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Avispa Midia

(Español) Orden judicial amenaza libertad de Miguel Peralta, ex preso político mazateco

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestación para exigir la libertad de Miguel Peralta. Septiembre, 2019. Foto: Daliri Oropeza

La resolución de un amparo interpuesto por la defensa del ex preso político mazateco, Miguel Peralta, para revertir una sentencia condenatoria, coloca en riesgo su libertad. Integrante de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca, él es uno de los 35 miembros que han sido perseguidos, señalados por el homicidio de Manuel Zepeda Lagunas y tentativa de homicidio contra su hermana, Elisa Zepeda, ambos miembros de la misma comunidad mazateca.

La raíz de lo que la defensa de Peralta argumenta como criminalización, se encuentra en los hechos violentos ocurridos en diciembre del 2014, cuando la asamblea comunitaria fue atacada por un grupo armado, el cual pobladores acusan que opera bajo el mando del grupo caciquil de la familia Zepeda.

Miembros de la asamblea comunitaria sostienen que, desde 2010, cuando el padre de Elisa, Manuel Zepeda Cortés, arribó a la presidencia municipal, emprendió una campaña de represión contra la organización comunitaria para consolidar su poder en la comunidad mazateca.

Roberto López, miembro del colectivo Los Otros Abogadoz y defensor de Peralta cuenta que, mientras la asamblea se reunía en el centro del pueblo para la elección de autoridades municipales aquel invierno del 2014, se registraron disparos en su contra procedentes de la presidencia municipal, donde previamente Elisa y Manuel Zepeda se habían atrincherado.

Protesta por la liberacion de Miguel Peralta en 2019

Las agresiones dejaron heridos por arma de fuego, así como provocaron la muerte del hermano de Elisa, Manuel Zepeda Lagunas, quien en el momento en que fue detenido por los habitantes de Eloxochitlán para ponerlo a disposición del Ministerio Público (MP), portaba armas de uso exclusivo del ejército. “Desafortunadamente para ellos, él fallece y en ese momento, en lugar de ponerlo a disposición, los pasan a declarar ya como probables responsables de ese homicidio”, señala el abogado.

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Según su defensa, pese a que Peralta se encontraba en la ciudad de México en el momento de los hechos, fue acusado por homicidio, detenido arbitrariamente y trasladado a un penal de Oaxaca. Peralta permaneció más de cuatro años recluido hasta que, en octubre del 2019, fue liberado.

No obstante, su sentencia recibió un revés en marzo del 2022. Tras apelación de la parte acusadora, se giró una nueva orden de aprehensión en su contra para cumplir una condena de 50 años en prisión. Ante ello, la defensa legal del mazateco interpuso un amparo contra la sentencia por violaciones procesales y fabricación de pruebas.

El pasado 17 de agosto, un tribunal colegiado federal dictó sentencia al amparo, la cual, argumenta Roberto López, perjudica aún más la situación legal del ex preso político. “Nos regresa siete años en el tiempo”, aclara el abogado, quien especifica que se les envía de nuevo a reponer parte del proceso previo a la sentencia, para la presentación de pruebas.

“Nos regresa justo al momento en que están los otros presos (en referencia a otros presos políticos de Eloxochitlán), que no han recibido sentencia (…) porque no entraron al fondo del asunto, solo se fueron por una cuestión cosmética (reposición de careos), que ellos disfrazan como una violación al proceso, pero que, en realidad, pues es toda la intención de seguirle dando el control del proceso a Elisa”, sostiene el abogado de Peralta.

López asevera que, durante todo el proceso, una estrategia de dilación del proceso legal, ejecutada por Manuel y Elisa Zepeda, ha administrado el conflicto y mantiene “rehenes” a otros presos relacionados con los eventos de 2014.

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El peligro, acentúa el abogado, es que, para reponer dicha parte del proceso, Peralta tendría que enfrentarlo recluido. “Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad”, reclamó el mazateco mediante carta difundida la semana pasada. Por ello, la defensa legal interpuso un recurso de revisión, con la intención de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el amparo, lo cual puede suceder en los próximos cuatro a cinco meses.

A continuación, compartimos extractos de la conversación con Roberto López, quien alerta, la persecución contra Peralta se intensifica.


Avispa Mídia (AM): Con la última resolución, ¿cuál es la etapa del proceso que se debe reponer?

Roberto López (RL): Nos regresaron a una etapa inmediatamente anterior que son los careos (…), una parte del proceso donde ellos se niegan a asistir. Donde al no comparecer, nos vamos a tener que esperar hasta que lo hagan para que se pueda llevar los careos, se presente las conclusiones, se lleve a cabo la audiencia final y se dicte de nuevo la sentencia. Yo no exagero cuando digo que nos regresan aproximadamente siete años en el tiempo. Siguen teniendo el control del conflicto. Con esta resolución el tribunal colegiado le da un espaldarazo a Elisa para seguir teniendo el control del proceso.

Los hechos ocurren el 14 de diciembre del 2014. Para empezar nosotros a presentar pruebas, una de las primeras audiencias fue hasta el 30 de enero del 2017. Ahí compareció Manuel Zepeda y Vicente Zepeda, porque este día ellos tenían una audiencia en calidad de procesados, por hechos que la asamblea comunitaria había denunciado, lesiones y tortura, que el Ministerio Público (MP) consignó.

Grupo armado liderado por Manuel Zepeda Cortés tomando el ayuntamiento de Eloxochitlán el 17 de noviembre de 2014.

Elisa estaba asesorada y sus abogados le recomendaban que no se presentara y el juzgado jamás fue capaz de multarlos, de arrestarlos por no asistir a declarar. El juzgado nunca lo hizo. Hasta que ella y tres de sus testigos se presentaron a declarar, el 30 de septiembre del 2017.

AM: ¿Cuáles son las principales contradicciones en los testimonios que no fueron retomadas en la resolución?

RL: Cuando nosotros presentamos el amparo en 2022, nos fuimos a esta parte esencial en el proceso, que son las declaraciones en contra de Miguel. La declaración de Elisa Zepeda, de su papá y de seis testigos que lo acusan. Esa es la parte fundamental que había que poner en duda, y de hecho se hizo durante el proceso. Ha sido fundamental para que hubiera otras libertades de otros co-procesados que, haciendo énfasis en estas contradicciones, pues habían obtenido libertad.

Hicimos un análisis de lo que dijo Elisa Zepeda en un primer momento en el Ministerio Público y los testigos, y lo que contestaron en las audiencias ante el juzgado. Fueron cuestiones distintas, contradictorias.

Hubo un testigo, Eleazar Hernández Ordaz, un señor ya grande que, en el Ministerio Público, señala y acusa a Miguel. Su declaración es una copia integral de la declaración de Manuel Zepeda, del papá de Elisa. En el juzgado, cuando le toca declarar, le leen la declaración y dice que él nunca declaro eso. Le enseñan la declaración. – ¿Está es su firma? “Sí es mi firma, pero yo no recuerdo”. Fernando Ramírez Carrera, otro testigo, dice que él nunca emitió ninguna declaración en ese sentido. Aparece su firma, pero dice que nunca declaró al MP.

El tío de Elisa, Vicente Zepeda, dice que, en todo momento, él estuvo con Elisa. Ella hace una declaración extensísima con muchos detalles que no da Vicente, que cuando ya se le fue interrogado en la audiencia, él, al ver que pues había muchas cosas que no había dicho, dice ‘Vi cuando entraron, pero me dieron un golpe en la cabeza, perdí el sentido, me desmayé y ya no supe nada’, para no contradecirse más con Elisa.

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Van a permanecer cada quien en su dicho y así nos vamos a ir a sentencia, eso en nada cambia el sentido de la resolución que viene. Al reiterar Elisa la acusación y sus testigos, evidentemente van a decir que lo reconocen (a Peralta), que lo ubican en el lugar de los hechos, y luego entonces eso va a ser una sentencia condenatoria. Y eso nos va a llevar otra vez a la apelación.

AM: ¿Cuáles elementos consideran fueron decisivos para la más reciente resolución del amparo?

RL: Los hechos ocurren en 2014. A partir de ahí, Elisa empieza a construir un discurso de víctima. Se acerca a algunas organizaciones de derechos humanos y la arropan como defensora de derechos de las mujeres y así llega a la presidencia municipal de Eloxochitlán. Está un año, renuncia, deja su suplente para postularse para diputada local a la 64 legislatura del Congreso del Estado. Gana por Morena, está tres años, es nombrada presidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado. Esto quiere decir que son los encargados de nombrar jueces, magistrados, al Ministerio Público. Empieza a tener relación con gente de la Procuraduría del Estado, quien acusa, y gente del Poder Judicial, quien sentencia, desde mi perspectiva teje esas redes y alianzas.

Y eso hace posible que, en 2022, la sentencia de Miguel fuera revocada. Había habido ya muchas resoluciones de libertad de los otros presos y pocas habían sido revertidas. La de Miguel se echa para atrás y, para mí, es producto de esa situación que ella logra, con simpatías de gente del Poder Judicial, favores.

Después, viene la campaña para gobernador de Salomón Jara. Ella se suma a su equipo y al final la nombran secretaria de la mujer, tiene una secretaría en el gobierno de Salomón Jara. Desde esa posición de funcionaria, pues sigue utilizando los recursos que tiene, sigue utilizando sus influencias para incidir.

Para nosotros incidió en la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito que resolvió el amparo de Miguel. Hasta ese nivel ha llegado, porque ese amparo era para una libertad. Por todas las violaciones, por todos los antecedentes y no, al contrario, nos regresan siete años en el proceso. Por eso decimos nosotros, esto más que jurídico, es político, porque ella ha utilizado la muerte de su hermano para mantenerse en el poder, para encumbrarse e ir escalando posiciones políticas. A ella no le conviene que su discurso se venga abajo porque si se viene abajo, se va a demostrar que todo lo que ella construyó, su camino político, fue una mentira.

Desde esa posición de poder está enfrentando a los presos de Eloxochitlán. A los que todavía permanecen en prisión, y a los perseguidos como es el caso de Miguel (…), sigue en esta sed de venganza en contra de los presos, porque si todos obtienen la libertad, se le cae su discurso.

AM: ¿Cuál es su respuesta ante la reciente resolución?

RL: La analizamos y decimos no, esto es una trampa, porque quieren que Miguel regrese y encerrarlo con el pretexto de que reponen el proceso para que se caree con Elisa. Ese amparo no nos funciona. Por eso vamos al recurso de revisión del amparo, y que sea este que le dé entrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Que sean los ministros quienes determinen si ese amparo estuvo bien dictado, si la resolución es correcta.

Queremos que la Suprema Corte le dé entrada a esa revisión de la sentencia del amparo y realmente se pronuncie respecto a las violaciones de fondo fundamentales que hay en ese proceso. Entre ellas las falsas acusaciones de Elisa y sus testigos, que ya han sido cuestionadas, que han sido puestas en duda, que hay sentencias de libertad de los otros co-procesados, lo avalan, hay resoluciones, incluso de salas del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado; de Juzgados de Distrito, donde dicen que las declaraciones de Elisa y de sus testigos no son creíbles, hay contradicciones, hay inconsistencias y nosotros queremos que la Corte no evada esa responsabilidad, que el asunto de los presos políticos es un asunto trascendente de vital importancia para la sociedad, pues no podemos permitir que a través del poder, una persona que esté desde ahí incidiendo en el Poder Judicial y teniendo en contra de su voluntad, acusados, falsamente, a personas que se opusieron al proyecto caciquil de su familia.

Entre las contradicciones de los testigos, la dilación del proceso para llegar a la sentencia de Miguel, tuvimos que enfrentar mucha parcialidad por parte del juzgado. Aunado a esas contradicciones, los jueces, el secretario de acuerdos, el Ministerio Público, que en nueve años que lleva el proceso, es el mismo. Han cambiado muchos jueces, han cambiado secretarios de acuerdos, pero el Ministerio Público, que empezó el proceso, sigue ahí porque es una ficha clave para Elisa Zepeda, para Manuel Zepeda.

Es trascendente para la sociedad y la SCJN tendría que atraer en revisión ese amparo. Si nos batea prácticamente ahí estaremos comprobando que el acceso a la justicia en este país sigue siendo nulo, porque al final, pues ya se agotaría ahí el camino. Que realmente asuman la responsabilidad que tienen y demuestren esa independencia que debe de existir entre el Poder Judicial y el poder de los gobernadores. Nos hemos enfrentado a una contienda desigual, con muchas irregularidades procesales, parcialidad a favor de ellos y muchas contradicciones en los testigos. Este conflicto, más que jurídico es político y lo está administrando Elisa Zepeda a su antojo. Nueve años y no hay sentencia ya para nadie. Miguel está igual que los otros presos. Casi nueve años de proceso y sin sentencia, eso yo creo que es trascendente, en este tipo de procesos, y cualquier juez honesto, imparcial, lo observaría y tendría que otorgar la libertad de fondo

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Avispa Midia

(Español) Desborde de violencia en frontera sur de Chiapas expone población a escasez e inseguridad

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La región de la sierra madre y la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala, arde. La omisión de las autoridades incrementa el riesgo para la población ante los constantes enfrentamientos armados, las desapariciones, el reclutamiento y desplazamientos forzados, acusan organizaciones sociales chiapanecas y nacionales.

Extorsiones, amenazas y secuestros son parte de la cotidianidad. También la cooptación e integración forzada de organizaciones sociales, campesinas, comerciantes y transportistas para participar en actividades criminales; además de la desaparición de líderes y autoridades comunitarias.

A lo anterior se suma la repercusión negativa en la economía tras casi dos semanas de bloqueos carreteros que impiden el traslado de mercancías y alimentos básicos, que ya alcanzan precios estratosféricos por la escasez. Además, funcionarios educativos anunciaron la suspensión de clases desde esta semana, como una medida para preservar la seguridad de maestros y alumnos ante la violencia que azota la región.

“Ante el pánico e incertidumbre provocados a la sociedad, determinamos suspender temporalmente las actividades laborales en todos los planteles de la zona escolar para no exponer a alumnos, maestros, personal docente y padres de familia”, resalta el oficio de las autoridades escolares.

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Ante esta situación, organizaciones como la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG), el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a través de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), difundieron un comunicado para alertar que, a más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, “aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región”.

En medio de la guerra

Los testimonios del enfrentamiento en Nueva Independencia señalan que, en la mañana del 23 de mayo, grupos antagónicos del crimen organizado utilizaron armamento de guerra. “Detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos ‘monstruos’ blindados”, fueron utilizados en medio de la población civil.

Vehículos incendiados durante los enfrentamientos de mayo, 2023.

La violencia desbordó y provocó el desplazamiento forzoso de aproximadamente 3,500 personas. Por casi cuatro días no hubo presencia ni intervención alguna del Estado. Fue hasta el 30 de mayo cuando alrededor de 1,500 elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército arribaron al lugar.

“Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia (militares y GN) tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan”, sostienen las organizaciones sociales.

De acuerdo a un documento filtrado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con fecha de junio del 2022, el cártel de Sinaloa mantiene la hegemonía en Chiapas, pero desde el asesinato de Ramón Gilberto Rivera Beltrán, El Junior, sucedido en julio de 2021, se “provocó un vacío en el liderazgo en el grupo delictivo que encabezaba (cártel de Sinaloa), originando pugnas y diferencias entre las células que lo integran, considerando una fractura en el interior de la estructura del cártel.”

Las organizaciones sociales también identifican este evento como un parteaguas en el incremento de los enfrentamientos en distintas regiones de Chiapas. “Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro. Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica”, contextualizan.

Según la denuncia, tras la guerra de mayo, la violencia se expandió hacia comunidades y ejidos de municipios colindantes a Frontera Comalapa, como Chicomuselo y La Trinitaria, “en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos”.

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Cabe resaltar que durante las últimas semanas se registran bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en los municipios de Chicomuselo, Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. “Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región, así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas”, acusan mediante comunicado.

Las organizaciones enfatizan que el cierre de comercios, escuelas, así como la falta de servicios de salud y transporte implica daños al patrimonio y medios de vida de las familias en la región.

Esto coloca en mayor riesgo su seguridad alimentaria, además de impactar negativamente en la salud física y mental de las personas que viven con temor de nuevas agresiones.

Medios nacionales han reportado que se han disparado los costos de alimentos básicos, las tortillerías no funcionan y escasea el combustible. En municipios de la región fronteriza y sierra, desde hace 10 días incrementaron los bloqueos sobre la carretera Panamericana. También aumentaron los asesinatos y secuestros, por lo que los comercios cerraron sus puertas y la población se resguarda en sus hogares.

Testimonios de los lugareños señalan que los bloqueos cerca del crucero de Chamic y la carretera que cruza a la sierra, a la altura del municipio de Motozintla, mantienen permanentemente incomunicado al municipio de Frontera Comalapa, y también afecta a los municipios de Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera. En la región habitan aproximadamente más de 130 mil personas.

Miles marcharon en Frontera Comalapa para exigir el retiro de los bloqueos que mantiene incomunicado al municipio.

Este lunes (18), alrededor de 8 mil personas marcharon en Frontera Comalapa para demandar el retiro de los bloqueos carreteros, que adjudican a integrantes del cártel de Sinaloa. Medios locales señalan que la manifestación fue promovida por la agrupación El Maíz, la cual vinculan al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según testimonios de la población, estos fueron amenazados para participar en la protesta.

Autoridades omisas

Las organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la región vive un total sometimiento y silenciamiento de la población, y señalan que esto acontece en medio de la complicidad de las autoridades municipales, las cuales carecen de confianza ante la población para atender denuncias y brindar apoyo para los habitantes.

A lo anterior, se suma la falta de certeza en la función que realizan los elementos del ejército que arribaron a la región desde mayo. “La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población”, acusan.

Bloqueo carretero en el crucero de Chamic

En el municipio de Chicomuselo, mediante acuerdos de asamblea, se solicitó que la presencia de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas respetaran los derechos humanos de la población, ante el temor de que realizaran abusos contra los pobladores, como se reporta en otras partes del país.

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“Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, sentencian las organizaciones.

Desde el pasado 9 de septiembre, la Sedena anunció la incorporación de 500 soldados, pertenecientes a la 39 zona militar, para la instalación de puntos de control entre los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Mazapa de Madero y Motozintla. No obstante, lejos de que la violencia cese, se registra un aumento de las agresiones por parte del crimen organizado.

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Avispa Midia

América Latina, la región más letal del mundo para defensores del territorio

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Fuente: Avispa Midia

En portada: Más del 70 % de los asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de 2022 ocurrieron en tan solo tres países: Colombia, Brasil y México. Felipe Luna/Global Witness

América Latina continúa siendo la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, alerta la organización de derechos humanos Global Witness. De acuerdo con documentación realizada por la organización en 18 países de todo el mundo, al menos 177 personas defensoras perdieron la vida en 2022, 88% de los asesinatos ocurrieron en América Latina.

Más de un tercio, el 36%, de las personas defensoras asesinadas eran indígenas, y el 7%, afrodescendientes. Más de una quinta parte, el 22%, se dedicaban a la agricultura a pequeña escala. Todas ellas dependían de sus tierras y recursos naturales para vivir.

Global Witness ha documentado la violencia y asesinatos contra defensores de la tierra desde 2012. “El mundo ha cambiado radicalmente desde que empezamos esta labor, en 2012. Lo que permanece inmutable es la persistencia de los asesinatos”, sostiene la organización en el informe que divulga el resultado de la documentación.

Desde 2012, registraron 1,910 asesinatos, siendo que el 70%, 1,335 asesinatos, ocurrieron en Latinoamérica. Además, la organización registró que, de los 1,910 asesinatos, 1,390 tuvieron lugar entre la aprobación del Acuerdo de París, el 12 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2022.

Las cifras de 2022 son poco menores comparadas al 2021, cuando fueron asesinadas 200 personas. Sin embargo, la situación no ha mejorado sustancialmente, alerta la organización. “El agravamiento de la crisis climática y la creciente demanda de productos agrícolas, combustibles y minerales no harán sino intensificar la presión que se ejerce sobre el medioambiente y sobre quienes arriesgan su vida para defenderlo. Además, para silenciar a las personas defensoras cada vez es más frecuente el uso de estrategias no letales, como la criminalización, el acoso y los ataques digitales”.

Año tras año, la mayoría de los asesinatos se concentra en los mismos países. Más del 70% de los casos – 125 asesinatos de un total de 177 – ocurrieron en tres países: Colombia, Brasil y México.

Colombia encabeza la clasificación mundial con 60 asesinatos. Esta cifra supone casi el doble de asesinatos que, en 2021, cuando perdieron la vida 33 personas defensoras. Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente, “han sido duramente golpeados”.

En Brasil perdieron la vida 34 personas defensoras, frente a las 26 de 2021. “Las personas defensoras brasileñas tuvieron que hacer frente a una hostilidad implacable por parte del gobierno del entonces presidente Jair Bolsonaro, cuyas políticas han expuesto la Amazonia a la explotación y la destrucción, han debilitado las instituciones ambientales y han incitado a invasiones ilegales de tierras indígenas”, dice el documento.

Explotación minera ilegal en el territorio indígena Yanomami (Brasil), 2023. Foto: Alan Chaves

México, el país con el mayor número de asesinatos en 2021, registró una caída, ya que pasó de 54 homicidios en 2021 a 31 en 2022. Al menos 16 de las personas asesinadas eran indígenas, mientras que cuatro eran abogados. “No obstante, la situación general en México no dejó de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y las agresiones sin consecuencias mortales (entre ellas, la intimidación, las amenazas, el desplazamiento forzoso, el acoso y la criminalización) siguieron dificultando en gran medida su trabajo”, señala la organización.

En Honduras fueron registrados 14 asesinatos en 2022, el mayor número de personas defensoras asesinadas per cápita del mundo. “Xiomara Castro, la primera presidenta de Honduras, se ha comprometido a proteger a las personas defensoras. Sin embargo, las primeras tendencias de 2023 apuntan a la persistencia de una violencia generalizada, ya que se han denunciado asesinatos y agresiones no mortales en todo el país”, sostiene la organización.

Julia Francisco Martínez, viuda del defensor de los derechos humanos Francisco Martínez Márquez, miembro del grupo en defensa de los derechos indígenas MILPAH que apareció asesinado en 2015. Giles Clarke/Global Witness

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La organización subraya que las cifras solo contabilizan los asesinatos de los que se tiene conocimiento, dado que la falta de denuncia es un problema generalizado. “Por desgracia, se habrán perdido muchas más vidas que no están incluidas en nuestros datos”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de septiembre de 2023

Boletín No. 20

 

César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

  • Informe de Amnistía internacional México revela patrón de criminalización en el país contra Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente.

César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández son defensores comunitarios tseltales de la región de Chilón, caracterizada por la defensa de la tierra en contra de megaproyectos y la militarización de su territorio. La criminalización de la protesta de César y José Luis, condenados a 2 años por defender su territorio contra la militarización, se enmarca en la política de militarización en el estado de Chiapas con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN), incluyendo uno en su territorio, San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.

El desarrollo de la infraestructura militar en Bachajón se realizó sin consentimiento previo, libre, informado y culturalmente pertinente, violando los derechos a la autonomía, libre determinación y a que no se desarrollen actividades militares en sus tierras. La oposición a la militarización se remonta a su lucha histórica desde el levantamiento zapatista de 1994 y la experiencia de tener una base militar en su territorio que trajo consigo casos de acoso sexual, violaciones, ataques, inseguridad y despojo.

El 15 de octubre de 2020 el pueblo de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción del cuartel en el crucero Temó, tramo carretera Ocosingo – Palenque. Fueron detenidos César y José Luis, se documentaron en su contra actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y faltas al debido proceso por parte de los agentes aprehensores, así como la criminalización mediante la acusación por el delito de motín[1].

A pesar de haberse comprobado la falta de elementos para condenarlos,[2] y que la acusación constituía una restricción desproporcionada al derecho a la protesta social, fueron sentenciados el pasado 3 de mayo, día de la Santa Cruz, tras 2 años de proceso[3]. Si bien obtuvieron su libertad por medio de una sustitución de la pena, ambos defensores cuentan ahora con antecedentes penales y la criminalización fue judicializada.

La criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado tanto de la fuerza, como de la justicia penal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, como el caso de Cesar y José Luis.

En Chiapas, como en México existe un patrón de criminalización de las personas derensoras, enfáticamente contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

El derecho a la protesta social, en este caso particular por las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, es reconocido tanto en la Constitución mexicana, como en instrumentos internacionales, lo que implica para las autoridades tomar medidas para respetar, garantizar y protegerlo.

 

[1] Este delito implica “perturbar el orden público” u “obstruir las vías de comunicación”, en este sentido habría sido utilizado para describir los efectos de una protesta y también para criminalizar la protesta por su ambigüedad o vaguedad.

[2] En su contra se comprobó la falta de elementos sólidos para condenarlos, los testigos no acreditaron pertenecer a la policía estatal ni su participación el día de la protesta, ni la calidad de peritos y legistas expertos en su materia.

[3]    Se concedió el beneficio de la sustitución de la pena, por poco más de 6,000 pesos.

Descarga el Boletín No. 20 en pdf (192.52 KB)

 

México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente

Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.

Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.

¡Lee el informe completo!

INFORME_CRIMINALIZACION-PROTESTA_AMNISTIAMEXICO_2023

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CONGRESO NACIONAL INDÍGENA - CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

(Español) Convocatoria Alto a la Guerra Contra los Pueblos de México y del Mundo, hacia los Pueblos Zapatistas y hacia los Pueblos Originarios de México

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12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA RESISTENCIA Y LA DIGNIDAD INDÍGENA

 

CONVOCATORIA

 

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

 

A los pueblos de México y del mundo,

Al Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra,

A la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida,

A los padres y madres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

 

A 531 años del inicio de la resistencia y la rebeldía de nuestros pueblos en contra de la guerra de invasión y conquista capitalista y en el marco de los 27 años de haberse fundado el Congreso Nacional Indígena (CNI) como el espacio de lucha y unidad de los pueblos originarios de México, CONVOCAMOS a los pueblos de México y del mundo a redoblar nuestras resistencias contra la muerte que hoy más que nunca nos impone el capitalismo patriarcal a escala planetaria.

 

El 12 de octubre marca el inicio de la resistencia de nuestros pueblos y comunidades contra el mayor genocidio en la historia de la humanidad, contra la invasión, contra la conquista, contra el despojo de nuestras tierras y territorios, contra el exterminio de nuestras instituciones, lenguas, cultura y tradiciones; es decir, contra la muerte que el capitalismo global produjo y sigue produciendo.

 

Junto con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida declaramos que la guerra que enfrentamos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, tribus y naciones en todo el territorio nacional, es desarrollada y sistematizada por Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” y titular del Ejecutivo Federal, para garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital y el narco Estado; además, militariza todo el país, como garantía para imponer sus mega proyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, que, basados en el colonialismo, el patriarcado, la homogeneización, la imposición, el odio y el miedo, pretenden ordenar y reordenar nuestro territorio. Por tanto, denunciamos que el crimen organizado y grupos paramilitares colaboran sistemáticamente con las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la policía estatal y municipal, al punto tal en que no podemos ya entenderlos como fenómenos distintos, sino piezas codependientes, músculos y ligamentos del brazo armado del Narco Estado Capitalista.

 

El cerco hacia los pueblos zapatistas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), masacres como la de Acteal, o las ejecuciones y desapariciones forzadas en contra de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emilano Zapata y de la comunidad nahua de Santa María Ostula, así como la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, junto a la creciente y continuada violencia hacia las mujeres, o el asesinato de defensores de la tierra, como es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, son señales contundentes de esta guerra.

 

De la mano del Espacio de Coordinación Nacional Contra la Guerra decimos que Chiapas es México, y en Chiapas se concentran hoy muchas de las violencias que aquejan a todo el territorio mexicano. La guerra que se impuso a nuestro país desde Estados Unidos, y que Felipe Calderón se dio a la tarea de profundizar, hoy alcanza todo el territorio nacional. La frontera se ha corrido hasta el sureste, y con ella la guerra, una guerra que la administración actual no ha frenado: 153 mil 941 homicidios dolosos, 42 mil 935 personas desaparecidas y no localizadas, 69 periodistas y 94 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas y medio ambiente asesinadas en el continuado proceso de recolonización militarizado y delincuencial del actual sexenio. Concluyendo que, en este contexto, grupos paramilitares y de corte paramilitar que operan con total impunidad en Chiapas desde hace tres décadas, han aumentado sus acciones beligerantes contra los pueblos zapatistas. La Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, que al menos desde el año 2000 ha operado al servicio de distintos gobiernos, partidos políticos y grupos de poder en la región, ha realizado entre 2019 y 2023, más de 100 ataques contra poblados zapatistas pertenecientes al Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, con sede en Patria Nueva, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.

 

Ante esta guerra capitalista y patriarcal de las corporaciones mundiales y sus gobiernos contra la humanidad, nos movilizamos para exigir un alto total al cerco militar y paramilitar y la estrategia contrainsurgente dirigidos contra el EZLN y las comunidades zapatistas; y contra los pueblos originarios de México, a traves de la militarización, el militarismo, la paramilitarización, el crimen organizado o los mal llamados planes de justicia indígenas que el indigenismo oficial impulsa; nos organizamos para frenar esta guerra que se vertebra por medio del despojo y la explotación crecientes que implican el saqueo del agua, la extracción y distribución de hidrocarburos, la minería y los megaproyectos de infraestructura encaminados al ordenamiento salvaje de las poblaciones, de las fronteras y de los territorios de nuestros pueblos.

 

Por todo lo anterior, como acuerdo de la Reunión Ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG, llamamos a los pueblos de México y del mundo que resisten contra la muerte y el olvido y a las organizaciones sociales, civiles y políticas, así como a las mujeres y hombres de buen corazón, para que junt@s alcemos la voz contra la guerra en México y en el mundo, contra la guerra hacia los pueblos zapatistas y los pueblos originarios de México y, en consecuencia, les CONVOCAMOS para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías:

 

EL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 2023, LLEVEMOS A CABO UNA:

 

ACCIÓN GLOBAL POR EL ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA LOS PUEBLOS ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO

 

Y nos llamamos a manifestarnos en las calles, embajadas y consulados, centros de estudio y lugares de trabajo, en las redes sociales; en todas partes que nos sea posible e imprescindible, en contra de la violencia militar, paramilitar, del crimen organizado y de las corporaciones capitalistas y en defensa de la vida, registrando la actividad al correo cnicomunicacion@gmail.com. Nos llamamos y les llamamos a unir esfuerzos para tejer y planear en colectivo una JORNADA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ACCIONES DISLOCADAS, así como nuestra participación en el TERCER ANIVERSARIO DE LA TOMA DEL EDIFICIO DEL INPI (hoy Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes) por parte de la Comunidad Indígena Otomí en la Ciudad de México y una MOVILIZACIÓN CENTRAL EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN MÉXICO SE LLAMA NARCOESTADO CAPITALISTA.

 

A 531 AÑOS DE GUERRA SEGUIMOS RESISTIENDO. 27 AÑOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA.

 

 ATENTAMENTE

¡Nunca más un México sin Nosotros!

¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

radio
Ké Huelga Radio

(Español) Conferencia de prensa rumbo al cese de prisión preventiva a los presos de Eloxochitlán

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El día 12 de septiembre de 2023 las mujeres mazatecas y personas solidarias realizaron una conferencia de prensa con el fin de exigir el cese de prisión preventiva para los presos políticos Jaime Betanzos, Herminio Monfil, Alfredo Bolaños, Fernando Gavito y Francisco Durán. La rueda de prensa se realizó en el Centro Nacional de Comunicación Social en la Ciudad Monstruo.

Las mujeres mazatecas, en voz de Argelia Betanzos, denunciaron que los presos políticos de Eloxochitlán llevan 9 años de prisión preventiva sin que se les dicte sentencia, a pesar de que la ley señala que este tipo de prisión no debe rebasar los 2 años. Mencionaron que a los presos políticos se les han violado sus derechos lingüísticos y de pertenencia a una comunidad indígena al no tener acceso a un traductor. También denunciaron que a los presos políticos se les ha vulnerado su calidad de vida; en especial a Jaime Betanzos y Herminio Monfil que tienen edad avanzada.

A pesar de que a los presos políticos les corresponderían sentencias absolutorias, las mujeres mazatecas han aceptado una audiencia para buscar el cese de prisión preventiva. Tal audiencia, producto de denuncias y movilizaciones, se realizará el próximo 18 de septiembre en el juzgado de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Las compañeras advirtieron que no van a aceptar una respuesta negativa por parte de las autoridades. Llamaron a acompañarlas en esta movilización.

A la conferencia de prensa llegaron dos mujeres del Barrio Escopeta de Eloxochitlán que forman parte de Comité de Autodefensa que se formó en este lugar para parar las detenciones arbitrarias y los cateos ilegales a los hogares de los perseguidos políticos. Recientemente ellas denunciaron que han sido vigiladas y hostigadas con drones.

Les compartimos los audios de la Conferencia de Prensa y convocamos a estar atentxs a la movilización y audiencia del próximo 18 de septiembre.

¡Basta de injusticias! ¡Libertad a los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón!

Javier Hernández

Argelia Betanzos

Comité de Autodefensa de Eloxochitlán

Preguntas y respuestas

Mensaje e invitación a la marcha del 18 de septiembre

Ver en línea : Descarga y difunde los audios

radio
cafe-libertad.de

(Español) Gira europea del CNI y el Frayba: Por un Clima de Rebeldía … Defendamos las comunidades indígenas y la lucha

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En México se lleva a cabo una guerra no visibilizada en contra de los Indígenas.
Las comunidades autónomas zapatistas en Chiapas están siendo atacadas por grupos paramilitares que les disparan y los cercan, les destruyen sus Milpas y sus casas y les cortan el agua
El Gobierno deja actuar libremente a los grupos armados y promulga supuestas reformas sociales que destruyen la tierra comunal y a través de las cuales se promueve el robo de la tierra a mano armada.
El Gobierno mexicano niega la guerra en Chiapas e intenta presentarla como un conflicto entre Indígenas. Todo lo anterior es para nosotros un motivo para invitar a la Delegación del Congreso Nacional Indígena, CNI, a una concentración solidaría.

Durante la concentración que se llevará a cabo de las 4:00 a las 5:30 pm, en el marco de la fiesta Schanzenfest, unos Compas van a hablar sobre la situación en sus territorios, sobre sus luchas, sobre la violación a los derechos humanos y sobre la guerra en Chiapas.

La concentración es parte del programa de la Tribuna principal. Las participaciones se van a traducir al alemán.
La vista de la Delegación en la fiesta Schanzenfest es el comienzo y al mismo tiempo, parte de un viaje por la Europa insumisa durante el cual se quiere sacar a la luz publica la guerra en contra los pueblos indígenas. Nosotros apoyamos y con la concentración enviamos al mundo una muestra de solidaridad.

Los Zapatistas así como otras muchas comunidades indígenas en México, se encuentran desde 1994 en lucha y en resistencia por su autonomía y por su auto-organización. Ellas fueron y son una inspiración para el movimiento critico a la globalización en todo el mundo. Los cimientos de la autonomía y de la resistencia de las bases de los movimientos sociales los combaten cuando se dispara a las escuelas, cuando prende fuego a las Milpas, cuando los Zapatistas son secuestrados, asesinados o heridos de gravedad.

La visita de la Delegación a la Fiesta Schanzenfest es parte del comienzo de un viaje por Europa durante el cual los niveles de violencia así como la guerra que no ha sido visibilizada, se pondrán a la luz pública.
Nosotros queremos apoyar esto y con la concentración queremos envías una muestra de una solidaridad fuerte a todo el mundo.

Lxs Zapatistas no están solos!
Mientras las consecuencias del cambio climático, ocasionadas por el hombre, son visibilizadas y claras en todos lados, muchas personas en todo el mundo se encuentran en resistencia contra Megaproyectos, los ataques a ambientalistas aumentan. En el año 2020 hubo en México 30 ataques mortales a ambientalistas, la mitad de ellos eran indígenas.
Esto no es una casualidad. México es uno de los países con la mayor cantidad de licencias a consorcios nacionales y transnacionales para la minería. Los cuales son de manera directa o indirecta responsables por el asesinato a ambientalistas. A través de pagar a asesinos a sueldo o por medio de poner armas a disposición de grupos de seguridad privada se ahuyenta a les ambientalistas para de esta manera romper la resistencia en las comunidades afectadas.

Las y los Indígenas están en estos momentos en la primera línea de las luchas sociales en tiempos del cambio climático en todo el Sur global. Elles están siendo afectadas por el robo de sus tierras, el cual es impulsado por la continuidad del colonialismo, por la corrupción y por los intereses económicos, por el del aniquilamiento del medio ambiente y la explotación de los recursos naturales a través un capitalismo sin límites. Recursos Naturales que en realidad les perteneces sólo a elles, como el agua, las selvas y los bosques están siendo privatizados y saqueados.

Las comunidades indígenas en resistencia aportan mucho conocimiento y experiencia, pero no son escuchadas. En el Norte global, en las mesas redondas de los expertos en la política oficial o en el capitalismo verde no se encuentran las soluciones para la contención del cambio climático ocasionado por el hombre, sino en la organización desde abajo y en el empoderamiento de todes nosotres como actores.

Nosotros estamos cansados de escuchar las mismas explicaciones y las mismas discusiones de van de acuerdo a la circunstancia política, para determinar cuántos grados no se han cumplido dentro de los objetivos climáticos, por qué se afirma que el crucero supuestamente está lleno y por qué una vida mejor no es económicamente posible dada la situación actual. Nosotros mejor escuchamos a las y los que se encuentran en resistencia, a los que luchan por otras realidades.

Las luchas climáticas son luchas sociales con alcance global

Mientras en Alemania se prometen cada vez más respuestas a la crisis climática provenientes del “capitalismo verde” y de la “apertura tecnológica”, otras regiones del mundo sufren las consecuencias de estas estrategias. Las materias primas y los recursos naturales provenientes del Sur global se siguen aprovechando y utilizando para la producción y venta de productos y mercancías. El sistema capitalista no se pone en tela de juicio mas bien se defiende y se fomenta su desarrollo a través del uso de la violencia.

Consorcios alemanes y europeos presentan una imagen verde, mientras tanto en México los sindicalistas de izquierda, ambientalistas, periodistas críticos son asesinados, mientras como en el caso del Tren Maya en Yucatán, México, en cooperación con el Deutsche Bahn, deja una vereda de devastación por la selva para que la región sea integrada al turismo y para que los recursos naturales sean saqueados.

La imposición de Megaproyectos y la debilitación provocada a la resistencia de las bases son parte de la guerra contra los indígenas en México. Las causas y la raíz del conflicto llegan hasta el día de hoy al puerto de Hamburgo como Ciudad Puertearía y como torniquete para mercancías, maquinaría y armas.

Derribar la continuidad colonial de sus pedestales

Hace exactamente 140 años la Cámara de Comercio de Hamburgo se acercó al que fuera el Canciller del Imperio Bismarck, pidiéndole el favor de poner el patrimonio de los comerciantes alemanes bajo la protección de Imperio alemán de manera oficial. Un año más tarde nació el imperio colonial. En honor y como agradecimiento a la protección colonial se edificó el monumento a Bismarck en el barrio de St.Pauli.
El que la historia y el crimen del colonialismo, como una atracción marítima, se siga reconociendo, se puso de manifiesto cuando en julio de 2023, en el día luctuoso de Bismarck se restaurara el monumento, lo que tuvo un costo de 10 millones de euros. Este acontecimiento describe no sólo la negación a reconocer los crimines del colonialismo alemán y de trabajarlo desde una perspectiva critica, sino que es parte de la actualidad para aferrarse a las injusticias postcoloniales del comercio global.

Mientras que las fronteras estatales en el marco de la globalización se abren a los mercados y a las mercancías, las personas son sometidas a regímenes cada vez más autoritarios.
Desde 2014, 25.000 personas han perdido la vida o no han sido localizadas en el mar mediterráneo. A pesar de todo, el salvavidas marítimo es criminalizado y limitado en su trabajo por leyes cada vez más restrictivas, como con el Tratado GRAS/CEAS.

Las muertes de Refugiados en el mar mediterráneo se han vuelto parte de la cotidianidad en beneficio de la ganancia máxima para Europa. El Derecho de Asilo lo hacen cada vez
mas restrictivo y va de acuerdo con la voluntad política y en beneficio de multitudes destinadas al mercado laboral barato.

Los intereses utilitarios son los que deciden qué es Humanidad, Justicia y Prudencia, son los que deducen cuáles son los últimos nichos de bosques tropicales de la periferia o de la Metrópoli y son los que regulan nuestra vida en comunidad , nuestros deseos y nuestro comercio.

Alto CEAS – not people!

En Europa es necesario repudiar las economías privilegiadas y el empoderamiento, sabotear el funcionamiento normal de un mundo que convierte a las personas en consumidores y productores. En cabio debemos unirnos, organizarnos en la vida cotidiana y aprender de diversas experiencias.
Porque una cosa es segura: así como está todo, no es una alternativa. No nos vemos parte de los supuestos acuerdos y certezas imperantes en defensa de una historia y un presente de explotación global que ha sido escrita por muchos durante demasiado tiempo. Estamos del lado de los pueblos indígenas en resistencia y de todos aquellos que luchan contra las condiciones actuales; que intentan saltar las fronteras y tratar de reimaginar su futuro en lugar de adherirse a leyes y reglas que destruyen este futuro y exacerban y cimientan las injusticias sociales.

¡Otro mundo es posible!

Por las luchas sociales contra los Megaproyectos y la Hidra del capitalismo global!
Alto a la guerra contra los Zapatistas!
Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas!

Más información en https://schanzenfest.blackblogs.org
Flyer en formato pdf: https://schanzenfest.blackblogs.org/wp-content/uploads/sites/2247/2023/07/Zapatista-Solidarity-Kundgebung-09092023.pdf

radio
Avispa Midia

La hipocresía de Joe Biden sobre la libertad de expresión y el caso Assange

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En el mes de abril, el mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, durante una cena con medios de comunicación y diversos corresponsales, hizo un llamado urgente para la liberación de los periodistas que están presos, sobre todo estadounidenses, afirmando que “el periodismo no es un delito”.

Biden hizo hincapié, principalmente, sobre el caso de dos periodistas: Evan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, acusado de espionaje en Rusia, y Austin Tice, periodista supuestamente retenido por el gobierno sirio. “La prensa libre es un pilar de una sociedad libre, no el enemigo”, reafirmó el presidente de los EEUU ante diversos reporteros, editores, presentadores de televisión y locutores de radio. En ningún momento se mencionó el caso del periodista australiano Julián Assange.

Ver también: Julián Assange será extraditado a EEUU; las redes sociales se encienden

Assange fue detenido en Londres en 2019, aunque ya había pasado siete años en calidad de refugiado en la Embajada de Ecuador de la capital británica. Es acusado por el gobierno de Estados Unidos por 17 cargos de violación a la Ley de Espionaje y un cargo de conspiración por supuestamente cometer intrusión informática, es decir, acceso no autorizado a la red de datos clasificados.

Los documentos clasificados que expuso el periodista en 2010 y 2011 contienen pruebas de las atrocidades cometidas por el gobierno estadounidense en Irak y Afganistán.

Desde el momento en que se libera la orden de detención del periodista Assange, de origen australiano y fundador de Wikileaks, se ejerce una presión constante para que el periodista sea extraditado a Estados Unidos para ser juzgado con una posible pena de hasta 175 años de prisión.

Biden ha tenido la oportunidad de poner un alto a la persecución de Assange y darle un giro al caso. No obstante, el Departamento de Justicia en su periodo de gobierno ha insistido en la extradición, como lo hizo el ex presidente Donald Trump.

Solidaridad con Assange

A ello se suma que el Tribunal Supremo de Reino Unido rechazó, el pasado mes de junio, la apelación que interpuso la defensa del periodista contra su extradición a Estados Unidos.

También te puede interesar: Assange, el fundador de Wikileaks, logra temporalmente que no lo extraditen a EEUU

Entre las diversas expresiones de solidaridad que ha recibido el periodista, más de 60 legisladores australianos han emitido una misiva al gobierno de EEUU donde instan a retirar los cargos contra Assange. Incluso, una delegación de estos parlamentarios australianos ha decidido viajar a la Casa Blanca la próxima semana para ejercer presión por la libertad del periodista.

Actualmente Assange lleva cuatro años en la prisión londinense de Belmarsh, aún sin cargos. Si Assange es condenado, tendría graves consecuencias para la libertad de prensa en Estados Unidos y en todo el mundo, ya que la práctica que él ejerció sobre la ventilación de los documentos clasificados es común en el periodismo de investigación; en todo caso, cientos de periodistas podrían ir a prisión por ello.

radio
redtdt.org.mx

(Español) Riesgos a la población de la Región Frontera de Chiapas ante la omisión estatal

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Llamamos a asegurar la vida e integridad frente al control de grupos criminales

A más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región.

Desde el 7 de julio de 2021, después del asesinato en la capital del estado de Chiapas de una persona vinculada a uno de los grupos criminales, iniciaron los enfrentamientos en diversas regiones. Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro[1].

Las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas.

El enfrentamiento en la comunidad de Lajerío entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, fue equiparable a una “guerra”: detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” blindados. Inició la mañana del 23 de mayo, después de la desaparición de autoridades ejidales un día antes; duró alrededor de cuatro días sin intervención alguna del Estado, y fue hasta el 30 de mayo que hubo presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.

Estos hechos provocaron que alrededor de 3,500 personas se desplazaran forzadamente de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal. En este contexto también ocurrió la muerte de un adolescente de 14 años por una bala perdida que entró por el techo de lámina de su domicilio. Además, la interrupción de la vida cotidiana de la población con el cierre intermitente de escuelas, comercios y de los servicios de salud y de transporte, ha implicado daños al patrimonio y medios de vida de las familias, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria e impactando profundamente en la salud física y mental de las personas, que viven en constante temor de nuevas agresiones.

Después de los enfrentamientos, los grupos criminales limpiaron evidencias y levantaron casquillos, armas y cuerpos de personas heridas y sin vida. Hasta después de estos sucesos, alrededor de 1, 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y Policía Estatal llegaron al territorio. Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan.

Posterior a la guerra de los 4 días, se ha expandido este conflicto hacia comunidades y ejidos de otros municipios, como Chicomuselo y La Trinitaria, en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos.

En las últimas semanas se han presentado bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en los municipios de Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas.

La población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de 2 años, actualmente vive secuestrada por los grupos delincuenciales: la circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de halconeo (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual. Con la presencia de los grupos delincuenciales se ha incrementado también el narcomenudeo y el consumo de drogas entre jóvenes; sin programas ni espacios educativos, recreativos o deportivos, las “opciones” son desplazarse o incorporarse forzadamente a las actividades ilícitas.

Existe un intento de total sometimiento y silenciamiento de la población, la cual está constantemente amenazada, en medio de la complicidad de autoridades municipales, ante las que no se tiene confianza para pedir apoyo y denunciar.

Desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, no existe certeza de su función ante el contexto. La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población.

Nos preocupan de manera particular las afectaciones que la violencia está provocando en los medios de vida de la población y en el ciclo campesino en la región, así como la obstaculización constante del comercio y transporte de productos básicos, lo que pone en riesgo el derecho a la alimentación a corto y mediano plazo, agudizando la violencia económica, lo que se suma a las causas estructurales de desplazamiento forzado de la población. Derivado del incremento exponencial de la violencia en la región, la migración de la población, que constituye una forma paulatina de desplazamiento, se ha venido desatando aun con mayor fuerza, pues ya no hay condiciones para la vida en esos territorios.

Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Por ello exigimos al Gobierno mexicano:

  • Una investigación imparcial y profunda por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la Fiscalía General de la República sobre los hechos de “la guerra de los 4 días” en el municipio de Frontera Comalapa, así como de los mecanismos de control poblacional y del territorio de la Región Frontera por parte de estos grupos de delincuencia organizada, que desde el 2021 mantienen amenazada y sometida a su población.
  • El cese de la estigmatización y criminalización de la población que se encuentra en medio de la violencia en condiciones de sobrevivencia, reconociéndoles su estatus de víctimas.
  • Una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo.
  • Que desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida.
  • Que los Gobiernos federal y estatal impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en el municipio de Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas.
  • Que se garantice la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general en Chiapas, y particularmente en la Región Frontera.

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género

Guatemala – México (MTMG)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS)

 Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja


[1] Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Presos injustamente de Cancuc exigen su libertad inmediata

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San Cristóbal de las casas Chiapas 10 de septiembre del 2023

 

C. Derechos Humanos

C. Compas Solidarios

C. Sexta

C. Medidas Libres

C. Diócesis De San Cristóbal

C, Pueblos Creyentes

 

Nosotros presos tseltales de San Juan Cancuc C. Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez hacemos saber que estamos presos injustamente por un delito que no cometimos ya que llevamos 16 meses de presos queremos pedir justicia y la libertad inmediata y queremos pedir apoyo y solidaridad para que mas personas conozcan nuestro caso que sea llevado injustamente por la juez de enjuiciamiento la lic . Maria Guadalupe Flores Rocha que no toma en cuenta las pruebas que presenta nuestro abogado y que nos tiene recluido, queremos y solicitamos nuestros hermanos creyentes que recen por nuestra pronta liberación inmediata

 

Agradecemos mucho la atención que presta en esta carta

 

C.  Agustín Pérez Domínguez

originario del pueblo de San Juan Cancuc

 

C. Agustín Pérez Velasco