Fotos: Santiago Navarro F.

En su recorrido por Oaxaca, la Caravana por el Agua y la Vida fue recibida en la capital del estado por integrantes de comunidades de la región Chontal, Mazateca, Mixteca y Zapotecas de los Valles Centrales pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, quienes organizaron un evento político en la tarde de este miércoles (20), en el centro de la ciudad.

“Existe una guerra permanente contra los pueblos desde hace 500 años, por eso los pueblos indígenas estamos defendiendo los territorios ante las amenazas y la violencia. La respuesta de los gobiernos ha sido la represión a través de sus sistemas como la Guardia Nacional y el Ejército, y la criminalización de los defensores y defensoras”, dijo Samantha Cesar, de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala, integrante de la Caravana.

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Durante el evento, las voces de las comunidades de Oaxaca denunciaron el contexto de violencia y despojo que enfrentan los territorios por proyectos extractivos, así como las agresiones contra las mujeres defensoras del territorio, las desapariciones y los feminicidios en territorio oaxaqueño.

“Ante la ausencia de justicia y la impunidad, en este contexto de despojo y violencia, las comunidades aquí presentes, nos declaramos en resistencia contra los proyectos de muerte que atenta contra el agua, el territorio y la vida en nuestras comunidades”, compartieron los pueblos mediante comunicado.

Cuatro Venados

La visita de la Caravana se da en el contexto de un incremento en los ataques armados contra la comunidad de El Rebollero, municipio de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca, donde en las últimas semanas se han suscitado agresiones paramilitares contra las familias que ahí habitan.

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Los habitantes de la comunidad zapoteca señalaron que, debido al aumento de la violencia paramilitar, no se pudo concretar una visita de la Caravana por el Agua y la Vida por cuestiones de seguridad.

“Responsabilizamos a la empresa canadiense Continuum Resources Ltd, quien ha sido concesionada para realizar exploraciones en nuestro territorio, contaminando el Río Valiente quien sostiene la vida proveyendo de agua a nuestra comunidad y otras comunidades”, denunciaron integrantes de la comunidad de El Rebollero en conferencia de prensa.

Omar Esparza, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz) y integrante de la caravana, dijo que la agresión a la comunidad El Rebollero es también una agresión a los pueblos indígenas de Oaxaca. El objetivo, según él, es destruir las formas propias de organización social de los pueblos.

“Estamos aquí con la Caravana por la Vida, acompañando os compañeros de Cuatro Venados y denunciando que este gobierno no ha cambiado absolutamente nada en sus políticas. Hay asesinatos de defensores y defensoras que hasta el día de hoy siguen en plena impunidad. Queremos poner como muestra el caso de Bety Cariño [defensora de derechos humanos asesinada en abril de 2010]. Son 12 años de impunidad. Las instituciones que deberían impartir justicia en este país son una mierda. Lo que queda es organizarnos entre todas y todos, entre los pueblos, para defendernos”, dijo Esparza, viudo de Bety Cariño, durante mitin de la Caravana en la tarde de este miércoles en Oaxaca.

Chontal

En la región Chontal denunciaron el alto riesgo que implica para su territorio la concesión minera denominada “Zapotitlán 1” con una extensión de 5,413 hectáreas a favor de la empresa minera Zalamera S.A de C.V. que está vinculada a la empresa canadiense Minaurum Gold INC.

Pese a que desde diciembre de 2018 se inició un juicio de amparo en contra de dicha concesión, impulsada por la comunidad de Santa María Zapotitlán con el respaldo de la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio, fue en 2020 cuando la Secretaria de Economía le autorizó el desistimiento de la concesión a la empresa para con ello cancelar el juicio.

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“Sin embargo, en revisiones recientes del mes de abril del 2022, en la plataforma en línea de ‘CartoMinMex’ se observa que el polígono señalado sigue reflejado en dicha cartografía”, acusaron integrantes de la comunidad chontal, quienes enfatizaron existen altas posibilidades de la existencia de una declaratoria de terreno libre por parte de la Secretaría de Economía que permitiría la operación minera.

Cuzcatlán

En el evento también se señaló la contradicción del gobierno federal al ampliar los permisos de operación por 12 años mas a la Minera Cuzcatlán. Cabe recordar que, en dicha mina, ubicada en San José del Progreso, Ocotlán, ocurrió un derrame que contaminó afluentes, así como también existen obras realizadas sin Manifestación de Impacto Ambiental. Pese a las denuncias, la empresa, filiar de Fortuna Silver Mines, no ha sido sancionada.

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Mazateca

Habitantes de comunidades de la Sierra Mazateca reafirmaron su resistencia frente a lo que denominaron “proyectos de muerte”, tales como la bioprospección que realizan extranjeros en cuevas y sótanos, así como la biopiratería en específico con plantas y hongos enteogénicos o como nosotrxs los Mazatecos los conocemos ‘Ndi xi tjo’ o ‘pequeños que brotan’, que son seres de gran importancia en nuestro territorio.

“Extranjeros han estado explorando nuestras cuevas y territorios sin la autorización de nuestras asambleas y nuestras autoridades. Ellos han profanado nuestros territorios sagrados”, dijo una mujer mazateca durante el mitin en Oaxaca.

También denunciaron la generación de conflictos y rupturas internas en las comunidades provocadas por la actuación de los partidos políticos y el gobierno municipal de Huautla de Jiménez, a fin de obtener mayor control político.

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Las actividades realizadas en esta tarde de miércoles en Oaxaca, para recibir a la Caravana por el Agua y la Vida, fueron organizadas por pueblos, comunidades y colectivos del Congreso Nacional Indígena en Oaxaca y adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona.

“Esta caravana está haciendo un llamado a todos para que tomemos conciencia y podamos organizarnos como pueblos”, sostuvo Omar Esparza.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Campesinos zapotecas de la comunidad El Rebollero, localizada a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, podrían estar conmemorando los días santos, pero este sábado (16) cumplen una semana de estar esquivando balazos de alto calibre. Desde la zona conocida como “La Mesa”, un grupo paramilitar de más de 30 personas les ha estado disparando con armas de uso exclusivo del ejército.

La comunidad de El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados, en un comunicado emitido este mismo sábado, afirma que incluso la Guardia Nacional y la policía del Estado hicieron acto de presencia en dónde se encuentran los paramilitares y entablaron un diálogo. “Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó”, alertaron los campesinos.

De acuerdo con los agredidos, el gobierno de Oaxaca, a través de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, los llamó a una mesa de diálogo con autoridades vecinas de Cuilápam de Guerrero, para destrabar la situación legal de estas tierras. En esta cita se reunirían una comisión de El Rebollero y otra de Cuilápam de Guerrero, los primeros acudieron a pesar de haber sido agredidos con armas de fuego un día antes, mientras que la comisión de Cuilápam no se presentó.

“Nosotros como comunidad decidimos participar en este diálogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de diálogo se suspendía”, denuncian los campesinos que hoy se resguardan de los ataques armados que ya cumplen seis días.

En una entrevista, vía telefónica, uno de los integrantes de la comunidad que, por seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que hasta este momento no hay registro de heridos, “solo de una casa incendiada, casas balaceadas y el miedo en los niños y mujeres que temen por sus vidas”.

Los habitantes de la comunidad denuncian que, mientras las autoridades de Conciliación Agraria les pidieron ceder para la mesa de diálogo, un equipo de ingenieros y trabajadores “comenzaron a realizar actividades en la vieja mina conocida como Zavaleta”.

Según los habitantes de El Rebollero, las actividades mineras “ya han provocado pigmentaciones de contaminación en el arrollo que pasa por la comunidad, y esto no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas”.

El conflicto

En mayo de 2019, un grupo de centenas de personas armadas ingresaron a la comunidad derribando las viviendas y quemando los cultivos.

Un equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de documentar la zona destrozada un día después y, nuevamente, les volvieron a disparar, donde el equipo de periodistas pudo presenciar y grabar los disparos.

En una declaración pública, Diego Moisés Pérez, edil municipal de Cuilápam en ese momento, dijo para un medio local, “le pedimos al gobierno del Estado que ya sea certero y que sea firme. Ningún invasor debe estar presente en la jurisdicción de Cuilápam de Guerrero. Cuatro Venados tiene su propia área delimitada y Cuilápam también. Quienes están ahí son invasores”.

El entonces edil municipal de Cuilápam se refería al convenio firmado entre autoridades de Cuilápam y Cuatro Venados, dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual delimitaron sus territorios y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B.

Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde viven estos campesinos que han sido atacados. Los campesinos hoy agredidos saben que han quedado en medio de un acuerdo monetario al que llegaron autoridades de Cuilápam y de Cuatro Venados.

“Nunca nos consultaron, no nos informaron. Simplemente nos tacharon de paracaidistas. Pero aquí hemos vivido y nuestro abuelos y padres han cultivado. Aquí hay comuneros y gente ha prestado sus servicios en la cabecera municipal, ¿cómo van a decir que somos paracaidistas?”, comparte el entrevistado vía telefónica, “mientras las actividades mineras van avanzando en nuestro territorio”.

Los habitantes de la comunidad El Rebollero se sienten traicionados al ver que “el gobierno, tanto estatal como federal, está respaldando a este grupo paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar con la explotación minera”, dijo el entrevistado.

La comunidad llama a la solidaridad y reafirma que, “no cederemos ni un milímetro de nuestro territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque”.

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El jueves (10), Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, fue víctima de un atentado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento cuando se trasladaba en un mototaxi rumbo a su casa, en Unión Hidalgo.

El atentado ocurrió tan solo horas después de participar en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca, donde posicionó las acciones emprendidas por dicho colectivo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) contra la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú por parte de la empresa Électricité de France (EDF).

En la rueda de prensa, anunciaron la presentación de un recurso de apelación en contra de la determinación del tribunal civil de París, de negar la suspensión de la construcción del proyecto eólico Gunaa Sicarú por violar los derechos de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, incluyendo el derecho a la consulta indígena.

Ante estos hechos se exige, entre otros puntos, identificar y sancionar a los responsables del atentado y garantizar las medidas de protección y no repetición para las y los defensores del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo.