El Viejo Antonio enciende el tabaco y la mirada. Habla como si leyera, dentro suyo, el libro que algunos llaman historia, o lo pasado, o lo anterior, o lo de antes, o lo más primero.
Porque hay libros que no pueden ser mirados. Sólo escucharlos es posible, y así guardarlos.
“Antes de que nacieran las geografías, cuando los calendarios no nacían todavía, la palabra estaba para dar cuenta de lo que caminaba y no. No fronteras, no razas, no banderas, no gustos, no querencias, no lenguas, no quien arriba, no quien abajo.”
Lo escuchan todas al Viejo Antonio. Alguna le arrima una taza de café y él se arrima al fogón, no porque haga frío, sino porque es su modo pues. Y al escucharlo, lo leen. Sólo con miradas, toman el apunte en su corazón colectivo.
“Para mirar lo pasado hay que aprender a mirar el mañana. Y al revés volteado. Si no, la vista se pierde en el presente, como si nada antes, como si después nada.
El Viejo Antonio relee lo que su corazón escuchó cuando el tiempo no era todavía:
“La memoria fue, existió. Vieron; al instante su mirada se elevó. Todo lo vieron, conocieron todo el mundo entero; cuando miraban, en el mismo instante su vista miraba alrededor, lo veía todo, en la bóveda del cielo, en la superficie de la tierra. Veían todo lo escondido sin antes moverse. Cuando miraban el mundo veían, igualmente, todo lo que existe en él. Numerosos eran sus conocimientos. Su pensamiento iba más allá de la madera, la piedra, los lagos, los mares, los montes, los valles.
En verdad, hombres a los que [se les debía] amar: Brujo del Envoltorio, Brujo Nocturno, Guarda-Botín, Brujo Lunar.
Fueron entonces interrogados por Los de la Construcción, Los de la Formación. “¿Qué pensáis de vuestro ser? ¿No veis? ¿No oís? Vuestro lenguaje, vuestro andar, ¿no son buenos? Mirad pues y ved el mundo, si no aparecen los montes, los valles: ved para instruiros”, se les dijo.
Vieron en seguida el mundo entero, y después dieron gracias a los Constructores, a Los Formadores. “Verdaderamente dos veces gracias, tres veces gracias. Nacimos, tuvimos una boca, tuvimos una cara, hablamos, oímos, meditamos, nos movemos: bien sabemos, conocemos lejos, cerca. Vemos lo grande, lo pequeño, en el cielo, en la tierra. ¡Gracias [damos] a vosotros! Nacimos, oh Los de lo Construido, Los de lo Formado: existimos, oh abuela nuestra, oh abuelo nuestro”, dijeron, dando gracias de su construcción, de su formación.
Acabaron de conocerlo todo, de mirar a las cuatro esquinas, a los cuatro ángulos, en el cielo, en la tierra.
Los de lo Construido. Los de lo Formado, no escucharon esto con placer.
“No está bien lo que dicen nuestros construidos, nuestros formados. Lo conocen todo, lo grande, lo pequeño”, dijeron.
Por lo tanto, celebraron consejo Los Procreadores, los Engendrados.
“¿Cómo obraremos ahora para con ellos? ¡Que sus miradas no lleguen sino a poca distancia! ¡Que no vean más que un poco la faz de la tierra! ¡No está bien lo que dicen! ¿No se llaman solamente Construidos, Formados? Serán como dioses, si no engendran, [si] no se propagan, cuando se haga la germinación, cuando exista el alba; solos, no se multiplican. Que eso sea. Solamente deshagamos un poco lo que quisimos que fuesen: no está bien lo que decimos, ¿Se igualarían a aquellos que los han hecho, a aquellos cuya ciencia se extiende a lo lejos, a aquellos que todo lo ven?”, fue dicho por los Espíritus del Cielo, Maestro Gigante [Relámpago], Huella del Relámpago, Esplendor del Relámpago, Dominadores. Poderosos del Cielo. Procreadores. Engendradores. Antiguo Secreto, Antigua Ocultadora, Constructora, Formadores.
Así hablaron cuando rehicieron el ser de su construcción, de su formación.
Entonces fueron petrificados ojos [de los cuatro] por los Espíritus del cielo, lo que los veló como el aliento sobre la faz de un espejo; los ojos se turbaron; no vieron más que lo próximo, esto sólo fue claro.
Así fue perdida la Sabiduría y toda la Ciencia de los cuatro hombres, su principio, su comienzo.
Así primeramente fueron construidos, fueron formados, nuestros abuelos, nuestros padres, por los Espíritus del Cielo, los Espíritus de la Tierra.”
(Popol Vuh. El Libro del Consejo. Anónimo. Traductor: Miguel Ángel Asturias y J. M. González de Mendoza. Editorial Losada.)
Se calla el Viejo Antonio. Ellas guardan el apunte y la mirada guardan. Ixmucané, el Votán con nagua, guarda y aguarda.
Una niña abre los ojos como si una puerta abriera. La mujer más mayor repite lo que su corazón le dicta: “Resistencia y Rebeldía.A la chingada el pirámide”.
Arriba una luna nueva y abajo una montaña de edad entienden y asienten. Se ve que algo saben, porque sólo ellas sonríen.
No llueve aún y la tierra está así nomás, como esperando…
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
El Capitán. México, mayo del 2025. (Hace 4 años, en estas fechas, una montaña convertida en navío entraba mar adentro en el océano Atlántico. Llevaba en su vientre el Escuadrón 421. Navegaba la Montaña así nomás, como esperando un encuentro. ¿Un encuentro? ¿En agosto? ¿La primera quincena?)
En portada: “¡Fuera Wildlife Works del territorio Ka’apor! ¡El mercado de carbono es una falsa solución ambiental!” se lee en la pancarta que sostienen jóvenes Ka’apor.
Indígenas del pueblo Ka’apor, estado de Maranhão, norte de Brasil, han denunciado la presencia de la empresa estadounidense Wildlife Works y la ONG Forest Trends en su territorio con la pretensión de imponer un proyecto para la generación de créditos de carbono. Según testimonios del pueblo indígena, reportes de organizaciones ambientalistas y periodísticos, las actividades de estas empresas están generando conflictos internos en la Tierra Indígena (TI) Alto Turiaçú.
Desde el año 2023 Wildlife Works y Forest Trends buscan implementar en el noroeste de Maranhão un proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques), estrategia encaminada a la generación de créditos de carbono y vinculado a las ideas de “neutralidad y compensación de carbono” que organizaciones y pueblos a nivel global han denunciado como falsas soluciones a la crisis climática.
Tuxa Ta Pame, un Consejo de gobierno Ka’apor creado en el año 2013, denuncia que el proyecto de la empresa norteamericana “líder global en desarrollo de proyectos REDD”, pretende abarcar una extensión de 531,000 hectáreas de selva amazónica para generar los créditos de carbono a través del mecanismo promovido por la ONU, empresas trasnacionales y ONGs conservacionistas.
Guerreros Ka’apor atan a madereros durante una expedición en la selva para buscarlos y expulsarlos del territorio indígena de Alto Turiaçu. Foto: Lunae Parracho
Mientras tanto, el pueblo Ka’apor mantiene la defensa contra la deforestación en la selva del Alto Turiaçú donde la protegen activamente contra amenazas que van desde cazadores furtivos, ganaderos y empresas madereras y mineras. Ahora, denuncian que las pretensiones de las empresas norteamericanas generan divisiones internas debido a que han mantenido reuniones secretas con algunos miembros de su pueblo, llegando incluso a firmar acuerdos sin la representación ni consulta a toda la comunidad indígena.
División
Un informe de la organización Salva la Selva asevera que, de acuerdo a testimonios de dirigentes de Tuxa Ta Pame, los dos grupos norteamericanos mantienen reuniones desde principios de año con representantes de la Asociación Ka’apor Ta Hury del río Gurupi, los cuales están a favor del proyecto. “Las reuniones se celebraron en la ciudad de Zé Doca, donde tiene su sede la asociación. Según los dirigentes de Tuxa Ta Pame, Wildlife Works y Forest Trends nunca les invitaron a participar en las reuniones”, complementa.
Entre otros señalamientos, recalcan que la empresa norteamericana ha recurrido a otros pueblos, como el Tembé, que habita las tierras Alto Río Guamá y Turé-Mariquita en el estado de Pará, fronterizo con Maranhão, para que le acompañen a celebrar reuniones con comunidades Ka’apor. Según las denuncias, los grupos norteamericanos han ofrecido cuantiosas sumas de dinero a los miembros del pueblo Ka’apor con quienes se reunen, sin embargo, no han presentado los detalles del proyecto a los líderes de Tuxa Ta Pame.
Consejo Tuxa Ta Pame del Territorio Indígena Alto Turiaçu en la Amazonía brasileña
Un reportaje del medio The Intercept Brasil confirma estas acusaciones al presentar la entrevista con el cacique Iracadju Ka’apor, presidente de la Asociación Ka’apor Ta Hury, quien compartió que el contrato con Wildlife Works se propone para una duración de 10 años, con una donación inicial de poco más de 70 mil dólares, “para llevar a cabo la vigilancia y protección del territorio por parte de los indígenas”.
Adicionalmente, la empresa norteamericana prometió ingresos por más de 350 mil dólares, mensuales, derivados por la venta de los créditos de carbono, los cuales prometió serán destinados para inversión en salud, educación y protección del territorio indigena. No obstante, remarca el reporte, “ni la Asociación, ni la empresa, ni la ONG facilitaron más detalles sobre el proyecto”.
Acusaciones contra Wildlife Works
La empresa norteamericana Wildlife Works enfrenta denuncias por violaciones a derechos humanos en algunos países donde tiene presencia. Tal es el caso en Kenia, donde empleados de la empresa han sido acusados de cometer abusos sexuales dentro de las actividades del proyecto REDD+ del Corredor de Kasigau, al sureste del país africano.
Una investigación realizada por SOMO y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) revela que Wildlife Works, en contradicción con su imagen social y ética, es responsable de graves violaciones de derechos humanos en el proyecto Kasigau, el cual genera créditos de carbono que vende, entre otros, a clientes como Microsoft, Netflix, McKinsey y Shell.
Ahora, en la Amazonía, yacen señalamientos de conducta ilegal por parte de Wildlife Works, quien pese a no contar con registro legal en Brasi, ha firmado un memorando de entendimiento con la Asociación Ka’apor Ta Hury, lo que de acuerdo a la legislación del país sudamericano restringiría sus operaciones en esos territorios.
En contraste, Itahu Ka’apor, miembro de los Tuxa Ta Pame, asevera que para los Ka’apor, sus relaciones no se basan en el intercambio monetario, sino en un sentido de colectividad, ancestralidad, autonomía y reciprocidad entre los seres humanos y los demás seres vivos presentes en el territorio, por lo que mantendrán la resistencia contra el proyecto REDD+ y su intención de mercantilizar la naturaleza.
En portada: Habitantes de la cooperativa El Bosque se concentraron en la calle a Comasagua, San Salvador, para manifestarse ante órdenes de desalojo para 300 familias.
El pasado 12 de mayo, mientras la comunidad campesina de la Cooperativa El Bosque, en el El Salvador, realizaba una vigilia pacífica como acto de protesta contra una orden de desalojo de sus tierras, un operativo de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y la Policía Militar irrumpió con lujo de violencia. Detuvieron a José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la cooperativa de estas tierras. Al día siguiente, sin una orden oficial, en la capital de este país, también aprendieron al abogado y defensor ambientalista Alejandro Henríquez. Ambos fueron incomunicados por nueve días.
En entrevista para Avispa Mídia, Dalia Gonzáles, quien al igual que el abogado Henríquez, es parte del Movimiento Político Rebelión Verde (ReverdES) y del Foro del Agua del El Salvador, dijo que la detención del abogado no es un caso aislado, sino que es selectivo por su activismo. “Desde meses atrás venía acompañando a la comunida El Bosque, en Santa Tecla. Porque enfrentan un proceso judicial injusto e irregular de desalojo de tierras”, señala la activista.
Esta comunidad, que acompaña el abogado, tenía una orden de desalojo emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla y tendría que ser ejecutada el pasado 22 de mayo, afectando al menos 300 personas que conforman esta comunidad. Es por ello que inmediatamente los campesinos se pusieron en alerta para evitar que se llevará a cabo este acto, “la comunidad hizo un planton pacífico en las cercanías de la residencia donde vive el presidente Nayib Bukele, pero las fuerzas del orden reprimieron y fue donde detuvieron al pastor de la comunidad, el 12 de mayo”, señala la activista Gonzáles.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador
Al día siguiente (13), sin una orden oficial, también detienen al agobado Henríquez, bajo la consigna de que su detención era “por el delito de desórdenes públicos. Hoy se cumplen más de 15 días desde la detención”, explica la militante de ReverdES y del Foro del Agua.
“La acusación de ‘desórdenes públicos’ carece de fundamento, ya que la vigilia fue pacífica. Esto refleja un uso instrumental de figuras penales ambiguas para reprimir la protesta social”, destaca la organización Foro del Agua en un comumicado.
Así mismo, en el comunicado refirman que estas detenciones responden a una estrategia de criminalización contra la lucha por el agua, la defensa del territorio y la resistencia antiminera en El Salvador.
“Su rol como abogado y defensor ambiental lo ha convertido en blanco de hostigamiento, buscando desincentivar el acompañamiento legal a comunidades en resistencia”, abunda el comunicado.
Tras una campaña pública, incluyendo la entrega de una carta al presidente Nayib Bukele, el juzgado suspendió el desalojo. No obstante, no se respetó esta orden y se ejecutó una acción represiva donde se detuvieron a los activistas.
La Cooperativa El Bosque
La modalidad de Cooperativa, bajo la cual tienen en posesión estas tierras, fue producto de la reforma agraria a través de la cual se transfirieron las tierras por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en el año de 1985. Posteriormente, en los años 90s, la Cooperativa recibió prestamos del Banco Rural para el cultivo de café, pues en ese momento se vivia una crisis de este grano.
En ese contexto de crisis, los campesinos contrataron al ingeniero agrónomo Luis Antonio Palomo Urbin, para reactivar la producción y poder pagar el crédito, “pero no les ayudó. Más bien se aprovechó de la gente que no sabía leer y escribir y les hizo firmar unos pagares. Así que lo hecharon de la cooperativa en 2006, pero tiempo despúes usó esos documentos firmados para demandar a la comunidad”, puntualiza la activista Gonzáles. La comunidad tenía que pagar en un primer momento 130 mil dólares, con la orden de desalojo el monto asciende a más 800 mil dólares por moratorias e intereses.
Cooperativa El Bosque. Foto: Victoria Paz/Mala Yerba
“Entonces este personaje pretende cobrarse con la tierra y mediante documentos y procesos viciados”, denuncia la activista. El ingeniero Luis Antonio Palomo Urbin, quien denuncian por haber recibido favoritismo de las autoridades, es también prestador de servicio del gobierno de Nayib Bukele, a través de su empresa Proyectos e Inversiones Diversas SA de CV (PROYIN S.A. DE C.V.).
Otros casos
Estas detenciones se dan en un contexto donde El Salvador vive un régimen de excepción, que ha suspendido derechos básicos, bajo la narrativa de una “guerra contra las pandillas”, dice la activista.
Lo ocurrido “no es un caso aislado” dice la activista del Foro del Agua. La criminalización de líderes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos se ha intensificado en El Salvador bajo el régimen de excepción. Alejandro Henríquez ha asesorado a más de 100 juntas de agua y ha acompañado casos emblemáticos de defensa territorial, como Valle Ángel, amenazado por la especulación inmobiliaria.
Henríquez también es uno de los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, que permite nuevamente la explotación minera en el país tras años de moratoria. Lo mismo con la abogada Ruth López, que es la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal de El Salvador, “quien fue detenida de manera arbitraria en otro contexto”, agrega Gonzáles.
La activista González, politóloga y compañera del movimiento ReverdES, concluye que la detención de su compañero “es por su activismo, ya que ha trabajado con comunidades que el Estado quiere silenciar. Esta es una estrategia de terror: encarcelar a quienes organizan, a quienes dan herramientas legales a la gente pobre, a quienes dicen que el agua no puede ser un negocio”.
Repudio internacional
Las detenciones han generado condena internacional. La Relatora Especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, ha expresado su preocupación. Organizaciones como Amnistía Internacional y hasta el Partido Verde de Alemania han exigido su liberación inmediata.
Protesta para exigir la liberación de defensores de la Cooperativa El Bosque en El Salvador.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado patrones de criminalización contra defensores ambientales y territoriales en toda la región. En El Salvador, hoy, “denunciar un despojo puede costarte la libertad —o la vida”, dice la activista.
Con el pretexto de la “mediación de conflictos” y del empoderamiento de comunidades, las acciones de ciertas ONGs corporativas hacen que las comunidades sigan sin tener acceso a sus tierras ni control sobre ellas, además de reforzar modelos de producción destructivos. Un ejemplo es la asociación de la Fundación Earthworm con el agronegocio de la palma aceitera en diversos países.
Desde hace décadas, las corporaciones del agronegocio, de la minería o del petróleo se asocian con ONGs y entidades sin ánimo de lucro para intentar limpiar su imagen ante la contaminación y destrucción que causan sus actividades. Para esas empresas, presentarse como “sostenibles” por medio de esas colaboraciones es una estrategia eficaz para satisfacer las demandas de los consumidores, obtener beneficios fiscales, conseguir financiación y cumplir las medidas compensatorias exigidas por los organismos reguladores.
Pero más allá de la clásica práctica de maquillaje verde (greenwashing), cada vez más las empresas extractivas y del agronegocio contratan a esas entidades para que asuman un papel central en la llamada “mediación de conflictos” con las comunidades rurales que forman parte de los territorios donde esos sectores operan o buscan operar. Una de estas entidades es la Fundación Earthworm, que suele aparecer en los relatos que comparten con WRM las comunidades que se enfrentan a conflictos con las empresas en sus territorios.
¿Qué es la Fundación Earthworm?
Fundada en 1999 como Tropical Forest Trust (TFT), Earthworm se convirtió en una fundación en 2019. Con sede en Suiza, cuenta con más de 300 empleados en más de 15 sucursales distribuidas por varios países.
Según la propia organización, su misión es “crear un mundo en el que las personas y la naturaleza prosperen en armonía”. Uno de sus vídeos promocionales dice que Earthworm “crea soluciones con las empresas para sanar la naturaleza y a las personas”. Este enunciado casi lírico está muy lejos de expresar lo que realmente hace la Fundación Earthworm y para quiénes trabaja. En la práctica, su labor consiste en ayudar a las corporaciones internacionales a garantizar que nada se interponga en el flujo de mercancías a lo largo de sus extensas cadenas de suministro, de modo que no encuentren obstáculos para ampliar su producción y extracción de materias primas e incorporarlas como mercancías a los mercados globalizados.
Las empresas y la Fundación Earthworm
En el informe anual de 2023 publicado por la Fundación Earthworm, grandes empresas figuran entre sus miembros, sobre todo del agronegocio, pero también de la minería, bienes de consumo y gigantes del comercio minorista. En años anteriores, la organización también recibió fondos de petroleras como Shell.
De 2019 a 2023, la Fundación Earthworm experimentó un crecimiento de sus ingresos en un 59%, totalizando casi 100 millones de dólares percibidos en ese periodo. Aproximadamente el 90% de esta suma procede de los más de 50 miembros y socios -principalmente empresas privadas-, frente a cerca del 4% procedente de ayudas de administraciones públicas. Este aumento de los ingresos también se refleja en los salarios de los ocho directivos de la organización, que percibieron 1,6 millones de dólares en 2023.
En uno de sus videos promocionales, la Fundación Earthworm afirma: “Si no trabajamos con las empresas, no cambiaremos el mundo”. Pero el hecho de que varias de estas empresas sean en realidad miembros de la Fundación plantea la siguiente pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre trabajar con ellas y trabajar para ellas?
¿Qué hace la Fundación Earthworm?
Earthworm interviene cuando el conflicto de una empresa con las comunidades amenaza con afectar de algún modo los negocios de la empresa. Entonces, se contrata a la fundación para que ‘resuelva el problema’ mediante la buena voluntad de todas las partes implicadas en un proceso de mediación. Sin embargo, lo que el WRM ha aprendido en décadas de apoyo a luchas de comunidades es que el acaparamiento de tierras, la violencia, los conflictos y la destrucción son partes inherentes, inseparables de los modelos de negocio de los clientes de Earthworm, e imposibles de resolver a través de mediación y buena voluntad.
Con ese objetivo, Earthworm se acerca a las comunidades afectadas, organiza cursos y otras actividades con ellos, con ONGs, gobiernos, académicos, etc. Sin embargo, ¿hasta qué punto es posible creer que una organización que se propone mediar en conflictos actuará con justicia cuando la gran mayoría de sus fondos viene de las empresas que causan esos conflictos? Aparte del dinero, otra pregunta: ¿puede haber una intervención honesta cuando la visión del mundo de quienes se presentan como mediadores está mucho más alineada con la de las empresas y no con las comunidades afectadas? Cuestiones como éstas han surgido en varios lugares donde Earthworm ha intervenido en nombre de empresas.
La actuación de Earthworm en la “mediación” de conflictos entre la industria de la palma aceitera y las comunidades rurales
Tomemos como ejemplo uno de los principales productos relacionados con el trabajo de Earthworm: el aceite de palma. El sistema de producción de aceite de palma adoptado por varias de las empresas que financian a esta fundación se basa en plantaciones a gran escala, uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, sobreexplotación de la mano de obra y usurpación de territorios comunitarios con tácticas corporativas muy conocidas. En África Occidental y Central, en particular, el proceso mismo por el que se otorgaron a las empresas de aceite de palma las concesiones de tierras está en el centro de la disputa con las comunidades. Empresas multinacionales como Socfin, Wilmar y Golden Veroleum siguen beneficiándose de leyes agrarias de la época colonial que ignoran los derechos de las comunidades sobre sus territorios tradicionales y que les permitieron acceder a gigantescas áreas que pertenecían a esas comunidades.
En la República Democrática del Congo las comunidades se movilizan para liberarse de cien años de plantaciones coloniales de palma aceitera.
Como consecuencia, este modelo inevitablemente supone la pérdida de tierras, violencia y la desarticulación de las comunidades tradicionales. Las comunidades afectadas también se enfrentan a la contaminación del agua, una disminución de la disponibilidad de caza, alimentos e hierbas medicinales; en otras palabras, los territorios en los que viven se ven completamente transformados por la producción de commodities para exportación.
La incompatibilidad y el choque entre el modelo de producción corporativo y el modo de vida de las comunidades tradicionales ha provocado graves conflictos en numerosas regiones del Sur Global. En este contexto, las compañías de aceite de palma han contratado a la Fundación Earthworm para actuar en varios de esos conflictos, lo que ha multiplicado los problemas para las comunidades.
Earthworm y Socfin en Camerún y Liberia
Un ejemplo es el gigante del agronegocio Socfin, que tiene como accionistas mayoritarios a la familia belga Fabri y al multimillonario francés Vincent Bolloré. Socfin se unió a Earthworm en 2017, fecha que coincide con la publicación de su “política de gestión responsable”. En este documento, Socfin afirma que está comprometida con las comunidades rurales que viven en las regiones donde se encuentran sus plantaciones de palma aceitera y de caucho.
Camerún, Liberia, Costa de Marfil, Nigeria y Camboya son algunos de los países en los que Socfin está presente y en los que Earthworm realizó estudios sobre los conflictos con las comunidades generados por la presencia de esa empresa. Los siete informes publicados por Earthworm desde 2023 sobre estos conflictos responden a un patrón, del que destacamos tres aspectos. Dadas las características de estas publicaciones, la fundación se asemeja mucho más a un vocero del grupo Socfin que a un organismo serio encargado de investigar las denuncias contra la empresa.
En primer lugar, cabe mencionar que Earthworm reconoce –aunque sería imposible no hacerlo– que “Socfin sigue recibiendo quejas ambientales y sociales”, añadiendo que esas quejas proceden “de los medios de comunicación internacionales y de algunas ONG”. Nótese que al concluir la frase de esta manera justo al principio de uno de sus informes, Earthworm remite el problema a los medios y a las ONG, como si fueran ellos -y no las comunidades- los que presentan las denuncias. Además, en los informes de Earthworm, se ‘reconoce’ que Socfin comete infracciones, pero siempre se menciona que Socfin ha tenido “progresos realizados en la aplicación de sus compromisos de gestión responsable”.
En segundo lugar, de los múltiples daños denunciados por las comunidades -como apropiación irregular de tierras, violencia sexual, contaminación de cuerpos de agua, destrucción de sepulturas y lugares sagrados, amenazas e intimidación, entre muchos otros-, Earthworm solo reconoce una parte de ellos en sus informes. La otra parte de los impactos se clasifica invariablemente de forma explícita como “alegaciones infundadas”, “parcialmente fundadas” o “fundadas pero no responsabilidad de Socfin”.
En la aldea de Apouh, en el municipio de Edéa, al suroeste de Camerún, un grupo de mujeres se mantiene firme en su lucha contra el gigante del aceite de palma Socapalm.
Entre los ejemplos de violaciones ignoradas por Earthworm está el caso concreto de tres áreas (Edéa, Mbongo y Mbambou) en Camerún, en las que se determinó que Socfin debía devolver miles de hectáreas a las autoridades locales descentralizadas. Según Earthworm, se trata de una medida “en curso”, que comenzó hace siete años con estudios para definir los límites de las áreas plantadas. Ante la morosidad de ese proceso, las comunidades han empezado a recuperar algunas de las áreas que les corresponden, reivindicando su derecho ya establecido a las tierras. Sin embargo, evitando una descripción más imparcial, Earthworm se refiere a las legítimas recuperaciones de tierras por parte de las comunidades como “intrusiones por terceros” y dice que “terceros (comunidades, trabajadores, etc.) están invadiendo las tierras tituladas de Socapalm”.
La tercera característica de los informes de la Fundación es precisamente su tono positivo: todo está en un “proceso de mejora continua”. En uno de sus estudios más recientes sobre los conflictos con las comunidades locales (¡aunque no se menciona la palabra conflicto en ninguno de los informes sobre Socfin!), la Fundación Earthworm concluye: “A pesar de los desafíos encontrados al inicio de las operaciones de Socfin en Camboya, la organización ha dado pasos significativos para implementar progresivamente sus compromisos de sostenibilidad”.
Earthworm afirma que Socfin está haciendo progresos, mientras la empresa sigue actuando como siempre. De forma escandalosa, elude el hecho de que, tras casi una década de trabajar con Socfin, los problemas a los que se enfrentan y denuncian las comunidades persisten en las diferentes regiones y países en los que opera la empresa, especialmente las denuncias relacionadas al derecho a la tierra y las violaciones de los derechos tradicionales de las comunidades sobre sus tierras.
Earthworm y Agropalma en Brasil
Agroapalma es una de las mayores empresas de aceite de palma de Brasil. Pese a su afirmación de que la relación con las comunidades está “en el centro de su estrategia de sostenibilidad”, Agropalma acumula denuncias en su contra por acaparamiento de tierras y uso de la violencia para desalojar a comunidades tradicionales. Como consecuencia de esas acusaciones, la RSPO (Mesa Redonda sobre la Palma Aceitera Sostenible) suspendió su certificación en 2023.
Para cumplir los requisitos de uno de sus clientes, Agropalma pasó a contratar los servicios de la Fundación Earthworm en 2022. Earthworm abrió una sucursal en Quatro Bocas, en el municipio de Tomé-Açú, en el epicentro de la “guerra del aceite de palma”, donde también cuenta con el apoyo de Cargil y Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresas que operan en ese mismo sector. Earthworm afirma que su trabajo en la región está “empoderando a las comunidades” y reduciendo los conflictos en las “cadenas de suministro.
La colaboración entre Agropalma y Earthworm ha servido para tranquilizar a los clientes de la empresa. Un informe de Sime Darby Guthrie International (proveedor de materias primas a Nestlé, Unilever, P&G), por ejemplo, menciona la participación de “una tercera parte para llevar a cabo una evaluación externa para investigar los supuestos problemas de derechos sobre la tierra”, señalando a Earthworm como un actor clave vinculado al plan de acción de Agropalma “para recuperar su certificación RSPO”. Sin embargo, la diferencia del optimismo de las corporaciones compradoras de aceite de palma a nivel internacional, los relatos que nos llegan desde Brasil señalan que la actuación de Earthworm en esa región está generando divisiones internas, contribuyendo a la desarticulación de las comunidades indígenas y quilombolas.
Voces desde los territorios
Para comprender mejor las implicaciones de la presencia de la Fundación Earthworm para las comunidades, el WRM facilitó un espacio de intercambio virtual con activistas de Camerún y Brasil. Sus grupos están involucrados en la lucha por la justicia social y los derechos de las comunidades afectadas no solo por el colonialismo de la palma aceitera, sino también por la intervención de esta fundación contratada por las empresas. De Camerún, participó SYNAPARCAM, una organización que defiende los derechos de las comunidades afectadas por las plantaciones de Socfin. Desde Brasil, participó Elielson Pereira da Silva, quien nació y creció en el estado de Pará, y actualmente investiga los conflictos territoriales y étnicos en su estado, tratando de visibilizar la situación y la lucha de las comunidades. Los participantes del intercambio virtual nos contaron sobre el trabajo de la Fundación Earthworm en sus territorios. Lee a continuación un resumen de la conversación.
WRM: ¿Cómo la Fundación Earthworm se puso en contacto con su organización y cómo describiría su trabajo?
ELIELSON (Pará, Brasil): Earthworm llegó al valle de Acará en 2023, contratada por Cargill, empresa compradora de aceite de Agropalma, en medio de encendidos conflictos con los pueblos tradicionales. Cargill, ante las repercusiones de los conflictos, intentaba “limpiar la cadena de suministro”. Así que Earthworm empezó a buscar a líderes indígenas y quilombolas para intentar mediar el conflicto para intentar llegar a un acuerdo entre los representantes de esas comunidades y la empresa de aceite de palma. En 2023, en colaboración con Agropalma, Earthworm provocó una división interna entre las poblaciones indígenas, que resultó extremadamente perjudicial, llevando a la creación de otra asociación indígena, que se sentó a la mesa con la empresa. Agropalma prometió entonces que no habría más conflictos y que les cedería un área donde podrían cosechar la palma aceitera para la comercialización.
En los últimos 40 años, Agropalma ha creado muchas barreras para las comunidades: no se puede acceder fácilmente ni a los ríos, ni al cementerio, ni al área de frutales, ni a los huertos. La circulación está condicionada a las prohibiciones impuestas por la empresa. Pero en la mesa de negociaciones, Agropalma prometió que todo sería diferente, desde que la nueva asociación cooptada garantizara que las acciones de la otra asociación (y sus reivindicaciones por el reconocimiento de sus derechos territoriales) se detendría. Así se creó esa división interna.
Como las promesas iniciales no se cumplieron y los representantes de la ONG [Earthworm] desaparecieron, al igual que los directivos de la empresa, los indígenas iniciaron una acción para recuperar su territorio, con el fin de llamar la atención y alertar a los medios de comunicación. Durante este proceso, en 2023, un indígena Turiwara fue asesinado a balazos por guardias de seguridad contratados por la empresa.
Hoy tenemos un faccionalismo, con dos organizaciones indígenas, una división interna estimulada por esta ONG [Earthworm], amparada por la empresa Agropalma, que ha creado muchos problemas y dificultado muchísimo el proceso de organización social y política de los indígenas.
Sospechamos que Earthworm está involucrada en la elaboración de un nuevo acuerdo para que las comunidades indígenas renuncien a sus reivindicaciones territoriales, ante el proceso de venta de Agropalma S.A., en marcha desde mediados de 2022. La empresa interesada en adquirir los activos de Agropalma S.A. es Belém Bioenergia Brasil (BBB), una joint venture formada por Galp Energia (Portugal) y Palma Tauá Brasil (asociación entre Banco Opportunitty Agro y Dentauá S.A.).
SYNAPARCAM (Camerún): En Camerún, Earthworm (antes TFT) tiene un Centro de Formación en la capital. En 2011 algunos de nosotros fuimos allá a dar un curso sobre defensa comunitaria de la tierra. La comunidad llevaba décadas sufriendo la ocupación de nuestras tierras ancestrales por parte de Socapalm. Earthworm nos invitó a exponer los problemas que teníamos con la empresa. Estábamos empezando a formar nuestra organización Synaparcam.
Cuando cambiaron de nombre [de TFT a Earthworm], nos dijeron: “ahora somos una nueva organización y podemos ayudarles a resolver el problema con Socapalm”, del grupo Socfin, y empezaron a presentarse como mediadores. Pero después de dos o tres reuniones, en las que, además de la empresa, había representantes de la administración pública, líderes tradicionales de las comunidades y élites locales, en Synaparcam hemos optado por retirarnos porque nos dimos cuenta de que solo se trataba de crear una imagen externa de que estábamos colaborando con Earthworm para solucionar el conflicto.
Entre 2012 y 2020, Earthworm intentó en varias ocasiones situarse como mediadora, pero en la comunidad nos dimos cuenta de que no tenía sentido para nosotros reunirnos con la empresa con Earthworm como intermediario. En septiembre de 2020, Earthworm organizó una de esas reuniones con la empresa y la Synaparcam, afirmando que resultaría útil porque conseguiría que los directivos de la empresa escucharan a las comunidades. Después de la reunión nos dimos cuenta de que la secretaría de Earthworm había elaborado un buen informe, pero que las resoluciones presentadas superaban la capacidad de Earthworm para conseguir que Socapalm las aceptara. A partir de esta observación, comprendimos que Earthworm no estaba jugando limpio.
Bueno, esa fue nuestra primera experiencia con Earthworm y así fue como al principio tuvimos cierta confianza en que se comprometerían con lo que nos habían presentado.
WRM: Earthworm está financiada sobre todo por las empresas que la contratan para “mediar” los conflictos, entre otros. Cuando Earthworm se presentó a su organización/comunidad, ¿les explicaron su relación con las empresas y quién financia su trabajo? ¿Cómo cree que la fuente de financiación de Earthworm ha influido en estos procesos de mediación de conflictos?
ELIELSON: Por lo que cuentan las comunidades, su forma de presentarse es como si se tratara de una organización independiente; no exponen esos vínculos, aunque dicen que sí monitorean las cadenas de suministro de las empresas. Las palabras “organización independiente” se mencionan con frecuencia en esos diálogos. Lo que hemos visto son experiencias de mediación muy dañinas, de “armonía coercitiva”, de fomentar la división interna para debilitar la lucha de los pueblos y su proceso identitario.
SYNAPARCAM: El representante de Earthworm en África es camerunés, y sí, nos informó de que Earthworm recibe honorarios de Socfin. Y nos dijo que si Socfin no cambiaba su política, Earthworm abandonaría el proceso de mediación y el trabajo de Earthworm con la empresa terminará. Nos dijo: “No dejaremos que las empresas de los colonizadores hagan lo mismo que antes” [en referencia al hecho de que Socfin está controlada por el multimillonario francés Vincent Bolloré]. Pero nos dimos cuenta de que a lo largo del proceso Earthworm priorizó los honorarios en detrimento de las comunidades. Así que somos conscientes [de dónde proceden los fondos], siguen la misma línea que grandes ONG como WWF.
WRM: Synaparcam se negó a realizar “visitas de campo” conjuntas con Earthworm en 2023. Podría explicarnos un poco más los motivos de esta decisión y por qué Synaparcam decidió elaborar su propio informe?
SYNAPARCAM: En 2023 desde Synaparcam ya sabíamos que Socapalm no estaba cumpliendo los compromisos que había asumido anteriormente. Antes de 2023 ya no estábamos colaborando con Earthworm. Así que buscamos nuestra propia financiación para elaborar un buen informe, incluso con gente muy capacitada y de fuera, paralelamente al informe de Earthworm.
El estudio de Synaparcam confirmó siete puntos conflictivos, pero Earthworm identificó un número mucho menor. Por ejemplo, el informe de Earthworm afirma que la empresa construyó varias escuelas y que casi no hubo contaminación de los ríos. El informe de Earthworm se publicó antes del informe de Synaparcam. La Earthworm nunca comentó sobre varios puntos solo identificados en el informe de Synaparcam. Si uno lee esos informes, cree que relatan dos mundos diferentes. Pasó lo mismo con la RSPO. Uno de los motivos para contratar a Earthworm fue que Socapalm quería obtener el sello de certificación.
WRM: Sobre el tema de la RSPO, trasladando la cuestión al caso de Brasil, sabemos que se suspendió la certificación de Agropalma en 2023 por acusaciones de acaparamiento de tierras y violencia. Elielson, ¿cree que la contratación de Earthworm representa una garantía de que Agropalma respeta los derechos de las comunidades?
ELIELSON: De ninguna manera representa algún tipo de garantía. La empresa está en conflicto abierto con las comunidades. Toda esa enorme inversión en publicidad, en comunicación, toda esta palabrería de “responsabilidad social corporativa” solo hacen de Agropalma un gran caso de greenwashing. Ese “arsenal discursivo” de palma aceitera sostenible, relaciones armoniosas, etc., es muy diferente de la realidad, pues desde 2022 hay un recrudecimiento de los conflictos, con el bloqueo del acceso a las zonas de uso común, a los cementerios ancestrales, a la navegación por el río y, sorprendentemente, con grandes trincheras y barricadas. Hay grandes zanjas, a veces de 5 metros de profundidad y 2 de ancho, que parecen literalmente un campo de guerra, con un gran riesgo y casos ya registrados de accidentes. Hay comunidades que están rodeadas, por ejemplo, de alambre de púas, como si se tratara de la frontera entre México y Estados Unidos, o Palestina e Israel.
WRM: ¿Y qué dice Earthworm al respecto?
ELIELSON: En ningún momento hemos visto alguna manifestación o declaración pública de Earthworm sobre estas prácticas de terrorismo corporativo, barricadas, trincheras, cercas -y las comunidades incluso temen que se electrifiquen esas cercas. No tenemos conocimiento de ningún tipo de reprobación por parte de Earthworm a esas prácticas por parte de Agropalma.
WRM: Si tomamos, por ejemplo, las localidades camerunesas Dibombari y Mbonjo, en la práctica, desde que empezó a actuar Earthworm, ¿ha cambiado algo para las comunidades con respecto a los problemas causados por Socapalm?
SYNAPARCAM: Las principales reivindicaciones de las comunidades se refieren a la tierra, los lugares sagrados, la contaminación del agua y la violencia contra las mujeres. Así pues, esta es una pregunta muy importante, gracias. Las violaciones sexuales contra las mujeres, el incumplimiento de la retrocesión de tierras y el desprecio por los lugares sagrados son para nosotros los tres problemas más graves.
Monocultivos de palma aceitera en Camerún.
Cuando se privatizó Socapalm y sus plantaciones de palma aceitera [hace más de 24 años], Socfin adquirió Socapalm. Después de firmar el contrato de arrendamiento en 2000, la empresa evaluó las tierras arrendadas y pidió al Estado que firmara una enmienda, reduciendo el área de 78.000 hectáreas a 58.000 hectáreas. Esta reducción del área está claramente establecida en la enmienda. Pero no ocurrió nada. Así que una de las acciones de Synaparcam fue plantar alimentos en una de estas áreas en disputa, porque nos dimos cuenta de que las autoridades no cumplen su función de supervisión y la empresa no respeta los contratos firmados con el Estado. Tenemos la idea de mantener estos huertos, pero la realidad a la que nos enfrentamos es de presión, intimidación y detenciones de líderes.
Otra complicación es la RSPO, que ha clasificado algunas de las tierras a las que antes tenía acceso la comunidad como “zonas de alto valor de biodiversidad”, por lo que la comunidad ya no puede acceder a ellas – mientras Socapalm trazaba los perímetros para ampliar estas manzanas y recuperaba estas franjas de tierra de las comunidades – hay señales instalados y guardias de la empresa. La RSPO no reconoce todas las áreas reclamadas por las comunidades. En cuanto a la presencia de Earthworm, la situación es de ningún avance; nos encontramos en el mismo punto en el que estábamos al principio.
WRM: Para ustedes, ¿estas consecuencias tienen que ver con algunos errores de la Fundación Earthworm o con la propia naturaleza de esta organización?
ELIELSON: Hay una cuestión estructural relacionada con esta pregunta. ¿Qué propósito tiene esta empresa [se refiere a Earthworm]? ¿Para qué se creó? Cuando vemos que tiene sucursales en todas partes del mundo (Indonesia, África, América Latina) donde están justo las empresas de palma aceitera, está claro que constituye un eslabón de esta cadena y forma parte de este juego de poder. Así que creo que en su actuación siempre se inclinará a favor de las empresas.
SYNAPARCAM: Observamos muchas cosas similares. En cuanto a la división de las comunidades, en nuestro caso, parece que Earthworm da consejos sobre cómo generar división en las comunidades, y luego la empresa envía un equipo a la localidad. Así que se trata de un método muy peligroso también, porque por un lado se acerca [a la comunidad] y por otro aconseja a la empresa sobre cómo dividir la comunidad.
WRM: ¿Qué mensaje le parece importante transmitir a una comunidad a la que podría dirigirse una organización como Earthworm, del mismo modo que antes se dirigieron a las comunidades de su entorno?
SYNAPARCAM: Nunca acepten una oferta así porque no habrá ningún cambio. Y es importante no tener un interlocutor. Si la empresa está interesada en cambiar, sabe dónde encontrar a la comunidad, así que recomendamos no aceptar [una propuesta de mediación como el de Earthworm] porque la mediación no llevará a ningún avance.
ELIELSON: Lo primero que les diría es: “¡Tengan mucho cuidado!”. También hay que evitar que entidades como Earthworm mantengan conversaciones a solas con líderes. El antiguo dicho “divide y vencerás” sigue aplicándose. Las empresas se especializan en fabricar dispositivos para debilitar las luchas de las comunidades.
Es importante entender [a esas organizaciones] como parte de un engranaje. También es importante conocer los antecedentes con otras comunidades; conocer la experiencia de otras comunidades que ya fueron objeto de situaciones similares. Y tener cuidado para no participar de manera aislada en sus intentos de cooptación, de persuasión, para no tomar decisiones precipitadas antes de evaluar las propuestas conjuntamente entre miembros de la comunidad.
Secretariado Internacional de WRM, Synaparcam y Elielson Pereira da Silva, Profesor de la Universidad Federal Rural de Amazonía e investigador del Proyecto Nueva Cartografía Social de Amazonía.
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Llegó el tiempo de sembrar nuestro maíz y frijol, con la poca lluvia que cayó, se regó nuestra milpa. También es tiempo de sembrar la palabra hecha historia de nuestros Mártires, porque mientras ellos oraban y ayunaban un grupo de violentos paramilitares les dispararon con armas de uso exclusivo del Ejército mexicano en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, donde se encontraban desplazados labrando la paz, que acabó siendo regada con su propia sangre.
A propósito de la violencia de los años 1997-1998, supimos que Ernesto Zedillo Ponce de León está en México, ¿Nos preguntamos a qué vino con las manos manchadas de sangre? ¿A cosechar lo que sembróde los crímenes que cometió: 11 campesinos desarmados, asesinados en la comunidad del Charco, 17 campesinos asesinados en Aguas Blancas, los 8 campesinos del Bosque y la masacre de Acteal cometida en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94? La presencia de Zedillo en México es una burla a la justicia y a las víctimas y sobrevivientes de los crímenes cometidos durante su gobierno.
La impunidad en el Caso Acteal, está causando burlas y amenazas de muerte, tal, así que antier 20 de mayo un paramilitar autor material confeso de la Masacre de Acteal, liberado en el año de 2010 por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazó de muerte a una sobreviviente de Acteal, porque le molesta que Las Abejas de Acteal no se han olvidado y que sigan denunciando y exigiendo verdad y justicia de la Masacre de Acteal.
Ante esta intimidación, responsabilizamos directamente a este paramilitar y al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de nuestra compañera, junto con su familia, como la de todas y todos los sobrevivientes de Acteal.
Esta nueva agresión paramilitar es consecuencia directa de la impunidad que prevalece en el caso Acteal. A pesar de esta realidad, no nos callaremos, no vamos a detenernos en decir la verdad y exigir la justicia verdadera como ya lo dijeron nuestras niñas y niños y jóvenes en su carta leída antes de este comunicado. Del mismo modo volvemos a insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita ya el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal).
La realidad que hoy vivimos es más peligroso que como en el año de 1997, porque los paramilitares se convirtieron en sicarios, por ejemplo, hay más drogas y alcohol. En algunas comunidades, llegan hombres armados, juegan en la cancha, convirtiéndolas en refugio de sicarios, pues todavía hay comunidades que se llaman zonas neutrales o campamentos de paz.
También sabemos que las familias desplazadas en la cabecera de Chenalhó, sufren y lloran por falta de alimentos y sin condiciones de retornar a sus casas.
Por otra parte, el gobernador afirma “Sin educación no hay transformación” “¡Chiapas sí puede!” Pero la realidad es otra, hay comunidades en donde los niños y las niñas no llegan a la escuela. Desde 2023, los maestros salieron por miedo y no regresaron, pensamos que, mientras no se acabe la complicidad de las autoridades con el crimen organizado, y sin verdadera seguridad ¡Chiapas no puede!
En algunos lugares se escuchan disparos, aunque no todo el tiempo, quiere decir, que no hubo desarmepor parte de las Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (Pakales). Los campamentos de los militares, de la Guardia Nacional, y de los policías, no garantizan la tranquilidad de las comunidades, algunas y algunos han visto señales de complicidad con los que maltratan, y amenazan con enfrentamientos. Los operativos de los Pakales, fueron espectáculos aplaudidos, los sicarios se escondieron, ahora caminan a cualquier hora del día, y nada pasa. Estamos viviendo en una violenta normalidad disfrazada de paz.
Recordamos que en tiempos de los gobiernos priistas en el año de 1997, durante los hechos previos a la Masacre de Acteal, los policías de la Seguridad Pública del Estado de Chiapas, robaban junto a los paramilitares, saqueando casas y tiendas de miembros de Las Abejas de Acteal y de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), delitos que hasta la fecha siguen impunes. Ahora, en tiempos del gobierno morenista, sucedió que el pasado 24 de abril, el Ejército mexicano, Guardia Nacional, Pakales, Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, Policía Estatal Preventiva, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, detuvieron sin órdenes de aprehención a dos bases del EZLN de la comunidad San Pedro Cotzilnam, municipio oficial de Aldama Chiapas; además de esta detención arbitraria dichas fuerzas de seguridad y los militares robaron un automóvil, una motocicleta y fuerte cantidad de dinero en efectivo.
Mientras tanto, nosotros hemos aprendido que hay otra justicia, que tarda, pero llega: “El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando produjo grano, apareció la cizaña. Y los siervos del dueño le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo hizo esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, que vayamos a cortarla? Él dijo: No, no sea que, al cortar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que los dos crezcan juntos; Cuando llegue el tiempo de la cosecha diré a los sembradores: Recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo guárdenlo en mi granero.” (Cfr. Mt. 13, 24-30)
Hermanas y hermanos, de nueva cuenta les compartimos el dolor que tenemos, sabiendo que el pueblo de Palestina, está siendo asesinado por Israel, de muchas formas: bombardeada, con desalojos masivos, prisioneros en su propia tierra convertida en campo de concentración, con hambre y enfermedades usadas como armas que aumentan los miles de muertos que parecen no importar al mundo, ni algunos medios de comunicación que no respetan la verdad, ya que todos los días justifican las acciones genocidas de Israel, aunque los muertos, sean niños, niñas. Ante tal infamia, ¡Unamos nuestra voz, a las voces que gritan la Urgencia de parar el genocidio en Gaza!
Por eso exigimos
· A la Presidenta Claudia Sheinbaum, que considere romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Israel, hasta que pare el fuego y se rompa el cerco que impide entrar la ayuda humanitaria.
· Al gobierno de Chiapas, dé garantías reales de seguridad, para establecer el estado de derecho y que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, no actúe como un grupo criminal que roba a los pueblos originarios y a cualquier ciudadano en Chiapas.
No olvidamos a nuestro hermano Simón Pedro y Padre Marcelo, ahora unidos a nuestros mártires, también sembraron con su vida el camino de la resistencia no violenta y: TRABAJEMOS JUNTOS POR UNA PAZ DESARMADA Y DESARMANTE (Cfr. Papa León XIV)
Desde Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza.
Atentamente.
La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Victorio Santiz Gómez Juan Gabriel Vázquez Vázquez
Presidente Secretario
__________________
Manuel Gómez Ruiz
Tesorero
Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal,
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México
22 de Mayo de 2025
Para: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la Sociedad Civil Nacional e Internacional.
De: Las niñas, los niños y jóvenes de Las Abejas de Acteal, hijas e hijos de sobrevivientes.
Por este medio nos dirijimos a ustedes con el debido respeto que se merecen, con la finalidad de
hacer de su conocimiento nuestros sentires, pensamientos y exigencias por la Masacre de Acteal, nos referimos al caso 12.790 Manuel Santis Culebra y otros (Masacre de Acteal).
Nosotras y nosotros, las niñas, niños y jóvenes de la organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal, queremos expresar nuestros pensamientos, pues somos el fruto de una extinción fallida del Estado Mexicano, lo que tambien nos convierte en sobrevivientes. La masacre fue cometida durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien nuestros padres y madres han señalado durante mas de 27 años su responsabilidad, sin ser escuchados en ninguna instancia. Es por ello que nosotras y nosotros en este día hemos decidido levantar la voz junto a nuestros padres, porque nos duele lo que el estado y los grandes empresarios nos han hecho con tal de obtener mas riquezas. No les importa la vida de los pueblos originarios, ni la de los niños y las niñas, para ellos no somos más que basura, no les importa nuestro dolor, pues hemos sufrido la ausencia de nuestras abuelas y nuestros abuelos, de quienes jamás llegamos a conocer sus rostros, nunca pudimos sentir su cariño.
Muchas y muchos de nosotras y nosotros este pasado 10 de mayo día de las madres visitamos el panteón, lloramos en una tumba porque es todo lo que tenemos de ellos, una tumba. Nos duele mucho no poder abrazarlos, no poder escucharlos. Algunos de nosotros llevamos el nombre de ellos por que eso es lo que nos queda, sus nombres, sus historias, el recuerdo que nos cuentan nuestros padres.
Sabemos que el día que fueron masacrados se encontraban en el segundo día de ayuno y oración, no estaban haciendo nada malo sólo querian la paz en nuestro pueblo de Chenalhó frente a la guerra de baja intensidad que se desarrollaba en el Plan Campaña Chiapas 94.
En el año de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a los paramilitares confesos de la masacre de Acteal, ahi le demostró al pueblo mexicano su complicidad y su incapacidad de impartir justicia. Es por ello que en 2005, nuestros padres mandaron el caso a la Comision Interamericana de Derechos Humanos , el cual fue admitido en el año de 2010. Se entregaron pruebas y hemos entendido que el informe está listo.
Queremos saber hasta cuándo van a dictar dicho informe, pues ya han pasado muchos años. Nosotros queremos que se castigue a los responsables intelectuales porque no han sido investigados y la violencia ha vuelto en nuestras comunidades. Nos cuentan nuestros padres que los disparos, enfrentamientos y desplazamientos que vemos y escuchamos hoy en día es el mismo que se vivía en los años 90.
Por todo lo que ya hemos expresado exigimos:
• Dicten ya el informe de fondo
• Castigo a Ernesto Zedillo Ponce de Leon, principal autor intgelectual de la Masacre de Acteal.
• No mas violencia en Chiapas.
Desde Acteal Casa de la memoria y de la Esperanza.
Atentamente.
Las niñas, los niños y jóvenes de la Organización Sociedad Civil las Abejas de Acteal.
Región del Valle de Tehuacán y la Mixteca Poblana-Oaxaqueña Zapotitlán Salinas 31 de mayo 10:00 a.m.
A los medios de comunicación, A la opinión pública nacional e internacional, A las organizaciones sociales, solidarias y democráticas en lucha, Al Congreso Nacional Indígena, Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, A los pueblos en resistencia, A las comunidades que cuidan la tierra, A las mujeres y hombres que sueñan un mundo más justo, A los corazones dignos que no se venden ni se rinden:
Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC), hoy el T-MEC, el modelo extractivista minero se ha impuesto en México como una forma sistemática de despojo y destrucción. Desde los gobiernos neoliberales de Calderón hasta el actual, este saqueo se ha intensificado bajo nuevos disfraces: progreso, desarrollo, inversión. Pero los hechos hablan claro. Casos como el del Río Sonora, Ocotlán en Oaxaca o Carrizalillo en Guerrero nos muestran el rostro verdadero de este modelo: ríos contaminados, tierras envenenadas, tejidos comunitarios rotos y territorios controlados por el crimen organizado.
La región de Puebla no está exenta. El neoextractivismo ha puesto su mirada sobre nuestros cerros, nuestros minerales, nuestras aguas y nuestras vidas. En el Valle de Tehuacán y la Mixteca poblana-oaxaqueña, día con día se intensifica el saqueo: litio, sílice y manganeso son extraídos sin regulación ni consulta, con la complicidad de los tres niveles de gobierno. Más de 50 góndolas salen diariamente hacia Monterrey y otras ciudades industriales, comprando nuestras tierras a tres pesos el kilo para generar millones en ganancias, mientras los pueblos reciben miseria, contaminación y muerte.
Pero frente a esta guerra contra la vida, los pueblos no callamos. Nos organizamos. Nos convocamos. Nos defendemos.
Por eso, les llamamos al Segundo Foro en Defensa de Nuestros Territorios contra la Minería, donde compartiremos la palabra, la experiencia, la lucha legal y comunitaria, y seguiremos tejiendo redes de resistencia desde abajo, con autonomía y dignidad.
¡No al despojo! ¡La tierra no se vende, se cuida y se defiende! ¡Porque resistir es sembrar futuro! ¡Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece!
Convocan: Movimiento Agrario Indígena Zapatista Radio Ecos de la Sal Centro de Formación para la Autonomía Teocentli Grupo de Trabajo «Fronteras, regionalizacio’n y globalizacio’n» del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Red Mexicana de Accio’n frente al Libre Comercio; Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Centro de formación para la autonomía Teocentli. Servicio para una educación alternativa. Laboratorio Popular de Medios Libres e Hijos de la Tierra. Jna Tsjo- Cerro de la Flor Colectivx. Ollin Quetza, UCIZONI El CDH Tepeyac del Istmo de Tehuantepec. Colectivo Huitzil Urbano. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Radio zacatepec. unión de pueblos y fraccionamientos en contra del basurero y en defensa del agua de la región Cholulteca. Cooperativa Nutze
Pueblos y comunidades del Valle de Tehuacán y la Mixteca Colectivos en defensa del territorio Organizaciones aliadas desde abajo
En portada: La resistencia en Carrizalillo ha perdurado por dos décadas. Foto: Cristian Leyva
Mientras el gobierno de Guerrero, México, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará acabo los días 27 y 28 de mayo, la comunidad de Carrizalillo exige la devolución de sus tierras y denuncia abandono de responsabilidades ambientales por parte de la minera canadiense Equinox Gold.
Un campamento integrado por 2 mil 800 ejidatarias, ejidatarios y ciudadanos se mantiene en resistencia en las afueras de las instalaciones de la minera canadiense Equinox Gold, en Carrizarillo, Guerrero, desde el 1 de abril de 2025, justo cuando venció el contrato que le permitía el uso del suelo a la minera.
Desde este contexto, la empresa, con respaldo de funcionarios del gobierno del estado de Guerrero, ha intentado renovar los acuerdos por diversas vías y minimizando este proceso organizativo.
Los comunitarios han refutado recientes declaraciones del subsecretario de Desarrollo Político y Social del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, quien insinuó que “algunas personas del ejido” aceptarían los acuerdos impuestos por la empresa.
“El subsecretario actúa como vocero de Equinox, no como servidor público”, denunciaron los inconformes a través de sus representantes, constituidos en la llamada Mesa Agraria de Carrizalillo. En un comunicado emitido el 12 de mayo se denuncia al funcionario por intentar ignorar el proceso de resistencia.
Mina Los Filos en Carrizalillo.
Equinox Gold anunció formalmente a sus inversionistas que el 31 de marzo de 2025 se ejecutaba la suspensión indefinida de sus operaciones en su mina Los Filos, tras el vencimiento del acuerdo de acceso a estas tierras que pertenencen a los ejidatarios. No obstante, la comunidad señala que la empresa incumplió obligaciones legales, como la falta de rehabilitación de las tierras contaminadas con residuos tóxicos, exponiendo a la población a riesgos ambientales.
Los inconformes destacan que la empresa les ofreció una fianza irrisoria de $1.58 pesos que recibiría cada ejidatario al mes, en un intento de obtener medidas cautelares. Solo en 2024 la empresa canadiense extrajo 170 mil 369 onzas de oro de estas tierras, lo que equivale a más de 500 millones de dólares , de acuerdo con los costos promedio en el mercado de futuros.
“La empresa decidió irse, pero quiere dejar atrás un pasivo ambiental y social. Exigimos que nos devuelvan las tierras en condiciones habitables”, puntualiza la comunidad en su comunicado.
La otra cara de la moneda
Mientras que el subsecretario Rodríguez Cisneros pide “cordura” a esta comunidad, el gobierno estatal, al mismo tiempo, promueve el Foro Guerrero Minero 2025, que se llevará en Chilpancingo, la capital de esta entidad. Lo más resaltante es que este evento se realiza con respaldo y participación directa de Equinox Gold y otras mineras, para promover la “prosperidad compartida”, comunicó el gobierno de Guerrero.
El evento ha recibido todo el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a quien incluso agradeció la titular de la instancia estatal Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega: “Gracias al respaldo de la gobernadora al sector minero se han logrado importantes acciones conjuntas, en bienestar de las comunidades y pobladores que se dedican a esta actividad económica que genera empleos en la entidad”, dijo la funcionaria.
Para el evento, se espera la participación de autoridades a nivel federal, de las cámaras empresariales y hasta de la academia de las Ciencias de la Tierra, vinculada a la industria minera. Además de las transnacionales mineras Torex Gold, Luca Mining y Heliostar Metals y la empresa mexicana Industrias Peñoles.
También se ha lanzado la convocatoria a la XXXVI Convención Internacional de Minería, que se celebrará entre los días 19 y 22 de noviembre, en esta misma entidad mexicana, donde se presentarán proyectos mineros en diversas etapas. Este evento es promovido por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
La colectiva Madres en Resistencia solicitó la destitución de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado (FGE) de Chiapas, por la nula atención de los casos de feminicidios, desaparición forzada de personas y por la negligencia en sus declaraciones públicas.
“El fiscal solo demuestra su falta de preparación. Por ejemplo, la fiscalía es la primera que nos violenta, nos dicen ‘sus hijas se suicidaron’. No hacen investigación con la debida diligencia y perspectiva de género”, señaló Adriana Gómez, fundadora de la colectiva Madres en Resistencia.
Hace unos días, la colectiva se pronunció contra las declaraciones de Llaven Abarca que, ante medios de comunicación, calificó como “crimen pasional” el feminicidio de dos adolescentes en San Juan Chamula. La madrugada del pasado 20 de abril, Deysi Guadalupe, de 14 años, y su hermana Rosa Valeria Gómez Méndez, de 18, fueron halladas sin vida en una vía de terracería de la comunidad Cruz Obispo I, luego de dos días desaparecidas.
Las Madres en Resistencia mencionaron los estándares y los protocolos para investigar y procesar casos de feminicidio, como la Sentencia Mariana Lima Buendía que dicta lineamientos específicos en casos de asesinatos de mujeres, como que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
Otro de los puntos de la sentencia especifica que la inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, y los responsables deben ser sancionados. “¿Para qué existen esos tratados si Llaven Abarca hace lo que le da la gana? Para nosotras es una ofensa lo que dijo y exigimos su destitución”, insistió Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, adolescente asesinada al interior del Instituto del Deporte el 14 de enero de 2022; caso que Llaven Abarca resolvió como suicidio.
“Desafortunadamente tenemos fiscales que no saben qué es la perspectiva de género y la debida diligencia. Estando muertas hablan de ellas. Ya no están para defenderse, pero nosotras estamos aquí alzando la voz, porque estamos hartas de tener este tipo de autoridades”, precisó Adriana Gómez.
Para las familias de la colectiva, integrada en su mayoría por mujeres, Llaven Abarca habló desde su ideología machista y como parte del sistema patriarcal, y con su actitud solo busca dar carpetazo y cerrar el caso de un doble feminicidio de adolescentes.
“La Fiscalía es autónoma, pero cuando les conviene, porque cuando llegamos al edificio nos recibe un letrero que dice ‘Gobierno de Chiapas’. Y el gobernador nos dice que no tiene compromisos con nadie solo con la población, ¿entonces qué sucede?”, cuestionó la madre de Jade Yuing.
Encuentros y desencuentros
Jorge Luis Llaven Abarca aceptó reunirse con las Madres en Resistencia cuando protestaron con una huelga de hambre en Palacio de Gobierno, durante las primeras semanas de administración del gobernador Eduardo Ramírez (en diciembre de 2024). En ese encuentro se comprometió a atender cada uno de los casos y a reunirse de manera periódica con ellas, pero no sucedió así.
Hace un mes, la colectiva viajó a la Ciudad de México, tocó puertas en el Senado de la República y, desde ahí, dio una rueda de prensa, en la que proporcionaron detalles de sus casos. Poco después, el Fiscal General les pidió reunirse el 1 de abril. Las Madres en Resistencia acudieron y expusieron sus preocupaciones, pero percibieron que en todo momento el funcionario minimizó sus palabras, no lograron avanzar en los puntos solicitados y acordó verlas, de nuevo, el 4 de mayo, pero no llegó a la cita. “Llaven Abarca acude a las reuniones sólo cuando nos quejamos con la secretaria de Gobierno”, señaló Isabel Torres.
La junta fue dirigida por Armando Pérez Narváez, Fiscal de Coordinación y mano derecha del Fiscal; también estuvo José Zetina Sánchez, director General de Servicios Periciales; Cynthia Velázquez Sánchez, de la Fiscalía Contra el Feminicidio; Josefa de la Cruz Núñez de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada; Elizabeth Santiago, de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Protección Civil; y Lesdy Cecilia Calvo Chacón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) quien en su participación negó el recurso económico para las acciones de búsqueda de la colectiva.
“La directora de la CEEAV se puso prepotente porque le dije que no trabajan, el apoyo psicológico de mi nieto (hijo de Cassandra Arias Torres) lo da la Fiscalía de Derechos Humanos, el médico lo proporciona la CEB y el acompañamiento jurídico la Facultad de Derecho de la UNACH. Si la CEEAV no sirve para nada entonces que la quiten”, dijo Isabel Torres.
Las autoridades acordaron reunirse con las Madres en Resistencia el día siete del próximo mes para planear acciones de búsqueda.
Indispensable la creación del Consejo Ciudadano
Las acciones de las Madres en Resistencia en el Senado de la República tuvieron resonancia el 30 de abril en el Congreso del Estado de Chiapas, con la presentación de la iniciativa en la que piden la conformación inmediata de un organismo especializado dentro del Congreso y el Consejo Estatal Ciudadano, con base en el Capítulo III de la Ley en Materia y Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas. De acuerdo al Artículo 41 de la citada Ley, el Consejo debe estar conformado por tres familiares de víctimas de desaparición; dos especialistas reconocidos y con prestigio en su labor en la protección y defensa de los derechos humanos (ddhh), la búsqueda de personas o investigación; y dos defensores de ddhh con conocimientos en la materia
El Consejo Estatal Ciudadano en Chiapas, previsto en la Ley de Desaparición de Personas, tiene como objetivo vigilar y evaluar las políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, canalizar denuncias y promover la colaboración entre autoridades y sociedad civil, buscando justicia y transparencia en la atención a víctimas y familiares.
“Queremos hacer un llamado de conciencia respecto a un problema que es tan real como nuestro dolor. Desde hace años vivimos en la incesante búsqueda de nuestros desaparecidos forzadamente, prácticamente con nuestros propios recursos y la voluntad inquebrantable para saber dónde están nuestros hijos o al menos conocer qué fue de ellos y menguar la prolongada incertidumbre con la que vivimos desde que se los llevaron”, fueron las palabras de las Madres en Resistencia ante al parlamento legislativo.
Señalaron de injusto que, desde el gobierno federal se minimice o se desacredite a las víctimas de desaparición forzada que tienen rostros, nombres y apellidos. Insistieron en la necesidad de reconocer una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas que siguen afectando profundamente las comunidades del territorio chiapaneco ante la omisión, inacción y negligencia de las autoridades.
“Son acciones urgentes y necesarias, no sólo para fortalecer los procesos de búsqueda, verdad, justicia y reparación, también significa dar un paso para atender las verdaderas problemáticas sociales, comprometerse con los derechos humanos y las demandas legítimas de la ciudadanía. Ahora más que nunca las víctimas de la violencia, necesitamos del acuerpamiento y la sensibilidad institucional para acceder a la verdad, y la justicia por nuestros desaparecidos y el dolor de las familias que buscan arriesgando la vida propia”, enfatizó la colectiva.
Isabel Torres, dio a conocer que luego de entregar la iniciativa le solicitaron una cita a Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado presidente de Mesa Directiva del Congreso, pero, como en muchas otras ocasiones, puso pretextos para no atenderlas.
“No sabemos por qué pone tantos pretextos si se la pasa detrás de Eduardo Ramírez o de Óscar Aparicio Avendaño (secretario de Seguridad del Pueblo), no entendemos cuál es su función en el Congreso que le facilita estar detrás del gobernador todo el tiempo, pero no para atender a la población”, cuestionó la madre buscadora.
El próximo 10 de mayo, bajo el lema “nuestra lucha de hoy en día es búsqueda, justicia y verdad”, la colectiva Madres en Resistencia convoca a una caminata que comenzará en el retén ubicado en la carretera Chiapa de Corzo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, realizarán un mitin en la Fiscalía General del Estado y concluirán la protesta pacífica en la entrada del Palacio de Gobierno.
En portada: Varios palestinos se desplazan en un carro tirado por un burro, este lunes 5 de mayo en Jan Yunis. Foto: Abed Rahim Khatib
El gabinete de seguridad de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció que desplegaría a miles de reservistas bajo la nueva ofensiva, bautizada como Operación Carros de Gedeón, para la ocupación total de Gaza. “Una cosa quedará clara: no habrá entrada y salida”, declaró Netanyahu en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X. “No vamos a entrar y salir del área solo para hacer incursiones. La intención es la opuesta”, anunció abiertamente.
El ministro advitió que desplazaría a la población civil de Gaza hacia el sur, asegurando que los militares entraran pero no volverán, pues mantendrán una presencia indefinida. La operación es calificada por un ministro israelí como un plan de conquista. “Convocaremos a los reservistas para que vengan, mantengan el territorio”, puntualizó.
El plan consiste en desplazar a la mayoría de los 2,4 millones de gazatíes hacia zonas designadas como “estériles” en el sur del enclave. Según el jefe del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, la maniobra tiene como objetivo “proteger a la población civil”, aunque las agencias humanitarias y la ONU han denunciado la medida como una forma de limpieza étnica encubierta.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya controlan al menos un tercio del territorio gazatí, además, han iniciado con labores de construcción de torres de vigilancia y puestos militares permanentes. Por tanto, la amenaza de Netanyahu, ha sido interpretada por observadores internacionales como una señal clara de intenciones anexionistas, una posibilidad respaldada por miembros del gabinete como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
Netanyahu anuncia Operación Carros de Gedeón
“Una vez que conquistemos y nos quedemos, podremos hablar de soberanía”, dijo Smotrich en una conferencia en Jerusalén. “No habrá retirada de los territorios que hemos capturado, ni siquiera a cambio de rehenes”, afirmó el Ministro del Finanzas.
Las muertes de civiles continúan
Desde que se rompió la tregua con la nueva fase militar, el 18 de marzo, más de 2 mil 400 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud palestino. La cifra total de muertos va en aumento, desde octubre de 2023 superan las 52 mil personas asesinadas .
Las cocinas comunitarias en Khan Younis y Beit Lahiya se ven desbordadas por miles de personas que esperan porciones mínimas de alimentos. “Estamos muriendo lentamente”, dijo Amira, madre de tres hijos, desde una fila para recibir arroz cocido. “Nos empujan hacia el sur, pero no hay a dónde ir. No hay comida, no hay agua, no hay techo” dice la gazatí.
A nivel internacional, la ONU ha expresado su “profunda alarma” por la nueva embestida de Israel. La Unión Europea, por su parte, ha instado a Israel a mostrar “máxima moderación” y alertó que una expansión militar podría derivar en más víctimas civiles.
Mientras tanto, los gazatíes enfrentan el dilema de desplazarse sin saber si habrá refugio, o permanecer bajo el fuego. Hamás, por su parte, aún tiene 58 rehenes retenidos y ha declarado que no aceptará ningún acuerdo que no incluya un alto el fuego completo, la reconstrucción del enclave y la retirada total de Israel.
El conflicto contabiliza 577 días y, los famliares de los rehenes, han mostrado su descontento hacia el gobierno de Israel para buscar la liberación de los cautivos, afirmaron en un comunicado que el plan aprobado por el gabinete significaba que Israel estaba eligiendo los territorios en lugar de los rehenes.
Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú
La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.
El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).
Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.
En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.
En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.
Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.
Maquinaria de despojo
Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.
Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.
Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.
“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.
Concesiones, tráfico de tierras y elecciones
De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales.
Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.
Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.
El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.
Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.
Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.
Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.
