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Grupo de Trabajo "Cuerpos, Territorios, Resistencias"

(Español) Con motivo de las contracelebraciones del 12 de octubre

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En este video de 49 minutos, el Grupo de Trabajo “Cuerpos, Territorios, Resistencias” aborda sentipensadamente, de mano de liderezas y pueblos en resistencia, los despojos y las luchas por la vida que se dan en diferentes geografías, tiempos y modos. De esta forma se suman a la Travesía por la Vida que los pueblos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, así como mujeres indígenas y afrodescentientes a la vez que diversidades sexo-genéricas, dan en estos momentos de crisis pandémica y colapso civilizatorio.

Escucha en este video las voces y análisis de mujeres mayas de Chiapas, Guatemala y Yucatán, así como de mujeres mapuches del Wallmapu y arahuacas de la Sierra Nevada de Santa Marta. A la vez, conoce los aportes de las y los trabajadores de las ciencias sociales que co-laboran con ellas.

Este 12 de octubre decimos SÍ a la VIDA, NO a los proyectos de muerte. Conoce cuáles son esos proyectos de muerte en los diferentes territorios-cuerpos-tierra.

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Avispa Midia

(Español) Tras demora judicial, COPINH exige sentencia en caso Berta Cáceres

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Por Ñani Pinto

Indígenas Lenka que resisten a que el Rio Blanco sea represado. Foto por Santiago Navarro F.

A más de tres meses del fallo condenatorio contra David Castillo por su coautoría en el homicidio de Berta Cáceres y ante la demora en la emisión de la sentencia en el caso, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifestaron este martes (12) frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

“529 años de cárcel para David Castillo serían pocos para calmar el dolor que ha dejado en el pueblo Lenca, con el auspicio del Estado de Honduras”, enfatizaron los integrantes del Copinh en el marco de los 529 años del inicio de la invasión a los pueblos indígenas de América.

Acompañados de familiares de Cáceres y de miembros de la comunidad lenca de Río Blanco, exigieron la pena máxima para David Castillo y la no intervención del gobierno hondureño en la comunidad indígena donde aún pretende operar la empresa hidroeléctrica DESA, a quien reconocen como parte de la maquinaria de violencia contra el pueblo lenca.

En conferencia de prensa que acompañó la protesta, Berta Zúñiga remarcó que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal ha incumplido su palabra luego de que han expirado los tiempos procesales establecidos, poniendo en riesgo el proceso de justicia, al no emitirse la sentencia contra el condenado Roberto David Castillo Mejía.

“Sumado a todas las demás negligencias del Estado, pues consideramos que es una incertidumbre jurídica a la que se expone el derecho de las víctimas”, compartió Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh.

En el acto, Zúñiga compartió un comunicado donde se enfatiza que el Ministerio Público, a pesar de haber aceptado que aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. “Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, leyó Zúñiga.

En ese tenor, el comunicado del Copinh también remarcó la ausencia de resolución penal de la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que deje en firme la sentencia contra los siete condenados, juzgados en 2018, por el asesinato de Berta Cáceres: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, entre otros autores materiales.

Especialmente, Zúniga y el Copinh demandaron la captura de los miembros de la familia Atala Zablah, “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo”.

La exigencia del Copinh se suma a las recientes declaraciones de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, agrupación de organizaciones internacionales en derechos humanos, quienes urgieron a las autoridades hondureñas la emisión de la sentencia para garantizar la justicia integral en el caso.

“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo deberia impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia”, publicaron las organizaciones a principios de octubre.

Ante la acción de protesta de esta mañana, el Poder Judicial se excusó a través de redes sociales, pues aún se encuentra en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra el coautor David Castillo por ser el culpable del asesinato de Berta Cáceres.

Por último, habitantes de la comunidad lenca de Río Blanco denunciaron acciones y planes del Estado hondureño, en colusión con la familia Madrid y el alcalde de Intibucá, para extorsionar, invadir y dividir los esfuerzos organizativos de las y los integrantes del Copinh en la zona donde se pretendía la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

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Avispa Midia y Prensa Comunitaria

(Español) “Para nosotros no es cansado estar aquí”: Resistencia antiminera en Guatemala

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Por Avispa

Fotos e información de Prensa Comunitaria

En Portada: Plantón permanente antiminero en El Estor, Izabal

Con la presencia de empresas transnacionales como Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, la actividad extractiva en el Caribe guatemalteco tomó mucha más fuerza. A la vez que las operaciones crecían, fueron registradas una serie de vulneraciones contra el pueblo Q’eqchi’ de Izabal y Alta Verapaz.

En este contexto, este lunes (11) se cumplen siete días de la instalación de un campamento permanente de resistencia pacífica antiminera en El Estor, Izabal. El plantón se estableció en la entrada principal del municipio, a unos 10 kilómetros de la Planta Procesadora de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN, ubicada a un kilómetro de distancia del pueblo.

La dinámica comunitaria en El Estor, municipio de Izabal, ha sido sacudida en distintas formas por la actividad minera: desalojos violentos a comunidades asentadas en el interés de la empresa; contaminación medioambiental y del lago; criminalización de sectores de oposición y recientemente exclusión sobre el derecho de consulta comunitaria.

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“Para un ser que en verdad valora sus recursos no existe el cansancio, es lamentable que hay una minoría que no entiende el valor de los recursos y que se inclinan al dios de la tierra que es el dinero. En donde están los políticos, la gente que busca su beneficio personal para hoy, aunque mañana estén sufriendo, por eso que para nosotros no es cansado estar aquí en la resistencia” expresó Pedro Cuc, Maya Q’eqchí originario de El Estor, Izabal.

Las autoridades decidieron iniciar con esta manifestación pacífica debido a que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), está excluyendo a las principales autoridades del pueblo Q’eqchí’ de participar en los preparativos de la preconsulta y de la consulta comunitaria.

Plantón permanente antiminero en el municipio de Izabal.

Tampoco se han hecho esperar los ataques en redes sociales, así como la instalación de otros dos bloqueos carreteros, éstos en apoyo a la actividad minera, en los cuales señalan a Abelino Chub, dirigente indígena maya Q’eqchi’, y al profesor Enrique Quinich, como responsables de esas acciones de protesta.

Abelino Chub forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A. le habían denunciado sin pruebas.

En sus redes sociales, Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa. Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook se dirige contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc, integrante del equipo de Prensa Comunitaria. Estas páginas y las personas que participan en los ataques son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica y amenazas de desalojo

El plantón permanente antiminero se encuentra en la entrada a la cabecera del municipio de El Estor desde la madrugada del lunes 4 de octubre. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto, el pasado sábado (9), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se acercaron al lugar de la resistencia para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió: “Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

Elementos de la PNC argumentan a favor de la empresa minera entre los participantes del plantón antiminero.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado racista, opresor y dictador”, se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya”, expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

El pasado domingo (10), las autoridades del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’, como en los días anteriores, recibieron el apoyo de otras comunidades. Apoyo que va desde acuerpar la resistencia y hacer turnos, hasta mostrar su solidaridad con víveres para quienes participan del plantón.

Para las autoridades de los Consejos Ancestrales la consulta por el proyecto minero Fénix no puede realizarse, hasta que no se suspendan todas las operaciones de la compañía de níquel, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad en 2019.

Al cierre de esta edición, Prensa Comunitaria alertó de que un fuerte contingente de la PNC se dirige en dirección al municipio de El Estor, acción preocupante para las autoridades de los Consejos Ancestrales participantes del plantón antiminero, ya que el despliegue policiaco coincide con una protesta convocada por trabajadores mineros a favor de la Minería CGN-PRONICO.

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La Zarzamora

(Español) 12 de Octubre 2021: Piñera decreta Estado de Excepción Constitucional en Wall Mapu, Territorio Mapuche

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Por: La Zarzamora

Este martes 12 de Octubre, como una muestra más de la continuidad del colonialismo, el “gobierno” autocrático de Piñera, impuso nuevamente un Estado de Excepción Constitucional, específicamente en el territorio mapuche (Wall Mapu) bajo la excusa del combate al “narcoterrorismo”, esto en el contexto de un potente aumento de lof en recuperación territorial. Coincidencia o no, este nuevo ataque racista se perpetra cuando se cumplen 529 años de la invasión europea a Abya Yala, iniciándose ahí la colonización y explotación del territorio y sus pueblos ancestrales.

Durante la semana, camioneros de diferentes empresas realizaron pequeños cortes de camino, en las rutas de la llamada Macro Zona (antes zona roja), acompañados del ya “tradicional” asado y el también ya conocido cuidado de Carabineros de $hile; así al menos se podía observar en la ruta hacia Coronel que se vió interrumpida intermitentemente, mientras los “manifestantes” se “distraían socialmente” a orilla de camino. Esto sumado al sensacionalismo acostumbrado de medios como Radio Bío Bío, provocó una alarma colectiva que terminó con filas interminables de autos en las bencineras de lugares como Cañete y alrededores.

Así comenzó la justificación mediática para la nueva entrada represiva a Wall Mapu, contra las graves “alteraciones al orden público” en las cuales no caben las alteraciones que realizan grupos paramilitares, ni camioneros, ni empresarios. Las “alteraciones”, en realidad corresponden al aumento de los procesos de recuperación territorial de las comunidades empobrecidas por la industria forestal y el latifundio colonialista.

Los territorios amenazados con este nuevo Estado de Excepción constitucional comprenden: las provincias de Arauco, Malleco y Cautin, territorios que han potenciado sus procesos de recuperación y control territorial, generando la reacción del empresariado del rubro forestal y de transporte, sectores representados en la oligarquía gubernamental, que no dudó en fortalecerles y ocuparles como motor para justificar esta nueva arremetida represiva.

Esta imposición racista y colonialista se hará efectiva por 15 días, y podría aumentarse por 15 días más si el congreso chileno lo respalda. Así mismo, el nefasto presidente autoimpuesto de $hile, instaló jefes de defensa tanto en la región de la araucanía como en la del Bío Bío, quienes tienen la facultad de utilizar las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, significando esto una verdadera amenaza para la vida de las comunidades, la niñez mapuche (ya fuertemente violentada por el aparato represivo) y para el territorio.

Si $hile incurre en la agudización de la violencia racista, nuevamente el estado fascista estaría ignorando su suscripción a diferentes acuerdos internacionales como lo son el Convenio 169 de la OIT (que resguarda los derechos humanos, laborales y justicia social de “los pueblos indígenas y tribales”) y eventualmente la Convencion de los derechos del niño y la niña, como lo hemos presenciado en cada incursión violenta del estado en territorio mapuche.

Hacemos hincapié en la defensa de la niñez mapuche, recordando y repudiando los COBARDES e INTOLERABLES HECHOS ocurridos el día 7 de enero de este año ejecutados por las fuerzas represivas de $hile, en los cuales fueron vulneradas física y psicológicamente niñas y niños mapuche, por ratis y pacos del estado, en donde impactaron fuertemente las imágenes de la violencia ejercida hacia la pequeña hija de Camilo Catrillanca y un audio que dejaba crudas evidencias de torturas sicológicas y físicas hacia niñas mapuche.

A 529 años del inicio de la invasión a Abya Yala, los pueblos ancestrales continúan resistiendo y luchando contra el colonialismo.-

No más militarización del wall Mapu.

¡¡Niñez mapuche libre!!

¡¡Fuera forestales y proyectos extractivistas del territorio!!

* No separamos opinión de información. Nuestras noticias contienen un posicionamiento político editorial. No insista.

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Congreso Nacional Indígena | Concejo Indígena de Gobierno

(Español) PRONUNCIAMIENTO DEL CNI-CIG A 25 AÑOS DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

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A los pueblos del Mundo,

A los medios de comunicación. 

 

Hoy, a 25 años de que decidimos caminar en la lucha, la resistencia y la rebeldía, con el acompañamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), somos el Congreso Nacional Indígena y nos dirigimos a los pueblos del mundo para decirles nuestra palabra:

El 12 de octubre de 1996, contando con la descomunal presencia de la Comandanta Ramona, del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, a raíz de lo cual empezaría a resquebrajarse el cerco impuesto en contra de éste; y con la participación de más de 3 mil delegados de todo México, por primera vez los pueblos originarios pudimos reunirnos y conocernos para soñar un espacio organizativo propio, el Congreso Nacional Indígena (CNI), bajo los 7 principios del “Mandar Obedeciendo” que propulsara un país diferente, en el cual pudiéramos ser plenamente reconocidos en nuestros derechos y culturas.

Como antecedente de este histórico evento realizamos dos foros nacionales previos y acompañamos la Marcha del Color de la Tierra protagonizada por el EZLN, en el año 2001, con el fin de presionar al Estado mexicano para el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés “Sobre Derechos y Cultura Indígena”. A esta Marcha siguieron la traición de los Acuerdos de San Andrés por todos los partidos políticos y los poderes del Estado; el olvido de nuestra lucha por parte de quienes la habían convertido en moda pasajera, la desorganización de una parte del movimiento indígena, la continuidad del CNI a través de su región Centro-Pacífico (hace 20 años); la decisión de hacer nuestra la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, asumiendo la lucha anticapitalista, de abajo y a la izquierda, lo que nos valió un mayor aislamiento de la clase política autonombrada de izquierda, de ong´s y de “personalidades” que antes habían proclamado ser nuestros amigos y nuestros aliados.

En estos 25 años aprendimos que es la lucha por la vida nuestra palabra colectiva y que como desde hace más de 500 años, los despojos de nuestras tierras, cultura y formas de vida nos duelen, nos llevan a organizarnos y a luchar. Hoy, el despojo y la explotación capitalistas hechos guerra, son para llevar a cabo grandes y peligrosos megaproyectos que siembran la muerte en todas las geografías indígenas de México, y con el imperio de la violencia buscan garantizar las ganancias de las bandas criminales y de la red económica y política que los sostiene; que es la misma que no cesa en su afán de ver exterminados a nuestros pueblos. Esa guerra que vivimos en las comunidades de México, que nos ha llenado de luto y de rabia, la hacen los políticos, las empresas y bandas delincuenciales, que juntos, son el gobierno de México y sirven a un sistema mundial que es el capitalismo.

En su nombre, los gobiernos de antes y de ahora han cometido graves crímenes para reprimir a nuestros pueblos, cuando en colectivo hemos decidido nuestro destino; y no olvidamos la guerra sucia con sus miles de ejecutados, torturados y desaparecidos, la masacre de Acteal en Chiapas, la matanza de Aguas Blancas, los asesinatos de Betty Cariño, del maestro zapatista Galeano, del niño Hidelberto Reyes en la comunidad de Santa María Ostula y de nuestro hermano Samir Flores Soberanes; o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; no olvidamos a nuestros hermanos desaparecidos como Sergio Rivera Hernández de la organización MAIZ; ni a nuestr@s compañer@s pres@s por luchar y perseguidos por pensar y ser cabales en defender lo que es sagrado, como Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui y Fredy García Ramírez del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, en Oaxaca.

Nosotras, nosotros, somos ell@s y desde nuestras asambleas comunitarias y gobiernos autónomos, no pararemos de construir la justicia, de exigir el castigo a los culpables de esos crímenes y de no dar un solo paso atrás en la lucha por la vida, que fuera también la causa de tod@s l@s que hoy nos faltan.

A 25 años de esta lucha de resistencia y rebeldía, decimos claro: queremos nuestros territorios libres de megaproyectos de muerte. No queremos el tren Maya que convierta todo el sur sureste de nuestro país en un eslabón del capital trasnacional, en las vías y sus alrededores, la extracción, contaminación, destrucción, despojo y privatización en toda la región. No queremos el corredor transístmico que convierta en una fábrica de energía eólica, maquilas y explotación de minerales zonas enteras desde el océano pacífico hasta el Golfo de México, ni queremos el Proyecto Integral Morelos que atenta contra el territorio de comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos en los pueblos del volcán Popocatépetl y que reprime con la muerte a quienes cuestionan o se oponen, como al compañero Samir Flores Soberanes.

Así, en el año 2018, reconociéndonos los unos a los otros en las diferencias geográficas y culturales, constituimos, con concejales mujeres y hombres de los pueblos indígenas integrados al CNI, el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), que se hizo nuestra voz de cara a la Nación y al Mundo, voz con la que habló y habla nuestra Vocera Marichuy. En aquel año, junto con el EZLN, le hablamos al país y en respuesta recibimos la participación del pueblo de México en la recolección de firmas para figurar en las boletas electorales durante el recorrido del CIG por todo el país. Entonces, nos dimos cuenta de que la lucha por la vida y la urgencia por reconstruir sobre lo destruido por el capitalismo, se habla en todas las lenguas y en todos los sectores sociales de este México. Cada quién a su modo, a sus tiempos y sus formas.

Y este año, en la Gira Por la Vida, junto con la delegación del EZLN, vemos a la Europa rebelde, de abajo y a la izquierda; y escuchamos su palabra que es también la lucha por la vida. Con su resistencia y rebeldía, y con la nuestra, nos entendemos porque soñamos un mismo mundo, en el que quepamos todas y todos.

Hoy, a 25 años de distancia, CONVOCAMOS a tod@s aquell@s que en lo colectivo o en lo individual son parte del CNI, o han acompañado, así sea como observadores, su paso en este cuarto de siglo, a una REFLEXIÓN COLECTIVA PROFUNDA que, a través de reuniones, foros, conferencias y actividades de toda índole que se realicen a partir de este 12 de octubre y hasta el 12 de octubre del año 2022, culminando con una gran Asamblea, busque respuesta a la pregunta “¿Qué sigue?”.

Con tod@s buscamos tener un solo oído y escuchar lo que la resistencia y la rebeldía en el mundo tienen que decirnos para conocernos y organizarnos desde la geografía de abajo, desde donde las cosas que definen el futuro, donde comienzan a sanar la tierra y nuestros pueblos tras el desastre mundial, realmente están sucediendo.

Atentamente

A 25 años resistencia y rebeldía

Por la reconstrucción integral de nuestros pueblos

Nunca más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena

Concejo Indígena de Gobierno

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Prensa Comunitaria

(Español) #ElEstor Bloqueos ProMinera y campañas de desprestigio contra autoridades maya Q’eqchi’, pescadores y periodistas

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Por Concepción Mucú Cuz

Desde que las comunidades organizadas decidieron declararse en resistencia pacífica, no se han hecho esperar los ataques en redes sociales, También se montaron dos bloqueos, uno que hace cobros ilegales a vehículos, ubicado cerca de la Finca El Recreo en la salida a Río Dulce. El otro se encuentra después de la Colonia Minera, éste en apoyo a la empresa. Se observa en el lugar que colgaron mantas señalando a Abelino Chub dirigente indígena maya Q’eqchi’ y al profesor Enrique Quinich, como responsables del “bloqueo”.

Abelino Chub, en la actualidad forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Chub además estuvo preso injustamente durante más de dos años, desde el 2017 hasta que un tribunal resolvió su libertad y quedó demostrado que le habían denunciado sin pruebas, la empresa Inversiones Cobra S. A. Y CXI S. A.

En sus redes sociales Abelino escribió “Cualquier atentado contra mi persona, el responsable será la Minería CGN-PRONICO y ministerio de Energía y Minas. No es posible que hermanos como los que aperecen en estas fotografías se prestan para beneficiar a la empresa.

Hago responsable a la institucionalidad del Estado y a la empresa cualquier hecho contra mi persona, mi familia, a las personas quiénes resisten en defensa de la vida y el territorio.”

La campaña de ataques y difamación en redes sociales anónimas y páginas de Facebook, contra Abelino Chub, dirigentes de la Gremial de Pescadores y el periodista Carlos Ernesto Choc.

Estas páginas y personas, son conocidas por hacer propaganda y publicidad a favor de la municipalidad y las empresas.

Resistencia pacífica

Desde la madrugada del 4 de octubre, se encuentran en un plantón permanente en la entrada a la cabecera del municipio. Esto impide el ingreso de los camiones de la compañía de níquel CGN-Pronico de Solway. El resto de vehículos particulares y paso peatonal, circula con toda normalidad.

Pese a esto agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) esta mañana se acercaron al lugar de la resistencia, para preguntar si dejarían pasar a los camiones de la empresa minera u otros camiones, la gente respondió

“Aquí no pasan todos los camiones de la empresa minera, sólo hay paso para los que no tienen que ver nada con la empresa”.

“Allá dejan pasar y no hay problema” indicó unos de los agentes al referirse a los dos grupos que se organizaron para cerrar el paso y cobrar a cada vehículo que pasa.

“Duele e indigna nuestra exclusión del Estado rasista, opresor y dictador” se lee en unos de los carteles que las autoridades indígenas, han colocado donde realizan la manifestación.

“Ahora somos nosotros los que no le permitimos al Estado que nos excluya” expresó una autoridad comunitaria quien no quiso dar su nombre por motivos de seguridad.

Bloqueos a favor de la empresa

Desde el 6 de octubre, en apoyo a la minera con carteles y pancartas, un grupo de personas está ubicado cerca de la colonia de la compañía de níquel CGN-Pronico, en la ruta a Panzós.

El otro bloqueo se ubica cerca de la finca el Recreo. Estas dos acciones perjudican la manifestación pacífica, de las autoridades del Consejo Ancestral y la Gremial de Pescadores. Ésta tiene como objetivo rechazar las acciones del Ministerio de Energía y Minas en la preconsulta por el proyecto minero Fénix, que ha dejado fuera a los representantes de las comunidades que fueron nombrados en asamblea.

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Avispa Midia

(Español) Oaxaca: Se manifiestan contra la minería canadiense

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Por Rafael E. Lozano

A tres años de que la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, derramara desechos tóxicos de su presa de jales en el río Coyote, clausuraron el 8 de octubre el evento denominado “Encuentros Indígenas Canadá – México”, impulsado por la Embajada de Canadá en México. Colectivas, pueblos y comunidades indígenas se manifestaron en el Jardín el Pañuelito, del Centro Histórico de la capital de Oaxaca, para expresar su rechazo ante el supuesto hermanamiento entre ambas naciones.

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Así lo expresaron manifestantes y habitantes de comunidades afectadas por la minería canadiense en Oaxaca que acudieron a la convocatoria que circuló días antes. En el documento se puede leer que “la titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos (SEPIA) mencionó que en esta celebración no se tocará el tema de la minería. (…) Las comunidades y colectivas afectadas por proyectos mineros y con concesiones adjudicadas a empresas canadienses, consideramos de vital importancia posicionar el tema de la minería en la discusión pública”.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

Uno de los representantes de la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez, quien reservó su nombre por seguridad, expresó durante la manifestación que Capulálpam lleva más de 15 años en una lucha constante para proteger su territorio “en contra de la contaminación y en contra del saqueo y en contra del riesgo inminente de que se pierda más flora fauna y los bebederos de agua”.

En febrero de 2015 dicha comunidad indígena interpuso una Demanda de Amparo en contra de las concesiones mineras otorgadas sin su consentimiento, dentro de territorio comunal, a la canadiense Continuum Resources LTD, a la Compañía Minera la Natividad y anexas y a otros particulares, entre 2002 y 2005.

Sin embargo, la actividad minera continuó a pesar de que en octubre de 2019 el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Oaxaca les concedió el amparo y ordenó cancelar las concesiones mineras.

El comisariado de bienes comunales de Capulálpam de Méndez denunció desde entonces que la Compañía Minera Natividad y anexas continua con el saqueo de oro y plata en tierras comunales, aún sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental y luego de ser denunciado el derrumbe de tres presas de jales con desechos contaminantes al Río Capulálpam, la contaminación con plomo y arsénico de fuentes de agua, la desaparición de trece acuíferos debido a las obras mineras, y otras afectaciones.

“No tenemos acceso a la justicia”, expresó el representante de Capulálpam de Méndez, “a seis años de distancia [de iniciar el Amparo] no tenemos nada claro. Después de obtener un fallo a favor por un juez, la compañía minera y la misma Secretaría de Economía impugnan esta resolución y nos encontramos en esa fase de impugnación. Mientras tanto, la compañía minera sigue trabajando tranquilamente”.

También participaron habitantes de Magdalena Ocotlán, quienes conmemoraron tres años desde el derrame de desechos tóxicos que contaminó el Río Coyote que cruza su comunidad, en el que se identificaron metales como hierro, aluminio y plomo por arriba de lo que permiten las normas nacionales para uso pecuario y riego agrícola.

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“No podemos hablar de que Oaxaca está congratulada con el Estado de Canadá y realizar este encuentro de hermandad”, explica una persona de Magdalena Ocotlán cuyo nombre se reserva para proteger su identidad, “porque existe saqueo, existe destrucción y los gobiernos tratan de disimular todo aquello que nos perjudica haciendo ese encuentro”.

Asimismo expresa que “desde que la empresa canadiense Minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, se establece en los Valles Centrales de Oaxaca, ha causado un sinnúmero de problemas: ha causado desestabilidad en los pueblos, ha causado muerte, ha causado despojo, por eso estamos aquí denunciando todas estas arbitrariedades”.

Las y los manifestantes también leyeron un comunicado alusivo a las actuales resistencias indígenas en Canadá en contra del gasoducto “Coastal GasLink”, y recordaron el reciente hallazgo de más de mil cuerpos de niñas y niños indígenas en fosas clandestinas ubicadas en las inmediaciones de antiguos internados para menores.

Finalmente invitaron a aquellas personas, artistas y organizaciones que participaron en los “Encuentros Indígenas Canadá – Oaxaca 2021” a reconsiderar su participación y reflexionar sobre los intereses a los que responde dicha iniciativa.

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Avispa Midia

(Español) Yaquis: entre el perdón del gobierno y la presión por gasoducto

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Por Santiago Navarro F

En portada: Trecho del Gasoducto Sonora que pasa por la comunidad de Loma de Bácum. Foto: Santiago Navarro F.

El pasado 29 de septiembre se publicó oficialmente un decreto donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, restituyó 2 mil 900 hectáreas del territorio de la Tribu Yaqui, en Sonora. Reconoció el derecho a este pueblo originario de utilizar el 50% del agua del río Yaqui para uso agrícola en el territorio de los ocho pueblos que conforman la Tribu. El resto del agua es para productores a gran escala y las zonas urbanas más destacadas de la región, incluyendo la capital de esta entidad, Hermosillo.

La noticia fue emitida en una ceremonia pública en el municipio de Vicam, donde el mandatario pidió perdón por los agravios cometidos por los gobiernos que le antecedieron hacia los ocho pueblos originarios que componen la Tribu Yaqui: Loma de Bácum, Huirivis, Rahum, Potam, Vícam, Tórim y Corit o Loma de Guamúchil.

A escasos metros del evento se encontraba la autoridad tradicional de Loma de Bácum que, al igual que la gente de su comunidad, conocida como la Tropa Yoeme (niños, mujeres, hombres y ancianos), no se le permitió el acceso al evento.

La autoridad que representó a la comunidad de Loma Bácum en este evento, y en las negociaciones previas, no ha sido elegida de forma tradicional por esta comunidad y tampoco ha tenido el consentimiento de la Tropa Yohemia.

Acto del gobierno federal para la firma del Plan de Justicia para la Nación Yaqui

“Nosotros desconocemos a esta autoridad porque son los que atacaron (en 2016) con armas de fuego a la autoridad legítima y toda la comunidad para intentar imponer el cruce de un gasoducto por nuestra comunidad”, señaló Carmen García, de Bácum y esposa de Fidencio Aldama, integrante de la Guardia Tradicional que reconoce la comunidad de Bácum.

Fidencio fue detenido el mismo año en que el grupo armado irrumpió en la comunidad. Fue condenado a 15 años y seis meses de prisión por cargos falsos relacionados con la muerte de una persona. Hoy, personajes que conformaron este grupo de choque fueron los que se han sentado con el resto de los pueblos para recibir la noticia del decreto por parte del gobierno.

Carmen dice para Avispa Midia, “todo empezó porque querían imponer a una autoridad que aceptara el gasoducto”, el colmo dice, “es que llegaron armados y disparando. Mi esposo era parte de la Guardia Tradicional y, junto a los demás miembros, pues intentaron proteger a la comunidad. Entonces inculpan injustamente a mi esposo. A pesar de que presentamos pruebas que muestran todo lo contrario a lo que han montado, como el tipo de armas que usan legalmente nuestra guardia y el arma con la que se perpetró el asesinato. A la detención de mi esposo se suma la desaparición de diez integrantes de nuestra comunidad, esto sucedió desde el mes de marzo. Lo que pretenden es debilitar a nuestra comunidad para dar paso al gasoducto y proyectos mineros en la región”, arremete Carmen.

El gasoducto al que se refiere Carmen es un proyecto que inició en 2012 para la construcción y operación del sistema de transporte de Gas Natural denominado Gasoducto Sonora. Este complejo es propiedad de le empresa estadounidense Sempra Energy y es operada por su filial en México, IEnova. Un complejo dividido en dos segmentos que en total suman 830.56 kilómetros: Segmento I, denominado Gasoducto Sásabe – Guaymas (GSG); Segmento II, denominado Gasoducto Guaymas – El Oro (GGO), fracción que atraviesa el territorio indígena Yaqui.

La abogada Yaqui, Anabela Carlón, de Loma de Bácum, sostiene que el escenario de violencia vivido en esta región está vinculado al intento de implementar una serie de proyectos en sus territorios. “Los desaparecidos eran personas que se habían opuesto a la explotación minera, a la construcción del Acueducto Independencia, que suministra agua a la capital de Hermosillo, y al Gasoducto Sonora que fue proyectado para pasar a 300 metros de la comunidad”.

“Dos días después de que fueron desaparecidos nuestros hermanos, nos tenían que informar sobre las medidas para la reubicación de este gasoducto porque nosotros mantenemos nuestra postura de no dejar que cruce por Loma de Bácum. Después de las desapariciones no supimos más y hoy nos traen este decreto que, a pesar de decirnos que nos beneficia, no conocemos con profundidad lo que realmente implica”, puntualiza la abogada, ya que el gobierno federal legitima la autoridad indígena que está a favor de los proyectos.

Presión para concluir el gasoducto

Se supone que esta corporación brindaría al gobierno de México el servicio de transporte y venta de gas extraído en Estados Unidos mediante el método conocido como Fracking, desde el año 2014. Aunque nunca concluyeron esta infraestructura, por tanto, no han brindado nada de gas.

Sin embargo, el documento Estados Financieros Consolidados y Auditados de Sempra Energy de 2021 anuncia a sus inversionistas que su filial IEnova recibió pagos apegados a la cláusula “de fuerza mayor”. Es decir, de acuerdo con el contrato firmado, el gobierno mexicano tiene la obligación de pagar a la empresa, aunque dicha empresa no brinde el servicio. IEnova acusa el pueblo de Bácum de ser el culpable, ya que no permite que el gasoducto pase por su territorio. Estos pagos fueron desde 2017 hasta 2019.

El gobierno de Obrador renegoció con IEnova los contratos firmados antes de su administración por considerarlos “ventajosos y leoninos”. Resolvieron que los pagos por “fuerza mayor” se suspenderían y los pagos por los servicios se reanudarían cuando se repare la sección dañada del segmento Guaymas-el Oro, que se encuentra en Loma de Bácum.

El informe de Sempra Energy alertaba que “si el ducto no se repara antes del 14 de marzo de 2021 y las partes no acuerdan una nueva fecha de inicio del servicio, IEnova se reserva el derecho de rescindir el contrato y tratar de recuperar sus costos razonables y documentados y sus ganancias perdidas”.

Además, advierte, “si IEnova no puede hacer tales reparaciones (que no han comenzado) y reanudar las operaciones en el segmento Guaymas-el Oro del ducto Sonora o si IEnova rescinde el contrato y no puede obtener recuperación, puede haber un impacto adverso importante en los resultados de operaciones y flujos de caja de Sempra Energy y en nuestra capacidad para recuperar el valor en libros de nuestra inversión”.

Sempra-IEnova pagó a militares y sicarios para imponer gasoducto en territorio Yaqui

El gobierno de Obrador está haciendo hasta lo imposible para activar el funcionamiento del Gasoducto Sonora, de lo contrario, tendrá que ajustarse a las acciones de la empresa. Hasta el momento no hay una declaración oficial del gobierno mexicano sobre las posibles acciones de la transnacional estadounidense.

Hasta 2018, junto al Gasoducto Sonora, 17 ductos más, de diversas empresas, como Carso y Transcanada, cobraron sus servicios sin brindarlos, como se detalla en la investigación “Los Ventajosos Beneficios de Sempra Energy en México” realizado por Avispa Midia. El saldo fue de 16 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe financiero del año 2018 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando el gobierno de López Obrador asumió el poder, se sumaron 672 millones de dólares más por “pagos de fuerza a mayor” a estos proyectos que no estaban funcionando.

“Es por eso que nos llama la atención de que no hayan dejado pasar a nuestra autoridad tradicional, que obviamente, junto a la mayoría de la comunidad, nos oponemos a este proyecto. Por el riesgo que implica y porque no nos trae ningún beneficio”, dice Carmen.

La abogada dice, “si hay otros pueblos por donde quiere reubicar el gasoducto, pues que lo hagan. Aquí no hemos aceptado ningún dinero o proyecto, porque no lo queremos. Ahora queremos que aparezcan a nuestros hermanos y que liberen a Fidencio Aldama que esta injustamente en prisión”.

En el evento dónde fue presentado el Decreto, desplegaron una serie de pancartas. Resaltaba la mirada de rabia de las mujeres que, apenas dos días antes, les informaron oficialmente que habían encontrado los restos de sus familiares desaparecidos. “Ellos son cinco de diez hermanos que desaparecieron desde el 14 de junio”, dijo la abogada Yaqui quien se ha sumado a la búsqueda de los desaparecidos.

Por otra parte, este 27 de octubre, se cumplen cinco años desde que el preso político, Fidencio Aldama, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de ciudad Obregón, Sonora. Diversos activistas y colectivos que trabajan contra las políticas carcelarias y la industria penitenciaria, que también forman parte de una campaña por la liberación de Fidencio, preparan acciones para seguir exigiendo su liberación inmediata.

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Radio Zapote

(Español) MINERA CANADIENSE CUZCATLÁN DESACATA POR TERCERA OCASIÓN LEGISLACIÓN AMBIENTAL VIGENTE

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  • Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exige a la SEMARNAT negar permiso ambiental “actualización de obras y actividades” y sancionar a la empresa minera por violentar la legislación vigente.

  • Aprobar nuevos permisos ambientales a empresas mineras representaría una traición del gobierno de la Cuarta Transformación, quien se comprometió a respetar los derechos colectivos de las comunidades.

Por tercera ocasión la empresa canadiense Fortuna Silver Mines a través de su filial “Minera Cuzcatlán S.A. de C.V.” presentó un permiso ambiental para justificar 75 obras irregulares en territorios de Valles Centrales y pedir autorización para explotar plata y oro hasta el año 2031.

Las comunidades que integramos el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos hemos logrado comprobar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) las afectaciones socioambientales producidas por el proyecto minero “San José”, por lo que la autoridad encargada del cuidado y protección del medio ambiente ha negado dicho permiso ambiental en dos ocasiones (enero de 2020 y julio de 2021).

La SEMARNAT fue contundente en la última resolución al declarar mediante el oficio N° SGPA/DGIRA/DG/03305 que el proyecto minero y la construcción de obras sin autorización ambiental “…ha vulnerado el derecho humano a un medio ambiente sano de las comunidades involucradas”, por lo que en este tercer intento la empresa minera omite información relacionada al impacto total de las obras construidas, minimiza los daños en los territorios de Valles Centrales y argumenta que las irregularidades e ilegalidad del proyecto se tratan simplemente de una “actualización de obras y actividades”.

Ante esta situación, en ejercicio de la autonomía y como sustento la determinación de nuestras asambleas, el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos, integrado por 10 comunidades y en representación de nuestras autoridades municipales y agrarias declaramos lo siguiente:

  1. Exigimos a la SEMARNAT negar la autorización de la MIA regional “Actualización de Obras y Actividades” 20OA2021M0042. Las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) son instrumentos preventivos, previos al desarrollo de cualquier proyecto según la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Advertimos que, en caso de autorizar esta MIA, el gobierno de la denominada “Cuarta Transformación” abonaría y profundizaría las violaciones sistemáticas de nuestros derechos colectivos al territorio, libre determinación y ambiente sano.

  2. El Frente rechaza cualquier actividad extractiva que se quiera instalar en los territorios de Valles Centrales, así fue determinado por nuestras asambleas comunitarias y expresadas en nuestras actas municipales y agrarias de “Territorios Prohibidos para la Minería”. En este sentido el Frente reitera y comunica que ya tomó una decisión: sí a la vida, no a la minería, por lo que exige a las autoridades ambientales la cancelación del proyecto minero “San José”, además, de establecer una sanción ejemplar a la empresa Cuzcatlán por incurrir en una serie de violaciones a la constitución mexicana, leyes reglamentarias y los derechos de las comunidades de Valles Centrales.

  3. Las comunidades que integramos el Frente hemos decidido desde 2015 no recibir ningún proyecto, programa o dádiva de la empresa minera Cuzcatlán. Las obras, actividades y fiestas que impulsamos en nuestras comunidades han surgido dignamente de nuestros esfuerzos colectivos, cooperaciones y aportaciones de ciudadanas y ciudadanos, por lo que negamos rotundamente el comunicado “Postura de Compañía Minera Cuzcatlán ante proceso de regularización de su MIA San José II” emitido por Cuzcatlán y denunciamos a la empresa minera por seguir difundiendo información completamente falsa en torno a su proyecto minero.

  4. El Frente rechaza rotundamente los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021” impulsados por el gobernador del estado de Oaxaca Alejandro Murat y el embajador de Canadá Graeme C. Clark. Desde 2009 hemos exigido al gobierno de Oaxaca generar mecanismos de participación ciudadana en proyectos de desarrollo o extractivos y acciones para proteger el ambiente; también, nos hemos reunido en diferentes ocasiones con representantes de la embajada canadiense para denunciar las afectaciones del proyecto San José. Hasta esta fecha, las comunidades y pueblos de los Valles Centrales no hemos recibido ninguna respuesta favorable por parte de ambas autoridades, por lo que exigimos cancelar el montaje que suponen dichos “Encuentros Indígenas”.

  5. Las comunidades organizadas en el Frente nos declaramos en alerta máxima. Nuestras asambleas se encuentran informadas en relación a esta “nueva” solicitud de permiso ambiental; el mandato que recibimos de las mismas es actuar de manera pacífica impulsando las acciones jurídicas y de movilización necesarias para garantizar el respeto a nuestros derechos colectivos.

Porque son Nuestra Fuente de Vida: ¡Defendamos Nuestros Territorios!

¡Ni oro, ni plata, la minería mata!

¡Aquí decimos sí a la vida, no a la minería!

Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos: autoridades agrarias y municipales de Magdalena Ocotlán, San Matías Chilazoa, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, El Vergel, Los Ocotes, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán; Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa A.C., Servicios del Pueblo Mixe, Ser A.C., Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C.

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Avispa Midia

(Español) Montaje en la investigación del caso Samir Flores

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Por Ñanì Pinto

En portada: Manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de Samir Flores durante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Morelos, 2019. Foto: Santiago Navarro F.

Dos años y siete meses después del asesinato de Samir Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos anunció con bombo y platillo la detención de Javier N, inculpado como uno de los autores materiales del homicidio del activista y defensor indígena. Para l@s miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), esta acción representa un montaje y oportunismo al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

“No fue fácil, nos tuvieron confianza la mayoría de las personas, de los campesinos, hicimos compromisos con ellos. Ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento oficial realizado el pasado viernes (1) en Morelos. Un día antes, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del también conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, pese a que el inculpado ya se encontraba preso desde hacia un año atrás.

De acuerdo a una denuncia publicada este lunes (4) por el FPDTA, las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable datan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestiona el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demuestra la protección de las autoridades hacia uno de los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”.

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Cabe resaltar que el presunto homicida habría sido detenido, junto a su hermano Marcelo, en septiembre del 2019, ambos acusados de secuestro, robo y tráfico de drogas, aunque fueron liberados. En torno a ello, el FPDTA denuncia que “el Tamalaco es una persona que entra y sale de la cárcel aunque sea acusado de delitos graves y también tienen él y su hermano, la capacidad de estar en la política en altos puestos de representación en Morelos de partidos vinculados a la Cuarta Transformación su hermano, lanzarse de candidato, después de haber sido liberado”.

Por lo anterior, el FPDTA exige la renuncia del Fiscal Uriel Carmona, así como la realización de una investigación sobre la complicidad y posible vinculación que pudiera tener el funcionario por actos de encubrimiento y protección de los asesinos de Samir Flores Soberanes.

Termoeléctrica, móvil del asesinato

Manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de Samir Flores durante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Morelos, 2019. Foto: Santiago Navarro F.

El discurso del Fiscal ha sido renuente en aceptar el registro de amenazas previas a Samir ocasionadas por su trabajo organizativo contra la construcción y operación de la termoeléctrica de Huexca, así como también de otras obras de infraestructura para la generación de energía, las cuales hacen parte del Proyecto Integral Morelos. Entre ellos un acueducto que despoja de su agua al río Cuautla afectando ejidos de Ayala y un gasoducto que recorre por zonas sísmicas aledañas al volcán Popocatépetl.

Por esta razón, durante la presentación del presunto asesino de Flores, el titular de la fiscalía descartó que el asesinato estuviera vinculado a la labor de Samir en la defensa del territorio. En contraste, el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, enfatiza que las declaraciones oficiales son completamente falsas.

“Hemos logrado probar que Samir Flores fue asesinado por su activismo político. El móvil que llevó o que derivó en su asesinato fue precisamente un móvil de naturaleza política (…) el fiscal estatal señaló que no podía hablar del móvil específicamente, pero que podía afirmar que no había sido asesinado por su oposición a la termoeléctrica y eso es completamente falso, se ha logrado probar en la carpeta que intereses políticos, intereses económicos que pues les parecía incómodo o estaban enojados con la actitud y con la defensa que tenía Samir Flores precisamente en torno a su comunidad por oponerse al proyecto del gasoducto, fueron esos intereses los que mandaron a ejecutar a Samir”, destacó el abogado a través de video.

El asesinato de Samir ocurre tras una larga historia de actos de represión y mentiras que han acompañado la imposición del PIM desde su inicio, en donde la administración de AMLO no es la excepción. En 2019 él mismo le dio continuidad con la realización de una consulta y después en 2020 con el desalojo del plantón en Apatlaco, efectuado por elementos de la Guardia Nacional.

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Actualmente, pese a que el presidente asegura que la central termoeléctrica iniciará actividades una vez se resuelvan problemas técnicos, aún existen demandas de amparo a favor de habitantes de la región para evitar que con ello sean despojados de recursos como el agua. Ante esta situación, el FPDTA asegura que con estos antecedentes no pueden confiar en las autoridades.

“No olvidamos el papel que tuvo el Presidente en la muerte de Samir, insultándonos, soltando a los perros e impulsando la termoeléctrica con un montaje de consulta colonialista, discriminatoria, violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y todo sin escuchar a las víctimas del proyecto. No olvidamos tampoco el papel de Hugo Erik Flores en la consulta y como uno de los sospechosos que pueden estar detrás de la muerte de Samir”, denuncian en el documento recién divulgado.

Por su lado, el abogado Peña advierte que el caso no se cierra con la detención anunciada la semana pasada. Al contrario, la investigación continúa para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.