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Félix López Hernández, base de apoyo secuestrado por la ORCAO, está libre

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Radio Zapatista

Informe de la caravana para documentar las agresiones a las comunidades zapatistas de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio

En los últimos meses, los ataques y agresiones contra las comunidades organizadas han sido constantes. En el momento en que se publica este informe, paramilitares de la ORCAO tienen secuestrado un base de apoyo zapatista desde hace tres días. En este contexto, varias organizaciones, colectivos y redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona realizaron una caravana para investigar, documentar, denunciar y difundir las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por grupos armados en contra de niñas, niños, hombres, mujeres de las comunidades autónomas zapatistas del EZLN pertenecientes al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el  EZLN.

En un conversatorio virtual se presentó el Informe de la Caravana Solidaria, que se llevó a cabo el pasado 29 de octubre. Presentamos aquí los audios del conversatorio, seguidos por el informe completo. Dicho informe es parte de una campaña de difusión que incluirá varios videos, que se publicarán en los próximos días.


Informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moises Gandhi.

Realizada el 29 de Octubre del 2020.

Organizaciones, Colectivos y Redes adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona presentamos nuestro Informe para comunicar, difundir y denunciar las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por grupos armados en contra de niñas, niños, hombres, mujeres de las comunidades autónomas zapatistas del EZLN  pertenecientes al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el  EZLN.

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JBG “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”

LOS ZAPATISTAS DENUNCIAN EL SECUESTRO DE UN BASE DE APOYO POR PARAMILITARES DE LA ORCAO

DENUNCIA DE LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA “NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD”,
Caracol Patria Nueva, Chiapas Zapatista.

10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS:
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:
A LAS REDES EN RESISTENCIA Y REBELDÍA:

EL DÍA DE HOY LES COMUNICAMOS EL SECUESTRO Y TORTURA DE UN COMPAÑERO BASE DE APOYO ZAPATISTA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANEXO DE MOISÉS GANDHI, POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN PARAMILITAR LLAMADA ORCAO, EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE ESTE 2020.

DESDE HACE MÁS DE UN AÑO, LOS ORCAISTAS HAN ESTADO CAUSANDO DAÑOS A NUESTRAS CASAS.  DE ESTOS MALES QUE HACEN ESTOS PARAMILITARES, SON TESTIGOS DISTINTAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS TALES COMO EL FRAYBA, CORECO, SERAPAZ Y OTRAS.

DE DÍA Y DE NOCHE, ESTOS ORCAISTAS ATACAN CON DISPAROS DE ARMAS DE FUEGO EN CONTRA DE LA COMUNIDAD DE MOISÉS GANDHI, Y EL MAL GOBIERNO LO SABE Y NADA HACE PARA CONTROLAR A SUS MATONES.  AL CONTRARIO, LOS PROTEGEN Y AYUDAN.

TODAS ESTAS AGRESIONES LAS CONOCEN EN LOS TRES NIVELES DE LOS MALOS GOBIERNOS.  LO SABEN SUS EMPLEADOS COMO JOSEFINA BRAVO Y RAMÓN MARTÍNEZ, Y ESTOS MANDADEROS DE LOS MALOS GOBIERNOS LO CAMBIAN LA PALABRA Y DICEN QUE LOS ZAPATISTAS SOMOS LOS PROVOCADORES Y QUE POBRECITOS PARAMILITARES DE ORCAO.

SE HA DICHO QUE INVESTIGUEN, PERO SE HACEN CÓMPLICES PORQUE ESTE GOBIERNO ES IGUAL QUE LOS ANTERIORES.  NADA CAMBIA EN LOS HECHOS Y PURO ROLLO DE CAMBIO PERO SON LOS MISMO ATAQUES.  Y SON LAS MISMAS MENTIRAS DE ANTES DE ESTOS FUNCIONARIOS MENTIROSOS QUE SÓLO ESTÁN SENTADOS EN SUS OFICINAS Y COBRANDO SU BUENA PAGA POR HACER NADA.

LO ÚLTIMO DE ESTA ALIANZA CRIMINAL ENTRE LOS PARAMILITARES DE ORCAO Y LOS GOBIERNOS FEDERAL DE LÓPEZ OBRADOR, ESTATAL DE RUTILIO ESCANDÓN Y LOS MUNICIPALES OFICIALES DE OCOSINGO Y ALTAMIRANO, ES LO QUE HICIERON ESTE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020,

A UNOS CUANTOS METROS DE DONDE ANTES QUEMARON Y SAQUEARON NUESTRA TIENDA COOPERATIVA EN CUXULJÁ, COMO SE PUDO VER EN SU MOMENTO Y QUE HASTA LA FECHA EL MAL GOBIERNO NO HA HECHO NADA.

ESTE 8 DE NOVIEMBRE DEL 2020, ALREDEDOR DE LAS 1530 HORAS, 20 PARAMILITARES DEL ORCAO, SECUESTRARON Y GOLPEARON A NUESTRO COMPAÑERO BASE DE APOYO FELIX LÓPEZ HERNÁNDEZ.  LOS ORCAISTAS SE LO LLEVARON CON RUMBO DESCONOCIDO Y LO MANTIENEN AMARRADO, ENCERRADO, SIN AGUA Y SIN ALIMENTOS.

ESTO FUE DENUNCIADO ESE MISMO DÍA Y EL MAL GOBIERNO, EN LUGAR DE RESOLVER ESTE CASO DE SECUESTRO, JUSTIFICA A LOS PARAMILITARES DE ORCAO DICIENDO LA MENTIRA DE QUE LOS ZAPATISTAS FUIMOS A PROVOCAR EN SU TRABAJADERO DE LOS ORCAOS.

ESO ES FALSO COMPLETAMENTE.  EL COMPAÑERO VENÍA DE REGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL OFICIAL DE OCOSINGO Y SE DIRIGÍA A SU CASA CON SU FAMILIA.

ENTRE LOS SECUESTRADORES ORCAISTAS FUERON IDENTIFICADOS LOS SIGUIENTES: Andrés Santis López, Nicolás Santis López, Santiago Sánchez López y Oscar Santis López, son gente de la comunidad de San Antonio.

EN LUGAR DE REPARAR SU SECUESTRO, LOS ORCAISTAS DEMANDAN QUE YA NO HAYA INUNDACIONES POR LAS LLUVIAS QUE INUTILIZAN LAS TUBERÍAS, Y QUE SE REINSTALE LA LUZ QUE ELLOS, LOS ORCAISTAS, CORTARON PARA PERJUDICAR A LA COMUNIDAD DE MOISÉS GANDHI Y PASARON A PERJUDICAR A OTRAS COMUNIDADES.

NUESTRO COMPAÑERO FELIX NO HA MALTRATADO A NADIE, NO LE DEBE NADA A NADIE, NI ESTÁ ROBANDO O BALACEANDO A GENTE Y PUEBLOS.  Y ACASO NUESTRO COMPAÑERO ES DIOS PARA QUE DÉ LA ORDEN DE QUE DEJE DE LLOVER O PARA DARLES UN POCO DE ENTEDIMIENTO A LOS BABOSOS ORCAISTAS QUE CORTARON LA LUZ Y PASARON A PERJUDICAR A OTRAS COMUNIDADES QUE NO SON ZAPATISTAS NI ORCAISTAS, Y AHORA ESOS ORCAISTAS SE HACEN LAS VÍCTIMAS PARA TAPAR SU DELITO.

TENEMOS INFORMACIÓN DE QUE LOS ORCAISTAS DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, RECIBIERON UNA PAGA DE PROYECTO POR PARTE DEL MAL GOBIERNO QUE SE SUPONE ERA PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA, PERO LOS 300 MIL PESOS FUERON USADOS PARA COMPRAR ARMAS DE ALTO CALIBRE.  ¿ESO HACE EL MAL GOBIERNO DE LA 4T, QUE INFORMA QUE CONSTRUYE ESCUELAS PERO EN REALIDAD FINANCIA EL ARMAMENTO DE PARAMILITARES?  ¿ES ASÍ SU PLAN CONTRAINSURGENTE?

POR ÚLTIMO LE DECIMOS A DON LÓPEZ, A DON ESCANDÓN Y A SUS FUNCIONARIOS, QUE LOS HACEMOS RESPONSABLE DE LO QUE LES PUEDA PASAR A LOS HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y ANCIANOS ZAPATISTAS DE LAS COMUNIDADES DE MOISÉS GANDHI.

SU DOLOR, SU SANGRE, SUS SUFRIMIENTOS VAN EN SU CUENTA.  Y TAMBIÉN VA EN SU CUENTA LO QUE VAYA A PASAR.

EL COMPAÑERO FELIX DEBE SER LIBERADO INMEDIATAMENTE, DEBEN SER DETENIDOS Y JUZGADOS LOS SECUESTRADORES ORCAISTAS, LA ORCAO DEBE REPONER LO QUE ROBÓ Y DESTRUYÓ EN NUESTRA TIENDA COOPERATIVA, LA ORCAO DEBE ENTENDER QUE QUIEN JUEGA CON FUEGO, TARDE O TEMPRANO SE QUEMA.  Y LOS MALOS GOBIERNOS DEBEN DEJAR DE ESTAR JUGANDO A LA CONTRAINSURGENCIA, Y RECORDAR QUE TODO ACABA, ASÍ SEAN MUY HOCICONES Y MANDONES.  SI NO, PUES PREGÚNTENLE AL TRUMP.

POR LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO “NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD”

Caracol Floreciendo la semilla rebelde, Patria Nueva. Chiapas,
México, 10 de Noviembre del 2020.

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Tres años de desplazamiento, lucha y resistencia por la vida y el territorio


 A tres años del asesinato de nuestro compañero Samuel Luna Girón y el desplazamiento forzado interno de 5023 personas ocurrido en octubre de 2017, las mujeres y hombres que integramos el Comité Chalchihuitle, reafirmamos nuestro lucha por la justicia y la defensa de la vida digna y del territorio.

 

El gobernador de ese entonces Manuel Velasco Coello, le dio la orden al Presidente Municipal de Chalchihuitán Martín Gómez Pérez para que obligara a las y los desplazados a retornar a sus casas, a través de engaños y amenazas, por lo que la mayoría retornó sin condiciones. Sólo nos quedamos en la lucha por la justicia y resistencia 289 familias, que somos 1237, y que nos organizamos en el Comité Chalchihuitle.

 

Durante estos tres años y hasta ahora siguen lat Chiapas Denuncia Pública.entes los ataques paramilitares de Chenalhó y el gobernador de ahora Rutilio Escandón Cadenas no ha cumplido con ninguna de nuestras demandas, ni las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón les exigimos que desarticulen, desarmen y castiguen a los grupos armados de Chenalhó, responsables de nuestro desplazamiento, del robo de nuestras pertenencias y la destrucción de nuestras casas, le exigimos el registro ante la Comisión de Víctimas y la indemnización de los daños ocas Chiapas Denuncia Pública.ionados por estos hechos de violencia.

 

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En este tiempo que llevamos de sufrimiento, entraron a despojar nuestras parcelas, los grupos armados del municipio de Chenalhó destruyeron y quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales, cosechas y hasta la fecha no han cesado los disparos en la comunidades colindantes entre ambos municipios.

 

A pesar de las recomendaciones de la CNDH y de las medidas cautelares de la CIDH, no se han implementado protocolos eficaces de seguridad para salvaguardar la integridad física y psicológica de las y los desplazados. No hay avances sustantivos en la investigación de los hechos y de los responsables.

 

Queremos denunciar un segundo desplazamiento de 10 familias de la comunidad Cruzcacanam, por violencia generalizada, sin que hasta el momento funcionarios del Estado hayan realizado acciones de prevención, investigación y seguridad. Desde que fueron desplazadas las familias han recorrido diferentes instancias de gobierno, presentando denuncias, pero éstas han sido omisas.

 

Las familias de Cruzcacanam fueron expulsadas por estar organizadas y ser parte del Comité Chalchihuitle y por no querer retornar con los engaños del gobierno. Denunciamos que las familias están viviendo cerca de su comunidad de origen y los paramilitares de Chenalhó realizan disparos al aire con el fin de intimidar a las familias.

 

 

Como Comité denunciamos que los grupos armados paramilitares no sólo atacan con armas de fuego, sino que amenazan constantemente a nuestras compañeras y compañeros que viven en la colindancia con Chenalhó, siguen los intentos de querer invadir con armas de fuego a las familias cercadas a la colindancia.

 

Queremos decir que nuestros niñas y niños viven en constante temor de ser agredidos, la crisis sanitaria por el COVID-19 y nuestra condición de desplazamiento nos pone en un riesgo muy alto.

 

En Chiapas hay muchos grupos de desplazados por la violencia y represión del Estado y por grupos paramilitares. Les decimos que seguiremos luchando hasta que se haga justicia y se castigue a los responsables.

 

 

Agradecemos a los pueblos, organizaciones, al Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y colectivos que durante estos tres años han acompañado nuestro caminar. Les decimos que como hombres, mujeres, niñas y niños, como defensores de derechos humanos que somos, seguiremos en nuestra apuesta de lucha y resistencia por la vida y el territorio.

 

Comité Chalchihuitle.

 

Chalchihuitán, Chiapas

 

28 de octubre de 2020

Publicado originalmente en: Chiapas Denuncia Pública.

 

 

Fotografía: Marissa Revilla (Global Press Journal), Danny Alveal (Ruta 35) e Isabel Mateos (CuartoOscuro).

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Avispa Midia

En el Istmo de Tehuantepec, comunidades vigilan que su territorio se encuentre libre de minería

Comunidades Zoques, Zapotecas e Ikoots hacen un recorrido de vigilancia en territorio concesionado por el gobierno federal a la minera Minaurum Gold.

Pobladores, comuneros y autoridades municipales de San Miguel Chimalapa y sus alrededores se reunieron el pasado 30 de octubre en un lote concesionado por el gobierno federal a una de las filiales en México de la empresa canadiense Minaurum Gold Inc., denominado “La Jackita”.

EN CONTEXTO ⇒ ¿Por qué crece el rechazo local y global a la minería en la selva de los Chimalapas?

La movilización tuvo la finalidad de “verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”, así lo expresaron en un comunicado firmado, entre otros, por las autoridades de Bienes Comunales y del Consejo de Vigilancia de San Miguel Chimalapas, así como miembros de la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo.

Comunidades recorren el lote concesionado a la empresa minera canadiense para verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal. Foto de la comunidad zoque de San Miguel Chimalapa.

Con el título de concesión número 225472, el lote denominado “Jackita” abarca 1,499.88 hectáreas de superficie entre los municipios de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec. Dicho polígono es parte de un proyecto más grande llamado “Santa Martha”, de 6,410 hectáreas de superficie en el que la empresa de origen canadiense Minaurum Gold Inc., tiene la intensión de extraer oro y cobre.

Para ello, el 23 de julio de 2020 ha presentado a la Secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una Manifestación de Impacto Ambiental (20OA2020MD038) para la “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica, publicada el 13 de agosto del presente año.

Ante ello, las comunidades Zoques de San Miguel Chimalapa denuncian que “la empresa minera ha realizado incursiones en nuestro territorio de manera ilegal puesto que la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación”. Y exigen que la SEMARNAT no otorgue el permiso de exploración pues la empresa no cuenta con la autorización de las comunidades, quienes revindican su derecho al territorio y a la Autonomía.

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Asimismo, denuncian el ocultamiento de información por parte de SEMARNAT, pues la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca les ha negado acceder a la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por Minaurum Gold S.A. de C.V., y exhiben las falsedades expuestas por parte del Director General de Minas de la Secretaría de Economía, Eduardo Enrique Flores Magón y López, y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quienes el 28 de septiembre de 2020, en conferencia oficial de prensa aseguraron que en los Chimalapas no existen concesiones mineras ni Manifestaciones de Impacto Ambiental.

“Lo real es que dicho documento si existe (…) y se encuentra en la SEMARNAT, que de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”, destacaron en el comunicado.

Por último, en el comunicado reconocen que la actividad minera es una amenaza para los ríos, la tierra y el aire de las comunidades. En específico “el proyecto minero “Santa Martha” que atenta a la cuenca del Ostuta, Espíritu Santo, y las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca”. Asimismo, retoman como ejemplo las afectaciones provocadas por otros proyectos mineros en el estado, particularmente en San José del Progreso y en San José de Gracia.

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Grieta Medio para Armar

Ante traiciones del gobierno, zoques impiden avance de empresa canadiense en los Chimalapas, Oaxaca

OAXACA, Oax.- Indígenas zoques de San Miguel Chimalapas recuperaron sus tierras comunales para impedir que Minaurum Gold Inc continúe con el megaproyecto “Santa Marta”.

La minera canadiense atenta contra la cuenca de los ríos Ostuta y Espíritu Santo, y de las lagunas superior e inferior del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Cuestionaron al gobierno federal por “los engaños, opacidad y “traición”.

El pasado viernes 30 de octubre de 2020, hombres y mujeres zoques se vieron obligados a dejar sus actividades normales.

“Nos movilizamos (y) nos posicionamos en nuestras tierras para verificar que dicha empresa no continúe realizando trabajos de exploración de manera ilegal”.

Denunciaron que la empresa minera ha incursionado en su territorio ilegalmente, porque la asamblea comunal no ha autorizado ningún permiso de exploración ni explotación.

De igual forma, denunciaron la complicidad gubernamental de la Cuarta Transformación.

El director de Minas, Eduardo Enrique Flores Magón y López, afirmó que “no existen concesiones mineras ahí” en la región de los Chimalapas.

La titular de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró “y mucho menos tienen una Manifestación de Impacto Ambiental.

“Para tener una Manifestación de Impacto Ambiental tienes que tener una concesión”, lo real es que existen.

Para reforzar su argumento, sostuvieron que “dicho documento sí existe y es la Manifestación de Impacto Ambiental con número 20OA2020MD038.

“Se encuentra en la SEMARNAT, de ser aprobada, le garantizaría a la empresa el permiso ambiental para avanzar sobre nuestras tierras”.

Por consiguiente, “desde nuestro territorio, señalamos el ocultamiento de la información por parte de la SEMARNAT, pues nos apersonamos en la delegación ubicada en la ciudad de Oaxaca para solicitar la MIA, y nos fue negada.

“Posteriormente hemos permanecido en la incertidumbre de conocer ¿Cuál es la resolución de SEMARNAT respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold?”.

Exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que dé a conocer la resolución respecto al permiso ambiental solicitado por Minaurum Gold Inc.

Y que dicho resolutivo se haga público, con negativa a los permisos de exploración para la empresa venida de Canadá.

Aclararon que “durante años hemos mantenido la defensa de nuestras tierras comunales que actualmente vemos amenazadas por este megaproyecto minero.

“Es por eso que este 30 de octubre de 2020 nos vemos obligados a posicionamos de nuestras tierras”.

“Nosotras mujeres y hombres angpøn (zoques) milenarios habitantes de San Miguel Chimalapas declaramos ante los pueblos de la región y el mundo que nuestro territorio ha sido y continuará prohibido a la minería”.

Insistieron que “en el ejercicio pleno de nuestro derecho al territorio y a la autonomía hacemos presencia en la congregación de La Cristalina.

“En el área denominada en los registros del Gobierno Federal como polígono de concesión minera “La Jackita” mismo que abarca 1,499 hectáreas.

“Cuyo número de título de concesión minera es el 225472 otorgada por la Secretaria de Economía a la empresa Minaurum Gold Inc.”

Ante la amenaza de que ríos, tierra y aire se contaminen por la exploración y explotación minera llamaron a las comunidades, pueblos y municipios zapotecas e ikoots.

Les pidieron estar atentos ante cualquier posible incursión de la empresa.

Sabemos que la activación de los proyectos mineros va de la mano con la imposición del mega proyecto del Corredor Interoceánico.

Como pueblos zoques, zapotecos e ikoots nos posicionamos a nivel regional en rechazo total al proyecto minero “Santa Marta”.

“Sabemos que no somos los únicos pueblos afectados por la ambición de las empresas en Oaxaca.

“Todas y cada una de las regiones padecen la incertidumbre y presión provocada por el avance de las mineras y los efectos de minas instaladas.

“Tanto en San José del Progreso del Valle de Ocotlán como en San José de Gracia”, añadieron.

Y agregaron que “sabemos también que mientras existan las concesiones mineras aprobadas y solicitudes en trámite no podremos tener paz y tranquilidad.

“Por eso nos declaramos territorio prohibido para la minería.

“¡Rechazo total a la entrada exploración y explotación de las empresas mineras!”.

Finalmente, exigieron “al gobierno federal, directamente la secretaría de Economía, la cancelación de todo tipo de concesión, solicitud o asignación minera en sus tierras.

“Lo hemos manifestado una y otra vez, no hemos permitido ni permitiremos la entrada de proyecto minero alguno en nuestras tierras”.

https://pagina3.mx/2020/11/ante-traiciones-del-gobierno-zoques-impiden-avance-de-empresa-canadiense-en-los-chimalapas/

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Comunidad Indígena Nahua de Tonalá

Pronunciamiento de la comunidad indígena nahua de Tonalá, Jalisco

A la sociedad civil de Jalisco, México y el Mundo
A los medios de comunicación
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Nosotras y nosotros, quienes somos originarios en estas tierras mexicanas y en estas tierras tonaltecas, saludamos con respeto a los pueblos, naciones y tribus indígenas, a los medios honestos de comunicación.
Saludamos a nuestras hermanas y hermanos del Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que sostienen un ejemplo de resistencia y dignidad, les decimos que desde este sitio de Jalisco brilla un espejo Nahua que prevalece reflejando el sol desde tiempos inmemoriales pese al crecimiento de la ciudad, al despojo, al desprecio, a la discriminación y al olvido. Nuestra identidad y cultura brilla cada vez más, como la pirita y el barro bruñido.
Desde el lugar sagrado del Xictepetl, también nombrado Cerro de La Reina, hemos visto cómo ha crecido la ciudad en las tierras que fueron de nuestros ancestros y que hoy son colonias, avenidas y basureras. Nosotros, en tanto, hemos construido nuestras casas en la periferia en la que nos han dejado, esas franjas de tierra que nos quedan antes del exterminio, antes del olvido que pretendería el mal gobierno. Sin embargo es más fuerte la memoria de resistencia que existe en nuestras venas desde marzo de 1530, cuando llegó el invasor Nuño Beltrán de Guzmán.
En nuestra jugada de Tastoanes, guardamos la memoria de la guerra ante la llegada de Beltrán de Guzmán, quien buscó apoderarse de las tierras y encontró a guerreros enardecidos que salieron de la barranca. Que bajaron del Cerro de la Reina y que, sin temor, lucharon férreamente contra “Santiago Apóstol”, quien según el mito de la iglesia católica, ayudó al invasor a mutilar y asesinar a miles de indígenas en Tonalá, Zalatitán, Coyula y Tetlán. Tan solo en este Cerro, se dice que 5 mil de nuestros ancestros murieron por pensar distinto. Por tener un régimen político que no era el español.
Nuestros abuelos y abuelas vieron con rabia y desesperación cómo lo tomaron todo, mientras nosotros, como gente de la tierra, seguíamos trabajando la alfarería.
Con dolor, hoy vemos otra vez la traición de los malos gobiernos.
Nos dimos cuenta, por accidente, que existe una falsa consulta pública obre los programas de ordenamiento y desarrollo urbano en el centro de población de los terrenos que circundan nuestro Cerro de la Reina. Lo decimos claro: no estamos de acuerdo en la forma en que se está proyectando la urbanización alrededor de nuestro lugar sagrado.
No reconocemos que se nos haya consultado aun, pues la consulta no tuvo los procedimientos que debió realizar, no cubre los mínimos internacionales para que sea una consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.
Existen periciales antropológicas, existen la recomendación 15/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco donde se pide que se reconozca nuestra existencia por parte del Estado, y más aun para que se proteja este lugar sagrado.
Sin embargo seguimos sin figurar en el Padrón de Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado, las acciones municipales siguen sin actuar con respeto hacia nuestro pueblo, como se refleja en el procedimiento ilegítimo e ilegal que tuvo la supuesta consulta para urbanizar los alrededores del Cerro y otras zonas donde tenemos presencia la comunidad indígena.
Nuestro pensamiento, corazón indígena, cultura y territorio sagrado seguirán vivos a pesar del Estado.
La lucha para hacer valer la existencia del pueblo Nahua originario de Tonalá será cada vez mayor y es obligación del gobierno en todos sus niveles reconocer y respetar nuestros procesos de autonomía y nuestros derechos de consulta libre, previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, derecho fundado en el artículo Segundo Constitucional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena entre otros instrumentos.
La Comunidad Indígena Nahua, de Tonalá exige que se inicie una consulta verdadera donde se anteponga la información precisa y se cumpla con los criterios que nuestra asamblea determine como adecuadas para un diálogo honesto.

Desde algún lugar de nuestro territorio sagrado
A 2 de noviembre de 2020
Comunidad Indígena Nahua de Tonalá
¡¡Aixcaquema!!

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FrayBa

Defensores comunitarios de Chilón seguirán su proceso penal en libertad

 

  • Alto a la represión y criminalización a Pueblos Originarios que defienden su territorio.

     

El día 1 de noviembre de 2020, a las 11:00 horas, el Juez de Control con residencia en Cintalapa, Chiapas, México, determinó en audiencia de revisión y modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, que José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) y César Hernández Feliciano (César),1 defensores comunitarios del Pueblo Maya Tseltal de Chilón, continuarán su proceso penal presentándose de manera periódica ante el Juzgado de Control de Ocosingo, así como la prohibición de salir sin autorización del país y del ámbito territorial fijado. Son acusados del delito de motín, por oponerse a la instalación de una base o cuartel de la Guardia Nacional en su territorio. Es así que deberán de presentarse a firmar cada 15 días.

 

José Luis y César son presos políticos en un contexto de criminalización a Pueblos Originarios que rechazan la instalación de bases de la Guardia Nacional en sus comunidades. Como ejidatarios de San Jerónimo Bachajón apoyan las reivindicaciones del ejido San Sebastian Bachajón: «Exigimos al gobierno federal, estatal y municipal que se instalen medidas eficaces para dar marcha atrás a la instalación de esta base militar en el municipio de Chilón, Chiapas, así como el respeto a los derechos y cultura de los pueblos originarios2

 

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) asumió la defensa jurídica de José Luis y César, quienes permanecieron 17 días en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 14 “El Amate”, en el municipio de Cintalapa. El Frayba documentó violaciones a derechos humanos como: Privación Arbitraria de la Libertad, Tratos Crueles Inhumanos y/o Degradantes, así como irregularidades en el debido proceso, entre ellas: obstrucción a la defensa, incomunicación y traslado injustificado.3

 

Además el uso de la prisión preventiva constituye una vulneración al derecho a la libertad personal y una pena anticipada violentando también el derecho a la presunción de inocencia, que se usa para castigar la disidencia social.

 

La protesta es una acción legítima como derecho de la población socialmente invisible y excluida, para hacer valer sus exigencias y está implícitamente vinculada con la libertad de expresión, asociación y de participación en los asuntos de interés público.

 

Organizaciones internacionales como el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos4 y Front Line Defenders5 hicieron llamamientos al Estado mexicano por la libertad de César y José Luis. Y expresaron que: «el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México».

 

El Frayba reitera al Estado mexicano el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reconocer el papel fundamental que realizan las personas defensoras de derechos humanos, en especial los Pueblos Originarios que defienden sus territorios así como garantizar su protección y seguridad en el contexto de pandemia por COVID 19.

 

Exigimos absolver de manera inmediata del delito de motín a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano ya que evidentemente se trata de usar esta figura para criminalizar la protesta social. Se garantice la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal de Chilón que ejercen su derecho a la defensa del territorio, la libre autodeterminación y a la protesta. Nos sumamos a la exigencia de suspender la construcción del la base de la Guardia Nacional en el territorio del Pueblo Maya Tseltal, en el ejido de San Sebastían, en Chilón.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las casas. Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública vulneran derechos del Pueblo Maya Tseltal de Chilón. Acción urgente. No. 15. 15 de octubre de 2020.

 

3 Ver video: Protestar no es un delito.

 

4 Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos. Ataques contra personas defensoras de la tierra y el territorio del Pueblo Maya Tseltal de Chilón y hostigamiento contra integrantes del Frayba. Llamamiento. 21 de octubre de 2020.

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

04 de noviembre de 2020

Boletín No. 18

Defensores comunitarios de Chilón seguirán su proceso penal en libertad.

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Radio Regeneracion

Reclamos de la Comunidad Indígena Otomí: El diálogo con el INPI

Sandra Suaste & Luis Suaste

Las sillas lucieron vacías hasta las 10:21 de la mañana. La Comunidad Indígena Otomí, que una semana antes, emplazó a varios funcionarios para entablar un diálogo a las afueras del edificio tomado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), instaló una mesa desde donde demandaron todas aquellas garantías que se les negaron durante décadas: respeto, vivienda, salud, educación, empleo; una vida digna.
A la reunión acudieron Alfonso José Suárez, secretario de gobierno de la Ciudad de México; Adelfo Regino, titular del INPI; Juan Gutiérrez Márquez, director general de Concertación Política, Prevención, Atención Social y Gestión Ciudadana; Josefina Bravo Rangel, de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y Rodrigo Chávez Contreras, director ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda.
Ella es la primera en tomar la palabra, les reclama a las autoridades: «han sido ciegas, no nos han escuchado, no nos han mirado». Es Isabel Valencia, mujer residente en un predio de la colonia Roma, Zacatecas 74. «Hoy estamos aquí para decirles que no venimos a pedirles. Para exigirles que nos escuchen, que cumplan con sus trabajos, es lo que les corresponde».
Exigimos «esa vivienda digna, según las constituciones, según las leyes que ustedes a diario manejan», dice Valencia desde su mesa. Alrededor de ella hay mujeres con sus hijos en rebozos, niños, niñas, jóvenes y abuelas que escuchan con atención, en momentos asienten. Algunos bebés lloran.
Un llamativo tapete decorativo que estaba en la sala de juntas personal de Adelfo Regino-ahora afuera del INPI- fue colocado para la reunión. Sobre el tejido descansa una leyenda «La Comunidad Otomí no somos pieza decorativa». Las miradas irradian indignación. Siguen los reclamos: «mandaron a la muñeca Lele a recorrer el mundo y a nosotros nos han ignorado, a nosotros no nos ven, pero si presumen nuestras artesanías».
Los funcionarios escuchan, toman nota. Adelfo Regino baja la mirada. Josefina Bravo y Juan Gutiérrez Márquez revisan su dispositivo móvil de vez en cuando. Pero las mujeres otomíes con frecuencia les insisten en que las miren.
Maricela Mejía es concejala de el Concejo Indígena de Gobierno, (CNI-EZLN). Dirige sus palabras: «usted, Adelfo Regino, viene de un pueblo ¿No conoce qué quiere la madre tierra? ¡Paz!» La voz de Maricela no cesa, las pausas son pocas. Hay enojo. Los reclamos históricos se acumularon. Pero muchos son para esta administración:
«Ya basta, porque estamos hartos de engaño, de que usted venga y se presente y diga “hermano”, ¿hermano? ¡Por favor!», dice Mejía con enojo y tono de ironía. Continúa: «No se le roba al hermano. No se le despoja al hermano. No se le saquea. Se le olvidó de dónde vino, se le olvidaron los acuerdos que tenía con los hermanos zapatistas. No queremos ese tipo de hermanos».

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Filiberto Margarito, concejal del CIG, cuenta una historia, aunque los gobiernos «perfectamente la conocen». Es un relato de los otomíes en la Ciudad de México, desde que tuvieron que partir de Santiago Mexquititlán, desde hace más de 25 años, con la esperanza de que sus hijos tuvieran una buena educación, en busca de un sustento para las familias.
Pero la metrópoli fue cruel: «llegamos a la ciudad, nos ven con otra cara, no como comunidades indígenas, nos ven [como] personas raras o delincuentes». En 1997 se organizaron y tomaron Zacatecas 74, un sitio abandonado después del sismo que sacudió al Distrito Federal de 1985.
«Nosotros dormíamos en las centrales, nos dormíamos en las calles y en los hospitales donde teníamos que resguardarnos en la noche y en el día salir a trabajar». Filiberto hace referencia a su experiencia personal, pero también recuerda que hay algunos de sus compañeros que llegaron hace más de 50 años a la capital.
Margarita Margarito vive en un campamento afuera del edificio ubicado en Roma 18, colonia Juárez. En contra esquina está el museo de Chocolate y a unos cuantos metros más, se ubica el Museo de Cera. Ella denuncia la discriminación que vive en esta zona de la ciudad. La policía no la deja vender. En 2018 el “extinto cuerpo de granaderos” los desalojó y golpeó, pues el inmueble le interesa a una empresa inmobiliaria denominada Eduardo S.A. de C.V. Señala que están coludidos con el gobierno de la Ciudad de México.
Margarita empuña su mano cuando habla, para remarcar cada palabra, «trabajen con su sudor, no del sudor de los compañeros y compañeras que venimos aquí», dice mientras se toca la frente.
Siguen los reclamos. Los funcionarios continúan escuchando, no por buena voluntad, sino por el edificio tomado, por el que han mostrado preocupaciones materiales. Pero la comunidad ha vivido despojo, discriminación, abuso policial y no dejan la oportunidad de recordarlo. Es la primera vez que los escuchan y toman nota.
Es el turno de hablar de los funcionarios, comienza Adelfo Regino, habla en ayuuk. Menciona que hay disposición para atenderlos y acceden a reunirse en una semana.
Las exigencias son varias y deberán trabajarse en las mesas siguientes. En una semana se volverán a sentar para encausarlas: Una plaza de trabajo para vender artesanías, el decreto de expropiación de los predios de vivienda, la cancelación de los megaproyectos en Santiago Mexquititlán. Incorporación de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, a las mesas de trabajo, cuando su estado de salud lo permita.
Los otomíes afirman que pueden esperar, porque los pueblos indígenas llevan 528 años resistiendo en el olvido y décadas sin una vivienda, ni salud, ni trabajo. Termina la mesa, el espacio queda semivacío y algunas se abrazan, con sus compañeras, amigas y familiares. Esperarán. Mientras recuerdan a los capitalinos: “Nunca más una ciudad sin nosotras, ni nosotros”.

 

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Avispa Midia

Colombia: dicen que la epidemia nos mata, pero el Covid 19 es el Estado y su gente armada

 

A pesar de la crisis sanitaria, el mes de octubre fue un mes de intensas movilizaciones en Colombia, en particular con la Minga social y comunitaria, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz que se llevó a cabo a partir del 10 de octubre.

Miles de indígenas de diferentes pueblos, así como sectores campesinos, comunidades afros y otros sectores sociales de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Valle y Caldas y Putumayo principalmente, recorrieron el país: empezaron en Monterilla, Zona Sat Tama Kiwe Cauca, para luego alcanzar la ciudad de Cali antes de dirigirse a la capital Bogotá, pasando por las ciudades de Armenia, Ibagué, Fusagasugá y Soacha.

Según lo cuenta la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), esta minga salió en medio de la pandemia para buscar “un debate político claro y hablar de diversas situaciones que desarmonizan la vida en los territorios, como la militarización, presencia de multinacionales, incremento de violencia en los territorios y despojo, esto ligado a un modelo de muerte que pretende dejar en el olvido a los pueblos”.

“Estamos pasando por cosas muy graves, se está matando a la gente. Ya estamos cansados. Ahora dicen que la epidemia nos mata, que el Covid 19, pero el Covid 19 es el Estado y su gente armada que está matando la gente, la Covid-19 donde estamos nosotros no ha matado”, lamenta la mayora del pueblo Nasa Blanca Andrade, en un audio difundido por la ACIN.

A este escenario le anteceden los registros de la ONG británica Global Witness quien registró que tan solo en 2019, Colombia y México encabezan la lista de los países con más altos índices de asesinatos contra defensores ambientales, en su mayoría, integrantes de pueblos originarios. Según el informe de 2019 de esta organización, de los 212 defensores de la tierra y el medioambiente que fueron asesinados, 64 eran colombianos. Una de cada 10 víctimas era mujer.

En lo que va del año 2020, por lo menos media centena de indígenas han sido asesinados en medio de la pandemia. Junto a ellos se suman los decesos provocados la Covid-19. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma de la paz al menos 300 líderes indígenas, así como 600 líderes campesinos, afro y sindicales, han sido asesinados.

“Antes nos mataban, pero ahora estamos ante un genocidio”, denuncia Serna al respeto.

La minga, poderosa institución pre-colonial 

La palabra “minga” o “minka” viene del Quichua y hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común. Es una forma de organización usada en todos los aspectos de la vida social, incluso en lo político. En este caso, “cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor”, explicó Marilen Serna, integrante de la comisión política de la Minga.

“La palabra minga tiene un significado profundo y busca aprender y construir trabajando en conjunto, hacer las cosas unidos en comunidad. Por eso, esta minga se desarrolla desde la base de escucharnos desde abajo, desde el pueblo, que es la base del entender que vivimos en lugares diferentes, pero, que las realidades no son tan distintas”, detalla por otro lado la ACIN.

En las últimas décadas, la Minga se ha organizado varias veces para enfrentarse a distintos gobiernos. En 2008, llegó a un punto de tensión importante durante el gobierno de Álvaro Uribe. Con la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, cerca de 45.000 indígenas de diferentes pueblos marcharon, por al menos 60 días, cerca de 120 kilómetros de territorio, entre Santander de Quilichao, departamento del Cauca y Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

La minga siguió hasta Bogotá, donde fue recibida, en noviembre, por representantes de varios sectores sociales y por las organizaciones estudiantiles, que apoyaron el movimiento.

Hoy, la Minga social y comunitaria, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, coincide con el Paro Nacional de Colombia, un inédito movimiento de protesta que nació en 2019 y en el que millones de colombianos se manifestaron por razones económicas, educativas y de orden público.

En defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz

La minga que salió en octubre con rumbo a la capital de este país, Bogotá, buscaba plantear un debate nacional, en sintonía con otros sectores sociales, para sacar a la luz los problemas estructurales que el gobierno está ignorando.

Uno de ellos es la violencia que sigue golpeando al país, a pesar del mal llamado Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“En el 2008 nos movilizamos por cuatro elementos: vida y derechos humanos, territorio, paz y modelo económico. Y hoy, incluso con la firma de la paz, la situación es la misma. O peor, porque tiene el sinsabor del fracaso del proceso”, explica Marilen Serna.

Otro problema, vinculado de cerca con el primero es el del saqueo de los territorios que están siendo entregados masivamente a la industria extractivista, para la explotación minera, hidroeléctrica, forestal o la agroindustria.

“La violencia ha sido compañera del reordenamiento extractivista de los territorios. Estos proyectos le abren otro frente de rentas a los grupos armados y narco paramilitares, que extorsionan y someten poblaciones. Esto también le abre el camino al acaparamiento de tierras y al despojo”, denuncia el Presidente de Indepaz, Camilo González Posso.

Por eso, lo que pretenden los pueblos originarios es provocar un cambio profundo del sistema: “la minga reclama otra forma de política, que defienda la vida y la paz: que el Estado responda con eficacia a la ola de asesinatos, masacres, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos que se han disparado en los últimos años. Pero estos cambios no se logran con unos pequeños ajustes o concesiones. Para cambiar esta realidad, es necesaria una nueva forma de hacer política y de gobernar, con profundas modificaciones en el Estado. Por eso, la minga exigió una amplia conversación con el presidente para dar estos debates”, detalla González Posso.

“Estamos buscando que den la cara, porque queremos respuestas sobre lo que está sucediendo en el país, y  no dinero o migajas de los que saquean al país, a la madre tierra”, agrega la ACIN.

Entre apoyo y criminalización, la lucha sigue

En su recorrido, la Minga de este año 2020 recibió mucho apoyo por parte de la sociedad colombiana.

“Vimos con la llegada a Bogotá que el pueblo colombiano tiene mucha esperanza en el movimiento indígena, en esta movilización que se ha hecho. Entonces el mensaje que estamos dando al país es que nos sumemos a este proceso que hoy como minga da una alternativa al país y ojalá en las próximas mingas no sólo seamos el suroccidente sino todo el país colombiano”, declaró por ejemplo un indígena Nasa del departamento del Valle del Cauca para la ACIN.

Sin embargo, la minga también recibió criticas y también sufrió una ola de criminalización y desprestigio por parte de la elite y de los medios masivos de comunicación. De forma repetida, las y los participantes de la Miga han sido calificados de “aliados de la guerrilla”. También han sido acusados de propagar la Covid-19 y de ser entonces un peligro para la salud pública.

El Consejo Gremial Nacional, una asociación de empresarios, publicó por ejemplo un comunicado en el que aseguró que, el “incumplimiento (de protocolos de seguridad) atenta contra la salud, no solo de quienes hacen parte de la marcha, sino de todos los colombianos”.

Acerca de la campaña de desinformación que sufrió la Minga, la ACIN señaló que “los opresores siempre buscan privilegios, ellos no quieren que caminemos la palabra y nos escuchemos. No quieren que aprendamos de lo caminado, nos quiere dividir con sus tentáculos utilizando la desinformación de los medios de comunicación que están a su servicio y mediante la estigmatización, creando paradojas y dudas ante la prensa nacional e internacional. El pueblo en general que desde lejos sin estar atento y participando no logra entender la grandeza de las acciones en la minga y lo que busca, que no es beneficio para unos pocos si no para el pueblo colombiano en general”.

La asociación del Norte del Cauca también recalcó que la minga es un movimiento histórico, heredero de las luchas que se han dado a lo largo de los últimos 500 años, y cuya fuerza no se dejará debilitar por las críticas.

“En la minga no somos pocos, somos un pueblo que creció como un río, con el dolor y la sangre de los más desfavorecidos, somos un pueblo que tiene el respaldo de la naturaleza, de la misma historia que narra en sus recuerdos todo lo que lo caracteriza por luchar por la vida y sus territorios es hora de volver a la lucha que da desde la invasión y saqueo cultural y de riquezas, hasta ahora. Hoy sabemos que es hora de cambiar estos malos sistemas de gobierno y de sostenimiento del mundo entero, es por eso que la conversa es desde el pueblo y para el pueblo”, concluye.

“Los pueblos hemos sobrevivido peleando. Ahora tenemos que pelear, esto va para largo”, afirmó por su lado la mayora Blanca Andrade.

Fotos de la Minga 2020 por Medios Libres de Cali.

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