Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Las manifestaciones ininterrumpidas contra la aprobación de la explotación minera más grande de Centroamérica no cesan. Foto: Radio Temblor}

A punto de cumplir un mes, y a pesar de la represión estatal, la sociedad panameña mantiene movilizaciones ininterrumpidas en todo el país, en rechazo a la aprobación de la Ley 406, la cual aprueba el contrato de concesión a la mina Cobre Panamá, la explotación a cielo abierto de cobre y oro más grande de Centroamérica.

Desde el pasado 23 de octubre, organizaciones sociales, sindicatos, profesores y habitantes en general se manifiestan en contra del contrato, ratificado por el presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), el cual le otorga la concesión, por 20 años prorrogables, para explotar casi 13 mil hectáreas en Coclé del Norte, provincia de Colón, donde devastaría bosques tropicales que hacen parte del Corredor Biológico Mesoaméricano.

Medios locales reportan que, hasta el pasado fin de semana, se ha registrado la detención de más de 1,000 personas participantes de las protestas. Entre ellos, destacan, se encuentran 134 menores de edad. Según reportes oficiales, los detenidos son acusados de vandalismo, daños a la propiedad y otras faltas administrativas.

Contrato minero

La concesión minera tiene una historia que data de la década de los 90s del siglo pasado. Para 1991, se registró la concesión para exploración de posibles yacimientos de oro y cobre, y para 1997 se aprobó, por parte de la Asamblea Nacional, el contrato ley para la explotación minera, el cual posee rango constitucional. En el año 2005 el gobierno panameño respaldó la construcción de infraestructura y para 2009 dio luz verde al inicio de la explotación comercial de la mina por parte de la entonces denominada Minera Petaquilla (también de origen canadiense).

El contrato para la explotación establecía la posibilidad de solicitar prórrogas por 20 años, siempre y cuando la solicitud fuese presentada ante el Ministerio de Comercio e Industrias 120 días antes o 120 días después del término de cada periodo. Para el 30 de diciembre de 2016 la minera tramitó dicha prórroga, tras el paso de la fase de exploración y después de cinco años de la construcción de la mina Cobre Panamá.

No obstante, en 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional el primer contrato de 1997, atendiendo a un reclamo presentado, desde 2009, por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), organización que argumentaba la anulación de la actividad minera para prevenir el daño en los ecosistemas del norte del país centroamericano.

Minera Petaquilla cambió su nombre a Minera Panamá y, en febrero de 2017, obtuvo la prórroga hasta el año 2037. CIAM reclamó que el fallo de la CSJ anulaba dicho contrato; por su parte, la minera señaló que la resolución judicial no afectaría su proyecto de una inversión de más de 10 millones de dólares. Sin embargo, para operar la mina aceptó negociar un nuevo pacto, esta vez con el actual presidente, Laurentino Cortizo, quien con el respaldo del legislativo ratificó en octubre pasado el contrato mediante la Ley 406.

Rechazo
La reacción de distintas organizaciones, como la Central General de Trabajadores de Panamá, la Asociación de Profesores de la República, ambientalistas, pueblos indígenas, campesinos y estudiantes ha sido masiva y la represión estatal, acusan, ha sido desmedida.

Las protestas se mantienen a la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad de dicha ley. Para noviembre, las movilizaciones han ido en aumento para exigir que el presidente llame a sesiones extraordinarias de la Asamblea de Diputados y presente la derogatoria de la Ley 406.

De acuerdo con medios locales, además de los cierres de vías en la capital panameña, se registran manifestaciones en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Colón. En algunos puntos se registran bloqueos que impiden la circulación de mercancías y combustibles, sobre todo en la frontera con Costa Rica.

El medio alternativo Radio Temblor señala la participación de los pueblos originarios, quienes mantienen barricadas en la comarca Ngäbe Buglé, “ya que no hay respuesta por el gobierno para derogar dicha ley”. También destaca que, pese a los bloqueos, se permite el tránsito de vehículos con medicamentos, alimentos y ambulancias.

“En la provincia de Coclé las acciones se concentran en la cercanía a la entrada de la minera, así como las acciones de pescadores en el muelle del proyecto minero en Punta Rincón. Así también las protestas no cesan en la provincia de Colón, Darién, Los Santos y Herrera como en áreas indígenas de Guna Yala, Nasos y Emberá”, remarca el medio libre.

Asesinatos

Durante las movilizaciones masivas se registra un saldo de cuatro muertos.

El 26 de octubre, Agustín Rodríguez Morales, de 49 años, falleció tras ser atropellado cuando protestaba en la comunidad de Los Viveros, provincia de Colón. Para el 1 de noviembre, Tomas Milton Cedeño, educador de la comarca Ngäbe Bugle y originario de la provincia de Chiriquí, fue atropellado en las manifestaciones realizadas en Horconcitos.

En la jornada de bloqueos realizada el martes 7 de noviembre, en la provincia de Panamá, Kenneth Darlington, panameño de origen estadounidense, asesinó con arma de fuego a Abdiel Díaz Chávez e Iván Rodriguez Mendoza. El homicida, de 77 años, se mantiene recluido en espera de su proceso judicial.

El 9 de noviembre, las manifestaciones reclamaron justicia por los asesinatos. “Panamá, ahora más que nunca, debes estar más unido porque no podemos permitir más que se esté derramando sangre en este país para defender a una transnacional (…) la culpa no es de los cierres”, declaró Luis Arturo Sánchez, de la Asociación de Educadores Veragüenses.

Derogación

Tras las masivas movilizaciones, el presidente Cortizo presentó la Ley 407 para decretar la prohibición de nuevas concesiones mineras. Sin embargo, las manifestaciones exigen la derogatoria del contrato a Minera Panamá.

Por su parte, desde el pasado 8 de noviembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció que se encuentra en proceso de revisión de todas las solicitudes nuevas, de renovación y de prórroga para exploración y/o extracción de metales para cumplir con la Ley 407.

Sin embargo, expertos señalan que este decreto mantiene vigentes 15 concesiones y deja a la expectativa más de 100 solicitudes existentes. De acuerdo al MICI, todas estas solicitudes deben ser archivadas en un periodo de tres meses desde la promulgación de la ley, acontecida el 3 de noviembre.

El Centro de Incidencia Ambiental detalló que existen 103 solicitudes de exploración que deben ser archivadas, a mas tardar febrero del 2024, para cumplir con la nueva ley.

No obstante, según el CIAM, aún existen 15 concesiones entregadas; de ellas, cuatro están vencidas y siete de ellas están esperando una prórroga, por lo que también quedarían excluidas.

De las cuatro concesiones restantes, dos son propiedad de Veragold, ubicadas en la provincia de Veraguas. En esta región, de acuerdo a la Ley que protege la Cuenca del Río Santa María, se prohíbe la minería, por lo que no se podría iniciar la extracción. También se encuentra la concesión de Minera Petaquilla, respaldad por la Ley 9 de 1997, declarada inconstitucional.

La única concesión que quedaría vigente es la de Minera Panamá, recién legalizada con la ley 406 y que acumula más de 8 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema.

Noticias de abajo 15 de noviembre 2023

• PANAMÁ: Panamá en crisis por el extractivismo minero. 4 semanas de paro contra las mineras y las leyes que el mal gobierno ha impuesto para defenderlas. Represión y muerte ha sido la respuesta a las demandas populares. ¿Qué es el discurso del odio? Con información de Radio Temblor.
  https://www.radiotemblor.org/que-es-el-discurso-de-odio/
  https://www.radiotemblor.org/panama-en-crisis-por-el-extractivismo-minero/
• BOLIVIA: En la línea de FUEGO. Voces de San Buenaventura Y Rurenabaque.
  El portal de fuga radial desde Bolivia nos comparte un audio reportaje muy impactante de la situación desesperante que viven con los incendios en la Amazonia boliviana y la nula respuesta del Estado y autoridades. https://fugaradial.org/
• PALESTINA: Informe de la situación en Gaza en reporte del embajador de Palestina en Argentina.
  https://palestina.int.ar/.
• GUERRERO: Entrevistas a damnificados del Huracán Otis en la costa de Guerrero. Por Mar.
• CDMX: Comunidad de San Gregorio Atlapulco exige que la Biblioteca Comunitaria sea entregada al Pueblo.
• CHIAPAS: Libertad para Manuel Gómez, preso por ser zapatista
  Episodio de #Notifrayba sobre la detención de nuestro amigo Manuel Gómez Vázquez, rehén del gobierno de Chiapas, recluido injustamente por ser zapatista, desde hace dos años y once meses.
  https://archive.org/details/notifrayba_manuel_alta

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Defensores y Protectores del Futuro de IXIL}

La comunidad maya de Ixil, en el estado de Yucatán, obtuvo en la justicia la suspensión provisional, dictada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán, que deja sin efecto una orden de la Fiscalía General del Estado, implementada el 17 de agosto mediante un violento operativo de la Secretaría de Seguridad Pública, que resultó en el cierre de cientos de hectáreas de tierras comunitarias que cultivan familias indígenas y campesinas.

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De acuerdo a un comunicado de prensa de la comunidad, miembros de las familias Abimerhi y Millet, con vínculos políticos y personales con el gobernador Mauricio Vila Dosal y con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, han intentado apropiarse de estas tierras comunitarias desde agosto de 2022.

La orden de la Fiscalía, emitida en el marco de una “supuesta investigación de la cual la comunidad no tiene conocimiento, está siendo utilizada para despojar a la comunidad”, sostienen. Las familias “están marcando lotes en las tierras comunitarias para avanzar en la planeación de un megaproyecto inmobiliario”.

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La orden emitida por la Fiscalía impidió la ampliación de un sistema colectivo de riego fotovoltaico planeado en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), dado que su implementación estaba planeada para los meses de septiembre y octubre, informan.

En el ámbito del proyecto ya existen tres sistemas de riego colectivo fotovoltaico instalados, además de otras acciones implementadas con grupos de productores de hortalizas y de mujeres y jóvenes que comparten el uso de un vivero tecnificado. “Todas estas instalaciones se encuentran en las tierras aseguradas por la Fiscalía, de las que pretenden apropiarse las familias Abimerhi y Millet”, señalan.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: El ejido Paraíso Nuevo está dividido por el paso de vías férreas. Con las obras del tren maya, la separación de la comunidad se acentúa. Foto: Santiago Navarro F.}

Perla Rubí Garduza Pablo, ama de casa del ejido Paraíso Nuevo, Campeche, suspira tras la pregunta: ¿Qué opina de la declaración del presidente sobre que no se iba a tirar un solo árbol? El cielo nublado sobre nosotros, ruge, anticipando la lluvia y su respuesta: “¡Es mentira! A nosotros nos han dañado la flora, fauna y nuestra vida”, exclama molesta por el paso del tren maya por su comunidad.

La devastación que atestiguan en el ejido Paraíso Nuevo se repite a lo largo de otros territorios. De acuerdo a un análisis de imágenes satelitales realizado por CartoCrítica, para junio de 2023 se han deforestado 6,659 hectáreas en la península de Yucatán por la construcción del tren maya. CartoCrítica enfatizó que, de esta área, 5,769 hectáreas fueron desmontadas ignorando la legislación ambiental pues no se promovieron ni autorizaron cambios de uso de suelo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Rubí reclama por el incumplimiento de las promesas hechas por funcionarios de otorgar beneficios a la población para que aceptara el tren. Sostiene que los estragos por las obras del megaproyecto son palpables en la cotidianidad de esta población, al sur de Campeche.

Un equipo de Avispa Mídia visitó el ejido Paraíso Nuevo, correspondiente al tramo 1 del tren. Los pobladores refieren que las consecuencias negativas del megaproyecto no son cosa del futuro, sino algo que han vivido desde hace tres años, cuando en plena pandemia de la Covid-19, inició la construcción.

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Séptima Parte: Un Escarabajo en Streaming

Noviembre del 2023

Durito me ha reenviado esto que le llegó a uno de sus millones (eso dijo) de fans:

Agrega lo siguiente:

“Aunque es un detalle que hayan cambiado el color negro por el azul, lo que protege mi identidad secreta, puede ser que quieran eludir el pago de derechos de autor.  Sobre todo, por mi discreta participación en la huelga de SAG-AFTRA, al lado de mi admirada Susan.  Como quiera, agradezco el humilde homenaje de HBO al más grande superhéroe que ha parido el planeta tierra: yo mero”

Casi al mismo tiempo, me ha llegado esto del Community Manager de HBO:

«En relación con el anuncio de la programación de la película referida, HBO aclara que no se refiere a Don Durito (DD para cuestiones legales) ni es una referencia al próximo aniversario del EZLN.  Es una mera coincidencia.  HBO reitera su compromiso con el sistema y ya está en trámites para amonestar a los responsables de nuestra programación en este lamentable malentendido.  HBO no hace películas, ni programa la exhibición de filmes de superhéroes reales, sólo de ficticios.  Y, previendo demandas del referido DD, advertimos que ya está, en nuestro departamento legal, toda la documentación que ampara nuestra inocencia.  No aceptaremos demandas mayores a 10 millones de USD, aunque estaríamos en disposición de redirigir a Guerrero la indemnización, siempre y cuando sea una cantidad razonable que no exceda el monto referido y que no pase por el Congreso de la Unión del cementerio llamado México.  Estamos en entera disposición para llegar a un arreglo razonable.  Atentamente.  El CEO de HBO»

Creo que esto ya se salió de control.

Ahora Durito estará insoportable.  Bueno, ya estaba, pero más (¿o es Max?).

Desde el despacho del Representante Artístico de DD (para cuestiones legales).

El Capitán.
Noviembre del 2023.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El Centro Agroecológico Tlacuache Fantasía es un espacio que forma parte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en ciudad de México (CDMX), ubicado justo frente al Metro Universidad. Es un espacio donde antes había grandes cantidades de basura y ratas. Desde 2013, diversos voluntarios lo han recuperado. Pero hoy están siendo criminalizados por las autoridades de la universidad y del gobierno de CDMX.

El pasado 2 de octubre, las voluntarias que actualmente forman parte de este espacio recibieron una notificación de la Fiscalía General de la República, requiriendo que María Vargas Hernández, quien había fungido como voluntaria anteriormente, se presente a las autoridades por ocupación de este inmueble.

La notificación está apegada al artículo 395 fracción del Código Penal Federal el cual establece: “Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos: I. – Al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca”.

De acuerdo con un comunicado emitido por las activistas de agroecología, quien interpuso la demanda han sido autoridades de la propia Universidad.

“Aclaramos que muchxs voluntarixs han conformado el espacio y que María fungió como voluntaria del espacio de 2020 a 2023, no obstante, no es responsable del proyecto”, aclaran las integrantes del espacio.

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Washington DC, 9 de noviembre de 2023.- Frente a la ausencia de autoridades de alto nivel responsables en el esclarecimiento de los hechos del caso de desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, padres y madres de las y los estudiantes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la actualización de los últimos eventos del caso y presentaron solicitudes puntuales, esto durante la audiencia convocada por la CIDH como parte del seguimiento de la medida cautelar 409-14.

Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascensio Bautista, y Mario González padre de César Manuel González Hernández, acompañados por representantes de Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), enfatizaron que a más de 9 años de los hechos aún no han alcanzado verdad ni justicia, ni se conoce el paradero de los estudiantes; por el contrario, se mantiene la obstaculización por parte del Ejército para entregar información relevante para el esclarecimiento de lo ocurrido, no hay claridad en las líneas de investigación y han recibido evasivas de las autoridades. Lo anterior se vio reflejado en la falta de comparecencia en la audiencia de autoridades relevantes en el asunto, como el actual Subsecretario de Derechos Humanos y Presidente de la COVAJ y el actual titular de la Fiscalía Especial para el caso.

“Veo que el Estado no toma en serio el caso Ayotzinapa. El nuevo Fiscal, el nuevo Subsecretario no están presentes. Como padres y madres no nos rendiremos, por el amor de nuestros hijos nos mantenemos de pie”, expresó Cristina Bautista.

Mario González añadió: “Ahora vemos toda la descalificación hacia nosotros, la falta de respeto de no venir los principales [autoridades] para poder hablar con ellos. Un ejemplo de ello es la salida del GIEI, que buscaron tener acceso a una serie de documentos de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, que podrían contribuir a saber qué pasó con nuestros hijos. Esos documentos tienen muchísima información, son reportes militares, son transcripciones de llamadas entre perpetradores, son pistas. Y no entendemos por qué el Ejército no quiere entregar esa información”.

Junto con sus representantes, los padres presentaron cuatro peticiones puntuales ante las y los comisionados de la CIDH:

1. Dado que se ha informado que el Presidente de la República supervisará directamente las investigaciones, se solicitó que continúe haciendo uso de todos los mecanismos extraordinarios de supervisión de la medida cautelar sobre el caso, incluyendo el acompañamiento a las familias a cada una de las reuniones que se convoquen desde Presidencia.

2. Se concrete un mecanismo técnico de revisión adicional de los archivos castrenses por parte de la CIDH, requiriendo al Estado que informe por escrito si acepta esta propuesta.

3. Que en cuanto se elija a la próxima Comisionada o Comisionado Relator para México se lleve a cabo una visita al país y en particular a la Normal Rural de Ayotzinapa, para que pueda conocer de primera mano el estatus del caso y encontrarse con las familias.

4. Que la CIDH continúe la supervisión de las medidas cautelares en el caso, sin dejar de estar alerta de posibles acciones legales que se puedan iniciar en contra de las víctimas, representantes y funcionarios públicos que han trabajado por esclarecer el caso en los últimos años.

Frente a estas peticiones, la representación del Estado mexicano se limitó a leer una comunicación enviada por el fiscal del caso, Rosendo Gómez Piedra, en donde se dedicó a denostar el trabajo del anterior titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la propia CIDH, y no de presentar las líneas actuales de la investigación. La comunicación, además, contuvo afirmaciones preocupantes como la minimización de los efectos perniciosos de la tortura frente a los procesos penales, que derivaron en la libertad de posibles responsables.

Los padres y madres y organizaciones acompañantes lamentaron esta respuesta ya que se da un mensaje de irrespeto a las familias y de una clara intención de eludir la supervisión internacional sobre este caso, como en otros de desaparición en México.

Asimismo, sobre el desmantelamiento de varios mecanismos establecidos para esclarecer los hechos y responsables en el caso —lo que incluye la salida de GIEI del país por falta de condiciones, la posible criminalización del ex fiscal especializado y la incertidumbre sobre el futuro de la COVAJ—, se señalaron dos razones por esos retrocesos institucionales que efectivamente han devuelto el caso al 2018: la politización de las investigación y el empoderamiento del Ejército.

Las y los comisionados señalaron la ausencia de autoridades claves, lo cual limitó la posibilidad de hacer preguntas concretas sobre dónde está hoy el caso Ayotzinapa, en las responsabilidad de preparación, no sólo de líneas de investigación, sino de acciones dirigidas para completar esas líneas, cómo se ha llevado a cabo las investigaciones de los altos mandos, el proceso de órdenes de aprehensión, el otorgamiento de medidas sustitutivas a la prisión preventiva de figuras importantes, entre otros temas.

“Los familiares de personas desaparecidas también son víctimas y llevan 9 años. Y 9 años de sufrimiento y de espera. Yo tengo que decir con mucha franqueza: una justicia que tarda no es justicia. Es una verdad que se demora, por más que hay explicaciones y valoro que den explicaciones, pero me atrevo a decir que si le preguntan a los solicitantes ‘¿qué están esperando?’, es ‘dónde están sus hijos'”, dijo la comisionada Julissa Mantilla. Al tiempo que la Comisionada Esmeralda Troitiño lamentó estar por concluir su mandato sobre México sin que el caso haya sido esclarecido.

Ante los señalamientos de los padres y madres, las organizaciones acompañantes, y ante los cuestionamientos de la Comisión Interamericana, el Estado se comprometió a dar posteriormente respuestas puntuales; mientras que las y los comisionados se comprometieron a dar seguimiento, como lo han hecho durante estos 9 años, desde que sucedieron los hechos.

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