News:

Tierra y Territorio

image/svg+xml image/svg+xml
radio
CDH FrayBa

Firma por la libertad inmediata de las Bases de Apoyo del EZLN José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
30 de abril de 2025

Acción Urgente No. 02

Exigimos la libertad inmediata de las Bases de Apoyo del EZLN José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez

  • Represión y ataque directo contra la autonomía zapatista
  • Alertamos de un caso más de fabricación de culpables que atenta contra la lucha por la Vida y el Común

Denunciamos enérgicamente la criminalización y represión sistemática del Estado mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus Bases de Apoyo, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes fueron privados arbitrariamente de su libertad en un operativo que se efectuó en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, lo que representa un ataque directo al movimiento zapatista y al territorio donde se construye la Autonomía y la Libre Determinación, en la persistente lucha por la Vida y el Común.

En las primeras horas del domingo 27 de abril de 2025, las BAEZLN fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo acusaciones de secuestro agravado en un proceso plagado de irregularidades.

La detención de las BAEZLN se realizó sin orden de aprehensión y los cateos a sus hogares se llevaron a cabo sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Estas acciones, perpetradas por las fuerzas de seguridad y militares, incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, evidencian un patrón sistemático de represión y violencia estatal en Chiapas.

El caso es un ejemplo más de la estrategia de criminalización utilizada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que fabrica pruebas y acusa injustamente a personas inocentes, mientras los verdaderos responsables permanecen impunes. Este ataque no solo viola los derechos individuales de José Baldemar y Andrés, sino que también constituye una agresión al territorio y la autonomía de los pueblos zapatistas.

Por lo consiguiente exigimos a los gobiernos federal y estatal:

  • La liberación inmediata e incondicional de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
  • El cese de la represión y los ataques contra la autonomía zapatista.
  • El fin de la fabricación de culpables y la impunidad en Chiapas.

¡Llamamos a la solidaridad nacional e internacional!

Instamos a todas las personas, organizaciones y movimientos a movilizarse en sus tiempos y modos, para exigir justicia. Es urgente alzar la voz para detener la represión del Estado y garantizar la libertad de los compañeros BAEZLN, quienes hoy son rehenes de un sistema represivo. Manténganse atentos a las actualizaciones de este caso y actúen en defensa de la dignidad, la justicia y los derechos humanos y por la defensa de la autonomía, del territorio y la vida.

Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.

https://frayba.org.mx/firma-por-la-libertad-inmediata-de-las-bases-de-apoyo-del-ezln-jose-baldemar-santiz-santiz-y-andres

Descarga la Acción Urgente No. 02 en PDF(98.25 KB)

radio
Joaquin Galvan | Activista de Derechis Humanos

COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ

COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA
DOMINGUEZ


De lo que digo a partir de este momento es solo mi responsabilidad y para ello solo tengo mi palabra.
Escribo este comunicado desde mi comunidad, San Pedro y San Pablo Ayutla, recordando que Sandra
Dominguez tuvo una doble raíz. El pueblo que la cobijó por parte de su padre fue San Isidro Huayapam Mixe, por parte de su mamá su raíz está aquí, en Ayutla Mixe, donde vivió parte de su infancia. Durante estos meses que han sido eternos, traté de prepararme para el peor escenario y es el que finalmente aconteció, nos arrebataron a Sandra. Quienes lo hicieron, buscaron generar un dolor perpetuo porque en el lenguaje del horror, la muerte ya no les es suficiente, porque la muerte cierra un ciclo y deja certeza, pero el desaparecer a alguien amplifica el dolor a través de la zozobra, arrebata la paz.

La desaparición forzada no existe por casualidad, el Estado a través de la historia ha usado la desaparición forzada como un mensaje político a sus disidentes, ahora el crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero esta situaciones no son excluyentes, cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común sucede lo que ha sucedido con Sandra Dominguez, porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra,y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados por Sandra.

Para que el crimen organizado y las células delincuenciales ejecutaran materialmente la desaparición forzada y el feminicidio de Sandra Dominguez, es porque hay una estructura institucional del gobierno oaxaqueño que facilitó en primera, su instalación, su operatividad y ampliación de actividades criminales en poblaciones donde el gobierno había mantenido a discrecionalidad el estado de sitio que poblaciones como María Lombardo llevan viviendo desde hace años, esto no es nuevo, el avance del crimen organizado hacia la zona Mixe por San Juan Cotzocón es innegable a pesar de que hace años denuncié esa realidad, el gobernador Alejandro Murat lo negó, ahora insistimos con este gobierno de Jara, quienes lo minimizaron nombrándolo como situaciones de violencia orquestadas por grupos generadores de violencia, cuidando de no nombrar lo que es un hecho: que en Oaxaca nos empieza a azotar el CRIMEN ORGANIZADO. Tuvo que desaparecer Sandra para que por primera vez, se atendiera y ejecutaran acciones de desarticulación en pueblos que venían siendo atormentados de hace mucho
tiempo por la violencia.

La gente de la cuenca lo sabe, en el mixe bajo, toda la zona lo sabe, lo dicen con miedo, esos matones están protegidos por ministerios públicos, por agentes de investigación, por políticos y operadores políticos de la zona donde precisamente Sandra hacía activismo y era una figura incómoda porque llegó a documentar dichas alianzas y es una información que en su momento tendrá que salir a la luz. Sandra denunció a diversos funcionarios por su participación en grupos virtuales donde se agrede a mujeres indígenas, eso ya lo sabemos, ahí estuvimos hombro a hombro acompañándola. Pero poco se sabe de qué varios de esos funcionarios denunciados tienen vínculos con el crimen organizado que la desapareció precisamente en esa zona. No son dichos hay nombres, apellidos y cargos.

Pero a estas alturas, estamos ante la implementación de una verdad histórica, como sucedió con Ayotzinapa, la prioridad del gobierno oaxaqueño es dejar en claro que ellos no fueron, pero sin embargo, mantienen en el poder a quienes Sandra denunció con evidencias. Previamente dije: Es importante la participación de instancias federales para romper con el conflicto de interés que tiene el gobierno en el caso de la desaparición, afortudamente así fue, pero aún me parece muy lejano que vayamos a conocer la verdad, estoy seguro que las respuestas de lo que cuestionamos, que la verdad que buscamos no llegará pronto, que incluso sea transgeneracional.

No puedo decir tajantemente aún si a Sandra la desapareció y asesinó el estado, pero sí puedo decir, que a Sandra la desapareció y asesinaron el crimen organizado y operadores del gobierno oaxaqueño a los que Sandra había denunciado, llama la atención que el presunto responsable de su desaparición haya sido ejecutado en uno de los operativos, llama la atención que una detenida haya sido elemento policial, llama la atención el financiamiento a medios y bots que buscan a toda costa criminalizar e imponer la versión oficial.

Pero la historia de mi amiga y colega Sandra Dominguez no acaba con su muerte, de hecho, está iniciando, y no para ser una mártir, ni una bandera, que el país ya no necesita más perseguidos asesinados, comienza porque los efectos de su bondad, valentía, empatía, no son casualidad, están sembradas desde su mamá y compartidas con sus hermanas y hermano, desde su hija, que no descansaron hasta que Sandra regresara a casa, y esas virtudes las compartió con nosotros, sus amigos y amigas, con toda las personas que la conocieron y por ello su historia continúa en cada lucha, en cada buena acción, en cada acto de valentía, porque aunque su muerte es un mensaje
claro de intimidación a quienes ponemos la palabra y el cuerpo para defender derechos humanos, vamos a transformar el miedo en valor y acción.COMUNICADO POR EL FEMINICIDIO COMETIDO CONTRA MI COMPAÑERA DE LUCHA: SANDRA DOMINGUEZ.

Quiero agradecer a todas las personas que no soltaron el tema, que ayudaron a nombrarla en todos los espacios y pedirles que sigamos nombrando a Sandra porque si bien ha culminado la búsqueda física, sigue la búsqueda de verdad, reparación y justicia. Agradezco a la oficina del Alto Comosionado y a la Comisión de Desaparición de la ONU por prestar ojos y oídos a Sandra.


GRACIAS POR TODO MI QUERIDA AMIGA SANDRA DOMINGUEZ, AGRADEZCO ESE PRIMER MENSAJE CON EL QUE EMPEZÓ TODO.

¡SANDRA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Joaquín Galván
Activista de Derechos Humanos.

radio
Avispa Midia

Planta extractora de aceite de la empresa Oleopalma es clausurada en Chiapas

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: En febrero del 2022, miles de habitantes de Benemérito de las Américas, Chiapas, participaron para exigir el cierre de dos fábricas de aceite de palma que causan estragos en la salud y el medioambiente en la selva de Chiapas. Una de ellas es propiedad de Oleopalma. Foto: Jeny Pascacio

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma de Mapastepec, estado de Chiapas, de la empresa Industrias Oleopalma, por descargar más aguas residuales de las permitidas, anunció el órgano ambiental en un comunicado el domingo (27).

Te puede interesar – Raíces de Libertad: Tejiendo Futuros sin Palma Aceitera

Durante la visita de inspección realizada en los días 24 y 25 de abril de 2025, los funcionarios de Profepa constataron que Oleopalma descargó 31.8% más aguas residuales de las establecidas en su permiso ambiental, “lo que implica un riesgo para el medio ambiente, la salud pública y los habitantes de la zona”.

Además, pudieron constatar que Oleopalma no cuenta con un área de almacenamiento de lodos del sistema de tratamiento, como lo establece la ley ambiental.

Planta procesadora de aceite de palma y monocultivos en el municipio de Mapastepec, en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. Foto: Santiago Navarro F.

El órgano ambiental impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial del área de generación de aguas residuales de la planta y del área de secado de lodos, además de ordenar la implementación de medidas correctivas urgentes para reducir el riesgo de daño ambiental.

Te puede interesar  – ¿Dónde está Semarnat ante la devastación actual en el sureste?: la palma aceitera

“El exceso de descarga de aguas residuales industriales y la falta de disposición adecuada de lodos representan un riesgo para el suelo, los cuerpos de agua, la biodiversidad y la salud pública, al incrementar la contaminación por compuestos como nitrógeno, fósforo, materia orgánica y bacterias coliformes”, aclara Profepa en el comunicado.

En 2020, Oleopalma se convirtió en la primera empresa mexicana en obtener la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) para su planta procesadora de Palenque y sus plantaciones ubicadas al norte del estado de Chiapas.

Una investigación realizada por Avispa Mídia, publicada en marzo de 2022, reveló que, en 2021, se registraron deficiencias en la infraestructura sanitaria de Industrias Oleopalma. Trabajadores de la consultora IBD Certificaciones realizaron una visita a las fincas de la empresa, en el municipio de Mapastepec. En el lugar, encontraron que los trabajadores de la empresa no contaban con las debidas protecciones “para el momento de la aplicación de los agroquímicos”, como relatan en un informe. No obstante, se consideró esto como un incumplimiento menor y otorgó la certificación RSPO para cuatro plantaciones de la empresa ubicadas en la región de influencia de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.

Oleopalma forma parte de un conglomerado de 15 empresas que integran Grupo Oleomex. Este grupo es el principal vendedor de aceite de palma para las multinacionales Cargill, PepsiCo y Nestlé.

En el país existen 18 instalaciones de procesamiento de la palma; Chiapas concentra 12 de ellas. Siete de ellas están establecidas en la región de influencia de La Encrucijada donde también se encuentra la procesadora de Oleopalma.

Otras cuatro clausuras

El 22 de abril, Profepa anunció la clausura de otras tres plantas extractoras de aceite de palma en Chiapas.

El 14 de abril, funcionarios del órgano realizaron una visita de inspección a la empresa denominada Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas, ubicada en el municipio de Acapetahua, donde detectaron que no cuentan con permiso de descarga de aguas residuales, no tienen especificaciones técnicas del sistema de tratamiento, carecen de informes de monitoreo, no cuentan con medidores y puntos de muestreo y hay infiltración de aguas residuales no tratadas al suelo natural y terrenos aledaños.

Como resultado, se impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma; asimismo se dictaron diversas medidas de aplicación urgente con la finalidad de prevenir riesgos ambientales por el manejo inadecuado de aguas residuales industriales.

El 15 de abril, funcionarios de la procuraduría realizaron una visita a la empresa Pakal Consultores en Agronegocios del Sureste, ubicada en el municipio de Villa Comaltitlán y encontraron las siguientes irregularidades: no cuentan con permiso de descarga, no presentaron la documentación que acredite el adecuado tratamiento y monitoreo de calidad y volumen de descarga de las aguas residuales, son omisos en el pago de derechos y sus aguas residuales se infiltran al suelo natural.

Procesadora de aceite de palma en el municipio de Villa Comaltitlán, costa de Chiapas, donde los monocultivos avanzan reemplazando la vegetación nativa. Fotos: Santiago Navarro F.

Por eso, se impuso la medida de seguridad de clausura temporal parcial de las instalaciones en el área correspondiente a la fuente generadora de aguas residuales. Además, se le impusieron diversas medidas de aplicación urgente para la reducción del riesgo ambiental.

El 16 de abril, inspectores realizaron otra visita al establecimiento “Aceitera Chiapaneca La Palma Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada”, ubicado en camino rural al Pataste al Ejido 15 de Abril, en el municipio de Acapetahua, Chiapas.

Durante la visita también detectaron irregularidades en el manejo de aguas residuales. Además, no cuentan con título de concesión, permiso de descarga, no tienen especificaciones técnicas de sistema de tratamiento, ni informes de monitoreo de aguas tratadas, no presentan los pagos de derechos federales ni cuentan con registros del volumen y calidad de las descargas realizadas entre enero de 2024 y abril de 2025.

Además, se constató que las aguas residuales industriales generadas por el proceso de extracción no están recibiendo el tratamiento adecuado, lo que ha provocado su infiltración y vertido al suelo natural, bajo la laguna de oxidación y en terrenos aledaños.

Ante estos hechos se impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial de las instalaciones, específicamente de la planta extractora de aceite de palma, y se dictaminó medidas de urgente aplicación para reducir los riesgos ambientales derivados del manejo inadecuado de aguas residuales.

El 7 de abril, Profepa también anunció la clausura de forma temporal parcial de la planta extractora de aceite de palma de la empresa Seopalma S.A. de C.V., ubicada en el municipio de Mapastepec, Chiapas, debido a irregularidades en el manejo de sus aguas residuales industriales.

Durante una visita de inspección realizada el 4 de abril de 2025, los inspectores de la Profepa encontraron que la empresa no contaba con la documentación legal y técnica para demostrar que las aguas residuales generas son tratadas de conformidad con la norma NOM-001-SEMARNAT-2021, además, se constató que la empresa vierte directamente sus aguas residuales al suelo, “lo que representa un riesgo grave para los ecosistemas y para la salud pública”, sostuvo el órgano.

La Profepa informó que dará seguimiento técnico y jurídico al cumplimiento de las medidas impuestas y “realizará la integración del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y sanciones conforme a la legislación ambiental vigente”.

radio
CDH FrayBa

ACTUALIZACIÓN: Fuerzas de Seguridad y Militares desaparecen a 2 Bases de Apoyo Zapatistas

27 de abril de 2025
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Primera Actualización de la Acción Urgente: 01

  • ACTUALIZACIÓN: Fuerzas de Seguridad y Militares desaparecen a 2 Bases de Apoyo Zapatistas.
  • Nuevo ataque a la autonomía.

Después de 55 horas desaparecidos por las fuerzas de Seguridad y Militares, los compañeros José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de San Cristóbal de Las Casas.
 
Se desconoce el delito por el cual están detenidos, continuaremos documentando la situación.

Agradecemos la solidaridad, la presión pública hizo posible su presentación con vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., (Frayba) recibió información urgente por parte de la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ), Caracol 02 Oventic, Chiapas, como se expone:

El 24 de abril de 2025, al rededor de las 15:30 horas, en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama Chiapas, Región Autónoma Vicente Guerrero. En un fuerte operativo conjunto con al rededor de 39 vehículos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de 2 vehículos con personas civiles armados, realizaron cateos sin ordenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas, de manera violenta irrumpieron en las casas deteniendo a los compañeros tsotsiles José Baldemar Sántiz Sántiz de 45 años de edad y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 21 años, seguidamente el convoy continuo hacia el municipio de San Andrés Larráinzar.

Lo anterior se da en el contexto grave de vigilancia y hostigamiento de estas corporaciones policiacas y militares, mismas que documentamos recientemente en el marco del Encuentro Rebel y Revel Arte [1] convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el Caracol de Jacinto Canek en Tenejapa y el CIDECI de San Cristóbal de Las Casas, en donde hubieron patrullajes y retenes en puntos intermedios, interrogando e intimidando a los asistentes a dicho encuentro, cabe destacar que en estos lugares son poco habituales los recorridos de seguridad.

Desde inicio de este año, distintas comunidades, organizaciones sociales y de derechos humanos en Chiapas han denunciando graves violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes de los operativos policiacos y militares en donde se han violentado a los pobladores, robos en sus viviendas, incluido detenciones arbitrarias.

A la solidaridad nacional e internacional les pedimos estar al pendiente de las acciones que estaremos informando.

[1] https://frayba.org.mx/hostigamiento-vigilancia-rebel-revel

Firma la Acción Urgente para exigir al Gobierno Federal y Local, la presentación con vida de los compañeros Bases de Apoyo Zapatistas José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez.

Descarga la Primera Actualización de la Acción Urgente en PDF(215.67 KB)

radio
Avispa Midia

Solicitudes de refugio en México caen 56% en 2024: ¿Inoperancia de la COMAR o barreras deliberadas?

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación de México, es señalada por la sociedad civil de México, Honduras, Guatemala y El Salvador de no atender, ni dar certeza jurídica a las personas con necesidades de protección internacional que buscan refugio en México, luego de ser desplazadas de sus países por la violencia criminal, persecución del Estado y despojo de los territorios, principalmente. 

Tapachula, estado de Chiapas, es un punto neurálgico en la ruta migrante hacia Estados Unidos, donde miles de personas procedentes de Centroamérica y otras regiones convergen para buscar la regularización de su estatus migratorio. La ciudad registra el mayor número de solicitudes de refugio en México y es escenario de frecuentes detenciones de migrantes, lo que la convierte en un punto crítico para la protección de derechos y la gestión migratoria en el país.

Durante el 2023, la Unidad de Política Migratoria reportó 229,379 detenciones de personas que clasificó en situación migratoria irregular en Chiapas, de las cuales, 70,665 sucedieron en Tapachula. Solo de enero a agosto de 2024 la cidra se superó con 315,887 detenciones; 114,131 ocurrieron en la citada ciudad. La estadística mensual de 2025, aún no está disponible debido a un proceso de reestructuración, se lee en el portal de la unidad.

En el recuento del abogado y defensor de los derechos humanos, Luis García Villagrán, la migración disminuyó desde enero con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pero no se detuvo, las personas continúan llegando por las deportaciones desde Estados Unidos y buscan el refugio en México, pues regresar a sus países no es opción.

“La presión que ejerce Trump a México, arrastra al país a una política idéntica a la de él: racista, elitista y clasista. Lo que pasa en el norte tiene todo que ver con lo que sucede en la frontera sur (de México)”, refiere Villagrán sobre el acceso parcial al derecho de protección internacional. 

Estadísticas versus realidad

La Comar reportó un total de 140,720 personas que solicitaron refugio en 2023. En 2024, la cifra disminuyó 56%, con 78,975 solicitudes contabilizadas, de las cuales, 50,742 se tramitaron en Tapachula y 14,367 en la Ciudad de México.  

Del total de solicitudes que recibió la Comar en 2023, 41.8% fueron de mujeres y 19.1% niñas, niños y adolescentes, máxime de Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Brasil, Chile, Colombia y Afganistán. En 2024, los solicitantes fueron en su mayoría de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Chile.   

La Red Regional de Protección (RRP) en el informe “Acciones realizadas en 2023”, que documentó el contexto de la movilidad humana de 2022 a 2024 en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, da cuenta de los cambios en las prácticas migratorias en México. Según el informe, las barreras en el acceso a la solicitud de asilo provocan esta disminución estadística. 

Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo. 

Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM). 

“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia

Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega. 

En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica. 

Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados. 

A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán. 

Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”. 

En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez. 

Pero eso no quiere decir que disminuyó el número de personas que llegan a las instalaciones de gobierno para pedir el asilo o refugio. El trabajo directo de la RRP con las personas en movilidad muestra que la búsqueda por solicitar refugio incrementó de forma gradual en los últimos tres años, también las tendencias de nacionalidad y composición familiar, con más mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGBTTTIQ+. Sin embargo, son detenidos y etiquetados como migración irregular, lo que les impide hacer formalmente la solicitud, representando una merma en las estadísticas de la Comar, aunque no es el único motivo. 

Para Villagrán, a la comisión le beneficia señalar que existe una baja en las solicitudes, aunque en la realidad la mengua, de igual modo, se debe a la corrupción vinculada con altos mandos de la Comar y del Instituto Nacional de Migración (INM). 

“La tramitología ha superado la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en México […] A pesar de todo lo que diga la Comar, están vendiendo las citas, las constancias y las respuestas positivas, es decir, todos los trámites”, denuncia Villagrán para Avispa Mídia

Cuando una persona acude a las oficinas de la “Comar 1” para hacer el trámite, en la periferia de Tapachula, le indican que recibirá un correo electrónico que demora varios meses y, en el peor de los casos, nunca llega. 

En el mensaje electrónico les dan una fecha para presentarse en las oficinas de “Comar 2” (en el centro de la ciudad) y estando vuelven a citarlos en semana o dos para continuar con el procedimiento, pero no les dan ningún documento que les brinde certeza jurídica. 

Pasado el tiempo acuden a las oficinas, pero no hay respuestas, entonces las personas con necesidades de protección internacional se ven obligadas a contratar los servicios de un abogado para interponer un amparo ante el Juzgado de Distrito para hacer valer sus derechos como refugiados. 

A decir de Villagrán, los abogados están coludidos en este negocio redondo. “Los abogados, estoy seguro, están en contubernio con la Comar. En Tapachula uno de ellos cobra de 2,000 a 25,000 pesos a las personas en movilidad humana, pero solo el 10 por ciento (de los solicitantes) tiene para pagar esa representación ante los juzgados de distrito”, explica Villagrán. 

Continua, “podría decir que la mitad de las solicitudes es atendida por orden de un juez federal. En Tapachula son cuatro juzgados, de ellos, el tercero y el cuarto se dedican a atender los juicios de garantías para que la Comar reciba las solicitudes de refugio, sin embargo, tampoco es garantía del respeto a los derechos”. 

En caso de que la persona logre acceder al refugio en México, la Comar la envía a las oficinas del INM para que pida una Visa por Razones Humanitarias, pero el trámite también debe agilizarse a través del juez. 

“Es muy grave porque todo se hace en los juzgados federales, pero el migrante que no tiene para pagar un abogado queda fuera del asilo y refugio, aunque sea potencialmente un perseguido político, religioso, de la comunidad LGBTTTI u otro sector”, explica Villagrán, que acompaña alrededor de 20 casos ante los tribunales. 

Pasan los meses y sin un documento que le de certeza, se encuentra en un limbo burocrático. “Es corrupción, el burocratismo hace omisión y la omisión es corrupción”, expone que estas prácticas han ido evolucionando en 10 años, “nada ha cambiado”.

Aunado a todo lo mencionado, si no cuentan con los documentos o el trámite correspondiente, las personas son más vulnerables a ser extorsionadas por la policía municipal y por agentes del propio INM o detenidos y deportados en la frontera de comunidad Honduras y Guatemala. 

De manera reciente, la comunidad migrante contenida en Tapachula hizo pública una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que manifiesta su preocupación por la “emergencia social” en la frontera sur de México, que se agrava sin el acceso a los servicios básicos.

En el texto, destaca que la situación es particularmente preocupante y es necesario el apoyo del gobierno mexicano a través del Programa para el Bienestar, para acceder a necesidades básicas de alimentación, medicamentos, entre otras

También explica, a grandes rasgos, la compleja situación laboral en Tapachula y otras ciudades del territorio chiapaneco en las que encuentran varados. Buscan la manera de sobrevivir, pero, sin documentos, resulta más difícil conseguir empleo o bien, les pagan 80 pesos al día por trabajos pesados. 

“Le solicitamos que se tomen las medidas necesarias lo más pronto posible para garantizar el apoyo a las personas que ya son beneficiarias del programa federal y que no reciben el recurso desde el primer mes de 2025”, dice el escrito. 

La larga espera para regularizar su estancia en México, los mantiene en situaciones precarias, viviendo en los parques públicos, aceras y terminales de autobuses, bajo altas temperaturas. 

“A partir del artículo 1o y 133 de la Constitución México está obligado a cumplir todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre otros temas; con el Pacto de San José de la OEA y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, especifica Villagrán. 

Entre los casos que acompaña Villagrán, una madre e hija con una condición de salud especial están en riesgo de ser deportadas por la dilación del trámite ante Comar. 

La gallera 

A principios de octubre de 2024, Julio Rodríguez, de 35 años de edad y origen venezolano, tomó la decisión de huir de su país junto a su esposa y su hijo, por la persecución que vivió por el gobierno de Nicolás Maduro. 

“Lastimosamente yo trabajaba cerca de los puntos de concentración de las manifestaciones pacíficas de la oposición al chavismo. Yo pasaba por ahí y salí en fotografías de un periódico en las que me catalogaron como alguien que hacía disturbios y tuve que abandonar Venezuela”, relata Julio para Avispa Mídia

La travesía por cinco países hasta llegar a Guatemala fue a pie y por transporte público. Al pisar territorio mexicano fueron secuestrados y trasladados a una casa de seguridad que Julio recuerda como sombría y con ventanas totalmente tapadas. “No éramos los únicos, habían muchas más personas de diferentes nacionalidades y no podíamos huir porque los secuestradores estaban armados. Nos pidieron 100 dólares a cada uno para que nos llevaran a Tapachula y debíamos conseguirlo a como diera lugar”, recuerda. 

Julio tuvo que rogar para que le aceptaran 260 dólares que habían reunido para llegar al norte de México. Aceptaron, “luego nos enviaron a otra casa donde nos pusieron un sello en el brazo con la imagen de un gallo, nos trasladaron a una gallera y luego caminamos por varias horas hasta llegar a unos taxis que nos llevaron a Tapachula”.  

Desde que entraron a la llamada “Perla del Soconusco”, el 9 de diciembre, Julio comenzó a buscar trabajo e indagó sobre los trámites para la CBP One, pero cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, los planes de Julio y su familia cambiaron. 

“Presentamos una carta ante Comar el 17 de febrero, nos debieron regresar un correo, pero nunca nos llegó. Entonces tuvimos que hacer un documento de apelación para que nos atendiera y, en eso, el defensor Luis García Villagrán nos está acompañando”.

Julio confirma que los abogados cobran sumas excesivas para llevar el proceso, pues al no contar con la nacionalidad mexicana, no pueden acceder al recurso sin un representante legal. “No es simple, nos ponen muros a pesar de estar huyendo de un país en crisis y Comar no nos escucha porque no le estamos pagando el trámite”. 

Esto sucede a pesar de que México es uno de los siete países que participan en el Marco Integral de Protección y Soluciones Regionales (MIRPS), compromiso que fue adoptado en 2017, como contribución regional al Pacto Mundial sobre Refugiados, entre otros acuerdos internacionales. 

“La movilidad es multifactorial pero las personas que caminan por esta parte de México huyen de las pandillas, de las extorsiones, los secuestros, la criminalidad que incrementa en Honduras. La pobreza es un factor muy importante en El Salvador, no hay empleo. El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela siguen siendo de los países muy pobres y persiste una migración forzada, no tienen de otra”, enfatiza Villagrán. 

En febrero de 2018, Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno federal y admitió el posible colapso del Sistema de Protección a Refugiados en México. Entonces se contabilizaron 14,596 solicitudes iniciadas, 60% no fueron atendidas (7,719) y por la suspensión de operaciones en su oficina de la Ciudad de México.

Te puede interesar – Militarización del proceso migratorio debe continuar con nuevo director del INM

radio
Somos el Medio

Muere el defensor Marco Antonio Suástegui tras ataque armado en Acapulco

Tras ocho días hospitalizado, el histórico dirigente del CECOP falleció debido a las heridas provocadas en un atentado en Acapulco. Organizaciones exigen una investigación exhaustiva y castigo a los responsables.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- Después de luchar durante ocho días por su vida en un hospital privado, este viernes se confirmó el fallecimiento de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien fue atacado a balazos el pasado 18 de abril mientras salía de la playa Icacos en Acapulco, Guerrero.

El asesinato de Suástegui no es un hecho aislado. De acuerdo con diversas organizaciones sociales, se enmarca en una estrategia sistemática de represión y hostigamiento contra quienes defienden la tierra, el agua y los derechos colectivos en México.

El líder campesino fue atacado por un hombre armado que le disparó en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido. Aunque su familia logró trasladarlo de inmediato a un hospital, las heridas fueron letales. El atentado ocurrió en un contexto de creciente violencia en Acapulco, donde las organizaciones criminales han fortalecido su control frente a la pasividad —y en algunos casos la complicidad— de las autoridades locales y federales.

Una vida de lucha y represión

Desde que asumió la defensa del territorio comunal de Cacahuatepec frente al megaproyecto hidroeléctrico La Parota, Marco Antonio Suástegui enfrentó criminalización, amenazas de muerte, encarcelamientos arbitrarios y la desaparición forzada de su hermano Vicente Iván Suástegui en 2021. A pesar de contar con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las organizaciones denuncian que estas fueron insuficientes e ineficaces.

Según el comunicado firmado por colectivos como Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre otros, Suástegui seguía siendo acosado de forma constante. “Hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí”, denunciaron.

Pese a las constantes alertas sobre el peligro que enfrentaba, el Estado mexicano no implementó mecanismos efectivos para salvaguardar su integridad, lo que hoy culmina en una tragedia que pudo haberse evitado.

Las organizaciones firmantes adviertieron que el asesinato de Suástegui es parte de un patrón de violencia que afecta particularmente a quienes se oponen a megaproyectos, defienden los territorios y denuncian la colusión del crimen organizado con las autoridades locales.

Denunciaron también que el grupo criminal presuntamente responsable de la desaparición de Vicente Iván Suástegui es el mismo que habría perpetrado el ataque contra Marco Antonio. A pesar de que existen mapas oficiales que identifican las zonas de operación de estas células delictivas, no se ha actuado para detenerlas ni para proteger a las víctimas.

Ante este nuevo crimen, las organizaciones sociales exigen una investigación pronta, imparcial y profunda que sancione a los responsables materiales e intelectuales. También demandan medidas de protección reales para la familia Suástegui y para todas las personas defensoras del territorio en Guerrero.

“No se trata de un caso más de violencia: es un mensaje de terror para quienes se atreven a defender sus derechos y su territorio. Urge que el Estado mexicano actúe antes de que más voces sean silenciadas”, alertaron en su pronunciamiento.

radio
Tercios Compas

Obra de teatro: «La naturaleza se Revela y se Rebela»

Obra de teatro: «La naturaleza se Revela y se Rebela»

Jóvenes y jóvenas zapatistas teatristas
Caracol Jacinto Canek, 15 de abril de 2025
Imágenes de Tercios Compas Zapatistas

radio
CDH FrayBa

Hostigamiento y vigilancia militar y policial durante el Encuentro Zapatista (Rebel y Revel) Arte

Hostigamiento y vigilancia militar y policial durante el Encuentro Zapatista (Rebel y Revel) Arte

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de abril de 2025

Boletín No. 1

Hostigamiento y vigilancia militar y policial durante el Encuentro Zapatista (Rebel y Revel) Arte

  • Puestos de control y patrullajes de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército mexicano, en caminos intermedios al Caracol 7  Jacinto Canek;
  • EZLN denuncia presencia de la Guardia Nacional y Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal en las afueras de Cideci-Unitierra.

El (Rebel y Revel) Arte: Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después” convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se llevó a cabo entre los días 13 al 19 de abril de 2025 en el Caracol Zapatista de Jacinto Canek en Tenejapa, y en CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, por este motivo llegaron cientos de asistentes al evento en donde se presentaron más de 1000 artistas de 28 países.[1]

En medio de una estrategia de seguridad de la nueva administración estatal, caracterizada por ser de carácter militar y policía, y respaldada por el gobierno federal, se impulsó un esquema de actuación para el festival plagada de violaciones al libre tránsito, así como acciones de intimidación y hostigamiento durante los traslados de las personas participantes. Ubicamos la presencia de Fuerzas de seguridad del estado de Chiapas y las Fuerzas Armadas en las rutas e inmediaciones de las sedes del Rebel – Revel Arte, situación inusual en el territorio.

  • Se lograron documentar puntos de revisión de la Policía Estatal de Chiapas en la carretera de salida San Cristóbal de Las Casas a Tenejapa en donde cuestionaron a varios asistentes qué hacían, a dónde iban y cuánto tiempo estarían ahí, y también en la carretera San Cristóbal de Las Casas- San Juan Chamula, justo en uno de las rutas para llegar a Cideci-Unitierra.
  • Presencia de la Policía Estatal sobre el camino a Tenejapa, a 5 kilómetos y 300 metros cerca de la desviación al Caracol de Jacinto Canek.
  • Se vieron patrullajes de la Guardia Nacional y Ejército mexicano compuestas por 5 camionetas en total, en tramos carreteros entre Chamula y Tenejapa, camino de paso rumbo al Caracol de Jacinto Canek.
  • El sábado 19 de abril de 2025 aproximadamente a las 18:50 hrs. El Subcomandante Insurgente Moisés denunció en el encuentro Rebel y Revel Arte que hubo rondines de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las afueras de las instalaciones de CIDECI-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Estos actos de intimidación y vigilancia por parte de los gobiernos federal y estatal se enmarcan dentro de una estrategia de seguridad en Chiapas donde están rehaciendo pactos con la criminalidad, se apropia de narrativas de paz, al mismo tiempo que con mensajes de cero corrupción e impunidad fortalece un estado policiaco y militar a través de grupos especiales como las FRIP, la cual a pesar de haber entrado en operaciones recientemente, ya cuenta con denuncias por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias, cometidas contra la población civil, y señalamientos de sus mando por colusión con la delincuencia organizada.

Por consiguiente, denunciamos toda intimidación y hostigamiento en contra del EZLN y sus Bases de Apoyo, así como contra las personas que, a título individual, colectivo y como organizaciones participaron en El (Rebel y Revel) Arte: Encuentro de arte, rebeldía y resistencia hacia el día después”, nutrido por las expresiones más humanas desde donde se construye también los fragmentos de las posibilidades para combatir y construir más allá de los sistemas de racistas, patriarcales, y de opresión que despojan a los pueblos del mundo.

[1] https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2025/04/08/mas-de-1000-35-y-27/

Descarga el Boletín Frayba No.1 en PDF(150.56 KB)

radio
EZLN |Tercios Compas

Transmisión del Encuentro (Rebel y Revel) Arte, 19 de abril, 17:00 horas. Desde CIDECI

Transmisión del Encuentro (Rebel y Revel) Arte, 19 de abril, 17:00 horas. Desde CIDEC

radio
Tercios Compas

Encuentro (Rebel y Revel) Arte, 19 de abril. Desde CIDECI. Sesión matutina

PRIMERA PARTE:

SEGUNDA PARTE: