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Radio Zapote

(Español) O.C.S.S. | Estamos en desacuerdo que se considere como héroes a los ejecutores de la guerra sucia

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AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS
Al pueblo de México:

¡EXIGIMOS JUSTICIA NO DISCURSOS MAÑANEROS!

El 22 de junio recién pasado, en un acto público efectuado en el campo militar numero 1, se dieron a conocer algunas acciones para el esclarecimiento de la llamada “Guerra sucia” efectuada entre los años 1965 a 1990, que realiza o pretende realizar el gobierno federal.

A nosotros, militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), viendo y oyendo ese evento, nos han surgido varias preguntas:

¿Porque hasta 1990?, ¿Por qué no se investiga a los muertos, desaparecidos y encarcelados por el estado mexicano después de esa fecha? ¿Se protege a alguien?

(Continuar leyendo…)

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Avispa Midia

(Español) Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

Protestas en el marco del quinto aniversario del desalojo de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.

 

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CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

(Español) Comunicado de la comunidad de Tula Guerrero, municipio Chilapa de Álvarez, Estado de Guerrero

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AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.

AL CONCEJO NACIONAL INDIGENA.

A TODOS LO MEDIOS DE COMUNICACION LIBRES.

A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE LUCHA SOLIDARIAS

A TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO.

AL PUEBLO DE MEXICO.

PRESENTE.

 

Antes que nada queremos AGRADECERLES a tod@s por el apoyo brindado, el acompañamiento y la difusión, en estos momentos inciertos que sufrimos los pobladores las comunidades pertenecientes al  de Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y policías comunitarios de las CRAF-PC-PF, derivado del apoyo solidario recibido el día de ayer veintitrés de junio, ceso la incursión que tenían planeada realizar los sicarios de los Ardillos, liderados por los Hermanos Celso Ortega, a Torres intelectuales de todos nuestros más de cincuenta muertos, desapariciones forzadas ,  desplazamientos , ataques y demas delitos contra nuestras comunidades  .

 

Hacemos de su conocimiento que los ataque por el grupo delincuencial con tácticas paramilitares “LOS ARDILLOS”, siguen atacando las comunidades, con armas de fuego, así como con drones y artefactos explosivos los cuales cada vez tiene mayor rango de alcalde , generando un radio de destrucción mayor, creando paico colectivo, a todas horas y en especial por la noche, por tal motivo acudimos al destacamento del ejército mexicano que se encuentra en la Base de Operaciones Mixtas BOM, para que constatara los que hemos estado denunciando, mas sin embargo no hacen nada, son simples espectadores, recogiendo el material remanente de dichos artefactos.

 

El día de hoy estos elemento del ejército mexicano, tenían la consigna de recorrer la  ZONA que resguardamos, organizados en policías comunitarios, que hemos sabido defender, a lo cual les respondimos que el conflicto viene del cerro donde están atrincherados LOS ARDILLOS, que es ese lugar el que deben recorrer ya que ellos son los generadores de esta ofensiva.

 

Nuevamente las autoridades comunitarias, comisarios, policías comunitarios de las CRAF-PC-PF y  pobladores de las comunidades perteneciente al CIPOG-EZ les  SOLICITAMOS SE ENCUENTREN ALERTA, no sabemos en qué momento  LOS ARDILLOS  realizaran ataque ofensivo en nuestra contra, siguen los ataques cada vez con mayor intensidad y al gobierno de la cuatro “t” no le interesa la inseguridad en que vivimos los pueblos originarios, siendo esto lo responsables de todos nuestros muertos, de la región de la montaña baja, el corredor de valle de la Salud, Tixtla, Chilpancingo y demás zonas que intentan controlar.

 

Mientras tanto seguimos resistiendo, ya que EL GOBIERNO DE GUERRERO ES INCOMPETENTE, enviando a personas que solo vienen hacer acto de presencia porque su cargo así lo requiere, pero en realidad no les importa lo que nos ocurra, mientras ellos sigan cobrando por tomarse la foto y hacer como que trabajan, es por eso que le decimos a la MAL LLAMADA GOBERNADORA DE GUERRERO EVELYN SALGADO PINEDA, que no vuelva a enviar A SU COMPINCHE FRANCISCO CISNEROS RODRIGUEZ, quien manipulo la información, si quiere diálogo preséntese en la comunidad e invite a gobierno Federal y Municipal  si tienen miedo nosotros la cuidamos como lo hacemos día a día por nuestras familias. 

 

Lo anterior  a  casi una semana de los ataques con armas de grueso calibre, drones, artefactos explosivos, donde no recibimos respuesta contundente, solo nos envían espectadores, solicitamos de manera urgente al Estado Mexicano para que adopte todas las medidas que sean necesarias con el fin de prevenir  un daño irreparable.

 

Así mismo externamos nuestra preocupación ante la falta de medidas que garanticen la vida e integridad personal, por parte del Estado Fallido y todas sus instituciones, la asamblea de nuestras comunidades  ha tomado la decisión  de bloquear de manera indefinida la carretera a la cabecera municipal de Chilapa y José Joaquín de Herrera, no se permitirá la circulación a ningún tipo de vehículo, hasta que se presenten el representante del poder ejecutivo en el estado, de la fiscalía de justicia y de la secretaria de gobernación .

ATENTAMENTE

CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, CIPOG-EZ

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Avispa Midia

(Español) Arrecia represión contra autoridades Q’eqchi’ que resisten a minería en El Estor

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Conferencia de prensa de Autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ para informar sobre la denuncia interpuesta ante la CIDH. Foto: Cortesía de Autoridades ancestrales

La represión y criminalización contra las autoridades maya Q’eqchi’ que resisten a la operación ilegal de la minera CGN – Pronico, subsidiaria de la compañía ruso-suiza Solway, arreció en los pasados días con la detención de dos personas.

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El lunes (13), Cristóbal Pop, integrante de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, departamento de Izabal, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Pop fue aprehendido después de haber participado en una conferencia de prensa realizada en la capital de Guatemala, donde junto autoridades mayas Q’eqchi’, informaron sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia es por la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dejó fuera de este proceso a 94 representantes de las comunidades Q’eqchi’ y con ello consiguió mantener en operaciones a la minería de níquel en El Estor.

Acorde a los testimonios de las autoridades Q’eqchi’ que viajaban con Pop, agentes con el rostro cubierto detuvieron el vehículo en que se movilizaban de regreso a sus comunidades. En el operativo policiaco también fue detenido Roque Sut Cucul, también autoridad del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ y originario de Tierra Linda Panzós, departamento de Alta Verapaz.

Cristóbal Pop y Roque Sut Cucul detenidos por la PNC de Guatemala. Foto: Juan Rosales / Prensa Comunitaria

Según información de Prensa Comunitaria, desde el 14 de enero de este año existe una orden de aprehensión en contra de Pop por el delito de instigación a delinquir, “supuestamente por agredir a 13 agentes de la PNC en una manifestación pacífica, organizada por las autoridades de los cuatro Consejos en la entrada del municipio en rechazo a la operación ilegal de CGN”.

Cabe destacar que dicha orden fue emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, denunciado por el Ministerio Público por beneficiar a un grupo de narcotraficantes en Izabal. Arteaga también giró órdenes de captura contra 11 personas que participaron en el plantón pacífico y contra el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien llegó a documentar el desalojo violento realizado por policías y militares en octubre de 2021.

No es la primera vez

En mayo de 2017, Cristóbal Pop fue una de las primeras personas que denunció ante el Ministerio Público (MP) la aparición de una mancha roja en el Lago de Izabal. Pese a denunciar la contaminación, de la cual después se sabría derivó de las actividades de la minera de níquel, la Fiscalía atendió una demanda de la minera contra Pop.

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Por ello fue detenido el 22 de enero de 2019 y permaneció preso más de tres meses. Actualmente Pop mantenía un proceso penal en su contra y recaían sobre él medidas sustitutivas por lo cual debía presentarse mensualmente al MP.

En testimonio para Prensa Comunitaria, Cristóbal Pop compartió que conocía de la orden de captura en su contra debido a sus labores en la defensa del territorio. “¿Qué podemos esperar de un Estado que criminaliza al pueblo indígena por exigir su derecho?”, reclamó a los medios locales.

Detención de Cristobal Pop. Foto: Simón Antonio / Prensa Comunitaria

“Tenemos un respaldo legítimo de las acciones legales y lo que hemos logrado durante los cinco años”, dijo Pop, en referencia a las acciones realizadas por la Gremial de Pescadores para detener la operación ilegal de la minería en El Estor. También responsabilizó al Estado de Guatemala por las consecuencias contra su salud y su vida derivadas de la detención.

“Mi lucha ha sido legítima, mi lucha no ha sido como lo que tildan, solo porque nos da la gana, sino que el mismo Estado nos obliga, por ejemplo lo que pasó en 2021, en octubre, sobre la resistencia, porque es ahí cuando se da esta orden de captura”, sostuvo.

CIDH

Autoridades ancestrales del pueblo maya Q’eqchi’ de los municipios de El Estor, departamento de Izabal y Panzós, departamento de Alta Verapaz, denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH, el pasado 8 de junio, en reclamo por el despojo de tierras cedidas a la empresa Ferrocarril Centroamérica del Pacífico, además de la actual situación por las operaciones del proyecto minero Fénix.

Según las autoridades, son tres las razones de la denuncia ante la CIDH: El despojo de la tierra y el territorio; la violación al derecho a la consulta y la represión contra integrantes de las autoridades ancestrales y líderes comunitarios que defienden sus comunidades ante la imposición de megaproyectos.

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Las autoridades maya Q’eqchi’ compartieron que se ha recrudecido la violencia estatal en su contra y prueba de ello son las órdenes de aprehensión en contra de una docena de personas, quienes son acusadas por por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de instigación a delinquir durante la represión policial contra la resistencia antiminera el 22 y 23 de octubre de 2021.

Ya en noviembre del año 2021, las comunidades mayas Q’eqchi’ habían solicitado medidas cautelares a la CIDH durante la vigencia del estado de sitio declarado por el gobierno de Alejandro Giammattei. En aquella ocasión argumentaron riesgos por los atropellos que vivían pues fueron allanadas viviendas de autoridades ancestrales, periodistas y una radio comunitaria.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Familias unidas contra la tortura: seguimos en lucha por lograr la justicia, libertad y reparación de daños

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Villaflores, Chiapas a 7 de junio de 2022

“Día de la libertad de expresión”

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional,
Internacional e Independientes

PRESENTE.

Somos la Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos”. Bajo el reconocimiento mediante la protección y el respeto a nuestro derecho fundamental a la libertad de expresión, la prensa, medios de comunicación y todo aquel que quiera alzar su voz y opinión tendrá espacio en esta sociedad.

En el marco del “día de la libertad de expresión”, como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y fabrica de culpables expresamos que seguimos en nuestra lucha y esperanza de lograr la justicia, libertad incondicional y la reparación integral de todos los daños que el Estado mexicano nos ha causado.

NO nos cansamos de denunciar públicamente las malas practicas realizada por las Fiscalías del estado de Chiapas, en la que se preserva la fabricación de culpables y criminalización de personas inocentes, pobres, marginados y defensores de derechos humanos, así como de la complicidad por parte del Poder Judicial del Estado, esta relación Fiscalía y Poder Judicial ha generado una desacreditación en el supuesto “Chiapas seguro”, marcado por el Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas.

Manifestamos que las investigaciones realizadas por las Fiscalías en los delitos de homicidio calificado, secuestro, motín, perpetradas a personas inocentes, contienen deficiencias de fondo y de forma. Las y los jueces son cómplices de subsanar (corregir) las deficiencias en las investigaciones, vinculando a proceso, llevando a prisión preventiva hasta por 2 años y sentenciando a personas completamente inocentes. Todo lo contrario a lo que marcan legislaciones mexicanas, marcadas por los principios del Sistema Penal Acusatorio.

Estas practicas siguen vigentes hoy en día realizadas por los Fiscales del Ministerio Público en el Estado, una de las Fiscalías que hemos denunciado continuamente ha sido la Fiscalía de Distrito Fraylesca, ubicada en el municipio de Villaflores, Chiapas anteriormente dirigida por el Fiscal Daniel Arellano Camacho, en la que dicho Fiscal los jueces le han permitido sanar sus deficiencias en investigaciones por los delitos de homicidio y se han sentenciado injustamente a personal inocentes, como es el caso de Yonny Ronay Chacón Gonzalez.

Cabe reiterar que en dicha fiscalía de distrito Fraylesca, se fabrican testimonios de personas que no tienen conocimiento de que han usado indebidamente sus identificaciones, inventan declaraciones de personas que perdieron la vida y aparecen como supuestos testigos en delitos señalando a víctimas de inculpación del delito, con la finalidad de que sus testimonios tengan validez y puedan sentenciar de manera injusta. Es importante remarcar las irreglaridades que realiza la Oficina de Registro Civil de Villaflores al expedir actas de defunción sin cumplir los requisitos establecidos para su expedición, como es el caso de Luis Carlos Dominguez Martinez, quien actualmente lleva un proceso penal, basado en irregularidades garrafales en la investigación con testimonios fabricados.

Como hemos mencionado, la criminalización por delitos fabricados esta muy presente en el estado de Chiapas, tal es el caso de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano defensores comunitarios del municipio de Chilón, quienes fueron procesados en octubre de 2015 por el delito de motín y actualmente enfrentan un proceso penal en libertad.

Ahora 5 personas indígenas tseltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más integrantes de la parroquia de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, de sus tierra y territorio, quienes el día de ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso y sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía indígena de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

  • Solicitamos la solidaridad Nacional e Internacional de Organismos de Derechos Humanos, Sociedad Civil y familiares víctimas de estas malas practicas para visibilizar la grave situación de injusticia en el Estado de Chiapas y pronunciarse en contra de este sistema de criminalización a intereses del Estado mexicano.
  • Exigimos a los Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, la exclusión de pruebas que en su valoración humana y precisa sean violatorios a derechos humanos y hayan sido obtenidos con vicios formales por parte de las Fiscalias, con el objetivo de procesar a nuestros familiares injustamente presos. Así como de su inmediata libertad.
  • Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, al cese absoluto de la reiterada situación de terror judicial, manifestada en investigaciones con fines de criminalizar a personas inocentes y nuestros familiares.
  • Reclamamos investigaciones profundas y efectivas a perpetradores de violaciones a derechos humanos inmiscuidos dentro de las instituciones de procuración de justicia, fiscales y jueces, quienes han dañado irremediablemente nuestro núcleo familiar y roto sueños.

Atentamente,
Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”
Chilón,
Cintalapa,
Jiquipilas,
La Concordia,
Palenque,
Pichucalco,
Playas de Catazajá,
San Cristóbal de Las Casas,
Teopisca,
Venustiano Carranza.
Villaflores.

       
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Avispa Midia

(Español) La violencia se agrava contra comunidades indígenas del Perú

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Fuente: Avispa Midia

Por Javir Bedía Prado

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
7 de junio de 2022

Boletín No. 20

En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

    • Injusta vinculación a proceso a defensores comunitarios de San Juan Cancuc en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio

    • Exigimos la libertad inmediata de los cinco detenidos.

Ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso cinco indígenas tseltales del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, quienes fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el pasado 4 de junio dio a conocer a través de Boletín de Prensa No. 19 y la Acción Urgente No.7 [1], la criminalización y detención injusta de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.[2] Esto como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

Como adelantamos, la situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolvería el día lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, y existía el riesgo de que continuara su detención en virtud de que el poder judicial de Chiapas había demostrado ser parte de este ejercicio de criminalización.

Dentro de la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de control no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aún cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez; además de existir serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos.

Pese a que defensores de este Centro de Derechos Humanos hicieron notar tales anomalías, el Juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corrobora su contubernio.

Como Centro de Derechos Humanos exigimos una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez. Que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de derechos humanos y de la vida de cuya inocencia existen múltiples testigos. Así como que las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población.

De lo documentado por el Frayba, hemos registrado que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación y fabrican una serie de pruebas a modo para forzar su teoría del caso. Desafortunadamente, esta mala práctica suele incluir la inculpación de personas inocentes. Patrón que a su vez es avalado por el Poder Judicial del Estado. Bajo este contexto se desarrollan los hechos aquí narrados.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, al Pueblo Creyente, a estar pendientes de las acciones para lograr la libertad incondicional de los defensores comunitarios.

*-*

1 Frayba, Acción Urgente no. 7, https://frayba.org.mx/criminalizan-y-fabrican-delito-defensores-ddhh-en-san-juan-cancuc
2 Frayba, Boletín no. 19, https://frayba.org.mx/sistema-justicia-chiapas-criminaliza-defensa-ddhh

 

  Descarga el Boletín No. 20 en PDF

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Avispa Midia

Van a prisión indígenas opositores a la autopista que conectará con Tren Maya

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Organizaciones de derechos humanos acompañaron a familiares de los detenidos para realizar una manifestación en las afueras del CERSS No.5. Foto: Jeny Pascacio

“Estoy preocupada porque está encerrado mi marido y mi hijo Vicente está enfermo, qué tal si se muere. Pido que lo liberen de inmediato porque no es verdad lo que le culpan”, narró Lucia Santiz Aguilar, esposa de Martín Pérez Domínguez, detenido de manera arbitraria y acusado de homicidio calificado junto a Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la parroquia de San Juan Cancuc, Chiapas.

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Lucía participó con otros familiares, defensores de los derechos humanos, sacerdotes y organizaciones acompañantes en una peregrinación que recorrió los alrededores del Centro de Reinserción para Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran los indígenas tseltales.

Foto: Jeny Pascacio

“Quiero justicia para mi esposo porque no es su culpa que haya muerto el borracho”, dijo a Avispa Midia, Josefa Cruz Pérez, esposa del defensor Manuel Santiz. “No es verdad lo que están diciendo las autoridades de San Juan Cancuc, solo es una trampa”.

Josefa y Manuel tienen 12 hijos, uno de ellos aún en brazos. “Estamos sufriendo porque no hay comida para los hijos; pido la libertad”. La madre de Manuel, Matalia Cruz Torres, se unió a la protesta pacífica para exigir a la Fiscalía dejar de criminalizar y hostigar a los indígenas por su labor en los derechos humanos, “esa es la palabra”.

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radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Palabra de indígenas tseltales criminalizados de San Juan Cancuc

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Hoy 4 junio 2022
Cerss 05

Al público general
A los derechos humanos
A la Diócesis San Cristóbal.
Al gobierno estatal y federal.

Somos 5 indigenas tseltales de San Juan Cancuc Chiapas, actualmente estamos en cárcel de San Cristóbal detenidos injustamente por la policía y fiscalía de Chiapas nos acusa de un delito que no cometimos, la fiscalía no investiga bien solo quiere inventar culpable por eso exigimos nuestro libertad inmediata ya que nuestra familia está sufriendo, la comunidad sabes que nosotros decimos la verdad pedimos que no nos dejen solos.

Atentamente.

Manuel Santiz Cruz.
Agustín Pérez Domínguez.
Juan Velasco Aguilar.
Agustín Pérez Velasco.
Martin Pérez Domínguez.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Sistema de justicia en Chiapas criminaliza a Manuel Sántiz Cruz por la defensa de derechos humanos

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
4 de junio de 2022
Boletín No. 19

Contubernio entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Chiapas criminaliza a Manuel Sántiz Cruz y siete defensores tseltales por su defensa de derechos humanos

• El sistema de justicia fabrica delitos para limitar el ejercicio de defensa de la vida, la tierra y el territorio.
• La procuración e impartición de justicia en Chiapas esta secuestrada por intereses políticos y privados, ajenos a la verdad y la justicia. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el contubernio que existe entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (Fiscalía Indígena) y el Poder Judicial del Estado (Juzgado de Control), para la criminalización del ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Manuel Sántiz Cruz, indígena tseltal (en adelante Manuel Sántiz) en el municipio de San Juan Cancuc, con el fin de desarticular la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

De acuerdo con lo documentado en la causa penal 78/2022, la Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión contra Manuel Sántiz y otras siete personas por el delito de homicidio calificado el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control, Carlos Lamberto Marquez Espinosa, les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial. Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, en este caso particular en contra de Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, más tres personas (por seguridad omitimos sus nombres) que tienen orden de aprehensión y constituye una acción orquestada bajo los mecanismos de violencia hacia los pueblos, que es la fabricación de delitos como método represivo de sistema judicial en Chiapas.

La detención contra Manuel Sántiz por el delito de homicidio, deriva de una privación arbitraria de la libertad en el municipio de San Juan Cancuc el pasado domingo 29 de mayo de 2022, junto con otras dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía indígena 24 horas después de su detención, el 30 de mayo de 2022, por elementos de la policía especializada quienes los acusaron falsamente de portación de mariguana, siendo trasladados al municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo que daría pie para tener tiempo de fabricar el delito de homicidio calificado que los llevaría a su reaprehensión.

La acusación por portación de droga fue desacredita por medio de tres testigos, quienes el 01 de junio de 2022, dos de ellos fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por elementos de la policía especializada de la Fiscalía Indígena, también acusados dentro de la causa penal 78/2022, como forma de represión por haber testificado la verdad de los hechos, así como para intimidar a los pobladores que pudieran ser testigos de este montaje.

La situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolverá el lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, situación que se da en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio.

Desde del Frayba exigimos la libertad inmediata de las personas defensoras: Manuel Santíz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, así también el desistimiento de la acción penal hacia tres personas que se encuentran resguardadas por su comunidad, lamentamos y denunciamos las practicas de manipulación del sistema de impartición y procuración de justicia y exigimos que se busque la verdad y la justicia, agotando todas las lineas de investigación, con honestidad, lealtad y objetividad. Externamos nuestra preocupación frente a la fabricación de delitos que criminaliza la defensa de los derechos humanos en medio de un contexto de creciente militarización e imposición de proyectos en las comunidades sin consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente.

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