presos políticos
(Español) Denuncia pública de familiares de los presos de San Juan Cancuc
San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 22 de agosto de 2023
Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA HIJOS DE DIOS
DENUNCIA PUBLICA
A los 15 meses de detención, encarcelamiento y condena de 25 años de cárcel, hoy 22 de agosto de 2023 se lleva a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar.
Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la Fiscalía Indígena y la jueza de primera instancia Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas: por ejemplo las contradicciónes de los supuestos testigos , la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.
Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.
Exigimos a los magistrados Julio Cesar Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josue Alejandro Utrilla Bravo de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, que dicten una sentencia de segunda instancia realmente apegada a derecho y a la constitución y ordenen la inmediata liberación de los cinco compañeros presos injustamente, ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena.
(Español) Palabra del Equipo Sureste de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas en peregrinación por la paz
Equipo Sureste de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Peregrinación ecuménica por la paz
Comitán de Domínguez, Chis. 19 /08/23
Comunicado oficial
- Al pueblo de México
- A las confesiones religiosas hermanas
- A las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos
- A los medios de comunicación social
- A los tres niveles de Gobierno
- A los hombres y mujeres que construyen la paz
“La paz es obra de la justicia” (Isaías, 32,17)
La paz es un grito que merece ser escuchado”
(Papa Francisco, 25. 10 .22)
“La verdad los hará libres” (Jn. 8, 32)
El día de hoy, como Iglesia que realiza su actividad pastoral en esta región del Sureste de Chiapas, unimos nuestro clamor en contra de la violencia y la inseguridad al de nuestros obispos de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a las denuncias de la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM). Como Iglesia, queremos ser constructores de paz, conscientes de que, como dice el papa Francisco, “una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo humano” (Fratelli Tutti, 229).
En nuestro trabajo cotidiano constatamos que este anhelo de paz y de justicia se confronta con los valores que reinan en nuestra sociedad, gobernada por el egoísmo, el individualismo, la competencia del “sálvese quien pueda” y el dominio del dios dinero, que todo lo contamina.
Nuestras comunidades y el pueblo en general estamos viviendo una situación generalizada de violencia e inseguridad , causadas, principalmente, por la presencia de la delincuencia organizada y su secuela de asesinatos, secuestros y desapariciones, amenazas y hostigamiento en contra de los defensores de Derechos Humanos , de los líderes y lideresas de las comunidades y del pueblo en general.
Ante esta realidad, como Iglesia profética y liberadora,
DENUNCIAMOS:
- La presencia del crimen organizado que opera con total impunidad, con el objetivo de controlar el territorio, explotar sus riquezas naturales y cobrar el derecho de piso y de paso, violentando los derechos humanos de las comunidades.
- La conversión de nuestros territorios y comunidades en campos de batalla, donde realizan enfrentamientos armados los diferentes grupos de la delincuencia organizada, para asegurarse el control del territorio o de las rutas en disputa. Esto genera: asesinatos, secuestros, desapariciones, bloqueos, miedo y desplazamiento forzado de personas y familias enteras.
- El aumento de cantinas y centros de prostitución clandestinos o semiclandestinos, en los que se sirven bebidas alcohólicas y drogas a menores, sin que las autoridades correspondientes hagan algo para impedirlo; más bien parecen cómplices y encubridoras.
- El asesinato y violencia contra mujeres y niñas, que se realiza en total impunidad.
- Las amenazas, asesinatos y desapariciones de mujeres y hombres, líderes de sus comunidades y defensores de los Derechos Humanos, con el objetivo de amedrentar a la población y frenar y debilitar todo movimiento de resistencia.
- El acoso constante y ataques armados por parte de grupos paramilitares en contra de las comunidades autónomas, con el objetivo de desalojarlas de sus tierras, sin que las autoridades intervengan para impedirlo.
- El acoso, violencia, extorsiones, secuestros y toda clase de violaciones a los derechos humanos de los migrantes extranjeros que atraviesan por Chiapas hacia los EU, con frecuencia por parte de las mismas autoridades encargadas de protegerlos.
- La falta de sinceridad y honestidad para reconocer, por parte del Gobierno y de las autoridades, la realidad de violencia e inseguridad que estamos viviendo, como si negar el problema fuese la mejor forma de solucionarlo.
Por lo tanto, con todo respeto, pero también con toda fortaleza,
DEMANDAMOS:
- Que los tres niveles de Gobierno, cada uno en el ámbito que le corresponde, cumplan con la tarea constitucional que se les ha asignado de garantizar la paz y la seguridad a las comunidades y al pueblo en general.
- Que se libere a nuestras comunidades del control del crimen organizado, para que puedan recuperar la soberanía de sus territorios y la autonomía de sus vidas.
- Que las autoridades municipales controlen los establecimientos de ventas de alcohol y drogas a menores, porque actúan impunemente como verdaderos centros de corrupción, sin que nadie se haga responsable.
- Que se tomen las medidas pertinentes para evitar y, en su caso, castigar la violencia en contra de niñas, jóvenes y mujeres, que se comete impunemente.
- Que se evite por todos los medios las amenazas, acoso, asesinatos y desapariciones de defensores de Derechos Humanos y líderes o lideresas de las comunidades.
- Que se controle y sancione a los grupos paramilitares que actúan impunemente en contra de las comunidades autónomas, impidiéndoles el desarrollo normal de sus actividades.
- Que se respeten los derechos de las personas migrantes, para que el Gobierno de México no cargue con el “trabajo sucio” de las políticas migratorios del Gobierno de EU.
- Que se establezca una política de transparencia y veracidad informativa, que no pretenda ocultar los problemas; por el contrario, que busque conciliar a todos los sectores, para enfrentar este gravísimo problema de la violencia e inseguridad que a todos nos afecta.
Como Iglesia de Jesús seguiremos trabajando por la paz y la reconciliación entre nuestros pueblos y nuestras comunidades.
Rogamos al Espíritu divino que convierta los corazones de piedra en corazones de carne, para que, entre todas y todos, podamos construir un reino de paz, de justicia, de amor y de fraternidad.
Que María, la Virgen de Guadalupe, interceda por nosotros y por todo el pueblo mexicano.
Iglesia Católica del Equipo Sureste, diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
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