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FrayBa

(Español) La Fiscalía General del Estado de Chiapas se mantiene en la Tortura

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  • Fiscalía de Alto Impacto fabrica culpables

El 29 de octubre de 2019, Julia Hernández Hernández de 44 años de edad (Julia) y Carlos Antonio López Robles (Carlos Antonio) de 37 años de edad quienes llevan viviendo 7 años en unión libre fueron privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad en la colonia Las Granjas de la Cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quienes sometieron tortura a Julia y Carlos Antonio para autoinculpase por un delito. Carlos Antonio mantiene graves secuelas a consecuencia de la tortura que pone en riesgo su vida.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que ese día aproximadamente las 18:00 horas, 40 policías vestidos de civil, armados y encapuchados, allanaron la casa del familiar en la que se encontraba Julia y Carlos Antonio quien desde el primer momento fue torturado. En la fiscalía, lo llevaron a un sótano, le pusieron sobre un colchón y lo golpearon como una hora “…me pusieron una bolsa en la cabeza, me echaban agua, toques eléctricos y había una persona parada sobre mi estomago…” Carlos Antonio fue obligado a firmar un documento que desconocía el contenido, después de ser colgado de las manos mientras le daban descargas eléctricas.

Julia fue trasladada en otro vehículo, mientras les estuvieron dando vueltas por la ciudad y al llegar a la fiscalía aproximadamente las 20:00 horas, la sentaron en una silla, le dijeron que hablara “les dije que no sabía de qué me estaban hablando… comenzaron a vendarme los ojos y la boca, me envolvieron y me comenzaron a golpear, me preguntaban en dónde estaba las armas y la droga y como no les decía nada seguían golpeándome en la espalda y la cintura, me decían que si no hablada me echarían agua. Había una mujer güera policía entre los hombres, me decía que si no hablaba empezarían con mi esposo y como no dije nada es que comenzaron a torturar a mi esposo. Sólo escuchaba que se quejaba.” Julia fue puesta en libertad el día 31 de octubre de 2019, aproximadamente las 2:00 horas, 32 horas después de su detención, amenazándola con volver a detenerla si presentaba alguna denuncia.

El 30 de octubre de 2019, aproximadamente las 4:00 horas, Carlos Antonio fue trasladado al Hospital «Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza» de Tuxtla Gutiérrez, en donde lo intervinieron quirúrgicamente realizándole una laparotomía exploradora debido al traumatismo cerrado de abdomen a consecuencia de la tortura. Después de dos días de hospitalización, Carlos Antonio fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 El Amate, en el municipio de Cintalapa, donde se pretendió el no ingreso debido al estado grave de su salud, hasta el momento no cuenta con el seguimiento médico adecuado frente a su situación y su salud esta en riesgo.

El Juez de Control mediante exámenes médicos constató las lesiones que presentaba, por lo que ordenó a la Fiscalía de Distrito Centro de Chiapa de Corzo investigar la Tortura y a pesar de eso lo vinculó a proceso. La investigación por Tortura no tiene ningún avance hasta el día de hoy. Julia denunció públicamente los hechos, por lo que en diferentes ocasiones ha recibido amenazas y hostigamiento por policías de la Fiscalía de Alto Impacto.

Carlos Antonio ha permanecido un año y tres meses en prisión preventiva,1 es acusado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa hechos que se darían en un asalto cometido el día 23 de octubre de 2019, en el municipio de Ixtapa, Chiapas, cuando fueron asaltados pagadores del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) custodiados por policías. Desde marzo de 2020, se espera la audiencia intermedia. Para el Poder Judicial del Estado de Chiapas, los casos donde existen violaciones graves a derechos humanos no tienen el carácter de urgente o prioritario2 y los Jueces no garantizan el debido proceso y el derecho a un juicio justo excluyendo pruebas obtenidas por medio de Tortura a pesar de que desde junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos Crueles Inhumanos o Degradantes.

Julia y Carlos Antonio, representan el patrón sistemático de violaciones a derechos humanos cometidas en el estado de Chiapas frente a la ineficacia de la Fiscalía para investigar de manera sería y diligente las denuncias de hechos de Tortura. Debido a las omisiones y la impunidad que prevalece el presente caso, el día 9 de febrero de 2021, el Frayba solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República valorar la atracción del caso para la investigación de la Tortura.

El Frayba exige al Estado mexicano cumplir con su obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, integridad y seguridad personal de Julia Hernández Hernández y Carlos Antonio López Robles víctimas de Tortura; garantizar el acceso a la justicia sin ninguna discriminación e investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de cometer el delito de tortura para que estos hechos no se sigan cometiendo en nuestro país.

1 El plazo máximo para que una persona sea juzgada es de un año, artículo 20 Inciso B Fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Acuerdo General No. 03/2020 ante la contingencia de salud. Disponible en: https://bit.ly/3bunI3f


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
9 de marzo de 2021

Boletín No. 2

Descargar: La Fiscalía General del Estado de Chiapas se mantiene en la Tortura

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Avispa Midia

(Español) Encuentro de mujeres del CNI: “Nuestra respuesta es la colectividad y la comunidad, desde el rincón más pequeño hasta el conjunto del planeta”

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Por Sare Fabres

Fotos por Janda de Luna

El pasado 6 y 7 de marzo del presente año se dieron cita diversas mujeres indígenas provenientes de los diversos pueblos originarios de México, en el edificio que anteriormente fungía como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para realizar el 3er Encuentro Nacional del Mujeres del Congreso Nacional Indígena (CNI).

El espacio está ocupado desde el día 12 de octubre del 2020 por la comunidad Indígena Otomí, residente en la Ciudad de México, por la falta de respuesta del gobierno para atender sus demandas de vivienda.

Mujeres otomíes en el ex edificio del INPI

En el encuentro, las mujeres trabajaron en torno a tres meses de análisis y debates que llamaron: Mujeres y Territorio; Mujeres, Resistencias y Autonomía; Alternativas al Sistema Patriarcal.

Tomaron sus medidas para contener la propagación de la Covid-19 y así trabajaron durante dos días. Entre los acuerdos a los que llegaron señalaron que se sumaban a las acciones de las mujeres Otomí quienes ya estaban cansadas de tocar las puertas de los gobiernos en turno, “especialmente el actual tan engañoso y mentiroso”, dijeron en su pronunciamiento.

3er encuentro de mujeres del CNI

De la misma forma, se pronunciaron “en contra de la guerra contra nuestros hermanos y hermanas del EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) y de los asesinatos de los defensores y defensoras de la madre tierra”.

Denunciaron que, en todas las regiones del país, los derechos y conquistas de los pueblos originarios están siendo pisoteados por lo poderosos del sistema capitalista patriarcal. “Las mujeres vivimos cada vez más en peores condiciones de vida. Pero también vemos que, a nivel internacional, los pueblos del mundo estamos viviendo las mismas situaciones de mayor despojo, mayor destrucción, mayor explotación y mayor represión”, aseveraron las indígenas.

Alertaron que lo que el planeta esta viviendo es una guerra de exterminio a escala global, por ello, anunciaron que “junto con nuestros compañeros y compañeras zapatistas, estamos viendo la importancia de enlazarnos entre todos los pueblos de abajo y de lucha del mundo. Particularmente con las mujeres. Para aprender, para hablar de los dueños de las empresas que nos vienen a destruir”, dijeron las mujeres indígenas en torno a la próxima gira que realizará el EZLN e integrantes del CNI rumbo a Europa.

“Nuestra respuesta es la colectividad y la comunidad, desde el rincón más pequeño hasta el conjunto del planeta”, expresaron.

Escuche el pronunciamiento:

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CIPOG-EZ

(Español) Comunicado del CIPOG-EZ sobre las graves violaciones a los derechos humanos en la montaña baja de Guerrero

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno
A los medios libres y autónomos
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
Al Pueblo de México

Los pueblos originarios históricamente hemos vivido la explotación, el desprecio, el despojo y la represión; hemos sido masacrados o ignorados al grado de morir de hambre o de una
enfermedad que en cualquier ciudad del mundo podría sanar con medicamentos comunes.

Hoy en día la situación se agrava, los recursos naturales y el territorio continúan siendo espacios de disputa por las empresas y por el crimen organizado. Mientras los gobiernos invisibilizan esta situación, todos los días somos asediados para ser despojados de
nuestros territorios.

Informamos que durante los trabajos de una Misión Civil de Observación en nuestras 24 comunidades (Acahueuetlan, Ahuehueytic, Ahuixtla, Alcozacán, Amatitlán, Ayahualtempa, Buena Vista, Cantera Rosa, Cuamaniotepec, El Paraíso Tepila, Mexcaltepec 1, Monte Emperador, Nuevo Amanecer, Papaxtla, Rincón de Chautla, Tecongo, Tepozonalco, Terrero 1, Tierra Blanca, Tula Guerrero, Xicotlán, Xolotepec, Zacapexco, Zulchuchio), ubicadas en la Montaña Baja de Guerrero, pertenecientes al municipio de Chilapa de Álvarez y de José
Joaquín de Herrera, que conformamos al CIPOG-EZ pertenecientes al CNI-CIG, con el
testimonio de niños, niñas, hombres, mujeres, abuelos y abuelas, se están documentando
graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas, tortura, encarcelamientos, ordenes
de aprehensión, falsas denuncias, desaparición y desplazamientos forzados, asesinatos con una gran saña y brutalidad, aunado a la falta de acceso a los derechos más básicos como lo son: salud, educación, trabajo, acceso a la justicia, seguridad, identidad y al libre tránsito, ya que nuestras comunidades se encuentran cercadas por grupos del crimen
organizado que diariamente amenazan, atacan, disparan y nos mantienen en asedio.
Vivimos una guerra sistemática y de exterminio denunciada ya en los tres niveles de gobierno, el federal, estatal y municipal, denuncia que se ha pretendido resolver con dinero o simplemente con el silencio cómplice, pues las comunidades hemos denunciado constantemente desde el 2015 al grupo del crimen organizado y paramilitar autodenominado «Los Ardillos».
Señalamos que esta Misión Civil de Observación se encuentra documentando las violaciones a los derechos humanos desde el 20 de febrero y permanecerá aquí hasta el 27 de febrero, y ésta se encuentra monitoreada por Centros de Derechos Humanos,
organizaciones y colectivos nacionales e internacionales que están recibiendo y ordenando
la información para hacer las denuncias correspondientes.
Pedimos a nuestr@s hermanas y hermanos de los colectivos y organizaciones nacionales e
internacionales que se han solidarizado con nuestra lucha, que estén pendientes de la
información que resulte de estos trabajos.

Atentamente:
CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA
ORGANIZACIONES CAMPESINAS DE LA SIERRA DEL SUR
MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN DE LA SEXTA
¡Alto a los asesinatos contra el CIPOG-EZ!
¡Alto a la guerra paramilitar contra las comunidades zapatistas del EZLN!
¡Alto a la guerra paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!
¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG!
¡Nunca más un México sin nosotr@s!

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Avispa Midia

(Español) Honduras | Por supuesta usurpación de tierras detienen a dos integrantes de la OFRANEH

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Por Angel Huerta

El miércoles (3) la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) alertó sobre la detención de Marianela Solorzano y Jennifer Solorzano, ambas de la OFRANEH, acusadas de usurpación de tierra. Jennifer fue detenida por elementos de la policía el día 3 cerca de las 18h30, mientras conducía hacia el municipio de Santa Fé. Al enterarse, su hermana Marianela se presentó en el mismo día en las instalaciones de la posta policial en donde también fue detenida por supuestamente contar con orden de captura.

Marianela Solórzano es defensora de los derechos de la comunidad garífuna LGBTI y Jennifer Solórzano es defensora de los territorios ancestrales garífunas. Sus detenciones se dan en el marco de continuas agresiones y persecución en contra del pueblo garífuna, organizado en la OFRANEH.

Diversas organizaciones en Honduras e internacionales se pronunciaron por la arbitraria  detención y responsabilizaron al gobierno del presidente Juan Orlando de lo que le pueda pasar a Jennifer Solorzano y Marianela Solorzano, además se declararon en alerta, señalaron que “¡No son delincuentes, son defensoras!”. Estas detenciones se dan en el contexto de que hoy se lleva a cabo la audiencia de supervisión de cumplimiento, ante la Corte Interamericana, de las sentencias de las comunidades Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Honduras ya que las comunidades no habrían contado con un título de propiedad sobre su territorio tradicional que fuese culturalmente adecuado. Además señalan la falta de una consulta previa, libre e informada respecto a la adopción de decisiones como la planificación y ejecución de proyectos y megaproyectos turísticos, la creación de un área protegida y la regulación de ventas de sus tierras comunitarias.

¡Basta ya!

La OFRANEH, representantes de familiares y garífunas crearon el Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz – SUNLA. El comité, que será dirigido por un consejo directivo, realizará mesas de trabajo de derechos humanos, donde participarán familiares de las víctimas, expertos en investigación criminal y abogados, involucrados en el caso de Triunfo de la Cruz.

SUNLA es una palabra garífuna que en español significa ¡basta ya!. Este espacio se crea en un contexto de violencia y graves violaciones de los derechos humanos al pueblo garífuna, donde las comunidades sufren una elevada violencia. En menos de dos años ha dejado 40 personas asesinadas, sectores desplazados forzadamente y las desapariciones de cinco jóvenes de quienes desde hace 7 meses no tienen información de las investigaciones estatales.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) forman parte de este comité. Desempeñan el papel de intermediarias entre el comité y las instituciones del gobierno, en el proceso de investigación.

El 18 de julio del 2020 treinta hombres fuertemente armados, portando distintivos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), ingresaron a la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz en el Departamento de la Atlántida, Honduras, y secuestraron a cinco personas de la comunidad, entre ellos líderes y un miembro del patronato. De acuerdo a testimonios de la comunidad, los elementos que se identificaron como agentes de la DPI tenían plenamente ubicadas a las personas, sus viviendas y las de sus familiares cercanos. A siete meses del ocurrido no ha habido avances y el gobierno se niega a entregar información sobre la investigación.

El 29 de octubre de 2003 la CIDH recibió una petición presentada por la OFRANEH contra la República de Honduras. La misma fue admitida el 14 de marzo, fue hasta el 8 de octubre de 2015 cuando la CIDH declaró la responsabilidad internacional de Honduras por la violación al derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz y sus miembros. Además, la Corte ordenó al Estado la adopción de determinadas medidas de reparación. “Después de la sentencia de la Corte, los integrantes más visibles se convirtieron en objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, para con ello ceder en la exigencia del cumplimiento de esta”, ha denunciado la organización garífuna.

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Avispa Midia

(Español) Organizaciones denuncian estrategias de contrainsurgencia de la 4T hacia los zapatistas

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Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el modelo de contrainsurgencia en Chiapas “es más cínico, al estar violando derechos humanos, acuerdos, tratados y pactos nacionales e internacionales usando una supuesta legitimidad electoral para hacer el mismo trabajo criminal de los anteriores”, sentencia el segundo informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación, formada por decenas de organizaciones, redes y colectivos.

El documento es resultado del registro en las visitas a las comunidades zapatistas realizadas durante octubre del 2020 a febrero del presente año. En él, subrayan que en Chiapas la guerra de contrainsurgencia desde la “cuarta transformación” no solo sigue en práctica, sino que se expresa de distintas maneras, en lo económico, político, agrario, psicológico y militar-paramilitar.

“La estrategia está siendo articular varias tácticas que van desde una campaña informativa de desprecio y desprestigio hacia el EZLN íntimamente relacionadas con la presencia de la Guardia Nacional y grupos armados, la ejecución de megaproyectos y programa de descampesinización como ‘Sembrando Vida’ y el hostigamiento a miembros del CNI (Congreso Nacional Indígena). Teniendo como objetivo una avanzada que consiste en despojar de la tierra recuperada a los pueblos zapatistas”, denuncia el informe.

Entre las principales afectaciones a la vida de las comunidades BAEZLN, se considera el impedimento para sembrar y cosechar sus alimentos, la constante vigilancia y hostigamiento, principalmente a mujeres, además de la destrucción de infraestructura para la realización de los trabajos colectivos en hortalizas, tierras de sembradío y ganado.

En el informe presentado el 11 de noviembre del 2020, las y los integrantes de la Caravana de Solidaridad y Documentación identificaron siete mecanismos de violencia de la guerra integral de desgaste hacia los pueblos zapatistas.

Éstos son: 1) Invadir tierras y destruir la Madre naturaleza; 2) Cercamiento con alambrados y ambiente de balazos; 3) Violentar el derecho al acceso al agua; 4) Provocar el hambre; 5) Destruir la economía autónoma; 6) Violencia de difamación, calumnia y desinformación y 7) Mecanismos de Violencia hacia los cuerpos-territorios de las Mujeres.

Para el periodo de diciembre del 2020 a febrero del 2021, el informe identifica cuatro de ellos a continuación.

1) La modalidad de dominio y terror que adquiere el despojo frente a la impunidad de los tres niveles de gobierno hacia los grupos invasores ha llevado a que las familias zapatistas abandonen sus casas y se concentren en un espacio de resguardo seguro; las familias han quedado encapsuladas en tres cuartos de hectárea, ahí siguen resistiendo desde el trabajo colectivo de la carpintería, la clínica, la escuela, tienda, iglesia.

2) El desgaste psicosocial para las mujeres es cada vez mayor. Situación que las coloca en un estado de vulnerabilidad al no poder transitar libremente y estar bajo intimidación permanente por parte de líderes invasores

3) Como consecuencia vemos la conversión del territorio común a propiedad privada. Invadir, cercar y parcelar la tierra recuperada para generar terror y desánimo una vez que transforman todos los espacios vitales-elementales para la reproducción de la vida comunitaria y autónoma en espacios exclusivos de propiedad privada donde la relación hacia la Madre naturaleza cambia a su uso como mercancía.

4) Nuevos terratenientes líderes. Los catequistas, ex policías y propietarios de tierras ofrecen tierras recuperadas a personas ajenas a la comunidad, ponen a la venta la tierra en paralelo a la continuidad de la difamación, calumnia y desinformación acerca del proyecto de vida y la forma organizativa autónoma de los pueblos zapatistas.

Agresiones a Nuevo San Gregorio

En una conferencia de prensa para acompañar la publicación del informe, organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos presentaron testimonios y denuncias de familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), sobre las agresiones a su comunidad Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas.

En contexto ⇒ Chiapas: Ante agresiones, bases de apoyo del EZLN interrumpen labores de siembra

“Llevamos casi ocho días aquí, secuestrados en un solo lugar, ahora sí. Las familias que tenemos nuestras casitas, nuestros animales o lo que tenemos cada persona, cada familia, pues ahorita está abandonado”, refiere un testimonio recabado el 7de febrero del presente año, luego que las agresiones escalaron hasta obligar que familias zapatistas abandonaran sus hogares.

Los responsables de la violencia son identificados por las BAEZLN como “Los 40 invasores”. Dicho grupo se conforma de personas que provienen de los ejidos San Gregorio Las Casas, San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Rancho Alegre e incluso algunos de sus integrantes tienen cargos ejidales y eclesiales, además de ser propietarios de tierra en sus ejidos.

Entre los líderes se identifica a Nicolás Pérez Pérez, ex regidor del PRD en el municipio de Huixtán durante los años del 2008 al 2010; Sebastián Bolom Ara, ex funcionario de Huixtán durante el mismo periodo, además de Pedro Hernández Gómez, ejidatario en San Gregorio Las Casas; y Javier Gómez Pérez, ejidatario en la Ranchería Duraznal.

“A inicios del mes de febrero, el grupo de ‘Los 40 invasores’, equipados con machetes, cuchillos, macanas, radios de comunicación, binoculares y celulares montan guardias en varias posiciones: en los diferentes terrenos y espacios de trabajo de la comunidad, en la carretera, en el acceso al manantial y frente al centro de la comunidad. Uno de los invasores, Miguel Bolom Ara, se viste de policía mientras vigila a las familias zapatistas que, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, se han concentrado en el centro del poblado”,

DETALLA EL INFORME SOBRE LOS AGRESORES.

Las organizaciones sociales enfatizaron que la intención de las agresiones es el despojar de las tierras a las BAEZLN. Cabe destacar que hace un año y tres meses el grupo de ‘Los 40 invasores’ llegó al poblado de Nuevo San Gregorio y entre sus integrantes se encuentran ex policías del municipio de Huixtán.

Autonomía

El poblado Nuevo San Gregorio, ubicado en tierras recuperadas por el EZLN cuenta con una extensión de 155 hectáreas, incluyendo el casco de la ex hacienda llamada “Casa Grande” y pertenece al Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”.

A través de 27 años, la comunidad ha conseguido fortalecer distintos trabajos vitales para su proceso de autonomía, tales como proyectos de agroecología, salud, alimentación, educación, justicia y economía.

Para ello, las BAEZLN han realizado múltiples trabajos colectivos, que van desde la administración de una tienda de abarrotes, hasta la producción y venta de artesanías, alfarería, carpintería, ganado, hortalizas, árboles frutales y medicinales.

“Se vive una vida digna desde el ejercicio de los pueblos en resistencia-rebeldía que construyen autosustento con trabajo colectivo para una vida saludable e integral, donde las familias ejercen el derecho a una alimentación y salud equilibrada y equitativa. Los ríos y lagunas no están contaminados, los suelos están sanos, las montañas, los bosques, selvas y ceibas siguen de pie, las mujeres, jóvenes, niños y niñas ensayan arte, cultura, educación. Los pueblos deciden sus formas de autogobernarse”, refiere el informe sobre el modo de vida zapatista que se encuentra bajo asedio constante.

*

Las organizaciones visitaron la comunidad de Nuevo San Gregorio para recopilar las denuncias, lo cual les permitió atestiguar “la impunidad, la complicidad de este régimen que está siendo ejecutado por parte de los tres niveles de gobierno”, afirmó Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas.

Leer también ⇒ Paramilitares vuelven atacar a bases zapatistas, denuncian organizaciones

Entre las organizaciones integrantes de las caravanas de solidaridad y documentación están: Centro de Derechos de la Mujer Chiapas A.C., Colectivo Anarcista El Pueblo (Grecia),  Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C., Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C., Enlace Civil, A.C., Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión, Grupo de trabajo No Estamxs Todxs, Lumaltik Herriak, Médicos del Mundo, Suiza-México, Memoria Viva, Promedios de Comunicación Comunitaria A.C., Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq,  Salud y Desarrollo Comunitario, A.C.,BIZILUR y TxiapasEKIN Plataforma.

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Radio Kurruf

(Español) Chile | Detienen a Erick Montoya, después de diez años en clandestinidad

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Contulmo, 19 febrero 2021.- Nos informan sobre la detención del peñi Erick Montoya, clandestino hace diez año por la persecución del Estado en el proceso de recuperación territorial que encaró como joven Mapuche.

Lavkenmapu: infórmamos que en horas de esta tarde , el comunero clandestino Erick Montoya fue detenido y secuestrado en camino rural de la octava región en cercanías de Contulmo por personal civil, quienes hasta esta hora le someten a detención clandestina y apremios ilegítimos, golpes y tortura sin dar a conocer la noticia como corresponde de forma oficial y sin llevar a cabo los protocolos de detención. La fiscalía insiste en inculparlo por el asesinato del carabinero Hugo Albornoz caído mientras fuerzas policiales irrumpian a la comunidad Wente Winkul Mapu. 2 De abril 2012, caso Ercilla, con la complicidad de Luis Chamorro, fiscal rastrero del poderìo empresarial en la novena región . Recordamos que el peñi Erick Montoya ha sido fiel a sus principios como mapuche apoyando y siendo consecuente con los procesos territoriales mapuche, cosa que lo lleva a tomar la clandestinidad en consecuencia con su feyentun, hacemos un llamado a las expresiones de lucha, las comunidades a estar atento y a visibilizar esta situación y seguir en la senda que nuestros ancestros nos dejaron.

«Libertad a los presos políticos mapuche, Libertad a los presos de la revuelta social, Justicia para nuestros caídos en lucha»

AMULEPE TAIÑ WEICHAN

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Radio Zapote

(Español) Entrevista con Alessia Dro | Movimiento de Mujeres del Kurdistán

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Entrevista con Alessia Dro del Movimiento de Mujeres del Kurdistán en América Latina ☀️
Es un gusto compartirles que regresamos con los 🌙 Lunes de Lunas 🌙 en la cabina nómada de Radio Zapote !!!!
_ EN VIVO HOY _

https://archive.org/details/movimiento-de-mujeres-del-kurdistan-alessia-dro-lunes-y-lunas-de-radio-zapote

→ Quiénes son los kurdos
→ Qué es el Kurdistán
→ La revolución de Rojava
→ Las mujeres en revolución
→ La invasión turca de 2018
→ Campaña 100 razones para juzgar al dictador Erdogan
→ Jineology y el papel estructural de las mujeres en la sociedades sin Estado
¡Libertad para Abdullah Öcalan!
¡Libertad Nudem Durak!

https://go.ivoox.com/rf/65625596

https://archive.org/details/movimiento-de-mujeres-del-kurdistan-alessia-dro-lunes-y-lunas-de-radio-zapote

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Grieta Medio para armar

(Español) El mal llamado “Tren Maya” acumula tres nuevas suspensiones en Yucatán

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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2021. El colectivo Chuun T’aan Maya y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíimbal”, organizaciones que agrupan a miembros de alrededor de cuarenta comunidades mayas, acompañados por los abogados de Equipo Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., dieron a conocer que el día de ayer el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres nuevas suspensiones a las obras del mal llamado “Tren Maya” en esta entidad.

Esta determinación a favor de las comunidades pone en entredicho la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) y determina que se detengan todas aquellas obras de construcción, al menos en el tramo 3 de este megaproyecto, “que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio” yucateco.

La decisión de la jueza del Juzgado Cuarto de Distrito se da en respuesta a los tres juicios de amparo promovidos el pasado 20 de enero por las comunidades organizadas en torno a la Asamblea “Múuch’ Xíimbal” (que significa “caminar juntos” en idioma maya) y el colectivo “Chuun T’aan” (“conjuntar la palabra”, también en lengua maya), las cuales denunciaron una serie de violaciones al derecho a la información, la vulneración del derecho de las comunidades a una adecuada participación y la omisión, por parte de Semarnat, para realizar una “evaluación ambiental regional”.

Con estas tres nuevas suspensiones judiciales que ordenan detener las obras de construcción del tren en tierras yucatecas, suman ya cuatro en este estado, además de las tres que están vigentes en Campeche y la de Palenque, Chiapas, que es de carácter definitivo. Además, en Quintana Roo están por definirse dos amparos más y próximamente la Corte Suprema de Justicia deberá de resolver en torno a otros dos amparos promovidos también por comunidades de Yucatán.

Sin embargo, los integrantes de los colectivos participantes en la conferencia de prensa denunciaron que el gobierno federal no está acatando las resoluciones judiciales que ordenan detener las obras, pues Fonatur, con la coartada el dar mantenimiento a las vías -aun en lugares donde no hay vías- viola de manera sistemática las suspensiones hasta ahora emitidas y prosigue con las obras de construcción y la tala de árboles.

Cuestionados sobre si tienen pruebas de lo anterior, los integrantes de los dos colectivos convocantes y del equipo de abogados respondieron: “si ustedes van [de Yucatán] hacia Campeche van a ver que al lado de la carretera están haciendo obras de desmonte y de aplanado. Esto es una primera fase, no hay todavía construcciones más grandes. Hay desmonte y aplanado al lado de la carretera. Lo que ahorita se pretende es parar la continuación de esas obras de tal manera que de que no se llegue a una situación donde esto sea irreversible para las comunidades, para el medio ambiente”.

En la video conferencia de prensa en la cual los colectivos dieron a conocer esta información, indígenas mayas también denunciaron que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de toma de decisión sobre un proyecto que afecta su territorio”, su integridad cultural, forma de vida y pone en riesgo su existencia como indígenas mismos. De la misma forma, denunciaron la política y estrategia racista del actual gobierno y de Fonatur para deslegitimar la lucha de las comunidades indígenas que se oponen a los megaproyectos de la actual administración federal: “Siguen una lógica de que las comunidades no podemos elegir nuestros proyectos y organizarnos autónomamente. Pero en nuestro territorio es donde nosotros decidimos qué hacer colectivamente, no desde las instituciones”. Y agregaron: “Nosotros como mayas estamos reclamando nuestro derecho a la libre autodeterminación. Por os estamos luchando”.

Tras explicar las razones por las cuales decidieron ampararse y usar las herramientas legales para defenderse de la imposición de estos proyectos en su territorio, afirmaron que desde hace muchos años las comunidades siguen sus procesos de lucha, “reivindicando que desde lo que somos como comunidades tenemos las respuestas a la vida que queremos aquí, de manera colectiva desde las mujeres, desde los hombres, desde los jóvenes, de los abuelos y abuelas que estamos viviendo aquí, porque es nuestra vida y estamos en nuestro territorio”. Y fueron enfáticos al afirmar: “no queremos que decidan por nuestra vida, cuando desde aquí, desde nuestra comunidad podemos saber qué es lo que debemos hacer para regenerarnos comunitariamente”.

Uno de los participantes en la conferencia, quien es profesor de lengua maya, manifestó: “Nos quieren ‘cancunizar’, lo cual no es una buena noticia porque eso significa perder el territorio. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo de turismo como el de Tulum, Playa del Carmen, Cancún… del que es parte el tráfico de drogas y la trata de mujeres, el tráfico de órganos, la pobreza y explotación. Eso es lo que trae cada uno de los vagones del tren”.

Otra de las participantes mencionó que el mal llamado “Tren Maya” “no es un proyecto inocente”, sino que trae consigo una devastación. Detrás de él están “las inmobiliarias impulsando un reordenamiento territorial” que va de la mano con el con el despojo y la mercantilización de la tierra, además de mega parques solares y eólicos que atentan contra la forma de vida de las personas que viven en las comunidades.

Finalmente, el colectivo de abogados organizados en torno al Equipo Indignación, que acompaña legalmente a las comunidades, apuntó que resulta paradójico que mientras el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, firma el Acuerdo de Escazú, “que entre otras cosas establece la obligación de los estados de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas”, en la práctica sigue los usos y costumbres de los gobiernos precedentes volviendo a ejercer la discriminación institucionalizada del Estado mexicano hacia las comunidades indígenas, a las que nuevamente ignora en la toma de decisiones.

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Avispa Midia

(Español) Llevan preso al rapero que llamó al rey de España “capo mafioso” y “borracho tirano”

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Por Ñaní Pinto

El rapero Pablo Rivadulla Duro, conocido como Pablo Hasél, ha sido aprendido y llevado a prisión por nombrar en sus letras a la realeza española, en especial, al Rey Juan Carlos I, como “capo mafioso” y un “borracho tirano”.

El rapero y activista tenía la opción de entregarse voluntariamente a la justicia antes del pasado viernes, al ser condenado por la Audiencia Nacional a nueve meses de cárcel por “enaltecer al terrorismo e injuriar a la Corona” con su música. Pero Hasél sostuvo que si se entregaba sería “una humillación indigna”. Es así que se atrincheró en el edificio de la Universitat de Lleida, en Cataluña, con varios simpatizantes y activistas.

“Estoy encerrado junto a bastantes solidarios en la Universitat de Lleida, tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme. Es en el rectorado de la Rambla Aragó por si alguien de por aquí quiere echar una mano”, compartió Hasél en un mensaje por sus redes sociales.

Pero este martes (16) un fuerte operativo de los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana), con equipos antidisturbios, fue desplegada en la universidad desde las 6h30 de la mañana para detener al rapero Hasél.

Al momento de su detención Hasél gritó, “nunca nos callarán, muerte al Estado fascista”. Los agentes lo trasladaron al centro penitenciario de Ponent.

Mientras tanto, en diversas regiones de Cataluña se han desatado una serie de acciones directas en solidaridad con el rapero. “Como respuesta, entre las siete y las ocho de la tarde de hoy (16) se han convocado concentraciones a lo largo del territorio”, anunció la organización Alerta Solidaria en sus redes sociales. Por su parte, la Plataforma Absolución CS 13 Rosas también ha llamado a realizar movilizaciones convocadas para el día miércoles a las 17h.

En la ciudad donde ha sido detenido el cantante se han movilizado más de mil personas para demostrar su apoyo y también para realizar acciones directas. A la exigencia de libertad de este activista se han pronunciado más de 200 personalidades de la cultura, encabezadas por Serrat y Almodóvar, entre otros, quienes han firmaron una petición contra su sentencia, que fue confirmada por un tribunal español desde el lunes pasado.

Amnistía Internacional también compartió un mensaje en sus redes sociales argumentando que el arresto de Hasél era “una noticia terrible para la libertad de expresión en España”.

El rapero intuía un día antes que sería detenido y expresó en sus redes, iré a prisión “con mi cabeza en alto”, y también agregó, “no podemos permitir que dicten lo que podemos decir, lo que podemos sentir o lo que podemos hacer”.

Con certeza el activista y rapero continuará su resistencia desde la prisión, ya que en su propio video llamado “Nuestras Libertades”, sus letras anuncian, “la cárcel es otra trinchera, seguiré aportando. No veréis derrotado fascista”.

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Congreso Nacional Indígena

Acción urgente. Denuncia de agresiones y detención arbitraria contra integrantes del Congreso Nacional Indígena en Ocosingo, Chiapas

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Ocosingo, Chiapas, México.

15 de febrero de 2021

Al pueblo de México

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos

A los medios de comunicación

Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPINOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido El Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido Peña Limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.

Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.

Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

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