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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de mayo de 2021.

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Estamos reunidos en esta Tierra Sagrada para exigir la justicia que sigue sin llegar para nuestras 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés que aún no habían nacido y fueron arrancados del vientre de sus madres, quienes fueron asesinadas y asesinados sin piedad en este lugar, y cuyos responsables materiales e intelectuales siguen impunes. Seguimos pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicte ya el Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal). Queremos que ya haga públicos los resultados de sus investigaciones sobre este crimen de lesa humanidad, para que los que idearon, aprobaron, organizaron y ejecutaron el Plan de Campaña Chiapas ’94 en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, enfrenten a la justicia de una vez por todas y vean la consecuencia de sus actos.

Con ésta son ya 281 conmemoraciones mensuales ininterrumpidas que organizamos desde aquel terrible día lunes 22 de diciembre de 1997, para pedirle a Dios Padre-Madre que nos dé un corazón grande para amar y para luchar, para que nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro hermano Alonso Vázquez, para que no guardemos odio para los asesinos ni permitamos que el cansancio y la impotencia se apoderen de nosotros, para que no triunfe la violencia sino que brille la verdad, ésa que el gobierno y sus aliados han querido tapar con divisiones y con dinero.

La división ha sido una de las principales estrategias del estado en México para asegurar el control sobre nuestros territorios y así poder garantizar buenos negocios a las corporaciones trasnacionales que quieren apoderarse de nuestras tierras. Pero sobre todo se han dedicado a dividir a las comunidades indígenas que hemos querido vivir con justicia y dignidad, construyendo por muchos años organizaciones de resistencia colectiva frente al sistema social de muerte que se reproduce en todo el mundo. Se trata del mismo sistema de muerte que reprime salvajemente con policías y civiles armados – matando, desapareciendo, encarcelando e hiriendo- al pueblo pobre que protesta contra él en las calles de Colombia, organizando un Paro Nacional que lleva ya cuatro semanas. Y es este sistema de muerte el que apoya con millones de dólares al ejército israelí, que responde a los misiles y ataques de las guerrillas fundamentalistas armadas palestinas con más bombardeos, en una guerra desproporcionadamente desigual y a costa de la vida y la libertad de centenas de civiles palestinos con algunos civiles israelíes muertos, en un espiral inacabable de violencia, tratando de asegurar así el control israelí sobre los lugares santos y el territorio palestino.

Desde esta tierra sagrada, los miembros de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, entre ellos varios familiares de los masacrados y sobrevivientes de la masacre que aquí ocurrió, queremos decirle a las ancianas, ancianos, mujeres, hombres, niñas y niñas del pueblo colombiano, palestino e israelí que entendemos el sufrimiento que están viviendo y que nos unimos al dolor que sienten por sus pérdidas y que los acompañamos en sus luchas por la paz para sus pueblos. Porque nadie tiene derecho a desplazarnos de nuestras tierras o a destruir nuestras casas por defender la vida y la paz para todos, no tienen derecho a amenazarnos de muerte, a golpearnos o acosarnos, a llevarnos presos o asesinarnos, por el sólo hecho de elevar nuestros gritos de protesta ante lo que es injusto. Las Abejas llevamos ya 28 años luchando pacíficamente y hemos soportado todo esto, por lo que pedimos por ustedes, para que no se desanimen en el camino de exigir justicia y verdad.

Y queremos compartirles que también nosotros estamos viviendo una situación muy difícil. Sabemos que para acabar con nosotras y nosotros -los pueblos originarios de México que nos hemos atrevido a decir “no” a este sistema capitalista de muerte, no fueron suficientes la represión, la guerra sucia, las bombas y la militarización. Por eso, ahora el gobierno nos manda también cañonazos de dinero. Y la entrega de dinero a las familias que aceptan entrar en los programas del mal gobierno y ajustarse a sus reglas, como apoyar el sistema electoral con sus partidos políticos, ha sido muy difícil de resistir para muchas y muchos en nuestras comunidades.

Aunque prometieron a la gente que con la administración de López Obrador todo iba a cambiar en México, la verdad es que en nuestros pueblos campesinos, empobrecidos por las políticas económicas neoliberales que sólo han beneficiado a los ricos, vemos que todo lo que requerimos comprar para vivir -como el jabón, la sal y las láminas- sube y sube de precio, mientras que por lo que nosotros producimos para vender -nuestro café y nuestra miel- nos dan el mismo precio bajo de siempre. Por eso y por la carencia de tierras y la dificultad de hacerlas producir en un país que le sigue apostando a generar miles de campesinos despojados de sus tierras comunales o ejidales, muchas veces necesitamos salir a buscar trabajo asalariado a las grandes ciudades, destinos turísticos o grandes campos de cultivo intensivo para trabajar como empleados de comercios, empleadas domésticas, albañiles o jornaleros agrícolas en México o EE.UU para poder ayudar a la familia a subsistir. En este contexto, la tentación de recibir los jugosos apoyos económicos

administrados por los gobiernos en turno, ha causado que muchas familias que pertenecían a organizaciones que antes luchaban de modo independiente, están ahora del lado del gobierno y en contra de sus antiguos compañeros. Ahora se encuentran sacando el mayor provecho posible de los presupuestos municipales, estatales y federales, y en ocasiones, pelean salvajemente entre los integrantes de sus partidos para ver quién controlará el reparto de esos apoyos.

Y es por eso que estamos viviendo un momento muy peligroso en muchos municipios de nuestro estado. Las campañas políticas electorales no sólo son terribles e ilegales porque corrompen a la gente con la compra de votos y otros delitos electorales, además de los abiertos engaños de los candidatos que prometen a la gente cosas que nunca cumplen cuando se hacen gobernantes, sino que ahora están causando asesinatos entre contrincantes y terror entre la población, con el fin de obligar a participar en las elecciones o para obligar a la gente a que apoye a ciertos candidatos, incluso para apoyar a candidatos que se promueven a sí mismos como luchadores de izquierda.

Pero más grave está la situación en nuestro vecino municipio de Pantelhó, donde las campañas de los partidos políticos ya han ocasionado muchos muertos, en una verdadera guerra que se está librando por el poder. Es indignante cómo el gobierno que se hace llamar “gobierno de los pobres” permite tanta violencia e impunidad, no le importa que niñas y niños, mujeres y ancianas y ancianos que no tienen nada que ver con estos pleitos electorales y de poder, estén sufriendo porque tuvieron que abandonar sus casas por el miedo de los disparos de armas de fuego.

Los que hemos vivido el desplazamiento sabemos lo que significa salir por miedo y tener que abandonarlo todo, sin saber cuándo o cómo podremos volver a nuestra casa. Por eso, hoy pedimos con todo nuestro corazón por estas familias desplazadas y por todos los que continúan desplazados en Aldama, Santa Marta y Chalchihuitán.

Damos gracias a Dios porque les permitió por fin regresar a sus hogares a nuestras hermanas y hermanos Abejas del Barrio Río Jordán de la Colonia Miguel Ultrilla los Chorros, que resistieron un año y nueve meses de desplazamiento en el Campamento Los Naranjos de esta tierra sagrada y siguen firmes en nuestra lucha.

También desde Chiapas pedimos por el cese de la violencia armada y por la reconciliación de los hermanos en todos los conflictos por tierras en nuestros pueblos, principalmente en los enfrentamientos que se han vuelto cada vez más violentos y han cobrado ya muchas vidas y hermanos torturados, como el conflicto en Venustiano Carranza, donde dos hermanos fueron asesinados el pasado 5 de mayo con el tiro de gracia y se les encontraron huellas de tortura. También pedimos por el conflicto entre Aldama y Santa Marta, donde siguen las muertes a pesar de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a los habitantes de 12 comunidades del municipio de Aldama. El último caído por ráfagas de disparos con armas de grueso calibre, es el joven Pedro Pérez Lunez de 24 años, quien murió el 8 de mayo, con el agravante de que la Guardia Nacional se encontraba muy cerca de la comunidad de Coco’, en Aldama, donde cayó. Exigimos a los tres niveles del gobierno que se encarguen de poner fin a esta masacre a cuenta gotas que lleva ya tanto tiempo causando terror y dolor a nuestros hermanos tsotsiles de Aldama y Santa Marta. Si no lo hace, se vuelve cómplice de estas muertes terribles e injustas, atizando el fuego de la impunidad que provoca que los enfrentamientos se hagan cada vez más encarnizados y crueles.

¿Pero qué podemos esperar del gobierno morenista del estado de Chiapas, que desalojó violentamente y encarceló a 71 futuras profesoras y 24 futuros profesores rurales el pasado 18 de mayo en Tuxtla Gutiérrez, cuando por no ser escuchados organizaron protestas, sólo para demandar que sus compañeros de nuevo ingreso tengan la oportunidad de presentar el examen para entrar a la Escuela Normal Rural Mactumactzá de manera presencial, pues muy pocos estudiantes de bajos recursos tienen la oportunidad de contar con equipos e internet para poder hacer ese examen a distancia? Exigimos su liberación inmediata del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, donde los están haciendo responsables por delitos graves que no cometieron.

Hermanas y hermanos, para seguir exigiendo verdad y justicia en el caso Acteal, les pedimos que estén atentos a la próxima convocatoria a una Conferencia de prensa que la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las y los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre ofreceremos aquí el próximo 25 de mayo por la mañana.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, les pedimos a Dios Padre-Madre, corazón del cielo y de la tierra, a nuestro patrón San Pedro Apóstol y a todas nuestras y nuestros mártires que sigan soplando con su aliento para darnos el ánimo que los poderosos e injustos nos han querido quitar con toda la muerte y destrucción que están trayendo a nuestras comunidades. Que nos sigan dando valentía para que, como ellas y ellos, sigamos defendiendo la vida y trabajando activamente por la paz.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez             Sebastián Guzmán Sántiz

Tesorero                      sub presidente                           Sub tesorero

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• El asedio persiste, durante esta semana suman 61 ataques armados hacia las comunidades de Aldama.

El día de hoy 23 de mayo de 2021, este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, refiriendo que aproximadamente las 7:10 horas, se realizaron disparos de altos calibres desde el punto de ataque conocido como “Telemax” ubicado en Santa Martha, Chenalhó, con dirección a la comunidad de Tabac, Aldama. Como resultado del ataque Julio César Pérez Pérez (Julio César) resultó herido en la pantorrilla, mientras se dirigían en vehículo hacia la comunidad de San Pedro Cotzilnam, Aldama.

Julio César fue llevado al Hospital de San Andrés Larráinzar donde se le comentó que no había los materiales necesarios para su atención, por lo que fue de trasladado al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, nosocomio en el que refieren fue atendido de manera degradante y discriminatoria pues el médico que le atendió se negó a extirpar la bala alojada en su cuerpo refiriendo que “eso de extraerlo solo pasan en las películas de acción”, para después darlo de alta sin mayor atención a su condición médica. Destaca que en ningún momento se apersonaron agentes ministeriales para tomar la declaración de Julio César.

Recordamos que el 23 de abril de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de 12 comunidades de Aldama, que han sido constantemente atacadas, solicitando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias, y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de sus pobladores. Pese a tal reconocimiento de la gravedad y urgencia de la situación, las acciones del Estado mexicano han sido insuficientes para asegurar que cesen los ataques armados en contra de la población de Aldama, puesto que posterior a dicho otorgamiento han continuado los disparos en contra de los comunidades, resultando asesinado Pedro Lunez Pérez en la comunidad Coco, Aldama el 8 de mayo de 2021.

El Frayba manifiesta su preocupación por la intervención insuficiente del Estado mexicano a fin de cesar la violencia existente en la región. Las autoridades estatales y nacionales perpetúan una dinámica de exclusión y discriminación estructural en contra de las poblaciones indígenas de Chiapas cuyo derecho a la vida, paz e integridad física y emocional parecería no ser un valor importante de proteger. Nos parece indignante que, tras los años de aumento de la violencia en contra de las comunidades de Aldama, situación que además de los asesinados y heridos, ha dejado graves impactos psicosociales en la población y las autoridades siguen interviniendo mínimamente, sin la urgencia y la disposición máxima de recursos que una situación tan grave como esta necesita, tan solo esta semana hemos registrado 61 agresiones armadas hacia las comunidades de Aldama, situación que aun continúa.

Por lo anterior hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se desactive la violencia crónica que se vive en las comunidades de Aldama, Chiapas.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
23 de mayo de 2021
Acción urgente No. 6

Descarga la Acción Urgente aquí: Julio César herido tras ataque del grupo armado de Santa Martha, Chenalhó.

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Ayer, 20 de mayo de 2021, regresaron a sus hogares en el barrio Río Jodrán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Chiapas, las seis familias pertenecientes a la organización civil Las Abejas de Acteal desplazadas hace casi dos años. De la sede en Acteal salió la caravana compuesta por los más de 30 miembros de las familias, decenas de miembros de Las Abejas, el Coro de Acteal, observadores de derechos humanos y periodistas de medios libres. Con ellos viajaba también el dolor y la indignación por las muchas vejaciones sufridas antes del desalojo, la destrucción y saqueo de sus viviendas y la muerte de dos bebés a causa de las condiciones del desplazamiento forzado: Angélica Jiménez Ramírez, de 11 meses, y María del Carmen, de apenas 3 meses de edad.

En el transcurso de la mañana llegó la caravana a la comunidad de Guayabal. De allí, la procesión continuó a pie hasta la casa semidestruída de una de las familias desplazadas en Río Jordán, donde se celebró el retorno, en un acto emotivo que simbolizó la larga lucha por lekil chapanel, la justicia verdadera que nunca llega pero la cual Las Abejas de Acteal continúa buscando por medios siempre pacíficos.

La historia de las mútliples violaciones a los derechos de las familias y su eventual desplazamiento es reflejo fiel de las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano, la impunidad otorgada a los grupos paramilitares u oficialistas y el uso de proyectos y recursos gubernamentales para dividir a las comunidades y acabar con la organización y la resistencia.

El conflicto inició en 2015, cuando tres familias de Las Abejas rechazaron en asamblea un proyecto gubernamental de drenaje, argumentando que, por un lado, ellos no lo utilizarían, pues contaban con baños secos que evitan la contaminación ambiental, y por otro, porque estando en la resistencia no aceptan proyectos de gobierno. Por otro lado, un tiempo después se les intentó obligar a asumir cargos para la gestión de una clínica de salud que sólo atendía a quienes recibían apoyos de gobierno por medio del programa Prospera (ve la denuncia aquí), a pesar de que existía el acuerdo previo de que sólo se impondrían dichos cargos a quienes hicieran uso de la clínica.

A partir de entonces el conflicto fue escalando, con la aplicación de multas, detención arbitraria, cortes de luz y de agua y amenazas de todo tipo, denunciadas en diversas ocasiones tanto por Las Abejas como por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En 2018, las autoridades de Río Jordán detuvieron a José Vázquez, presumiblemente por no tener derecho de usar el camino de la comunidad. Cuando una delegación de diez personas de Las Abejas llegó para revisar su estado de salud y ofrecerle apoyo emocional, los ocho hombres de la delegación también fueron detenidos. Fue la determinación y el valor de 22 mujeres, 13 de ellas sobrevivientes de la masacre y cuatro con bebés en brazos, que, tras una acción pacífica, logró la liberación de los detenidos. Finalmente, el 10 de agosto de 2019, las seis familias fueron desplazadas violentamente, destruyendo sus hogares y saqueando sus pertenencias.

En todo el proceso, las autoridades municipales fueron omisas o abiertamente cómplices con los agresores. Es importante resaltar que, como lo ha denunciado múltiples veces Las Abejas, Los Chorros es la cuna de los paramilitares que cometieron la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Y es allí a donde regresaron algunos de ellos después de su indignante liberación por la Suprema Corte de Justicia en 2010, entre ellos Víctor López López, uno de los reconocidos autores materiales de la masacre y uno de los instigadores de las agresiones a las familias de Las Abejas.

Es la persistente resistencia por vías pacíficas y la inquebrantable fe de Las Abejas de Acteal lo que logró finalmente el retorno de las familias desplazadas, tras intensas negociaciones con autoridades locales, municipales y estatales. En el acuerdo que se firmó con las autoridades de Río Jordán el día de ayer, se estableció que las familias aceptarían las obras de drenaje, pero no asumirían cargos en la clínica.

Como afirmó el Frayba en el boletín leído durante la celebración, el retorno se da en condiciones difíciles de violencia y desplazamiento forzado en Chiapas, en particular en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó y Venustiano Carranza. Esta victoria de la lucha pacífica contra la violencia y la impunidad es una pequeña luz de esperanza en la búsqueda de la justicia por medio del diálogo y la paz.

Palabras de Las Abejas de Acteal.
Palabras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

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Los ejidatarios y sus familias tseltales de los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, históricamente han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos; la incursión militar y establecimiento de bases y cuarteles militares en territorios indígenas a partir del levantamiento armado en 1994 trajo consigo un despojo territorial. Como ofensiva por parte del Estado mexicano para desarticular el movimiento y la organización sociocomunitaria del pueblo tseltal de Bachajón, municipio de Chilón, enfrentó los efectos negativos de la presencia militar en su territorio como la prostitución, el consumo de drogas, aumento del alcoholismo y la división comunitaria que se acentuó con el tiempo. Con base en su experiencia en la defensa de su territorio así como de su cultura comenzó de nueva cuenta una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como lo es la construcción del Cuartel General de la Guardia Nacional en la comunidad de Juculton, lo cual se hizo en contravención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta y a lo no militarización de su territorio.

De acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del Estado o de particulares, tiene como obligación el efectuar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada. La forma organizativa de los pueblos originarios, tiene como base a su autoridad máxima la Asamblea, misma que está prevista por las leyes mexicanas. Sin embargo, autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad puesto que no generaron los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada y con ello, recoger el consentimiento del pueblo tseltal de Chilón sobre la construcción de una de las bases de la Guardia Nacional previstas en la actual administración en el estado de Chiapas.

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CERSS No 10

Comitán Chiapas México

Comunicado de los presos indígenas en lucha
Organización Vineketik en Resistencia adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Acanalador del EZLN

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la sociedad civil nacional e internacional
A la Sexta nacional e internacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación
Al Pueblo Creyente
Al pueblo de México y del mundo

En esta Gira de nuestrxs hermanxs hacia Europa para llevar y compartir las semillas. Semillas de resistencia y por la vida, para sembrar paz, amor y dignidad de nuestros pueblos. Para compartir nuestro mundo con otros mundos del mismo lenguaje e historia mutuas de resistencia y digna rebeldía, donde las palabras son de esperanza y luz, para alumbrar los caminos para un solo caminar, que llevan nuestros corazones es decir nuestros pensamientos y sentimientos.
Y desde este rinconcito les decimos que no están solxs ni van solxs que los vamos acompañando.

¡Viva el EZLN!

Atentamente

Marcelino Ruiz Gómez

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Por Ángel Huerta

El pasado miércoles, 12 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan), en Guerrero, realizó una conferencia de prensa para informar los resultados de la Misión de Observación que documentó la situación de violencia en la región de la Montaña, una de las siete regiones que conforman el estado de Guerrero, al sur de México.

La misión escuchó testimonios de casos graves de violencia por parte de familias de personas desaparecidas, casos de violencia de género, de agresiones a personas defensoras y periodistas. Abel Barrera, director de CDHM Tlachinollan, señaló que “es de extrema indenfensión la situación en que se encuentran, sobre todo, compañeras, niñas, jóvenes, adultas, mujeres de la montaña de Guerrero (…), en un marco de complicidad y violencia, de inacciones de las autoridades”,  señaló Barrera.

En mayo del 2020, International Crisis Group, organización independiente que trabaja para prevenir guerras, publicó su informe “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”, donde expone que “desde el 2014 hasta el 2018, hubo en Guerrero 544 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones que involucraron la participación de funcionarios estatales u oficiales de seguridad, más que en cualquier otro lugar del país”.

En el documento señala que las organizaciones criminales asesinaron a cinco activistas de derechos humanos y ambientales tan solo en el 2019. Los periodistas también están en la mira. Desde el 2000, 24 han sido asesinados en Guerrero, el quinto número más alto en todo el país. La más reciente víctima fue Víctor Fernando Álvarez, “un periodista de Acapulco quien fue descabezado en abril del 2020 después de que recibiera amenazas de un grupo criminal local.”

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Guerrero, México, 08 de Mayo del 2021

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN.
Al Congreso Nacional Indígena CNI.
Al Concejo Indígena de Gobierno CIG.
A los Pueblos de Guerrero.
A los Pueblos de México y el Mundo.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.
A las Mujeres que Luchan.
A los medios de comunicación honestos, libres y autónomos.

Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras: queremos dirigirles a todas y todos ustedes que lamentamos con muchas tristezas los hechos ocurridos en la comunidad del Coco Municipio de Aldama, Chiapas en donde perdió la vida nuestro hermano Pedro Lunez Pérez en mano de los grupos paramilitares y sus cómplices la Guardia Nacional. Asesinaron cobardemente a un compañero que en vida puso sus esfuerzos y su práctica en la lucha por la liberación ante la esclavitud acarreada por el capitalismo violento y patriarcal.

En la historia del pasado y presente, nosotros los pueblos originarios que resistimos a morir y que apostamos por un mundo mejor en defensa de la madre tierra y territorio, hemos sidos los más golpeados, perseguidos y masacrados por el mal gobierno, pero también, sabemos que algún día vamos a alcanzar la libertad, la justicia y la democracia, con lo cual vamos a humanizar este mundo con el ejemplo.

Este suceso es la prueba que el mal gobierno y sus altos allegados políticos son asesinos y protegen a los autores intelectuales del asesinato del compañero Pedro Lunez Pérez. Este suceso causa dolor y rabia, puesto que nos han arrebatado a un compañero muy valioso que defendió a su pueblo.

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Grupo paramilitar priva de la vida a Pedro Pérez Lunez en patrullaje de la Guardia Nacional

• El Estado mexicano incumple medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de la población de Aldama.

• Los gobiernos federal y estatal sometidos por la violencia paramilitar en el territorio Chiapaneco.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, refiriendo que el día de hoy, hacia las 14:00 horas, el C. Pedro Lunez Pérez de 24 años de edad perdió la vida. Este hecho lamentable e irreparable ocurrió en la comunidad de Coco municipio de Aldama, mientras Pedro Lunez estaba dentro de su casa. Este hecho es resultado de los constantes disparos de armas de fuego por parte del grupo paramilitar que se ubica en el territorio de Santa Martha, municipio de Chenalhó y que goza de total impunidad.

Firma la petición aquí.

Desde ayer, las detonaciones de armas de fuego provenientes del territorio de Santa Martha, municipio de Chenalhó, son dirigidas hacia los habitantes del municipio de Aldama, Chiapas. La Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, de nueva cuenta reportó que el día de hoy, aproximadamente las 14:00 horas habría iniciado de nueva cuenta las agresiones armadas. El lamentable deceso ocurrió mientras la Guardia Nacional y policías estatales se encontraban cerca de la comunidad de Coco.

Al cierre de esta acción urgente, los ataques armados del grupo paramilitar de Santa Martha continúan. Aproximadamente las 16:29 horas, los disparos de armas de fuego salen del punto El Puente, Santa Martha Chenalhó, en dirección hacia la comunidad de Juxton, municipio de Aldama. A las 17:44 horas los disparos de altos calibres provienen desde en los puntos de ataque de Tijera Caridad, Puente, Kante, Panteón, Chuchte de Santa Martha Chenalhó.

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«Como Pueblo Creyente les invitamos a Unirse a las Jornadas de Oración del 16 al 30 de mayo, para pedir por que encontremos caminos de diálogo y reconciliación que nos lleven a la paz con justicia y dignidad.»

Lee la palabra aquí: Pueblo Creyente, llamado a la Paz

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Por Sare Frabes

Organizaciones de derechos humanos en Colombia han denunciado este martes (4) que “el Estado colombiano declaró guerra armada en contra de las manifestaciones pacíficas” que ocurren en todo país, con epicentro en Cali, desde el 28 de abril. La organización Temblores registró hasta hoy al menos 31 manifestantes muertos, 216 personas víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de agresiones oculares y 10 casos de violencia sexual.

“A la gente que está protestando le está tirando a matar. A la gente que está llorando su muerto le está tirando a matar. A la gente que está auxiliando a los heridos le está tirando a matar. A la gente de derechos humanos le está tirando a matar. Al pueblo de Cali le están tirando a matar”, sostuvo un defensor de derechos humanos, durante rueda de prensa en la mañana de este martes (4), para denunciar la brutal represión a los manifestantes de Cali en la noche de ayer (3). 

“Necesitamos denunciar públicamente que ayer en Cali hubo un despliegue de la policía que utilizó armas de fuego y disparó indiscriminadamente contra cientos de manifestantes y además contra los equipos de derechos humanos y de salud. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social”, sostuvo uno de los representantes de las organizaciones de derechos humanos.

Según ellos, hasta el momento de la conferencia de prensa se desconocía las cifras de heridos, detenidos y muertos después del ataque de la policía en la noche de ayer. “No pudimos hacer nuestro trabajo, tuvimos que protegernos en las casas de vecinos. No hay garantía para el trabajo de derechos humanos en estos momentos.” 

Los defensores relataron que eran más de 30 efectivos de la policía disparando directamente contra las personas. “Exigimos que el Estado en sus distintos niveles asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Cali.”

Las organizaciones reportaron que hubo ataques a los periodistas que intentaban registrar la operación militar. “La casa donde les estaba dando resguardo también fue impactada”. 

Las ambulancias también han sido blanco de la fuerza policial. “Están tiroteando a las ambulancias. No les están dejando ingresar a recorrer los heridos. Están sacando a los heridos de los hospitales y no sabemos para dónde están llevando estas personas lesionadas”.

Además, informan las organizaciones, que se está organizando grupos de personas civiles para actuar con arma de fuego en contra de los manifestantes. “Hemos visto grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a los manifestantes. Y todo eso con la complicidad de las fuerzas del estado”.

El gobierno “en lugar de estar dando solución a los problemas estructurales, su reacción es la represión, la muerte y la criminalización”, sostienen las organizaciones.