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Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

(Español) Semana de solidaridad con Loma de Bácum y por la libertad de Fidencio Aldama del 21 al 27 de octubre de 2021

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A LAS PERSONAS ABAJO Y A LA IZQUIERDA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LXS LIBERTARIXS DEL MUNDO
AL PUEBLO EN GENERAL

Desde el año 2015 la Tribu Yaqui en Loma de Bácum en el estado de Sonora, se encuentra en resistencia en contra del megaproyecto Gasoducto Sonora que la empresa Sempra Energy pretende construir dentro de su territorio, afectando y poniendo en riesgo sus tierras y vidas, por lo que inician una lucha jurídico política en contra del megaproyecto.

El 21 de octubre de 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales Yaquis e imponer autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto. El 27 de octubre de 2016, Fidencio Aldama Pérez, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte mencionada. Tras un juicio plagado de irregularidades, violaciones a derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra, en 2018 FIDENCIO ALDAMA fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de $75,000. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó.

El 14 de julio del año en curso fueron «levantadas» 10 personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados y fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los compañeros. El 19 de septiembre de este año, y sin que la fiscalía del estado hiciera grandes esfuerzos por la búsqueda de los miembros de la tribu, se informó del hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes a los desaparecidos mencionados. Aún se esperan peritajes autónomos, pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narco estado.

El ataque constante que ha vivido y sigue viviendo la Tribu Yaqui en Loma de Bácum ha sido brutal. Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad. En respuesta al hostigamiento en curso, y a cinco años del ataque a Bácum y la detención de Fidencio Aldama,

C O N V O C A M O S:

A UNA JORNADA  DE SOLIDARIDAD CON LA TRIBU YAQUI DE LOMA DE BÁCUM, POR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS Y POR LA LIBERTAD DE FIDENCIO ALDAMA, DEL 21 AL 27 DE OCTUBRE, EN DONDE CADA COLECTIVO, ORGANIZACIÓN E INDIVIDUO-AS DESDE SU LUGAR Y FORMA ALCEMOS LA VOZ CON IMPACTOS VISUALES EN LAS CALLES, PEGA DE CARTELES, LLENANDO LAS REDES CON LOS #FIDENCIOALDAMALIBERTAD #SOLIDARIDADCONBÁCUM #PRESENTACIÓNCONVIDAYA, CON TODAS LAS MUESTRAS PÚBLICAS QUE EN SU IMAGINACIÓN QUEPAN. Cobijemos a la comunidad Yaqui de Loma de Bácum y demostrémosles que no están solos. La solidaridad en hechos es fundamental en un país azotado por la guerra diaria del narco gobierno y el poder empresarial, SOLIDARICEMONOS CON LAS FAMILIAS DE LOS DESAPARECIDOS, EXIJAMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE FIDENCIO ALDAMA QUIEN ESTA PRESO SÓLO POR LUCHAR Y DEFENDER LA VIDA Y TERRITORIO YAQUI. Para más información o para enviarnos un informe de sus acciones puede ponerse en contacto con nosotros aquí: fidenciolibre@protonmail.com. También les convocamos a participar con donaciones ya que siempre es una necesidad para sostener los gastos de difusión, jurídicos y de la propia prisión. Pueden donar aquí: https://fidencioaldama.org/donar/

Hoy le decimos al Gobierno de Sonora que, a 5 años del feroz y continuo ataque, nosotres no olvidamos y lucharemos y alzaremos la voz para denunciar y romper el silencio de esta guerra contra la Tribu Yaqui, tejeremos más y más solidaridad y no pararemos hasta dar con todos los desaparecidos y hasta arrancar la libertad del compañero FIDENCIO ALDAMA PÉREZ.

¡LA LIBERTAD NO SE LAS VAMOS A PEDIR SE LAS VAMOS A ARREBATAR!

– Grupo de Apoyo a Fidencio Aldama

Libertad a Fidencio Aldama

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Latinoamèrica Rompe el Cerco

(Español) TENDRÁ LUGAR EL JUICIO QUE LA JUSTICIA FEDERAL INICIA CONTRA MARÍA NAHUEL, LUCHADORA Y DIRIGENTE MAPUCHE ESTE VIERNES

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La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina asumirá su defensa. La doctora Rosario Fernández y el doctor Gustavo Franquet serán sus abogados. Lxs doctorxs Laura Taffetani y Eduardo “El Negro “Soares, sus testigos.

La fiscal federal Little aparece en el juicio como víctima. La misma fiscal que ordenó el operativo en el que fue asesinado su sobrino Rafita y en el que fue herida su propia hija.

María Nahuel ha dicho una y mil veces que no le teme a esta justicia hegemónica y burguesa que la acusa pero no investiga los atentados hacia ella y su familia que en estos días ha sufrido el cuarto intento de incendio a su ruka.
La Gremial, ha manifestado y demostrado históricamente en los hechos su decisión de apoyar las causas y luchadoras y luchadores populares de Argentina, Latinoamérica y del mundo. Asumiendo su tarea de defensa desde su profundo respeto por la digna lucha de los pueblos originarios a los que este sistema capitalista tremendamente injusto y perverso continúa saqueando, persiguiendo y oprimiendo, ESTÁ PRESENTE en la defensa de decenas de causas contra el pueblo mapuche en toda la Patagonia, en Salta con los Wichis, en Chaco con los Qom.

No ignoramos la avanzada de la derecha reaccionaria y supremasista que con el único objetivo de resguardar sus privilegios y sus propiedades privadas no ha dudado en “ escudarse “ en la defensa de sus ddhh, para justificar la represión y acusar de terroristas a las comunidades que luchan por su inalienable derecho a recuperar sus territorios ancestrales saqueados por el estado argentino y sus secuaces.
Tampoco ignoramos que La Gremial “molesta” con sus declaraciones porque no rinde cuentas ni pleitesía a ningún gobierno o partido al servicio de los poderosos de este sistema capitalista. A diferencia de sus detractores, solo da cuentas a sus defendidxs poniendo el cuerpo y todo su conocimiento para defender sus causas, orgullosos y coherentes con la heroica historia de lucha en las organizaciones revolucionarias de las que sus fundadores fueron parte.
Este viernes a las 14 hs, junto a todxs lxs vecinxs, organizaciones, sociales y políticas frente a las puertas del Juzgado estaremos frente a la puerta del juzgado federal mientras se desarrolla el juicio, acompañando a María Nahuel, quien como ella dice, se mantiene firme en su derecho y responsabilidad de luchar sin renunciamientos por la liberación de su pueblo. A su lado, luchando a la par de María estará como siempre, La Gremial de Abogadas y Abogados.

✍🏾 Grupo de Apoyo a la Gremial de Abogadas y Abogados de Bariloche.
📍 Bariloche, Octubre de 2021

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FrayBa y Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro

(Español) Defensores comunitarios tseltales de Chilón exigen el cierre de los procesos penales en su contra por defender su territorio

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

13 de octubre de 2021

Pronunciamiento Conjunto

Defensores comunitarios tseltales de Chilón, Chiapas, exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización.

A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya-tseltal y las familias de los defensores comunitarios, exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis).

Cabe recordar que el 15 de octubre de 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo – Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de los habitantes de diversas comunidades de Chilón, en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados, de igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados.

César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 01, de Cintalapa, Chiapas y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se considerará las violaciones a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 01 de noviembre de 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias.

A lo largo de este año, se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de Cesar y José Luis, entre los que se encuentra la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de pruebas obtenidas a partir de la tortura que sufrieron; sin embargo, todos los recursos fueron desestimados.

Es importante mencionar que en noviembre de 2020 diversas comunidades del pueblo maya tseltal, acompañadas por el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada; así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, éste continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa en Tuxtla Gutiérrez.

Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya-tseltal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el estado de Chiapas, respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en materia Administrativa y al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso  respecto a los derechos colectivos vulnerados con la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya-tseltal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

& Centro de Derechos Humanos Miguel Agustón Pro Juárez

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF

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FrayBa

(Español) Familiares y sobrevivientes de tortura en Chiapas se unen por verdad y justicia

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de octubre de 2021
Boletín No. 13

 

  • Fiscalía General del Estado simula justicia en su afán de aplicar el estado de derecho, llenando cárceles con víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Mientras el Estado mexicano niega que la tortura es utilizada como método de investigación por parte de las Fiscalías, en lo que va del año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido 30 casos de tortura por denuncia de familiares o por petición de Jueces del estado de Chiapas para aplicar el Protocolo de Estambul.

Los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba o declaración donde existan indicios de que fue obtenida bajo tortura o malos tratos o en violación de garantías fundamentales y que tal no se postergue hasta la sentencia.

Desde el 2014, el Relator Especial sobre la Tortura y Tratos o Penas Crueles Inhumanos Degradantes asentó que: “la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad, generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información”.1 Además la relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas informó que en el caso de personas indígenas detenidas y procesadas penalmente “enfrentan violaciones de derechos al debido proceso y a la defensa adecuada por motivo de la escasez de interpretes, abogados, defensores y operadores de justicia que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas”.

Negar o invisibilizar la tortura no la erradica. La impunidad sigue encubriendo la acción y omisión de las autoridades mexicanas y no se garantiza la reparación integral a las víctimas y sus familiares. En Chiapas se simula justicia, su acceso es un laberinto de obstáculos procesales plagado de violaciones a los derechos humanos.

Frente a este panorama sobrevivientes de tortura y sus familiares rompen el miedo y se organizan, generando luces de esperanza para que estos actos no vuelvan a cometerse.

Durante los días 7 y 8 de octubre de 2021, se realizó en San Cristóbal de Las Casas el Encuentro de Familiares y Sobrevivientes de Tortura en Chiapas “Compartir la Esperanza”, en donde recibimos en su mayoría mujeres: abuelas, madres, hermanas, hijas, sobrinas, tías que desde el amor afrontan la impunidad del Estado exigiendo la libertad de sus familiares presos injustamente.

Las y los familiares de sobrevivientes de tortura han denunciado la constante discriminación que enfrentan frente a los operadores de justicia, durante la pandemia los procesos penales están lentos y otros están parados, la situación carcelaria es cada día más precaria no tienen atención médica adecuada en prisión y sin acceso a medicamentos.

El Frayba exige al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones de investigar, identificar y castigar a todos los responsables de cometer actos de tortura, exigiendo a tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier acción de represalia contra los sobrevivientes de tortura y sus familiares y garantizar el derecho a una reparación integral, sin acceso a la justicia los gobiernos federal y estatal son cómplices de los perpetradores de estas graves violaciones a los derechos humanos, además de reproducir y mantener el pacto de impunidad que impregna el sistema de justicia en México.

 

Descarga el boletín en PDF

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La Zarzamora

(Español) 12 de Octubre 2021: Piñera decreta Estado de Excepción Constitucional en Wall Mapu, Territorio Mapuche

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Por: La Zarzamora

Este martes 12 de Octubre, como una muestra más de la continuidad del colonialismo, el “gobierno” autocrático de Piñera, impuso nuevamente un Estado de Excepción Constitucional, específicamente en el territorio mapuche (Wall Mapu) bajo la excusa del combate al “narcoterrorismo”, esto en el contexto de un potente aumento de lof en recuperación territorial. Coincidencia o no, este nuevo ataque racista se perpetra cuando se cumplen 529 años de la invasión europea a Abya Yala, iniciándose ahí la colonización y explotación del territorio y sus pueblos ancestrales.

Durante la semana, camioneros de diferentes empresas realizaron pequeños cortes de camino, en las rutas de la llamada Macro Zona (antes zona roja), acompañados del ya “tradicional” asado y el también ya conocido cuidado de Carabineros de $hile; así al menos se podía observar en la ruta hacia Coronel que se vió interrumpida intermitentemente, mientras los “manifestantes” se “distraían socialmente” a orilla de camino. Esto sumado al sensacionalismo acostumbrado de medios como Radio Bío Bío, provocó una alarma colectiva que terminó con filas interminables de autos en las bencineras de lugares como Cañete y alrededores.

Así comenzó la justificación mediática para la nueva entrada represiva a Wall Mapu, contra las graves “alteraciones al orden público” en las cuales no caben las alteraciones que realizan grupos paramilitares, ni camioneros, ni empresarios. Las “alteraciones”, en realidad corresponden al aumento de los procesos de recuperación territorial de las comunidades empobrecidas por la industria forestal y el latifundio colonialista.

Los territorios amenazados con este nuevo Estado de Excepción constitucional comprenden: las provincias de Arauco, Malleco y Cautin, territorios que han potenciado sus procesos de recuperación y control territorial, generando la reacción del empresariado del rubro forestal y de transporte, sectores representados en la oligarquía gubernamental, que no dudó en fortalecerles y ocuparles como motor para justificar esta nueva arremetida represiva.

Esta imposición racista y colonialista se hará efectiva por 15 días, y podría aumentarse por 15 días más si el congreso chileno lo respalda. Así mismo, el nefasto presidente autoimpuesto de $hile, instaló jefes de defensa tanto en la región de la araucanía como en la del Bío Bío, quienes tienen la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, significando esto una verdadera amenaza para la vida de las comunidades, la niñez mapuche (ya fuertemente violentada por el aparato represivo) y para el territorio.

Si $hile incurre en la agudización de la violencia racista, nuevamente el estado fascista estaría ignorando su suscripción a diferentes acuerdos internacionales como lo son el Convenio 169 de la OIT (que resguarda los derechos humanos, laborales y justicia social de “los pueblos indígenas y tribales”) y eventualmente la Convencion de los derechos del niño y la niña, como lo hemos presenciado en cada incursión violenta del estado en territorio mapuche.

Hacemos hincapié en la defensa de la niñez mapuche, recordando y repudiando los COBARDES e INTOLERABLES HECHOS ocurridos el día 7 de enero de este año ejecutados por las fuerzas represivas de $hile, en los cuales fueron vulneradas física y psicológicamente niñas y niños mapuche, por ratis y pacos del estado, en donde impactaron fuertemente las imágenes de la violencia ejercida hacia la pequeña hija de Camilo Catrillanca y un audio que dejaba crudas evidencias de torturas sicológicas y físicas hacia niñas mapuche.

A 529 años del inicio de la invasión a Abya Yala, los pueblos ancestrales continúan resistiendo y luchando contra el colonialismo.-

No más militarización del wall Mapu.

¡¡Niñez mapuche libre!!

¡¡Fuera forestales y proyectos extractivistas del territorio!!

* No separamos opinión de información. Nuestras noticias contienen un posicionamiento político editorial. No insista.

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Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

(Español) PRONUNCIAMIENTO DEL CNI-CIG A 25 AÑOS DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

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A los pueblos del Mundo,

A los medios de comunicación. 

 

Hoy, a 25 años de que decidimos caminar en la lucha, la resistencia y la rebeldía, con el acompañamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), somos el Congreso Nacional Indígena y nos dirigimos a los pueblos del mundo para decirles nuestra palabra:

El 12 de octubre de 1996, contando con la descomunal presencia de la Comandanta Ramona, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, a raíz de lo cual empezaría a resquebrajarse el cerco impuesto en contra de éste; y con la participación de más de 3 mil delegados de todo México, por primera vez los pueblos originarios pudimos reunirnos y conocernos para soñar un espacio organizativo propio, el Congreso Nacional Indígena (CNI), bajo los 7 principios del “Mandar Obedeciendo” que propulsara un país diferente, en el cual pudiéramos ser plenamente reconocidos en nuestros derechos y culturas.

Como antecedente de este histórico evento realizamos dos foros nacionales previos y acompañamos la Marcha del Color de la Tierra protagonizada por el EZLN, en el año 2001, con el fin de presionar al Estado mexicano para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés “Sobre Derechos y Cultura Indígena”. A esta Marcha siguieron la traición de los Acuerdos de San Andrés por todos los partidos políticos y los poderes del Estado; el olvido de nuestra lucha por parte de quienes la habían convertido en moda pasajera, la desorganización de una parte del movimiento indígena, la continuidad del CNI a través de su región Centro-Pacífico (hace 20 años); la decisión de hacer nuestra la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, asumiendo la lucha anticapitalista, de abajo y a la izquierda, lo que nos valió un mayor aislamiento de la clase política autonombrada de izquierda, de ong´s y de “personalidades” que antes habían proclamado ser nuestros amigos y nuestros aliados.

En estos 25 años aprendimos que es la lucha por la vida nuestra palabra colectiva y que como desde hace más de 500 años, los despojos de nuestras tierras, cultura y formas de vida nos duelen, nos llevan a organizarnos y a luchar. Hoy, el despojo y la explotación capitalistas hechos guerra, son para llevar a cabo grandes y peligrosos megaproyectos que siembran la muerte en todas las geografías indígenas de México, y con el imperio de la violencia buscan garantizar las ganancias de las bandas criminales y de la red económica y política que los sostiene; que es la misma que no cesa en su afán de ver exterminados a nuestros pueblos. Esa guerra que vivimos en las comunidades de México, que nos ha llenado de luto y de rabia, la hacen los políticos, las empresas y bandas delincuenciales, que juntos, son el gobierno de México y sirven a un sistema mundial que es el capitalismo.

En su nombre, los gobiernos de antes y de ahora han cometido graves crímenes para reprimir a nuestros pueblos, cuando en colectivo hemos decidido nuestro destino; y no olvidamos la guerra sucia con sus miles de ejecutados, torturados y desaparecidos, la masacre de Acteal en Chiapas, la matanza de Aguas Blancas, los asesinatos de Betty Cariño, del maestro zapatista Galeano, del niño Hidelberto Reyes en la comunidad de Santa María Ostula y de nuestro hermano Samir Flores Soberanes; o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; no olvidamos a nuestros hermanos desaparecidos como Sergio Rivera Hernández de la organización MAIZ; ni a nuestr@s compañer@s pres@s por luchar y perseguidos por pensar y ser cabales en defender lo que es sagrado, como Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui y Fredy García Ramírez del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, en Oaxaca.

Nosotras, nosotros, somos ell@s y desde nuestras asambleas comunitarias y gobiernos autónomos, no pararemos de construir la justicia, de exigir el castigo a los culpables de esos crímenes y de no dar un solo paso atrás en la lucha por la vida, que fuera también la causa de tod@s l@s que hoy nos faltan.

A 25 años de esta lucha de resistencia y rebeldía, decimos claro: queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte. No queremos el tren Maya que convierta todo el sur sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional, en las vías y sus alrededores, la extracción, contaminación, destrucción, despojo y privatización en toda la región. No queremos el corredor transístmico que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el océano pacífico hasta el Golfo de México, ni queremos el Proyecto Integral Morelos que atenta contra el territorio de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como al compañero Samir Flores Soberanes.

Así, en el año 2018, reconociéndonos los unos a los otros en las diferencias geográficas y culturales, constituimos, con concejales mujeres y hombres de los pueblos indígenas integrados al CNI, el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que se hizo nuestra voz de cara a la Nación y al Mundo, voz con la que habló y habla nuestra Vocera Marichuy. En aquel año, junto con el EZLN, le hablamos al país y en respuesta recibimos la participación del pueblo de México en la recolección de firmas para figurar en las boletas electorales durante el recorrido del CIG por todo el país. Entonces, nos dimos cuenta de que la lucha por la vida y la urgencia por reconstruir sobre lo destruido por el capitalismo, se habla en todas las lenguas y en todos los sectores sociales de este México. Cada quién a su modo, a sus tiempos y sus formas.

Y este año, en la Gira Por la Vida, junto con la delegación del EZLN, vemos a la Europa rebelde, de abajo y a la izquierda; y escuchamos su palabra que es también la lucha por la vida. Con su resistencia y rebeldía, y con la nuestra, nos entendemos porque soñamos un mismo mundo, en el que quepamos todas y todos.

Hoy, a 25 años de distancia, CONVOCAMOS a tod@s aquell@s que en lo colectivo o en lo individual son parte del CNI, o han acompañado, así sea como observadores, su paso en este cuarto de siglo, a una REFLEXIÓN COLECTIVA PROFUNDA que, a través de reuniones, foros, conferencias y actividades de toda índole que se realicen a partir de este 12 de octubre y hasta el 12 de octubre del año 2022, culminando con una gran Asamblea, busque respuesta a la pregunta “¿Qué sigue?”.

Con tod@s buscamos tener un solo oído y escuchar lo que la resistencia y la rebeldía en el mundo tienen que decirnos para conocernos y organizarnos desde la geografía de abajo, desde donde las cosas que definen el futuro, donde comienzan a sanar la tierra y nuestros pueblos tras el desastre mundial, realmente están sucediendo.

Atentamente

A 25 años resistencia y rebeldía

Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

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Avispa Midia

(Español) Yaquis: entre el perdón del gobierno y la presión por gasoducto

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Por Santiago Navarro F

En portada: Trecho del Gasoducto Sonora que pasa por la comunidad de Loma de Bácum. Foto: Santiago Navarro F.

El pasado 29 de septiembre se publicó oficialmente un decreto donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, restituyó 2 mil 900 hectáreas del territorio de la Tribu Yaqui, en Sonora. Reconoció el derecho a este pueblo originario de utilizar el 50% del agua del río Yaqui para uso agrícola en el territorio de los ocho pueblos que conforman la Tribu. El resto del agua es para productores a gran escala y las zonas urbanas más destacadas de la región, incluyendo la capital de esta entidad, Hermosillo.

La noticia fue emitida en una ceremonia pública en el municipio de Vicam, donde el mandatario pidió perdón por los agravios cometidos por los gobiernos que le antecedieron hacia los ocho pueblos originarios que componen la Tribu Yaqui: Loma de Bácum, Huirivis, Rahum, Potam, Vícam, Tórim y Corit o Loma de Guamúchil.

A escasos metros del evento se encontraba la autoridad tradicional de Loma de Bácum que, al igual que la gente de su comunidad, conocida como la Tropa Yoeme (niños, mujeres, hombres y ancianos), no se le permitió el acceso al evento.

La autoridad que representó a la comunidad de Loma Bácum en este evento, y en las negociaciones previas, no ha sido elegida de forma tradicional por esta comunidad y tampoco ha tenido el consentimiento de la Tropa Yohemia.

Acto del gobierno federal para la firma del Plan de Justicia para la Nación Yaqui

“Nosotros desconocemos a esta autoridad porque son los que atacaron (en 2016) con armas de fuego a la autoridad legítima y toda la comunidad para intentar imponer el cruce de un gasoducto por nuestra comunidad”, señaló Carmen García, de Bácum y esposa de Fidencio Aldama, integrante de la Guardia Tradicional que reconoce la comunidad de Bácum.

Fidencio fue detenido el mismo año en que el grupo armado irrumpió en la comunidad. Fue condenado a 15 años y seis meses de prisión por cargos falsos relacionados con la muerte de una persona. Hoy, personajes que conformaron este grupo de choque fueron los que se han sentado con el resto de los pueblos para recibir la noticia del decreto por parte del gobierno.

Carmen dice para Avispa Midia, “todo empezó porque querían imponer a una autoridad que aceptara el gasoducto”, el colmo dice, “es que llegaron armados y disparando. Mi esposo era parte de la Guardia Tradicional y, junto a los demás miembros, pues intentaron proteger a la comunidad. Entonces inculpan injustamente a mi esposo. A pesar de que presentamos pruebas que muestran todo lo contrario a lo que han montado, como el tipo de armas que usan legalmente nuestra guardia y el arma con la que se perpetró el asesinato. A la detención de mi esposo se suma la desaparición de diez integrantes de nuestra comunidad, esto sucedió desde el mes de marzo. Lo que pretenden es debilitar a nuestra comunidad para dar paso al gasoducto y proyectos mineros en la región”, arremete Carmen.

El gasoducto al que se refiere Carmen es un proyecto que inició en 2012 para la construcción y operación del sistema de transporte de Gas Natural denominado Gasoducto Sonora. Este complejo es propiedad de le empresa estadounidense Sempra Energy y es operada por su filial en México, IEnova. Un complejo dividido en dos segmentos que en total suman 830.56 kilómetros: Segmento I, denominado Gasoducto Sásabe – Guaymas (GSG); Segmento II, denominado Gasoducto Guaymas – El Oro (GGO), fracción que atraviesa el territorio indígena Yaqui.

La abogada Yaqui, Anabela Carlón, de Loma de Bácum, sostiene que el escenario de violencia vivido en esta región está vinculado al intento de implementar una serie de proyectos en sus territorios. “Los desaparecidos eran personas que se habían opuesto a la explotación minera, a la construcción del Acueducto Independencia, que suministra agua a la capital de Hermosillo, y al Gasoducto Sonora que fue proyectado para pasar a 300 metros de la comunidad”.

“Dos días después de que fueron desaparecidos nuestros hermanos, nos tenían que informar sobre las medidas para la reubicación de este gasoducto porque nosotros mantenemos nuestra postura de no dejar que cruce por Loma de Bácum. Después de las desapariciones no supimos más y hoy nos traen este decreto que, a pesar de decirnos que nos beneficia, no conocemos con profundidad lo que realmente implica”, puntualiza la abogada, ya que el gobierno federal legitima la autoridad indígena que está a favor de los proyectos.

Presión para concluir el gasoducto

Se supone que esta corporación brindaría al gobierno de México el servicio de transporte y venta de gas extraído en Estados Unidos mediante el método conocido como Fracking, desde el año 2014. Aunque nunca concluyeron esta infraestructura, por tanto, no han brindado nada de gas.

Sin embargo, el documento Estados Financieros Consolidados y Auditados de Sempra Energy de 2021 anuncia a sus inversionistas que su filial IEnova recibió pagos apegados a la cláusula “de fuerza mayor”. Es decir, de acuerdo con el contrato firmado, el gobierno mexicano tiene la obligación de pagar a la empresa, aunque dicha empresa no brinde el servicio. IEnova acusa el pueblo de Bácum de ser el culpable, ya que no permite que el gasoducto pase por su territorio. Estos pagos fueron desde 2017 hasta 2019.

El gobierno de Obrador renegoció con IEnova los contratos firmados antes de su administración por considerarlos “ventajosos y leoninos”. Resolvieron que los pagos por “fuerza mayor” se suspenderían y los pagos por los servicios se reanudarían cuando se repare la sección dañada del segmento Guaymas-el Oro, que se encuentra en Loma de Bácum.

El informe de Sempra Energy alertaba que “si el ducto no se repara antes del 14 de marzo de 2021 y las partes no acuerdan una nueva fecha de inicio del servicio, IEnova se reserva el derecho de rescindir el contrato y tratar de recuperar sus costos razonables y documentados y sus ganancias perdidas”.

Además, advierte, “si IEnova no puede hacer tales reparaciones (que no han comenzado) y reanudar las operaciones en el segmento Guaymas-el Oro del ducto Sonora o si IEnova rescinde el contrato y no puede obtener recuperación, puede haber un impacto adverso importante en los resultados de operaciones y flujos de caja de Sempra Energy y en nuestra capacidad para recuperar el valor en libros de nuestra inversión”.

Sempra-IEnova pagó a militares y sicarios para imponer gasoducto en territorio Yaqui

El gobierno de Obrador está haciendo hasta lo imposible para activar el funcionamiento del Gasoducto Sonora, de lo contrario, tendrá que ajustarse a las acciones de la empresa. Hasta el momento no hay una declaración oficial del gobierno mexicano sobre las posibles acciones de la transnacional estadounidense.

Hasta 2018, junto al Gasoducto Sonora, 17 ductos más, de diversas empresas, como Carso y Transcanada, cobraron sus servicios sin brindarlos, como se detalla en la investigación “Los Ventajosos Beneficios de Sempra Energy en México” realizado por Avispa Midia. El saldo fue de 16 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe financiero del año 2018 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando el gobierno de López Obrador asumió el poder, se sumaron 672 millones de dólares más por “pagos de fuerza a mayor” a estos proyectos que no estaban funcionando.

“Es por eso que nos llama la atención de que no hayan dejado pasar a nuestra autoridad tradicional, que obviamente, junto a la mayoría de la comunidad, nos oponemos a este proyecto. Por el riesgo que implica y porque no nos trae ningún beneficio”, dice Carmen.

La abogada dice, “si hay otros pueblos por donde quiere reubicar el gasoducto, pues que lo hagan. Aquí no hemos aceptado ningún dinero o proyecto, porque no lo queremos. Ahora queremos que aparezcan a nuestros hermanos y que liberen a Fidencio Aldama que esta injustamente en prisión”.

En el evento dónde fue presentado el Decreto, desplegaron una serie de pancartas. Resaltaba la mirada de rabia de las mujeres que, apenas dos días antes, les informaron oficialmente que habían encontrado los restos de sus familiares desaparecidos. “Ellos son cinco de diez hermanos que desaparecieron desde el 14 de junio”, dijo la abogada Yaqui quien se ha sumado a la búsqueda de los desaparecidos.

Por otra parte, este 27 de octubre, se cumplen cinco años desde que el preso político, Fidencio Aldama, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de ciudad Obregón, Sonora. Diversos activistas y colectivos que trabajan contra las políticas carcelarias y la industria penitenciaria, que también forman parte de una campaña por la liberación de Fidencio, preparan acciones para seguir exigiendo su liberación inmediata.

radio
FrayBa

(Español) Frente a las secuelas por tortura Carlos Antonio López Robles denuncia la falta de atención médica adecuada en prisión

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  • En el marco del Encuentro compartir la esperanza de familiares y sobrevivientes de actos de tortura.

Sr. Presidente de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos

Por medio de esta humilde carta me dirijo a usted para hacer de su conosimiento y suplicar su valiosa intervención en las diversas irregularidades que existen en mi persona por mi detención el día 29 de octubre del año 2019 por el delito de intento de homicidio simple. En donde fueron violadas todas mis derechos constitucionales y humanos ya que penetraron a mi casa con violencia y armados esposandonos a mi Sra. esposa y a mi para luego vendarnos los ojos y el cuerpo completamente ya en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto ubicado en la Cuidad capital del estado de Chiapas Tuxtla Gutiérrez Chiapas.

Donde fuimos torturados con mi esposa de nombre Julia Hernández Hernández quien fue detenida y torturada con golpes y afixia con una franela en el rostro y agua probocando muchos daños graves en nuestro cuerpo de los cuales tenemos secuelas graves que dañan nuestra vida diaria en ambos. Cave mencionar que por los golpes y patadas que resivi en mi estomago estallaron mis intestinos por lo que tuve una operación para poder reparar el daño con una erida de 20 centímetros en mi abdomen de la cual nadie se iso responsable de los gastos y de nuestra hospitalisación de ambos ni de los gastos médicos, y medicamentos los cuales aun tenemos que estar tomando para el tratamiento de los dolores que aun sufrimos por los severos daños físicos, y mentales que nos mantienen con traumas sicológicos por la impotencia de esta situación jurídica. Que hasta este momento me tiene privado de mi libertad en el centro penitenciario no. 14 El Amate sin tener avance en mi enjuiciamiento por el delito de intento de homicidio simple con la causa penal no. 443/2019.

Cave mencionar que el juez de control jiró un oficio solicitando a la Fiscalía de la tortura en el estado de chiapas mismo que hasta este momento no he recibido ninguna entrevista por parte de esta Fiscalía y el área médica de este Centro se niega a darme las atenciones necesarias ni los seguimientos y valoraciones, los estudios y análisis clínicos y médicos que con mucho sacrificio emos pagado con nuestros propios recursos, ya que somo una familia de muy bajo recursos y me dirijo a usted para suplicarle y abogar su venebolencia y preste atención a mi queja, con esta carta y me pueda usted faboreser asiendo una efectiva recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Social, con la finalidad que se me sea asignado un defensor de mi oficio que me pueda defender de todas estas injusticias que estoy sufriendo y mi privación de mi libertad. Ya que por la pobreza de mi familia no contamos con los recursos necesarios para poder contratar un abogado particular que pueda llevar mi defensa confiable y conforme a derecho.

Al mismo tiempo le suplico un recomendación a la Fiscalía Contra la tortura para que se lleve acavo una investigación a fondo por la injusticia cometida en mi contra, con delitos inventados y consginaciones echos de manera corrupta e ilegal para privarme de mi livertad. Por lo que le suplico su valiosa intervención a fin de que sean jiradas las instrucciones que sean necesarias a las arreas que les corresponda a fin que se canalisen los estudios de mi exp. no. 443/2019 con la finalidad de obtener mi libertad de esta situación lo más pronto posible ya que soy inosente de este delito que se me imputa por parte de la Fiscalía de Alto Impacto. Y también le suplico gire una recomendación a la comición antitortura internacional de estambul, para el análisis de mi situación de tortura, toda ves que también mi esposa Sra. Julia Hernández Hernández quien aunque esta puesta en livertad tambien fue torturada, sin compasión como si fuera un delincuente muy peligroso por parte de la Fiscalía de Alto Impacto.

Sin nada más que desir por el momento me despido de usted. Quedando muy agradesido y en la espera de una respuesta pronta y faborable.

Respetuosamente.

Interno: Carlos Antonio López Robles
carlos Antonio lopez Robles

c.c.p. Lic. Andres Manuel López Obrador, Presidente de la república mexicana
c.c.p. A los medios de comunicación
c.c.p. la prueba de estambul
c.c.p. Fiscalía General de la tortura del Edo de Chiapas
c.c.p. Lic. Rutilio Escandón Cadenas Gobernador del estado de Chiapas
c.c.p. Al archivo del minutario

Cintalapa de Figueroa Chiapas
Centro de Reinserción Social No. 14 El Amate

Encuentras la denuncia escrita de Carlos Antonio aquí

radio
It's Going Down

Communities and Collectives of Oaxaca Denounce the State-Organized “Indigenous Encounters Canada-Oaxaca 2021”

Communique from communities and collectives of Oaxaca denouncing the state-organized “Indigenous Encounters Canada-Oaxaca 2021,” and calling for the construction of affinity and reciprocity between Indigenous peoples of so-called Mexico and Canada through solidarity and resistance

To the Media

To the General Public

To our Brothers and Sisters of Turtle Island

Within the context of the “Indigenous Encounters Canada-Oaxaca 2021,” a celebration organized by the Canadian and Mexican states taking place from September 20 to October 8 in Oaxaca City, we have decided share some relevant information that has been omitted and misrepresented in the official announcements and press conferences for the event.

What they call the “state of Oaxaca” is one of the most culturally and linguistically diverse places in the world, thanks to the ongoing Indigenous resistance against extermination, which began with European expansion into the territory now known as Mexico. It is this very diversity which the governments of Oaxaca and Canada figure as the principal motivation to carry out this event.

However, what they call diversity is much closer to Mexican nationalism, constructed with the blood and bones of our ancestors. The reason for this is that the governments see the Indigenous and the Afro as a profitable cultural expression, as a discourse, as an image, etc.

We, those who for generations have resisted their necropolitics, racism, classism, and sexism, not only refuse to nurture that nationalism, but we also repudiate the commodification of our life forms. We want all those who prefer to ignore reality to know that for generations we have witnessed the expulsion and marginalization of Indigenous people in the territory invaded and now called Oaxaca. We have been subject to the dispossession of our lands, which we watch with sadness and rage as they are converted into objects of financial speculation.

If we have anything to share with our brothers and sisters from Turtle Island, it is this history of pain and colonial violence. They too were dispossessed, massacred, and forced to live on reservations. What they call “Canada” hides under its soil thousands of bodies of Indigenous children, men and women, assassinated for the misfortune of not being white and not thinking like whites. Although the state tries to hide it, this violence endures and manifests in different ways.

This shared history of dispossession invites us on this occasion to say in unison, to those whose laws justify or facilitate Indigenous extermination, to those who confuse our history of resistance with folklore, and to those who hide their business interests behind the expression of “cultural fraternity,” WE WILL NOT ALLOW IT, NEITHER MATERIALLY NOR SYMBOLICALLY.

WE DENOUNCE that these same people have been the masterminds of the worst environmental and social tragedies that we have seen in recent times. An example of which is the installation of mines for mass mineral extraction, through the exploration and implementation of mining concessions and mining projects.

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radio
Colectivo Grieta

(Español) El “Plan de Justicia” detrás de las vallas y desapariciones: el pueblo yaqui de Loma de Bácum exige justicia

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COLECTIVO GRIETA

Haciendo caso omiso de la actual crisis de violencia e inseguridad que azota al pueblo Yaqui, AMLO pide perdón por los agravios e intentos de exterminio… del Porfiriato.

En su visita a Vicam, Sonora, el 28 de septiembre, AMLO inauguró el llamado “Plan de Justicia del Pueblo Yaqui” y pidió perdón por los agravios del pasado sin mencionar el incremento de asesinatos, secuestros y desapariciones de miembros del pueblo yaqui en los meses recientes e ignorando las exigencias de justicia de los habitantes de Loma Bacúm, uno de los 8 pueblos tradicionales.

Esta actividad se llevó a cabo más de dos meses después de que diez yaquis de Loma de Bácum fueron secuestrados y desaparecidos, sin que hasta la fecha se hayan realizado las investigaciones prontas y expeditas. Los integrantes del pueblo yaqui de Loma de Bácum, que hoy exigen la aparición con vida de sus hermanos, no sólo fueron exlcuidos de la invitación a este acto anunciado como histórico, sino que incluso fueron expulsados del mismo por demandarle al presidente la presentación con vida de sus familiares. Mónica Valencia Flores, gobernante de la guardia tradicional de Loma de Bácum, no fue siquiera mencionada en la ceremonia, a pesar de ser autoridad comunitaria de este pueblo.

Familiares y amigos de los desaparecidos llegaron sin invitación al acto, encabezado por el presidente, portando lonas y estandartes con las fotografías de los desaparecidos y exigiendo diálogo con el jefe del ejecutivo, pero una vez más no fueron escuchados. El pueblo yaqui de Loma de Bácum exige que se realicen nuevas investigaciones para identificar los cuerpos de los desaparecidos porque, hasta el momento, el informe de la fiscalía del estado en la que muestra supuestas pruebas de restos óseos, encontrados hace unos días, no es congruente ni convincente para los familiares.

Cabe recordar que los diez yaquis desaparecidos el 14 de julio en Loma de Bácum estaban haciendo trabajo de vigilancia y seguridad comunitaria cuando fueron secuestrados. Se trata de Benjamín Portela, de 65 años; Artemio Arballo, de 60 años; Martín Hurtado, de 53 años; Gustavo Acosta, de 49 años; Heladio Molina, de 44 años; Braulio Pérez, de 40 años; Leocadio Galaviz, de 38 años; Fabián Sombra, de 34 años; Juan Justino Galaviz, de 28 años, y Fabián Valencia, de 27 años.

Indígenas yaquis de Loma de Bacúm protestan por la desaparición reciente de una decenas de pobladores durante el acto de AMLO, del que fueron excluidos. Vicam, Sonora, 28 de septiembre de 2021.

El reclamo de justicia de la Tribu Yaqui es de larga historia en la defensa del territorio contra los megaproyectos. En los últimos años, este pueblo ha luchado sin freno contra la construcción del Acueducto Independencia, mismo que no se cancelará en el Plan de Justicia, a pesar de que existe un reclamo colectivo contra este megaproyecto de infraestructura que inició en 2010 como la piedra angular del proyecto Sonora Sistema Integral, destinado como principal fuente de agua para la ciudad capital de Hermosillo. Pese a que la ceremonia de firma del plan incluyó una ceremonia para el regreso del agua al Río Yaqui, saludos al sol y bendiciones a los animales y a los árboles, este proyecto de gran envergadura contra el que ha luchado el pueblo yaqui por más de una década, no será interrumpido por el llamado “Plan de Justicia”, por el contrario, el plan contempla entre sus acuerdos “la construcción de un acueducto de 158 kilómetros para el abastecimiento de agua”.

A pesar de haber sido piedra angular en la lucha contra el Gasoducto Sonora, los yaquis de Loma de Bacúm quedaron fuera de la firma de los acuerdos en lo que pareció ser un silenciamiento de cualquier voz que pudiera romper el supuesto idilio de la ceremonia oficial.

En esta región de los ocho pueblos yaquis hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la misma Cartografía Minera de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano. Pero de esto no se dijo nada durante la última visita del presidente.

La resistencia de los pueblos yaquis ha tenido que enfrentar asesinatos, amenazas, encarcelamientos y desapariciones forzadas. La militarización se ha extendido de manera exacerbada en los últimos años por este territorio sin que las violencia y las desapariciones cesen; por el contrario, éstas parecen incrementar en relación con los fuertes intereses comerciales que se mueven en la región. Quizás el hecho de que el pueblo yaqui de Loma de Bácum haya cuestionado la destrucción y el acaparamiento de la tierra por empresas trasnacionales y la construcción del megaproyecto en ciernes tenga algo que ver con su silenciamiento. La exigencia por la aparición con vida de sus familiares desaparecidos y por justicia cuestiona las bases de lo que el presidente quiere nombrar ahora como “Plan de Justicia” en esa región.

Con información de:
https://www.grieta.org.mx/index.php/2021/08/09/mexico-la-permanente-batalla-de-los-yaquis-contra-el-despojo/
https://www.grieta.org.mx/index.php/2021/08/09/mexico-la-permanente-batalla-de-los-yaquis-contra-el-despojo/
https://www.grieta.org.mx/index.php/2021/07/14/estamos-armados-para-proteger-a-nuestra-comunidad-nunca-nos-van-a-poder-desarmar-advierten-yaquis-al-ejercito/

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