Desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad, denunciamos que el sábado 22 de agosto de este año, paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), allanaron, saquearon, robaron e incendiaron dos bodegas de café que pertenecen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este grupúsculo de paramilitares ya ha atacado, en ocasiones anteriores, a los compañeros y compañeras zapatistas.

En la comunidad autónoma Moisés Gandhi, municipio de Ocosingo, los paramilitares provenientes del municipio de Oxchuc y encabezado por Tomás Sántiz Gómez, rosearon de gasolina las bodegas y prendieron fuego, no sin antes robar el café de nuestras compañeras y compañeros zapatistas.

Esta vil y cobarde acción criminal, se inscribe en la ya larga guerra de exterminio que los distintos malos gobiernos de todos los partidos políticos al servicio del Estado y el capital, han emprendido en contra de la autonomía y el autogobierno de las comunidades rebeldes zapatistas.

Ayer como hoy son los mismos quienes pretenden inútilmente acabar con la alegre rebeldía. Hoy como ayer el mal gobierno se viste de “democrático” y “progresista” mientras mantiene entre los suyos a personajes tan cómicos como siniestros, basta recordar dos nombres que han sido responsables de esta guerra contrainsurgente: Esteban Moctezuma Barragán y Manuel Velasco Coello; ambos funcionales a Morena que encabeza Andrés Manuel López Obrador, dicho partido político actualmente mal gobierna el estado de Chiapas en la persona de Rutilio Escandón Cadenas, quien es el responsable directo de estas agresiones y de la existencia de este tipo de grupos paramilitares que son financiados por el gobierno federal y estatal.

Desde finales del 2018, las Brigadas Civiles de Observación que realiza el Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registraron que el número de incursiones militares en la zona del Caracol de La Realidad se han incrementado: patrullajes terrestres, sobrevuelos en helicópteros con soldados armados siguen siendo una constante en la política del Estado mexicano, en suma, el discurso de un “cambio” o un “nuevo gobierno distinto” a sus antecesores del PRI, el PAN y el PRD sigue siendo una simulación que sigue teniendo altos costos sociales.
Otra manera de fomentar esta guerra es a través de programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, mismos que sólo abonan al desarraigo cultural y social, profundizado así el rompimiento en el tejido social y comunitario.

Ante este escenario de guerra, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional responde por la vida, y así, el año pasado, anunció los avances de su autonomía que se ven reflejados en la extensión de su territorio, pasando de cinco a doce Caracoles con sus respectivas Juntas de Buen Gobierno, además de la creación de diversos Centros de Resistencia Autónoma y Rebeldía Zapatista.
No olvidamos que estos grupos paramilitares comenzaron en el año de 1997 de la mano de Ernesto Zedillo y Esteban Moctezuma y que ahora siguen operando bajo el amparo impune y corrupto de Morena. Como tampoco dejamos de lado el contexto en el cual se inscribe dicha acción criminal por parte de la ORCAO.

Hay sobre las comunidades de todo el sureste en México, un proyecto que pretende continuar con la idea porfirista de convertir a esa parte del país en una gran hacienda, el mal llamado Tren Maya es parte también de esa guerra contrainsurgente: ¡NO PASARÁN!

A las compañeras y compañeras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les decimos que no están solos, no están solas. Llamamos a todas y todos los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a las Redes de Apoyo Rebeldía y Resistencia, a todas las personas de buen corazón, a que según sus tiempos, formas y modos, a informarnos, a denunciar y a movilizarnos para denunciar este acto y a sus responsables; a que la solidaridad siga siendo la ternura de los pueblos.

¡VIVA LA AUTONOMÍA ZAPATISTA!
¡¡VIVAN LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO!
¡VIVAN LOS CARACOLES ZAPATISTAS!
¡VIVAN LAS BASES DE APOYO ZAPATISTAS!
¡VIVA LA VIDA! ¡MUERA LA MUERTE!
¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

Contra el despojo y la represión: la Solidaridad
Red contra la Represión y por la Solidaridad
(RvsR)

ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ZAPATISTAS

#ElEZLNNoEstaSolo
#FueraParamilitaresDeTerritorioZapatista
#ORCAOesParamilitar

Porque #ElEncierroNoMeCalla:

Denunciamos, como en agosto de 2011, “Paramilitares de la ORCAO destruyeron casa para observadores nacionales e internacionales”, hoy a 9 años de contrainsurgencia y de una abierta guerra de exterminio, nuevamente, los mismos paramilitares de ORCAO en Chiapas, queman bodegas de bases de apoyo del EZLN.
Responsabilízanos al Gobierno Estatal de Chiapas que encabeza el Morenista Rutilio Escandón Cárdenas y al Gobierno Federal de López Obrador y su Transformación de Cuarta, por su complicidad y omisión en estos actos paramilitares.

Hoy decimos, nuestr@s herman@s Zapatistas no están sol@s, estamos con ellos en la lucha contra el Capitalismo y en la lucha contra una Guerra de Exterminio!

Zapata Vive, la Lucha Sigue!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

PD. Invitamos a estar pendientes de otras iniciativas que daremos a conocer y también para que juntemos nuestras rabias y rebeldías y caminemos una vez más, con nuestr@s herman@s del EZLN

Casas abandonadas y otras semihabitadas, unas más vestidas como trincheras, porque las balas con armas de alto calibre llegan no sólo a los patios sino también a las paredes e incluso han cruzado el umbral de las puertas. Ahí quedaron ya casi sin paredes ni techo algunas y en la soledad sus enseres, en medio de las montañas de Los Altos de Chiapas que guardan la tranquilidad para otras épocas.

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Entre las 9 y las 11 de la mañana de este sábado 22 de agosto, miembros de la Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo (ORCAO) saquearon e incendiaron dos bodegas de maíz y café pertenecientes a bases de apoyo zapatistas, en el crucero Cuxuljá, entre Oxchuc y Ocosingo, en el municipio autónomo de Lucio Cabañas.

El ataque sucede en el contexto de un largo conflicto agrario. Después del levantamiento de 1994, ambas organizaciones en alianza recuperaron fincas ganaderas y crearon el municipio autónomo Che Guevara, con el acuerdo de que las tierras serían de propiedad comunal. Pero con la llegada del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía en 2000, el gobierno ofreció programas con la condición de que las tierras se titularan individualmente. La ORCAO, que participó de la alianza perredista que apoyó a Salazar en los comicios de 2000, abandonó la resistencia y se alió al gobierno. Rompió entonces el acuerdo con el EZLN sobre las tierras para acceder al dinero público. Ese fue el inicio del conflicto.

En octubre de 2001, habitantes de Cuxuljá miembros de la ORCAO atacaron el Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arco Iris (el mismo que fue atacado este 22 de agosto), destruyendo el mural y agrediendo a golpes a los bases de apoyo de la comunidad de Moisés Gandhi y a campamentistas presentes en el local. Esto en el contexto de una creciente paramilitarización en el estado que coincide con la puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá y la visita de funcionarios del Banco Mundial a Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Desde entonces, una serie de ataques, amenazas, despojos y diversas formas de violencia han sido cometidas por la ORCAO contra el EZLN.

En un artículo de 2009, Luis Hernández Navarro explica:

La Orcao se formó en 1988, con 12 comunidades de Sibacjá, en el municipio de Ocosingo. Al poco tiempo se sumaron a ella otros poblados, hasta casi sumar 90. Sus demandas originales consistieron tanto en la búsqueda de mejores precios para el café (en 1989 se desplomaron drásticamente) como en la solución del rezago agrario. En 1992, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular, reivindicó la autodeterminación indígena, se opuso a la reforma al artículo 27 constitucional y exigió libertad, justicia y democracia.

Orcao forma parte de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) en Chiapas. Como ha sucedido a casi todas las organizaciones campesinas en el estado, nacionales y locales, las que integran Unorca sufren un imparable proceso de descomposición, dispersión y división internos. Orcao dirige a la Unorca en la entidad. Juan Vazquez, uno de sus principales líderes, es comisionado para la reconciliación en el gobierno de Juan Sabines. La organización tiene estrechos vínculos con esa administración. La mayoría de sus líderes forman parte del PRD.

En diciembre de 2007, el EZLN echó a andar un reparto agrario desde abajo, avalado por la Ley Agraria Zapatista. La medida respondía, en parte, a la decisión gubernamental de reconocer derechos sobre la tierra ocupada por los rebeldes a otros grupos campesinos. Con ello, la administración pública federal y la estatal sembraron la semilla de la discordia entre pobres. El 15 de mayo de 2008 los zapatistas informaron a la Orcao que delimitarían las tierras recuperadas en 1994 para cuantificarlas en hectáreas y distribuirlas. La respuesta de la organización de caficultores no se hizo esperar: rentó y vendió sus tierras, invadió predios de bases zapatistas, robó e hirió animales de sus adversarios, y agredió violentamente a la comunidades en rebeldía.

Las siguientes son sólo algunas de las agresiones cometidas por la ORCAO contra el EZLN en las últimas dos décadas.

En enero de 2002, unos 70 miembros de la ORCAO atacaron con piedras, garrotes, tiradoras, cadenas y machetes a bases de apoyo zapatistas en el Nuevo Poblado Javier López, municipio autónomo de Francisco Gómez, con la complicidad y el apoyo de la policía.

En junio de 2002, miembros de la ORCAO de Sibacá destruyeron dos hectáreas de cultivo del municipio autónomo Primero de Enero, además de derribar límites en Pomalá, amenazar a los habitantes de López-Chamizal, expulsar a zapatistas de Ucumiljá y Ja’ten’chib (Ocosingo) y desplazarlos a tiros de sus casas en San Pedro Buena Vista (Sitalá), despojándolos de 30 hectáreas de tierras y robando sus casas y todas sus pertenencias.

En 2008 el gobierno anunció el inicio de las obras de la autopista turística San Cristóbal-Palenque en 2009. La resistencia a esta autopista (y a los subsecuentes proyectos megaturísticos) detonó una creciente paramilitarización y un recrudecimiento de los ataques de la ORCAO contra los zapatistas.

En enero de 2009, mientras el EZLN celebraba el Festival de la Digna Rabia en San Cristóbal de Las Casas, miembros de la ORCAO atacaron e intentaron despojar a bases de apoyo zapatistas de un predio de 500 hectáreas en Bosque Bonito, municipio autónomo Che Guevara. Poco después, 220 personas de la ORCAO a bordo de 19 camiones y camionetas intentaron ingresar por la fuerza al caracol de Morelia. Por esas fechas, la ORCAO también impidió el paso de zapatistas que transportaran madera para la construcción de nuevos espacios de la escuela autónoma de Primero de Enero.

A finales de ese año, las JBG de La Garrucha y Morelia denunciaron que la ORCAO organizó un grupo para apoderarse del tianguis campesino en Ocosingo, expulsando a los zapatistas.

Apuntados como paramilitares a servicio de los gobiernos de Juan Sabines y Felipe Calderón por la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha, miembros de la ORCAO invadieron tierras recuperadas por del EZLN en el poblado El Paraíso. Esto tras diversos ataques anteriores, entre marzo y junio de 2011, en los que destruyeron 4 mil 500 matas de café, media hectárea de caña y media hectárea de milpa, además de robo de ganado, robo de alambre y corte de madera. En junio de ese año, miembros de la ORCAO secuestraron y torturaron a dos zapatistas en Ocosingo.

En agosto de 2011, paramilitares de la ORCAO destruyeron una casa para observadores en la comunidad Ejido Patria Nueva, caracol de Morelia. Ese mismo mes, 12 grupos armados de la ORCAO agredieron con armas de fuego, piedras y palos a bases de apoyo zapatistas.

En mayo de 2012, la JBG de Morelia denunció despojos de tierras por parte de la ORCAO en los municipios autónomos de 17 de Noviembre y Lucio Cabañas. En agosto del mismo año, la ORCAO realizó varios ataques con armas de fuego contra bases de apoyo zapatistas, según denuncia de la JBG de Morelia.

En julio y agosto de 2014, miembros de la ORCAO llevaron a cabo una serie de ataques y desplazaron a bases de apoyo zapatistas del municipio autónomo de San Manuel, caracol de La Garrucha, justo antes de que se realizara la compartición entre pueblos originarios del país en el caracol de La Realidad, en agosto de ese año. (Ver Acción urgente del Frayba.)

Este pasado 23 de febrero de 2020, miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) de las comunidades de San Antonio Bulujib y Guaquitepec, municipio de Chilón, incluyendo a dos bebés, fueron golpeados y secuestrados por miembros de la ORCAO y del grupo paramilitar Los Chinchulines, así como integrantes del partido MORENA, en represalia por haber participado en las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos” (ver denuncia del CNI).

Los ataques actuales se dan en el contexto de la defensa del territorio y la resistencia por parte del EZLN y del CNI a los megaproyectos del actual gobierno federal.

En un comunicado, el Congreso Nacional Indígena denuncia dichos ataques como parte de las agresiones del partido MORENA y los gobiernos estatal y federal contra las comunidades zapatistas y su resistencia contra los proyectos de muerte en el país:

Denunciamos la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que arriba los malos gobiernos buscan imponer, por todo el país, mega proyectos de muerte a los que nos oponemos y nos opondremos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros territorios y permitir la destrucción que prometen los poderosos.

Hacemos responsables de estos hechos a la organización paramilitar ORCAO, al partido MORENA, al gobierno del estado y al gobierno federal, que no han dejado de sembrar la violencia en la región con el fin de golpear no solo a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades bases de apoyo del EZLN, sino a todos los pueblos que soñamos la lucha por la vida, con sanar a nuestra madre tierra y no dejar que se privatice, que no regresen nunca más los patrones capitalistas y los malos gobiernos a los territorios autónomos zapatistas y que esa luz siga floreciendo en los territorios de los pueblos originarios del CNI- CIG y toda la humanidad.

A los pueblos de México y del mundo.

El Concejo Indígena de Gobierno- Congreso Nacional Indígena repudiamos el cobarde ataque de integrantes del grupo paramilitar llamado Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que el pasado sábado 22 de agosto alrededor de las 11:00 de la mañana robaron y quemaron las instalaciones del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arcoiris, que se encuentra ubicado en el sitio conocido como crucero de Cuxuljá, Municipio Autónomo Lucio Cabañas, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

La organización paramilitar ORCAO ha mantenido desde hace años una presión y violencia constante sobre las comunidades zapatistas; como es el caso del Municipio Autónomo Moisés Gandhi, para detener la organización autónoma, privatizar las tierras que han costado la lucha y organización de los pueblos originarios bases de apoyo zapatistas, para amedrentar y amenazar a las y los compañer@s que desde abajo vamos apostando por la esperanza, como las diversas agresiones en contra de compañeros del Congreso Nacional Indígena, que fueron violentados y secuestrados por paramilitares de ORCAO, los Chinchulines y gente del partido MORENA.

Denunciamos la guerra que, desde arriba, se está desplegando en contra de la organización de las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que arriba los malos gobiernos buscan imponer, por todo el país, mega proyectos de muerte a los que nos oponemos y nos opondremos, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestros territorios y permitir la destrucción que prometen los poderosos.

Hacemos responsables de estos hechos a la organización paramilitar ORCAO, al partido MORENA, al gobierno del estado y al gobierno federal, que no han dejado de sembrar la violencia en la región con el fin de golpear no solo a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades bases de apoyo del EZLN, sino a todos los pueblos que soñamos la lucha por la vida, con sanar a nuestra madre tierra y no dejar que se privatice, que no regresen nunca más los patrones capitalistas y los malos gobiernos a los territorios autónomos zapatistas y que esa luz siga floreciendo en los territorios de los pueblos originarios del CNI- CIG y toda la humanidad.

Hacemos un llamado a las y los compañer@s de redes de apoyo y redes de resistencia y rebeldía a pronunciarnos y movilizarnos contra la guerra de exterminio, que se agudiza peligrosamente en contra de nuestras hermanas y hermanos de los pueblos zapatistas, que nos enseñan a nunca dejar de sembrar rebeldía y esperanza.

Atentamente

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Nunca Mas Un México Sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno

Buenos días, Durante la cuarentena por la pandemia Covid 19, los Pueblos Originarios son población vulnerable, en mayor riesgo las comunidades en desplazamiento forzado bajo ataques armados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, registramos agresiones a Pom, en Chalchihuitán, en la región Altos de Chiapas, en México.

Compartimos nuestra palabra urgiendo al Estado mexicano cumplir con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil. Adjunta y en la página www.frayba.org.mx

Agradecemos su valioso trabajo periodístico.

Azalia H. Rguez. Cel. 9671356978

Agresiones armadas, desplazamiento forzado, discriminación y COVID 19 Comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Chalchihuitán en mayor riesgo de crisis humanitaria.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) registró disparos de armas de fuego en contra de la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, Chiapas, México, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, en contexto de riesgo por emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid 19.

Testimonios indicaron que el pasado 1 de mayo de 2020, aproximadamente a las 08:00 horas, hubo actos de violencia armada que aumentaron el miedo y la crisis humanitaria en comunidades que pertenecen al Pueblo Maya Tsotsil:

[…] un grupo armado de corte paramilitar vestidos de negro dispararon, esto sucedió en el tramo Chacojtón en la comunidad de Pom del municipio de Chalchihuitán, esto ha traído mucho miedo entre las y los desplazados, no podemos ir a nuestra milpa a traer nuestras verduras para comer, las mujeres y los niños sufren mucho, no pueden ir por leña y los hombres no podemos salir a trabajar.

[…] Es difícil encontrar como alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la casa por la enfermedad del COVID, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la parcela, tampoco podemos comprar en la comunidad porque los hombres no pueden salir a trabajar a la milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los grupos paramilitares.

Esta situación de vulnerabilidad pone en alto riesgo de contagio de COVID 19 a las 273 familias, un total de 1236 personas desplazadas forzadamente, debido a que se encuentran en pobreza extrema, sin alimentación adecuada, ni agua potable, en carencia de servicios de salud accesibles y de calidad. De especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, en las comunidades desplazadas de K’analumtik, Pom, Ch ́enmut, Bololch’ojon, Bejelton, Tulantik, Cruzton, Ts’omolton y Cruz Kakanab del municipio de Chalchihuitán y Majompepentik municipio de Chenalhó. A pesar de que las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en deslazamiento forzado, de Chalchihuitán y Chenalhó,

anteriormente mencionadas, cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 882-17)1 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/20182, las autoridades del Estado mexicano no han cumplido de manera eficiente yhttps://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/200506_boletínSan Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10_10_chalchihuitan.pdf eficaz con implementar las acciones necesarias para protegerlas.

Cabe señalar que históricamente las comunidades de Pueblos Originarios son uno de los sectores más vulnerables a consecuencia de la desigualdad caracterizada por la discriminación, exclusión y pobreza, que conlleva a una violación estructural y sistemática de derechos humanos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) el municipio de Chalchihuitán ocupa uno de los primeros lugares de pobreza extrema (79.8%), la cual se agudizó desde los hechos de violencia perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, que provocó el desplazamiento forzado de 5023 personas, desde octubre de 2017.

La Organización de Las Naciones Unidas indicó que: “Los pueblos indígenas, en particular las mujeres y las niñas indígenas, suelen verse afectados de manera desproporcionada por las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas… son también custodios de una gran riqueza de conocimientos y prácticas tradicionales, lenguas y culturas, que incluyen respuestas a las crisis probadas en el tiempo”3. Se les debe incluir de manera participativa, culturalmente apropiada y respetuosa de sus derechos, en las respuestas a la pandemia y sus impactos.

Por lo anterior el Frayba solicita de manera urgente al Estado mexicano:

Garantice los derechos humanos a Pueblos Originarios en desplazamiento forzado, en doble riesgo por ataques armados y por la pandemia de Covid 19: a su integridad y seguridad personal; acceso al agua, al saneamiento y a instalaciones de higiene personal; a la alimentación; a la vivienda adecuada; a la información en su lengua para prevenir y tratar la enfermedad; a la atención médica oportuna y sin discriminación; al consentimiento libre, previo e informado; a la libre determinación; a la participación de las mujeres y especialmente los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Cumpla las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. Comunidades indígenas tsotsiles de Chalchihuitán y Chenalhó respecto de México. 24 de febrero de 2018. 2 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recomendación No. 87/2018. Sobre el caso de personas víctimas de desplazamiento forzado interno en diversas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó. 28 de diciembre de 2018. 3 Organización de Las Naciones Unidas. Los pueblos indígenas y la pandemia de Covid 19.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

06 de mayo 2020

Boletín No. 10

Comunicación Social

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AL PUEBLO DE MÉXICO

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

A LAS ORGANIZACIONES EN DEFENSA DEL TERRITORIO Y DE LA MADRE TIERRA

Derivado del problema suscitado en contra de los compañeros y compañeras de las comunidades de San Antonio Bulujib y Guaquitepec, municipio de Chilón, Chiapas, pertenecientes al Congreso Nacional Indígena (CNI); el pasado 23 de febrero fueron violentados, reprimidos y secuestrados nuestros compañeros y compañeras María Cruz Espinoza, Juana Pérez Espinoza, Feliz López Pérez, María Cruz Gómez, Ana Gómez Hernández, Alejandra Gómez, María Luisa Pérez Gómez de 1 año de edad, María del Rosario Mazariegos Gómez de 11 meses de edad, Manuel Cruz Espinoza, Juan Gómez Núñez, Isidro Pérez Cruz; quienes fueron agredidos por haber colocado un letrero alusivo a las Jornadas “Samir Somos Todas y Todos” a la entrada del pueblo de San Antonio Bulujib.

Los responsables de estas agresiones son las autoridades ejidales de San Antonio Bulujib pertenecientes a los grupos paramilitares de los llamados “CHINCHULINES” y “ORCAO”, así como por integrantes del partido MORENA en la región.

El día 24 de febrero, hasta las 8:30 de la noche, después de más de veinticuatro horas de haber sido privados de su libertad, nuestros compañeros y compañeras fueron liberad@s bajo las siguientes condiciones impuestas por las autoridades ejidales: pagar una multa de quince rejas de refrescos y dos mil quinientos pesos, y en caso de que no, se les condicionaba su libertad a cambio de que nuestras compañeras y compañeros renunciaran a ser integrantes del CNI.

Asimismo, las autoridades ejidales indicaron que, si nuestros compañeros y compañeras no pagaban la multa para la tarde del domingo 01 de marzo de 2020, serían desalojados de sus tierras y casas para ser vendidas además de encerrarlos en la cárcel del pueblo. Para esa fecha no les fue posible pagar la multa, por lo que pidieron un plazo de ocho días para que se aclare la situación y buscar apoyo en otras instancias conjuntamente con derechos humanos; ya que no pagarán la cantidad mencionada porque no es delito manifestarse y tenemos derecho a la libre expresión.

El día de ayer 06 de marzo de 2020, llegaron seis elementos de la policía municipal de Chilón a dejar una invitación por parte del presidente municipal, para una supuesta reunión de trabajo en el hotel Mukulum en Bachajón, entre autoridades de la comunidad antes mencionada y los compañeros Manuel Cruz Espinosa, Celia López Pérez y María Cruz Gómez. Pero los elementos de la policía mantuvieron una actitud intimidatoria tomándoles foto y video a nuestras compañeras en específico, a quienes les dijeron que se tenían que ir con ellos en la camioneta.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
A 4 de marzo de 2020.

Acción urgente No. 1

Alto riesgo a la vida e integridad de familias tsotsiles

• Agresiones armadas a comunidades del municipio de Aldama, Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información directa por parte de habitantes tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas,
México, respecto al riesgo a la vida, integridad y seguridad personal de las familias que viven en las comunidades de Chuch´te, Koko, Tabak, San Pedro Cotsilman, Yetón, Xivit Tselejpoptic, Xuxton y la cabecera municipal de Aldama, quienes se encuentran en alto
riesgo debido al aumento de las agresiones con armas de fuego provenientes de grupos civiles armados de corte paramilitar de las comunidades de Santa Martha, Chenalhó.

Estos ataques no han parado en todo el 2019 y lo que va del 2020, ante la complicidad de los gobiernos federal y estatal.

Los actuales reportes marcan un aumento crítico siendo el 1 de marzo de 2020,
aproximadamente a las 11:30 horas, cuando los habitantes informaron que se estaban efectuando disparos de armas de fuego realizados desde las comunidades de Kantetik y Chuch´te’ perteneciente a Santa Martha, municipio de Chenalhó. Los disparos eran con dirección a la comunidad de Tselejpotoptic, lo que ha provocado terror a la población, ya
que los disparos se intensificaron hacia otras comunidades y hasta el día de hoy se han mantenido.

El 3 de marzo de 2020, nos informaron que desde las 2:00 horas de la madrugada, la comunidad de Xuxchen, Coco y Tabak del municipio de Aldama estában siendo atacadas fuertemente por los grupos armados de corte paramilitar provenientes de Saclum, Santa
Martha, municipio de Chenalhó: “en esta hora de la madrugada están posicionados en los parapetos para atacar a las comunidades ya nuestra gente está huyendo de nueva cuenta a las montañas porque los disparos ya son muchísimos, es muy preocupante”.

El mismo 3 de marzo de 2020, aproximadamente las 14:10 horas, el grupo civil armado de corte paramilitar comenzó nuevamente con las agresiones con disparos de armas de fuego
en contra de las comunidades de Chuch´te, Koko, Tabak, San Pedro Cotsilman, Yetón, Xivit Tselejpobtic, Xuxton y la cabecera municipal de Aldama: “son fuertes detonaciones de armas de alto calibre que se dirigen a nuestras comunidades y tenemos mucho miedo
porque los disparos le puede llegar a cualquiera de nuestros familiares”.

Ante esta situación crítica exigimos a los gobiernos federal y estatal debida diligencia y actuación para implementar las medidas cautelares urgentes a fin de evitar daños de difícil reparación. Responsabilizamos a los funcionarios que no actúan en la investigación eficaz a
los grupos armados de corte paramilitar, para juzgar y sancionar a los responsables de las acciones criminales.