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Noticias de abajo

(Español) Noticias de abajo 22 de diciembre 2020

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ROMPIENDO FRONTERAS
—-EUA  Estados Jodidos. INCENDIOS por Yisus Güero- Capsula informativa de la realidad de abajo acaban los incendios en California, pero siguen otros incendios, la lucha antifascista y la crisis de la vivienda en tiempos de COVID.
—-MUNDO: El agua como mercancía escasa  y Cotizar el agua en Wall Street viola los derechos básicos. Por Radio Temblor
—-ARGENTINA:  La lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre sus cuerpos y vidas. El 11 de diciembre nuestras compañeras Argentinas tuvieron un importantisimo logro legal: la despenalización del aborto y por consiguiente la posibilidad de practicarlo de forma segura. El argentinazo. La izquierda diario,
—–GUATEMALA: La solidaridad no está en cuarentena. #EntreTormentas: cuatro comunidades siguen incomunicadas por colapso del único puente de ingreso en Izabal
—-KURDISTAN: Presos del PKK -PAJK en huelga de hambre: ‘Tiempo de resistencia’. Poema de las combatientes kurdas. Kurdistan America Latina. AFN.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—–MEGAPROYECTOS TREN MAYA: Uno de los principales beneficiados con el #TrenMaya es #BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo. #ElNegocioDelTrenMaya
—–MEXICO  Lucha feminista. Ley Olimpia y la manifestación a 10 años del feminicidio de la mujer, madre, hija, amiga y compañera de lucha de Marisela Escobedo mientras ella exigìa justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol y la impunidad en el narcomexico :  #Entrevista  Olimpia Coral Melo , principal impulsora de la lucha contra la violencia digital de género, conversa con Itzel Ximena Torres de ZonaDocs sobre el camino para hacer realidad la #LeyOlimpia en todo México. Y video de actividades en Ciudad Juárez en contra de la impunidad feminicida. ZonaDocs, Hijas de su maquilera madres.
CHIAPAS PRESOS POLITICOS: Cristóbal Sántiz Jiménez, detenido por defender las comunidades desplazadas de Aldama.
CDMX Detención ilícita de compañeros de la comunidad Otomí residente en la toma INPI por parte de la policía de la ciudad de México y Video de la muñeca Lele rebelde en la #TomaINPI. Regeneracion Radio, Coordinación metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal
GUERRERO: Asesinan a cuatro indigenas Nahua del CIPOG-EZ en Chilapa, mientras los asesinos gozan de la impunidad de los tres niveles de gobierno. Radio Zapote, CNI.

MÚSICA: 1. Border Ctrl. ft. Shadia Mansour x Fedzilla 2. El Colectivo Reggae Rastrillos, Antidoping, Ganja, La Comuna, VibraMuchá, REALIDUB, Sangre Maíz, Reggae Nation, lengualerta, Olinka y 3. Abajo los muros – Actitud

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Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.)

(Español) Enterrar a nuestros muertos, honrar a nuestros caidos y tomar la justicia en nuestras manos. Segunda declaración de resistencia de los pueblos del CIPOG-EZ, CNI-CIG

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Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 21 de Diciembre del 2020.

 

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

En junio del 2019 dimos a conocer que nuestro territorio quedaba cerrado para evitar una serie de masacres, ante el terror que siembra el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» y ante la ausencia del Estado mexicano, nos declaramos como comunidades en resistencia del CNI-CIG. Después de un año del cerco narco-paramilitar que no has ha sofocado hasta el límite, decidimos romperlo el pasado 18 de Noviembre del 2020. Un mes después reinician los asesinatos, y la impunidad de la que gozan «Los Ardillos» como una señal clara, aquí ya no existen los derechos humanos, no existen ni leyes, ni legalidad alguna, el Estado no está ausente, es cómplice y busca nuestra muerte porque que le estorbamos.

Un año y siete meses de estar enterrando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, sin justicia, y los asesinos impunemente se ríen de nosotros bajo la tutela de los tres niveles de gobierno. Hoy anunciamos que nuestra resistencia continua, pero no podemos volver a encerrarnos, y nuestra Policía Comunitaria no se da abasto. Pues no solo se trata de combatir algunos grupos delincuenciales, ahora que vemos claramente como desde el gobierno Federal y Estatal se tiende una línea de complicidades.

No estamos enfrentando a la vieja delincuencia organizada, sino a una nueva forma de gobierno que realmente está transformando el país, pero no para beneficio de los pueblos, sino que ahora entrega aeropuertos a los militares y les da responsabilidades civiles. Mientras en Chiapas los ataques contra nuestras hermanas y hermanos zapatistas continúan en la impunidad. Y aquí en Guerrero, para poder pasar encima de nosotros, dan libertad absoluta a los narco-paramilitares, para que el asesinato vil, sea el ejemplo contra quienes criticamos las políticas del supremo gobierno.

Desde hoy y en estos próximos meses iniciaremos una reflexión colectiva en las comunidades del CIPOG-EZ, CNI-CIG de la región Montaña Baja, para definir los siguientes pasos que daremos en nuestro territorio, porque definidamente no queremos volver a ser esclavos de los grupos narco-paramilitares, el Estado mexicano ya mostró claramente de qué lado está su compromiso y no es con nosotros y nuestra Policía Comunitaria está rebasada bajo estas circunstancias.

Por lo pronto de inicio nuestra Policía Comunitaria será apoyada por la población en general, estableceremos filtros y puntos de vigilancia donde nos sea posible. Y nuestras autoridades y promotores locales y regionales se encargarán de convocar y realizar reuniones para ir acordando nuestros siguientes pasos. Continuaremos realizando movilizaciones, cierres carreteros, tomas de casetas y las acciones que consideremos necesarias para exigir justicia.

Hoy sembramos y devolvemos a la tierra a nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y a nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Honramos la memoria de nuestros caídos y seguimos exigiendo justicia para: José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio, Alberta Matías Tendón, José Julio Fiscaleño Hilario, Cándido Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño Coapango, Marcos Fiscaleño Bastizar, Antonio Mendoza Tolentino, Israel Tolentino Ahuelicán, Israel Mendoza Pasado, Florentino Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote, y Regino Fiscaleño Chautla.

ATENTAMENTE:

Desde el corazón de la resistencia del territorio comunitario de la Montaña Baja de Guerrero, por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ): Comisarios municipales, Comisariados Comunales y Ejidales, Coordinadores Municipales, Concejos de Vigilancia, Coordinadores Municipales, Delegados Municipales y asambleas de: Xicotlán, Tula Guerrero, Terrero 1, Ahuehuitic, Papaxtla, Acahueuetlan, Rincón de Chautla, Zacapexco, Buena Vista, Xolotepec, Xulchuchuio, San Jerónimo Palantla, Ahuixtla, El Jagüey, El Paraíso, Tepozonalco, Santa Rosa, Mexcaltepec 1.

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja en Resistencia.

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG!

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

 

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Avispa Midia

(Español) T-MEC abre puerta a nuevo corredor de despojo entre México y Norteamérica

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En portada: Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, en reunión con Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos para hablar sobre la entrada en vigor del T-MEC. FOTO: Cuartoscuro.

Por Eugenia López

Con una inversión inicial de 3 mil 300 millones de dólares proveniente de National Standard Finance a través de Caxxor Group, además del apoyo de los gobiernos de Sinaloa y Durango, así como del gobierno federal mexicano, se pretende desarrollar el “Corredor Logístico e Industrial T-MEC”, que conectaría a México con Estados Unidos y Canadá por vía ferroviaria y marítima.

La ruta conectaría a un nuevo puerto en Mazatlán, Sinaloa con el Centro Logístico en Winnipeg, Canadá, pasando por Durango y Monterrey, y con conexiones posibles con Kansas City, Tulsa y Chicago, entre otras.

El proyecto también pretende integrar a entidades como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, así como los estados sureños de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, los cuales crearían una conexión para el tránsito de mercancías con el Caribe y Centroamérica.

Además del corredor, se establecerían parques industriales para transferir los productos de la agricultura, la minería y la industria energética, además de parques industriales automotrices y, en el caso de Sinaloa, aeroespaciales, que también contendrán un aeropuerto de carga.

Leer también ⇒ América en disputa: EEUU frente a las inversiones chinas en Latinoamérica

En entrevistas con distintos medios, así como en una conferencia de prensa virtual organizada por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) el pasado 14 de diciembre, el director general de Caxxor Group, Carlos Ortiz, reveló una serie de detalles acerca del megaproyecto transnacional.

Ruta propuesta para el corredor T-MEC en norteamérica

“Lo que principalmente nosotros vemos es que la parte centro de Estados Unidos necesita mejores condiciones de conectividad hacia el Pacífico; hemos estado desarrollando un portafolio portuario muy ambicioso, nosotros hemos estado proyectando que en el Pacífico mexicano se puede construir alguno de los puertos más importantes de Latinoamérica. Es lo que estamos comenzando a trabajar, hay buena empatía por este tipo de desarrollo y por transformación”, detalló el ejecutivo.

De acuerdo al empresario, esta iniciativa responde al incremento de carga que se prevé con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque lo justificó como un objetivo histórico “que se ha tratado de desarrollar desde hace más de 100 años con Porfirio Díaz”, pero que en la actualidad se inserta como la consolidación del intercambio comercial entre México, el área Asia-Pacífico y Norteamérica.

La continuidad del neoliberalismo

El nuevo corredor tiene el objetivo de aprovechar la implementación del T-MEC y de hecho se presenta como la primera gran obra de infraestructura tras el reemplazo del acuerdo de libre comercio de Norteamérica, la cual arrancó el 1 de julio pasado.

En contexto ⇒  Indígenas de México se preparan para resistir a las políticas neoliberales de López Obrador

Caxxor group, el principal financiador del corredor T-MEC es quien maneja inversiones con valor de hasta 40 mil millones de dólares que operan en 60 países, con un fuerte enfoque en proyectos energéticos y de infraestructura en América, Asia, Oriente Medio y África.

“Desde México se ha venido desarrollando la estructura de inversión para Ecuador, por ejemplo, en sectores marítimo, carretero y de servicios públicos principalmente. En Centroamérica tenemos un proyecto relevante con COESSA que es también una constructora o eléctrico… también estamos involucrados en el proyecto del Canal Seco en Costa Rica, un gran proyecto Eólico en República Dominicana, Argentina en Oil and Gas, y Colombia, Perú, Chile, Bolivia también son países en donde estamos estructurando importantes iniciativas de infraestructura”, detalló Carlos Ortiz sobre su cartera de negocios en una entrevista publicada en 2018.

El año pasado, CaxxorGroup invirtió 944 millones de dólares en tres proyectos portuarios mexicanos en los estados de Chiapas, Veracruz y Tamaulipas con lo cual busca conectar las exportaciones mexicanas hacia “mercados poco explorados como Emiratos Árabes Unidos y Rusia”, así como dar una salida al sector minero y energético con Estados Unidos.

Funcionarios del gobierno federal mexicano celebran la ratificación del T-MEC

Desde la entrada en vigor del T-MEC el primeo de julio de este año, distintas voces de comunidades y organizaciones en México han criticado el reforzamiento de la actual política extractiva minera que prevén un aumento en el despojo hacia los territorios.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el T-MEC “representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)”, quien ahora da luz verde a proyectos como el corredor T-MEC.

T-mec busca reconfigurar norte de México y frontera sur 

Como parte de la primera fase del Corredor T-MEC, la firma mexicana Caxxor Group prevé construir un nuevo puerto de carga en Mazatlán, Sinaloa, llamado SI-PORT, con una inversión de 900 millones de dólares. Además, planea la rehabilitación de 167 km de ferrocarriles mexicanos y la construcción de otros 180 km de vías hasta Durango por un monto de entre 650 y 700 millones de dólares.

El proyecto comenzará con la construcción del puerto, cuya ubicación precisa se dará a conocer a finales de enero. Los estudios ambientales y permisos se comenzarán a tramitar en 2021, con el objetivo de operar un primer puerto de transferencia en 2024.

“Más o menos se calcula que para 2024 esté la terminal de contenedores, una terminal de transferencia, porque se espera de alguna manera resolver con esto la viabilidad del ferrocarril”, explicó Ortiz, quien prevé que en un plazo de 15 años el puerto se convierta en “el más importante” de México.

A las infraestructuras del norte del país, se contempla agregar otras inversiones en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, en lo que sería denominado el Corredor T-MEC Frontera Sur.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón junto a los directores generales de Caxxor Group, Carlos Ortiz, y de Acxesa, Domingo Barrios

En entrevista con Milenio, Carlos Ortíz, comentó que en la Frontera Sur se contemplan proyectos “de menor tamaño” comparado con los previstos en el Norte.

El mayor proyecto del Corredor T-MEC Frontera Sur se ubicaría en Puerto Chiapas, con la construcción de una terminal marítima de usos múltiples, para el que se anticipa una inversión de 250 millones de dólares.

El puerto sería destinado a ser un espacio para industrias como la automotriz, para el ensamble de partes, que se exportarían al Caribe y hacía Belice, Puerto Cortés en Honduras y Puerto Barrios en Guatemala. En Puerto Chiapas se contempla también la construcción de un centro de carga para las navieras asiáticas, así como inversiones para el sector agrícola de exportación.

En Tabasco, Campeche y Quintana Roo se prevé la creación de parques industriales y terminales portuarias para rutas de tráfico local entre puertos mexicanos, cuyo principal papel será recibir y distribuir mercancías, en especial autopartes que se generen tanto en industrias norteamericanas como en los parques industriales que contempla el corredor.

En contexto ⇒ México: La Guardia Nacional y las Zonas Económicas Especiales

En la zona sur de Quintana Roo, ya hay planes de construcción de un puerto, centro logístico y zona turística, inspirado en Puerto Chiapas. Según compartió El Economista, estos planes ya se presentaron al gobierno de Quintana Roo a través de la Agencia de Proyectos Estratégicos, que encabeza Eduardo Ortiz Jasso, con quien han buscado apoyo para adquirir los terrenos para el nuevo puerto, así como el resto de la infraestructura logística y hotelera.

“Varias empresas de Texas nos han pedido el desarrollo de algunas terminales; el Caribe mexicano se puede volver un centro estratégico para todas esas compañías que les ayuden a la distribución de sus mercancías en toda la región centroamericana”, explicó el directivo.

Hasta ahora, según Ortiz, los capitales para llevar a cabo este proyecto están respaldados por 50 inversionistas de Estados Unidos y se está considerando la posibilidad de incorporar como inversionistas a los operadores.

El empresario también precisó que la inversión es 100% privada y que ha habido mucho interés por parte de las empresas, aunque por confidencialidad todavía no puede dar nombre de las compañías participantes.

National Standard se define a sí misma como una entidad independiente de inversiones a largo plazo, basada en activos y globalmente integrada. Desarrolla, financia, adquiere y es propietaria de bienes raíces y activos de infraestructura económica y social con un volumen que va desde 20 millones hasta más de 500 millones de dólares.

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Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)

(Español) Asesinan a cuatro indigenas Nahua del CIPOG-EZ en Chilapa, mientras los asesinos gozan de la impunidad de los tres niveles de gobierno

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Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 20 de Diciembre del 2020.

 

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

Nosotros, nosotras mujeres, hombres, abuelos, abuelas, niños y niñas del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que somos los pueblos Na savi, Me pháá, Ñamnkue, Nahua, Afromexicano y Mestizo, del estado de Guerrero, estamos nuevamente levantando nuestra voz, con rabia y dolor. El día de ayer 19 de Diciembre del 2020, al medio día fueron encontradas asesinadas nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Todas y todos indígenas Nahua de la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez, nuestros hermanos y hermanas desaparecieron desde el día viernes 18 de Diciembre. Ayer al medio día sus cuerpos fueron encontrados en su propia camioneta en la carretera Chilapa – Tlapa. Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado «Tiro de gracia».

Justamente se cumple un mes que rompimos el cerco narco-paramilitar, el 18 de Noviembre, miles de indígenas Nahua volvimos a recuperar la movilidad en nuestro territorio. 22 comunidades cercadas por el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» decidimos decir ¡Ya Basta! porque no es vida lo que estamos viviendo. Pero ya comienzan a cobrarse la cuota de sangre, porque nos quieren esclavos y nos quieren sometidas y sometidos.

Nos atrevimos a denunciar al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la 4T, Alejandro Encinas. Quien solo vino a sembrar división y compra de conciencias, justamente en Alcozacan donde el 17 de enero del 2020, fueron asesinados 10 compañeros en esa masacre. Y ahora lejos de llegar la justicia solo nos envían más muerte, y nos mandan sus señales de Guerra. Encinas y López Obrador, ustedes no son diferentes al PRI, ustedes se han convertido en aquello que simularon combatir.

Hoy y en los tiempos que vienen, nos seguirán asesinando, sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud, aquí en la Montaña baja de Guerrero el COVID-19 es lo de menos, nos están asesinando, así, como animal. Sin que nadie escucha, sin que nadie hace nada. Nuestro ¡Ya Basta! continuará y costará más sangre, porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa, nunca en la historia a los pueblos nos han regalado nuestra libertad.

Hacemos responsables de los asesinatos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño al gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez a cargo de Jesús Parra García del PRI, al gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores del PRI, a la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador de MORENA. Los tres niveles de gobierno saben perfectamente lo que sucede en Chilapa, pero hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado.

Celso Ortega Jiménez es el mando operativo de «Los Ardillos» y Bernardo Ortega Jiménez es el mando político, la policía ministerial de Chilapa de Álvarez, como ya lo habíamos denunciado, son parte del problema y la Guardia Nacional lo sabe todo esto, después de tanto tiempo en el lugar solo están espiando nuestra organización en vez  de desmantelar la delincuencia organizada.

Nuestros promotores estatales continúan recibiendo amenazas de muerte y la intimidación en las comunidades de base del CIPOG-EZ, CNI-CIG, está cada vez más recio. Ahora el asesinato nuevamente y nuevamente la impunidad por parte de las autoridades, solo nos deja ver sus complicidades. Por eso Encinas se niega a brindar medidas cautelares, por eso la CNDH no mandó ninguna visita a registrar las violaciones a los Derechos Humanos en Chilapa y las 22 comunidades que han sufrido el cerco narco-paramilitar.

Hermanas y hermanos que no nos han dejado solos, ayúdenos a crecer esta palabra y que se sepa lo que hace la 4T y su aliado el PRI en Guerrero. Que nuestras muertes no queden en la sombra del «progreso», que nuestra sangre siembre el camino de la libertad para nuestros pueblos. Nosotros, nosotras nos estaremos movilizando y reiteraremos nuestro decidido ¡Ya basta! Nuestra lucha es por la vida y por la libertad, no queremos ser esclavos del crimen organizado, ni moneda de cambio de malos gobiernos disfrazados.

 

ATENTAMENTE:

Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero, 

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG! 

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

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Radio Pozol

(Español) “Así estamos decididos a seguir viviendo”: Quinto aniversario de autonomía en ejido Tila, Chiapas

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por Pozol colectivo

Con una concurrida participación de indígenas choles, el ejido Tila celebró su quinto aniversario de auto gobierno con una marcha y mitin, luego de que hace cinco años decidieran expulsar al ayuntamiento indebidamente ubicado en sus tierras, como ya lo han demostrado ante la suprema corte de justicia.

El 16 de diciembre de 2015, con motivo del séptimo aniversario de la concesión del amparo en favor del ejido Tila, que ordena la restitución de una parte de su territorio, y tras la persistente negativa de las autoridades municipales a devolver las 130 hectáreas usurpadas, se llevó a cabo una manifestación que culminó frente a las oficinas de la Presidencia Municipal, donde se declaró la autonomía ejidal.

“Como hijos, nietos y bisnietos seguimos defendiendo la madre tierra a pesar de la pandemia del covid 19 mundial, la otra pandemia que tanto daño nos ha causado es la corrupción; por aclarar y sacar a la luz pública somos calumniados”, expresan los indígenas en resistencia en un comunicado este 15 de diciembre, en alusión a los grupos oficialistas que exigen el regreso de la alcaldía y partidos políticos al ejido.

«Este día es de alegría, de festejo, porque en nuestra tierra no manda el mal gobierno, mandamos nosotros», han indicado en diversos escritos los indígenas también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI).

«Tenemos que cuidar el patrimonio que nos dejaron nuestros ancestros, salir con la cara al frente, no agacharse, es por eso que gobernamos por medio de la asamblea ejidal», han compartido los ejidatarios del norte de Chiapas.

Leer también ⇒ Pueblo chol de Tila celebra 3er aniversario de su autogobierno y denuncia usurpación de cargos

“Nos preguntamos cuantas veces nos quieren despojar si los abuelos sufrieron las injusticias históricas”, cuestionan los indígenas cho´les. De igual forma los ejidatarios han denunciado que “los caciques son un puñito de pobladores de Tila que están presionando en la Procuraduría y al gobierno para que mande ya sus fuerzas represoras para que ejecuten las órdenes de aprensión contra las autoridades ejidales y exautoridades y sus familias, todos quienes han luchado por defender la tierra”.

“Estos representantes de la maldad van pagando periodistas para que les sigan en sus engaños y escriban en periódicos de Yajalón, Palenque o Tuxtla y presenten que Tila está secuestrado y que no tienen libertad, cuando no lo dicen claro que quieren la libertad para dominar y establecer su mal gobierno el Ayuntamiento y para seguir robando, saqueando, a costa del sufrimiento del pueblo. Por eso su libertad es muy torcida, porque es libertad para maltratar, reprimir, despojar hacia nuestras miles de familias quienes somos los dueños y estamos autogobernando”, han evidenciado los ejidatarios del CNI.

“Escúchenlo bien, nuestro pueblo se mantiene atento y está dispuesto porque vamos a defender nuestro autonomía y autogobierno ejidal porque aunque le pese al grupito de caciques y a los intereses de sus aliados, ahora es el pueblo el que se autogobierna autodefine, autocuida, autoconstruye justicia, la vamos caminando y aprendiendo pero la más importante es que estamos viviendo, y la libertad ha traído dificultades pero mucha alegría para nuestros corazones, así estamos decididos a seguir viviendo”, han afirmado los indígenas chiapanecos en diversos medios durante estos cinco años.

Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en 1994.

En 1982, el congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los indígenas choles han asegurado que la ley los asiste ante los intentos de despojo de su territorio, por parte de los tres niveles de gobierno y grupos paramilitares. “Tenemos la razón. La suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), nos dio la razón”, afirman.

Pese a ello, como indican conocedores sobre el tema: el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales a los ejidatarios, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras malamente expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena es de fecha 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.

“Aquí estamos y vamos a seguir autogobernando. Exigimos justicia y castigo para el Ayuntamieto de Limberg Gutiérrez y sus paramilitares Francisco Arturo Sánchez, Adelaida Martínez y Rodrigo Martínez. Son ellos los mismos mentirosos y engañadores que provocan la violencia”, han denunciado los ejidatarios al referirse al titular del ayuntamiento expulsado, el cual ha ocupado la presidencia municipal personalmente o por medio de su familia desde el 2008.

Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.

Lee el comunicado completo aquí

radio
Colombia Informa

(Español) Colombia: Capturan arbitrariamente a dos líderes del Congreso de los Pueblos

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15, dic. CI.- Dos nuevas capturas a líderes sociales sucedieron esta tarde. Teófilo Acuña y Adelso Gallo, ambos integrantes del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario, sufrieron detenciones arbitrarias que son reflejo de la estigmatización, juducializacion y persecusión al movimiento social por parte del Gobierno de Iván Duque.

Adelso Gallo, reconocido dirigente del centroriente colombiano fue detenido en Villavicencio, con una orden de captura emitida por un juez de Santa Marta y fechada para el día de hoy.

Mientras tanto, Teófilo Acuña se desempeña como vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, Centro y sur del Cesar. Acuña fue detenido en la tarde de hoy en el municipio de Barranco de Loba.

En ambos casos las organizaciones denuncian que se trata de montajes judiciales que ya han sido utilizadospor el Gobierno para perseguir y criminalizar al movimiento social en Colombia.

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Avispa Midia

(Español) Francia: continúan protestas contra Ley de Seguridad Global y la escalada autoritaria

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Fotos de las movilizaciones recientes en distintas ciudades de Francia / Acta Zone

Por Eugenia López

El 24 de noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la llamada Ley de Seguridad Global, la cual pretende otorgar más herramientas a las fuerzas policiacas para el mantenimiento del orden público, así como asegurar la protección de los funcionarios de policía y militares.

“Se trata de proteger a los que nos protegen”, argumentan sus defensores mientras el texto, apoyado por el gobierno y los principales sindicatos policiales, ha provocado la preocupación y el descontento de grandes sectores de la sociedad, así como de periodistas, organismos públicos nacionales e internacionales y asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Para Patrice Spinosi, abogado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación de Francia, la iniciativa de ley representa una acumulación sin precedentes de medidas de seguridad que amenaza el equilibrio democrático del país europeo. Según él, con esa ley un Trump a la francesa elegido en 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, tendría a su disposición, sin necesidad de cambiar la ley, “todas las herramientas legales que le permitirían monitorear a la población y controlar a sus oponentes políticos”.

¿Qué dice la Ley de Seguridad Global?

La propuesta está dividida en una diversidad de artículos que implican toda una serie de cambios al sistema de seguridad del país.

El texto planea así la extensión de los poderes de las policías municipales, las cuales trabajan bajo órdenes de los alcaldes, para otorgarles poderes hasta ahora limitados a la policía nacional.

La extensión de poderes también beneficiaría a los agentes de seguridad privada, orquestando así la privatización de la policía. Agentes de seguridad privada podrían entonces dar multas, o proceder a verificaciones de identidad que podrían llevar a la detención de las personas controladas.

“Yendo aún más lejos en la escalada de seguridad”, como lo denuncia la Liga de los Derechos Humanos, el proyecto de ley prevé el establecimiento de una vigilancia generalizada del espacio público, autorizando al Estado a utilizar drones con cámaras, explícitamente dirigidos a monitorear a manifestantes en contextos de movimientos sociales.

¿Para cuándo una vacuna contra la violencia de la policía?

En su artículo 21, la ley especifica que las imágenes podrían ser analizadas automáticamente mediante tecnologías de reconocimiento facial y utilizadas de manera inmediata por las fuerzas de policía, las cuales podrían llevar a cabo operaciones de detención preventiva, violando así la libertad de manifestación de las y los ciudadanos.

El artículo que creó más polémica es el 24, que pretende prohibir la difusión de imágenes de policías o gendarmes (cuerpo de policía militarizada) durante su servicio, cuando la difusión se haga para socavar su integridad física o psíquica.

Tal medida, de adoptarse, castigaría con penas muy severas (un año de prisión y multas de 45,000 euros) la difusión de imágenes de los funcionarios, lo cual impediría cualquier control ciudadano sobre la policía, e incluso el trabajo de los periodistas. A la vez, promovería la impunidad de los autores de la violencia policial.

De hecho, el miércoles 9 de diciembre, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó el gobierno francés a retirar dicho artículo.

La ley merece ser debatida por el pueblo francés, dijo Bachelet en una conferencia de prensa en Ginebra. Pero es la sección 24 lo que nos preocupa especialmente. Y es por eso que decimos que debería ser revisado y, me imagino, hasta ser retirado”.

En una carta publicada a principios de noviembre, tres relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya habían denunciado que el artículo 24 y varias otras disposiciones del proyecto de ley ponen a Francia en contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, la nueva ley haría imposible la reducción de condena para personas encarceladas por haber sido declaradas culpables de violencias sobre agentes de seguridad.

Brutalidad policíaca

La propuesta de ley llega en un contexto ardiente: en los últimos años, la brutalidad ejercida por la policía contra la población ha sido muy mediatizada y denunciada, en particular a partir de las movilizaciones de los llamados Chalecos Amarillos.

Durante las movilizaciones, que se extendieron del 2018 al 2019, la represión sistemática dejó al menos 2,495 heridos según las cifras oficiales. De estas personas, 25 perdieron un ojo, cinco una mano, un hombre fue amputado de un testículo y otro perdió el olfato, según el periodista independiente David Dufresne, quien lleva años cubriendo la violencia policiaca en el país.

Pero los Chalecos Amarillos no hicieron más que visibilizar una realidad denunciada desde hacía ya décadas en los barrios populares de Francia, donde la población, que en su mayoría proviene de varias olas de migración desde las antiguas colonias francesas, en particular de África, sufre los abusos de la policía en su vida cotidiana.

De hecho, en un informe de 2017, la Defensoría de los Derechos, un órgano constitucional independiente del estado francés ya había señalado que “los hombres jóvenes identificados como negros o árabes tienen una probabilidad 20 veces más elevada de ser controlados por la policía que los demás”.

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Junto con las denuncias acerca de la violencia ejercida por la policía, colectivos y organizaciones autónomas han surgido y se han fortalecido durante los últimos años para denunciar el racismo sistémico en el país, construyendo un movimiento antirracista fuerte que cuestiona y amenaza el status quo.

Autoritarismo

La propuesta de ley actual también se inscribe en un contexto en el que las leyes sobre seguridad así como las declaraciones del “Estado de emergencia” se han hecho cada vez más frecuentes, en particular en el contexto de las llamadas “amenazas terroristas”.

En el 2017, Amnistía Internacional ya alertaba sobre la multiplicación de leyes de seguridad que amenazan las libertades, no sólo en Francia sino en todo Europa.

Según Dominique Curis, de Amnestía Internacional Francia, el argumento de la lucha contra el terrorismo está siendo instrumentalizado por los gobiernos del continente, y las medidas tomadas rebazan por mucho el tema del terrorismo.

“El término terrorismo está muy mal definido, y está siendo introducido en las leyes con fórmulas muy vagas, sujetas a interpretación, lo cual permite la implementación de medidas sin garantías, que toman como blanco a personas por sus compromisos sociales y políticos o por su religión”, explica Curis.

En Francia, la lucha contra el terrorismo ha sido instrumentalizada de manera constante para controlar a activistas, así como para vigilar y estigmatizar a la población musulmana, con discursos y leyes islamofóbicas que confunden Islam con terrorismo.

Actualmente, la propuesta de Ley de Seguridad Global se ve acompañada de otra propuesta de ley llamada “contra el separatismo”, la cual pretende luchar contra el “islam radical”, pero que en realidad no es más que otra medida discriminatoria hacia la población musulmana en general.

El 19 de noviembre, el gobierno francés también anunció la disolución oficial del Colectivo contra la Islamofobia en Francia (Collectif contre l’islamophobie en France, CCIF), creado en 2003 para luchar contra la discriminación y las violencias dirigidas hacia la población musulmana.

Ahora, el gobierno francés está siendo acusado de utilizar el contexto de la emergencia sanitaria para  para acelerar su escalada autoritaria y discriminatoria hacia estos sectores de su población.

Protestas en aumento

La aprobación de la Ley de Seguridad Global por el Parlamento provocó una ola de protestas en el país, a pesar del confinamiento impuesto para frenar la epidemia de Covid-19.

El descontento inmediato fue aumentado por dos episodios de extrema violencia.

El día 21 de noviembre, un productor de música negro, Michel Zecler, fue brutalmente golpeado e insultado por policías de París en la entrada de su estudio de grabación. Afortunadamente, la golpiza fue grabada por cámaras de seguridad, las cuales fueron difundidas por el sitio Loopsider y alcanzaron los 13 millones de vistas en unos cuantos días. Como lo recuerda el sitio de información independiente Mediapart, sin estas imágenes, Michel Zecler estaría muy probablemente encarcelado por ultraje y rebelión contra un agente de la ley.

En la noche del 23 al 24 de noviembre, centenas de personas migrantes, muchas de ellas originarias de Afganistán, Eritrea y Sudán, tomaron la Plaza de la República, en la capital, con el apoyo de voluntarios y abogados.

Levantaron un campamento con tiendas de campaña, para exigir su derecho a descansar: estas personas no sólo sufren el hecho de no tener hogar sino que luchan cada noche para dormir, ya que viven el hostigamiento continuo de la policía capitalina quien, cada media hora a veces, los despierta con violencia, impidiéndoles el descanso.

El campamento apenas sobrevivió una hora antes de ser brutalmente desalojado por la policía. Las personas presentes fueron golpeadas y atacadas con gases, algunas hasta fueron arrastradas mientras seguían dentro de su tienda de campaña. Dos periodistas también fueron agredidos.

Para el sábado 28 de noviembre, amplias protestas surgieron en 70 ciudades del país. Según las y los organizadores, fueron 500,000 personas las que tomaron las calles, mientras el gobierno habló de 133,000 participantes.

Periodistas, sindicalistas, chalecos amarillos, estudiantes. jóvenes, activistas, algunos políticos de izquierda así como colectivos organizados contra la violencia policiaca y el racismo se mezclaron para marchar y denunciar un gobierno que ataca los derechos fundamentales de la población en plena cuarentena.

Durante los días sábado 5 y 12 de diciembre, manifestaciones fueron organizadas nuevamente en todo el país. Según un comunicado firmado por varias organizaciones sociales, “al menos 60,000 personas marcharon este sábado 12 de diciembre, y más de 150 ciudades, de las metrópolis hasta las ciudades más modestas, han vivido al menos una movilización desde el 28 de noviembre”.

Hasta ahora, la respuesta del Estado ha sido la represión.

Este último fin de semana, las organizaciones denunciaron una larga lista de abusos cometidos por las fuerzas de policía en ciudades como París, Lyon y Caen, como las detenciones masivas, a veces sin motivo legal y con duraciones que rebasan el plazo legal o el rechazo de contactar a un abogado para las personas detenidas. En París, cerca de 150 personas fueron detenidas, incluyendo a 19 menores de edad.

También, denunciaron el uso de una estrategia de control de las y los manifestaciones, llamada de “saltos ofensivos”: ofensivas repentinas y brutales de policías dentro de la marcha, utilizadas para romper la organización y unión entre la gente y detener a personas de manera arbitraria.

Con esta reacción, la violencia del Estado no parece calmar las tensiones sino aumentarlas, reforzando las críticas y el descontento.

radio
Regeneracion Radio

(Español) Decreto de Zacatecas 74 se lo arrebatamos al gobierno: Comunidad Otomí

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Por Sandra Suaste

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México Nº 494 se publicó la declaración de utilidad pública. Es el inicio del procedimiento para efectuar el decreto expropiatorio del predio Zacatecas 74, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. Esto sucede dos meses después de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Sin embargo, tendrá que pasar al menos un mes para que se cumpla todo el procedimiento jurídico.

Mario Camaño, director de Concertación Política de la Ciudad de México, dio a conocer el procedimiento que se llevará a cabo: El primer paso es la publicación en la Gaceta del 15 de diciembre. En el segundo paso se notificará a los involucrados y se les presentará una propuesta de indemnización junto con el derecho de diez días hábiles para que alguna de las ocho personas que aparecen Registro Público de la Propiedad se inconformen; de no ser así se publicará un segundo aviso, 15 días después de la publicación en la Gaceta.

El tercer paso es la publicación definitiva autorizada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Por lo que la Comunidad Indígena tendrá que esperar al menos hasta el 14 de enero, de acuerdo con las proyecciones que comunicó Juan Romero Tenorio, representante de la Consejería Jurídica y de servicios legales de la CDMX.

“Muchas gracias por la información, siempre nos mienten. Dijeron que el decreto ya estaría para hoy” afirma Isabel Valencia, mujer de la comunidad.  “Se lo arrebatamos al gobierno, es un logro de la comunidad” dicen los otomíes, pues el trámite es producto de las gestiones que han realizado previamente. “La toma del INPI fue para obligarlos a hacer su trabajo”.

La Ciudad de México atraviesa una situación riesgosa debido a la pandemia por COVID-19, por lo que la Comunidad Indígena anunció que se resguardará hasta el 12 de enero de 2021.

radio
La Zarzamora

(Español) Chile: Comunicado de familiares y amistades de PP subversivxs y anarquistas ante vuelta de visitas

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Por: Familiares y amigxs de Presxs Subversivxs y anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel de san Miguel.

Santiago, 13-12 del 2020.

Ante el anuncio de retomar las visitas en la cárcel de alta seguridad, máxima  y cárcel de sn Miguel:

1.- Tras casi nueve meses sin tener visitas efectivas, las cárceles se han visto por completo clausuradas, y dentro de ellas los cuerpos de nuestrxs compañerxs, los de muchxs presos y presas políticas del estado, y miles de otrxs presxs del pueblo pobre. Entendemos estas medidas como la parte más aguda de las políticas represivas del estado atemorizado ante la revuelta y la reactivación del tejido social y antisocial que la sostiene.

2.- Es en este contexto que recibimos de parte de las escuetas comunicaciones con nuestrxs compañerxs la novedad de que se reactivarán las visitas, que luego de nueve meses tienen un “protocolo” para hacerlo. No resiste análisis la ineptitud e  inoperancia de las medidas de cuidados que han pretendido tomar. Este escenario se les dio comodísimo a las fuerzas de la represión, y en las cárceles… aún más.

3.- Tomaremos este modelo provisorio de visitas con toda desconfianza, iremos a abrazarnos con ellos y participaremos de él evaluando cada condición, ni nuestros compañerxs ni nosotrxs como sus familias somos sujetos de experimentación, por lo demás no creemos que signifique “salir del aislamiento”, se rompe una barrera impuesta, eso es una verdad, pero se mantienen muchísimas otras que impiden el ejercicio de visitas en un marco de irrenunciable dignidad, esperamos que avanzando las etapas del desconfinamiento, diseñado en este formato delirante, se restablezcan las visitas sin retrocesos en las formas previas a  marzo de 2020.

4.- Hacemos presente la convicción de que las movilizaciones intramuros y la movilización social en contra del aislamiento en la calle  ha permitido este avance, en ese mismo sentido estaremos alertas a las nuevas necesidades y llamamos a los entorno a mantenerse en esta alerta también. En lo que respecta a  las visitas queda un largo trecho que recorrer. No soltamos nuestras luchas.

Aislamiento es tortura!!
Derogación del decreto 321!!
Por una visita en un irrenunciable marco de dignidad!!

Familiares y amigxs de Presxs Subversivxs y anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel de san Miguel.

radio

(Español) Bolivia: [Audioreporte] No al fracking: pueblo guaraní se pronuncia frente al hiperextractivismo

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Desde sus primeros pasos en 2012, el proyecto de gas esquisto en Bolivia, ha avanzado más hasta este 2020, con la concreción de la exploración mediante el contrato con la empresa canadiense Cancambria en 2018, y el impulso de autoridades de estado y YPFB en 2019 y 2020 ya bajo el régimen de Añez.

En una conversación con Pablo Claure, responsable de Recursos Naturales de la Capitanía Guaraní de Macharetí, la autoridad nos explica cómo el pueblo guaraní ha analizado el proyecto de fracking, el peligro que significaría para el agua y todo su espacio de vida, así como para las áreas protegidas que existen en la zona. Las comunidades han planteado en su Estatuto Autonómico la prohibición de realizar fractura hidráulica en su territorio y están en lucha para que no se concrete este proyecto que implica el uso y contaminación enormes de recursos hídricos y la destrucción del corazón de la tierra.

Cómo ha avanzado el proyecto de fracking: las comunidades se pronuncian

Las comunidades y las áreas protegidas en Macharetí ya han sido azotadas por plagas, pandemia, sequía e incendios

El Estatuto Autonómico plantea prohibir el fracking en territorio guaraní: memoria de lucha y defensa del territorio

YPFB no está cumpliendo con la consulta e información, las comunidades se quedan sin nada luego de los proyectos

(Foto de portada: CRIC Colombia)