STOP THE NARCO-PARAMILITARY WAR AGAINST THE CIPOG-EZ
Urgent Communique from the CNI-CIG and the EZLN

Today with pain and rage we denounce a new and insidious crime against our compañeros of the Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

At approximately 1:30 pm on May 23, near Chilapa, Guerrero, our compañeros Bartolo Hilario Morales and Isaías Xanteco Ahuejote were taken captive. Both were members of the CIPOG-EZ, the National Indigenous Congress, and the Community Police of the Nahua communities of Tula and Xicotlán, with the former serving as Community Police Captain. They were found dead and quartered on May 24.

This crime follows the recent murder of our compañeros Lucio Bartolo Faustino and Modesto Verales Sebastián, council member and delegate respectively of the CNI-CIG. We denounce the politics of terror applied by narco-paramilitary groups, with the shameless support of all three levels of bad government, against our brothers and sisters of the CIPOG-EZ and against all of the indigenous territories of Mexico. In this case, the terrible crime was perpetrated by the “Grupo Paz y Justicia”, who are connected to “Los Ardillos”, who in turn rely on the complicity of the Federal Army.

We as indigenous peoples, nations, tribes, and barrios resist not only the megaprojects used by the owners of power to appropriate land and nature, but also the death, fear, and desolation imposed by their armed groups throughout the country. Whether they wear the uniform of “Los Rojos,” “Los Ardillos,” or the repressive forces of the bad government, the power of money and ambition to profit off the suffering of our peoples make them one and the same. Our brothers were murdered by neoliberal capitalism in their struggle to create peace and autonomy for the peoples of Chilapa and the broader region.

This is why our compañeros continue to resist, because that seed of struggle comes from the determination of our peoples who, along with our mother earth, will not give up, give in, or sell out in the battle to not disappear from history in the midst of this total destruction. We will make their struggle, their word, and their determination grow in the collective conscience of those of us who dream of and struggle for a new world.

We demand an immediate halt to the repression against the CIPOG-EZ, justice for our brothers Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino, and Modesto Verales Sebastián, and justice for the dignified peoples of Guerrero.

Attentively
May 2019
For the Full Reconstitution of Our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
National Indigenous Congress
Indigenous Governing Council
Zapatista Army for National Liberation

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Diócesis de San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México
15 de agosto 2018

A los Hombres y las mujeres de Buena Voluntad, creyentes y no creyentes.

El presente documento propone visibilizar el problema social ocasionado por los desplazamientos forzados de que han sido objeto personas de las parroquias de San Pablo Chalchihuitán y San Andrés Larrainzar. El problema se acentuó debido a que toda la Región de los Altos de Chiapas ha sido el escenario de múltiples episodios de violencia y conflictividad permanente por razones territoriales con intervenciones de paramilitares. En diciembre 1997, ocurrió la masacre de 45 personas en la comunidad de Acteal.

Estos asesinatos y otros incidentes de naturaleza político-territorial son el antecedente que facilitó que en 2017 grupos civiles armados encontraran poca resistencia para provocar que más de 5,000 personas de Chalchihuitan y Chenalho huyeran de sus hogares y se refugiaran en las montañas y en 2018 habitantes de Aldama y Chenalho vivieran la misma situación de desplazamiento.

Actualidad

El conflicto ha escalado hasta el punto en el que al día de hoy 15 de agosto de 2018 aún existen cerca de 1,450 personas desplazadas, unas 4000 personas retornadas, pero que aún no han podido regresar a su vida normal y los desplazados están organizados en 10 campamentos que requieren de servicios básicos, alimentación, refugio, salud y artículos de higiene personal para subsistir en espera de una resolución.

Quienes han tratado de volver a sus hogares, no lo han logrado debido a que son objeto de disparos disuasivos y amenazas que los obligan en última instancia a regresar a los campamentos, se puede decir con seguridad que la población actual de los campos de desplazados está formada principalmente por ancianos, mujeres, adolescentes y niños pequeños. (Continuar leyendo…)

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De nuevo, hechos que indignan. El 4 de mayo algunos medios nacionales informaron en breves notas del hallazgo del cuerpo de Holger Franz Hagenbusch, cicloviajero alemán que llevaba más de dos semanas desaparecido en Chiapas, México, dijeron que fue localizado dentro de un pronunciado barranco en el kilómetro 158 de la carretera federal del tramo San Cristóbal – Ocosingo. El lugar conocido como La Ventana se encuentra en el municipio de Ocosingo, puerta a la Selva Lacandona. Días antes, el 26 de abril, había sido localizado muy cerca, tan solo a 200 metros, el cadáver que se presume es de Krzysztof Chmielewski, de origen Polaco, de éste no trascendió la noticia en los medios de comunicación.

Más allá de dar por hecho que los cuerpos sean de los dos cicloviajeros, es importante recalcar que lo único que se ha identificado son las pertenencias de las dos personas y que los cuerpos tienen características físicas ajenas a la región. Hasta el momento la Fiscalía General del estado de Chiapas a través de un video difundido en su cuenta de twiter ha dicho que han sido encontrados “presumiblemente los restos de Holger Franz, en el mismo lugar donde fueron encontrados los restos del ciudadano polaco… En el lugar del hallazgo fueron encontradas prendas de vestir del ciudadano alemán… el ministerio público agotará todos los actos de investigación para conocer las causas de la muerte y la plena identidad de ambos extranjeros”.

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Durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

Foto: Niños vulnerables de la comunidad de Kokó, Aldama, Chiapas. 31 de marzo 2018. Carlos Ogaz.

Lee también: Comuneros de Aldama denuncian despojo y desplazamiento forzado

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Compartimos aquí la denuncia de los comuneros de Aldama:

Hacemos un llamado a:

Los medios de comunicación, local, nacional e internacional.
Al gobierno estatal y federal.
A las organizaciones civiles de derechos humanos.
A la sociedad civil.

Origen del conflicto:

El pueblo de Aldama Magdalena queremos externar nuestra preocupación que hemos vivido entre la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla) y Aldama donde hemos sufrido el despojo de parcela de 60 hectáreas que son legítimos dueños ancestralmente de los 115 comuneros de Aldama.

1. 2014 empieza la agresión por parte de Santa Martha a Aldama robándoles mangueras de agua potable y tala de árboles (pino, liquidámbar) que son propiedades de Aldama, haciendo la denuncia correspondiente por ecosidio y robo.
2. 2016 el 19 de abril empiezan a cortar el fruto de café parcela por parcela y tala parcial de algunas matas de café.

En el mes de mayo y junio: tala total de árboles frutales de café con un total de 40 hectáreas de cafetal y talando todas las sombras de café (chalum).

El 12 de junio el grupo de invasores despojaron a 7 familias con un total de 52 personas de sus hogares bajo amenazas con armas de fuego y machetes, robándoles todas sus pertenecías.

El 15 de julio el grupo de invasores quemaron y destruyeron en su totalidad las 7 casas de las familias despojadas de sus hogares.

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En el municipio de Aldama, región Altos de Chiapas se encuentran alrededor de 638 personas en situación de desplazamiento forzado desde el pasado 3 de marzo cuando un grupo armado del vecino ejido Manuel Utrilla, también conocido como Santa Marta en Chenalhó realizó disparos de arma de fuego de grueso calibre contra las casas, y escuelas en las comunidades de Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam. Los conflicos agrarios se potencian en medio de una región en donde los paramilitares nunca fueron desarmados, además de ser amparados por el estado mexicano. Regeneración Radio realizó un recorrido por las comunidades afectadas y pudo constatar los disparos constantes y el riesgo a la vida de las personas que se encuentran bajo escases de alimento, en medio de las inclemencias del tiempo y del terror; esta es su historia.

La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

Es crítica la situación actual, ya que la ineptitud en la intervención del Estado mexicano está ocasionando y permitiendo el crecimiento de una violencia desproporcionada. Lo anterior se reafirma con los hechos sucedidos el 2 de abril a las 6:30 horas, donde emboscaron y asesinaron a tres personas de la comunidad Cotsilnam, Aldama. Manuel Gómez Pérez de 35 años, y sus dos hijos menores de edad: Alonso Gómez Hernández, de 17 años y José Antonio Gómez Hernández, de 11 años, a quienes sorprendieron en el camino del tramo a Tselejpotobtik; los disparos venían desde Santa Martha, desde el otro lado del río, aproximadamente entre 150 y 200 metros provenientes de cafetales y platanares. Las tres personas iban a sembrar maíz.

Según información con la que cuenta el Frayba, el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018 con ataques armados contra las comunidades de Aldama: Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal (2). Entre las comunidades afectadas hay familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), quienes como el resto de la población se encuentran en riesgo. Las agresiones continúan hasta la fecha; las últimas, han sido con dirección a poblados y en contra de personas que transitan los caminos y acuden a trabajar sus parcelas. Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser). Se teme continúen las incursiones armadas a las comunidades de Aldama más cercanas a los límites territoriales con Manuel Utrilla, Chenalhó, así como a la cabecera.

Como consecuencia de estas acciones violentas, durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

El Frayba ha informado constantemente al Gobernador del Estado de Chiapas, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaria de la Tierra, a la Subsecretaria de Gobierno Región V, Altos tsotsil-tseltal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la Fiscalía de Justicia Indígena, entre otras, de la situación de violencia por el conflicto territorial entre Aldama y Manuel Utrilla, Chenalhó, y alertó sobre la actuación del grupo civil armado. Sin embargo, el gobierno de Chiapas no ha realizado acciones contundentes para investigar, desarmar y sancionar a este grupo, con el pretexto de que “no puede realizar medidas de seguridad pública”, por lo que ha dejado en desprotección a las comunidades afectadas. El gobierno estatal de Chiapas argumenta incapacidad para desarmar a los grupos armados, evadiendo su responsabilidad.

Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actuó en el desplazamiento masivo de Chalchihután (3). En ambos casos se presentan patrones similares de actuación que producen desplazamientos forzados, terror y muerte, a fin del control territorial en la región. Los patrones que ubicamos son a) ataques prolongados con armas de alto calibre b) ataques armados intermitentes c) amenazas de masacres d) vigilancia desde trincheras en la montaña, f) agresiones generalizadas a la sociedad civil g) actos violentos para generar terror h) comunidades sitiadas y i) asesinatos ejemplares.

Ante las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano de garantizar protección, este Centro de Derechos Humanos (Frayba) solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la población en riesgo a la vida, por la violencia generalizada en la región, marcada por la impunidad.

Reiteramos la responsabilidad de las autoridades de atender de manera urgente e integral la situación de crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en Los Altos de Chiapas, aplicando de manera inmediata y urgente los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región.

Llamamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestar su indignación, a firmar la acción urgente (4) y exigir al Estado mexicano un alto al fuego. Así mismo a solicitar que se realice una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de corte paramilitar de la región, como lo ha indicado la CIDH (5), así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados en Los Altos de Chiapas.

Negamos rotundamente que la militarización de las zonas de conflicto sea una solución, ya que patrones derivados de otros conflictos demuestran que dicha presencia recrudece la violencia y genera graves violaciones a los derechos humanos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
03 de abril de 2018
Boletín No. 10

1. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Presentarán Estudio psicosocial e impacto colectivo de la masacre de Acteal. 23 de noviembre 2017. Disponible. https://frayba.org.mx/presentaran-estudio-psicosocial-e-impacto-colectivo-de-la-masacre-de-acteal/

2. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama. 22 de marzo de 2018. Disponible en:

Acción Urgente: En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama

3. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: En riesgo la vida de familias desplazadas-retornadas en Chalchihuitán. https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vida-y-la-integridad-de-centenares-familias-desplazadas-retornadas-en-chalchihuitan/

4. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Acción Urgente: bases de Apoyo Zapatista en riesgo de desplazamiento forzado. 27 de mayo de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/bases-de-apoyo-zapatistas-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado/

5 .Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Medida Cautelar No. 882-17. 24 de febrero de 2018. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2018/15-18MC882-17-MX.pdf

Foto: Familias desplazadas de la comunidad de Kokó, municipio de Aldama, Altos de Chiapas. Fotografía: Carlos Ogaz.

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(Firma la Acción Urgente aquí.)

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas. Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, lo que ocasionó temor.

Personas del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior), Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, la población considera que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.
El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de personas heridas o muertas porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

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Comunicado sobre las agresiones a la caravana del CIG

A los medios de comunicación,
A la sociedad civil nacional e internacional.

El día de hoy por la mañana la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera María de Jesús Patricio se encontró con la Comunidad Nahua de Santa María Ostula en territorio recuperado de las manos del crimen organizado, quien saqueaba las maderas preciosas y minerales dentro del territorio indígena. Durante el festivo y multitudinario encuentro nos dimos cuenta de que Ostula es una comunidad libre, segura, donde la policía comunitaria cuida al pueblo, creciendo la resistencia en contra del despojo capitalista.

Cuando la caravana se dirigía a Paracho, habiendo salido apenas de los límites del municipio de Tepalcatepec, ya fuera del territorio bajo resguardo de la Guardia Comunal de Ostula y los grupos de Autodefensa que se articulan con ella, el último vehículo de la caravana, donde se transportaban los periodistas independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera, Cristian Rodríguez, mismos que han cubierto desde un inicio el recorrido del CIG y su vocera, fue interceptado y arrinconado por una camioneta HONDA CR-V gris, en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre. Estos hombres obligaron a los compañeros Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares únicamente.

Denunciamos que se realiza este cobarde ataque en un territorio controlado por el crimen organizado, en el contexto de una guerra capitalista generalizada en el estado de Michoacán y en varios estados del territorio nacional en complicidad con el mal gobierno. Sabemos que la intención del crimen organizado en contubernio con el gobierno es crear un clima de miedo y terror.

Ante estas agresiones hacemos responsables del ataque a los tres niveles de gobierno, al federal representado por Enrique Peña Nieto, al estatal representado por Silvano Aureoles Conejo, y al Municipal, así como las posibles agresiones que puedan sufrir las comunidades y pueblos del CNI, la Caravana del CIG, y periodistas que dan cobertura al caminar del CIG, debido a que durante el recorrido por las comunidades de los pueblos originarios nos hemos cimbrado al escuchar los dolores causados por el crimen organizado en contubernio con los malos gobiernos.

Reconocemos la labor que las y los periodistas independientes realizan, sobre todo quienes acompañan la caravana, ya que han sido fundamentales para visibilizar nuestro caminar y nuestros dolores. Sabemos bien que ejercer el periodismo en México es un trabajo de alto riesgo y que 40 periodistas han sido asesinados en nuestro país en el sexenio de Peña Nieto. Como Congreso Nacional Indígena nos indigna esta guerra contra la palabra, herramienta fundamental para la organización de los pueblos. Nos solidarizamos con los y las compañeras que realizan su oficio y defienden las libertades de expresión y prensa.

En esta construcción que busca el CIG, vamos juntos de la mano con las personas que extienden la palabra de los Pueblos indígenas en resistencia de manera honesta.

Comunidad Purépecha de Paracho, Michoacán, 21 de enero de 2018.
Nunca más un México sin nosotros
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

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Domingo, 21 de enero de 2018. Hoy en la tarde, el Congreso Nacional Indígena reportó que un grupo de sujetos fuertemente armados en dos camionetas interceptaron a la caravana del Concejo Indígena de Gobierno y amenazaron y despojaron de celulares y equipo fotográfico a periodistas que acompañan el recorrido.

Esto sucedió en la carretera entre Tepalcatepec y Buenavista, Michacán, después de un encuentro con comunidades nahuas en Santa María Ostula, mientras la caravana se dirigía a la comunidad de Paracho, donde mañana, 22 de enero, tendrá lugar un encuentro con comunidades purépechas.

Aproximadamente dos horas después el CNI reportó en su cuenta de twitter que la caravana del CIG había llegado con bien a Paracho, y exigió seguridad para la caravana, para Marichuy y para los periodistas que cubren el recorrido, así como el esclarecimiento de los hechos.

Condenamos de la manera más enérgica esta agresión contra el Concejo Indígena de Gobierno, su vocera Marichuy y lxs periodistas que cubren el recorrido.