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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Persiste tortura en Chiapas para fabricar culpables


Reunión de familiares de Yonny Ronay con personal de la ONU-DH México

Quienes suscribimos el presente pronunciamiento reafirmamos que Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) un joven mestizo, estudiante de Ingeniería Mecánica Automotriz, fue detenido de manera arbitraria el día 13 de marzo 2019 y durante tres días fue torturado junto a otras dos personas por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECH). Primero fue torturado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y después en Villaflores, Chiapas.

Los actos de tortura que vivió Yonny Ronay consistieron en insultos, amenazas intimidatorias, sometimiento a posturas corporales incómodas, desnudez forzada, vendaje de ojos, golpes con puños, manos abiertas, pies y planchas “de manera” en las piernas, el rostro y cabeza; asfixia con agua, asfixia con una bolsa con sustancia picante, toques eléctricos y tortura psicológica. Los primeros actos de sometimiento bajo tortura ocurrió en el sótano de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado y posteriormente en Villaflores antes de ser llevado a la Fiscalía de Distrito Fraylesca ubicada en ese municipio.

El día 14 de marzo del 2019, se le expuso en medios de comunicación como parte de una banda criminal con armas de grueso calibre. No obstante, en la noche del día 15 de marzo se le concedió su libertad, ya que la Fiscalía de Alto Impacto alegó que a Yonny Ronay solamente se la había encontrado una navaja multiusos.

La noche de su liberación, frente a su familia, Yonny Ronay fue detenido de nueva cuenta a solicitud de la Fiscalía de Distritoo Fraylesca, acusándolo de homicidio y robo. La orden de aprensión había sido solicitada el mismo 15 de marzo de 2019. Yonny Ronay fue trasladado al municipio de Villaflores, mientras tanto, durante el trayecto fue nuevamente torturado. Desde entonces está privado ilegalmente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 08 de la Cuidad de Villaflores, Chiapas.

De acuerdo con la documentación del Frayba, la Fiscalía de Alto Impacto utilizó su licencia de conducir para colocarlo como testigo de cargo de un supuesto delito de robo ejecutado con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército el día 24 de abril de 2019. De esta manera la Fiscalía de Alto Impacto falsificó el testimonio y firma de Yonny Ronay, con los cuales inculparon y sentenciaron a las dos personas privadas de la libertad en el CERSS No. 14 “ El Amate” en la Cuidad de Cintalapa, Chiapas.

En el caso del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la investigación pasó a la Fiscalía General de la República (FGR), quien concluyó que Yonny Ronay no pudo haber sido testigo de esos delitos porque ya se encontraba detenido desde el 13 de marzo de 2019. Así mismo, indicó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas había simulado pruebas contra de las dos personas por el delito de robo y portación de armas. La FGR a sabiendas de los delitos cometidos por los servidores públicos del estado, no emprendió ninguna acción para investigar y sancionar las conductas ilícitas desplegadas por los servidores públicos.

A pesar de contar con pruebas ilícitas dentro de su proceso penal, Yonny Ronay fue sentenciado a 31 años de prisión el mes de septiembre del año pasado. Ante esa determinación judicial, la defensa apeló y se logró reponer el proceso, motivo por el cual la audiencia de juicio oral se llevará a cabo el 21 de enero de 2022 a las 13 horas, en el Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuidad de Villaflores. Debido a las violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, juicio justo e imparcial cometidos contra Yonny Ronay, hacemos un llamado al Juez para efectuar un fallo que garantice la protección más amplia de los derechos humanos.

Desmentimos la afirmación del gobierno federal que la tortura ya está erradicada en nuestro país. Manifestamos nuestra preocupación de que este tipo de violaciones graves a los derechos humanos se siga dando en el actual sistema penal acusatorio. Existe “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención” como ha señalado el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Y que las autoridades mexicanas deben “Pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas…”1 Las autoridades deben comprometerse a llevar a cabo acciones que erradiquen la impunidad arraigada de manera profunda en las distintas esferas de la administración pública.

Por lo anterior, solicitamos:

• Que el Juez penal responsable del juicio oral a efectuarse el día 21 de enero de 2022, tome en cuenta las pruebas que acreditan que Yonny Ronay Chacón González es inocente y le otorgue la libertad inmediata.

• Como consecuencia de la privación arbitraria e ilegal de la libertad y tortura el Estado mexicano repare todo el daño que ha causado tanto a él como a sus familiares.

• Investigar exhaustivamente las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso.

Suscriben

Familiares de Yonny Ronay Chacón González
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)

Personas, organizaciones y colectivas internacionales

Fionn O’Sullivan, London, Reino Unido; Dr Joey Whitfield, Universidad de Cardiff, Gales; Taula per Mèxic. Asociación por la Paz y los Derechos Humanos en México; Asamblea de Solidaridad con México – ASMEX País Valencià; Canopia Cooperativa Valenciana; Perifèries del Món, València; Taller Ahuehuete_México; Compagnie Tamèrantong – Paris, FRANCIA; Solidaridad Internacional Andalucía; CGT. Confederación General del Trabajo, España; Federación Unión Africana, España; Colectivo Acción Solidaria, Viena, Austria; CEDSALA. Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África; Lêgerîn Azadî, Colectiva No Mixta Transfeminista de Apoyo al Movimiento de Liberación del Kurdistan; colectivo «Zapateria Toulouse» ; colectivo (Scotland Zapatista); CSOA l’Horta; Marea Verde Valencia; ACUDES Valencia; Uhuru Valencia; Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá; Hijas de Alkebulan – Panamá; Lumaltik Herriak. Asociación por la Cooperación y el Desarrollo entre los pueblos; Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai – Barcelona, Catalunya; Asamblea Libertaria Autoorganizada «Paliacate Zapatista» – Grecia, Centro de Documentación sobre Zapatismo -Cedoz-; Colectivo Armadillo – Finlandia.

1 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MEX/CAT_C_MEX_CO_7_34944_S.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
20 de enero de 2022
Pronunciamiento conjunto

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí: Pronunciamiento conjunto sobre la libertad de Yonny Ronay

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Radio Zapote

Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte | 17 de Enero 2022

Los y las representantes y miembros de pueblos originarios, organizaciones y colectivos provenientes de distintos puntos de esta geografía llamada México, nos reunimos el 15 y 16 de enero de 2022 en el Altepelmelcalli en el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, con el objetivo de dialogar, compartir nuestras luchas y discutir propuestas de organización y articulación para enfrentar esta guerra ilegal e ilegítima contra los pueblos originarios afectados por los megaproyectos que sangran nuestros territorios, la madre naturaleza y a la humanidad entera.

Compartimos nuestras luchas en mesas de trabajo en donde realizamos un análisis conjunto enfocado en tres ejes: la guerra contra los pueblos, la ley de los Pueblos frente al Acuerdo Presidencial del 22 de noviembre 2021, así como propuestas de Acción.

CONSIDERAMOS:

Que la instalación de gasoductos en diversas geografías de nuestro país desde el territorio yaqui, pasando por Juanacatlán y Lagos de Moreno, Jalisco, Hidalgo, la Sierra Norte y centro de Puebla, Morelos, Tlaxcala y en el Istmo de Tehuantepec, así como en otros países como en el sur de Italia, se está llevando a cabo mediante la imposición, el uso de la fuerza pública, la criminalización, el despojo e incluso el asesinato de compañeros defensores como lo es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. Que estos gasoductos no son para beneficio de los pueblos y la humanidad, sino para los grandes capitalistas que tienen la intención de incrementar la industrialización en nuestros territorios afectando la vida de miles de mujeres y hombres que se dedican al campo y otras actividades diversas, queriendo estos capitalistas convertirnos en esclavos de la industria en nuestras propias tierras, viendo cómo se deteriora nuestra salud y se incrementan sus ganancias a costa de la contaminación que generan.

Que existe una guerra que tiene 529 años cimentada sobre el despojo. Una guerra que destruye el territorio y la vida y que también atenta contra los pueblos originarios, contra nuestros saberes, nuestra cultura, nuestras comunidades, así como contra los y las defensoras del territorio. Es una guerra racista, clasista, colonialista y patriarcal a la que nos enfrentamos en lo local y en lo global, que nos ve a nuestros pueblos y territorios como recursos a extraer. Se realiza a través de la militarización de nuestros territorios por el ejército o el narco, lo que es una evidencia más de esta cuarta guerra contra los pueblos originarios. Esta guerra pretende un exterminio de la diversidad cultural y biológica, que resulta en cambios climáticos y amenaza al mundo entero.

Que el Decreto Presidencial del 22 de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan, intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal en contra de quienes defendemos la vida y nuestros territorios, a través de declarar los megaproyectos de interés público, seguridad nacional y autorizarlos en un plazo no mayor de 5 días, al margen de toda protección ambiental y del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy su discurso de legalidad vuelve a ser la colonización y muerte, pues hace tan solo cien años, era legal matar yaquis y hoy es legal matar nuestra madre tierra y nuestros derechos como pueblos originarios, los primeros pobladores de estas tierras que han llamado México.

Que frente a esta nueva embestida se hace necesario entonces fortalecer la ley de los pueblos, a través de la autonomía y del control del territorio, lo que sólo es posible a través del fortalecimiento del tejido social y de la organización comunitaria. Como pueblos originarios, al existir desde antes de la constitución del Estado Mexicano tenemos derecho a que sean respetados nuestros sistemas normativos propios y para ello debemos continuar luchando a través de diferentes herramientas, que incluyen la organización comunitaria, las acciones directas, la defensa jurídica y la creación de proyectos de vida y formas de energía sustentables. Que debemos trabajar para construir la justicia de los pueblos, basada en la autodeterminación, que contenga la palabra de las mujeres, de la juventud y de la niñez, y que responda a los tiempos de los pueblos y no a los del gobierno.

Compartimos este análisis en asamblea y decidimos llevar a nuestros pueblos, colectivos, organizaciones barriales, vecinales los siguientes

 

ACUERDOS Y PROPUESTAS
PRIMERO: Realizar una Caravana de los Pueblos por la Vida y Contra los Megaproyectos del 22 de marzo al 22 de abril. Esta caravana será de relevos, recorriendo distintos puntos de lucha y atendiendo al calendario de las resistencias de la defensa de la vida. La Caravana iniciará el 22 de marzo en el Altepelmelcalli, Casa de los Pueblos, Juan C. Bonilla, en el primer aniversario de la toma de Bonafont y día Mundial del Agua.

La Caravana llegará a la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes en la Ciudad de México, los días 8 y 9 de abril y a Santiago Mexquititlán, territorio Otomí, el día 10 de abril, aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

La Caravana cerrará el día 22 de abril, día de la Jornada Global contra el Corredor Interoceánico y los Megaproyectos de Muerte “EL ISTMO ES NUESTRO”, en el Istmo de Tehuantepec, y Día de la Tierra . Convocaremos a acciones dislocadas que se sumen al cierre de la Caravana a través de las distintas geografías.

La Caravana también llegará al territorio del Consejo Regional Totonaco y al del Movimiento Agrario Indígena Zapatista en Tehuacán, Puebla, en una fecha por definir.

La Red Futuros Indígenas acuerparán las estrategias de comunicación de la Caravana. La Campaña Luces de las Resistencias donará material didáctico para la campaña.

Más puntos de ruta se definirán próximamente, en colectivo.

 

SEGUNDO: Nos sumamos al calendario de las resistencias

20-25 de febrero – MAIZ invita acompañar la acción de búsqueda del compañero Sergio Rivera en la Sierra Negra de Puebla.

29 y 30 de enero – Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida, en Tehuacán, Puebla.

16 de Febrero – En el Marco de 26 Aniversario del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, se realizará un Foro en la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores Soberanes”, Comunidad Indígena Otomí, CDMX, además de acciones dislocadas en cada región, comunidad y organización.

20 de febrero – Tercer Aniversario del Asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, con acciones articuladas en nuestras comunidades y territorios.

 

TERCERO: Realizar un Encuentro de Juventudes e Infancias en defensa de la vida y el territorio

Onergia cooperativa se suma al Encuentro para capacitación en alternativas energéticas La Red Futuros Indígenas se suma a este Encuentro

Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte: Pueblos Unidos-CNI-CIG, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala-CNI-CIG, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Foro Nacional de las Resistencias y Alternativas de los Pueblos, Heroico Pueblo de Loma de Bácum, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-CNI-CIG, Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo, Futuros Indígenas, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Red Luces de la Resistencia, Un Salto de Vida, Lucha contra el Gasoducto en Lagos de Moreno-CNI-CIG, Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio-CNI-CIG, Consejo Regional Totonaco, Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México-Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, CNI-CIG

 

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 1 de enero 2022 – Resumen anual de noticias del 2021

Programa donde resumimos las notas que dimos durante el año 2 de la Pandemia capitalista global. Una mirada a lo que pasaba en las revueltas y resistencias de los abajos del mundo y de esta región llamada México.
Desde la toma del capitolio por la ultraderecha Trumpista, la constante masacre de Israel contra el pueblo invadido de Palestina, de la revuelta social contra las reformas fiscales y la violencia policiaca en Colombia, el golpe de Estado en Mianmar, la continua represión al territorio Mapuche, la despedida de compas como el Tobi o Luisa Toledo, de una larga lista de crímenes contra defensoras y defensores de la vida y el territorio. LLegabamos asi al segundo año de pandemia global que mostraría al desigualdad e injusticia en la que se basa el modo capitalista de existencia, mientras los primeros países acaparan y controlan como un negocio l salud mundial, los países pobres tienen aun tasas bajas de vacunación o nula o escasa infraestructura sanitaria, un año que continuo con los desastres que ya son consecuencia de la crisis climática.
Mientras en México 2021 marco en la historia de los de abajo, el difícil caminar de los pueblos migrantes, de la lucha feminista que ha encontrado un gobierno blindado y sordo, pero que avanza en organización y derechos ganados, fue el año de la lucha por la libertad de las 95 estudiantes reprimidas en Chiapas de la normal de Mactumacza, y sin faltar la lucha contra los megraproyectos que vio el incremento de la militarización hasta llegar a un blindaje autoritario para impedir quejas contra sus megaobras militarizadas.
La gira zapatista por Europa iría y regresaría cumpliendo su palabra y a la par se han mantenido constante durante todo el año las agresiones paramiliatres a las comunidades autónomas y en general una política de paramilitarismo y de pueblos desplazados como forma de control. Es el año de la expulsión de la empresa Bonafont en Puebla, la declaración de la Casa de los Pueblos en Ciudad de México en la antes TomaINPI, al igual que la toma de la Casa Okupa Chiapas son algunos de los temas relevantes que comentamos en este especial de año nuevo.
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Prensa Comunitaria

Guatemala | Hace 25 años se firmó la paz, las víctimas del conflicto señalan regresión y violencia

Por Juan Calles

“Denunciamos que el Estado de Guatemala y estos gobiernos enterraron los Acuerdos de Paz y estamos en las vísperas de una nueva confrontación social”, expresó Miguel Itzep coordinador del movimiento de víctimas del Conflicto Armado Interno CAI

Con ofrendas de flores, comida, granos y cereales se realizó una ceremonia maya en la plaza central esta mañana; en idioma maya un guía espiritual pedía al corazón del cielo, al corazón de la tierra que las víctimas del Conflicto Armado Interno, CAI, encuentren justicia, encuentren respeto. El fuego sagrado crepitaba como acompañando las manifestaciones que a 25 años de la firma de la paz dejaban escuchar el reclamo de regresión, injusticia y violencia.

Durante los 36 años que duró el CAI en Guatemala se registraron más de 200,000 víctimas y más de 45,000 desaparecidos. Entre ellos, alrededor de 5,000 niños. Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, el 93% de las violaciones documentadas se le atribuye al ejército de Guatemala y sus grupos paramilitares y el 3% a la guerrilla.

Las víctimas y familiares de víctimas del CAI se reunieron esta mañana en la plaza central de la ciudad de Guatemala; allí se dio lectura a un comunicado en el que se acusa al actual gobernante Alejandro Giammattei de desmantelar la institucionalidad de la paz, y de mantener una agenda de regresión violenta y de cierre de espacios democráticos.

“Después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción porque las cosas siguen igual. Los empresarios depredadores se siguen enriqueciendo pagando, salarios miserables mientras las comunidades indígenas viven en extrema pobreza, cada día se profundiza más la desigualdad, La discriminación y a la corrupción”. Se leyó en el comunicado de la Plataforma Nacional de Organizaciones de víctimas del conflicto armado interno.

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Prensa Comunitaria

Chiquimula: la unidad de los pueblos para detener la minería y la corrupción

Por Amilcar Morales y Nelton Rivera

El 28 de diciembre, autoridades del Consejo del Pueblo Ancestral Maya Ch’orti’, de los municipios de Olopa y Quezaltepeque de Chiquimula, se reunieron con autoridades de la Coordinadora Tajurán El Gigante, de la Comunidad de El Pato. Establecieron alianzas para luchar contra los megaproyectos que amenazan a las comunidades.

“Buscamos fortalecer nuestras luchas, ya que el gobierno con toda la fuerza represora quiere imponer en nuestras comunidades la minería y que ya ha dejado destrucción del ambiente, daños en la salud, pobreza y conflictos en las comunidades” indicó Nery Díaz representante legal de la Coordinadora Tajuran El Gigante.

La actividad se desarrolló en el salón de la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Chiquimula, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala.  El próximo 6 de enero del 2022, la comunidad Indígena de Quezaltepeque, tiene programada su asamblea para la elección del nuevo Consejo Indígena Ch’ortí’.

“Se contará con la participación de los demás representantes de las autoridades ancestrales de Olopa, se abordará como temas principales el problema minero que ya está fuerte en el municipio” puntualizó Díaz.

El problema provocado en los últimos quince años en Guatemala con la instalación de una serie de proyectos mineros industriales a cielo abierto, sigue profundizando la crisis medioambiental y de derechos colectivos de los pueblos indígenas, xinka, garífuna y mestizos.

A las empresas en complicidad de los distintos gobiernos de turno se les facilita el acceso a los territorios y supuestos derechos o licencias mineras sin mayores controles, en la mayoría de los casos sin contar con licencias mineras para operar. Chiquimula es uno de estos casos.

En Chiquimula actualmente están vigentes catorce proyectos mineros, empresas como Minerales Sierra Pacífico, subsidiaria de Radios Gold y Volcanic Gold Mine tienen presencia en 18 municipios del oriente del país, incluido Chiquimula, según la alerta publicada por  Nuevo Día y cuatro organizaciones más.

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Misión de Observación Civil Sexta

Crímenes de lesa humanidad contra las comunidades indìgenas del CIPOG-EZ CNI-CIG*

Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta

El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.

Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.

Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal.
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Radio Kurruf

[Comunicado] Hermanos Ancalaf inician huelga de hambre en cárcel de Valdivia

Ante la negativa de acatar orden judicial por por parte de gendarmería que ordenó traslado de hermanos Ancalaf a cárcel de Temuco, estos han iniciado una huelga de hambre por traslado a cárcel de Angol.

Comunicado Público

A la opinión pública nacional e internacional, a las comunidades en resistencia, les comunicamos que:

El martes 21 de diciembre se inició la huelga de hambre por parte de los presos políticos mapuche Matías Ancalaf y Moroni Ancalaf, quienes están en prisión preventiva desde el 9 de octubre del presente año, en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia.

Kiñe: Hace más de dos meses que la familia de lo PPM solicitaron el traslado de los lamgen a la cárcel de Angol, quienes aún se encuentran en prisión preventiva, Morini y Matias Ancalaf.

Epu: El día 15 de diciembre en la Audiencia de traslado en el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, dónde se determinó el cambio a la cárcel de Temuco; el día 16 de diciembre se les notificó el traslado a los lamgen Matías y Moroni Ancalaf, situación que se ha dilatado hasta la fecha.

Kvla: El mismo día 16 de diciembre es dejado en libertad con arresto domiciliario nocturno al lamgen Víctor Ancalaf, cuyo tramite dejo en espera a la familia más de 4 horas a las afueras de la cárcel, justificando que la notificación oficial aún no llegaba desde el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, trámites que son vía online de rápida notificación y donde se le informó al lamgen, desde antes del mediodía que sería dejado en libertad, la cual recién cercana a las 20:00 p.m. se le dejo salir de la penitenciaría, extendiendo lo mayor posible su liberación.

Meli: Repudiamos rotundamente las condiciones carcelarias, el trato inhumano y racista de parte del Director Regional de Gendarmería en la región de Los Ríos: PEDRO FERRADA QUINTANA, denunciamos su actuar racista en contra de los presos políticos mapuche en la cárcel Llancahue de Valdivia, donde no existe las condiciones adecuadas, que demuestran una violación a sus derechos carcelarios, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se contempla crear unidades dentro de los penales para personas indígenas.

Kechü: Estas peticiones son mínimas y alcanzables, sólo por decisión política del gobierno no se ha llevado a cabo el traslado a la cárcel de Temuco, con la clara muestra de debilitar emocionalmente a pu lamgen y mantenerlos alejados de sus familias y su mapu.

Kayu: Exigimos la libertad de todos los presos políticos mapuche que se encuentran en las cárceles del Wallmapu y han sido injustamente condenados por el estado chileno con sus medidas arbitrarias y racistas.

Regle: Se hace un llamado a llamado a pu lamgen ka pu peñi de Ainileufu (Valdivia) a reunirnos mañana 24 de diciembre, a partir de las 10 am. A realizar un ayekan en las afueras de la cárcel Llancahue, en apoyo a la lucha que llevan al interior del recinto pu lamgen Moroni Ancalaf y Matías Ancalaf.

Esperamos que por medio de la presión y solidaridad de quienes apoyan nuestra justa lucha, podamos alcanzar debidamente estos objetivos.

¡Libertad a todos los presos políticos Mapuche!¡¡AMULEPE TAIÑ WEICHAN!! ¡¡MARRICHIWEW!!¡¡FUERA LAS FORESTALES DEL WALMAPU!!

Hogar estudiantil y Centro Cultural Weliwen, Ainileufu (Valdivia).

23 diciembre 2021.-

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La Zarzamora

Werken Carolina Marileo termina Huelga de Hambre tras 31 días de movilización

Por: La Zarzamora

En horas de esta tarde terminó su huelga de hambre la Werken del lof Boyen Mapu, Carolina Marileo, quien se encuentra encarcelada en el CDP de Angol tras ser detenida el 9 de Septiembre de este año.

La Werken quien llevaba 31 días de huelga de hambre líquida, finalizó su protesta tras lograr el compromiso de Gendarmería de cumplir su petitorio, el cual responde a garantías mínimas establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile el 15 de septiembre del 2008.

A continuación compartimos el comunicado de la vocería de la lamngen Carolina Marileo, publicado en la página de la comunidad Boyen Mapu.

Hoy después de 31 días de huelga líquida de CAROLINA MARILEO

Sostuvimos una reunión con el alcaide Rafael Rojas y mayor Luis Povea Pavéz en el CDP de Angol, junto a voceros e INDH para poder llegar a un acuerdo que ponga a fin a la larga huelga de nuestra lamgen.

Gendarmería acepto las peticiones nuestra Werken CAROLINA MARILEO

  • Módulo femenino diferenciado para mujeres mapuche.
  • Realización de rogativa o ceremonia mapuche dentro del módulo.
  • Ingreso de alimento de acuerdo a las costumbres y tradiciones mapuche, así también su preparación.
  • Visitas extendidas de 10 a 16 hrs 2 veces por mes, entendiendo que actualmente existe la pandemia de covid 19 y que al estabilizarse la pandemia, serían visitas normales, dentro del módulo o del sector umi de la misma unidad penal.
  • Ingreso de machi una vez por semana, para ver estado de Carolina.
  • Gendarmería se compromete a construir módulo ante una futura condena donde existan condiciones dignas para la lamgen.

Agracemos a las personas concientes que apoyaron la movilización de nuestra werken, lamgen de lof y warria y wenuy que han acompañado en este proceso, a los medios de comunicación que nos han ayudado a difundir la movilización de la werken Carolina. Chaltumay.

Marrichiweew!

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Avispa MIdia

Pueblos llaman a la defensa organizativa y legal contra acuerdo que blinda proyectos de AMLO

Por Sare Frabes

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se declara en estado de alerta por el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), firmado el 22 de noviembre, el cual obliga a las instancias federales a emitir autorizaciones a megaproyectos en un plazo no mayor de cinco días. Por ello, anunció que iniciaron la interposición de amparos en contra del acuerdo desde diversos pueblos indígenas.

Dos de estos amparos fueron interpuestos por pueblos del Istmo de Tehuantepec, en donde está el proyecto del Corredor Transístmico. Uno por mujeres zapotecas de diferentes comunidades de la región, y otro por la comunidad Puente Madera, donde se pretende construir uno de los 10 polos de desarrollo.

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De acuerdo con Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), organización integrante del CNI, el acuerdo viola por lo menos diez artículos constitucionales, cuatro convenios internacionales y 120 artículos de leyes federales. “Estamos demandando a todo el gabinete presidencial, que son 20 autoridades federales, incluyendo el presidente de la República y la Fuerza Nacional”, explica el abogado.

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La exigencia de los pueblos es que los jueces otorguen la total suspensión del acuerdo. “Es el arma, la pistola, el rifle, el cañón dirigido hacia a los pueblos indígenas, donde primero van a disparar y después van a preguntar”, sostiene el abogado.

Inconstitucionalidad

En la reforma constitucional de 2001, les negaron a los pueblos indígenas el derecho de ser reconocidos como sujetos de derecho público. “Se estableció el derecho de los pueblos indígenas como de interés público. Aun con esta migaja, los megaproyectos, también declarados de interés público [por el acuerdo], no pueden estar por encima de los pueblos”, explica Flores.

Además, argumenta el abogado, los derechos de los pueblos indígenas son también equiparables a los derechos de los sujetos agrarios de México. “Los ejidos y los bienes comunales tienen esta garantía constitucional de que no se puede pasar ningún acto de gobierno por encima de sus tierras, montes o aguas. Son también de interés publico los ejidos así como los pueblos indígenas. Eso lo marca la constitución, lo marca la ley agraria”. Por eso “estamos demandando la suspensión de este acuerdo”, reafirma el abogado.

Condiciones desiguales

El abogado del FPDTA-MPT relata la dificultad de llevar a cabo la defensa de los territorios en México. “Los amparos son complejos y desgastantes para los pueblos. En los procesos hay que enfrentar estudios de más de 800, 1000 páginas, que ni siquiera están en sus lenguas”.

Otra dificultad, por ejemplo, es lograr el peritaje que demandan los procesos. “En el caso del Proyecto Integral Morelos, que está en zona de riesgo volcánico, llevamos por lo menos siete años buscando un perito en vulcanología que es necesario para demostrar la inviabilidad de este proyecto y no existe en todo el sistema mexicano de justicia un perito en vulcanología”, relata Flores.

En comunicado, el CNI sostiene que las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están “fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema”.

Por lo mismo, “nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitrarias determinaciones políticas, administrativas y judiciales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos”, detalla el comunicado.

Frente a todo ello, “a estas condiciones desproporcionadas de defensa del territorio, ahora nos dicen que en cinco días van a autorizar a los megaproyectos. Estamos viviendo un acrecentamiento de la guerra de exterminio hacia a nuestros pueblos indígenas”, resume el abogado.

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Intervención en las comunicaciones

Otro punto que ha sido poco comentado sobre el acuerdo firmado por Obrador es que, por establecer los megaproyectos de seguridad nacional, puede vulnerar la privacidad de los defensores de derechos humanos.  Puede “implicar intervención de las comunicaciones de las personas defensoras de territorio y de derechos humanos”, aclara Flores.

Llamado

El CNI extiende la alerta a todos los pueblos de México. “Vayamos organizándonos en nuestros territorios, interponiendo recursos legales contra esta acción regresiva de los derechos indígenas, porque significa el exterminio de nuestros territorios”, dice el abogado.

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Prensa Comunitaria

El Estado Guatemalteco es hallado culpable por masacre en Aldea Los Josefinos en 1982 bajo el régimen de Ríos Montt

Por Juan Calles

Era de madrugada, en la aldea Los Josefinos, en la Libertad Petén, pocas personas se habían levantado de su cama para iniciar la jornada del día, de pronto, la aldea estuvo rodeada por elementos del Ejército de Guatemala; para antes de llegar el medio día la aldea había sido arrasada, ancianos, niños, niñas, hombres y mujeres fueron masacrados, era 29 de abril de 1982.

Después de asesinar a familias enteras, los efectivos militares quemaron las viviendas y al siguiente día enterraron los cuerpos en una fosa común.

Al menos 38 personas murieron durante la masacre, algunos sobrevivientes huyeron a las montañas cercanas y otros salieron del país como refugiados políticos.

Este 21 de diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDH – encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la Aldea Los Josefinos. Al mismo tiempo, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en Guatemala.

En la sentencia de la CorteIDH se señala al Estado de Guatemala como responsable de la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia de 6 personas, la violación del derecho a la niñez de 6 niños y niñas, así como la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas; el tribunal internacional también determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, así como de las víctimas sobrevivientes de la masacre.

La sentencia también ordena medidas de reparación

Entre otras, la CorteIDH ordena al Estado guatemalteco:

  • Remover todos los obstáculos legales y no legales que mantienen la impunidad en este caso
  • Continuar o reabrir las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos
  • Elaborar un plan detallado con definición de objetivos y metas concretas para la búsqueda de los miembros de la Aldea los Josefinos desaparecidos forzadamente
  • Implementar una medida de fortalecimiento del centro de salud ubicado en la Aldea Los Josefinos mediante la dotación de recursos humanos permanentes y calificados en materia de atención a la salud física, psicológica y odontológica
  • Continuar con la construcción del monumento en la zona donde se encontró la fosa clandestina, así con la instalación de una placa conmemorativa de los hechos ocurridos
  • Realizar un documental audiovisual sobre la masacre ocurrida los días 28 y 29 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos.

La comisión del esclarecimiento histórico documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas al ejército de Guatemala; el conflicto dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe presentado en 1999.

Proceso de exhumación de la fosa común en la aldea Josefinos en Petén:

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