez Ramírez llegue hacer el levantamiento le hagan una emboscada ya que es la autoridad que fue nombrado por la asamblea general de ejidatarios por mayoría.
Esto ha estado suscitando por la injusticia de los 5 responsables del gobierno del estado de Chiapas, tal como lo menciona la inejecución de sentencia 1302/2010 que ya fue discutido en la suprema corte de justicia de la nación el pasado 12 de septiembre de 2018. Lo cual la justicia de la unión da protección al ejido tila, al saber que el amparo promovido por el ejido salió a favor nombran Eduardo Gutiérrez Martínez bajo falsificación de firmas de compañeros ejidatarios y de finados para que le sea certificado su nombramiento ante el RAN en el periodo 2015 a 2018 y con la misma falsificación de firmas y huellas de los compañeros ejidatarios el RAN le otorga el nombramiento a Miguel Vázquez Gutiérrez en el periodo 2018-2021 para que ellos hagan negociación del amparo al saber la asamblea que tenían el nombramiento se inició un proceso ante el tribunal unitario agrario número 54 de Comitán por la inconformidad de los asambleístas ya que estas dos personas fueron nombradas por pobladores y en casa particular ya que estas dos personas no son asambleístas y Eduardo Gutiérrez Martínez se vuelve a reelegir como comisariado en este periodo 2021 a 2024 cuando el comisariado nombrado por la asamblea es Lorenzo Jiménez Ramírez.
Al saber que el ejido gana el amparo un grupo de pobladores ya antes mencionado tiran el portón de seguridad hecho por los ejidatarios y causan bloqueo afectando vía terrestre derivado de varias denuncias de los transeúntes el comisariado ejidal en ese periodo toma la decisión con la asamblea de desalojar el grupo de pobladores que estaban afectando, lo cual al llegar fueron recibidos a balazos con armas de fuego dejando varios heridos y muertos desde esa fecha se ha venido agudizando las persecuciones y han matado a varios compañeros a manos de los dirigentes e integrantes de pobladores y avecinados que son hijos del grupo paramilitar que operaron en la zona baja de tila.
Al ver que esta situación los ejidatarios tomaron la decisión de cercar el ingreso dentro del ejido tila hasta que se haga justica a los ejidatarios de tila y se ejecute la sentencia del amparo que bajo la corrupción del ayuntamiento municipal ha causado un conflicto y ha contratado la delincuencia organizada para seguir intimidando nuestro territorio ejidal bajo la complicidad de los 5 responsables del gobierno.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Ejido Tila, Chiapas; México a 18 de mayo de 2023.
A las organizaciones nacionales e internacionales.
A la lucha de México y el mundo.
Al congreso nacional indígena.
Al consejo indígena de gobierno.
A los derechos humanos no gubernamental nacional e internacional.
A los pueblos originarios de México en la defensa de tierra y territorio.
Compañeros y compañeras hermanos y hermanas reciban un cordial saludo a todos y a todas en la defensa de madre tierra y territorio.
Les comunicamos que vamos a salir en una marcha pacífica todos los ejidatarios y ejidatarias hijos y nietos de los 836 capacitados, que conformamos la asamblea general al mismo tiempo un año más del aniversario que cumple 91 años de la entrega provisional de las 5405 hectáreas de 19 de mayo de 1932. De la forma siguiente 2938 hectáreas de terrenos nacionales, 2466 hectáreas que los abuelos sufrieron del despojo en el año de 1900 por el representante de la compañía Pensilvania, gracias a la revolución mexicana de 1910 se logró recuperar los terrenos que hoy tenemos en nuestra posesión. Llevamos 80 años de despojo mediante títulos de propiedad que extendió el ayuntamiento Municipal, comenzando en el año de 1943. Que fue una violación del artículo: 74 de la ley agraria en vigor.
Y el Departamento agrario y colonización en el año de 1965 elaboró un plano regulador para modificar el plano original de 2 de junio de 1961. Le ordenó al h. cuerpo consultivo agrario en sesión de 30 de septiembre de 1966 para insertar la nota y el punto de acuerdo que el caserío del poblado de Tila no forma parte del ejido, considerándose como fundo legal, violando el articulo 14 y 16 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Por falta de conocimientos de documentos que guarda el ejido nadie denunció.
El ayuntamiento municipal vio que no tenía legalización su administración solicitó la demarcación de las 130 hectáreas, fue comisionado un ingeniero experto agrario con fecha 9 de marzo de 1966. Sin tomar en cuenta la asamblea general de ejidatarios así pasó 11 años. Se presentó un amparo 890/1977 por el informe negativo del ayuntamiento municipal se dio sobreseído y con estos elementos se presentó la autoridad municipal ante la cuarta legislatura del estado de Chiapas; para solicitar el decreto número 72 de 29 de julio de 1980. Para modificar la resolución presidencial de 30 de julio de 1934. El gobierno del estado de Chiapas lo publicó en el Diario Oficial del estado de Chiapas; el 17 de diciembre de 1980. Queriendo modificar el Diario Oficial de la Federación del ejido con fecha 16 de octubre de 1934.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
La mañana del pasado sábado (30), habitantes del ejido Tila, norte de Chiapas, marcharon por las principales calles de la comunidad para conmemorar el 88 aniversario del reconocimiento de sus tierras ejidales, lo cual sucedió a través de la resolución presidencial emitida el año 1934.
Las y los indígenas Choles, aprovecharon para denunciar “la corrupción de los tres niveles de gobierno y del sistema agrario”. Por ser indígenas “no somos tomados en cuenta, sólo en las contiendas políticas”, puntualizaron durante un mitin en la plaza central de Tila.
Los también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), evidenciaron que Eduardo Gutiérrez Martínez fue reconocido como comisariado por el Registro Agrario Nacional (RAN), en el periodo 2015-2018, falsificando firmas para obtener personalidad jurídica. Otro de los comisariados que posteriormente no han sido reconocido por el ejido es Miguel Vázquez Gutiérrez, denuncian los indígenas Choles. Ambos comisariados desconocidos por el ejido son respaldados por los tres niveles de gobierno y dependencias agrarias, recalcan los descendientes del pueblo Maya.
Foto por Ejido Tila
Los indígenas del norte de Chiapas, exigen se respete la resolución presidencial que ampara y protege las 5,405 hectáreas. Por defender la herencia de sus antepasados “hemos recibido amenazas, represión, hostigamiento, calumnias y difamaciones”, expresan los ejidatarios en resistencia.
Lucha histórica
Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en el año de 1994.
En 1982, el Congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fotos por Ejido Tila
Desde diciembre del año 2015, los indígenas choles por acuerdo de la asamblea, retiraron a la presidencia municipal del ejido y a los partidos políticos, tomando en sus manos las gestiones de limpieza, seguridad, justicia entre otros rubros.
De acuerdo al posicionamiento de las y los ejidatarios, el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena, aunque fue emitida desde el 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.
Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.
