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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
9 de marzo de 2022 Boletín No. 8
Febrero, otro mes de horror en Aldama: 346 ataques hacia 12 comunidades tsotsiles en los Altos de Chiapas
• Exigimos Alto al Fuego.
• Persiste la simulación del Estado mexicano en su deber de garantizar la paz y la seguridad en los territorios.
En los primeros ocho días del mes de marzo el Frayba ha recibido 78 reportes de ataques armados en contra de comunidades del municipio de Aldama. En febrero fueron 346 registros de agresión armada. Existe un aumento de la violencia mientras el gobierno sigue simulando la situación desbordada.
El pasado 3 de marzo, el gobierno estatal y federal llevaron a cabo la ceremonia de entrega del predio Cerro Bola ubicado en el municipio de Ixtapa a los 115 comuneros de Aldama, ese mismo día la comunidad de San Pedro Kotsilnam fue atacada a las 11:15 horas estuvo bajo fuego proveniente del punto El Ranchito en Fracción Ak’tik 2 dentro de las 60 hectáreas en disputa. La entrega del predio no ha resuelto las agresiones que vive la población, ese mismo día las agresiones continuaron, la violencia se extendió desde la madruga del viernes hasta las 21:00 horas, registrándose 27 ataques armados, mientras que entre el viernes 4 y domingo 6 de marzo se recibieron 13 reportes. Al cierre de este boletín se contabilizaron 5 reportes más.
Los ataques armados son permanentes contra las 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama y no han sido detenidos a pesar de las acciones de los gobiernos estatal y federal; la población continúa violentada. Aunque el conflicto que existe entre pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha municipio de Chenalhó tiene que ver con el inadecuado deslinde territorial que hiciera la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, el Estado no ha buscado resolver el conflicto de fondo y solo ha logrado administrarlo.
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Europa, Tierra insumisa, Slumil K’ajxemk’op, enero de 2022
Señoras y Señores:
Como Red de Resistencia y Rebeldía y en apoyo a la lucha por la vida de nuestras compañeras y compañeros Zapatistas, y como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, participamos en la campaña “Nuestra lucha es por la vida” y denunciamos enérgicamente las violencias ejercidas en contra de los pueblos indígenas de Chiapas. Esto ocurre dentro de un marco de total impunidad, que persiste a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles del gobierno mexicano.
Recalcamos que no se trata de conflictos entre comunidades o familias pobres, como lo afirma la versión oficial, que ha servido de excusa para dejar actuar la violencia en total impunidad. Se trata de conflictos fomentados por una presencia paramilitar impune que busca sembrar terror en un proceso de guerra de baja intensidad.
Afirmamos nuestro apoyo a las comunidades de Moisés y Gandhi y Nuevo San Gregorio, que dependen de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”.
Desde el verano de 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares, ha llevado a cabo acciones de extrema violencia al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo, donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que hace el trabajo sucio de Morena), cuyo principal líder es funcionario del municipio. Este grupo de paramilitares actúa cobijado por el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.
Entre los ataques que han llevado a cabo los paramilitares de la ORCAO, los cuales se han denunciado públicamente, y que hasta el momento han quedado en total impunidad, están:
22 de agosto de 2020: saqueo, robo y quema de la tienda “El Arco Iris”, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo;
8 de noviembre de 2020: denuncia por parte de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva del “secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO”;
11 de septiembre de 2021: secuestro de dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, ^por el grupo paramilitar que les ha mantenido desaparecidos hasta el día 19 de septiembre;
21 de noviembre de 2021: otro ataque con armas de fuego por parte de los paramilitares de la ORCAO a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendio de la escuela secundaria autónoma zapatista;
desde noviembre de 2019, en la misma zona, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por “el grupo de los 40”, cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces. Hoy en día, de sus 155 hectáreas, sólo le quedan 7 hectáreas al pueblo, y sus habitantes han sido reducidos a una situación de campesin@s sin tierra. A pesar de que dichos actos fueron documentos y denunciados el 2 de diciembre de 2021 por parte de la Junta de Buen Gobierno y del CDH Fray Bartolomé de las Casas, con fecha del 2 de diciembre, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 cabezas de ganado sin alimento. Es importante aclarar que el supuesto arado solo tuvo el objetivo poner en peligro la supervivencia del ganado. Con cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten “secuestrad@s”; ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de sus casas, sometid@s a la observación y presencia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos.
Existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos entre el grupo de los 40 y la policía municipal de Huixtán. Así que ¿se puede hacer todo esto en Chiapas bajo la mirada de la policía y del ejército? ¿Robar tierras? ¿Secuestrar a la gente? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T?
Los invasores del “grupo de los 40” pusieron un precio a las tierras que robaron: 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿Quién comprará estas tierras robadas? ¿El Estado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua planeada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s Zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida?
Esta serie de actos de violencia, incluido la detención ilegal y arbitraria de autoridades autónomas, ha sido denunciada tanto por las Juntas de Buen Gobierno como por organizaciones nacionales e internacionales. Los que firmamos la presente urgimos al Estado mexicano, quien tiene conocimiento pleno de los hechos por lo menos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes a terminar de una vez por todas las acciones violentas y de despojo que muchas veces vienen apoyadas por autoridades locales, municipales y estatales, y a respetar la tierra y el territorio que pertenecen al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.
El 10 de enero de 2022, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado: una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas. Denunciamos enérgicamente estas desapariciones forzadas.
También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (últimamente, 36 ataques con arma de fuego los 7, 8, 9, y 10 de enero de 2022), dejando a una persona base de apoyo zapatista muerta, quien primero fue herida mientras iba junto con su familia a trabajar a su milpa.
Denunciamos de igual manera el asesinato de Simón Pedro Pérez, ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.
El Estado de Chiapas está al borde de la guerra civil. Es una situación creada por el mismo Estado mexicano: desde 1994, su estrategia contra-insurreccional ha favorecido la surgimiento de grupos paramilitares que actúan en total impunidad.
Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades, cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.
Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el mal llamado Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras y obligándolas a romper con sus usos y costumbres.
Crea programas de “ayuda”, como “Sembrando vida”, que favorecen tanto la destrucción del modo de vivir en colectivo de los pueblos indígenas y la de las tierras, estimulando la monocultura productivista, como la invasión de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).
Denunciamos la violencia en contra de los pueblos indígenas zapatistas y su impunidad.
Exigimos que los responsables institucionales actúen como debe de ser dentro de un Estado de derecho, respetando la vida y los derechos de los pueblos originarios. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para detener la violencia que va en aumento en el Estado de Chiapas.
Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s Zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra y por ende por la de la humanidad.
Firmas:
Colectiva Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – Red de Resistencias y Rebeldías
Groupe CafeZ, Liège, Bélgica
Casa Nicaragua, Liège, Bélgica
Identité Amérique Indienne, Liège
RAIZCOF – Réseau d’amitié et d’inspiration zapatiste en Condroz-Famenne, Bélgica
La Gang éco!féministe, Bélgica
Le petit théâtre de la Grande Vie, Bélgica
Americasol-Réseau Escargot, Francia
Collectif inter-collines des 2 rives de la rivière Aveyron (Colectivo intercerros de las 2 orillas del río Aveyron), Francia
Quartier libre des lentillères Francia
Espace autogéré des Tanneries, Francia
Mut Vitz 13
Colectivo París Ayotzinapa, Francia
Universidad de la Tierra, Puebla
Colectivo Utopía, Puebla
Colectivo Utopia
Colectiva Zurcando el tiempo
Cecilia Zeledón
Kathia Behaeghel, Bélgica
Geert Carpel, Bélgica
Patrick Dessart, Liège, Bélgica
Geneviève Michel, Bélgica
Jean-Claude Charlier, Jupille, Bélgica
Martine Gerardy, Bélgica
Orlando Kintero, muralista
Union syndicale Solidaires, Francia
Yala Colectiva Nantes, Francia
Colectivo Armadillo Finlandia
Caravana Zapatista Portugal
Associazione Ya Basta! Êdî Bese!, Italia
Scotland Zapatista, Escocia
Latir por México, París
Alerta feminista, París
Brigada Serpientes, París
Miradas-Caracol, Madrid
Olivier Vermeulen, Bélgica
Natalia Hirtz
Carta dirigida a:
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adán Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Via :
Sandra Fuentes-Berain, embajadora de México en Bélgica
Blanca Elena Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia
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Ciudad de México, 27 de noviembre de 2021. El pasado domingo 21 de noviembre, la totalidad de las familias zoques del ejido Esquipulas Guayabal en las faldas del volcán Chichonal, municipio de Chapultenango, Chiapas, fueron violentamente desplazadas con lujo de violencia por un grupo de hombres encapuchados con vestimenta militar, chalecos antibalas y armas de alto calibre, en un operativo evidentemente planeado con anterioridad, según información recibida por este medio de comunicación.
Las mujeres, hombres, niños y ancianos desplazados se encuentran hasta ahora en un albergue en la cabecera municipal de Chapultenango, mientras los agresores continúan en la colonia, donde se posesionaron de casas, tierras, bienes y animales. Los ejidatarios desplazados denuncian la inacción del gobierno, que de promesa en promesa les va dando largas sin que haya ninguna intención evidente de solucionar el problema.
El contexto en el que se da la agresión revela una compleja trama de intereses petroleros, geotérmicos, turísticos y mineros, involucrando el capital internacional y el Estado mexicano, que desde hace años viene confrontando y despojando a los pueblos zoques, que habitan esas tierras desde hace 3 mil 500 años.
El desplazamiento forzado
Escucha cómo vivieron algunxs ejidatarios el desalojo, a partir de testimonios en audio recibidos por este medio (6 min): (Descarga aquí)
Ese domingo a las 10 am, un grupo de entre 25 y 30 hombres fuertemente armados, acompañados por pobladores tsotsiles originarios de Rincón Chamula que desde 2009 habitan en el ejido Esquipulas Guayabal, incursionaron en las casas de los pobladores zoques y los forzaron a huir con golpes, amenazas y balazos. Una casa fue quemada y varios animales fueron asesinados o heridos.
La mayoría de quienes se encontraban en sus casas eran mujeres y niños, pues muchos hombres estaban en el campo o en Chapultenango, a donde suelen ir los domingos de compras o a resolver otros asuntos.
Un adolescente cuenta:
Yo estaba trabajando en el campo. Como a las 10 am, escuché disparos. Regresamos a la casa y veo a mi mamá que está llorando. Me dice: creo que mataron gente porque hubo muchos disparos, golpearon a don Chevio, que es quien representa a la colonia. Están quemando casas y me dijeron que salga de una vez o me van a matar. En ese mismo instante salimos y veo un grupo armado. Estaban quemando la casa de don Chevio. Había un grupo de diez con armas, todos encapuchados. Ya para entrar a la línea del volcán había otro grupo. Todos estaban encapuchados con unas armas largas. Había un niño y estaba muy triste porque pensó que iba a quedar ahí muerto.
Y otro adolescente:
Me encontré a don Eusebio y me dijo: Ya nos corrieron de la comunidad y a tu mamá ya le pegaron, puro culatazo de arma. Entonces me fui, iba yo a caballo y vi varias personas encapuchadas con armas. Me vieron y corrieron a taparme, me bajaron del caballo y me quitaron todo, me pegaron, me dijeron que aquí no vales, aquí la ley no vale, ahora esta es nuestra tierra, aquí nadie nos saca.
“Lo más triste para mí fue que mataron a mi perrito”, dice un niño pequeño, “y me preocupaba mucho mi papá que le fueran a dar un balazo”.
Una mujer cuenta:
Estaba cocinando cuando escuché un troneteo como de triques. Eran balazos, pero demasiado. Cerré mi puerta con candado porque pensé que iban a pasar nada más. Pero se metieron en el solar y querían que abriéramos la puerta. Me dicen: “Abre la puerta o le echamos gasolina a la casa”. Pero por el miedo no encontraba yo la llave. Hasta que la encontró mi hija y ya abrimos. Se metieron y nos dijeron: “Sálganse rápido sin sacar nada”. Nos salimos y son balazo que están tirando, tiran por los pies, tiran por la cabeza. Aquí me pasó un tantito. Nos fueron siguiendo con la pistola, mi hija adelante y yo atrás porque ella está embarazada y corría peligro.
Es mucha la desesperación de los desplazados, que salieron sólo con la ropa del cuerpo. “Ahí se quedó todo”, dicen. Documentos, herramientas, todos los bienes. Algunos incluso salieron descalzos. Y se preocupan por los animales, pues de eso viven. ¿Qué vamos a comer?, se preguntan. ¿De qué vamos a vivir?
Contexto
Como en muchos casos actuales en el estado de Chiapas, la violencia deviene de un conflicto agrario exacerbado por el incompetente o malicioso manejo por parte del Estado, con el trasfondo de intereses del capital nacional e internacional y la participación de grupos armados de corte paramilitar o de la delincuencia organizada. Así, el caso de Esquipulas Guayabal es paradigmático para entender la violencia que en los últimos años se ha desatado a lo largo y ancho del estado de Chiapas.
A seguir, presentamos un breve resumen del conflicto agrario.
El ejido Esquipulas Guayabal se formó a mediados de la década de 1930, y para 1960 contaba con 2 mil 400 hectáreas. En 1982, la erupción del volcán Chichonal causó la muerte de 2 mil zoques y el desplazamiento de 12 mil familias, reacomodadas en 22 nuevos asentamientos en diversas partes de Chiapas, Jalisco y Veracruz. El ejido Esquipulas Guayabal se dividió en cuatro grupos que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, el barrio de Guayabal en Chapultenango y el valle de Uxpanga en Veracruz.
Con el tiempo, campesinos de Chapultenango comenzaron a ocupar las tierras que habían quedado abandonadas, aunque los ejidatarios desplazados por el volcán mantenían los títulos ejidales. Fue entre 2002 y 2003 que la Procuraduría Agraria inició la certificación de las tierras ejidales en el PROCEDE, con lo que se pretendía privar de sus derechos a los 130 ejidatarios y reconocer a los nuevos campesinos como titulares de la tierra. Ese fue el inicio del conflicto.
Para evitar el despojo, 29 ejidatarios de Rayón regresaron a las tierras con sus familias, encontrándolas ocupadas por campesinos de Chapultenango. Los campesinos de Rayón interpusieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) exigiendo la cancelación del PROCEDE sobre las 2 mil 400 hectáreas, pero el TUA ignoró la demanda y, en noviembre de 2005, se certificaron las tierras a favor de los campesinos de Chapultenango.
Este hecho condujo a confrontaciones físicas en 2006 y 2009. Ese año, campesinos de Rayón alentaron el ingreso de tsotsiles de Rincón Chamula como aliados para recuperar las tierras. Un año después, interpusieron un juicio agrario exigiendo la cancelación del PROCEDE y apuntando a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional de ser los causantes del conflicto. Por su parte, los de Chapultenango interpusieron juicio solicitando la regularización de las tierras a su favor. En 2012, el TUA declaró nulos los trabajos del PROCEDE.
En 2016, un grupo de personas de Rayón, al parecer en alianza con personas de Chapultenango y los tsotsiles asentados en Esquipulas Guayabal, convocaron asamblea para reconocer a 11 avecindados y nuevos ejidatarios, y en 2019 eligieron nuevas autoridades, sin el debido conocimiento de los ejidatarios de Esquipulas Guayabal ni su participación en las asambleas. Todo esto, aparentemente, con la intención de despojar a los ejidatarios de la tierra.
En agosto de ese año, los ejidatarios interpusieron un juicio para invalidar ambas asambleas. El pasado 6 de octubre de 2021, el TUA declaró nulas ambas asambleas. Seis semanas después, al parecer ante la frustración de sus pretensiones legales a la tierra, el grupo armado atacó la colonia y desalojó a la totalidad de las familias zoques.
Intereses de fondo
Como en muchos otros conflictos en el estado de Chiapas, las disputas agrarias son utilizadas y exacerbadas por el Estado para favorecer intereses económicos y el control territorial. En el caso del territorio zoque alrededor del volcán Chichonal, son varios los intereses de alto perfil que entran en juego.
Desde 2015, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico a 15 mil hectáreas, con la intención de construir una planta geotérmica en el volcán Chichonal, que continúa activo. Aunque según algunos estudios el nivel del agua del volcán es insuficiente para la construcción de una planta geotérmica, el proyecto continúa vigente.
En 2017, se pretendía reactivar un pozo petrolero como parte de la ronda petrolera 2.2. Dicha ronda contemplaba la extracción de 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios en 84 mil 500 hectáreas, entre ellos, Chapultenango. El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio logró frenar la licitación internacional en junio de 2017. Sin embargo, con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se encuentra a pocos quilómetros en línea recta del volcán Chichonal, es de suponer que se reactiva el interés en los yacimientos petroleros en la región zoque.
Al mismo tiempo, hay un fuerte interés turístico nacional e internacional en el área alrededor del volcán Chichonal. Desde 2012, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha promovido la creación de un geoparque. La avanzada de dicho proyecto fue la creación en 2016 del Centro Ecoturístico Comunitario Mujer de Fuego en las faldas del volcán Chichonal, que ha provocado fricciones con los campesinos de Esquipulas Guayabal.
Existen, además, fuertes intereses mineros sobre 70 mil hectáreas del territorio zoque. En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los afectados denunciaron que en 2017 entró una empresa al ejido Esquipulas Guayabal con la intención de negociar con los invasores para adquirir la tierra. También denunciaron que presuntos empleados de una compañía minera se presentaron en los hogares de varios activistas con la intención de obtener información sobre la resistencia contra la minería. El pasado mes de junio de 2021, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra alertó que los días 11 y 12 de ese mes, agentes de la minera Gold Corporation recorrieron ejidos de los municipios de Chapultenango e Ixtacomitán con la intención de promover la entrada de la minería en dichos territorios.
Por otro lado, empleados de empresas de la agroindustria han entrado a las tierras alrededor del volcán a ofrecer palma aceitera.
A todo lo anterior se le suma el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación un día después del ataque a Esquipulas Guayabal, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, acto que provocó el repudio de organizaciones sociales, pueblos indígenas e incluso instancias del gobierno federal.
Autores materiales e intelectuales
Los autores materiales de la agresión fueron los pobladores tsotsiles asentados en el ejido desde 2009, junto el grupo armado, compuesto por 25 a 30 personas presumiblemente provenientes de Rincón Chamula.
Según los testimonios de los desplazados, los pobladores tsotsiles se han ido apoderando de las tierras desde hace algunos años, al grado que hoy tienen más tierra que los propios ejidatarios. Al mismo tiempo, en los últimos años han agredido con cada vez más violencia y frecuencia a los ejidatarios. En los testimonios que recibió este medio, son varias las personas que denuncian haber sido golpeadas en diversas ocasiones, y cuyas demandas ante el Estado fueron desconsideradas. Hace cuatro años, el grupo tsotsil agredió con palos y machetes a los ejidatarios con completa impunidad.
Sin embargo, como autores intelectuales los desplazados acusan al profesor Alejandro M. y al señor Elías L., ambos de Chapultenango. Al profesor Alejandro M. se le vio circulando por la colonia en un vehículo hasta muy tarde la noche del sábado. Hoy se sabe que esa tarde el grupo armado llegó a las tierras del volcán como turistas y allá pasaron la noche, ingresando al ejido a las 10 am del domingo.
Por otro lado, los desplazados identifican también al ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, de Rayón, cuya elección como comisariado y su pertenencia como ejidatario fueron anuladas el pasado 6 de octubre por la sentencia del Tribunal Unitario Agrario n. 476/2019. Según los testimonios, el señor Moisés Domínguez no vive en el ejido y su único interés es la venta de las tierras.
Inacción/complicidad gubernamental
Todo lo anterior contribuye para explicar la inacción de los tres niveles de gobierno. Ante el ataque armado con armas de uso exclusivo del ejército, agresiones físicas y psicológicas, desplazamiento forzado de 35 familias, destrucción y robo de propiedad, el gobierno se ha mantenido omiso. Hasta el momento, ninguna acción para restituir las tierras a sus legítimos dueños y castigar a los culpables ha sido efectuada, y las familias afectadas han sido tratadas con indiferencia y desprecio.
De las muchas personas que acudieron a la fiscalía en Pichucalco el domingo, sólo a una le tomaron la declaración. El lunes, desde las 8 am a las 6 pm, sólo tomaron dos declaraciones, mismas que quedaron suspendidas al día siguiente.
El día de la agresión se presentaron en el albergue funcionarios del gobierno estatal de Rutilio Escandón, dejando claro que la intención del gobierno era entablar una mesa de diálogo, sin desarmar al grupo agresor ni garantizar el retorno de los desplazados a sus tierras. El arribo a Chapultenango de la Guardia Nacional, que los desplazados supusieron ser con la intención de garantizar la paz y desarmar a los agresores, fue, en palabras del comandante, solamente para acompañar a la policía sectorial y estatal, los cuales a su vez llegaron para proteger a las autoridades.
Por otro lado, diversas reuniones fueron anunciadas a las que el gobierno nunca llegó. Y el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal por parte de funcionarios regionales del INPI, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación e impiden fotografiar las condiciones del albergue”.
El presidente municipal de Chapultenango, Rubelio Mondragón, se ausentó desde el sábado, el día anterior de la agresión. Mientras tanto, el ayuntamiento ha publicitado supuestas acciones de apoyo a la comunidad, aunque los primeros días el único apoyo recibido por los desplazados fue organizado por la Iglesia, organizaciones sociales y la sociedad civil. La presidenta del DIF solicitó personalmente a uno de los organizadores del acopio que le cedieran alimentos para hacerles de comer a los desplazados, y más tarde publicaron una nota con fotos, supuestamente ofreciendo despensa y comida. Se publicaron también fotos del presidente municipal Rubelio Mondragón en Tuxtla Gutiérrez recibiendo ayuda para los desplazados, misma que sólo llegó en la noche del miércoles tras mucha presión por parte de activistas solidarios.
El jueves 25 de noviembre, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas publicó en su página de facebook que funcionarios de esa entidad visitaron el ejido para “entablar diálogo con las partes”. Ante dicho anuncio, el mismo Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció:
A casi 5 días del ataque armado (…) denunciamos que:
El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia armada contra pueblos y comunidades indígenas de Chiapas donde existen intereses petroleros, geotérmicos, geoparque y mineros, como en el caso del volcán Chichonal.
El ataque fue un acto coordinado de corte paramilitar, y no un desplazamiento “involuntario”.
El Gobierno de Chiapas (…) pretende “administrar el conflicto” mediante la simulación de diálogo y la reconciliación (…), pese a que el grupo atacante permanece armado.
El caso de Esquipulas Guayabal es uno más de los muchos en territorio chiapaneco, donde las disputas territoriales resultantes no sólo de conflictos agrarios, sino sobre todo de intereses energéticos, turísticos, extractivos y del crimen organizado, conducen a la violencia extrema por parte de grupos armados de corte paramilitar que asolan las comunidades, resultando en desplazamiento forzado y terror, como en los casos de Pantelhó, Aldama y muchos más, así como la formación de grupos de autodefensas ante la inacción, complicidad o participación implícita de diversas instancias de gobierno.
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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los medios de comunicación libres
28 de septiembre de 2021
El día de hoy, 28 de septiembre de 2021, aproximadamente a las 9:00 am, cinco compañeros de la comunidad de Tula, perteneciente al CIPOG-EZ, fueron emboscados en la carretera de Ahuixtla en dirección hacia Papaxtla.
Nuestros compañeros fueron atacados por ocho personas que bajaron del cerro con armas de fuego R-15 y cuernos de chivo; tres de nuestros compañeros resultaron heridos. Los atacantes vestían con pantalón militar y llevaban los rostros cubiertos, además de las armas de alto calibre.
El 23 de septiembre ya habíamos denunciado la presencia de personas vestidas tipo militar que sabemos que pertenecen al grupo narco-paramilitar de “Los Ardillos”, en el contexto de la acción nacional e internacional contra la guerra paramilitar en contra del EZLN; hoy a 5 días de la denuncia, tres nuestros compañeros se encuentran gravemente heridos.
Hacemos responsables al gobierno de Héctor Astudillo Flores, a la fiscalía, así como a la Guardia Nacional, Policía Estatal y municipal, por su complicidad con los narcoparamilitares, y su silencio cómplice desde siempre, pues sabemos que quienes emboscaron a nuestros compañeros fueron “Los Ardillos” a quienes hemos denunciado ya en muchas ocasiones, con los 3 niveles de gobierno pero éstos han cerrado sus oídos y se han puesto del lado de quienes nos masacran.
Sabemos que “Los Ardillos” se están preparando para entrar el día de hoy a las comunidades del CIPOG-EZ, por lo que les pedimos puedan difundir y denunciar la guerra narco-paramilitar que estamos viviendo en el estado de Guerrero las comunidades del CIPOG-EZ,
ATENTAMENTE
Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata
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Este 24 de septiembre, día internacional de protestas contra la violencia narcoparamilitar y contrainsurgente en el estado de Chiapas, organizaciones de lucha brasileñas se unen a la exigencia de que el Estado mexicano detenga las agresiones contras los pueblos zapatistas y la violencia en general en el estado.
Nosotrxs, como Teia dos Povos (Tejido de los Pueblos) de Ceará, expresamos nuestra solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), frente al avance de la violencia perpetrado por el gobierno mexicano.
El pasado 11 de septiembre, el gobierno mexicano fue responsable por el sequestro durante ocho días de las autoridades civiles zapatistas Sebastién Núñez Pérez y José Antonio Sánchez, que sólo fueron liberados después de la fuerte presión de movimientos sociales zapatistas y mexicanos. Además de ese acto criminal, también destacamos la reciente represión policial contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá y las alianzas del gobernador chiapaneco Rutilio Escandón con grupos paramilitares vinculados a la agroindustria local, que se oponen no sólo a los zapatistas, sino a cualquier comunidad autónoma que se posicione contra los intereses del capital en el país.
En su comunicado oficial, el EZLN pide que se realicen manifestaciones de solidaridad frente a embajadas y consulados de México en el mundo este viernes 24 de septiembre. La reivindicación es que todas las instancias de gobierno de México detengan “las provocaciones y abandonden el culto de muerte que profesan”. Nosotrxs, como Teia dos Povos de Ceará, apoyamos las acciones del EZLN, pues la lucha de liberacion pasa por el corazón de todos los pueblos y nuestro enemigo es común.
Federación de las Organizaciones Sindicalistas Revolucionarias de Brasil (FOB)
Basta de violencia del Estado mexicano contra las comunidades zapatistas
En el estado de Chiapas, México, comunidades autónomas zapatistas están teniendo a sus líderes secuestrados, sus comercios incendiados, además de otros atentados. Son indígenas, campesinos pobres que se rehúsan a sujetarse a un Estado que los maltrata, por eso son perseguidos.
Ésta es una campaña internacional contra esa injusticia.
Tómale una foto a este cartel y márcanos en Instragram @lutafobce
Federación de las Organizaciones Sindicalistas Revolucionarias de Brasil (FOB)
To the governments of Mexico
To the people of Mexico and the world
To all those ready to live, that is, to fight
The recent aggressions against Zapatista authorities are the culmination of an escalation of attacks and provocations against Zapatista and non-Zapatista communities of Chiapas at the hands of paramilitaries whose character the whole world knows: the bad governments seek the surrender of those who resist the dispossession they promote. Or worse, they provoke a tragic, violent confrontation that would be a pretext for great repression, in order to remove obstacles from their destructive path, that lays waste to Mother Earth as to the social fabric.
We will not permit it. Those bad governments should know, as should their officials and lackeys, that they not only confront the well-organized force of the Zapatista peoples clearly determined to exercise their legitimate right to self-defense. They have tried all the peaceful means of accord and reconciliation and they have only encountered indifference and a irresponsibility. Their patience now wears thin. Together with them, together with the Zapatista communities and peoples, together with the hundreds of communities assaulted by the current regime, we are determined to halt this criminal impulse that doesn’t seem to have another way out except through violence.
We will demonstrate on the 24th that we are determined to react. In silence or shouting, in the streets and plazas, before the embassies or public buildings, in places of work, wherever we are and by any means at our reach, we will show our solidary resistance to the absolutely illegal abuse that takes place with the open complicity of those that have the legal and political obligation to stop it.
The paramilitary mask does not deceive us. It is the State. We will not accept its cult of death. We will come out this Friday the 24th to defend life.
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El miércoles 8 de septiembre nuevamente San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, volvió a ser escenario de la violencia armada que sacude todo México desde hace 15 años, es decir desde el inicio del así llamada “guerra al narco”.
Alrededor de la 5pm, en el anillo periférico oriente, entre los barrios populares de Molino Los Arcos y Cuxtitali se desató una balacera entre dos nutridos grupos armados que se prolongó hasta la medianoche y que terminó con un saldo de dos muertos, varios heridos, una tortillería y varias casas incendiadas. Decenas de balas perdidas y varias explosiones sembraron el pánico entre la población de los barrios y colonias afectadas (Molino Los Arcos y Cuxtitali, especialmente en sus secciones del Romerillo y el Roble) que quedó a la merced de los grupos armados ya que el operativo montado por la Guardia Nacional y los demás cuerpos policiacos no hizo otra cosa que quedarse al margen del conflicto y, aún así, hay testimonios de vecinos sobre la violencia de los uniformados en contra de gente inocente. También las quemas de casas provocaron un incendio en el bosque que conlinda con estas poblaciones, muy cerca de algunas casas, que las autoridades se negaron a apagar argumentando que no había condiciones de seguridad. Solamente gracias a la lluvia que estaba cayendo en ese momento fue que el incendio no tuvo mayores consecuencias.
Las organizaciones sociales independientes de la sociedad civil de San Cristóbal llevan años denunciando la total impunidad de los grupos delictivos y de sus organizaciones de fachada, cuales Sentimientos de la Nación, Almetrach y otras de corte paramilitar quienes con sus grupos de choque no sólo lucran y viven de negocios ilícitos sino también se han vuelto mercenarios al servicio de la clase política para acosar, amenazar y reprimir a los y las luchadoras sociales de la entidad. Especialmente desde hace años han salido denuncias sobre la presencia de grupos delictivos en la zona norte-oriente de la ciudad responsables de ecocidio, secuestros y violencia en general contra la población y l@s activistas ambientales de la zona.
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Como hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas de nuestras comunidades indígenas que somos; Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizos y Afro mexicanos del estado de Guerrero, y que estamos organizados en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en conjunto con nuestros pueblos hermanos del Frente Nacional Por la Liberación de los Pueblos (FNLP) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), no olvidamos que sufrimos una guerra en contra nuestros pueblos. Una guerra que inicio hace 527 años y que se continúa, gobiernos van, gobiernos vienen, son de un color, de dos colores o de tres colores, no importa; su patrón es el mismo.
Seguimos muriendo de hambre, por falta de hospitales y médicos y por la miseria, pero no solo; literalmente nos están asesinando. Como si fuéramos animal, como si fuéramos algo que no vale, que no es humano. Los narco-paramilitares nos cazan en los caminos, en nuestras casas y nuestras familias, tienen que huir, son los que se llaman desplazados, y ahí van, caminando desterrados de su tierra, comunidades enteras sin casa, con el dolor de sus familiares asesinados, y sin saber si comerán mañana o si podrán dormir bajo un techo, peor que animales.
Este mal es provocado por los malos gobiernos al solapar y permitir a los grupos narco-paramilitares en nuestros pueblos de la Costa Grande, en Chilapa, y en la Sierra de Guerrero, y bien sabemos que por lo menos también pasa en los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas. ¿Y cuántos de nuestros hermanos que están desaparecidos? Y no es que se perdieron, es que les hicieron un mal, y lo hicieron con plena impunidad, lo hicieron en el día, en lugares públicos y no pasa nada.
