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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

22 de septiembre del 2021

Boletín No. 11

• La ineficacia y simulación de las acciones del Estado mexicano sigue favoreciendo un ambiente de violencia y terror contra las comunidades mayas tsotsiles de Aldama y Santa Marta.
• La implementación de las Medidas Cautelares 284-18 dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de familias Tsotsiles de las comunidades de Aldama, no impidió la muerte de Domingo Santíz Jiménez.
• El Frayba solicita a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), adopte Medidas Provisionales frente a la extrema gravedad, urgencia y perjuicio irreparable que viven las comunidades.

El 28 de marzo de 2018 las familias tsotsiles de las comunidades de Aldama presentaron ante la CIDH solicitud de Medidas Cautelares (MC), frente al riesgo a la vida e integridad física y psicológica por los constantes ataques de arma de fuego que estaban – y continúan – recibiendo por parte de grupos armados de corte paramilitar con acción en el municipio de Chenalhó, Chiapas, que ocasiona desplazamiento de personas.

Tres años después de la solicitud y de múltiples comunicaciones enviadas por parte del Frayba y del Estado mexicano, el día 23 de abril de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo la resolución 35/2021 decidió otorgar medidas, registradas con en numero MC-284-18.

A partir de la adopción de las MC, hoy en día suman un total de 121 agresiones por disparos de arma de fuego que han ocasionado la pérdida de la vida de 7 personas[1] y por lo menos han resultado heridas otras 22[2] como resultado del ataque con armas de fuego del grupo armado ilegal que actúa desde Chenalhó, Chiapas.

La más reciente violencia y terror sufrida por los pobladores de las comunidades de Aldama fue perpetrada el 15 de septiembre de 2021; narran los 115 comuneros del lugar que Domingo Sántiz Jiménez, acompañado de otras personas, venían de regreso del municipio de San Andrés Larráinzar, lugar en el que habían realizado compras de mercancías para surtir su tienda abordo de un vehículo de redilas marca Nissan, para posteriormente dirigirse a la comunidad de Xuxch’en municipio de Aldama. Mientras iban pasando el camino, a la altura de la Escuela de Tabak los empezaron a agredir con disparos de armas de fuego en ráfagas, desde los puntos Volcán, Telemax y Tok’oy del sector Santa Martha. Al llegar a la altura del puente Tabak, el vehículo fue alcanzado del lado del copiloto por las múltiples disparos de armas de fuego, aunado a esto por el mal tiempo y los trabajos que se está realizando para la construcción de los 2 km de pavimentación y la destrucción y construcción de un nuevo puente de tabak, por el lodazal que existe, al momento de cruzar el río del puente Tabak, el vehículo quedó atascado en medio del río, los tripulantes descienden del vehículo para resguardarse de los disparos de armas de fuego dirigidos hacia ellos. Al mismo tiempo que el nivel del agua del río subía y por su fuerza arrastro al vehículo unos metros logrando algunos de sus tripulantes salvar su vida con ayuda de habitantes del lugar. Domingo Santíz Jiménez no corrió con la misma suerte, ya que por querer rescatar a sus compañeros fue alcanzado por una bala, cayó y fue arrastrado por el río. Su cuerpo fue localizado el 16 de septiembre del 2021.

Las agresiones armadas han ocasionado desplazamientos forzados de por lo menos 4399, quienes se refugian en las montañas para proteger su vida y que permanecen en un constante estado de angustia y alerta por las agresiones que les hace desplazarse de manera intermitente, sin que se les haya reparado los daños y perjuicios individuales, y comunitarios. Todos estos hechos han sido informados oportunamente a la CIDH.

Por estos hechos y frente a la extrema Gravedad, Urgencia y Perjuicio irreparable que viven los beneficiarios de las comunidades de Aldama, el Frayba ha solicitado a la CIDH pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adopte Medidas Provisionales a favor de las 12 comunidades beneficiarias de Aldama dentro de la Medida Cautelar 284-18, a fin de garantizar su vida, su seguridad e integridad física.

La Corte IDH en el caso Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II ha establecido: Que en asuntos como el presente la extrema gravedad de la amenaza se debe evaluar en función del contexto específico, siendo evidente que si derechos fundamentales como la vida y la integridad física se encuentran sujetos a dicho tipo de amenaza se está, en principio, ante un contexto que amerita considerar medidas provisionales.^[3]

Así también en el caso de Juan Almonte Herrera refiere que: La información presentada por la Comisión demuestra, prima facie, que las personas indicadas en su solicitud de medidas provisionales y en la Resolución del Presidente de 24 de marzo de 2010 se encontrarían en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en grave riesgo.^[4]

Desde este Centro de Derechos Humanos no nos cansaremos de denunciar a los gobiernos del estado de Chiapas y Federal que no cumplen con respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos y la consideración más elemental que los pueblos de Aldama y Santa Martha vivan en paz.

[1] Manuel Gómez Pérez, Alonso Gómez Hernández, Isidro Gómez Hernández y/o José Antonio Gómez Hernández (11 años de edad), Martín Ruiz Sántiz, Filiberto Pérez Pérez, Pedro Lunes Pérez y Domingo Sántiz Jiménez.

[2] Carlos Sántiz Ruiz, José Hernández Sántiz, Juan de Jesús Sántiz Pérez, Emiliano Sántiz Hernández, Alonso “N” Jiménez Gómez, Ignacio Pérez Jiménez, Pascual Pérez  Pérez, Apolonia Santiz López, Marcos Gómez López, Rosa Hernández Ruiz,  Santos Armando Ruiz Hernández (3 años de edad en el momento de los hechos), José Guadalupe Sántiz Jimenez, Juan Lunes Sántiz,  María Luciana Lunes Sántiz (13 años en el momento de los hechos),  Mario Pérez Gutiérrez, Juan Pérez Gutiérrez. Andrés Ruiz Sántiz, Raymundo Pérez Sántiz, Armando Pérez Sántiz, Artemio Pérez Pérez, María Isabel Hernández (Religiosa de la iglesia católica, cuando iba a entregar ayuda humanitaria), y  Andrés Jiménez Pérez de las comunidades de Aldama, Chiapas.

^[3] Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II respecto de Venezuela, resolución de la Corte de 8 de febrero de 2008.

^[4] Asunto Juan Almonte Herrera y otros respecto de República Dominicana, resolución de la Corte de 25 de mayo de 2010.

Descarga el Boletín # 11 en PDF

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Jueves 23 de septiembre 17hrs MX, conversatorio + estreno en línea del documental “Thelma Cabrera: curar el territorio”. Las mujeres indígenas que recuperamos las tierras robadas, somos alternativas vivas a la #CrisisClimática.

Rumbo al 2do Encuentro Global de Mujeres Indígenas #CuraDaTerra 2021. En vivo por facebook.com/crfger

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Viena, 16 de septiembre 2021.

Un gran contingente de mujeres mayas zapatistas que llegaron a Europa Central hace dos días y medio se unió a las 18 hrs. a una concentración de protesta para exigir justicia para Shukri y Fadumo, dos mujeres de origen somalí, asesinadas hace dos días en Viena, pidiendo que no quede impune este doble feminicidio. Esta concentración fue convocada por la colectiva Ni una menos-Austria, la cual agradeció «a las compañeras zapatistas por su apoyo en nuestra reunión y marcha en este día tan triste».

Adelante de la iglesia monumental de Karlsplatz, las compañeras escucharon, aplaudieron y filmaron diferentes tomas de palabra de mujeres somalíes y de otros países de Europa y África que se expresaron en sus diferentes lenguas, en especial el somalí, el árabe, el español y el alemán austriaco. Cientos de jóvenes mujeres feministas e internacionalistas llevaban pancartas y mantas contra el patriarcado y el racismo. Estuvieron gritando consignas y cantaron una versión alemana de Vivir sin miedo de Vivir Quintana, antes de prender en silencio las luces de sus teléfonos celulares cuando cayó la noche. Después de escuchar los dolores en lenguas que tampoco medios libres de Slumil K’ajxemk’op pudieron entender, las compañeras de la Extemporánea siguieron el recorrido de la marcha de mujeres austriacas y migrantas que recorrieron calles anchas rodeadas de edificios imponentes que remontan al imperio austro-húngaro siglos atrás.

El campanazo de la iglesia de Karlsplatz no pudo callar a las voces altas ni los silencios de las mujeres expresando dolores que tal vez lograron captar los celulares de las compañeras zapatistas, así como la videocámara del compañero Tercio, encargado del registro audiovisual de la delegación aerotransportada del EZLN, quien fue el único varón zapatista presente en la concentración y la marcha nocturna. A lo mejor, la vibra antipatriarcal, antirracista e internacionalista de la primera marcha europea de la Sección Miliciana Ixchel-Ramona se nota en el llamado streaming (video en vivo) de medios libres desde Karslplatz en Viena, con comentarios en español de anfitriones de Zapalotta, en especial, el Comité de Solidaridad Mexiko-Salzburg, quienes explican el contexto y el sentido de las acciones de protesta contra los 21 feminicidios que lleva Austria en 2021.

Mucha emoción marcará sin duda la memoria de las compañeras milicianas, vestidas de playera rosa, pantalón de mezclilla y botas de piel, listas para caminar escuchando, intercambiar y aprender de las luchas de cientos de colectivas europeas insumisas que las invitan y exigen sin descanso “¡Ni una menos!”, “¡Alerta feminista!” y “¡ Stoppt den femizid !”.

#LaGiraZapatistaVa #Travesiaporlavida #EZLN
#niunamenos #vivasnosqueremos #stopptfemizide

Fotos:

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Por Aldo Santiago

En portada: Asamblea informativa realizada en Celestún el pasado 15 de julio. Foto de Equipo Indignación

Pueblos mayas de Kinchil, Celestún y San Fernando participaron en distintas asambleas informativas como parte de un proceso de autoconsulta que efectúan para decidir si aceptan o no la operación de granjas porcícolas en sus territorios.

Estas reuniones fueron realizadas los pasados 15 y 16 de julio y se enmarcan en una convocatoria realizada por Consejos mayas “para ejercer el derecho al consentimiento previo de la libre autodeterminación”.

Tras la realización de las asambleas, la autoconsulta pasará a la fase consultiva, a realizarse de manera simultánea en los tres pueblos mayas el próximo domingo (25).

“Ya es hora que el Estado empiece a tomarnos en serio, no somos pueblos de la historia, somos pueblos vivos y el Estado tiene que respetar nuestro derecho a manifestar nuestra decisión como pueblo, por eso le decimos, que nunca más sin nuestro permiso”, enfatizaron organizaciones indígenas mayas mediante convocatoria titulada “Aquí manda el pueblo”.

Entre los convocantes se encuentran los Consejos Mayas del Poniente Chik’in Ja’ – Kinchil y Chik’in Ja’ – Celestún, así como el Colectivo de atención comunitaria U yutzil kaj. Además, cuentan con el acompañamiento de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. para la observación de derechos humanos.

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Por Ñaní Pinto

Indígenas zapotecas pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados denuncian que el gobierno del estado de Oaxaca está preparando la represión y despojo de su territorio con el uso de la Guardia Nacional.

Alertan que éste ha sido un acuerdo que se ha firmado con instancias de gobierno, las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero, vecinos de esta comunidad. “El objetivo es tomar el control de estás tierras para explotar tres concesiones mineras, apoderarse del agua y el bosque”, aseveran.

Este 20 de junio, los comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, se trasladaron a la ciudad de Oaxaca con sus pancartas y mapas donde han ubicado las concesiones mineras.

“Desmentimos el posicionamiento de las autoridades de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades de San Pablo Cuatro Venados, que más de una vez nos han tachado de paracaidistas. Nuestros documentos demuestran lo contrario”, denunciaron mediante rueda de prensa en la cual algunos mostraron su credencial de elector y también las actas de posesión de sus tierras.

En contexto → Atacan y derriban casas de indígenas zapotecos, los acusan de usurpar sus propias tierras

De acuerdo con estas comunidades, éste ha sido el motivo por el cual han sido atacados en diversas ocasiones, como sucedió el 19 de mayo del 2019, cuando las autoridades de Cuilápam: Pedro Pérez Rojas, Erick Carrasco Vázquez, Maura Silva Fernández y el ex diputado Flavio Sosa Villavicencio, advirtieron que, si el gobierno estatal no aplicaba la ley contra los supuestos invasores, se suscitaría un baño de sangre. “Esto fue una amenaza, porque fuimos atacados brutalmente el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Destruyeron nuestras viviendas, quemaron nuestras cosechas y se robaron lo que pudieron”, sostuvieron los campesinos.

Además, agregaron los campesinos, que, tras estos ataques, “se hicieron las denuncias correspondientes ante la fiscalía y se abrieron seis carpetas de investigación” contra los agresores, en este caso, hacia las autoridades del municipio vecino. Pese a ello, hasta el momento no han sabido qué ocurrió con esta investigación.

Por el contrario, Magdiel Hernández Caballero, representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que se “emitieron medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero” con la denuncia de ataques de los supuestos invasores.

Tras estos supuestos ataques “que ha sufrido la comunidad de Cuilápam”, los comuneros en resistencia afirman que desde el día 5 de julio denunciaron el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero de color rojo y un día después fueron atacados.

“Alrededor de 15 camionetas se internaron en el bosque y gente que los acompañaba nos comenzó́ a disparar. Hecho que también denunciamos mediante un comunicado”.

Te puede interesar → Un día después de descender un helicóptero en El Rebollero, Oaxaca, personas armadas atacan a los comuneros

Los comuneros de estas localidades advierten que se ve venir un nuevo ataque con las declaraciones del gobierno de Oaxaca, pues no se ponen de acuerdo “si hay un problema de límites de tierra o si somos invasores”.

Las declaraciones oficiales del representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz, es que dará seguimiento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, “a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam”.

Los indígenas pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados agregan que se están violentando una serie de derechos con las concesiones mineras y con estas acciones, “como los derechos: a la información, a la participación, a la seguridad, al libre albedrío, a la justicia, a la autodeterminación, a nuestro territorio y como indígenas que somos, están violentando acuerdos y convenios que el Estado Mexicano ha suscrito, como el Convenio 169 de la OIT, y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Publica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como “Acuerdo de Escazú”.

Al final de la conferencia de prensa señalaron al gobierno del estado de Oaxaca, al gobierno federal y a las autoridades de los municipios de Cuilápam y Cuatro Venados como responsables de lo que les pueda suceder como comunidad.

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Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

 Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

 16 de julio del 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Hermanas y hermanos:

La organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal hoy levantamos nuevamente nuestra voz y decir claramente de lo que sucedió en nuestro municipio de san pedro Chenalhó. Los sobrevivientes de la masacre de Acteal se encuentran reunidos en la sede de Las Abejas para realizar la jornada de oración para no permitir nuevamente el derramamiento de la sangre. Alzamos nuestra voz porque hoy aproximadamente entre las 7:30 y ocho de la mañana la guardia nacional y el ejército mexicano entraron en las comunidades para realizar un operativo en la búsqueda de las armas como: Pechiquil, tzajal uk’um, majom pepentic. Majomut y Polho. Hoy hacemos un llamado ante la opinión pública que la actuación de los soldados no estamos conforme porque vemos que muchos de nuestros integrantes de las abejas se encuentran preocupados y muchos de ellos se enferman por la tristeza. Estas actuaciones de los soldados los sobrevivientes recuerdan de como sufrieron en el año de 1997, que los paramilitares fueron acompañados por la seguridad pública del estado.

Este día queremos aclarar que en la sede de las abejas y en las comunidades abejas ubicadas en los tres municipios como Pantelhó, Simojovel y Chenalhó no permitimos ni permitiremos acceso a soldados y la guardia nacional porque nosotros no contamos con armas porque nuestra lucha es pacífica y no violenta. También queremos decir que no solo las abejas sufren si no que sufren las diferentes comunidades de Chenalhó y muchos de ellos han abandonado sus comunidades y son desplazados en algunos campamentos de Chenalhó. Le pedimos a los tres niveles de gobierno a que no permita a que los soldados entren en los campamentos de los desplazados, como Tsajal Ch’en, Acteal Abejas, Acteal base, majomut, tzajal ukúm, Yabteclum y cabecera Chenalhó porque muchos hombres, mujeres niños e niñas y más a las mujeres embarazadas tienen miedo y corren riesgo al ver las armas.

Si los soldados entran a catear personas en las casas están violando la ley de la seguridad nacional, además es una violación de los derechos humanos. Hoy Exigimos al presidente de la republica al Lic. Andrés Manuel López obrador a que no permita acceso a soldados en los campamentos por la paz.

ATENTAMENTE

La mesa directiva de la organización sociedad civil de las abejas de Acteal

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                 Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                 Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                       sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

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Por Lourdes Álvarez Nájera

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a militares en situación de retiro y expolicías, por asesinato, desaparición forzosa, intento de asesinato y delitos de deberes contra la humanidad, que habrían sido cometidos entre 1983 y 1985.

Los señalados son: Edgar Corado Samayoa, ex especialista del Estado Mayor Presidencial (EPM), sargento mayor especialista; a Rone René Lara, Sargento mayor especialista; a José Daniel Monterroso Villagrán, Sargento mayor especialista Estado Mayor de la Defensa Nacional, al coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, subdirector del centro de adiestramiento Kaibil; a Enrique Cifuentes de la Cruz, Comisario de la Policía Nacional (PN) y jefe de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PN y a Edgar Virgilio de León Sigüenza, Cabo especialista.

Todos están vinculados con el caso conocido como Diario Militar o Dossier de la Muerte, en el que se documentan las fichas de al menos 183 personas que fueron perseguidas, vigiladas, señaladas, torturadas y detenidas desaparecidas, según organizaciones de derechos humanos y querellantes que señalan a los acusados.

La audiencia para conocer el tipo de medidas de coerción o para saber si quedarán en prisión preventiva, se aplazó para mañana jueves a las 8:30 de la mañana.

Séptimo día de audiencias

El séptimo día de audiencia de primera declaración inició con la intervención del abogado Francisco Javier Gallardo, defensor de Edgar Corado Samayoa, acusado de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de humanidad, debido a que durante el día 6 de la audiencia la mayoría de los abogados logró argumentar y solo quedaba pendiente la defensa de Corado.

El defensor señaló, al igual que sus antecesores, lo que consideró una serie de inconsistencias y cuestionó la autenticidad del diario militar, así como un peritaje denominado archivístico. Dijo que el Diario Militar fue entregado a Kate Doyle, luego de pagar 2 mil dólares a un militar. “Impunidad no se combate con impunidad” señaló y destacó que el archivo se sustrajo de manera ilegal.

“Las pruebas de un delito fueron obtenidas de manera ilícita”.

Otro de los argumentos se refería a que “Esto fue un conflicto armado interno, no fue guerra. Pido falta de mérito por el delito imputado” y solicitó, en atención al principio de “beneficio al reo”, que solo se vinculara a Corado por desaparición.

Juez Gálvez: todas las declaraciones tienen para mí un sentido

Durante su argumentación el juez Miguel Ángel Gálvez se refirió a tres testimonios, entre ellos los de una joven mujer Amatitlán, que logró identificar a personas que perseguían y vigilaban a un comité de vecinos. Ella dio testimonio de que luego esos vecinos comenzaron a aparecer muertos. Ella después fue secuestrada por personas vestidos de policías. ”El Estado estaba militarizado”, indicó Gálvez.

El relato de esa joven narra a detalle el secuestro, torturas con choques eléctricos y constantes violaciones sexuales a las que fue sometida.

“Le presentaron dos opciones, colaborar con el ejército o moriría. Ella por supuesto firmó ese acuerdo pero tenía que informar de todo, a dónde iba, cuándo y con quién. Siempre la iban a vigilar”, dijo.

“Miren las características de esta declaración”, dijo el juez.

Quince días después de estar libre llegaron a pedirle informe a la puerta de su casa. Esto sucedió así durante dos años más.

El juez también habló del testimonio de Aura Elena Farfán y el secuestro de su hermano Rubén Amílcar Farfán y como surgió la idea de crear el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) sobre el que también existió vigilancia.

En ese mismo testimonio se hizo referencia a Rosario Godoy de Cuevas, la violación y asesinato, y el de su pequeño hijo de 1 año, al que también torturaron arrancándole las uñas. ¿A qué nivel se llegó porque no existía control?, reflexionó el juez.

Gálvez también se refirió al testimonio de Wendy Santizo, quien declaró el 11 de junio 1999 que cuando ella tenía 9 años llegó a su casa junto a su pequeño hermano y vio a personas de civil atrancando la puerta. Querían que los niños les dijeran dónde estaban sus papás, la amenazaron con dispararle a su hermano si no decía.

Uno de esos sujetos  la tiró a la cama, la tocó y abusó de ella.

“¿De qué conflicto armado estamos hablando?, ella era una niña de 9 años”, comentó el juez, al afirmar que la relación y el patrón se pueden corroborar.

Sobre los argumentos de la defensa de los exmilitares y expolicías, en relación con la autenticidad del Diario Militar, dijo que no se entregaron archivos militares ni del centro médico militar a organizaciones que los solicitaron ni a la comisión de esclarecimiento histórico.

Información desclasificada dice que se podían tomar medidas a discreción en contra de las personas que eran consideradas guerrilleras, señaló Gálvez.

Sobre el delito de desaparición forzada, comentó que es continuo y se sigue cometiendo en la medida en que no se sepa el paradero de las víctimas.

“Ese delito priva de la vida, de la víctima sin dejar rastro alguno, es un delito que deja a una madre, a una esposa, esposo, esperando que una noche ingrese aquel hijo que ya nunca apareció”.

“La mamá estará pendiente todas las noches de ese hijo. Había padres y madres que no se querían ir de la casa pensando que llegaría su hijo. Desparecer a una persona es como si el aire se la llevara y nadie sabe más de ella, por eso este delito rompe los esquemas”, dijo Gálvez.

Al contexto social y político sobre los años 70, 80 y 90, hasta que se firmaron los Acuerdos de Paz, el juez añadió que se pedía documentos de identificación de vecinos catalogados como subversivos o guerrilleros, al padrón electoral y otras instituciones, se usaban fotografías de cuando llegaban a sacar las cédulas.

Se usaban sobrenombres para ocultar la identidad de los captores, porque se llevaban a la gente en paneles blancas sin presentarla ante tribunales.

“Cómo dicen que hay gente que no se va a recordar de lo qué pasó hace más de 30 años, si hubo personas que los torturaron o violaron. Una mujer nunca olvidará si la violaron”

En ese tiempo también se presentaban procesos y denuncias por los delitos pero no pasaba nada,  eso habla de procesos conexados que se pueden cotejar en el diario militar.

No puedo decir que el diario es ilegal o que no es real. Esta fase no es para conocer eso. Se le debe dar un plazo al MP para que investigue, destacó el juez Gálvez.

Hasta por los peritos estaban protestando, no me puedo meter ahora con ese tema ahora. Y existen testigos con reserva de datos porque la ley los permite”, argumentó.

Dijo que en este momento no está valorando ningún tipo de prueba y explicó sobre la resolución que no estaba prejuzgando si alguien es culpable o inocente.

“Lo importante del proceso es que reconstruyen los hechos. El diario militar es un elemento no es por lo cual se dicta esta sentencia”

En las afueras del Palacio de Justicia, familiares de las víctimas del Diario Militar que pedían una resolución que ligara a proceso a los acusados durante el desarrollo de la audiencia exigían: “Confiesen, digan en dónde están los detenidos desaparecidos”. “Los criminales buscan amnistía, Nosotros exigimos Justicia”, señalaba una manta.

En las gradas fueron colocadas las imágenes con los rostros de las 183 personas incluidas en dicho dossier.