En portada: Manifestantes se reúnen con una bandera palestina ante el hospital de Be’er Yaakov donde se encuentra Khalil Awawdeh, preso político en huelga de hambre.

Este lunes (29) marcó el cumplimiento del día 180 en la huelga de hambre realizada por Khalil Awawdeh, palestino encarcelado sin cargos ni juicio en virtud de la “detención administrativa” israelí.

La apariencia del frágil cuerpo de Awawdeh, casi un esqueleto tras seis meses de huelga de hambre, ha provocado indignación y demandas de acción para su inmediata liberación. Awawdeh, padre de cuatro hijos, originario de la aldea ocupada de Cisjordania de Idna, cerca de Hebrón, es uno de los aproximadamente 700 detenidos administrativos de un total de casi 5,000 presos políticos palestinos.

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Estos presos permanecen en reclusión bajo las órdenes de “detención administrativa” israelí, las cuales se dictan para un máximo de seis meses sin posibilidad de apelación ni de saber qué acusaciones se formulan contra los detenidos. Esta figura, cuya renovación es indefinida, se utiliza con frecuencia contra los líderes y organizadores de la comunidad palestina por lo que existe una campaña creciente para terminar con dicha política.

Desde hace 22 días, los hermanos Ahmad y Adel Musa se unieron a Awawdeh en huelga de hambre contra su detención administrativa. Además, este martes (30), el movimiento Cautivos Palestinos anunció que 1,000 prisioneros iniciarán una huelga de hambre el próximo jueves (1) como parte de una campaña de escalada contra la represión violenta israelí y el despojo de sus derechos más básicos.

Vidas en riesgo

Awawdeh se ha comprometido a continuar su huelga de hambre hasta la libertad y mediante un mensaje en video destaco la lucha por justicia de la causa palestina.

“Este cuerpo sufriente, del que no queda más que piel y huesos, no refleja una debilidad y vulnerabilidad del pueblo palestino, sino que es un espejo que refleja la verdadera cara de la ocupación, que se proclama ‘estado democrático’, en el momento en que mantiene a un preso sin cargos en la brutal detención administrativa, diciendo con su cuerpo y su sangre: ¡No a la detención administrativa!”, declaró.

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Por su parte, la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos de Samidoun convocó a realizar protestas para exigir la liberación inmediata de Khalil Awawdeh y de todos los presos palestinos en las cárceles de ocupación israelíes.

Los tribunales militares de ocupación israelíes ya han denegado las apelaciones de Awawdeh en múltiples ocasiones, pero han programado otra vista de su caso para este martes (30). Muchos presos palestinos han recurrido a huelgas de hambre para protestar contra esta política en el pasado para con ello forzar su liberación.

La tarde de este miércoles (24), elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Héctor Llaitul Carrillanca, vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización mapuche fundada en 1997, la cual durante su trayectoria ha recuperado miles de hectáreas de tierras usurpadas por empresas forestales y agrícolas en la región de la Araucanía, sur de Chile.

Según la versión oficial, la detención deriva de una denuncia de 2020 la cual vincula a Carrillanca a tres delitos: hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, este último se relacionaría a disparos contra Carabineros, delito que estaría asociado a la querella por Ley de Seguridad del Estado.

Mediante comunicado, la CAM enfatizó que la detención de su vocero es la materialización de la persecución contra el proyecto político de la organización mapuche que mantiene en jaque la presencia de la industria forestal en la región.

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“La detención de nuestro vocero y dirigente histórico Hector Llaitul, busca amedrentar el proyecto político – estratégico que llevan adelante familias, comunidades y weichafe (guerrero en mapudungún) dignamente. Quienes, masivamente, hemos vuelto a ocupar territorios que hasta ahora estaban bajo control de la industria forestal y el latifundio”, subraya el documento mediante el cual se deslindan “tajantemente” de las mafias de madera y narcotráfico que operan en el sur de Chile.

Para la CAM, la detención de Carrillanca confirma la continuidad del gobierno actual en colocar “su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”, por lo cual hacen un llamado a las comunidades mapuches en resistencia para continuar los procesos de recuperación de tierras.

Específicamente, la CAM convocó “a continuar con la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera. A no dejarse amedrentar por este gobierno que se ha puesto de rodillas ante el empresariado y que, a través de su plan buen vivir, busca cooptar y dividir a nuestra gente”.

Cabe recordar que, en respuesta a los procesos de recuperación de tierras, en mayo pasado, la Cámara de Diputados chilena aprobó un proyecto de resolución que solicita al Gobierno declarar a la CAM, los Órganos de resistencia territorial (ORT) y a la Weichán Auka Mapu (Lucha del Territorio Rebelde, en mapudungún) como “asociaciones ilícitas de carácter terrorista”.

Forestales

La postura de la CAM es que la extracción de madera de las forestales por parte de las comunidades mapuches organizadas no puede concebirse como robo, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en su territorio ancestral.

“Es la industria forestal la que ha provocado un verdadero ecocidio, y ha aumentado de forma descomunal las arcas de los grupos económicos más poderosos de este país. Ecocidio, que se sitúa en un contexto histórico de usurpación al pueblo Mapuche y que ha provocado, en la actualidad, la ocupación de nuestras tierras ancestrales por la actividad extractivista, el latifundio y otras expresiones del gran capital”, señala otro documento difundido el pasado 14 de agosto por la Comisión Política de la CAM.

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La postura de la organización mapuche fue una respuesta a las declaraciones de distintos funcionarios, tales como la de la Ministra del Interior chilena, Izkia Siches, quien ha señalado que la CAM no representa al pueblo Mapuche y ha lanzado duras criticas tanto a su vocero como a la organización.

Para la CAM, es de gran relevancia la reapropiación de recursos y la recuperación productiva, por lo cual niegan que esto pueda concebirse como robo de madera dentro de su territorio ancestral pues son acciones que se realizan acompañadas de otro tipo de actividades productivas como las siembras, construcción de rukas, bodegas, invernaderos o habilitación de espacios ceremoniales.

“La reapropiación de recursos siempre está acompañada de un despliegue cultural con nuestras ceremonias tradicionales mapuche, las que habían sido cercenadas durante un siglo por el modelo económico chileno. Reapropiación que siempre es comunitaria, poniendo en el centro las necesidades programáticas de nuestra lucha como pueblo y como organización. Y es sobre la base del desarrollo de un tipo de economía para la autonomía, es una autonomía de autogestión”, respondió la CAM al gobierno chileno.

Esta respuesta a las acusaciones del Estado chileno aconteció después de que, a principios de agosto, los Órganos de Resistencia Territorial de la CAM anunciaron el inicio del control territorial efectivo de dos predios usurpados por la forestal Mininco en Carahue, en el marco de la expulsión de empresas forestales del Wallmapu. Una semana antes, la CAM había tomado otros siete fundos en las cercanías de la ciudad de Angol, capital de la provincia de Malleco.

“Son las recuperaciones territoriales la columna vertebral de nuestra estrategia, ya que en ellas podemos vivir con dignidad, sembrar, tener animales, hacer trawün, palin, nguillatün (encuentros y ceremonias en mapudungun) y fortalecer nuestro proyecto político sin afectar en lo más mínimo, y en esto somos enfáticos, al pueblo chileno empobrecido”, señaló la CAM.

Protestas

La mañana de este jueves (25), indígenas mapuches se manifestaron en las afueras del Tribunal de Garantía en Temuco, donde se realizó la audiencia en contra de Hector Llaitul. Ahí, Juana Calfunao, lonco (autoridad en mapudungún) de la comunidad indígena mapuche Juan Paillalef en la Araucanía, enfatizó que “desde el Biobio al sur, quiero recordarles al Estado chileno y a los tribunales de justicia del Biobio, el sur es territorio de la nación mapuche y cualquier árbol que esté aquí es nuestro”.

Calfunao también hablo sobre la defensa de Llaitul, quien “ha sembrado trigo, ha dado alimento a mujeres y niños que el gobierno no se preocupa. Eso debería estar preocupado el gobierno de venir aquí a ver la situación en que desposeídos están nuestros hijos, nuestros niños y cómo estamos las mujeres y como sigue la judicialización y criminalización y no seguir haciendo montaje en contra de nuestra gente, en contra de nuestro waichafe, en contra de nuestras personas que están defendiendo el derecho a existir una vida mas justa, mas solidaria y más humana”.

Héctor Llaitul Carrillanca permanecerá 30 días en prisión preventiva, durante los cuales se desarrollará la investigación penal.

Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien en 2019 consiguió su libertad después de cuatro años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, enfrenta una nueva orden de aprehensión.

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Esta vez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al sur de México, le impuso una sentencia condenatoria de 50 años acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Así lo informó el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, el cual mediante comunicado señala que dichos cargos han sido fabricados desde diciembre de 2014 para perseguir políticamente a “Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional”.

Caciquismo

Peralta Betanzos fue detenido por primera vez, sin orden de aprehensión, en abril de 2015 en la Ciudad de México y recluido acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priísta quien consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010. Tres años después, tras una serie de abusos de poder por parte del alcalde, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán decidió participar en el proceso para la elección de los nuevos cargos en la presidencia municipal, lo que fue respondido por el edil con ilegalidad y represión.

En diciembre de 2014, en medio de un acto de renovación de alcalde municipal se desataron hechos violentos donde murió el hermano de Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, Miguel Peralta Betanzos, junto a otros 34 miembros de la Asamblea Comunitaria fueron acusados por el homicidio de Manuel Zepeda.

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Pese a que Peralta Betanzos obtuvo su libertad en octubre de 2019, el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos alerta que, tras la reactivación de las órdenes de aprehensión en un juicio plagado de irregularidades, se encuentra la colusión de la ex diputada Elisa Zepeda Lagunas.

“¿Bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo?”, cuestiona el comunicado, en el cual se hace énfasis en que no existe una sola prueba judicial consistente en el expediente, “pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación”.

Actualmente siete miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán aún permanecen en prisión acusados por los mismos delitos, pese a la exigencia de mujeres mazatecas quienes mantienen un campamento en la Ciudad de México de casi un año y tres meses para demandar su libertad inmediata.

Persecución

A su salida de prisión, Miguel Peralta Betanzos continuó realizando denuncias sobre la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto de los siete presos políticos de Eloxochitlán, además de otros miembros de la Asamblea Comunitaria quienes también cuentan con ordenes de aprehensión.

De acuerdo al comunicado, estas acciones son la causa de que Peralta Betanzos continúe siendo objeto de criminalización por más de 10 años de parte del grupo caciquil, quienes “han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos”.

El Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos señala que desde el momento en que Betanzos obtuvo su libertad, han existido señalamientos contra su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por Elisa Zepeda Lagunas lo cual muestra “la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder”.

Además, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y del Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un punto de acuerdo para validar la versión pública de la ex diputada, “sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos”.

“Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia”, señala el comunicado.

^{Por Darío Aranda / Foto de portada: Hernán Vitenberg}

El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50 mil hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.

Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. “Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios”, afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.

En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50 mil hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.

Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el “cierre de tranqueras a las mineras” y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.

Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).

En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. “Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas”, destacó.

El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.

Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. “Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)”, se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.

Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.

María Cona Torres es “pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)”. Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. “En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros”, afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: “La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos”.

Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. “Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos”, explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: “La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país”.

Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de “hidrógeno verde”, que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá. “En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos”, explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: “Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio”. Recordaron que dentro de las 625 mil hectáreas “está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche”.