En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre.
Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial.
Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador.
“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó.
Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.
En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López
En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.
Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.
González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad.
En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.
A las personas y organizaciones firmantes de la Declaración por la Vida
A las personas de buen corazón en México y el mundo
Arriba, el odio y la avaricia guían las decisiones de los señores de la guerra y del dinero. Nos amenazan con deportaciones masivas, genocidios, violencia feminicida y la devastación de la naturaleza. Imponen en nuestro horizonte la posibilidad de una guerra mundial con armas de destrucción masiva.
En México, esos mismos señores de la guerra con sus operadores políticos, llevan la situación al desastre: 117 mil personas desaparecidas, 13 feminicidios diarios, 6 mil fosas clandestinas, 261 personas defensoras del territorio asesinadas y 93 desaparecidas, e incontables proyectos de muerte como el mal llamado Tren Maya y el corredor Transístmico.
Hay quienes atraviesan día a día las caras más crueles de esta Tormenta, se ha derramado ya mucha sangre, se han arrebatado muchas vidas, desde México hasta Palestina.
En estas condiciones, madres y familias salen a buscar a sus seres queridos. Junto con organizaciones y colectivas exigen justicia y resisten a lo largo del tiempo y frente a los malos gobiernos de LA POLÍTICA DEL DESAPARECER. Sabemos que, entre las mentiras y eternas promesas, mantener la esperanza no es fácil. Pero ustedes han demostrado que el ejercicio de memoria no es resignación, es lucha contra el olvido, es desnormalizar algo que se ha normalizado.
En medio de la destrucción, los pueblos defienden la vida y el territorio. Como desde esta ciudad, la Toma del INPI nos enseña cómo Samir se ha vuelto semilla. Desde el sureste, el EZLN también nos llama a “buscar a las buscadoras”… y hacerles saber que “No están sol@s. Su dolor es nuestro dolor. Nuestra es también su digna rabia”.
La sociedad mexicana, pensamos, está llamada a cambiar la mirada, a ver el desastre y actuar frente a él, a recuperar la dignidad en todas las geografías, y organizarnos por la vida. Resistamos la inercia de la normalización de la guerra guiad@s por las madres buscadoras y los pueblos originarios.
El Resonancias del Caracol por Nuestr@s Desaparecid@s. Memorial musical. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas fue posible por el trabajo de muchas personas que pensamos es urgente actuar. Con dicho evento volvimos a confirmar lo que las y los compañeros zapatistas nos han dicho por mucho tiempo: en la organización de abajo y a la izquierda está la vida. Por ello queremos decir gracias.
A las madres y familias buscadoras: ustedes representan la dignidad en este país tan lastimado, y la multiplican por todas las geografías que recorren buscando a sus seres queridos. Les decimos gracias por responder a nuestra convocatoria y darse cita en Plaza Tlaxcoaque. Gracias por regalarnos, en medio de tanto dolor, una sonrisa, un baile, un abrazo y su alegre rebeldía.
A los pueblos zapatistas y pueblos del Congreso Nacional Indígena, gracias por alumbrarnos con su saber y resistencia. Ustedes son la luz que alumbra el andar en estos momentos de oscuridad para la humanidad.
A tod@s l@s artistas que se sumaron a este memorial musical: gracias porque con su arte hicieron de este abrazo colectivo un gesto más amoroso, más solidario.
A l@s compas de la Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, de la Brigada Marabunta, de Cooperativa desde el nido del Colibrí y de Bamboo Salud Integral Cooperativa: gracias por su trabajo comprometido, su paso firme, su presencia organizada, sus manos sanadoras. Con ustedes, todo.
A la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, gracias por acompañar la iniciativa desde el primer día, por hacerla suya y convertirnos en un gran nosotr@s. Solo en común naceremos mundos nuevos.
Gracias a todas las personas que hicieron posible le mercadita, haciendo de la autogestión una ruta a seguir. Gracias a las compas de la Kocina Komunitaria (KOKO) de la comunidad de Xochitlanezi, por mantener las barrigas llenas y los corazones contentos. Gracias al Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana por toda la solidaridad.
Gracias a quienes guiaron y participaron del momento espiritual, enseñándonos otra interpretación de la comunión. Gracias a quienes asistieron, a quienes apoyaron económicamente, quienes pegaron un cartel o repartieron volantes, a quienes se sumaron a los equipos de apoyo. Todo ayudó. Gracias por hacer posible el Resonancias del Caracol por Nuestr@s Desaparecid@s. Memorial Musical. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
Porque l@s desaparecid@s nos faltan a tod@s
Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 22 de noviembre de 2024
Al Congreso Nacional Indígena Al Consejo Indígena de Gobierno A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos A las y los Defensores de los Derechos Humanos A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas A los Medios Libres y Alternativos A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
“Y aun después de muerto, por su fe sigue clamando” (He 11,4).
Hermanas y Hermanos:
A un mes de que se cumplan 27 años de que se regara aquí la sangre de nuestras 45 hermanos y hermanas inocentes, más los 4 bebitos que aún no nacían, y también a un mes de haber sembrado a nuestro querido jTotik Marcelo en su tierra natal, luego de que le arrebataran la vida los señores de la muerte, seguimos firmes en la exigencia de justicia para todas ellas y ellos. Sabemos que ahora que ya están juntos, se engrandecerán sus corazones y le hablarán a nuestra Mamá-Papá Dios para que renueve nuestras fuerzas de luchar por la paz.
Pues todas ellas, todos ellos, junto con nuestro hermano y compañero Simón Pedro, jamás dejaron de decir la verdad, hasta las últimas consecuencias. Nos mostraron que se puede vivir de otra manera, con amor a los pobres de este mundo, y con ese amor y no por el interés personal, es como se puede cambiar la historia, librarnos de la injusticia, de la crueldad, de los engaños y las mentiras de los poderosos, es como se puede traer la paz.
Por eso hoy estamos de nuevo juntas y juntos para animarnos con el ejemplo de Padre Marcelo y nuestros Mártires de Acteal y seguir siendo su voz, en medio de esta realidad oscura, en donde ellos son fuente de luz para guiar nuestro caminar.
Hoy que la violencia sigue incontrolable a nuestro rededor, cada vez más cerca y en más rincones de nuestro estado y de nuestro país. Hoy que el pacto entre criminales gobierna nuestros estados, hoy que las armas siguen llegando a nuestras comunidades, creando terror y obligando a muchas hermanas y hermanos a desplazarse para buscar un refugio seguro. Hoy que muchos de nuestros compañeros y compañeras no pueden salir a trabajar por miedo a los enfrentamientos armados. Hoy que el paso de muchos caminos está bloqueado por algún grupo armado y nuestros hermanos no pueden salir ni para abastecerse ni para organizarse.
Hoy que el nuevo gobierno federal sigue inundando nuestros pueblos con la presencia de militares, pero no garantiza nuestra seguridad, sobre todo de quienes defendemos la tierra y la vida, que somos impunemente asesinados o desaparecidos.
Hoy que millones de hermanos migrantes centroamericanos que son víctimas del crimen organizado en México, aliados muchas veces con las autoridades migratorias, sufren los peores tratos y violaciones inhumanas en su intento por llegar a los Estados Unidos.
Hoy que las amenazas de deportación masiva y de intensificación de la violencia contra nuestros hermanos que han arriesgado y soportado todo para ir a buscar mejores salarios a los Estados Unidos, se juntan a los riesgos de una verdadera guerra nuclear que puede terminar con la vida humana por la necedad y la ambición de los países más ricos.
Hoy que el gobierno saliente de Estados Unidos vuelve a impedir que las Naciones Unidas apruebe una resolución para parar el genocidio de nuestras hermanos y hermanas en Palestina.
Hoy seguimos clamando: ¡YA BASTA!, también junto con nuestras hermanas y hermanos zapatistas que hicieron retumbar este reclamo y están cumpliendo 41 años de organizarse para buscar justicia, democracia y libertad, retomando el estandarte de Emiliano Zapata y otras mujeres y hombres que dieron su vida para defender su tierra y a sus pueblos durante la Revolución Mexicana, iniciada hace 114 años.
Hoy le recordamos a todas las autoridades responsables de dar inmediatamente con los que decidieron, planearon y ejecutaron el cruel asesinato de nuestro jTotik Marcelo Pérez, transformándolo en nuestro Santo Mártir por la Paz, que no vamos a permitir que empleen las tácticas que acostumbran para retardar y entorpecer los procesos penales y lograr que los autores intelectuales y materiales queden impunes, tal como nos hicieron para dificultar que se sentenciara al asesino material de nuestro compañero defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, y como han logrado que hasta ahora permanezca impune la Masacre de Acteal. Sepan que, junto con los esfuerzos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, nuestra organización estará al pendiente del proceso y no desfalleceremos en lograr que se haga justicia.
Previo a la llegada al poder del recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la Comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, le ha ofrecido más de 566 hectáreas (1,400 acres) de tierra estatal en la frontera sur de Texas para facilitar los planes de deportación de la administración Trump. De acuerdo con la funcionaria, este ofrecimiento se enmarca dentro de la estrategia para combatir el crimen organizado y para dar continuidad a los proyectos de construcción del muro fronterizo.
La Comisionada Buckingham, quien desde que asumió en 2022 su cargo ha endurecido sus políticas anti-migrantes, envió una carta al presidente electo Donald Trump ofreciendo 1,402 acres que, según la misiva, son tierras recién adquiridas por la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) en el condado de Starr, al sur del estado y frontera con México. Esta zona está cercana a Río Grande y se pretende que sean utilizadas para la construcción de instalaciones “para el procesamiento y deportación de inmigrantes”, según la mísiva.
Según la Comisionada, el ofrecimiento de las tierras a Trump es “para ayudar a su administración a llevar a cabo sus planes de deportación para poner la seguridad y el bienestar de todos los estadounidenses en primer lugar”.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional Al Congreso Nacional Indígena Al Concejo Indígena de Gobierno A la Sexta Mundial A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida A las Redes de Resistencia y Rebeldía A los organismos de derechos humanos Al Pueblo de México Al movimiento social de Guerrero A los medios libres y autónomos
19 de noviembre.
Hermanos y hermanas de México y del mundo, queremos compartir nuestra palabra sobre la situación que estamos viendo y viviendo en el estado de Guerrero y en México: con todo el aparato del Estado, con 4 canales de televisión públicos en los que se transmiten las mañaneras, periódicos, noticieros de radio y televisión, por internet y prensa, el actual gobierno de la 4T encabezado por Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, repiten hasta el cansancio discursos de lo que su gobierno hace -o dice que hace-, para restablecer la paz en el país; mediante el discurso, crean una realidad inexistente y pretenden engañar a la población de que el mal es ajeno al aparato Estatal y que éste proviene de algunos individuos que generan toda la violencia en el país. Con una narrativa telenovelesca, hablan en las mañaneras de articulación entre los estados, de inteligencia de seguridad, de detenciones de personas trascendentales en distintas estructuras delincuenciales.
Pero lo que vemos y vivimos a diario en el estado de Guerrero, es totalmente contrario a ese discurso: balaceras y asesinatos de inocentes, decapitaciones de presidentes municipales, secuestros en grupo que incluyen a mujeres, niños y niñas, incineración de cuerpos, que según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es por “confrontaciones entre grupos locales”; derivado de esta aseveración nos preguntamos ¿a qué grupo delincuencia local pertenecía el presidente municipal de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán para que lo decapitaran? ¿y las mujeres y niños secuestrados en Mochitlán, a cuál?
También observamos y vivimos desplazamientos territoriales, cobros de piso, control de los recursos económicos de los municipios por grupos delincuenciales, el control de las cámaras de video vigilancia en el municipio de Chilapa por los ardillos, el tráfico de estupefacientes por todas las carreteras del estado con la complacencia de las policías municipales, estatales y autoridades estatales; acoso, hostigamiento, intimidaciones y robos al gremio periodístico de Guerrero; comidas y diálogos cordiales entre presidentes y presidentas municipales con generadores de violencia -como les llaman hoy en día en las mañaneras-, por ejemplo la comida de Norma Otilia Montaño (ex-presidenta municipal de Chilpancingo) con Celso Ortega, líder de los ardillos; observamos también encarcelamientos de chivos expiatorios e investigaciones a modo para evitar la detención de los mandos de los grupos delincuenciales, a los autores intelectuales; en estos casos, la complicidad y participación directa de autoridades municipales, estatales y federales, es evidente, junto a las corporaciones de “seguridad”, incluida la Guardia Nacional, SEDENA y Marina cuyo número llega ya a 12 mil 675 miembros de la SEDENA, Guardia Nacional y Marina entre Tecpan, Quechultenango, Acapulco y demás municipios del estado según Ricardo Trevilla Trejo, el mismo titular de la SEDENA cuyo análisis de la realidad le indica que el problema de Guerrero está en las “confrontaciones entre grupos locales”.
El simplismo de su aseveración debería ser evidencia suficiente para entender que: 1. Las capacidades cognitivas de quienes dirigen a las corporaciones de seguridad del Estado son inexistentes. 2. Que la delincuencia organizada en su rostro mas visible es la que dispara, asesina, secuestra, trafica, etc., pero que la otra cara de la delincuencia viste de traje y se encuentra en cada institución del Estado y en cada corporación de “seguridad”. A nosotras y nosotros como pueblos indígenas que hemos vivido de cerca la violencia de los grupos delincuenciales y el silencio del Estado nos queda claro que la delincuencia son todos ellos y ellas.
Mientras representantes de países de todo el mundo están reunidos en Baku, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre, en la cumbre sobre el clima de la ONU para discutir “soluciones” que saquen el planeta de la crisis climática, organizaciones ambientales globales denunciaron en una rueda de prensa que las “soluciones basadas en la naturaleza”, tema que está siendo por empresas y jefes de las naciones, son “falsas soluciones”.
Una de ellas es el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques). “Estas falsas soluciones permiten a los grandes contaminadores seguir lucrándose, haciendo recaer la carga sobre los países en desarrollo y las comunidades marginadas. Evitan reducciones reales y urgentes de las emisiones, que los países han incumplido reiteradamente”, sostienen la Red Indígena Ambiental, Acción Ecológica Ecuador, WALHI Indonesia y la Coalición Mundial por los Bosques, en un comunicado.
El uso de los programas REDD+ como mecanismo de compensación del carbono forestal ha exacerbado el problema, resalta los ambientalistas, provocando la sustitución de ecosistemas biodiversos por plantaciones de monocultivos y causando graves impactos sobre los pueblos indígenas, las mujeres y los niños, incluyendo abusos documentados contra los derechos humanos.
“Los programas REDD+ se han transformado en compensaciones de carbono forestal. Se han talado bosques y las plantaciones de monocultivos han sustituido a los ecosistemas biodiversos bajo la apariencia de proyectos REDD+”, dijo Souparna Lahiri, de la Coalición Mundial por los Bosques. “Estos proyectos tienen enormes impactos negativos sobre las comunidades indígenas, las mujeres y los niños, incluyendo casos de violencia sexual”.
Río de Janeiro se convirtió este fin de semana en el epicentro de un tumulto de manifestaciones que, bajo una lluvia torrencial, irrumpió en las calles antes de que comenzará la cumbre del G20, que se lleva a cabo del 17 al 18 de noviembre en este país sudamericano. En la emblemática playa de Copacabana, miles de personas se agruparon desde el sábado (16) como una muestra de solidaridad con el pueblo palestino, exigiendo de manera tajante poner un fin al genocidio en Gaza perpetrado por Israel y pidiendo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva que rompa relaciones con este país.
Bajo la consigna “Palestina libre, desde el río hasta el mar”, los activistas remarcaron que estas exigencias han escalado a nivel global. Entre las pancartas que se ondeaban al tenor de la lluvia una decía “Lula rompe con Israel, contra el genocidio”. En las protestas figuran personas de diversos países de América Latina, bajo la misma consigna.
Hasta el momento el bombardeo masivo sobre Gaza ha dejado un saldo de más de 48 mil muertos y una crisis alimentaria sin precedentes, según las autoridades palestinas. Por ello, este mismo 15 de noviembre se llevó a cabo, antes de las protestas, un Tribunal Popular de los Pueblos que condenó enérgicamente al Estado de Israel por los crímenes que ha cometido sobre el pueblo palestino.
Diversas organizaciones coincidieron en sus denuncias, puntualizando que diversos líderes que se están reuniendo en Río de Janeiro para la cumbre del G20 son “los mayores financiadores del genocidio en Palestina – financieros, económicos, pero también políticos”, señaló Cássia Bechara, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), quien participó en este Tribunal y en las protestas.
La manifestante Bechara agrega que “Palestina hoy simboliza la lucha de todos los pueblos oprimidos del mundo, que han sido colonizados a lo largo de la historia del sistema colonial capitalista”.
Es así que el veredicto de este Tribunal, que reunió a juristas, abogados y activistas en un espacio llamado Fundição Progresso, para juzgar los crímenes del capitalismo, sentenció que las pruebas presentadas en este evento “revelan que el pueblo de Palestina, en particular Gaza, está sometido al colonialismo desde hace 76 años y sufre un genocidio desde hace 409 días, practicado abiertamente por el Estado de Israel con la complicidad de Estados Unidos, Alemania y otros países europeos y occidentales”, sostuvo la jueza Simone Dalila Nacif, de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), que presidió la sesión.
“La inhumanidad que estamos viendo en Gaza ha superado nuestra imaginación. Convertir hospitales en cámaras de tortura, bombardear e incendiar refugios donde la gente debería buscar seguridad, instalaciones de la ONU, escuelas, es algo increíble”, dijo Rula Shadeed, abogada palestina, quien participó en este Tribunal.
El G20 y los contrastes
La cumbre del G20 se lleva a cabo entre el 17 y 18 de noviembre y reúne a los líderes de las 20 principales economías del mundo para dirimir diversos temas, resaltando los efectos y soluciones al llamado cambio climático, la lucha contra la pobreza y las reformas a las instituciones internacionales. No obstante, para las manifestantes en las calles de Río, esta cumbre evade los problemas reales que afectan a los pueblos más vulnerables, “estamos aquí para hacer notar ese contraste a la cumbre del G20, ya que los verdaderos afectados están en el olvido”, expresó Tania Arantes para el medio local Brasil de Fato.
Los países del G20 representan el 85% de la economía mundial y esto los hace responsables “del 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo”, según el propio sitio oficial del evento.
Los diálogos no van más allá de poner solo cifras financieras para atender esta crisis y carecen de falta de propuestas. “Es urgente enfrentar con determinación la crisis climática. Este enfrentamiento no tendrá éxito sin la compensación financiera de los países ricos que, a lo largo de la historia, han devastado el medio ambiente en nombre del progreso a cualquier costo”, defiende el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Solo Brasil, en agosto de 2024, registró un alarmante aumento de incendios, especialmente en Mato Grosso, Pará, Amazonas y São Paulo, agravado por una prolongada sequía. Esta región es característica por un alto índice de deforestación para dar paso a la agricultura industrial y a la ganadería. “La falta de lluvias y las temperaturas por encima de lo normal crearon condiciones ideales para la propagación del fuego, lo que impactó gravemente los ecosistemas”, denuncia el país sudamericano en la plataforma del G20.En medio de estos diálogos, los manifestantes en Río no solo exigieron justicia para Palestina, sino también un abordaje serio frente a la crisis climática y sobre las verdaderas causas que las originan. Es así que las voces en las calles resonaron por un alto al genocidio del pueblo de Palestina hasta las exigencias de las periferias de Río de Janeiro y los problemas de la crisis climática en América Latina.
En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos
Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.
Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.
Foto: ADES Santa Marta.
Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.
Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.
“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.
¿Libertad?
A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.
Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.
Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización.
Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.
Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.
Los defensores de Santa Marta aguardan la resolución de la apelación presentada por la FGR.
Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.
“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.
En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.
Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.
