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Avispa Midia

(Español) Niegan seguridad a defensores luego de tres allanamientos en Puebla

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Movilización del FPDTA y organizaciones del CNI en Morelos, 2019. Foto: Santiago Navarro F.

En un lapso de diez días, el domicilio de los defensores de derechos humanos y ambientales, Juan Carlos Flores Solís y Miryam Vargas Teutle, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA), ha sido tres veces allanado en la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio Juan C. Bonilla, Puebla.

Personas desconocidas entraron a la vivienda los días 5, 10 y 15 de abril. Los defensores encontraron la reja y el candado rotos y se percataron de robos caprichosos, pues sustrajeron pocas cosas de valor y varios documentos personales.

Se llevaron gafetes de eventos políticos, volantes guardados del anuncio de la consulta sobre la Termoeléctrica en Huexca y documentos de casos en los que Juan Carlos Flores Solís trabaja como abogado e integrante del Congreso Nacional Indígena.

También les dejaron mensajes amenazantes como un cuchillo sobre la cama y otros perturbadores como una puerta de ropero abierta y cortes de árboles en la propiedad a la que ingresaron de noche.

“Inminentemente son mensajes que quieren provocar temor y una sensación de vulnerabilidad hacia nuestras personas por nuestra labor de defensa,”, comentó Flores Solís en entrevista para Avispa Midia.

Myriam Vargas Teutle es periodista nahua en medios de comunicación comunitarios y defensora de derechos humanos de la región Choluteca, además de ser parte de la lucha contra el PIM, donde Juan Carlos Flores Solís también trabaja como abogado de más de una docena de comunidades nahuas afectadas en la región de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Alerta

En un comunicado, la organización Front Line Defenders mencionó que el allanamiento a la casa de los defensores y la amenaza tiene lugar en el momento en el que el presidente de la República se reúne con el dirigente de la Asociación de Riego del Río Cuautla (Asurco) para buscar finiquitar la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM) y terminar con la oposición legal y social que existe en la región en contra del proyecto.

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En el 2010, cuando se impulsó el PIM, comenzó el hostigamiento contra integrantes del FPDTA. En las protestas y paro de la obra de la termoeléctrica en Huexca, en el 2012, la policía estatal y federal desalojaron a los manifestantes.

Entonces hubo criminalización por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que inició procesos judiciales inventando delitos. Detuvieron a cuatro; para septiembre de 2013 volvieron a detener a uno de ellos.

“Lo desaparecen por una hora y aparece todo torturado en manos de la policía estatal de Morelos”, relató Juan Carlos Flores Solís, quien también fue encarcelado 10 meses en el penal de Cholula por delitos fabricados con tres procesos judiciales en su contra.

Tras 10 meses en prisión, liberan al activista Juan Carlos Flores Solís. Foto: Erik Coyotl

El PIM se impuso con ayuda de la policía estatal y el Ejército mexicano en un contexto de criminalización: cierre de dos radios comunitarias, amenazas de muerte hacia una veintena de personas judicializadas o demandadas, por las empresas constructoras o por la misma CFE.

En 2019, con el asesinato del defensor Samir Flores Soberanes por su labor, las violencias contras los pueblos y defensores se agudizó. En el 2020 también encarcelaron a Miguel López Vega y ahora está bajo proceso judicial, “quieren reactivar los delitos que ya le absolvieron”.

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Los últimos incidentes se suman a otros hechos violentos que han sido reportados por el Frente de Pueblos a Front Line Defenders, tales como la intimidación por parte de la Policía Estatal de Puebla que sufrieron personas defensoras de derechos humanos durante una manifestación pacífica en Santa María Zacatepec el 10 de junio de 2021.

A finales del año pasado, un grupo de hombres afines al presidente Municipal agredieron físicamente a integrantes de la comunidad y a personas defensoras de derechos humanos durante la asamblea de la comunidad.

El 15 de febrero de 2022, la Guardia Nacional también desalojó a manifestantes pacíficos y personas defensoras de derechos humanos de las instalaciones de la empresa Bonafont en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.

Omisión

El contexto de hostigamientos contra defensores se agravó con el asesinato del activista Samir Flores Soberanes en febrero de 2019. Ahora, en el caso de Flores, el Mecanismo de Protección negó el ingreso del abogado y defensor con el argumento de estudiar más el caso porque involucra a muchos actores.

En el 2020, cuando la Guardia Nacional entró a Apatlaco, el Mecanismo confirmó el ingreso de Juan Carlos Flores Solís, pero no implementaron ninguna medida de seguridad. En el actual proceso tras el allanamiento, encontraron que, en realidad, nunca fue dado de alta.

La solicitud de protección es para Juan Carlos Flores y Myriam Vargas y se agregarían a la lista de al menos 20 integrantes del Frente de Pueblos que ya están dentro del mecanismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Con estos recientes hechos tampoco hay seguimiento de la Fiscalía de Puebla, aunque el abogado comentó que lo mismo sucede en la Fiscalía de Morelos y el caso de Samir que es manejado de forma política.

“Señalando que ya tenían identificados a los responsables desde los tres meses que asesinaron a Samir, pero tuvieron que pasar más de dos años para luego decir que habían girado una orden de aprehensión contra uno de los autores material y lo había detenido, pero resulta que esa persona ya estaba en la cárcel desde hace un año”.

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Fue parte de ‘un montaje político’ en el contexto de una visita a Morelos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las irregularidades persisten en más casos de agresiones contra integrantes del Frente de Pueblos.

Esta violencia contra pueblos originarios es una constante, pero la estrategia cambió en lo que va del sexenio y existe preocupación en la sociedad civil por el incremento de asesinatos de defensores de los derechos humanos y periodistas, en comparación con otras administraciones.

En la actualidad, el Ejército es una institución que se dedica a la construcción o la vigilancia de las obras como el Tren Maya y el aeropuerto Santa Lucía; o en la obra pública que, muchas veces, está adjudicada a empresas extranjeras.

“Es una situación muy grave porque el Ejército es un cuerpo represivo, castrense, que tiene el objetivo específico de cuidar la soberanía nacional y la defensa del país”, dijo Flores Solís, quien considera que, al igual, el crimen organizado se volvió la ‘secretaría del terror del estado mexicano’ para hacer el trabajo sucio.

Empresas por encima de los pueblos

El gasoducto de la discordia, como fue llamado el PIM por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas en la comunidad de Huexca y un gasoducto, de 160 kilómetros aproximadamente, que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Además de infraestructura complementaria, en la zona de influencia del volcán Popocatépetl forman parte de este proyecto concesionado por tres empresas españolas: Elecnor y Enagás, para la construcción del gasoducto, y Abengoa para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas.

En infraestructura o en los impactos como el despojo de agua, el Proyecto Integral Morelos (PIM) afecta a alrededor de 80 ejidos y comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

ONU visita plantón de ASURCO por agresiones y asesinato a opositores del PIM

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 03-2018 que habla sobre las violaciones en que incurrió el Proyecto Integral Morelos en su instalación, además de no cumplir con las recomendaciones de seguridad del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) que se encarga de valorar los riesgos por la zona del volcán Popocatépetl.

La recomendación fue aceptada por la CFE y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La dependencia federal ordenó hacer mesas de trabajo, pero hasta ahora no existe constancia de su realización o del cumplimiento de los puntos de la CNDH. Por parte de Protección Civil, Cenapred ordenó el seguimiento del manifiesto de impacto ambiental en los proyectos de construcción del gasoducto; tampoco hubo seguimiento.

Para Juan Carlos Flores Solís es urgente que se cancele el PIM por ser perjudicial e innecesario para la nación con “generación eléctrica, el doble de lo que necesita el país, no es parte de la soberanía energética porque más bien se vuelve una dependencia hacia Estados Unidos y empresas españolas en infraestructura del gas”.

Recordó que el mismo presidente de la República abogó, pugnó y desaprobó el proyecto en 2014 y “ahora nos criminaliza y reproduce mensajes de odio”, con lo que les coloca en mayores condiciones de vulnerabilidad en su labor de la defensa de derechos humanos.

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Radio Tlanixco Manantial de Libertad

(Español) Sexto Aniversario de Radio Tlanixco Manantial de Libertad

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A las tribus, pueblos, barrios y naciones del Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la Red contra la Represión y por la Solidarida
A la Sexta Nacional e Internacional
A los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen
A los dignos pueblos que luchan, resisten y se rebelan
A las organizaciones y compañer@ solidarias que nos acompañaron en nuestro caminar

Compañeras, compañeros.
Hermanas, hermanos.

Nosotras, nosotros integrantes de Radio Tlanixco Manantial de Libertad, la semilla que nació hace seis años como herramienta de apoyo por la libertad de nuestros compañeros presos políticos de Tlanixco queremos comunicarles que a pesar de estos años en los que se paralizó el mundo por la pandemia de COVID-19, hemos y seguimos resistiendo en este pequeño sueño que el 1° de mayo cumplirá seis años, el sueño que logró nacer, crecer y florecer con el cariño y apoyo de ustedes y por la libertad de nuestros compañeros presos.

El día de hoy tenemos la dicha de decir que los compañeros ya están caminando nuestras calles, sintiendo, escuchando y trabajando su tierra, la que dejaron por más de 10 años por culpa de las injusticias del mal gobierno. Y este que era nuestro mas grande sueño, la libertad de nuestros compañeros, ya se cumplió, gracias a compañeras y compañeros de buen corazón que no nos dejaron caer, que nos alentaron y abrazaron en los momentos de mayor dolor, a todas y todos ustedes compañeras, compañeros les decimos GRACIAS de todo corazón, gracias por nunca dejarnos y ayudarnos a que esto fuera posible.

Por eso y porque la lucha, la rebeldía y la resistencia también se celebran queremos invitarlos a nuestro sexto aniversario, queremos que una vez mas nos acompañen, pero esta vez es para abrazarlos a ustedes, para celebrarlos, para demostrar que en la lucha hay mucha rabia, mucho dolor, mucha injusticia, pero también hay alegría, hay cariño, hay festejo, el festejo de arrancarle de las garras del estado a nuestros compañeros.
Nuestro sexto aniversario se realizara el domingo 8 de mayo en el lugar de costumbre en nuestro pueblo Nahua de San Pedro Tlanixco a partir de las 9 am.

Nos sentiremos muy contentos con su presencia compañeros, compañeras, desde este pequeño espacio nuestro seguiremos creando, construyendo, formando un nuevo mundo posible, porque no termina aquí nuestra lucha y aun faltan muchos, por eso no dejaremos de gritar PRESOS POLITICOS LIBERTAD

Radio Tlanixco Manantial de Libertad

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Avispa Midia

(Español) Pueblos de Oaxaca reciben la Caravana por el Agua y la Vida

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Fabres

Fotos: Santiago Navarro F.

En su recorrido por Oaxaca, la Caravana por el Agua y la Vida fue recibida en la capital del estado por integrantes de comunidades de la región Chontal, Mazateca, Mixteca y Zapotecas de los Valles Centrales pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, quienes organizaron un evento político en la tarde de este miércoles (20), en el centro de la ciudad.

“Existe una guerra permanente contra los pueblos desde hace 500 años, por eso los pueblos indígenas estamos defendiendo los territorios ante las amenazas y la violencia. La respuesta de los gobiernos ha sido la represión a través de sus sistemas como la Guardia Nacional y el Ejército, y la criminalización de los defensores y defensoras”, dijo Samantha Cesar, de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala, integrante de la Caravana.

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Durante el evento, las voces de las comunidades de Oaxaca denunciaron el contexto de violencia y despojo que enfrentan los territorios por proyectos extractivos, así como las agresiones contra las mujeres defensoras del territorio, las desapariciones y los feminicidios en territorio oaxaqueño.

“Ante la ausencia de justicia y la impunidad, en este contexto de despojo y violencia, las comunidades aquí presentes, nos declaramos en resistencia contra los proyectos de muerte que atenta contra el agua, el territorio y la vida en nuestras comunidades”, compartieron los pueblos mediante comunicado.

Cuatro Venados

La visita de la Caravana se da en el contexto de un incremento en los ataques armados contra la comunidad de El Rebollero, municipio de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, donde en las últimas semanas se han suscitado agresiones paramilitares contra las familias que ahí habitan.

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Los habitantes de la comunidad zapoteca señalaron que, debido al aumento de la violencia paramilitar, no se pudo concretar una visita de la Caravana por el Agua y la Vida por cuestiones de seguridad.

“Responsabilizamos a la empresa canadiense Continuum Resources Ltd, quien ha sido concesionada para realizar exploraciones en nuestro territorio, contaminando el Río Valiente quien sostiene la vida proveyendo de agua a nuestra comunidad y otras comunidades”, denunciaron integrantes de la comunidad de El Rebollero en conferencia de prensa.

Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz) y integrante de la caravana, dijo que la agresión a la comunidad El Rebollero es también una agresión a los pueblos indígenas de Oaxaca. El objetivo, según él, es destruir las formas propias de organización social de los pueblos.

“Estamos aquí con la Caravana por la Vida, acompañando os compañeros de Cuatro Venados y denunciando que este gobierno no ha cambiado absolutamente nada en sus políticas. Hay asesinatos de defensores y defensoras que hasta el día de hoy siguen en plena impunidad. Queremos poner como muestra el caso de Bety Cariño [defensora de derechos humanos asesinada en abril de 2010]. Son 12 años de impunidad. Las instituciones que deberían impartir justicia en este país son una mierda. Lo que queda es organizarnos entre todas y todos, entre los pueblos, para defendernos”, dijo Esparza, viudo de Bety Cariño, durante mitin de la Caravana en la tarde de este miércoles en Oaxaca.

Chontal

En la región Chontal denunciaron el alto riesgo que implica para su territorio la concesión minera denominada “Zapotitlán 1” con una extensión de 5,413 hectáreas a favor de la empresa minera Zalamera S.A de C.V. que está vinculada a la empresa canadiense Minaurum Gold INC.

Pese a que desde diciembre de 2018 se inició un juicio de amparo en contra de dicha concesión, impulsada por la comunidad de Santa María Zapotitlán con el respaldo de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, fue en 2020 cuando la Secretaria de Economía le autorizó el desistimiento de la concesión a la empresa para con ello cancelar el juicio.

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“Sin embargo, en revisiones recientes del mes de abril del 2022, en la plataforma en línea de ‘CartoMinMex’ se observa que el polígono señalado sigue reflejado en dicha cartografía”, acusaron integrantes de la comunidad chontal, quienes enfatizaron existen altas posibilidades de la existencia de una declaratoria de terreno libre por parte de la Secretaría de Economía que permitiría la operación minera.

Cuzcatlán

En el evento también se señaló la contradicción del gobierno federal al ampliar los permisos de operación por 12 años mas a la Minera Cuzcatlán. Cabe recordar que, en dicha mina, ubicada en San José del Progreso, Ocotlán, ocurrió un derrame que contaminó afluentes, así como también existen obras realizadas sin Manifestación de Impacto Ambiental. Pese a las denuncias, la empresa, filiar de Fortuna Silver Mines, no ha sido sancionada.

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Mazateca

Habitantes de comunidades de la Sierra Mazateca reafirmaron su resistencia frente a lo que denominaron “proyectos de muerte”, tales como la bioprospección que realizan extranjeros en cuevas y sótanos, así como la biopiratería en específico con plantas y hongos enteogénicos o como nosotrxs los Mazatecos los conocemos ‘Ndi xi tjo’ o ‘pequeños que brotan’, que son seres de gran importancia en nuestro territorio.

“Extranjeros han estado explorando nuestras cuevas y territorios sin la autorización de nuestras asambleas y nuestras autoridades. Ellos han profanado nuestros territorios sagrados”, dijo una mujer mazateca durante el mitin en Oaxaca.

También denunciaron la generación de conflictos y rupturas internas en las comunidades provocadas por la actuación de los partidos políticos y el gobierno municipal de Huautla de Jiménez, a fin de obtener mayor control político.

***

Las actividades realizadas en esta tarde de miércoles en Oaxaca, para recibir a la Caravana por el Agua y la Vida, fueron organizadas por pueblos, comunidades y colectivos del Congreso Nacional Indígena en Oaxaca y adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona.

“Esta caravana está haciendo un llamado a todos para que tomemos conciencia y podamos organizarnos como pueblos”, sostuvo Omar Esparza.

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Avispa Midia

(Español) Chiapas: Zoques remarcan sus luchas a 40 años de la erupción del volcán Chichonal

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Fotos de Amehd Coca

Para construir salidas colectivas ante la imposición de proyectos extractivos, el desplazamiento forzado, la agudización de la migración, así como el interés por privatizar el agua, las tierras y el propio volcán Chichonal, los pueblos del norte de Chiapas realizaron el Segundo Congreso Zoque.

Realización: Xun Sero y Néstor A. Jimenez

Fueron convocados pueblos, comunidades, barrios y rancherías zoques para reunirse en Chapultenango y crear un análisis propio sobre las distintas amenazas a la vida y el territorio, “a cuarenta años de la erupción del volcán Chichonal, queremos denunciar las opresiones de hoy”.

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En el evento recordaron que el 28 de marzo de 1982, además de la erupción del volcán Chichonal, inició un proceso mayor de fragmentación comunitaria y control de la población que enmarca la actualidad de las comunidades zoques.

En documento, difundido por el Congreso Nacional Indígena, mencionan que la fecha del fenómeno natural fue convertida en un ‘mero espectáculo folclorista’ que busca legitimar una visión histórica acorde al poder en turno.

El texto dirigido a la sociedad civil enumera las situaciones que amenazan al pueblo originario y está firmado por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Chapultenango, Mujeres defensoras de Nasakobäjk, Atención Primaria de Salud APS “wabä ijtkuy”, integrantes de Zodevite y el Centro de Lengua y Cultura Zoque.

Además de acordar la preservación de la lengua a través de compartir el conocimiento a los más jóvenes, los zoques decidieron llevar a cabo diversas acciones para enfrentar las problemáticas actuales, desde la creación de reglas internas hasta la realización de talleres para llevar conocimiento a las nuevas generaciones; todas las actividades serán evaluadas en un año.

Denuncias

La primera denuncia que realizó el pueblo zoque es la violencia contra las mujeres que se “cristaliza”, pues además de ser física y verbal, no se les permite tomar decisiones y en consecuencia tampoco tienen acceso a la tierra, ni a derechos básicos como a la salud y atención jurídica.

“También hemos visto cómo las ambiciones e intereses personales se han manifestado a lo largo de este proceso, lo cual significó utilizar el movimiento zoque para fines electorales y partidistas. Desde aquí lo decimos claro: no vamos a permitir que la defensa y la organización zoque se conviertan en una moneda de cambio por puestos políticos en el gobierno o para conseguir recursos económicos a través de proyectos ‘comunitarios’ que solo buscan fortalecer las agendas de los intereses capitalistas”, enfatiza el documento.

En el 2016, los pueblos zoques iniciaron un proceso de organización y lucha por la defensa del territorio en Chiapas que impidió la concesión de tierras para la explotación de doce pozos petroleros.

Pero también se enfrentan a la minería promovida por los consorcios transnacionales y autorizada por las instituciones del Estado mexicano, a pesar de las amenazas en los territorios de las comunidades de Buenos Aires, Valtierra y Caracol en el municipio de Chapultenango, así como en Ixhuatán y Pantepec.

Los zoques advirtieron que también analizaron los intereses de extraer los hidrocarburos en Francisco León, municipio también localizado en las montañas del norte de Chiapas. Asimismo, la situación de Zacalapa, municipio de Copainalá, que enfrenta un grave conflicto por la escasez y el monopolio en la gestión y distribución del agua.

En el tema ambiental alertaron sobre el deterioro generado por el incremento descontrolado de basureros públicos como en Rayón y Chapultenango, promovidos por las propias autoridades municipales, que contaminan manantiales y ríos que proveen de agua a las comunidades.

A esto se le suma la reactivación de proyectos energéticos con la construcción de nuevas presas hidroeléctricas en los municipios de Chicoasén, Copainalá y Francisco León, “sabemos que esos proyectos de energía eléctrica se hacen a costa del desplazamiento y la precarización de la vida zoque”.

Este contexto les acarrea divisiones internas, inseguridad y violencia a los ojos de las autoridades, como el desalojo de familias por parte de grupos armados el 21 de noviembre de 2021 en el ejido Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango,

La división de la comunidad también la provocan los programas sociales y la cooptación de las comunidades bajo la promesa de empleo, caminos y proyectos. Mientras, en lugares como Tectuapan municipio de Pichucalco, el poder permite que el monopolio del transporte público provoque violencia y terror contra los habitantes.

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Los pueblos zoques también lamentaron que a dos años del impacto ocasionado por el huracán Eta, sigan sin atender a la población afectada. En Pantepec, Rayón y Tapalapa, los caficultores tuvieron grandes daños que perturbaron la economía familiar.

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Avispa Midia

(Español) Brasil: Muertes por conflicto en el campo aumenta más de 1,000% en 2021

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La Tierra Indígena Yanomami (TIY), en la Amazonia brasileña, fue uno de los territorios más afectados por los “garimpeiros” (buscadores de oro clandestinos) en 2021, de acuerdo con el informe Conflictos en el Campo Brasil 2021, realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).

Demarcada en 1992, la TIY es la mayor de Brasil en área, con 9,6 millones de hectáreas en donde viven los indígenas Yanomami y los Ye’kwana. También consta la presencia de ocho grupos de indígenas aislados en la selva, uno de los cuales son conocidos como indígenas Moxihatëtëa.

La actividad clandestina de extracción minera está en acelerada expansión en el país por lo menos desde 2012, con impacto significativo sobre la Amazonia. Durante 2020, el Centro de Documentación de la CPT – Don Tomás Balduino había registrado 9 muertes en consecuencia de conflictos del campo, la mayor parte dentro del estado de Amazonas (6).

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En 2021 fueron registradas 109 muertes en consecuencia de conflictos, lo que significa un aumento de 1,110%. Del total, 101 muertes fueron registradas dentro del estado de Roraima, en la Amazonia. Todas de indígenas Yanomamis. Todas causadas por acciones de buscadores de oro clandestinos.

Uno de los motores de la deforestación de la amazonía es la industria minera

Desde 2020, la Asociación Hutukara alerta a las autoridades de los riesgos de la escalada de violencia en las regiones de la TIY donde la extracción minera ilegal, el “garimpo”, ha avanzado. Según datos obtenidos por el Sistema de Vigilancia de la Minería Ilegal dentro de la TIY, el cauce del río Uraricoera es la región más afectada por la actividad, concentrando un 45% de toda la área degradada por la minería ilegal dentro del territorio indígena yanomani.

Apiaú es otra región que sufre amenazas por la presencia de minería ilegal. En noviembre de 2021, una comitiva de líderes informó a Hutukara sobre el deterioro de las condiciones de vida comunitaria en la aldea Serriña, con distribución de alcohol y de drogas traídas por mineros que usan la comunidad como dormitorio.

En la misma ocasión, los líderes informaron sobre el asesinato de tres indígenas del grupo aislado Moxihatëtëa en agosto de 2021.

Conflicto

En 2021 fueron registrados un total de 1,768 conflictos en el campo en todo el país, involucrando 897,335 personas. De acuerdo con Carlos Pinto, coordinador del Centro de Documentación – Tomas Balduino, de la CPT, el informe considera como conflicto “la relación de disputa por la tierra, por el territorio”.

El agente causador del conflicto es, generalmente, el “latifundiario [gran propietario de tierras]”. En esta relación, “entre opresores y oprimidos”, se da, según Pinto, el conflicto en el campo. “Registramos entonces la violencia en esta relación, en tres ejes: agua, tierra y trabajo”, explica.

Asesinatos

En 2021, la violencia contra personas fue brutal. Sólo dentro de los estados de la Amazonia Legal hubo 28 asesinatos, 80% del total. La actuación de “pistoleros por encargo” y de las llamadas “agromilicias”, así como de agentes públicos, ocasionaron 35 asesinatos por conflictos en el campo en Brasil, durante el año 2021.

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Durante este período hubo, todavía, 27 tentativas de asesinato y 132 amenazas de muerte. También fueron registradas 75 agresiones físicas con diversos heridos, inúmeras intimidaciones y humillantes intentos de subyugación, con 13 registros de tortura practicadas principalmente por agentes privados de grandes propiedades, terratenientes identificados como “fazendeiros”. En este año de 2022, según datos parciales, ya son 14 los asesinatos en conflictos del campo.

María Leusa Munduruku (centro) durante la Caravana del Agua en Tapajós. Ella sufrió un intento de asesinato en 2021 por oponerse a la minería ilegal en tierras indígenas. Foto: Ana Mendes/Amazônia Real

El número de personas sin-tierras asesinadas aumentó un 350% de 2020 para 2021, pasando de 2 a 9; y el número de pequeños agricultores sin título de propiedad aumentó 500%, pasando de 1, en 2020, para 6, en 2021. Aumentó, también, el número de torturados, pasando de 9 a 13, un aumento de 44%; y de agredidos, que de 54 pasaron a 75, con aumento de 39%.

Trabajo esclavo

En 2021, la fiscalía del trabajo rescató 1,726 personas. Este es el mayor número desde 2013. Un aumento de 113% en relación a la cifra de 2020. Fueron 169 casos de trabajo esclavo en ambiente rural en 2021, un aumento de 76% en relación al año anterior.

Del total de rescatados de esta práctica criminal, 64 eran niños y adolescentes. Las regiones Sudeste y Centro-Oeste concentraron el mayor número de menores de edad esclavizados, 19 en cada una.

Desalojos

Durante 2021 hubo 2,143 familias desalojadas judicialmente, más de 12% en relación al año 2020. Del mismo modo hubo un aumento de 18% de la cantidad de familias expulsadas violentamente en 2021. El número pasó de 469, en 2020, para 555 en 2021.

Más de 71 millones de hectáreas estuvieron o están en situaciones de conflicto, lo que equivale a 8,35% del territorio nacional. Las tierras indígenas constituyen la mayoría aplastante de estas tierras que sufrieran intrusiones con violencia y agresivos saqueos, correspondiendo a 81% de las áreas en situación de tensión social y conflicto.

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Los llamados sin-tierra constituyen la segunda categoría de identidad con más áreas bajo cruenta presión y conflicto. El total de familias afectadas por las ocurrencias de conflictos de tierra, en el curso de 2021, refleja la creciente tendencia de los últimos cinco años, correspondiendo a 164,782 familias, siendo que 17,706 de las cuales están amenazadas de desahucios judiciales.

Por lo que respecta a los datos sobre el número de familias implicadas en conflictos por tierra en los últimos diez años, hubo aumento de la cantidad de familias que sufrieron invasión de sus tierras desde el inicio del actual gobierno (2019- 2021): 206% más que en relación a 2018.

En cuanto a la ocurrencia de conflictos por tierra en Brasil en el último bienio, entre los cinco primeros estados con mayores números (Pará, Maranhão, Bahía, Mato Grosso e Rondônia), cuatro están en la Amazonia Legal.

En 2021, se devastó más de 10 mil km² de bosque en la Amazonia brasileña

En 2021, la Amazonia registró 52% de los conflictos por tierra de Brasil y 61% del número de familias envueltas. Cuando se observa la cantidad de terreno de áreas en disputa, la escala de los conflictos muestra todo el motivo de las disputas por tierras y territorios en la región.

En la Amazonia ocurrieron, todavía, 64,5% de las amenazas de expulsión, 63% de las contaminaciones por agrotóxicos, 78% de la deforestación ilegal, 87% de las expulsiones, 81% de las “grilagens” (acaparamiento ilegal de tierras), 82% de las invasiones, 69% de los registros de sicarios y pistoleros, 73% de las omisiones/connivencias del Estado y 70% de violaciones de las condiciones de existencia.

Resistencia

Las acciones de ocupaciones y retomadas tuvieron un aumento expresivo en 2021. En total pasaron de 29 en 2020, para 50 en 2021, con aumento de 72%, y de 1,391 familias en 2020, para 4,761 familias en 2021. Un aumento de 242%.

Conflictos por agua

En 2021 se registraron 304 conflictos por agua en Brasil, involucrando a 56,135 familias, de acuerdo con los datos de la CPT. En 2020 fueron 350 conflictos con 56,292 familias.

Alrededor de 30% de los conflictos por agua fueron provocados por empresas mineras internacionales, 19% por sectores empresariales, 14% por grandes propietarios de tierras, 10% por instalación de hidroeléctricas, 9% por entidades gubernamentales (federales, estatales y municipales) y 8% por la acción de “garimpeiros” (minería clandestina).

En relación a los principales afectados por los conflictos por agua, destaca el predominio de las comunidades tradicionales.

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Avispa Midia

(Español) Caravana migrante con mayoría de venezolanos parte desde Tapachula; INM impide su avance

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Más venezolanos cruzan el Tapón del Darién, en Panamá, para después enfrentar la contención migratoria de México, donde sus connacionales organizados con centroamericanos y caribeños se organizaron para salir de Tapachula, Chiapas, en una caravana.

El mas reciente éxodo del año planeó salir de la frontera sur de México este sábado 16 de abril ante la nula respuesta a los procesos migratorios ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Se trata de la tercera salida en grupo con acompañamiento de defensores de los derechos humanos en lo que va del 2022, pues aseguran es la única forma de no enfrentar solos la militarización de la frontera: detenciones, operativos y persecución.

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Pero el Instituto Nacional de Migración impidió que los extranjeros abandonaran Tapachula en caravana; ofreció visas y traslados a otros estados del país para continuar con los trámites migratorias.

Mientras, organizaciones de la sociedad civil insisten en que las personas en contexto de movilidad no necesitan tarjetas humanitarias si no reconocimiento de sus derechos, pues aún con documentos son víctimas de detenciones arbitrarias y deportaciones.

Desde el año pasado, los originarios de Venezuela comenzaron a llegar a México en mayor número que años anteriores. A principios de 2022 protagonizaron protestas junto a otros migrantes en Tapachula para exigir la atención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y del Instituto Nacional de Migración.

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La última actualización de las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria muestra que sólo en enero y febrero de este año, fueron presentadas 2,443 personas de Venezuela ante el INM, la mayoría detenidas en Apodaca, Nuevo León, al norte de México.

Tapón

En un reciente informe, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportaron que son cada vez más las personas de esta nacionalidad que recorren peligrosos caminos por las junglas entre Panamá y Colombia.

El Tapón del Darién comprende 5,000 kilómetros cuadrados de junglas, ríos y montañas escarpadas, topografía que la convierte en una de las rutas más peligrosas del mundo para personas refugiadas y migrantes que pueden tardar hasta diez días en cruzarlo.

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Panamá, alrededor de 2,500 personas de Venezuela cruzaron el Tapón del Darién en los primeros dos meses de 2022 por el impacto socioeconómico de la pandemia de COVID-19 en la vida de estos refugiados y migrantes en distintos países de acogida en América Latina y el Caribe.

Protesta de migrantes venezolanos en el sur de méxico. Foto: Efecto Cocuyo

Lo grave es que la cifra total se triplicó en comparación con el mismo periodo el año pasado: de 2,928 en los primeros dos meses de 2021 a 8,456 en el mismo lapso en 2022. La cifra de este año incluye 1,367 niñas, niños y adolescentes.

Esta migración se encuentra expuesta a amenazas naturales y también a grupos criminales que perpetran violencia, incluyendo abusos sexuales o robos, por lo general contra adultos jóvenes y familias.

El estudio de la OIM dice que las personas llegan a comunidades indígenas de difícil acceso con hambre y deshidratación, exhaustas y requiriendo atención médica. En 2021 se registró un número récord de 133,000 personas que hicieron la travesía el año pasado, cuando se reportó la desaparición de 51 personas.

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Entonces, la mayoría provenía de Haití, incluyendo su descendencia nacida en Chile y Brasil, seguidos de cubanos, venezolanos y personas de lugares lejanos como Bangladesh, Ghana, Uzbekistán y Senegal.

Según la OIM seis millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela se encuentran en distintas partes del mundo; casi cinco millones residen en América Latina y el Caribe. En 2022, la Plataforma de Coordinación Interagencial para la Situación de Venezuela (R4V) lanzó un plan de 1,790 millones de dólares para satisfacer las crecientes necesidades de personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de las comunidades que les han acogido en 17 países en la región.

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Avispa Midia

(Español) Juez mantiene suspensión de granja de cerdos en comunidad Maya

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Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

El Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decidió mantener la suspensión de operaciones que fue impuesta a la mega granja porcícola, de manera que la fábrica de cerdos permanecerá cerrada en lo que concluye el juicio de amparo promovido por niños y niñas mayas de Homún, Yucatán, contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo).

El argumento principal para la suspensión de la mega granja es que viola los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.

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En 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La empresa, entonces, pidió la revocación de la suspensión de sus actividades.

De acuerdo con la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que asesora jurídicamente a la comunidad, el Tribunal determinó que dicha compañía no aportó pruebas de hechos novedosos que “derribaran” los tres pilares que sostienen la suspensión impuesta a la fábrica de cerdos.

El primero, que la planta de tratamiento de aguas residuales no estaba concluida al momento de iniciar operaciones. El segundo, que no se hizo la consulta previa a la población maya de Homún. El tercero, que ante el riesgo de que el funcionamiento de la granja podría afectarse al medio ambiente y por lo tanto, debía aplicarse el principio precautorio.

Sobre el primer pilar, relacionado con la planta de tratamiento, el Juez explicó que la prueba otorgada por Papo, un documento emitido en abril del 2021 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), no es novedosa, pues está basada en hechos pasados.  Solamente relata que, en el 2017, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) consideró viable la planta de tratamiento al momento de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de la fábrica de cerdos. Además, no se aportaron exámenes periciales o científicos que garanticen que dicha planta evitará la contaminación del aire u otros impactos ambientales.

Respecto al segundo pilar, la empresa aseguró que en su momento, la Seduma publicó la MIA de la mega granja en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. También alegó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), no tiene la obligación de realizar una consulta indígena.

El Juez respondió que la consulta pública realizada por la Seduma no es equivalente a una consulta indígena, la cual, según la normativa internacional, tiene que ser previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe respetando el derecho a la autonomía del pueblo maya y con el fin de obtener el consentimiento del pueblo.

En cuanto al principio precautorio, se resaltó que la empresa Papo tampoco logró comprobar que existen las condiciones para afirmar que el principio precautorio está superado, pues no sólo se debe contemplar la contaminación del suelo y el agua, sino también del aire.

En un comunicado, el pueblo Maya de Homún sostuvo que la resolución “resulta crucial para los pueblos mayas de la península que enfrentan industrias extractivas que imponen proyectos en su territorio y ponen en riesgo la salud, el agua, el aire y al medio ambiente en general”.

El pueblo maya de Homún resalta que las pruebas utilizadas por la empresa, en todos los intentos de eliminar la suspensión, han tenido en común la participación del Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, argumentando que la planta de tratamiento de aguas residuales ya está terminada.

“La población de Homún exige al Gobierno del Estado de Yucatán no ser cómplice de la empresa Papo y respetar su derecho a la libre determinación”.

El juicio principal todavía continúa, bajo la medida cautelar que suspende las actividades de la mega granja.

radio
Avispa Midia

(Español) Ruta de colisión: parque eólico amenaza comunidades en Bahía

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Fuente: Avispa Midia

por Thomas Bauer

En portada: Don Antonino, ganadero de la comunidad de Fondo de Pasto de Bom Jardim, en Canudos (Bahía). (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

El polvo y el ruido ensordecedor atormentan a las comunidades conocidas en Brasil como Comunidades de Fundo de Pasto en las cercanías de las obras de Voltalia, una multinacional francesa que opera en el sector energético. La construcción de un complejo eólico entre los municipios de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha, en el interior de Bahía, tiene el potencial de causar un daño aún mayor, amenazando el modo de vida tradicional de la población y la preservación del ave conocida como Guacamayo de Lear, en peligro de extinción.

La página web de la multinacional afirma que se fundó en 2005 y está presente en 20 países, con el objetivo de “mejorar el medio ambiente global promoviendo el desarrollo local”. El principal accionista de Voltalia es Creadev – www.creadev.com -, una sociedad de inversión fundada por una familia francesa. Los Mulliez poseen 130 marcas, entre ellas Decathlon y Leroy Merlin, y sus ingresos anuales rondan los 100 mil millones de euros.

Desde que era un niño, Antonino Carvalho ha pastoreado ganado en “terra de eréu”, extensiones de tierra que nunca tuvieron dueño:

“Este lugar nos pertenece a todos. Ahora los cabrones lo han invadido todo y hemos perdido nuestro lugar en esta ‘terra de eréu’. Los de fuera nos están dejando sin futuro. En unos días más, sólo podremos criar gente porque se cría en la casa”, se lamenta.

El ganadero Antonino ha participado en varios documentales y ha dado su testimonio en varios libros sobre ganaderos. Hoy, a la edad de 66 años, está angustiado por el impacto de las obras de Voltalia en la región:

“El ganado no aguanta el ruido. El ganado se asustó y huyó. Ya hemos capturado animales que llegan a [el estado] Sergipe. Y no sólo una vez”, relata.

El drama de los pueblos tradicionales comenzó a finales de 2018, cuando la multinacional energética presentó ante el Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos (Inema) la solicitud de licencia previa de instalación. También solicitó la autorización de gestión de la fauna para el complejo, compuesto por 97 aerogeneradores (turbinas que convierten la energía cinética del viento en electricidad) y once parques eólicos.

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El inicio de las obras para la instalación de las turbinas en las centrales Canudos I y II está afectando directamente a las comunidades de Bom Jardim, Angico, Toca Velha, Pedra Sozinha, Toca da Onça, Raso, Rio do Suturno, Alto Redondo, Barriguda, Rosário, Aroeira (Canudos) y Angico Silva (Jeremoabo).

Maria Pereira nació, creció y sigue viviendo en Toca da Onça, y dice que le asustó el repentino interés por las tierras de la región y la cantidad de gente extraña que deambulaba por la localidad.

Su familia sufrió acoso para vender la propiedad:

“Un muchacho estuvo allí. Habló con mis hermanos y les preguntó si no queríamos vender. No podemos vender porque es donde vivimos. Si vendemos, ¿a dónde iríamos?”, cuestiona.

Independientemente de las negativas, se está produciendo un gran movimiento de apertura de caminos y carreteras, de instalación de vallas en la región y de deforestación.

María Pereira y su familia aún se resisten a deshacerse de la tierra que heredaron (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

“Mucha gente ya ha vendido su ganado porque no hay otro lugar donde criarlo, ¿verdad? Si terminan de despejar el resto de la vegetación para cercar el bosque, se acabó. No habrá movimiento ni siquiera para el sustento del ganado y para nosotros, que dependemos de la ganadería”, dice María Pereira.

La expresión fundo de pasto tiene un significado similar al de fondo de pateo, donde hay pastizales. Los antiguos habitantes construían sus casas cerca de las fuentes de agua necesarias para la supervivencia. Y contaban con la parte trasera de sus casas que daban a grandes extensiones de terreno para los animales. Además, en estas tierras de uso común, cultivaban pequeños campos de frijoles, yuca, maíz y calabaza, entre otros alimentos.

La historia de los conflictos, a menudo ligados a la especulación, y la presión sobre las áreas de uso común de pastoreo consternan a los residentes que lograron unir la generación de ingresos con la preservación de la catinga (vegetación y ecorregión en el noreste brasileño), asegurando el equilibrio del medio ambiente durante casi dos siglos.

La disputa se intensificó en la década de 1960, con la participación del Estado. Siempre acompañados por el discurso de minimizar los efectos de la sequía en la región semiárida y promover el crecimiento económico, se crearon diferentes programas, entre ellos el Projeto Sertanejo.

Lo explica José Adelson, vecino de Alto Redondo:

“Fue un incentivo. La asignación de préstamos a los pequeños agricultores y productores, de hecho, se quedó sólo en el papel. Quienes accedían a ellos eran personas que no tenían actividad rural y desviaban los fondos. Invirtieron en otra cosa y adquirieron tierras. Una vez que compraban una pequeña área, rectificaban las zonas y empezaban a especular hasta encontrar un comprador”.

José Adelson sacando agua con una bomba manual para su granja. (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

La financiación iba acompañada de la “ley del pie alto”, también llamada “ley de los cuatro hilos”. Se trataba de normas municipales que favorecían la ocupación de las tierras por parte de los grandes ganaderos. La nueva normativa obligaba a criar cabras y ovejas sólo en zonas delimitadas, para evitar daños en otras propiedades. En la práctica, la exigencia de cercar la tierra con cuatro hilos de alambre también preveía que los pequeños animales que la sobrepasaran pudieran ser sacrificados. Esto hizo inviable el modo de vida de los pueblos tradicionales de Fundo de Pasto.

“Sabemos que en la región semiárida las lluvias son localizadas. Por lo tanto, si no se dispone de una zona de pastos para la producción, a menudo la lluvia caerá donde los animales no pastan. Pero si lo tienes, se moverán libremente y no tendrás un rebaño pasando hambre y otro con la barriga llena”, garantiza Adelson, que insiste en criar su rebaño de cabras en un espacio cada vez más reducido.

Son principalmente las áreas de pastoreo, utilizadas por los residentes de las comunidades tradicionales de forma colectiva, las que garantizan la supervivencia de todos. En contra de esta realidad y costumbre, en cuanto Voltalia llegó a la región, publicitó una mejora de la vida con la creación de puestos de trabajo. Las cifras anunciadas estaban por debajo de la realidad y la disputa por los pocos puestos de trabajo creó divisiones internas en las comunidades. Según la publicación trimestral “Voltalia Informa”, de diciembre de 2021, se produjo la contratación de unas 400 personas, muchas de ellas procedentes de otras ciudades y regiones. Los empleados equivalen al 16,6% de los residentes de las comunidades tradicionales.

Hábitat de las guacamayas

Guacamayo de Lear en el criadero de Toca Velha dentro de la estación biológica gestionada por la ONG Biodiversitas (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

La iniciativa del proyecto Jardines del Guacamayo Lear es un ejemplo de generación de ingresos de forma sostenible. Junto con las comunidades, buscan alternativas viables a las acciones que degradan el medio ambiente. Según Marlene Reis, de 42 años, integrante del grupo, más de 120 familias participan en el proyecto. Las artesanías producidas se exponen y venden en dos tiendas propias y garantizan los ingresos de los participantes.

“Me preocupa mucho la intención de la empresa francesa de instalar un parque eólico exactamente en el lugar donde se encuentra el Guacamayo de Lear. Es en la región donde más vuelan las aves de un refugio a otro y a las zonas de alimentación” – dice Marlene, mostrando un mapa elaborado por el proyecto.

Mapa que muestra que los aerogeneradores están en las rutas de los guacamayos de Lear (Proyecto Lear Macaw Gardens)

Ante esta preocupación, los miembros del grupo buscaron a los representantes de Voltalia en 2019.

“Queríamos saber la proporción del parque. Y sugerimos que no estuviera en esta ubicación porque ni siquiera hace falta ser un científico para ver que hay una amenaza para nuestros guacamayos. Pero, desgraciadamente, nuestra opinión no fue respetada por la empresa” – dice Marlene, decepcionada.

La agricultora Maria Ribeiro tiene una pasión especial por el Guacamayo de Lear. Dice que no hay día en que no sobrevuelen su comunidad:

“A veces pasan dos, a veces seis. Siempre las veo moverse”, dice.

María comparte con ellos el maíz que siembra y garantiza que nunca los ha ahuyentado de sus cultivos, porque las aves forman parte de la naturaleza. Cuando se enteró de la posible instalación del parque eólico, pensó inmediatamente que los guacamayos serían los más afectados, así como otras aves.

El primer dibujo de un Guacamayo de Lear fue realizado por el ilustrador Edward Lear a principios de la década de 1830, en un zoológico de Londres. Pronto, los delicados rasgos que representan al ave llamaron la atención de zoólogos y biólogos, que desconocían su origen. Veintiséis años más tarde, el francés Charles Lucien Bonaparte, sobrino del emperador Napoleón, fascinado por la imagen, describió con detalle la especie a partir de animales disecados. Este zoólogo denominó a la especie Anodorhycus leari. El misterio sobre el hábitat del guacamayo se mantuvo.

Caboclo es uno de los responsables de vigilar y proteger la estación biológica. (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

Sólo en 1978, por tanto, unos dos siglos y medio después, el ornitólogo alemán, naturalizado brasileño, Helmut Sick1 se adentró en el sertão (región semiárida del nordeste brasileño), siguiendo las pistas dadas por los lugareños, y descubrió la especie amenazada en las laderas. La expedición de Sick contó con la ayuda de Eliseu Alves, padre de Eurivaldo Caboclo Alves, de 50 años, responsable de la estación biológica de la ONG Biodiversitas, en Toca Velha. Caboclo es uno de los encargados de preservar la zona y proteger la especie. Recuerda que cuando Sick llegó a la Fazenda Angico Descascado, donde vivía Eliseu, vio por primera vez seis guacamayos.

“Mi padre dijo que sabía dónde estaban y lo llevó a Toca”, dice.

Recomendaciones ignoradas

Ante las violaciones practicadas por la multinacional francesa, entidades como la Articulação Estatal de Comunidades Tradicionais de Fundos e Fechos de Pasto, la Asociación de Abogados de los Trabajadores Rurales del Estado de Bahía, el Instituto Regional de la Pequeña Agricultura Apropiada, el Instituto Popular Memorial de Canudos, la Fundación Biodiversitas, la Comisión de Tierras Pastoriles y el Movimiento Salvemos las Montañas han solicitado al Ministerio Público del Estado (MPE) que tome medidas.

Entre las normas violadas por Voltalia se encuentra la no realización de la consulta previa a las comunidades como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la no realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la no divulgación del Informe de Impacto Ambiental (Rima, por sus siglas en portugués), exigido por la resolución 4.579, del Consejo Estatal del Medio Ambiente (Cepram) y requerido para el otorgamiento de una licencia en emprendimientos como éste.

Siete bases de las 97 torres eólicas de Voltalia en medio de la catinga. (Thomas Bauer – CPT Bahia/ H3000)

Las denuncias fueron aceptadas por el fiscal regional de Medio Ambiente de Euclides da Cunha, Adriano Nunes de Souza, y la fiscal Luciana Espinheira da Costa Khoury. Ante esto, el 19 de julio de 2021 se emitió la recomendación 01/2021, anexa a la investigación civil ya abierta. En ella, el MPE dice que es necesario reexaminar el proceso de concesión de licencias para suspender o cancelar la licencia medioambiental de Voltalia. También sugiere una consulta previa con las comunidades y recomienda que la empresa se abstenga de implantar el parque eólico.

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La multinacional francesa e Inema hicieron caso omiso de las recomendaciones y las obras se aceleraron. Recientemente, los vecinos de las comunidades fueron sorprendidos por un anuncio difundido por whatsapp, en el que la empresa informa:

“Hola residentes de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha. Voltalia informa de que las obras de los parques eólicos I y II avanzan hacia la fase final. Tras la finalización de la fase de cimentación, estamos iniciando la fase de montaje de las 28 torres eólicas, también llamadas aerogeneradores. Los aerogeneradores están formados por grandes componentes que pueden alcanzar los sesenta y cuatro metros de longitud. Así que esté atento a las grandes cargas que circulan por las carreteras”.

Indignados con la actitud y la falta de respeto de la empresa y de la agencia estatal de medio ambiente, los miembros de las comunidades tradicionales esperan que los tribunales concedan un amparo para suspender la obra, antes de definir la reubicación de la empresa en un lugar que cause menos impacto.


1 – Sick es considerado el principal científico brasileño del siglo XX. Antes, sin embargo, fue detenido por el gobierno brasileño, durante la Segunda Guerra Mundial, sospechoso de espionaje sólo por ser alemán.

Edición: Paulo Oliveira – Meus Sertões

Este reportaje forma parte de un trabajo conjunto entre CPT Bahia y Meus Sertões.

Publicado originalmente el 29 de marzo de 2022, en el site de la CPT Nacional. Traducido por Avispa Midia.

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Avispa Midia

(Español) En Chiapas, denuncian agresiones contra defensores de humedales

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Habitantes de San Cristóbal de las Casas exigen la protección de los humedales de montaña

El pasado jueves (14), personas armadas con machetes buscaron evitar una reunión en San Cristóbal de las Casas que tenía el propósito de emitir la declaratoria de hábitat crítico de los humedales de montaña.

Testimonios indican que habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes de un grupo de choque, conocido popularmente como “los motonetos”, impidieron el paso a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y agredieron a ambientalistas que se reunirían con representantes de colonias para explicar la declaratoria.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los hábitats críticos son áreas específicas dentro del rango normal de distribución de una especie o población de una especie con condiciones particulares que son esenciales para su sobrevivencia, y que requieren manejo y protección especial.

El primer día de abril, la Semarnat publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para alertar sobre estado crítico de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas, “tendiente a desaparecer debido al crecimiento urbano insostenible”, además de la contaminación, derivado de las actividades inherentes al uso del suelo habitacional.

El documento público hace referencia que el instrumento fue adoptado a partir de la lucha de la organización social que defiende los humedales La Kisst y María Eugenia, localizados dentro de la mancha urbana.

“Aplica cuando se tiene conocimiento de que existe una afectación y una complejidad social o de otro tipo en torno a ciertas zonas y se tienen que tomar medidas urgentes y efectivas para detener y, si es posible, revertir el daño”, reza el texto de Semarnat.

El pasado 26 de febrero, ambientalistas y representantes de las colonias y barrios solicitaron el cumplimiento y seguimiento del acuerdo de establecer las medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación. Esto, según la Semarnat, permitirá la recuperación y restablecimiento de los recursos naturales y de las especies identificadas con la categoría de riesgo que habitan en los humedales.

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Ahora será facultad de la dependencia federal preservar, proteger y restaurar los humedales: prohibir la liberación de organismos genéticamente modificados y el uso de sustancia tóxicas como plaguicidas; no permitir la contaminación del agua, así como tampoco el desarrollo inmobiliario dentro del polígono de hábitat crítico que comprende 220 hectáreas.

Agresiones

Después de la declaratoria, los activistas y ambientalistas lograron un espacio en la agenda de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, para reunirse con representantes de al menos 90 colonias y explicar el funcionamiento del mecanismo de habitar crítico.

El encuentro se planeó a discreción entre autoridades municipales, estatales y federales, pero el día del encuentro los policías se retiraron de la zona y un grupo de choque armado con machetes se colocó en el camino de la colonia FSTSE 2001, que colinda con el humedal María Eugenia, lugar acordado para el acto ambiental.

Las personas armadas dijeron que la declaratoria es para desalojarlos y mientras trataron de explicarles que la búsqueda es la conservación de las áreas, la situación se tensó. Hubo jaloneos, persecución, amenazas y agresiones físicas al académico de la Universidad Intercultural de Chiapas y ambientalista, León Enrique Ávila, que documentó el hecho con su teléfono celular.

“Es complicado hablar con gente que le han sembrado odio y que viene de manera muy agresiva”, relató y agregó que el grupo de choque no permitió la entrada de alrededor de 100 personas. Ávila cuenta con medidas del mecanismo de protección de defensores desde el año pasado, por la violencia que enfrentan como defensores y ambientalistas en los Altos de Chiapas.

Los grupos de choque fueron identificados como habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes del grupo delictivo conocido como “los motonetos”, que han invadido o son cómplices en actos ilícitos en las reservas ecológicas, también reconocidas como sitios Ramsar —por su importancia internacional—.

Luego de la tensión, la policía municipal detuvo a dos personas que fueron liberadas horas más tarde. En un comunicado, los ambientalistas responsabilizaron al gobierno municipal y del estado por no procurar las condiciones de seguridad para esta reunión urgente y necesaria.

Por su parte, Albores González escribió en redes sociales: “El proceso de defensa del Hábitat Crítico de La Kisst y María Eugenia en Chiapas lo construiremos juntos a través del diálogo respetuoso. Diálogo, acuerdos y la defensa de la naturaleza guían nuestra acción. El agua de San Cristóbal de Las Casas es el bien superior a proteger”.

Humedales en riesgo

La defensa de los humedales siempre representó un peligro para los ambientalistas, pero desde 2020, la situación se agravó, por lo que dos representantes de 14 colonias cuentan con medidas de protección.

“De 2015 para acá tendremos alrededor de 10 incidentes graves en los que se ha puesto en riesgo la integridad de los defensores de los humedales”, agregó el investigador agredido.

Durante años, los defensores de los humedales han solicitado la historia traslativa de los terrenos, pero es negada por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ahora se enfrentan a la amenaza de los grupos criminales de la zona que ya están involucrados en el deterioro de las zonas de conservación.

Humedales de montaña en San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Los humedales de montaña surten de agua al 70 por ciento de la ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas y albergan especies endémicas como el pez popoyote, además son refugio de aves migratorias y residentes.

Este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la falta de protección de los humedales por parte de autoridades federales, estatales y municipales y emitió la recomendación 18-2022.

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Se trata de 115 hectáreas de los humedales de la Kisst y las 110 de María Eugenia, que se encuentran dentro de la mancha urbana de la ciudad turística que crece precipitadamente, por lo que urgen soluciones para evitar la pérdida total.

“Están contaminando los humedales y están generando no solo un problema de salud pública para los que vivimos alrededor sino para los habitantes de la ciudad. Pedimos que acepten ser reubicados; nosotros queremos que se conserve lo que queda de los humedales”, dijo Ávila.

El académico dijo que la titular de Semarnat se retiró tras el incidente, pero el encuentro se logró con representantes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua); además de María del Rosario Bonifaz, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y quien no aceptó las recomendaciones previas de la CNDH sobre este caso.

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Avispa Midia

(Español) Гватемала | Los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco

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Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir el trabajo de periodistas guatemaltecos en “The Store Project”, quienes investigaron las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal. El resultado es una serie de reportajes elaborados a partir de una filtración recibida por Forbidden Stories, quien ha compartido los documentos con medios en todo el mundo para develar los secretos más oscuros de la mina.

Texto e imágenes por The Store Project

La mina también se relacionó con el cartel de Los Mendoza, uno de los más grandes y violentos de Guatemala. Documentos prueban que la compañía otorgó al menos 7 contratos a una de las empresas del clan.


La filtración de 8 millones de expedientes, comunicaciones y archivos internos de la minera ruso suiza Solway y sus operaciones en Guatemala con el proyecto minero Fénix, revelan como a los empresarios guatemaltecos y rusos no les supuso ningún problema hacer negocios con las empresas propiedad del jefe de uno de los carteles del narcotráfico en el país como son Los Mendoza, una organización criminal considerada como una de las más peligrosas en Guatemala.

Varios documentos obtenidos por Forbidden Stories prueban la relación entre Los Mendoza y la mina.

En uno de los documentos de “novedades” de la seguridad de la minera, el 5 de enero de 2016 se le informa al Gerente de Seguridad General que no hay ningún incidente. El informe va con copia a Sergei Viktorovich Nosachev, gerente de la empresa. Nosachev es el mismo ejecutivo que en 2020 escribió una carta al presidente Giammattei solicitándole que reforzara las medidas de seguridad en El Estor.

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En el registro se reporta el ingreso a la Planta Procesadora de vehículos tipo góndolas cargados con carbón a las 6:15 de la mañana. Una hora después salieron cargados de “mineral granel” rumbo al Puerto Santo Tomas de Castilla.

A las 11:35 am, Julio Rodríguez agente de la Policía Nacional Civil (PNC), visitó durante 10 minutos al subgerente de seguridad de la empresa, Otto Vinicio Ríos Ralda. El agente Rodríguez iba acompañado por 4 agentes más en la radiopatrulla IZA-074. Ríos Ralda es un capitán en retiro del ejército, encargado de la seguridad de CGN desde 2007.

Walter Obdulio Mendoza Matta. Crédito: Prensa Libre.

Por la tarde se registra la llegada a la planta procesadora del señor Walter Obdulio Mendoza Matta, acompañado de tres hombres conducidos en el vehículo de la empresa Constructora OM, un picop agrícola placas P-609FLJ a nombre de Walter Mendoza que al 2022 siguen vigentes. Eran las 14:30 horas cuando Anatoly Fomenko los acompañó a una de las bodegas de Pronico.

El nombre de Walter Obdulio Mendoza Matta genera la admiración o el temor de muchas personas: él y sus hermanos forman parte del cartel de “Los Mendoza”, que según el portal  Insightcrime es uno de los carteles del narcotráfico que tienen el control de los departamentos de Petén e Izabal.

Según documentos internos de la minera, una de las empresas de Walter Mendoza es la Constructora OM, una de las contratistas de CGN-Pronico durante los años 2015 y 2016. Esta empresa recibió por lo menos 7 contratos de construcción, firmados entre Walter Obdulio Mendoza y del ciudadano ruso Sergei Nosachev, gerente de la empresa.

En la filtración destaca una nota de servicio de Pronico de marzo de 2016, en la que hay una solicitud de balastreo de una calle por Q139,152 (unos US$ 19,000). Esta es una solicitud del gerente de asuntos comunitarios, Maynor Giovani Álvarez Mai, militar retirado del ejército, para la empresa de Walter Obdulio Mendoza Mata, que fue aprobada por Mario Fernando Vega, gerente administrativo, y Sergei Nosachev, director general de la empresa.

Los Mendoza realizaron la construcción de obra en los barrios La Unión, La Coroza, Zapotillo, Sinahí, El Boquerón y El Esfuerzo. Al finalizar los contratos, la minera presentaba públicamente las construcciones como parte de la obra social de Solway en las comunidades indígenas. Al mismo tiempo que el cartel despojaba las fincas de grupos de campesinos en el departamento Petén, fronterizo con México, desarrolló por lo menos 7 contratos de construcción con la minera en El Estor.

El último de los contratos fue firmado el 9 de marzo de 2016, dos meses antes de que Walter Obdulio Mendoza Matta, el jefe del cartel, fuera detenido en un operativo policial en una de sus casas en Morales, Izabal. La detención se confirmó en una sala de prensa del MP en el Barrio Gerona de en la ciudad de Guatemala. El fiscal general en funciones Arturo Archila, el ministro de Gobernación Francisco Rivas y el Comisionado Internacional de CICIG, Iván Velásquez Gómez, fueron los encargados de anunciar su detención, así como la de sus hijos y otros integrantes del cartel. A este caso se le conoció como Génesis.

Al mismo tiempo que desarrollaban varios de los contratos de construcción para la compañía minera y los rusos en El Estor, Los Mendoza se encargaban de despojar 28 fincas de campesinos, haciendo uso de los grupos armados que también le sirven para el cartel. CICIG reveló que las tierras despojadas luego eran legalizadas por la estructura de Walter Obdulio Mendoza a través de abogados y funcionarios públicos.

Red diseñada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), caso Génesis.

En mayo de 2019 el jefe del cartel y propietario de la Constructora OM finalmente fue condenado a 8 años de prisión por el delito de usurpación agravada. Por lavado de dinero y otros activos, 8 años más y una multa de Q3 millones 185 mil 585, unos USD 414 mil dólares. Sus hijos William Alfredo y Jeffrey Obdulio y su hija Mariana Isabel fueron condenados junto al jefe del cartel por lavado de dinero. El tribunal de mayor riesgo B de la ciudad de Guatemala, condenó a otros 6 integrantes de “Los Mendoza” por Génesis. Las celdas improvisadas por el Sistema Penitenciario en el interior de unas de las bases militares del ejército, sirven ahora como resguardo de quienes libremente recorrían el país y el mundo.

Previo a estas condenas, los integrantes de la familia Mendoza diversificaron los negocios. También participaron en partidos políticos, como FCN-Nación, con el que ganó las elecciones presidenciales Jimmy Morales Cabrera en 2015 y también participan con la UCN de Mario Estrada, condenado en los Estados Unidos por narcotráfico y señalado de idear un plan para asesinar a la ex fiscal general Thelma Aldana, a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, y otros operadores de justicia en 2019.

Seis años después de la detención de Los Mendoza, María Consuelo Porras, fiscal general del MP tras la expulsión de la CICIG en 2019 y el desmantelamiento de la FECI en 2021, ha encontrado el escenario ideal para perseguir penalmente a fiscales e investigadores de éstas dos instancias, como a Leily Indira Santizo Rodas, exmandataria de CICIG quien participó de la investigación que permitió el encarcelamiento de la familia Mendoza.

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En la arremetida de Porras y Giammattei contra jueces independientes, investigadores de CICIG y fiscales de la FECI, Los Mendoza desde la prisión de la Brigada militar Mariscal Zavala realizaron amenazas e intimidaciones contra Leily Santizo y sus abogados.

El territorio de Izabal nace frente al Mar Caribe y hace frontera con Cortés, Santa Barbara y Copán del vecino Honduras, su posición geográfica lo convierte en una de las principales rutas del narcotráfico proveniente de Colombia y Venezuela. En el subsuelo de este extenso territorio subyacen  yacimientos de níquel y tierras raras en la mira de las operaciones de Solway con CGN-Pronico y una segunda empresa rusa TelfAg con Mayaníquel, la posición del departamento y sus puertos es geoestratégico para ambos negocios, en especial para el Estado ruso tal y como lo expresó Alexander Khokholikov embajador de Guatemala en Moscú desde el 2018.

Este texto forma parte de la investigación Mining Secrets, en la que participan 20 medios y 65 periodistas del mundo.

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