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Prensa Comunitaria

El Estado Guatemalteco es hallado culpable por masacre en Aldea Los Josefinos en 1982 bajo el régimen de Ríos Montt

Por Juan Calles

Era de madrugada, en la aldea Los Josefinos, en la Libertad Petén, pocas personas se habían levantado de su cama para iniciar la jornada del día, de pronto, la aldea estuvo rodeada por elementos del Ejército de Guatemala; para antes de llegar el medio día la aldea había sido arrasada, ancianos, niños, niñas, hombres y mujeres fueron masacrados, era 29 de abril de 1982.

Después de asesinar a familias enteras, los efectivos militares quemaron las viviendas y al siguiente día enterraron los cuerpos en una fosa común.

Al menos 38 personas murieron durante la masacre, algunos sobrevivientes huyeron a las montañas cercanas y otros salieron del país como refugiados políticos.

Este 21 de diciembre de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CorteIDH – encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por las violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre de la Aldea Los Josefinos. Al mismo tiempo, el caso se encuentra bajo investigación por parte de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público en Guatemala.

En la sentencia de la CorteIDH se señala al Estado de Guatemala como responsable de la desaparición forzada de 14 personas, el desplazamiento forzado de 7 personas y sus núcleos familiares, la violación al derecho a la familia de 6 personas, la violación del derecho a la niñez de 6 niños y niñas, así como la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a conocer la verdad en perjuicio de 1.439 personas; el tribunal internacional también determinó que el Estado violó el derecho a la integridad personal de los familiares de las personas que fueron desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente, así como de las víctimas sobrevivientes de la masacre.

La sentencia también ordena medidas de reparación

Entre otras, la CorteIDH ordena al Estado guatemalteco:

  • Remover todos los obstáculos legales y no legales que mantienen la impunidad en este caso
  • Continuar o reabrir las investigaciones que sean necesarias para sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos
  • Elaborar un plan detallado con definición de objetivos y metas concretas para la búsqueda de los miembros de la Aldea los Josefinos desaparecidos forzadamente
  • Implementar una medida de fortalecimiento del centro de salud ubicado en la Aldea Los Josefinos mediante la dotación de recursos humanos permanentes y calificados en materia de atención a la salud física, psicológica y odontológica
  • Continuar con la construcción del monumento en la zona donde se encontró la fosa clandestina, así con la instalación de una placa conmemorativa de los hechos ocurridos
  • Realizar un documental audiovisual sobre la masacre ocurrida los días 28 y 29 de abril de 1982 en la Aldea Los Josefinos.

La comisión del esclarecimiento histórico documentó 669 masacres durante la guerra civil de 36 años, de las cuales 626 fueron atribuidas al ejército de Guatemala; el conflicto dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según el informe presentado en 1999.

Proceso de exhumación de la fosa común en la aldea Josefinos en Petén:

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Acteal, símbolo de Resistencia, Memoria, Verdad y Justicia

A 24 años de la Masacre de Acteal, un hecho profundamente triste, indignante y doloroso, hoy frente a los pueblos de México y el mundo, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal), es sujeto y símbolo de Memoria, Verdad y Justicia. Con su lucha, resistencia pacífica y no violenta redignifican a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre cometida el 22 de diciembre de 1997.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las víctimas, sobrevivientes y la propia organización de Las Abejas de Acteal han elaborado una colmena de dignidad con innumerables actos simbólicos, éticos y morales de reparación de daño a 24 años de impunidad. Cada veintidós de cada mes realizan acciones político-religiosas de redignificación de las víctimas y sus familiares frente a la justicia simulada del Estado mexicano.

Las reparaciones avanzadas por el actual gobierno mexicano, lamentablemente no llegan a destruir el muro de la infamia y de la impunidad, al contrario mantiene inocuo, inmaculado e inculpado al actor: Ejército mexicano y a los integrantes del grupo paramilitar priísta responsables de la Masacre de Acteal. Esta serie de hechos de contrainsurgencia es sostenida desde el gobierno federal, que suma a la acción criminal e impunidad de Estado, mantiene inmunes a los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad.

Esta injusticia bajo el cobijo legal y simulación en México, confirma y visibiliza la existencia de un sujeto histórico organizado autónomo. Este sujeto histórico se construyó al inicio: con dolor, con tristeza, con miedo por los impactos de la violencia estructural y la Masacre vivida. Hoy sus acciones culturales, religiosas y políticas son liberadoras y las podemos ver a través de su organización autónoma, humana, con sus cantos de conciencia, sus bordados y textiles impregnados de identidad cultural, con sus medios de comunicación y redes sociales propias, en donde su lucha diaria contribuye a la erradicación de la discriminación con el grito ¡Nunca más otra Masacre como la de Acteal!

Su esencia les llevó a reconocerse el 22 de diciembre de 2009, como: Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal. Este año recibió el Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca, avalado por 35 agrupaciones, movimientos y colectivos nacionales e internacionales. Acteal es considerado un santuario de la humanidad al recibir a cientos de personas desplazadas de manera forzada de sus comunidades a consecuencia de la violencia política y criminal en los Altos de Chiapas.

En este contexto no olvidamos el vil asesinato perpetrado el 5 de julio de este año, por integrantes del grupo criminal de Pantelhó. No olvidamos la presencia imborrable del presidente de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, con él en su mandato y servicio al pueblo, tuvimos el honor de andar codo a codo en el año 2020, tiempos obscuros para la justicia, su temple y su acción fue colectiva, como es el modo de Las Abejas de Acteal que camina por la Paz, por lo que hoy le honramos junto a las y los mártires de Acteal, como mujeres y hombres que han derramado su sangre por los caminos de libertad y de justicia. La presencia de Simón Pedro seguirá latiendo en nuestra lucha, en nuestro caminar, en nuestro corazón.

Hoy día, hablar de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, es redirigir sus miradas a personas con Alta Dignidad que han decidido el camino largo, cansado y desgastante de la búsqueda de la justicia a través del Informe de Fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actor internacional que vela por los derechos humanos en la región, quien curiosamente no emite el Informe de Fondo en el Caso 12.790 Manuel Santíz Culebra y Otros (Masacre de Acteal).

Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza es resignificarse, es un sujeto histórico vigente, organizado y autónomo, con escucha, con corazón, en la construcción de La Otra Justicia simbólica, como lugar de paz, del Lekil Kuxlejal, es ser cuidadores de la tierra y territorio en donde su lucha contribuye a evitar otra catástrofe como lo fue la Masacre de Acteal.

A 24 años de resistencia de las víctimas, sobrevivientes y la propia organización de Las Abejas de Acteal el Frayba saluda su persistente Memoria, Verdad y Justicia, su fe traducida en amor y lucha no violenta contagia a todas las personas que pisan la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, aquí habita la esperanza.

Viva la lucha de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Nunca más una Masacre como la de Acteal en México
Acteal, Santuario de Paz

***

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México
22 de diciembre de 2021
Boletín No. 15

Descarga el Boletín aquí: 24 años de impunidad de la Masacre de Acteal

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 21 de diciembre 2021

ROMPIENDO FRONTERAS
–ARGENTINA: Protestas en Chubut echan atras la traición gubernamental y la explotación minera.
SALUD: La salud en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria 2021, destaca que la mortalidad infantil podría haber aumentado hasta un 42% al día. Hay cinco millones de muertos en el mundo por covid y 10 millones por hambre.Desinformemonos.
–GUATEMALA: Autoridades maya Ch’orti ‘buscan la cancelación de las licencias mineras en su territorio | PRENSA COMUNITARIA.
–MUNDA: ELLAS ALIMENTAN AL MUNDO, Tierra para las que las trabajan. Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador acceden a tierras para producir alimentos, pero sólo tres tienen el título de propiedad de los campos y terrenos que trabajan. | LATFEM
–WALLMAPU: Nación Mapuche: Sentencián desalojo contra Lof Quemquemtrew, la recuperación territorial continua.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

–CdMx: Fallece Gerardo Camacho ejidatario de Totolapan y miembro del CNI
–CDMX: Entrevista a activista animalista sobre las protestas contra las corridas de toros.
–MEXICO SOS México cumple otro año de ser el número uno en el.asesinato de periodistas. Desinformemonos
–GUERRERO: En Guerrero “no hay seguridad para nadie”|tlachinollan|. Tlachinollan
–CDMX: Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a AMLO, fosas de desparecidos tocan la puerta de palacio nacional. piedepagina
–MIGRACIÓN MEXICO: APARTHEID MEXICANO  hostigamiento y represión a comunidades migrantes en CIudad de México.
–CDMX: Las paredes hablan, las paredes luchan. hostigamiento a grafikeras y grafikeros en lucha.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Alerta ante la violenta ofensiva neoliberal del mal gobierno federal mexicano (Tercera de tres partes)

A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de comunicación.

Estado de excepción

Nos declaramos en alerta porque el mal gobierno decidió hacer más violenta su ofensiva neoliberal, pretendiendo suprimir por decreto los derechos humanos que tenemos todas y todos como sociedad, con el fin de imponer sus megaproyectos y obras de infraestructura que privatizan, contaminan, despojan y entregan el sureste mexicano, la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, el centro, todo el país, al despojo transnacional, arrasando nuestros territorios y destruyendo a la Madre Tierra.

Mediante un acuerdo del presidente de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, que clasifica las obras de infraestructura y proyectos del gobierno de la República como de seguridad nacional e instruye a las dependencias de la administración pública federal a otorgar autorizaciones provisionales hasta por un año para dichas obras y proyectos por encima del marco constitucional y legal vigente, el régimen neoliberal pretende imponer un estado de excepción, en el que no podamos inconformarnos y protestar contra las acciones del gobierno que propician el despojo y la destrucción de nuestros territorios.

De esta suerte el acuerdo da paso para que puedan ser intervenidas nuestras comunicaciones, negarnos información que solicitemos y desalojar con el uso de la fuerza pública cualquier manifestación o movilización que hagamos en defensa de lo que es nuestro y cuestionen sus megaproyectos y las obras que se están realizando o se realicen en múltiples áreas y sectores como hidrocarburos, ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas y fronteras, infraestructura hidráulica, medio ambiente, turismo, salud, producción y distribución de energía, puertos, etcétera.

Para nuestros pueblos esas obras de infraestructura representan la muerte; en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, la corrupción, el despojo y la violencia se imponen del Océano Pacífico al Golfo de México; la modernización de las vías del ferrocarril y de las carreteras es en favor de quienes usarán los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz para trasladar sus mercancías de lado a lado del mundo; el beneficio es para quienes puedan extraer minerales, agua, bosques, hidrocarburos, biodiversidad y todo elemento natural que les genere ganancia; asimismo, el establecimiento de diez corredores urbano industriales tiene como propósitos establecer una cortina a la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos y explotar nuestra fuerza de trabajo sin consideración de la vida humana y de la naturaleza.

Para ejecutar las obras y proyectos que invaden, despojan y destruyen nuestros territorios sin nuestro consentimiento, más bien nos amenazan, nos persiguen y nos asesinan para sacarlos adelante. Simulan consultar, dividen las asambleas comunitarias y dejan claro que lo harán de una u otra forma; y aun así llaman a la guerra con palabras como progreso, desarrollo nacional o cuarta transformación.

En la península de Yucatán, con contratos fraudulentos, el Tren Maya se va apropiando de tierras indígenas, y los ricos llegan a valerse de la profunda corrupción agraria para adueñarse terrenos ejidales en la selva maya y aumentar sus ganancias a costa del despojo de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza, mientras que las empresas porcícolas, eólicas o turísticas se posicionan en torno al proyecto del tren. O sea que con las obras de infraestructura que el mal gobierno quiere proteger de nosotros, esas regiones enteras se transforman, en favor de quienes nos están robando como pueblos y como país.

Los territorios que ocupamos, en donde buscan instalar los megaproyectos que impulsa el gobierno neoliberal mexicano, están siendo destruidos y contaminados para instalar vías de tren, carreteras, tendidos eléctricos, gasoductos, oleoductos, etcétera; al mismo tiempo que las mineras van ganando territorio en el Istmo, las empresas extranjeras con parques eólicos se benefician de la red eléctrica nacional a costa del robo de nuestros territorios y la represión a nuestros pueblos. Mientras las empresas petroleras están apostadas sobre los territorios indígenas en el Totonacapan, la empresa Constelation Brands en el Sur de Veracruz y la empresa Bonafont en Puebla ya están sobre importantes acuíferos; y en el centro del País, con violencia están imponiendo el Proyecto Integral Morelos en los pueblos de aledaños al Popocatépetl.

Es eso lo que el mal gobierno neoliberal mexicano quiere proteger y blindar en contra de los pueblos de abajo, los que hemos cuidado durante miles de años la tierra, los que no podemos dejar de defendernos porque están en juego nuestra vida, nuestro patrimonio, la paz y nuestra Madre Tierra.

Las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema; por lo mismo nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitarias determinaciones políticas, administrativas y judicales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos.

Con el acuerdo neoliberal del presidente pretenden cerrar el cerco aún más ya que éste, en forma autoritaria y atropellando la constitución federal, ordena a las dependencias del gobierno federal otorgar autorizaciones provisionales exprés para las obras de infraestructura y proyectos gubernamentales, pretendiendo no dejar tiempo ni espacio para que podamos decir o hacer algo, es decir, imponiendo un estado de excepción propio de la guerra.

Los derechos y garantías que como sociedad entera tenemos quedan sin valor alguno, sin oportunidad de defenderlos ante la urgencia de entregar el país a los capitalistas que lo están matando. Sin hacer respetar siquiera la constitución mexicana, ni los derechos que tenemos sobre nuestros territorios, sin cubrir los requisitos ni cumplir con los procedimientos que marcan las leyes y mucho menos con el de por sí endeble derecho a la “consulta” indígena.

A todo este siniestro escenario nosotros le llamamos literalmente una guerra de conquista, porque cuando no estamos de acuerdo nos reprimen con grupos de choque, paramilitares, militares y policías; invaden y ocupan nuestros territorios destruyendo todo lo que es nuestra vida, tejiendo un sistema mundial que no se puede sostener sin la explotación, el despojo y la cruenta represión.

Para nosotros y nosotras, tanto el acuerdo presidencial, como las obras de infraestructura y proyectos que pretende cobijar, no tienen otro fin que favorecer intereses económicos de gran alcance, inmorales y desmedidos; se trata, pues, de una descarada y oscura corrupción, continuación de la que hemos vivido en décadas.

Es por eso que estamos en alerta y denunciamos el carácter ilegal, autoritario, corrupto y neoliberal del acuerdo capitalista del mal gobierno mexicano, al que no tengan duda, resistiremos y sabremos derrotar.

Atentamente
Diciembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

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Taller Ahuehuete

Qué sucede en Chiapas? Un sumario de tres minutos

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Avispa Midia

CIG-CNI: El gobierno “tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio”

Por Avispa

El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), en un comunicado publicado el lunes (13), alerta que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, impulsada por el gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, “se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista”.

El CIG ejemplifica la situación con dos territorios que fueron sometidos por el Estado mexicano y empresas extractivistas a estas estrategias: el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla, con la represión selectiva; la región zoque al norte de Chiapas, con la complicidad con grupos armado.

El Concejo alerta sobre la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.

“En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal”, describe en su comunicado.

El gobierno mexicano, denuncian los pueblos, a través de sus instituciones agrarias, “propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa Procede bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto”.

Denuncian, aun, la represión y persecución en contra de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta-Popo, “quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar”.

Los pueblos exigen el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas, y reiteran su “rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida de nuestros pueblos”.

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Avispa Midia

México: Se está normalizando y legalizando la actividad militar en la vida civil

Por Samantha Demby

El pasado 24 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que las 11 ministras y ministros del Pleno analizarán la controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial, publicado en mayo 2020, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, ordena a la Fuerza Armada permanente -que incluye al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- “a participar con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”. Esta participación no puede exceder los cinco años desde la entrada en vigor de las reformas que crearon la Guardia Nacional, el 26 de marzo de 2019.

El acuerdo especifica que las Fuerzas Armadas deben participar “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria”. Sin embargo, en el informe, “Poder Militar: La Guardia Nacional y los Riesgos del Renovado Protagonismo Castrense”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala que en realidad “el Acuerdo Presidencial no se ajustó ni a la Constitución ni a la sentencia interamericana”.

Sofia de Robina Castro, abogada del Centro Prodh, precisó que el acuerdo de 2020 “en ningún momento establece como este uso es excepcional, como es que está delimitado en una cierta temporalidad, en un cierto espacio geográfico, a que decisiones establece su despliegue y, sobre todo, como es que va a estar subordinado a los elementos civiles.”

En el conversatorio, “Retrocesos en el modelo de seguridad desde los estándares internacionales” puntualizó: “Por el contrario, es una labor de coordinación que cada vez más vemos que va quedando en manos de las Fuerzas Armadas. Y todo este contexto es lo que nos hace suponer que estamos ante un modelo que sigue profundizando la militarización.”

A la controversia se suma una serie de otras acciones y amparos presentados por instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil contra leyes y acciones que militarizan la seguridad pública en México. Este modelo de seguridad militarizada impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador no sólo es ineficaz, sino que crea condiciones idóneas para la violación reiterada de los derechos humanos, señalan expertas y expertos en la materia.

En lo que sigue, hacemos un recorrido breve por las pasos que han consolidado la militarización como una herramienta clave de la 4T, con la mirada puesta en los recientes acontecimientos.

“Militarización sin precedente”

La militarización de la seguridad pública tiene una larga historia en México. Sin embargo, en el informe “Poder Militar” el Centro Prodh señala que durante el sexenio de AMLO la militarización ha alcanzado “una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”.

Durante el conversatorio sobre los retrocesos en el actual modelo de seguridad, Castro destacó algunos de los principales actos que el mandatario ha tomado en este sentido. “Tenemos presencia de las Fuerzas Armadas [en diversos ámbitos], pero además una reforma constitucional de creación de la Guardia Nacional con elementos preponderantemente castrenses. Tenemos las posteriores leyes secundarias en donde de nueva cuenta se les da facultades a esta institución de la Guardia Nacional que confunde elementos de prevención y de investigación que no deberían de ser propias de una institución con esta características. Vemos cada vez más que las autoridades y los elementos que están al frente de cargos de altos mandos en la Guardia Nacional son castrenses”.

Como recuerda la abogada, la Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, cuando se publicó un decreto efectuando una serie de modificaciones constitucionales necesarias para extender las tareas reservadas para los cuerpos policiacos al nuevo cuerpo de seguridad. La Ley de la Guardia Nacional fue publicada en mayo del mismo año.

Aunque la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su entrenamiento, las plazas, el reclutamiento y las prestaciones, “algo así como el ADN de la institución”, según la investigadora de World Justice Project, Lilian Chapa Koloffon- han estado a cargo de la Sedena y la Secretaría de Marina.

En su informe publicado en junio de 2021, el Centro Prodh cita varios hechos que desmienten la supuesta carácter civil de la Guardia Nacional. Lo que es más, todos los coordinadores estatales de la Guardia Nacional en los 32 estados provienen de las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, para aprobar de jure lo que ya es una realidad de facto, en junio del presente año el presidente adelantó que en 2023 presentará una reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.

Aunque la Guardia Nacional fue creada por reformas constitucionales y leyes secundarias, cabe señalar que hay instrumentos administrativos que “están teniendo tanta trascendencia como si se tratase de actos legislativos”, según afirma el Centro Prodh. El acuerdo presidencial de mayo de 2020 es uno de ellos. Este acuerdo da facultades a la Fuerza Armada Permanente para realizar doce de las cuarenta y cuatro facultades conferidos a la Guardia Nacional por la ley que la conformó.

Por lo tanto, la Fuerza Armada Permanente puede garantizar, mantener y restablecer el orden así como prevenir la comisión de delitos en una muy amplia gama de lugares que incluye “las zonas fronterizas, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”, así como en los parques nacionales y otros lugares de carácter civil.

Las Fuerzas Armadas también están participando en tareas públicas civiles como la edificación de sucursales del Banco del Bienestar, la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19 y la participación en programas sociales clave de la 4T como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

El informe de Centro Prodh resume: “El Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación es hoy la pieza fundamental de una militarización sin precedente.”

Megaproyectos en el sur de México

¿Cuál es el propósito de esta militarización excepcional?

Ana Esther Ceceña, economista y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, propone que los megaproyectos estrella de AMLO en el sureste mexicano jueguen un papel clave. En el informe, “Militarización del Sureste mexicano”, publicado en septiembre de 2021, señala que “la importancia económica, real o potencial, actual y futura de las megaobras proyectadas y, de alguna manera, ya en curso para esta región son una razón de gran peso para entender la creciente militarización, sobre todo por la resistencia organizada de los pueblos y comunidades.

Ceceña y sus colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rastrean la estrecha relación entre la imposición de megaproyectos y la militarización, en el marco de un enfoque regional de “seguridad interna” en el que los gobiernos nacionales ubican a los elementos desestabilizadores dentro de la población. Aunque en principio las políticas de seguridad interna dicen combatir el narcoterrorismo, funcionan sobre todo para proteger “los capitales y la propiedad privada de las grandes empresas frente a quienes resisten el saqueo desde los territorios afectados en nombre del desarrollo y el progreso”, según el informe.

Cabe señalar que López Obrador ha incrementado drásticamente la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción y operación de megaproyectos de infraestructura, así como el presupuesto para esta participación. Este es el caso especialmente de los territorios del sureste, marcados por una alta proporción de población indígena y altamente afectados por el tráfico de personas y de drogas, como se documenta en “Militarización del Sureste mexicano”.

De hecho, el pasado 4 de noviembre AMLO anunció que el Tren Maya, los aeropuertos de Palenque y Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum, así como el nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de México, serán administradas por una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente utilizó un discurso sobre la necesidad de blindar contra la futura privatización de estos bienes nacionales para justificar esta alarmante acumulación de poder en manos castrenses.

Bajó la misma lógica López Obrador firmó el pasado 22 de noviembre un acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

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El acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar una autorización provisional de un año que permita al gobierno iniciar estos proyectos sin tener que esperar los dictámenes, permisos o licencias que generalmente se requieren.

Al calificar estos proyectos como integrales para la seguridad nacional, el acuerdo permite al gobierno reservarse la información sobre estos proyectos, restringiendo así el acceso a la información de la ciudadanía en general y de las comunidades afectadas en particular. De esta manera y al otorgar automáticamente la aprobación a los megaproyectos del gobierno, el acuerdo abre paso a la opacidad en la gestión de los proyectos públicos, establece un régimen de excepción en la regulación de los mismos y amenaza los derechos a la tierra y a la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios de los pueblos indígenas y agrarios, como señalan organizaciones de la sociedad civil en un comunicado publicado el mes pasado.

El doble discurso del interés público y la seguridad nacional que justifica este abuso de poder está inextricablemente ligado a la militarización sin precedentes del país por parte del presidente. Concluye Ceceña: “Constatamos con preocupación que no hay ningún intento por detener estas obras a pesar de la demostración de su naturaleza altamente depredadora, y que, para complicar aun más el mosaico de conflictividad, no serán posibles sin una amplia militarización de la zona, que ya está ocurriendo, pero que apunta a un establecimiento más permanente con la multiplicación de cuarteles y la fijación de tropas, y que pone en riesgo a la sociedad, las culturas, historias y           riquezas de las ricas tierras del Sureste”.

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Le Mèdia TV

Zapatistas y CNI: Una lucha radical contra el capitalismo

Entrevista en el programa ‘Etat d’Urgence’ de Le Média TV, medio independiente francés, a Maribel Cervantes, delegada del pueblo Popoluca/CNI, y Marcela Méndez, delegada de Yucatán/CNI, sobre la lucha de los pueblos indígenas en México y su papel en la ’Travesía por la vida – capítulo Europa’ (21.11.2021)

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Alerta ante la violenta ofensiva neoliberal del mal gobierno federal mexicano (segunda parte de tres)

A los pueblos de México y del mundo,

A los medios de comunicación:

  1. Mega proyectos y represión a los pueblos de la región de Cholula, Puebla, y al pueblo Zoque de Chiapas.

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, denunciamos que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, despojo y privatización de la tierra, impulsada por el mal gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista, sea con la represión selectiva, como en el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla o con la complicidad con grupos armado, como en la región zoque al norte de Chiapas .

Alertamos de la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.

En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10:00 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal.

Denunciamos que el gobierno neoliberal mexicano, a través de sus instituciones agrarias, propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa PROCEDE bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto.

Exigimos el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas y reiteramos nuestro rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida nuestros pueblos.

Denunciamos también la represión y persecución en contra de las y los compañeros de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta- Popo, quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar.

Condenamos la cobarde detención de los comunicadores Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, de Radio Comunitaria Zacatepec, por parte de policías municipales al servicio del presidente municipal José Cinto Bernal, quien ordenó su detención, después de que un grupo de choque irrumpió en una asamblea en la que se discutía la reapertura de las oficinas del Registro Civil.

Saludamos la digna resistencia de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta- Popo, que desde el 22 de marzo bloquearon el acceso a dicha planta de la empresa Bonafont, que sobre explotaba los acuíferos de la región y el 8 de agosto la tomaron para convertirla en “La Casa de los Pueblos”.

Exigimos que cese el hostigamiento, represión y persecución por parte del mal gobierno neoliberal de Puebla, que junto al gobierno federal, pretende imponer a toda costa los proyectos capitalistas que devastan el medio ambiente, privatizan y contaminan la vida, para convertirla, de una forma corrupta e inmoral, en la mercancía de unos cuantos.

 

Atentamente

Diciembre de 2021

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Mas un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

radio
La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Nuestro pensamiento y corazón se encuentran alegres, porque nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal cumple 29 años de caminar

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

     Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

10 de diciembre de 2021

 

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

 

En este día 10 de diciembre, nuestro pensamiento y corazón se encuentran alegres, porque nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal cumple 29 años de caminar, trabajando en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la Madre Tierra y de la Vida por medio de la Lucha No Violenta.

En un día como hoy, pero en el año de 1992 nació nuestra organización, a causa de una violación a los derechos humanos de 5 compañeros nuestros de la comunidad Tzajalch’en en el municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

En el año de 1992, 3 herman@s: Agustín, Catarina y María Hernández López, heredan de su padre recientemente fallecido, un terreno de más de 80 hectáreas en la comunidad de Tsajalch’en, municipio de Chenalhó en Los Altos de Chiapas. En un contexto en el cual la costumbre social no permitía la tenencia de tierra por parte de mujeres, Agustín buscó exigir la exclusividad de la propiedad e ignorar el derecho de sus hermanas a recibir la herencia. Tanto el hermano como las 2 hermanas, buscaron apoyos de caciques y de partidos políticos en el municipio de Chenalhó con la intensión de resolver esta disputa de tierras por la vía de las armas. Sin embargo, nuestros 5 compañeros de Tzajalch’en habían aconsejado a los 3 herman@s que resolvieran dicho conflicto agrario por la vía pacífica.

El 10 de diciembre de 1992, el bando de Agustín en una emboscada dispara contra 3 personas del bando de las hermanas Catarina y María, causando la muerte de una persona y las otras 2 resultaron heridas.

Tanto el juez como el presidente municipales de Chenalhó, no llegaron a investigar el crimen en el lugar de los hechos como debería de ser, y lo que hicieron fue culpar de este homicidio a nuestros 5 compañeros, porque además de que nuestros compañeros han buscado siempre el respeto, la paz y la justicia tanto en la comunidad como en el municipio, uno de estos 5 compañeros nuestros era catequista de la parroquia de Chenalhó y parte del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas que denunciaba las violaciones a los derechos humanos y el despojo de tierras de los pueblos de parte de los ricos y poderosos en complicidad con los malos gobernantes, es así que se le consideraba enemigo político de dicho municipio y del gobierno estatal.

Ante esta grave violación de derechos humanos de nuestros 5 compañeros, y después de que una comisión de la parroquia de Chenalhó llegara a investigar los hechos violentos en la comunidad de tzajalch’en en donde la conclusión fue que, nuestros 5 compañeros eran inocentes, pero fueron encarcelados injustamente. Fue así que la parroquia de Chenalhó, organizó una jornada de ayuno y oración y una peregrinación desde Yabteclum, sede de dicha parroquia hasta el CERESO 5 (Centro de Readaptación Social) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Gracias a la presión de la sociedad civil nacional e internacional y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. y Amnistía Internacional, logramos liberar a nuestros 5 compañeros.

Al ver que unidos y organizados podíamos luchar contra las injusticias y que con el ayuno y la oración y la verdad de nuestro lado, podemos vencer las injusticias y las mentiras.

Así fue cómo nació nuestra organización Las Abejas. Obviamente, antes no nos llamábamos Las Abejas, éramos parte del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Le pusimos “Las Abejas” el nombre de nuestra Organización, porque esos insectos trabajan unidas, no se dejan molestar y se defienden entre todas.

 

Han transcurrido 29 años del nacimiento de Las Abejas de Acteal, y los ricos y poderosos junto con los malos gobernantes en turno, siguen violando nuestros derechos fundamentales; siguen encarcelando a hombres y mujeres inocentes; nos siguen matando como en el año de 1997 masacraron a nuestras hermanas y hermanos y hermanitos; ahora el mal gobierno y su impunidad ha propiciado el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro que hasta la fecha este crimen sigue impune. El mal gobierno y sus paramilitares y el crimen organizado siguen causando desplazamientos forzados y muertes.

El mal gobierno en turno hace decretos a favor de los ricos para despojar las tierras y territorio de los pueblos, así como en el año de 1992, Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 Constitucional para entregar las tierras en manos de los ricos y poderosos, ahora Andrés Manuel López Obrador ha emitido un decreto para que sus megaproyectos como el mal llamado “Tren Maya”, el “Proyecto Integral Morelos” (PIM) entre otros, sean considerados de “seguridad nacional”; y si un pueblo, o defensor de derechos humanos y ambientalista se opone a tal despojo, es asesinado como fue el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes de Amiltzingo, Morelos.

En conclusión, la justicia, la libertad, la paz y el respeto de nuestros derechos humanos y de nuestra vida, se siguen violentando flagrantemente.

Hace 29 años, los malos gobiernos priistas tanto local, estatal y federal quisieron meternos miedo, pero al contrario pudimos consolidar nuestra organización y madurar nuestra conciencia para construir nuestra autonomía como: la libre determinación y autogobierno.

Después de la masacre de Acteal, nuestra organización formó su propia autoridad, la Mesa Directiva de Las Abejas, comisariados y jueces; así también formó áreas de trabajo como: Coro de Acteal, educación, salud, comunicación, grupo de mujeres artesanas y de Caja de Ahorro. Actualmente, tenemos proyectos para mejorar nuestra economía y nutrición. Tenemos proyectos de conservación del agua y energía. Y todo esto gracias a compañeras y compañeros de colectivos y organizaciones que incondicionalmente apoyan y se solidarizan con nuestro caminar y organización.

 Aunque los ricos y poderosos y el mal gobierno en turno quisieran acabar con nuestra lucha y organización, sepan que aquí seguiremos; aunque nos intimiden y nos maten, no podrán detenernos, porque nuestra lucha no solo depende de nosotros, sino, es con Dios Padre-Madre que desde el nacimiento de nuestra Organización nos tocó nuestro corazón para organizarnos y denunciar cualquier tipo de injusticia con su pueblo, que somos nosotros y nosotras y también quienes como nosotros quieren vivir libres, en paz con justicia y dignidad.

Antes de cerrar nuestra palabra, nos solidarizamos con las y los 53 migrantes fallecidos y heridos ayer 9 de diciembre del presente año en un accidente carretero en Chiapa de Corzo, Chiapas; denunciamos que este suceso es por la indiferencia y la falta de voluntad política migratoria y el respeto a los derechos de los migrantes de parte del Estado mexicano. Exigimos al gobierno mexicano investigue y castigue a los responsables y atienda a fondo el caso, y no solo tape las heridas y luego dejar en el olvido este caso, como ya es su uso y costumbre.

Nos solidarizamos también con las personas defensoras de derechos humanos del albergue para migrantes Casa Betania Santa Martha en Salto de Agua, Chiapas, de la agresión que recibieron de un grupo armado haciéndose pasar por “la Fiscalía”, condenamos este hecho violento y exigimos se investiguen y castiguen a los responsables.

Así mismo volvemos a sostener nuestro apoyo total a la misión por la paz y la justicia del Padre Marcelo con el pueblo oprimido y en lucha, pedimos a Dios Padre-Madre y a Nuestra Madre la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de la Masacre de Acteal que lo acompañen siempre en su caminar en estos tiempos oscuros y difíciles.

Sobre la impunidad, volvemos a exigir justicia por el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, ya que a más de 5 meses de su cobarde asesinato no se ha investigado la causa y a los respectivos autores intelectuales de este aberrante crimen, ya estamos cansados de tanta impunidad y simulación.

Hermanas y hermanos, agradecemos por estar siempre atentas y atentos, les pedimos que sigamos caminando y luchando juntos. Y aprovechamos avisarles que para el próximo año celebraremos en grande los 30 años de lucha y organización de Las Abejas de Acteal, les pedimos estén pendientes de la respectiva convocatoria y actividades, porque no lo queremos celebrar solas y solos.

Gracias infinitamente hermanas y hermanos que no nos han dejado solos y solas en estos 29 años de caminar. Gracias siempre al Pueblo Creyente y a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Gracias a los agentes de Pastoral y a la Parroquia de San Pedro Chenalhó. No alcanzamos a mencionar a todas y todos, pero sepan que los tenemos en nuestro corazón, así como ustedes nos tienen en el suyo.

 

Desde Acteal, Casa de la memoria y Esperanza, agradecemos infinitamente al Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra y también al Dios Padre-Madre que nos han dado protección, acompañamiento, fuerzas y sabiduría en nuestro caminar durante estos 29 años.

¡Vivan los 29 años de la lucha civil y pacífica de Las Abejas de Acteal!

¡Viva la Lucha No Violenta de Las Abejas de Acteal!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Paz para los pueblos de México y del Mundo!

 

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

 

Cristóbal Ruiz Arias                                        Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                          Secretario

 

Manuel Ortiz Gutiérrez                                       Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                       sub Presidente

 

Sebastián Guzmán Sántiz

subTesorero

 

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