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Por Itzela Olivarri
L@s garífunas, que habitan varias regiones del Caribe Hondureño, han sufrido acoso, represión, desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias desde hace ya varios años, debido a la resistencia y a la defensa de sus territorios, los cuales, ancestralmente les pertenecen.
“Nosotras defendemos la vida, la naturaleza, pensamos en los que vienen atrás, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que tengan dónde vivir, dónde sembrar, dónde comer”, comparte Marianela Mejía mediante testimonio en video para el medio Contracorriente.
En los últimos 10 años se han reportado 105 ataques contra sus comunidades; algun@s de sus integrantes han sido detenid@s y encarcelad@s, tal fue el caso de Jennifer Mejía Solórzano, quien el 3 de marzo del presente año fue detenida y, cuando su hermana Marianela acudió a la estación de policía para solicitar informes, también fue arrestada. Después de cuatro días, el 7 de marzo, se les dictó auto de formal prisión y, si son condenadas, podrían pasar 10 años privadas de su libertad.
Las hermanas Mejía son integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y se les acusa de usurpación de tierras en territorio ancestral.
Tierras ancestrales que en realidad les pertenecen y que el Estado no quiere reconocer, por lo que han sufrido expropiación territorial, persecución, amenazas y secuestros.
Aunado a ello, se les ha intentado desplazar de las tierras que habitan, con el fin de realizar diversos proyectos turísticos en la zona de Trujillo. Una de las empresas que quiere realizar estos proyectos es la Sociedad Responsabilidad Bienes raíces JUCA, de capital canadiense, misma que acusó a 32 miembros de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellas a las hermanas Mejía, de usurpación, daños y amenazas.
Recuento de la violencia
El 18 de julio de 2020 fueron secuestrados cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz, a los cuales se les hizo una fuerte campaña de desprestigio en las redes sociales, vinculándoles con el narcotráfico y, quienes, hasta la fecha, no han sido encontrados.
El 13 de febrero de 2021, dos sicarios asesinaron al joven líder garífuna Fernando Padilla, quien pertenecía a la OFRANEH.
El 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, integrante de la misma organización garífuna, y también acusada por supuesta “usurpación de tierras”. Por el mismo caso, aún se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.
Las hermanas Jennifer y Marianela Mejía Solórzano han sido acusadas de “usurpación” de tierras ancestrales garífunas. Imagen de Procesohn
Ante esta serie de detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos forzados, a principios de julio, Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU, manifestó su preocupación: “El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas mas vulnerables de la sociedad”.
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Los pueblos mayas continuamos luchando por la defensa de nuestros territorios
¡por nuestras autonomías!
¡por la libertad!
De la “Guerra de Castas” a la Autonomía
Pronunciamiento de la Campaña U Jeets’el le Ki’ki kuxtal en el aniversario del
inicio de la lucha social maya de 1847
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno
Al Escuadrón 421 y a quienes integran las delegaciones en La Gira por la Vida
A los colectivos, organizaciones y pueblos de la Europa de abajo -la Tierra Insumisa, Slumil K´ajxemk´opA las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A los pueblos que luchan
A los medios de comunicación
Al pueblo maya de la península de Yucatán
1. La Guerra de ayer, herencia colonial
En la memoria de nuestros pueblos, de las abuelas y los abuelos mayas que habitan nuestros territorios ancestrales está presente la Gran Guerra. Aquella iniciada en 1847 en los pueblos de Tepich y Tihosuco en el oriente de la Península de Yucatán. La insurrección maya por la defensa de la libertad.
En la memoria de los pueblos viven los recuerdos de aquellos días en los que, decididos a terminar con la opresión, la explotación, los despojos y la muerte provocada por los malos gobiernos en complicidad con los hacendados que perpetuaban las condiciones de esclavitud colonial para los pueblos mayas; se levantaron en armas Cecilio Chí, Jacinto Pat y cientos de hombres y mujeresmayas para luchar por la dignidad y la justicia, iniciándose así una de las mayores rebeliones en el territorio maya.
Tal como lo habían hecho nuestros ancestros que desde el inicio de la invasión europea resistieron a los intentos de aniquilamiento de los pueblos originarios: Nachi Cocom, Jacinto Canek y muchos abuelos y abuelas mayas rebeldes.
En la memoria de los pueblos viven los recuerdo de la guerra: los enfrentamientos, la muerte, la sangre tiñendo las aguas cristalinas de los cenotes en medio de la selva; el recuerdo de tiempos de esconderse entre lo tupido del monte y habitar dentro de las cuevas sagradas; los tiempos de alimentarse con plantas silvestres, raíces, frutos e insectos a falta de maíz pues las milpas y sus cosechas eran destruidas por los de arriba, los malos gobiernos contra los que se luchaba.
Pero también vive la memoria de la autonomía conquistada con fusiles y con fe, la memoria de las fiestas ceremoniales. Viven los recuerdos de la música del mayapax con el violín, el bombo y la tarola: tan triste como sagrada; tan festiva como dolorosa. Vive la memoria de María Uicab, Vive la palabra de La Cruz Parlante que dirigía los combates y mantenía unidos a los insurrectos, porque la lucha por nuestro pueblo ha sido también una lucha espiritual; en las proclamas de la cruz kichkelen yuum con su palabra de lucha -pero también de amor y esperanza- guió a nuestros abuelos y abuelas. Hoy también continúa guiándonos. La lucha es desde nuestra raíz y existencia.
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Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A los medios Libres y Alternativos
Comunidades que habitamos las comunidades de “El Rebollero”, “Los Arquitos” y “Río Minas”, en el municipio de San pablo Cuatro Venados, ubicados a tan solo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca, denunciamos. Este jueves 29, la Guardia Nacional, acompañado de policías estatales y gente vestida de civil, realizaron un recorrido por la brecha de la comunidad de Río Minas, hasta llegar a Río Pescado. En esta área es dónde se localiza una de las concesiones mineras que pretender explotar. Al regresar de este recorrido, se detuvieron por un cierto tiempo en las comunidades de los arquitos, ahí, a un joven le dijeron que estaban en busca de personas armadas, que dijera dónde estaban los armados.
Al joven lo interrogaron, revisaron su mochila y lo intimidaron sin ninguna orden que justifique su estancia en nuestras comunidades que se rigen por usos y costumbre, dónde la asamblea es la máxima autoridad, quien tiene que dar el permiso para que intervengan. Si en la cabecera municipal de San Pablo Cuatro Venados quieren recibirlos, está bien, pero en las comunidades de Río Minas, El Rebollero y Los Arquitos, dónde tenemos nuestra propia asamblea, no tienen permitido el acceso. Están incurriendo en un delito al no estar en su jurisdicción sin una orden oficial, siendo un órgano federal.
Sabemos bien la estrategia que está utilizando el gobierno estatal y municipal de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades corruptas de San Pablo Cuatro Venados. Sabemos que buscan una provocación para justificar la entrada de los elementos de seguridad y así poder tomar el control de nuestras tierras, para entregarlas posteriormente a las empresas mineras que pretenden explotar oro y plata en nuestra región. Nosotros solo nos apegamos a lo que comprenden nuestros derechos como comunidades indígenas y vamos a defender nuestras tierras, el agua y los bosques.
Responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal, de ambos municipios, de cualquier agresión e intimidación. Están incurriendo en la violación de nuestros derechos humanos más elementales al intentar intimidarnos, al no consultarnos y al desconocernos como comunidades que hemos habitado estas tierras desde tiempo atrás.
Nunca más un México sin nosotros, por la reconstitución de nuestros pueblos.
Comunidades de, El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas
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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los pueblos del México
A los pueblos del mundo
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, informamos que invitados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hemos nombrado y comisionado a 13 compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, representantes de la lucha que somos en las geografías donde florecemos los pueblos, naciones, tribus, comunidades y barrios indígenas de este país México, de donde somos originarios, para participar en la GIRA POR LA VIDA en su primera etapa por el continente europeo.
Nos decimos listos y listas para pisar las tierras europeas, tenemos los pasaportes que nos acreditan como mexicanos y que logramos obtener gracias al apoyo del Colectivo «Llegó La Hora de los Pueblos», esto luego de que casi todos los delegados hubieran recibido negativas, requerimientos, nuevas negativas y nuevos requerimientos por ser “extemporáneos”. No todos lo lograron y en el caso de algunas comunidades, ni siquiera podrán acompañarnos por tal motivo.
O sea que vamos 13 delegadas y delegados, que, por ser extemporáneos, nos costó trabajo acreditar ser mexicanos, mas aún si tenemos una palabra que decir, un oído para escuchar y un corazón colectivo que siente la rebeldía por la vida de los pueblos del mundo.
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Foto de portada por Santiago Navarro F
Por Vanessa García Navarro y David Milán
En Sonora, el pueblo Yaqui de Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos que forman la Tribu Yaqui, denunció el pasado miércoles 14 de julio, la desaparición de varios miembros de su comunidad. Desde entonces la incertidumbre continúa latente, pues, los familiares ignoran en qué condiciones se encuentran las víctimas de este acontecimiento.
En la denuncia pública, hecha por la comunidad, figuran los nombres de siete personas: Martín Hurtado Flores, Braulio Pérez Sol, Eladio Molina Zavala, Juan Justino Galaviz Cruz, Fabian Sombra Miranda, Leocadio Galaviz Cruz, y Fabian Valencia Romero (cuyas edades oscilan entre los 27 y 66 años); sin embargo, en esa misma fecha, también se reportó la desaparición de Artemio Arballo Canizalez, Benjamín Portela Peralta y Gustavo Acosta Hurtado. Son diez indígenas que hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos.
Se informa que siete de ellos fueron vistos por última ocasión mientras se disponían a llevar vacas para efectuar una celebración en una población aledaña. La comunidad se enteró de las desapariciones el mismo día que ocurrieron, por tanto, la guardia tradicional de esta comunidad decidió proceder con cautela antes de tomar acciones. Al día siguiente, al ver que sus hermanos no volvieron, la vigilancia tradicional y algunos voluntarios partieron rumbo a la sierra a bordo de cuatro camionetas para buscarlos. Lamentablemente los escasos hallazgos fueron “sólo el equipaje esparcido de tres de ellos, una piola y una vaca quemada,” como indicaron los familiares en la denuncia pública.
Otro miembro del pueblo, que por razones de seguridad prefirió solo presentarse como Felipe, explicó las circunstancias de la desaparición y, la situación peligrosa en la que se encuentran, ya que desconfían del Estado y de la presencia del narco en la región, los cuales muchas veces no se sabe distinguir. “Ellos cuidaban vacas. Eran parte de un rancho que se llama Agua Caliente. Iban por unas reses para las fiestas tradicionales del siguiente pueblo, que se llama Bataconsica, que está a cinco kilómetros de nuestro pueblo que se llama Loma de Bácum”, dijo Felipe.
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Las comuneras y comuneros de El Rebollero, Rio Minas y Paraje los Arquitos nos mantenemos en alerta áxima. Este sábado alrededor de las 10 de la mañana, 2 vehículos de la Guardia Nacional, acompañadas de personas vestidas de civil, hicieron acto de presencia en los límites de San Pablo Cuatro Venados, principalmente, en el río de nuestras comunidades de El Rebollero y Paraje los Arquitos, posteriormente se mantuvieron en la zona que conocemos como “La Mesa”. Desde días atrás hemos denunciado que las autoridades municipales y agrarias de Cuilapám de Guerrero han llegado a un supuesto acuerdo con instancias del gobierno de Oaxaca para recurrir a la Guardia Nacional y tomar el control de nuestro territorio, para que se pueda dar paso a la explotación de las concesiones mineras que hay en nuestras tierras.
El 12 de julio del 2021 la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO), a través de la Junta de Conciliación Agraria en coordinación con el representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca (Segob), José Carlos Fuentes Ordaz; el responsable de Acciones de Derechos Humanos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Juan de Dios Ortiz Concha, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y personal de la Procuraduría Agraria, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, sostuvieron una mesa de diálogo con las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero. En este encuentro, el presidente de la Junta de Conciliación Agraria, Rodrigo Jarquín Santos, ha dado instrucciones al secretario general de gobierno, Francisco Javier García López, para “atender y dar puntual seguimiento a las problemáticas que se presentan en las comunidades por límites de tierras”.
En ese encuentro, el representante de la Segob, advirtió que, junto a la Secretaría de Seguridad Pública, se “daría puntual seguimiento en coordinación con la Guardia Nacional a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero”, quienes afirman que estamos en su territorio y que nosotros somos invasores. Hacemos saber que no hay información en nuestras comunidades del acuerdo del gobierno del Estado y Culiapam. Así como tampoco hay información de un supuesto acuerdo económico al que han llegado las autoridades de Cuilapám y Cuatro Venados por la supuesta problemática de límites de tierras.
Dejamos claro que quienes habitamos en estas comunidades no hemos generado ningún conflicto. Siempre hemos vivido aquí. En todo caso, si hay un conflicto, es porque las propias autoridades, tanto de Cuatro Venados, como de Cuilapám, lo han provocado, al llegar a ciertos acuerdos por debajo de la mesa sin consulta y sin información hacia las comunidades afectadas, en este caso, nuestras comunidades.
La presciencia de la Guardia Nacional, acompañados de personas de Cuilapám no es la primera. También han intentado intimidarnos con la presidencia del ejército, como sucedió en 2020, cuando un vehículo se internó en nuestras comunidades e intimidó a varios de los integrantes de nuestra comunidad. Les quitaron sus teléfonos, los revisaron y borraron las fotos que habían tomado de ellos. También ya hemos denunciado que el 5 de julio un helicóptero de color rojo sobrevoló y aterrizó en nuestro territorio, días después fuimos atacados.
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Por Aldo Santiago
En portada: Asamblea informativa realizada en Celestún el pasado 15 de julio. Foto de Equipo Indignación
Pueblos mayas de Kinchil, Celestún y San Fernando participaron en distintas asambleas informativas como parte de un proceso de autoconsulta que efectúan para decidir si aceptan o no la operación de granjas porcícolas en sus territorios.
Estas reuniones fueron realizadas los pasados 15 y 16 de julio y se enmarcan en una convocatoria realizada por Consejos mayas “para ejercer el derecho al consentimiento previo de la libre autodeterminación”.
Tras la realización de las asambleas, la autoconsulta pasará a la fase consultiva, a realizarse de manera simultánea en los tres pueblos mayas el próximo domingo (25).
“Ya es hora que el Estado empiece a tomarnos en serio, no somos pueblos de la historia, somos pueblos vivos y el Estado tiene que respetar nuestro derecho a manifestar nuestra decisión como pueblo, por eso le decimos, que nunca más sin nuestro permiso”, enfatizaron organizaciones indígenas mayas mediante convocatoria titulada “Aquí manda el pueblo”.
Entre los convocantes se encuentran los Consejos Mayas del Poniente Chik’in Ja’ – Kinchil y Chik’in Ja’ – Celestún, así como el Colectivo de atención comunitaria U yutzil kaj. Además, cuentan con el acompañamiento de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. para la observación de derechos humanos.
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Por Avispa
Por Paolina Albani y Carlos Choc. Con información de Elmer Ponce y Nelton Rivera. Edición Héctor Silva / Prensa Comunitaria
En portada: Río Salinas, Sayaxché Petén. Comunidad Pico de Oro. Foto de Nelton Rivera
La fuerte lluvia azota la lancha en la que viajan cinco hombres de mediana edad esta tarde-noche de noviembre de 2020. Intentan llegar al caserío Pico de Oro, una comunidad guatemalteca cerca de la frontera con México, en el selvático departamento de Petén. Los hombres y la lancha pierden el rumbo: la tormenta ha desbordado el río por el que navegan, el Salinas, y no encuentran la orilla. El Salinas, hoy, se extiende unos 500 metros fuera de su cauce en ambas orillas, la guatemalteca y la mexicana.
Después de bregar con las aguas por un buen rato, los hombres logran llegar. Nada está como lo dejaron. Todo está en silencio. Desde la lancha y, en medio de la noche, solo alcanzan a ver las siluetas de los techos de paja y lámina de la escuela comunitaria y de la iglesia. Lo demás está bajo el agua. En menos de 24 horas, la tormenta Eta ha cambiado las vidas de los cinco hombres y de otras 17 familias. Esta es la primera de dos inundaciones: el agua no se retirará de aquí en tres meses.
Pico de Oro es una comunidad de parcelarios que existe desde 1975, habitada por 22 familias. Las primeras se instalaron en la década de los ochenta, atraídas por la fertilidad de la tierra. Cuarenta y seis años después, la comunidad vive sin agua potable, energía eléctrica, teléfonos, tiendas o centros de comercio al alcance. Allí viven y cosechan los productos que venden en los poblados cercanos.
A escasos metros de la comunidad inician los cultivos de palma de aceite de Tikindustrias, S.A., una sociedad anónima fundada en 2004, y se extienden 527 hectáreas a la redonda. Es como si las comunidades estuviesen rodeadas por 380 campos de fútbol. La empresa ha comprado las tierras circundantes a varios comunitarios y ha vedado el paso a los parcelarios que permanecen en el lugar. Sin el permiso de Tikindustrias, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada por el río y por la plantación.
La solución que los pobladores proponen es sencilla: construir una carretera que les permita conectarse con el mundo. El problema es que las tierras de los palmeros son las únicas disponibles para hacer el proyecto. Un rotundo no ha sido su respuesta. La empresa les ha hecho una contrapropuesta: dar el derecho de paso a cambio de vender sus tierras.
Centro de la comunidad Pico de Oro. Sayaxché Petén. Foto Nelton Rivera
En la madrugada del 18 de noviembre de 2020, César Martínez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Pico de Oro, sale de su vivienda. En ese momento, el río Salinas está calmado y su cauce corre a unos 10 metros de su casa, como normalmente lo hace, pese a que ha llovido ininterrumpidamente por más de 30 días.
Camina bajo la lluvia para tomar una lancha hacia el pueblo “Lo Veremos”, a una hora de distancia de la comunidad. Allí toma un picop que lo lleva hasta el municipio de Sayaxché en un viaje que puede tomar entre 40 minutos o dos horas, dependiendo del estado de la carretera.
Martínez tiene una reunión con la Municipalidad de Sayaxché, a la que pertenece Pico de Oro y con Tikindustrias, que las autoridades han insistido en llamar una “mesa de diálogo”. Esta es la tercera vez en dos años que los comunitarios intentan introducir la idea de un proyecto para una carretera. La espera se ha alargado más de un año por la pandemia de COVID-19.
Más de doce horas después, César Martínez regresa a la comunidad acompañado de los otros miembros del COCODE y encuentra todo lo que conoce bajo de agua. Salta de la lancha hacia la única ventana del segundo nivel de su casa de madera. Baja lentamente los pies y patea el agua mientras camina por la habitación. A pocos pasos está su familia, que ha reunido todo lo que tiene sobre las camas para evitar que se moje. Él, su esposa, padre e hijos, en total 10 personas, permanecerán 22 días encerrados en las dos únicas habitaciones secas.
Los días pasan y la lluvia no para. La inundación aumenta y el agua los alcanza. “Como el río iba creciendo… solamente por una ventana sacamos unos costales de maíz, ya cuando le estaba llegando el agua. Un concuño mío me hizo favor de llevarlos a un montículo, para que no se me fueran a mojar”, cuenta César Martínez. La tormenta ha sido despiadada; cubre los montículos y quienes han llevado allí sus pertenencias para salvarlas las han perdido.
“Como a las 7:00 de la noche empezó una gritazón de la gente que vivía en los lugares donde no había lanchas y no se podían trasladar. Gritaban para que los salvaran. Mucha gente perdió sus animales, sus casas. -La tormenta- se las llevó con todo. Las familias solo se quedaron con la ropa que tenían encima. Fue duro”, cuenta Dorita Estrada, una de las vecinas. “Muchos dicen que hasta lloraron porque perdieron todo. Esperamos que no vuelva otra igual”, agrega.
Las inundaciones no son una novedad para Pico de Oro. Su ubicación geográfica los ha predispuesto a que cada 3 o 4 años ocurra un evento similar, pero el último que había dejado sus casas completamente inundadas fue la tormenta Mitch, en 1998. Desde entonces, las crecidas del río, y de un arroyo llamado San Román, han logrado ser controladas y las pérdidas han sido mínimas debido a su corta duración.
En 23 años, no había pasado nada igual al Mitch. Hasta ahora.
Cesar Martínez. Presidente de la Comunidad Pico de Oro. Foto: Nelton Rivera
“Se perdieron la mayor parte de las cosechas. Perdí siete toneles de frijol, 50 sacos de maíz y abono en bulto. Mucho se perdió. Camas, roperos. Fue de volada. Nos quedamos perdidos en esta desgracia. Menos de vidas. Allí no hubo pérdidas, pero sí de cosas. Estamos y fuimos olvidados”, dice Felipe Estrada Marroquín, uno de los propietarios de las parcelas en Pico de Oro y Secretario del COCODE del lugar.
Apenas un mes después de la inundación, las 22 familias han dejado atrás el albergue improvisado por la Iglesia Benemérito de las Américas, ubicada en el lado mexicano y han regresado a sus casas. El agua todavía no se ha retirado completamente y las personas han tenido que caminar a lo largo de la comunidad con medio cuerpo sumergido.
Felipe Estrada cuenta que regresaron para cuidar sus cosas, pero algunos encontraron que no tenían a dónde regresar; la corriente ha ladeado las construcciones más débiles.
“La motocicleta, mi hijo la puso sobre unas tablas. Le puso unos trozos debajo y se dio vuelta. Allí pasó la inundación. El agua había subido como dos metros o metro y medio. Cuando se escuchó que la segunda inundación sería más grande, entonces conseguí que un amigo me hiciera un viaje hacia Zaragoza, un lugar alto donde no hay inundaciones. Allí mandé a mi familia, a una iglesia evangélica de un pastor que es amigo mío. Allí estuvieron durante la segunda tormenta. Me quedé solito cuidando mi casa porque como dice el dicho: ‘unos con la pena y otros con la repepena”. Porque hay gente que viene de otro lugar en lanchitas y se llevan las cosas de valor. Entonces uno cuida lo poquito que tiene”, comenta César Martínez.
Diálogo de sordos con los palmeros
Pico de Oro es, en realidad, una isla en la tierra. Está limitada al oeste por el río Salinas, como se llama ahí la porción del caudal que viene de la presa Chixoy, en Alta Verapaz, que luego se convierte en el Usumacinta y está rodeado por los demás flancos, por 520 hectáreas de palma de aceite, propiedad de Tikindustrias, que cultiva del lado de Guatemala desde hace 17 años.
La finca en la que la empresa estaba asentada incrementó su extensión original en los últimos cinco años y ahora es 22 veces más grande, según la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, en 2019. De acuerdo a datos de Grepalma, en Guatemala hay 180 mil 612 hectáreas cultivadas con palma de aceite. De ellas, 16 mil 479 hectáreas han sido deforestadas para dar espacio al cultivo.
Todo el comercio y movilidad de quienes aquí viven tiene que ser por agua, porque Tikindustrias no permite a los pobladores utilizar sus terrenos. Eso, en tiempos de tormentas e inundación, puede ser una condena.
Este escenario motivó a que el día de la primera inundación, César Martínez y su comitiva viajaran a Sayaxché para plantear la construcción de la carretera, pero la industria se negó. Pese a la emergencia que ocurriría horas después de aquella reunión, los comunitarios eligieron no solicitar la ayuda de los palmeros con el paso por sus tierras y prefirieron evacuar por lancha con ayuda de las autoridades mexicanas.
La relación entre los comunitarios de Pico de Oro y Tikindustrias se tornó problemática cuando los parcelarios se negaron a vender sus tierras y, más aún, desde que los palmeros se enteraron de las intenciones de la comunidad por construir un camino.
Plantaciones de Palma de aceite. Foto Nelton Rivera
Meses antes, había ocurrido este intercambio con un representante de los palmeros, según contó el presidente de Pico de Oro: “Si alguien pasa por allí y alguien aparece muerto, no vayan a culpar a la palma porque la palma no es responsable de nada”, les dijo un representante de la empresa. Como autoridades, sospechamos y tuvimos miedo. En la comunidad nadie pasa por ese camino”, cuenta César Martínez.
Quienes quedan en Pico de Oro son los vecinos renuentes a vender sus tierras, porque saben lo que valen y no quieren aceptar los dos mil quetzales que la palma les ofrece por parcela, cada una mide aproximadamente 60 metros de ancho y 45 metros de largo.
“Aquí están los patrimonios. Es la vida completa. Si lo hacemos -irse- ¿a dónde vamos?, ¿Qué será de nosotros? Lo que le den a uno por el terreno no es nada. En cambio, el patrimonio es todo el tiempo. De eso vivimos. De eso comemos. Hemos luchado”, explica Felipe Estrada cuando responde a la posibilidad de buscar en otro lugar.
Quienes aquí viven saben que estar cerca del río tiene ventajas: el Salinas puede ponerse bravo, pero sigue dando vida a la comunidad. El río también los cuida.
“Si no lo tuviéramos estaríamos tronados. Ya nos hubieran sacado los de la palma. Han intentado, pero no pueden porque tenemos al río”, asegura Felipe Estrada.
“Es una bendición tener el río cerca. El agua no nos hace falta”, señala Dorita Estrada.
Las reuniones con los palmeros han sido infructuosas hasta ahora. Tikindustrias propuso a la comunidad tres alternativas que los dejan igualmente afectados: permitirles el paso de un solo vehículo, darles una lancha acuática para trasladar a las familias hasta la comunidad de Lo Veremos o vender sus terrenos y mudarse a un área más segura.
La municipalidad actúa como mediador en este proceso, pero pasa por alto ofrecer otras soluciones que favorezcan a Pico de Oro como: un nuevo lugar para vivir.
A mediados de mayo, las autoridades del COCODE propusieron justamente eso: que el Estado guatemalteco les compre una caballería que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la comunidad. Un terreno que es lo suficientemente amplio para dar cabida a las 22 familias y que se encuentra a una altura superior a su comunidad.
“Allí no habría necesidad de construir una calle porque ya hay una”, asegura Felipe Estrada.
La propuesta surgió en un momento de tensión en la comunidad, pues César Martínez decidió abandonar la presidencia del COCODE para dedicarse a su salud. Hace 10 años sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de un mes y, desde entonces, sufre las secuelas. Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que este alejamiento sea producto de la influencia de Tikindustrias sobre su líder, pero él aseguró que no es así y que pretende regresar cuando se restablezca.
Pico de Oro, además, tiene otro problema: no es reconocido por la municipalidad como caserío y la falta de nombramiento legal representa un impedimento para que puedan gestionar cualquier proyecto como la instalación de la red de cableado eléctrico.
Tikindustrias sigue sin pronunciarse. Se les contactó a un número que aparece en el directorio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), a la que están asociados, pero al momento de llamar se identificaron con el nombre de otra empresa. La mujer que atendió la llamada proporcionó otro número de celular en donde respondería el responsable de Tikindustrias, pero en ese teléfono nunca atendieron la llamada.
Lo cierto es que la industria se ha vuelto hermética desde 2012, cuando la empresa productora de Palma de aceite, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA) derramó Plaguicida Malatión en el río La Pasión y provocó el ecocidio de miles de peces, cangrejos, tortugas, entre otros animales marinos. A la empresa se le abrió un proceso legal, pero nunca llegó a nada.
A pesar de esto, la industria no necesitó abrirse para ser bien acogida por las autoridades guatemaltecas. El 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente le entregó un reconocimiento “por su compromiso y trayectoria en el manejo y conservación de la fauna silvestre reconocido públicamente”.
Comunidad Pico de Oro. Previo a la asamblea informativa. Foto Nelton Rivera
Tan lejos del Estado
Pico de Oro está mucho más cerca de sus vecinos mexicanos que del Estado guatemalteco, que nada hizo para atender la devastación que aquí dejaron las tormentas del año pasado.
Los pobladores de Pico de Oro se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, chile y pepitoria. Son pocas las familias que tienen lanchas. La de César Martínez era una de ellas, pero la perdió con el paso de las tormentas Eta y Iota. Las lanchas, cayucos y ferris juegan un papel importante, no solo en el desarrollo económico de la comunidad, sino como única alternativa de transporte y comercio hacia los poblados vecinos.
El poblado solo cuenta con una escuela primaria en la que enseña un maestro mexicano y una iglesia evangélica que es el centro de la comunidad. Pico de Oro no tiene centro de salud, tiendas, servicio de agua potable o una conexión a la red de energía eléctrica nacional. Por eso, los pobladores acuden a México para ser atendidos por un médico, beben agua de un pozo comunitario y quienes tienen energía es gracias a unos paneles solares que les fueron donados años atrás.
“Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el Alcalde de Pico de Oro. Fuimos a supervisar la zona y cómo estaban de afectados. Nos comentaron que allí no estaba llegando ayuda. Los habitantes de esta comunidad estaban aislados en algunos lugares altos. Un día llegamos con unos hermanos de la iglesia”, relata Jesús Sánchez Hernández, pastor de una iglesia evangélica de la comunidad Benemérito de las Américas, un poblado mexicano ubicado a unos 30 kilómetros de distancia.
“Nos preocupó mucho Pico de Oro. Cuando pasaban dando ayuda -las autoridades mexicanas-, les pedían credenciales. Si tenían credenciales mexicanas les daban alguna despensa. Nosotros nos dimos a la tarea de llevarles ropa, despensas y agua potable. El gobierno de su país no les había proporcionado ninguna ayuda. Estaban tristes y preocupados porque cómo le iba a hacer para cuando regresaran. Ya no iban a tener nada”, refirió Jesús.
El pastor mexicano resume bien la actitud del Estado guatemalteco hacia los habitantes de Pico de Oro: “Las familias están confiando, están esperando, que sí les llegue alguna ayuda. Cuando menos sería bueno que supieran que existen estas comunidades. Para su gobierno no existen. Que sepan que están desolados y desatendidos. Ellos están resignados. Solo se enfocan en salir adelante”.
Así han vivido siempre, como una isla independiente. Las únicas veces que el Estado guatemalteco se ha hecho presente es en la época electoral. Después de las tormentas, los comunitarios mostraron su molestia por el abandono. Aseguraron que están hartos de los ofrecimientos de los políticos que los seducen con promesas proyectos y desarrollo, pero siempre los olvidan. Esta vez, dicen, ya no se dejarán engañar.
“Estábamos contentos porque había una bonita cosecha de maíz. Estábamos esperando que secara para poder cosechar y venderlo”, cuenta el presidente del COCODE. “Estábamos esperando a que bajara la lluvia, para poder tener un mejor precio y para que los maíces llegaran a punto. En eso se presentó la primera tormenta que fue la Eta. Lamentablemente, solo algunas personas lograron sacar los sacos de maíz para sustento. Unos nos quedamos sin maíz, sin gasto y mucho menos para sacar a la familia adelante”, añadió.
La respuesta del Estado no fue eficiente. El Ministerio de Agricultura y CONRED llegaron a la comunidad para registrar las pérdidas, llevar semillas y una que otra bolsa humanitaria, además de colchones. CONRED, específicamente, revisó la condición en la que las viviendas quedaron tras la inundación de tres meses e identificó que solo cuatro de ellas quedaron con daños severos y que podrían ser reconstruidas. Para el proyecto de reconstrucción el Gobierno ha dicho que destinará 385.8 millones de quetzales.
Las casas de Pico de Oro aparecen en el listado de las 2 mil 696 viviendas con daños severos que serían priorizadas para la reconstrucción, de acuerdo a información de CONRED. Falta saber si el Ministerio de Comunicaciones cumplirá con la reconstrucción en la comunidad, ya que cada familia deberá de llenar una serie de requisitos como tener título de propiedad y que el terreno esté en un área libre de riesgos, de acuerdo a lo indicado por Carlos Armendáriz, viceministro de vivienda. Además, los alcaldes de cada municipio deberán crear un expediente por cada comunidad para que el Gobierno proceda.
El modelo de las casas nuevas consistiría en dos habitaciones, un baño y un ambiente compartido para sala, comedor y cocina en un espacio de 32 metros cuadrados. Las viviendas serán construidas con block y lámina y cada una tendrá un costo de 35 mil quetzales. Las familias podrán elegir entre un terreno o una casa, pero la reubicación, en caso de elegir un terreno, dependerá de la disponibilidad de lotes y que estos sean evaluados como seguros, indicó Armendáriz.
Mientras tanto, en el Congreso se libra una batalla totalmente distinta, que también tiene que ver con lo que pasa en Pico de Oro. Esta batalla legislativa nada tiene que ver con la protección de las comunidades, sino de los recursos naturales y, enfrenta a los diputados conservadores y a los liberales. Los últimos proponen a través de la iniciativa 5843 que reformaría la Ley Forestal, que se prohíba la deforestación de hectáreas de bosque para sembrar palma de aceite sin contar con una licencia extendida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y, que quienes incumplan la normativa serían sancionados con prisión de cinco a diez años o con multas de medio millón a un millón de quetzales.
En Pico de Oro, el 90 % de los comunitarios permanecerá en la misma casa que las tormentas casi se llevaron. Eso sí las cuatro familias consiguen que sus viviendas sean reconstruidas por el Gobierno.
Comunidad Pico de Oro. Foto Nelton Rivera
La casa de César Martínez conserva un fuerte olor a lodo. En las paredes de madera todavía es visible la marca que el agua dejó como un recordatorio de lo vivido. Los pilares quedaron al descubierto, algunos de ellos están podridos y no podrán soportar el peso por mucho más tiempo. El resto de la estructura también está dañada. Su casa, que construyó con sus propias manos después del Mitch, no será una de las elegidas para ser reconstruida. Para esta comunidad, no hay desastre natural ni emergencia que haya valido para que el Estado solucione el encierro y abandono en el que viven por el Salinas y la industria palmera.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
a 15 de julio de 2021
Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil el 10 de julio de 2021 realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Pantelhó y los límites de Chenalhó.
Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica.
Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.
La ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados.
A partir de las visitas que realizamos en la misión de observación de derechos humanos escuchamos los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos con los que contamos hasta el momento son aproximadamente 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.
Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: “Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región.
Se ha podido constatar que, ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión.
Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.
Es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.
Identificamos un riesgo alto de inseguridad alimentaria pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades. Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias. Esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19.
Durante la visita, las principales enfermedades identificadas fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres. Estos padecimientos pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Se identificaron afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad.
Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación.
También documentamos que dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades. Es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro. Las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña.
Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19.
Por tal situación, las organizaciones que emitimos este pronunciamiento exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.
Todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Médicos del Mundo Suiza
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI)
Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
