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(Español) Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación en la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio, realizada desde el 29 de Octubre del año 2020 hasta febrero del 2021

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Organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona presentamos este 2º. Informe con la finalidad de difundir y denunciar las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por un grupo de invasores que atentan contra  la integridad física, emocional y la soberanía alimentaria de lxs bases de apoyo  de Nuevo San Gregorio. Dicha comunidad pertenece al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, “Floreciendo la Semilla Rebelde”, Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el  EZLN.

En el informe destacamos las acciones contrainsurgentes (mecanismos de violencia) desplegadas por el grupo de invasores que están constantemente amenazando y provocando a las familias de la comunidad autónoma zapatista Nuevo San Gregorio. Acciones que vienen, ya sea por concertación u omisión, de la mano de las políticas de los tres niveles del mal gobierno: Federal, Estatal y Municipal.

A lo largo de los meses, lxs participantes en la Caravana hemos constatado las acciones realizadas por parte del grupo invasor. Acciones que han quedado impunes al cobijo del régimen actual. La complicidad de este régimen con los grupos agresores es más que obvia en este y en otros muchos casos donde la resistencia de las comunidades y pueblos significa un freno a las políticas de destrucción y despojo; proyectadas y efectuadas por el gobierno de la autodenominada  “Cuarta Transformación” (4T).

Este régimen se ha dedicado a imponer a los pueblos originarios proyectos que van contra la propia Naturaleza y por consiguiente contra la Vida misma, dando así continuidad a las políticas de despojo territorial que datan de  tiempo atrás. Durante estos más de dos años  de gobierno lopezobradorista hemos presenciado una constante embestida hacia el proyecto autónomo zapatista y de otras resistencias como a lo largo y ancho del territorio nacional.

La falta de intervención o acción concertada de la “Cuarta Transformación” con los distintos grupos de agresores en el territorio zapatista ha provocado, en estas y otras familias bases de apoyo del EZLN, diversos daños que atentan contra su salud física y mental; contra su derecho a la alimentación; además de la destrucción de bienes tanto individuales como colectivos, destrucción de la naturaleza y robo de tierras recuperadas y en posesión legítima del EZLN desde 1994.

Como explicaremos más adelante, cuando el mal gobierno señala que la situación en Nuevo San Gregorio se trata de un conflicto intercomunitario, busca encubrir lo que existe de fondo, que no es otra cosa más que la intención de frenar la lucha por la autonomía.
A continuación, exponemos algunos datos y un recuento de hechos registrados por la Caravana,  con el objetivo de aportar una visión más amplia de lo que ha sucedido en Nuevo San Gregorio desde hace más de un año:

1. Origen de Nuevo San Gregorio.

El poblado Nuevo San Gregorio, perteneciente al Municipio Autónomo Rebelde Zapatista (MAREZ) Lucio Cabañas, Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, forma parte de las tierras recuperadas en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuenta con una extensión aproximada de 155 hectáreas, incluyendo el casco de la ex hacienda llamada “Casa Grande”. En 27 años de resistencia, esta comunidad, al igual que todas las comunidades zapatistas, ha logrado fortalecer los diferentes trabajos que conforman su proceso de autonomía: agroecología, salud, alimentación, educación, justicia, economía. Las bases de apoyo zapatistas han puesto en marcha diferentes trabajos colectivos, como una tienda de abarrotes, así como la producción y venta de artesanías, alfarería, carpintería, ganado, hortalizas, árboles frutales y medicinales. La comunidad cuenta también con una casa de salud y una escuela secundaria autónomas. Es en este territorio donde el grupo llamado “Los 40 invasores”, solapado por los diferentes niveles del mal gobierno, está buscando despojar de tierras a la organización zapatista.

2.-  El grupo de “Los 40 Invasores”.
Las bases de apoyo relatan que el grupo de “Los 40 invasores” provienen de los ejidos San Gregorio Las Casas, San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Rancho Alegre. Algunos de sus integrantes tienen cargos ejidales y eclesiales, y son propietarios de tierra en sus ejidos. Entre los líderes se identifica a Nicolás Pérez Pérez, ex regidor del PRD en Huixtán (2008-2010), propietario de 60 hectáreas de terreno en la comunidad Buena Vista, municipio de San Cristóbal; Sebastián Bolom Ara, ex funcionario de Huixtán (2016-2018); Pedro Hernández Gómez, ejidatario en San Gregorio Las Casas; y Javier Gómez Pérez, ejidatario en la Ranchería Duraznal. En este grupo también se encuentran ex policías de Huixtán.

3.-  Recuento de provocaciones y hostigamiento.
Hace un año y tres meses que el grupo de “Los 40 invasores” llegó al Poblado Nuevo San Gregorio, y las provocaciones y agresiones han ido en aumento. Entre otras afectaciones, los invasores han impedido a las bases zapatistas sembrar y cosechar sus alimentos; han ejercido de manera constante diversos actos de vigilancia y hostigamiento contra los pobladores, principalmente contra las mujeres; han impedido el acceso a los terrenos y lugares de trabajo mediante cercas de alambre; han destruido hortalizas y cortado mangueras que suministraban agua en diferentes espacios de la comunidad; han provocado enfermedades e incluso la muerte de ganado colectivo e individual de las familias zapatistas.
Las bases de apoyo zapatistas señalan: “Este grupo de invasores no necesita la tierra, si la necesitaran de verdad la trabajarían en colectivo”. Y agregan: “Ellos ni interés tienen en la tierra porque ellos tienen tierra, tienen buenos carros, ganados. O sea, tienen dinero, sólo porque nos trata de chingar, nos trata de acabarnos como la Organización, en general pues”.
Las acciones de este grupo mantienen en alerta permanente a las familias zapatistas. El siguiente es un recuento general de hechos constatados por la Caravana en las visitas realizadas desde noviembre del año pasado a la fecha:
Noviembre/2020: Al igual que en el mes de octubre, los invasores continúan metiendo a su ganado a pastorear en terrenos colectivos de las bases de apoyo zapatistas, poniendo en riesgo árboles frutales, plantas medicinales y  cultivos de trigo.
Diciembre/2020: Los invasores, armados con machetes, cuchillos y palos, se posicionan en la “Casa Grande” y realizan reuniones en el lugar, afectando con ello el espacio de la secundaria autónoma que se ubica en esa área; realizan recorridos en los sembradíos colectivos y el tanque de los peces, así como en los lugares donde hay ganado de las familias zapatistas; intentan reventar el alambrado que tiene el ganado colectivo ubicado en Piedra Alta; comienzan a robar frutas, verduras y plantas medicinales que han sido sembrados y cuidados por estudiantes de la secundaria zapatista; realizan vigilancia cerca de las casas de las bases de apoyo zapatistas.
Enero/2021: Los invasores mantienen bajo vigilancia el trabajo de la carpintería colectiva y el centro de la comunidad; comienzan a meter su ganado individual en espacios donde está el ganado colectivo de las base de apoyo; continúan ocupando y haciendo reuniones en la Casa Grande; comienzan a fotografiar vehículos pertenecientes a la Caravana; en el espacio de la escuela secundaria instalan vigilancia y empiezan a chaporrear los árboles frutales; vigilan el trabajo colectivo que realizan los y las zapatistas a un costado de la secundaria autónoma; desconectan el agua que abastece el estanque del ganado colectivo e instalan personas de vigilancia a 50 metros del centro de la comunidad donde están concentradas las bases de apoyo zapatistas.
Febrero/2021: Los invasores se establecen de manera permanente en la “Casa Grande”; instalan guardias en 5 lugares para vigilar, observar con binoculares y tomar fotos a las familias zapatistas y a integrantes de la caravana; inician el arado de la tierra con 2 tractores y comienzan a sembrar maíz; inician el corte de árboles en las tierras invadidas; en la zona donde se ubica la hortaliza zapatista, dividen los terrenos en fracciones de 40.5 metros cada fracción; inician la quema de parcelas donde hay ganado de las bases de apoyo zapatistas; comienzan a mover el ganado de las bases de apoyo fuera de los lugares donde los ubican sus dueños; desconectan mangueras que sirven para regar los diferentes cultivos, así como las tuberías para el estanque de peces; queman la manguera con la que se regaba la hortaliza colectiva.

4.-Incremento de hostilidades.
Las acciones de hostigamiento por parte de “Los 40 Invasores” se han intensificado a partir del día 1 de febrero, poniendo también en riesgo la vida de las bases de apoyo zapatistas. Los siguientes son testimonios y hechos registrados en Nuevo San Gregorio durante las últimas semanas:

“Llevamos casi ocho días aquí, secuestrados en un solo lugar, ahora sí. Las familias que tenemos nuestras casitas, nuestros animales o lo que tenemos cada persona, cada familia, pues ahorita está abandonado” (Testimonio de un integrante de las bases de apoyo zapatistas, 7 de febrero de 2021)
A inicios del mes de febrero, el grupo de “Los 40 invasores”, equipados con machetes, cuchillos, macanas, radios de comunicación, binoculares y celulares montan guardias en varias posiciones: en los diferentes terrenos y espacios de trabajo de la comunidad, en la carretera, en el acceso al manantial y frente al centro de la comunidad. Uno de los invasores, Miguel Bolom Ara, se viste de policía mientras vigila a las familias zapatistas que, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, se han concentrado en el centro del poblado.
“¿Qué estamos haciendo nosotros?”, se preguntan las familias zapatistas frente a esta situación. Y agregan: “Estamos en nuestra casa y todavía nos tienen cerrados como si fuéramos sus borrego. Nos vienen a vigilar”.
En este mismo periodo ha aumentado también el hostigamiento hacia las mujeres bases de apoyo zapatistas, ya que ellas han asumido algunas tareas comunitarias que antes hacían junto con sus compañeros, con el objetivo de evitar provocaciones directas de los invasores hacia los  hombres de la comunidad. Entre otras cosas, las mujeres zapatistas realizan los cuidados del ganado, así como el encendido y apagado de la bomba que surte de agua al centro del poblado.
La vigilancia y presencia de los invasores en los diferentes espacios de trabajo de la comunidad, han generado una situación de estrés constante entre las mujeres zapatistas. Una de ellas, narra: “En la tarde ayer, había una persona que nos estaba vigilando cuando nosotros estábamos dándole agua al ganado, salió con una resortera, ahí en el fondo, donde está el arroyito. Ese mismo día, otra vez bajaron, no sé dónde está ocultado otro, creo que ahí nomás en esa esquina; cuando nos dimos cuenta, bajó, otra vez, así con su machete, jugueteando su machete, y nosotras pues nos dimos cuenta de eso, pero nosotras, pues, como sabemos que estamos en nuestro derecho, pues solamente vimos que bajó con su machete, ahí que lo haga, dijimos así, porque nosotras, no somos como ellos que vienen a provocar.”
Debido al hostigamiento y al cerco que mantienen los invasores, no se ha podido realizar la siembra de maíz y frijol que las familias zapatistas tenían programada del 1 al 4 de febrero, con lo que se pone en riesgo su alimentación. Al respecto, dice uno de los afectados: “Ya llevamos 1 año y 3 meses viviendo todo esto. Entonces, cuando empezamos a quebrar la tierra, estamos muy contentos porque ahora sí podemos cosechar tan siquiera unos elotitos. No vamos a llenar el granero, pero tan siquiera unos elotitos vamos a probar, es lo que dijimos; pero resulta que, con esto, nos está atrasando el tiempo, otra vez, nos estamos quedando mal”.

Durante el mes de febrero, el “Grupo de los 40 Invasores” ha arado 12 hectáreas y media de las tierras que mantiene invadidas, con 2 tractores alquilados. Se calcula un costo de 23 mil pesos por la renta de los 2 tractores, y 2 mil 300 pesos de gasolina por hectárea arada. Los invasores han realizado mediciones y han marcado parcelas individualizadas en estos mismos terrenos, en donde hasta ahora han sembrado aproximadamente 2 hectáreas de maíz. Es importante reiterar que dentro de esas tierra se encuentran espacios de hortalizas, árboles frutales, plantas medicinales y ganado de la bases de apoyo zapatistas.
Frente a estas acciones en contra del proceso de autonomía que defienden las bases de apoyo zapatistas de Nuevo San Gregorio, es importante entender cómo estos mecanismos de violencia forman parte de una estrategia de Estado que da continuidad a la ya conocida Guerra Integral de Desgaste dirigida contra el movimiento zapatista.

Mecanismos de violencia

En el contexto de Chiapas, México, atravesado por la Pandemia y la operatividad del Plan Nacional de Desarrollo del mal gobierno de MORENA y la “Cuarta Transformación”, el panorama de despliegue y reconfiguración de la actual forma de operar de la Guerra Integral de Desgaste hacia los pueblos zapatistas muestra contundentemente que el objetivo es invadir las tierras recuperadas desde 1994 para acabar con la autonomía zapatista, la cual frena el modelo capitalista neo-extractivista; el saqueo y mercantilización de los bienes comunes y en consecuencia el aniquilamiento de la vida campesina y la devastación de la Madre naturaleza.

En lo que va de 27 años de existencia de la territorialidad zapatista desde 1994, es claro que el EZLN viene respetando y cuidando a la Madre Tierra al generar vida comunitaria desde su Autonomía. Se vive una vida digna desde el ejercicio de los pueblos en resistencia-rebeldía que construyen autosustento con trabajo colectivo para una vida saludable e integral, donde las familias ejercen el derecho a una alimentación y salud equilibrada y equitativa. Los ríos y lagunas no están contaminados, los suelos están sanos, las montañas, los bosques, selvas y ceibas siguen de pie, las mujeres, jóvenes, niños y niñas ensayan arte, cultura, educación. Los pueblos deciden sus formas de autogobernarse.

En el contexto del sexenio de MORENA y Andrés Manuel López Obrador, la Guerra de Contrainsurgencia de la “Cuarta Transformación” en Chiapas, sigue en práctica. Las estrategias de ataque siguen siendo de tipo económico, político, agrario, psicológico y militar-paramilitar.
Sin embargo, ahora no sólo se pretende acabar con el proyecto de vida que plantea el EZLN sino de todos los pueblos que resisten. Ejemplo son los Megaproyectos como el mal llamado Tren Maya y la Super-Carretera Palenque-San Cristóbal-Tuxtla-Pijijiapan, los Programas de exterminio campesino desde Sembrando Vida y la Militarización desde la Guardia Nacional (GN) que están ejecutándose de forma veloz, y sobre todo durante la declaración de la Pandemia (marzo del 2020). Siendo el objetivo proteger el desarrollo de dichos megaproyectos mientras compran conciencias con cuotas de dinero para militarizar todo el estado.
La construcción y ubicación de la Guardia Nacional no está donde hay mayor presencia del narcotráfico y crimen organizado, sino donde hay más organización y movilización indígena en defensa de la tierra y el territorio. Por ejemplo, la construcción del Cuartel General de Chilón en la zona Norte pretende ampliar el perímetro de control de la 39 Zona Militar y se articula con el proyecto de Sembrando vida en la zona Selva de Ocosingo, que está creando una división comunitaria para agilizar la privatización/individualización de las tierras colectivas con la ayuda de los mismos jóvenes de las comunidades que se inscriben al programa “Jóvenes Construyendo Futuro” y paralelamente tienen una relación con la Guardia Nacional.
Otra característica de esta Guerra Integral de Desgaste en contexto de MORENA es la velocidad en la que operan los grupos armados ante la impunidad que les conceden los tres niveles de gobierno. Lo que hace mucho más visible que su objetivo está en acabar con la organización del EZLN a través del despojo de las tierras recuperadas.

Los grupos armados actúan en total impunidad a pesar de los testimonios recogidos en la zona y de las denuncias correspondientes de organizaciones de Derechos Humanos y de la Sociedad civil. El trabajo sucio del gobierno es tarea de dichos grupos. Son las pirañas que tienen permitido amenazar, atacar, robar, asesinar y hostigar a las familias y pueblos zapatistas en medio de un escenario de 100% de impunidad orquestado desde los tres niveles de gobierno. Por ejemplo; en la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio los líderes corruptos son ex-policías, religiosos con cargos, propietarios de más de 40 hectáreas, y son premiados con dicha impunidad para seguir ejecutando actos criminales, acompañados con estrategias de dividir a la comunidad con partidos políticos, repartir programas sociales para facilitar dicha división comunitaria y ofrecer la venta de las tierras recuperadas a otros propietarios ajenos a la comunidad.

En suma; a partir del gobierno de AMLO y su “Cuarta Transformación” el modelo de Contrainsurgencia sigue pero con un corte más cínico, al estar violando derechos humanos, acuerdos, tratados y pactos nacionales e internacionales usando una supuesta legitimidad electoral para hacer el mismo trabajo criminal de los  anteriores del PRI, PAN y PRD.

Así, la estrategia está siendo articular varias tácticas que van desde una campaña informativa de desprecio y desprestigio hacia el EZLN íntimamente relacionadas con la presencia de la Guardia Nacional y grupos armados, la ejecución de Megaproyectos y programa de descampesinización como “Sembrando Vida” y el hostigamiento a miembros del CNI. Teniendo como objetivo una avanzada que consiste en despojar de la tierra recuperada a los pueblos zapatistas.

Nuevos Mecanismos de Violencia:

En el Informe presentado el 11 de Noviembre del 2020. Identificamos 7 mecanismo de violencia de la Guerra Integral de Desgaste hacia los pueblos zapatistas de NSG y región Moisés Gandhi:1.-Invadir tierras y destruir la Madre naturaleza; 2.-Cercamiento con alambrados y ambiente de balazos; 3. Violentar el derecho al acceso al agua; 4. Provocar el hambre; 5. Destruir la economía autónoma; 6. Violencia de difamación, calumnia y desinformación; 7. Mecanismos de Violencia hacia los cuerpos-territorios de las Mujeres (https://redajmaq.espora.org/informecaravana2020).
En lo que va de diciembre, enero y febrero identificamos en la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio:

1.  La avanzada de los invasores está en el hostigamiento cada vez mayor del cercamiento hacia los espacios vitales de las familias zapatistas. Dispositivo de “apretada de pinzas” para forzar el desplazamiento dentro de las mismas tierras recuperadas. La modalidad de dominio y terror que adquiere el despojo frente a la impunidad de los tres niveles de gobierno hacia los grupos invasores ha llevado a que las familias zapatistas abandonen sus casas y se concentren en un espacio de resguardo seguro; las familias han quedado encapsuladas en tres cuartos de hectárea, ahí siguen resistiendo desde el trabajo colectivo de la carpintería, la clínica, la escuela, tienda, iglesia.

2.  El desgaste psicosocial para las mujeres es cada vez mayor. Situación que las coloca en un estado de vulnerabilidad al no poder transitar libremente y estar bajo intimidación permanente por parte de líderes invasores. El existente peligro que viven las mujeres cada vez que van por leña, a darle de beber agua a los animales, a la pequeña parcela por algo que cosechar, a cuidar sus casas y pollos. La crueldad física directa y de violencia psíquica-social está violentando el derecho de las mujeres, niños y niñas a una vida libre de violencia al ejecutar actos lesivos contra su integridad física, mental, social y económica con el objetivo de establecer roles de subordinación y provocar el desgaste total.

3. Como consecuencia vemos la conversión del territorio común a propiedad privada. Invadir, cercar y parcelar la tierra recuperada para generar terror y desánimo una vez que transforman todos los espacio vitales-elementales para la reproducción de la vida comunitaria y autónoma en espacios exclusivos de propiedad privada donde la relación hacia la Madre naturaleza cambia a su uso como mercancía.

4. Nuevos terratenientes líderes. Los catequistas , ex policías y propietarios de tierras ofrecen tierras recuperadas a personas ajenas a la comunidad, ponen a la venta la tierra en paralelo a la continuidad de la difamación, calumnia y desinformación acerca del proyecto de vida y la forma organizativa autónoma de los pueblos zapatistas.

Una vez presentados estos mecanismos de violencia estamos constatando que el diagrama de avanzada de la Guerra de Contrainsurgencia en Chiapas cada vez es más cínico por parte de los tres niveles del mal gobierno que premia con impunidad a quienes ejercen actos criminales.
Así, la estrategia está siendo articular varias tácticas que van desde una campaña informativa de desprecio y desprestigio hacia el EZLN íntimamente relacionadas con la presencia de la Guardia Nacional y grupos armados, la ejecución de Megaproyectos y programa de descampesinización como Sembrando vida y el hostigamiento a miembros del CNI. Teniendo como objetivo una avanzada que consiste en despojar de la tierra recuperada a los pueblos zapatistas.

Conclusiones

Las organizaciones, colectivos e individuos/as que participamos en esta caravana de solidaridad, todas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, damos cuenta de la documentación en la que pudimos recoger testimonios y evidencias de los hechos concretos relacionados en este informe que se derivan en una serie de mecanismos de una violencia estructural que resultan en impactos a la salud física y mental en las niñas, niños, mujeres y hombres de las comunidades afectadas. En este contexto de provocación y agresión prolongada se ha generado una crisis profunda dentro de las familias pertenecientes a la comunidad de Nuevo San Gregorio. No debemos de olvidar que desde el levantamiento armado de 1994 a la fecha, este tipo de situaciones se reactiva durante este gobierno como un patrón de contrainsurgencia enfocado en desfragmentar la resistencia y permanencia de la autonomía zapatista.

El dispositivo de violencia está en provocar de manera permanente angustia, llanto, miedo, dolor, rabia, sentimientos que se vuelven cotidianos. Los actos de agresión y provocación que está generando el grupo de invasores una vez que se van interiorizando en los cuerpos de las mujeres y niñas, niños. De tal manera el grupo de personas que han invadido el territorio recuperando desde 1994 violentan el derecho de las familias de NSG a una vida libre de violencia y ejecutan actos lesivos contra la integridad física, mental, social y económica.

Exponer dichos mecanismos de violencia muestra cómo funciona la maquinaria del crimen, muerte y destrucción contra un proyecto de vida que construye autonomía.
El grupo de personas invasoras imponen un estado de zozobra, tensión y de vulnerabilidad cotidiano y permanente.
El grupo de invasores ejecutan actos de crueldad física directa  violencia psíquica-social:
• Cercar y secuestrar a las familias en sus propias casas y tierras.
• Cercar y secuestrar animales, manantiales y ríos.

Este es el despliegue y re-configuración de la actual forma de operar contra la vida y las autonomías.

Es por ello por lo que las agresiones perpetradas el grupo de invasores son una evidente acción de atacar y golpear a la autonomía zapatista y su estructura organizativa. Su actuar se basa en crear un clima permanente de tensión y provocación. Ante toda esta situación de agresiones las familias zapatistas de NSG  no han caído en provocaciones y siguen en su empeño de defender la vida. La defensa de la vida no sólo se limita a la propia, sino que se amplía pues como nos han repetido en múltiples ocasiones, como defensores de la Madre Tierra que son, “No somos dueñxs de la tierra, somos guardianes”. Es la dignidad sembrada y alimentada en 26 años de organización lo que posibilita que frente al dolor-coraje haya más ideas para cuidar la esperanza desde la resistencia y las autonomías de los pueblos. Sus proyectos de vida dicho por ellxs mismos se reflejan en el  trabajo colectivo de trigo, artesanías de mujeres, tienda colectiva, carpintería, espacio de alfarería, etc.
Debemos aclarar una vez más que las  tierras recuperadas son tierras del EZLN, de la organización que tienen a casi 27 años de lucha y resistencia una mirada de larga duración en la construcción de un mundo diferente donde se construyan muchos mundos, donde el proceso organizativo a través de la autonomía desde la comunidad y la colectividad es una de la formas de construcción de la vida, de respeto a la Madre Tierra, es decir de un lugar de resistencia donde se construye humanidad para la humanidad. Sabemos que esto se ha repetido en el informe anterior, reiteramos estás palabras con la idea clara que la situación en la cual están pasando las familias zapatistas de NSG no ha cambiado al contrario ha empeorado, seguimos en esa misma línea pues la amenaza continúa. En ese mismo sentido no dejaremos de denunciar la implicación de los tres niveles de mal gobierno en todo lo anteriormente descrito, las políticas de destrucción y de despojo que no han cesado nunca pese a la anunciada transformación o cambio que decía representar este gobierno.

“Como compañeros y compañeras vamos a resistir aunque nos pase mil cosas feas, pero la esperanza llegará, seguiremos adelante tejiendo vida para el mañana que todos esperamos, la resistencia y rebeldía en nuestros corazones la llevaremos siempre, porque nosotras y nosotros somos guardianes de la Madre Tierra, no somos dueños, porque la tierra no es de nosotros es de todos que luchamos por una vida. Nacimos en ella, vivimos en ella, la vamos a cuidar y la vamos a proteger y si es necesario moriremos por ella”. (Palabras de los compañerxs zapatistas de NSG)

La Caravana de solidaridad y documentación estuvo monitoreada y acompañada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casa, quienes han verificado y documentado la situación de despojo territorial y de violaciones a los derechos humanos en marcados en los Acuerdos de San Andrés y demás instrumentos jurídicos que están contenido la legislación nacional e internacional.
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Este informe es parte de una campaña de difusión y solidaridad que estamos realizando y en la que solicitamos su colaboración para que desde sus espacios lo circulen y lleven a cabo acciones en pro de las comunidades zapatistas.

Invitamos a todxs a estar atentos de la situación de la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio y en general de lo que ocurra en territorio zapatista. Les seguiremos manteniendo informadxs de lo que acontezca. No dejaremos de denunciar estos hechos y la complicidad que tienen los tres niveles de mal gobierno, tampoco dejaremos de acompañar a nuestrxs compañerxs zapatistas
Nuestrxs compañerxs zapatistas no están solxs y seguiremos caminando junto con ellxs.

Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Colectivo Anarcista El Pueblo (Grecia)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs.
Lumaltik Herriak.
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
BIZILUR.
TxiapasEKIN Plataforma.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

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Grieta Medio para armar

(Español) El mal llamado “Tren Maya” acumula tres nuevas suspensiones en Yucatán

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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2021. El colectivo Chuun T’aan Maya y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíimbal”, organizaciones que agrupan a miembros de alrededor de cuarenta comunidades mayas, acompañados por los abogados de Equipo Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., dieron a conocer que el día de ayer el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres nuevas suspensiones a las obras del mal llamado “Tren Maya” en esta entidad.

Esta determinación a favor de las comunidades pone en entredicho la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) y determina que se detengan todas aquellas obras de construcción, al menos en el tramo 3 de este megaproyecto, “que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio” yucateco.

La decisión de la jueza del Juzgado Cuarto de Distrito se da en respuesta a los tres juicios de amparo promovidos el pasado 20 de enero por las comunidades organizadas en torno a la Asamblea “Múuch’ Xíimbal” (que significa “caminar juntos” en idioma maya) y el colectivo “Chuun T’aan” (“conjuntar la palabra”, también en lengua maya), las cuales denunciaron una serie de violaciones al derecho a la información, la vulneración del derecho de las comunidades a una adecuada participación y la omisión, por parte de Semarnat, para realizar una “evaluación ambiental regional”.

Con estas tres nuevas suspensiones judiciales que ordenan detener las obras de construcción del tren en tierras yucatecas, suman ya cuatro en este estado, además de las tres que están vigentes en Campeche y la de Palenque, Chiapas, que es de carácter definitivo. Además, en Quintana Roo están por definirse dos amparos más y próximamente la Corte Suprema de Justicia deberá de resolver en torno a otros dos amparos promovidos también por comunidades de Yucatán.

Sin embargo, los integrantes de los colectivos participantes en la conferencia de prensa denunciaron que el gobierno federal no está acatando las resoluciones judiciales que ordenan detener las obras, pues Fonatur, con la coartada el dar mantenimiento a las vías -aun en lugares donde no hay vías- viola de manera sistemática las suspensiones hasta ahora emitidas y prosigue con las obras de construcción y la tala de árboles.

Cuestionados sobre si tienen pruebas de lo anterior, los integrantes de los dos colectivos convocantes y del equipo de abogados respondieron: “si ustedes van [de Yucatán] hacia Campeche van a ver que al lado de la carretera están haciendo obras de desmonte y de aplanado. Esto es una primera fase, no hay todavía construcciones más grandes. Hay desmonte y aplanado al lado de la carretera. Lo que ahorita se pretende es parar la continuación de esas obras de tal manera que de que no se llegue a una situación donde esto sea irreversible para las comunidades, para el medio ambiente”.

En la video conferencia de prensa en la cual los colectivos dieron a conocer esta información, indígenas mayas también denunciaron que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de toma de decisión sobre un proyecto que afecta su territorio”, su integridad cultural, forma de vida y pone en riesgo su existencia como indígenas mismos. De la misma forma, denunciaron la política y estrategia racista del actual gobierno y de Fonatur para deslegitimar la lucha de las comunidades indígenas que se oponen a los megaproyectos de la actual administración federal: “Siguen una lógica de que las comunidades no podemos elegir nuestros proyectos y organizarnos autónomamente. Pero en nuestro territorio es donde nosotros decidimos qué hacer colectivamente, no desde las instituciones”. Y agregaron: “Nosotros como mayas estamos reclamando nuestro derecho a la libre autodeterminación. Por os estamos luchando”.

Tras explicar las razones por las cuales decidieron ampararse y usar las herramientas legales para defenderse de la imposición de estos proyectos en su territorio, afirmaron que desde hace muchos años las comunidades siguen sus procesos de lucha, “reivindicando que desde lo que somos como comunidades tenemos las respuestas a la vida que queremos aquí, de manera colectiva desde las mujeres, desde los hombres, desde los jóvenes, de los abuelos y abuelas que estamos viviendo aquí, porque es nuestra vida y estamos en nuestro territorio”. Y fueron enfáticos al afirmar: “no queremos que decidan por nuestra vida, cuando desde aquí, desde nuestra comunidad podemos saber qué es lo que debemos hacer para regenerarnos comunitariamente”.

Uno de los participantes en la conferencia, quien es profesor de lengua maya, manifestó: “Nos quieren ‘cancunizar’, lo cual no es una buena noticia porque eso significa perder el territorio. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo de turismo como el de Tulum, Playa del Carmen, Cancún… del que es parte el tráfico de drogas y la trata de mujeres, el tráfico de órganos, la pobreza y explotación. Eso es lo que trae cada uno de los vagones del tren”.

Otra de las participantes mencionó que el mal llamado “Tren Maya” “no es un proyecto inocente”, sino que trae consigo una devastación. Detrás de él están “las inmobiliarias impulsando un reordenamiento territorial” que va de la mano con el con el despojo y la mercantilización de la tierra, además de mega parques solares y eólicos que atentan contra la forma de vida de las personas que viven en las comunidades.

Finalmente, el colectivo de abogados organizados en torno al Equipo Indignación, que acompaña legalmente a las comunidades, apuntó que resulta paradójico que mientras el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, firma el Acuerdo de Escazú, “que entre otras cosas establece la obligación de los estados de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas”, en la práctica sigue los usos y costumbres de los gobiernos precedentes volviendo a ejercer la discriminación institucionalizada del Estado mexicano hacia las comunidades indígenas, a las que nuevamente ignora en la toma de decisiones.

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Congreso Nacional Indígena

Acción urgente. Denuncia de agresiones y detención arbitraria contra integrantes del Congreso Nacional Indígena en Ocosingo, Chiapas

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Ocosingo, Chiapas, México.

15 de febrero de 2021

Al pueblo de México

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos

A los medios de comunicación

Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPINOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido El Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido Peña Limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.

Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.

Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

radio
Armando Medios Libres

(Español) A 4 meses de la #TomaINPI No nos rendimos, resistimos. Comunidad Otomi residente en CdMx

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Con un llamado a la jornada global #JusticiaParaSamir y contra los Megaproyectos, a impulsar el recorrido de nuestras hermanas y hermanos zapatistas por la Europa de abajo, a mantener los proyectos de autogestiión y resistencia como el taller de costura de la Muñeca rebelde Lele y la invitación a seguir apoyando con el acopio y la solidaridad la causa otomi.
Te invitamos a compartir y difundir este información.
Nunca más un México sin nosotras y nosotros.

A 4 meses de la #TomaINPI

radio
Red Ajmaq

(Español) Videos de la campaña de difusión caravana solidaria a la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo rebelde Zapatista Lucio Cabañas

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Campaña de difusión caravana solidaria Video 5: Agresiones al trabajo colectivo.

 

Video 4: Violencia hacia la economia autónoma y la destrucción de la Madre Tierra.

Video 3: Difamación y calumnia hacia las comunidades zapatistas (Realizado durante la Misión Civil de Observación)

 

Video 2: Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos.

 

Video 1: Mecanismos de la violencia hacia los cuerpos – territorios de las mujeres

radio
Red Ajmaq

(Español) Comunicado sobre la situación de la Comunidad Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas

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11 de Febrero de 2021.

A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del EZLN
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humamos nacionales e internacionales
A los medios libres, independientes, autónomos
A los pueblos de México y del mundo

Organizaciones, colectivos y personas a título individual, todas Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional, hemos llevado a cabo desde el mes de octubre Caravanas de Solidaridad con los Pueblos Zapatistas. En estás caravanas se ha realizado un trabajo de acompañamiento y observación de derechos humanos de niños, niñas, mujeres y hombres Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la comunidad Nuevo San Gregorio (NSG), se ha documentado la presencia y los daños que un grupo invasor está provocando a las tierras recuperadas ubicadas en esta comunidad, así como el hostigamiento constante a las familias zapatistas.

Durante los hechos, que desarrollaremos más adelante, hemos presenciado que los tres niveles de gobierno no han intervenido para frenar las agresiones, el despojo y las provocaciones del grupo de invasores hacia las BAEZLN. Pudimos observar la complicidad que tiene este grupo de invasores con los tres niveles de gobierno para despojar del territorio a las BAEZLN y controlar los bienes naturales, así como la estrategia de abrir paso a proyectos gubernamentales individualizados, como “Sembrando Vida” (entre otros programas), que agreden el proceso de autonomía e intentan romper con formas organizativas comunitarias.

Ante el hostigamiento de los invasores y para resistir a las provocaciones, las familias zapatistas han dejado sus casas y se han concentrado en el Centro de la comunidad, abandonando sus pertenencias y en algunos casos, sus animales (algunos de ellos ya han muerto por el abandono forzado). El trabajo de siembra de maíz y frijol que las BAEZLN tenían previsto del 1 al 4 de febrero no se realizó
, lo que amenaza la alimentación y la salud de las familias para los próximos meses. Esto significa atentar directamente contra la vida de las Bases de Apoyo, por una perspectiva de seguridad a corto plazo.

Parte de este grupo de invasores proviene de los ejidos San Gregorio de Las Casas, Duraznal, Rancho Alegre y San Andrés Puerto Rico, algunos de ellos con cargos ejidales y eclesiales. Nos preguntamos qué hace gente de otras comunidades en el territorio de las BAEZLN , quién los trajo aquí y con qué propósito.

Aquí presentamos la lista de hechos ocurridos entre el 1 y el 9 de febrero, documentados por la Caravana de Solidaridad:

1.- Desde hace un año y tres meses, el grupo de invasores ha cercado con alambre de púas y postes de madera 145 hectáreas de las 155 que hay en las tierras recuperadas. Han tomado posesión de la llamada “Casa Grande” (antigua finca) que es parte de los terrenos de la Escuela Secundaria Autónoma. Señalan las Bases de Apoyo: “Se decidió conservarla porque fue fruto del trabajo de nuestras abuelas y abuelos que fueron peones acasillados en la finca”. Como parte de los trabajos colectivos se ha invertido dinero y trabajo en arreglarla. Entre el 1 y el 9 de febrero fue utilizada como campamento por parte de los invasores, los cuales han estado haciendo cortes con motosierra detrás de la Casa Grande y la han estado usando para vigilar desde allí las actividades de las BAEZLN con binoculares, celulares y radios.

2.- A partir del 1 de febrero, los invasores instalaron 5 posiciones de guardia (2 de ellas a tan solo 50 metros de distancia del Centro de la comunidad, 3 de ellas a 250 metros), portando machetes, cuchillos, navajas, resorteras, macanas con punta, celulares, radios de comunicación y binoculares. Entre ellos se encuentra Felipe Henriquez Gómez de Rancho Alegre; Nicolás Pérez Pérez de San Gregorio Las Casas; Esteban Miguel Moshan, Manuel Moshan Moshan, Javier Gómez Mendez, Miguel Bolom Ara (ex policía municipal de Huixtán), Mario Bolom Ara, Alejando Pérez Pérez, Alonso Ara Moshan, Sebastián Ara Moshan y Pedro Pérez Pérez (sobrino de uno de los líderes de la ORCAO).

3.- Dentro de la comunidad se desarrollan varios trabajos colectivos, los cuales permiten diversificar la alimentación, así como la prevención y curación de enfermedades. El grupo de invasores ha impedido que estos trabajos se lleven a cabo. Las BAEZLN tienen un estanque de tilapia colectivo para alimento de la comunidad y un espacio donde las niñas y los niños se reúnen para jugar. Los invasores desconectaron varios tramos de la tubería que surte el agua al estanque, provocando la muerte de los peces, ya que las encargadas y encargados de alimentarlos no pudieron acercarse al lugar entre el 1 y el 6 de febrero por la presencia de los invasores.
Por parte de los y las estudiantes de la Secundaria Autónoma se tenía un trabajo colectivo de colmenas, ubicado detrás de la Casa Grande, pero también debido a la presencia de los invasores y al no poder cuidarlas, éstas ya no están.
Las Bases de Apoyo relataron algunos de los daños provocados por los invasores: “Nicolás Pérez Pérez quemó el monte seco de un trabajadero que suelen usar como abono. El fuego se descontroló y casi se queman unos borregos que tenemos en colectivo. Hay berro sembrado alrededor del estanque, los invasores lo cortaron. “Tenemos colectivo de ganado, hay que ir a cuidar hasta tres veces al día para moverlo del lugar, para que coma, para darle agua y sal”. Los invasores movieron varios ganados, los ganados sufrieron con el paso de los tractores y la presencia de tanta gente. Las compañeras han tenido que encargarse de los ganados y borregos, porque los compañeros no pueden abandonar sus guardias y por miedo de ser atacados. Cuando van a cuidar los animales, los invasores las vigilan, juguetean con el machete para intimidarlas y las alumbran con focos”.

4.- La Educación, como parte de las áreas de la autonomía zapatista, también ha sido afectada por los invasores. “El 18 de enero era la fecha de inicio de las clases de la Secundaria Autónoma, las clases no han podido iniciar ya que los invasores usan seguido la Casa Grande y las y los estudiantes tienen que pasar demasiado cerca del grupo invasor para llegar a la escuela”.

5.- La invasión de las tierras recuperadas también ha afectado el abastecimiento de agua y electricidad: “Se acumuló basura en la captación de agua y estaba entrando poca agua, por la cercanía con el grupo invasor no se ha podido limpiar. Se tiene un tanque de almacenamiento de agua desde el que bombean agua a las tomas del Centro de la comunidad y la Casa Grande. Normalmente bombean agua cada 3 días. En esta ocasión, por la presencia del grupo invasor en los terrenos cercanos al tanque, tuvieron que esperar 5 días para bombear el agua. Las compañeras son quienes han ido a bombear el agua y van con miedo porque hay invasores que las vigilan”. En la comunidad se cuenta con un transformador de luz, pero hay riesgo de que en la temporada de lluvias se caiga, y no se ha podido componer porque está en los terrenos cercados por los invasores.

6.- Entre el 1 y 9 de febrero el grupo de invasores contrató 2 tractores para arar las tierras. Al momento han afectado 12.5 hectáreas, se calcula un costo de 23,000 pesos por la renta de los tractores y 2300 por hectárea arada, más unos estimados 6 mil pesos por 320 litros de diesel comprados. Pedro López, comisariado ejidal de Los Llanos, es el encargado de los tractores. Mientras trabajan los tractores, entre 8 y 12 invasores hacen guardia. Las mangueras que proveen agua al ganado colectivo, así como al estanque de peces han sido desconectadas. Realizan quema de tierras, en algunos casos hay pelibueyes amarrados para la pastura. En algunos de los terrenos en los que ha entrado el tractor había trabajo colectivo de hortalizas y plantas medicinales. Con el paso del tractor, además de dañar parte de las mangueras, se destruyó el camino que lleva a la hortaliza colectiva; en ella dejaron varias macanas con punta clavadas, y esto es interpretado como provocación.

Toda esta serie de hechos no son menores. Como habíamos mencionado anteriormente, forman parte de una estrategia para despojar de las tierras recuperadas a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, es también una estrategia de desgaste y un intento para romper el proceso de autonomía. Esta invasión ha provocado innumerables daños a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: desplazamiento de familias, despojo de la tierra y el territorio, destrucción de trabajos colectivos, impidiendo el acceso al derecho a la educación y a la salud, ejes de la autonomía zapatista. En palabras de las BAEZLN: “Los invasores no tienen interés en cultivar la tierra, tienen dinero, carros, ganados y derechos en sus ejidos. Si realmente tuvieran necesidad, que vengan a trabajar en común, pero no quieren. La tierra es para luchar, no para hacer negocio”.

Como Caravana de Solidaridad, reiteramos que no dejaremos de acompañar a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, no dejaremos de denunciar la complicidad de los tres niveles de gobierno, que es parte de una estrategia de contrainsurgecia para frenar la lucha del EZLN. Ha quedado claro que el cambio que prometía desde el inicio este gobierno, auto llamado de la Cuarta Transformación, no ha sucedido. Al contrario, bajo la legitimidad de los votos ha continuado con los proyectos de muerte de los gobiernos anteriores. Pero pese a su política de muerte seguiremos luchando por la vida, aquí “abajo y a la izquierda”; seguiremos defendiendo a la madre naturaleza, la tierra y el territorio; seguiremos luchando por un mundo más justo “donde quepan muchos mundos”.

Nuestra labor ha sido pacífica y con el objetivo de hacer valer los derechos humanos y libre autodeterminación de los pueblos y hemos contando con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Este acompañamiento se da de manera presencial y a la distancia con el objetivo de realizar un trabajo integral y continuo.

Organizaciones y colectivos firmantes…

Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs
Lumaltik Herriak
Médicos del Mundo, Suiza-México
Memoria Viva
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC)
BIZILUR
TxiapasEKIN Plataforma
Colectivo Anarcista El Pueblo
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

radio
Prensa comunitaria

(Español) Guatemala | CC: los crímenes de lesa humanidad y genocidio no pueden ser amnistiables

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Por Regina Pérez

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo definitivo a varios ciudadanos que accionaron en contra de la iniciativa de ley 5377 que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, debido a la amenaza ante la posibilidad de que entrara en vigor, ya que buscaba amnistía militares responsables de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, que fueron cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

La decisión del máximo Tribunal conformado por los magistrados Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández, Rubén Gabriel Rivera Herrera y Roberto Molina Barreto, quien emitió un voto razonado disidente, fue recibido de manera satisfactoria por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes del conflicto armado interno, que manifiestan que la sentencia los alienta a seguir impulsando los casos y reivindica el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia.

El amparo definitivo fue otorgado a los ciudadanos Paulina Ixpatá, Pedrina López de Paz, Sergio Vi Escobar, Helen Mack y Oswaldo Samayoa, que accionaron en la CC, con lo que dejó sin efecto la sanción y promulgación de dichas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

Foto: Nelton Rivera.

Este proyecto legislativo fue impulsado desde 2017 en el Congreso por los exdiputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez y otros congresistas que avanzó en el Legislativo durante el 2019, año en que la CC otorgó un amparo provisional que había dejado en suspenso la sanción y promulgación de la iniciativa.

¿Qué dictó la Corte?

El abogado experto en derecho constitucional Oswaldo Samayoa, quien fue uno de los amparistas, destacó tres puntos de la resolución que dictó la Corte: primero, señaló que la ley de Reconciliación Nacional que está vigente es clara en que los delitos relacionados a tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio no pueden ser amnistiables.

Por lo tanto todos los casos que se han llevado a Tribunales y las personas que ya están condenadas, más los casos que están en proceso, no puede decirse que se van a eliminar, eso da certeza a la Ley de Reconciliación Nacional que se obtiene a partir de los acuerdos de Paz, dijo el abogado.

Segundo, la Corte pone en evidencia que vivimos en un Estado constitucional de derecho, es decir que la Constitución tiene un contenido político y jurídico en torno a los derechos humanos y que le da prioridad a la protección de los derechos fundamentales, indicó.

Y el tercer impacto es que resuelve que el Congreso no puede continuar con este tipo de discusión parlamentaria observando que este tipo de legislación es contraria a los Acuerdos de Paz, a la Constitución y a los intereses del Estado en construir el bien común, agregó.

Samayoa señaló que el amparo fue presentado antes de que la Ley entrara en vigencia, (aún estaba en segunda lectura) debido a que existía el peligro de que personas que ya estuvieran condenadas o en proceso, guardando prisión preventiva, salieran libres.

Si esta ley entraba en vigencia, uno de sus artículos decía que las personas que ya estuvieran condenadas y que estuvieron guardando prisión, o procesadas en prisión preventiva, debían inmediatamente obtener su libertad, explicó.

“Con un día que hubiera estado vigente la ley, si los efectos hubieran surgido, luego no se podría retrotraer al proceso para volverlos a encerrar, porque la ley no puede ser retroactiva en perjuicio del reo, con medio día que hubiera estado vigente, hubieran quedado libres personas que ya estaban condenadas y eso hubiera sido una burla a las víctimas y al sistema de justicia”, expresó.

Sentencia reivindica derecho de las víctimas a la justicia

Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Guatemala (Famdegua) señaló que están satisfechos con la resolución de la CC a favor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.

Farfán señaló que esta resolución favorece a las víctimas, tanto de masacres y desapariciones, como a familiares sobrevivientes y especialmente a las que han fallecido con la esperanza de ver justicia y de conocer la verdad; es muy importante que la CC nos haya brindado ese amparo, indicó.

Agregó que esto alienta a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, “creo que eso es el sentido de las familias de las personas detenidas y desaparecidas y de las personas masacradas a quienes nosotros representamos como parte de esa búsqueda”.

Famdegua señaló que la iniciativa debe archivarse, “porque en el Congreso existen intereses de protección a personas que han sido señaladas de violaciones a derechos humanos. Creo que es un proceso muy grande para la historia que nos fortalece en la búsqueda de la verdad y la justicia”, subrayó Farfán, cuyo tío, Rubén Amílcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984.

Por su parte, el abogado Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, señaló que con la iniciativa se pretendía reformar la Ley de Reconciliación, decreto 145-96, dejando abierta una amnistía general y que incluso hacía responsables a jueces que no dieran trámite inmediato a las solicitudes. Pérez ha llevado casos emblemáticos de justicia transicional como la masacre de la Embajada de España y el caso de genocidio contra Ríos Montt, en el que fue querellante.

Con esto, asegura el abogado, se violentaban no solo las garantías fundamentales de las víctimas sino obligaciones internacionales del Estado, así como los Acuerdos de Paz que establecen que el Estado no debía tomar medidas legislativas para impulsar la impunidad.

Pérez señaló que la sentencia, aunque dividida por un voto razonado, reivindica las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco y los derechos de las víctimas a tener acceso a la justicia sin que existan obstáculos.

El abogado Pérez manifiesta que en Guatemala es difícil llevar casos relacionados al conflicto armado al sistema de justicia. “Hoy precisamente fue la audiencia de apelación del segundo juicio por genocidio, eso sucedió en los años 82, 83, estamos en el 2021, estamos hablando de 42 años de los hechos y apenas estamos conociendo en segunda instancia un juicio histórico pero que llevó muchos años prepararlo y esperar el momento que los Tribunales pudieran abrir las puertas para el acceso a la justicia”, indicó.

A pesar de que el número de casos que se ha logrado llevar a la justicia es mínimo, el abogado señala que por la lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos ha habido casos emblemáticos, que representan ese patrón sistemático generalizado de políticas de Estado como la tierra arrasada, el desplazamiento forzado, las masacres y el genocidio.

Al preguntarle si esta es una sentencia histórica, Pérez señaló: “Todas las sentencias que hay hasta hoy en el sistema judicial guatemalteco relacionadas con el conflicto armado interno son históricas y representan a cada una de las víctimas que sufrieron las atrocidades cometidas durante el conflicto”.

Organizaciones como Impunity Watch Guatemala también se pronunciaron sobre la sentencia. “La resolución de la CC sobre la iniciativa 5377 es consecuente con el derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene la obligación internacional de juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y no puede otorgar amnistía en este tipo de casos”, indicó en su cuenta de Twitter.

Voto razonado disidente de Molina Barreto

El amparo tuvo el voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, quien busca ser reelecto como magistrado constitucional para el periodo 2021-2026 de la CC, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentó su expediente.

Molina Barreto fue nombrado como magistrado constitucional por los magistrados de la CSJ, para sustituir la vacante que dejó Neftaly Aldana.

Su nombramiento fue adversado por organizaciones de derechos humanos que recordaron que como magistrado de la CC, Molina emitió resoluciones contrarias a la ley como en el caso por genocidio, cuando se anuló la condena contra el general Efraín Ríos Montt, en mayo de 2013.

Para acceder a la sentencia completa:

https://drive.google.com/file/d/1hqueYTG6gIcQmjvGNgzTkZYHOmJ33MvJ/view

radio
Avispa Midia

21 mil estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

⇓ÚLTIMA PARTE⇓

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Leer la 4ta Parte de esta serie ⇒ Honduras: El paramilitarismo en el sector energético y el turismo


Parte V

Paramilitarismo contra Estudiantes, Periodistas, Abogados y Defensores/as de Derechos Humanos

En Honduras, los periodistas y abogados de medios alternativos / independientes que exponen las violaciones de derechos humanos por parte del Estado y las luchas de los movimientos sociales, enfrentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre 2009 y 2013, 74 abogados y 25 periodistas fueron asesinados (Holanda, 2014). La mayoría de los casos permanecen impunes.

“Pues en el 1997 se pone la primera demanda en contra de la familia Facussé y la familia Morales, pero los abogados, siempre sobornados, iban abandonando los casos; o sea, según iban avanzando los terratenientes llamaban a los abogados y si no querían los remataban, entonces tenían que aceptar”, cuenta un miembro de la Plataforma Agraria

“Así se fue dando desde 1997. En el 2006 ya teníamos el abogado número siete, y en ese momento hicimos una toma de la finca. Igual el abogado sabía que tenía la legalidad, pero también fue sobornado… Ahí de Tocoa, se llama Rico. El último abogado que sí se demostró y ganó fue el abogado Antonio Trejo, en 2012, en el caso de la cooperativa San Isidro, en el caso de la cooperativa Trinidad y Despertar. Pero el 22 de septiembre lo asesinaron”, de acuerdo con los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria. Junto al asesinato de abogados, entre 2001 y 2018, fueron asesinados 84 periodistas en Honduras (García, 2019).

El movimiento estudiantil hondureño también se ha visto muy afectado por la represión estatal y la violencia no estatal desde el golpe de 2009. La acción colectiva de estudiantes secundarios y universitarios que protestan contra las políticas de austeridad y la privatización de la educación pública ha sido brutalmente reprimida por la policía estatal y el ejército; los estudiantes han sido golpeados, asesinados y encarcelados. Según el Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 21.000 estudiantes han sido asesinados en Honduras entre 2011 y 2018 (C-Libre, 2018).

Aquí se pueden encontrar tres modalidades principales de violencia paramilitar. La primera es cuando los agentes estatales incurren en acciones que exceden las sancionadas por la ley. Estos incluyen allanamientos de hogares, recolección de información personal, fotografías y seguimiento sin una orden judicial, así como tortura y finalmente asesinato. Estos actores pueden estar uniformados o no, utilizar vehículos sin matrícula y con frecuencia tienen la cara enmascarada. Los siguientes son algunos ejemplos que ilustran esta modalidad.

En septiembre de 2018, durante una marcha de un amplio colectivo de movimientos sociales en el Día de la Independencia Nacional, un adolecente de quince años fue arrojado en la parte trasera de una camioneta patrulla policial, torturado y logró escapar de lo que describió como un intento de asesinato.

“Nos dijeron que nos iban a llevar a un callejón sin salida y nos iban a matar. Me golpearon un par de veces con la pistola en la cabeza, sentí salir sangre. Luego me metieron el arma en la boca y dijeron que si oían nuestras voces dispararían. Había gente en la calle mirando y tratando de grabar esto en video con sus teléfonos celulares, así que comenzaron a disparar balas reales a los pies de las personas para hacerlas escapar”, comparte Francisco (seudónimo), estudiante de secundaria, Honduras. El niño finalmente recibió tratamiento hospitalario por las graves lesiones que sufrió en la cabeza y continúa sufriendo impedimentos físicos y psicológicos.

En otro trágico caso, el 30 de agosto de 2018 tres hombres armados con armas de alto calibre, uniformados de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestraron en una camioneta a dos estudiantes del Instituto Técnico de Honduras de una residencia en Tegucigalpa. Al día siguiente, Mario Enrique Suárez Gómez, de 19 años, y Gerson Daniel Meza Medina, de 18, fueron encontrados muertos en la carretera, con marcas de tortura y numerosos disparos (La Prensa, 2018).

A uno de ellos le rompieron las manos y las piernas, le quitaron los ojos y le cortaron la nariz (Meza, 2018). Los dos jóvenes habían participado en al menos 12 protestas en los últimos meses, exigiendo el subsidio de transporte público para estudiantes que el gobierno les había quitado en reformas anteriores (C-Libre, 2018). También estuvieron involucrados en una protesta contra el gobierno pocas horas antes de su secuestro (Meza, 2018).

ATIC negó la participación de su personal en el incidente, afirmando que los logotipos del uniforme que llevaban los perpetradores no coincidían con los del uniforme de ATIC (La Prensa, 2018). Sin embargo, un examen exhaustivo de una gran variedad de imágenes del personal de ATIC en las escenas del crimen revela una mayor variación en sus uniformes. Además, la forma en la que los hombres armados sacaron a los dos estudiantes y los acompañaron hasta la camioneta sugiere que el primero tenía entrenamiento militar.

Las autoridades estatales han atribuido los asesinatos a miembros de bandas criminales que se hacen pasar por agentes estatales, mientras que la cobertura de los principales medios de comunicación se ha centrado en la violencia de las pandillas en el vecindario de la víctima y en uno de los arrestos anteriores del estudiante por cargos de drogas.

En otro incidente en el contexto de semanas de protestas de estudiantes universitarios en Tegucigalpa, un civil armado disparó ocho tiros desde un vehículo privado contra estudiantes que protestaban en la vía frente a la universidad (El Tiempo, 2019). A pesar de que el incidente fue filmado por cámaras de seguridad cercanas, nadie ha sido acusado. El ataque ocurrió en un contexto de represión, detenciones y desalojos violentos de estudiantes que protestaban dentro y en la vía frente de la universidad.

La segunda modalidad de violencia paramilitar contra estudiantes es en forma de seguridad privada. Las amenazas de muerte por parte de guardias de seguridad privada contra estudiantes involucrados en algún tipo de acción colectiva son comunes en la UNAH. En un caso conocido de julio de 2017, estudiantes de la UNAH fueron brutalmente agredidos por una unidad de seguridad privada de la empresa Spartan, mientras ocupaban una parte de las instalaciones de la universidad, incluidos algunos que se encontraban en huelga de hambre.

Además de los guardias de seguridad privada empleados permanentemente por la universidad, Spartan fue contratado por separado por la administración de la universidad para desalojar violentamente a los estudiantes. Los agresores golpearon brutalmente a los estudiantes y utilizaron gases lacrimógenos (Rodríguez, 2017).

La última modalidad de violencia paramilitar es la empleada por individuos que pueden ser miembros de pandillas o simplemente sicarios. Un estudiante activista compartió la historia de cómo miembros de la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más notorias de Centroamérica, fueron a su casa y lo amenazaron con matarlo si continuaba participando en las protestas estudiantiles.

Grupos Paramilitares Emergentes

Como hemos demostrado, gran parte de la violencia contra las comunidades rurales involucradas en disputas por la tierra y luchas ambientalistas, así como contra estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos en general, es llevada a cabo por asociaciones de actores estatales y no estatales que no pertenecen a grupos específicos autoidentificados. Sin embargo, también está en marcha un proceso de formación de estructuras paramilitares más identificables. Podemos caracterizar esta formación de grupos paramilitares como en etapa embrionaria, en comparación con otros países como México y Colombia.

Los siguientes tres ejemplos son de la región del Bajo Aguán y las organizaciones mencionadas son / fueron parte de la Plataforma Agraria.

El primer caso, de la comunidad de Panamá, demuestra cómo la colaboración entre guardias de seguridad privada, batallones militares y civiles armados ha dado lugar a una unidad paramilitar. Este grupo armado está liderado por un individuo que fue guardia de seguridad de Dinant y luego formó parte, durante un tiempo, del movimiento campesino Gregorio Chávez. Una plantación de palma aceitera llamada Paso Aguán, oficialmente propiedad de Dinant, ha sido disputada por el movimiento campesino Gregorio Chávez.

Desde 2014 la plantación se utiliza como base para el Batallón Xatruch. Seis individuos de la cercana comunidad de Panamá, afiliados al movimiento campesino, han sido asesinados en la propiedad Paso Aguán, que ahora se conoce entre la comunidad como el ‘cementerio clandestino’. En abril de 2018, los militares y guardias de seguridad privada de Dinant se retiraron oficialmente de la propiedad. En su lugar, un grupo armado liderado por Santos Torres, que según testimonios de campesinos de la Plataforma era un ex-guardia de seguridad privada de Dinant, y que también fue miembro del movimiento campesino, estableció el control de una zona considerable de la plantación.

Desde septiembre de 2018, este grupo armado ilegal de aproximadamente 20-30 hombres portando armas como AK47 y R-15 y vistiendo chalecos antibalas, “ha llevado a cabo numerosos actos de violencia contra integrantes del movimiento, como el 16 de enero de 2019 cuando uno de los líderes del movimiento, Jorge Mejía, recibió disparos en un intento de asesinato”, según los voceros de la Plataforma Agraria, Honduras.

La comunidad ha denunciado todos los casos a la policía y a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA). “En varias ocasiones, Santos Torres fue detenido y poco después liberado. También ha sido visto tomando café con los policías que supuestamente fueron asignados a proteger a los miembros de la comunidad que son beneficiarios de medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección”, según líderes movimiento campesino Gregorio Chávez. Además, señala este movimiento que, “el grupo armado opera de acuerdo con los militares y Dinant, con el propósito de aterrorizar a la comunidad y así disuadirlos de emprender acciones de recuperación de tierras o dar la impresión de que la violencia fue causada por conflictos internos de la comunidad, es decir, campesinos contra campesinos”.

De manera similar, un grupo paramilitar conocido como La Confianza surgió en la comunidad de La Confianza en el Bajo Aguán, en 2016. Liderado por el ex-militar Celio Rodríguez, el grupo está compuesto por algunos ex-miembros de una cooperativa campesina que se escindió del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, MUCA).

Rodríguez se ha encargado de entrenar y suministrar al grupo uniformes y armas. Los miembros de este grupo paramilitar han estado persistentemente amenazando, intimidando e intentando asesinar a líderes clave de la Plataforma Agraria. En este contexto, el grupo asiste a reuniones comunitarias para proponer la venta de la tierra de propiedad colectiva de los campesinos.

Según testimonios locales, miembros del grupo se han reunido en numerosas ocasiones con Oscar Nájera, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional derechista. Nájera es un conocido socio comercial del cártel de la droga de Los Cachiros que anteriormente se encontraba en Tocoa, Colón. Uno de los integrantes del grupo, Osvin Nahum Caballero, quien tiene 11 cargos de homicidio, fue detenido en 2018. Es responsable, junto con Celio Rodríguez, del asesinato de José Ángel Flores, ex presidente del MUCA y Silmer George, miembro del MUCA en 2016.

En noviembre de 2019 surgió otro grupo paramilitar de manera similar. Varios miembros de la cooperativa San Esteban, parte de la organización campesina MARCA, a los que se unieron algunos sicarios formando un grupo paramilitar de 50 hombres fuertemente armados, se apoderaron de la finca de la cooperativa San Esteban y obligaron al resto de las familias que son miembros de la cooperativa a salir. Actualmente emplean esta estrategia para amenazar a familias de otras cooperativas cercanas como Despertar y La Trinidad (Criterio, 2019a).

Reflexiones sobre las tendencias de la violencia y las unidades paramilitares

Como se puede observar, en Honduras la violencia paramilitar es pro-capitalista y política y se lleva a cabo por actores estatales y no estatales, a menudo a través de la cooperación entre ambos. Las características organizativas de la violencia van desde la pequeña escala (individuos contratados para atacar a miembros de movimientos sociales) hasta grandes grupos que incluyen batallones militares y guardias de seguridad privada.

También varían entre asociaciones ambiguas y temporales, agentes de seguridad del Estado, actores no estatales, y grupos propiamente formados que se identifican como tales. Los factores que han facilitado la proliferación de la violencia paramilitar son: el aumento de la militarización, el uso generalizado de la seguridad privada y su cooperación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de grupos inter-institucionales (compuestos por policiales y militares). Esto último crea condiciones propicias para la participación de la policía y el ejército en violaciones de derechos humanos, así como la participación de actores no estatales.

Los siguientes patrones pueden observarse en todas las diferentes modalidades de violencia paramilitar. Primero, independientemente de la modalidad a través de la cual se lleve a cabo, la violencia paramilitar trabaja en coalición con la legislación para lograr los objetivos económicos de los capitalistas, así como los establecidos por instituciones internacionales como el Banco Mundial. Por lo tanto, la violencia paramilitar en este país sirve para sostener las estructuras de poder institucionalizadas, no solo los intereses privados de los capitalistas individuales.

En segundo lugar, en todos los casos de violencia paramilitar existe un proceso paralelo de criminalización de las víctimas. Esto último debe entenderse como parte integral de los requisitos previos o condiciones favorables para el surgimiento del paramilitarismo. En los casos rurales y urbanos observamos la misma tendencia en la que no solo se registran a las víctimas de la violencia política simplemente como producto del delito, sino que también se utilizan las acusaciones o cargos existentes en su contra para insinuar su participación previa en actividades ilegales que luego presumiblemente podrían utilizarse para explicar su muerte.

Así, el proceso de criminalización de miembros de los movimientos sociales que se oponen al régimen y su modelo económico allana el camino para eventualmente normalizar su “desaparición” y reforzar la impunidad. Por ejemplo, los estudiantes activistas son acusados falsamente y cuando son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, como el caso del joven secuestrado por ATIC, su muerte se explica en relación a los cargos anteriores.

Más importante aún, cuando los campesinos, los garífunas y los estudiantes son elevados a la categoría de narcotraficantes mientras que los perpetradores de la violencia paramilitar se reducen a criminales, las dos fuerzas opuestas – los movimientos desde abajo y el instrumento violento utilizado por las élites para silenciarlos – se fusionan en la categoría de criminales, invisibilizando por completo las motivaciones pro-capitalistas y políticas de la violencia de un lado contra el otro.

La individualización de los problemas estructurales y el desvío de la responsabilidad de la violencia de los verdaderos perpetradores y hacia las propias víctimas, es una característica recurrente en las cuentas de los medios de comunicación hegemónicos, así como en los discursos de los oficiales gubernamentales y corporativos.

Esto es lo que dijo el Sr. Hugo Maldonado, Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), cuando se le pidió que comentara sobre el secuestro y posterior asesinato de los dos estudiantes por parte de ATIC: “No es ATIC. Cualquiera puede ponerse un uniforme. … Se sabe que uno de los chicos estaba en el proceso de decidir si se unía o no a la mara, así que eso puede que tenga algo que ver”, dijo en entrevista el Sr. Hugo Maldonado de CODEH.

De igual manera, el señor Roger Pineda, portavoz de Corporación Dinant, argumentó que “la violencia en el Bajo Aguán no es política sino que principalmente tiene que ver con conflictos internos entre campesinos, desbordes de dinero por ventas agrícolas o algunas actividades ilegales”.

Esto lleva al siguiente problema, que es la fragmentación de las comunidades rurales a través de la infiltración militar y empresarial. Hemos visto que en los tres casos de grupos paramilitares de aparición reciente en una región con intensos conflictos territoriales como el Bajo Aguán, los miembros de estos grupos armados han venido de las propias comunidades bajo la coordinación de militares en activo o ex-militares.

Estos grupos armados locales o actores no estatales a menudo son personas ya temidas por las comunidades locales debido a su participación en el tráfico de drogas y el sicariato. Además de reclutar individuos locales para los grupos paramilitares emergentes, esta estrategia tiene tres propósitos más:

1-crea un clima de miedo, sospecha y desconfianza entre las comunidades, que conduce a la ruptura de la unidad y posteriormente al debilitamiento del movimiento; 2– justifica una mayor militarización con el argumento de que algunos campesinos están armados; y 3– refuerza los discursos dominantes de que la violencia se debe al tipo de conflicto interno “campesinos contra campesinos”, eximiendo así al Estado y los capitalistas de cualquier responsabilidad.

En conclusión, en Honduras se está presentando el desarrollo y la sofisticación de la violencia paramilitar. Diferentes actores con poder político y económico emplean, cada vez más, el uso de la violencia para defender sus intereses. Este fenómeno no se puede reducir a un problema de corrupción (por la coalición entre actores estatales y criminales) o a un contexto dominado por ´señores de la guerra´ como producto de un Estado débil, si no que se debe a la estructura legal que rige y sostiene este tipo de violencia.

El Estado crea leyes acordes a las necesidades de los verdaderos criminales, que a base de fuerza establecen su dominación. Cuando la población pobre trata de recurrir a leyes que les pueden beneficiar, el sistema de justicia no les ampara y les pone obstáculos. Si queremos eliminar la violencia es necesario mirar más allá de los que llevan los fusiles y hacia los que diseñan las leyes y medidas económicas, que son los instrumentos del saqueo legalizado que siempre dependerá del uso de la violencia.

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Noticias de abajo

(Español) Noticias de abajo 9 febrero 2021

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— Rompiendo Fronteras
CHILE: Continua la represión y la brutalidad policiaca. Asesina policia a artesano y malabarista Francisco Andrés Martínez Romero en ciudad de Panguipulli, otro joven Camilo Miyaki aparece muerto en comisaria policial. Decenas de protestas en todo el territorio. Elpueche, Radio Kurruf, Radio PLaza Dignidad, Primera Linea
ARGENTINA: Crean refugio contra la violencia machista para las trabajadoras de la tierra por la UTT. Crece la protesta contra la mineria contaminante y medicos exigen pago de salarios atrasados desde hace meses. Página 12, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano
SIRIA. Israel continua bombardeando Siria.
PALESTINA: Grandes movilizaciones repudiando los recientes asesinatos y torturas a niños y adolescentes palestinos por parte de la policía Israelí, la marcha fue violentamente reprimida.
MUNDO: 6 de febrero Día mundial contra la mutilación genital femenina. Solo en 2021, 4,16 millones de niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina.

—Desde el ombligo del monstruo.
MEXICO MUJERES: Sobre la detencion del exgobernador de Puebla Mario Marin por el caso de la periodista y activista exiliada Lydia Cacho.
Informe de de la Red Feminista Quintanarrroense sobre agresiones a las mujeres. Cumplen mas de 60 dias de la toma de la Congresa.
LUCHA POR LA VIDA: Represión policiaca a rodadas de Viernes de Furia en CdMx e Invitación a Rodada a Huexca Morelos en defensa del Agua.
CDMX: Movilizaciones de familiares de desaparecidos y familiares de victimas de la Guarderia ABC, reclaman atención y son reprimidos. Desinformemonos
CARACOLES ZAPATISTAS CHIAPAS: Se instala grupo agresor en tierras recuperadas, las bases de apoyo del EZLN deciden no realizar sus siembras ante el riesgo de violencia. Informe de la comisión de observación.

Música:
Los borbones son unos ladrones – Varios artistas
Primera Linea – Radio Liberacion
Pablo Hasel – Nuestras libertades

 

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Avispa Midia

(Español) Urgente: Atacan nuevamente con armas de fuego a comuneros de Cuatro Venados, Oaxaca

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Niña de Cuatro Venados cuidando sus chivos. Foto por Santiago Navarro F

Aproximadamente a las 2 de la tarde de este 9 de febrero, unas 20 personas quienes portan armas de fuego de uso exclusivo del ejercito volvieron atacar a los vecinos de la comunidad San Pablo Cuatro Venado, específicamente en los parajes “El Rebollero”, “Los Arquitos” y “Río Minas”, ubicados a tan solo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca.

“Campesinos que en esos momentos se encontraban pastoreando su ganado en el área que conocemos como los platanares y loma de costales fueron agredidos con armas de fuego. La agresión la hicieron aproximadamente 20 personas que bajaron de dos camionetas tipo Pickup, una de color blanco y otra de color rojo”, explican los agredidos, quienes se encuentran resguardados.

Los habitantes de esta comunidad aseguran en un comunicado que, “estas camionetas venían en dirección de la comunidad El Carrizal y Tiracoz Cuilapam de Guerrero”, y que el ataque armado “duró unos 20 minutos aproximadamente”.

Los atacantes se han internado entre la vegetación de la comunidad y hasta las 17 horas de este día 9 de febrero los habitantes de esta comunidad afirman que, “personas extrañas siguen llegando y se están internando en entre la vegetación”, dijo uno de los habitantes, que por seguridad prefirió mantenerse en el anonimato.

En el comunicado que han lanzado estos comuneros afirman que están en “alerta máxima”, ya que hay rumores de que pueden atacarlos como sucedió 31 de mayo de 2019, cuando más de 500 personas armadas y con trascabos derribaron sus viviendas y quemaron sus cosechas. “Lo más preocupante es que siguen llegado otras personas ajenas a nuestra comunidad y están escondidas entre la maleza en el río”, denuncian en el comunicado.

Sepa más – Atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras y el documental Cuándo los Coyotes Aúllan

Estos comuneros responsabilizan a los tres niveles de gobierno por lo que pueda ocurrirles. “Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno ya que, más de una vez, hemos denunciado estos atropellos. Somos originarios de San Pablo Cuatro Venados y las tierras que habitamos pertenecieron a nuestros ancestros”.

Los comuneros advierten que parte de los intereses por sus tierras, es la explotación de oro y plata, así como el agua que nace entre sus montañas. “Tenemos el conocimiento que en nuestras tierras se han expedido por lo menos 3 concesiones mineras: estas son: Titulo 217598, expedido en 2002, ubicada en el Lote Cuatro Venados, con una superficie de 132 hectáreas; Titulo 227548 expedido en el año 2006, ubicada en el Lote la Soledad, con una superficie de 3600 hectáreas; La tercera concesión abarca los municipios de Cuatro Venados y San Miguel Peras, ubicada en el Lote Moisés, que abarca una superficie de 1400 hectáreas, con el titulo 242664, expedido en el año 2013”, dice el comunicado.

El 31 de mayo del 2019, tras el ataque a esta comunidad, un equipo de Avispa Midia contabilizó 24 casas derribadas y quemadas. El maíz, frijol y otros granos que se almacenaban para las siembras también les rosearon gasolina y les prendieron fuego. Ropa, camas, zapatos se encontraban regados por doquier. Quebraron las únicas dos celdas solares de donde obtenían su energía los habitantes de esta comunidad. También les robaron sus vacas, dos plantas generadoras de energía y una bomba de agua, todo lo que pudieron.

Comunicado completo de la comunidad aquí ➜

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