Este miércoles (14), diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en alianza con el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobaron una reforma constitucional para extender hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Al mismo tiempo, en las inmediaciones del recinto legislativo, familiares de estudiantes y alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, se manifestaban contra la permanencia del ejército en las calles sin que ningún congresista atendiera sus demandas.

Ante la continuación de la política de militarización en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseveró que existen múltiples razones que evidencian la inutilidad y perjuicio de mantener a los militares en tareas de seguridad. Entre ellas destacan el aumento en el riesgo de violaciones a derechos humanos, como dan cuenta los hechos ocurridos en Tlatlaya, Ayotzinapa y recientemente con el asesinato de la niña Heidi a manos de elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

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Para la organización defensora de derechos humanos es fundamental destacar que esta política pública, que se ha desplegado durante los últimos 15 años con el pretexto del combate al crimen organizado, no ha conseguido disminuir la violencia.

Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que en el primer semestre del 2022 se han registrado más de 18 mil homicidios en el país, con lo cual argumentan una “tendencia a la baja” en palabras de Rosa Icela Rodríguez, titular de dicha dependencia.

En contraste, la organización Save Democracy denunció que México enfrenta una creciente espiral de violencia criminal desde hace dos décadas que hoy alcanza niveles sin precedentes. Mediante informe, la ONG señaló que entre los meses de julio y agosto se vivió un “clima de auténtico terror” en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán, donde ocurrieron incidentes criminales que involucraron la quema de vehículos y comercios, así como constantes enfrentamientos entre civiles armados y miembros del ejército.

Militares, con más poder

Según el Centro Prodh, otro punto de preocupación es el desequilibrio en la relación cívico y militar, pues considera que se fortalece el poder del sector castrense con iniciativas recientes como el traslado de las funciones administrativas y operativas de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, lo cual genera riesgos a la democracia. Esto, reitera la organización, se evidencia en el caso de que las Fuerzas Armadas no cuentan con controles civiles, ni internos mucho menos externos, para la rendición de cuentas ante las denuncias por los abusos de sus elementos.

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Entre las argumentaciones para mantener a los militares en las calles, diputados resaltaron la falta de preparación de las corporaciones policiacas locales. “Todas y todos sabemos que en 2024 la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales no estarán listas para atender la inseguridad que vive México”, expuso la diputada priista Yolanda de la Torre, quien promovió esta reforma.

No obstante, hubo reclamos por partidos de la oposición, como el de Ricardo Villareal del PAN quien señaló que, desde el gobierno federal, en el periodo del año 2020 y hasta el 2022, se le ha quitado recursos a la policía civil.

El Centro Prodh también retoma este punto pues asevera que “la militarización no incentiva la profesionalización de la policía civil, indispensable para atender contextos locales y comunitarios”.

Ahora, con la aprobación de la reforma por los diputados, deberá pasar al Senado donde se prevé la sesión para el próximo martes 20 de septiembre.

Derechos humanos respalda militarización

Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclamaron al organismo autónomo tras difundir públicamente que no impugnará la reciente reforma que traslada a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

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El reclamo proviene de ocho de nueve integrantes del Consejo después que la CNDH anunció que declinará ejercer su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como exigen múltiples organizaciones civiles.

“En México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la Sedena, vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes y, desde luego, su actuación con un enfoque de derechos humanos”, añade la CNDH para quien esta modificación legal no contraviene las normas del país.

Cabe destacar que, aún cuando el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH contabiliza más de 2 mil quejas por violaciones a derechos humanos que involucran a la Sedena y la Guardia Nacional durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, solo en junio de 2021 el organismo de derechos humanos emitió la primera recomendación que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional por el asesinato de una civil en Chihuahua.

Mediante comunicado, los consejeros de la CNDH advirtieron sobre el impacto negativo de la modificación legal de la semana pasada. “Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, señalaron.

Sus argumentos se suman a los de organizaciones civiles y activistas quienes sostienen que pasar el control de la Guardia Nacional al Ejército profundizará la militarización de la estrategia de seguridad pública y, con ello, dará pie a más violaciones a los derechos humanos.

Tras la publicación de la reforma el viernes pasado, se abrió un plazo de 30 días para que actores públicos con facultades la impugnen ante la SCJN. Existen ya anuncios de congresistas de que así lo harán, pero para ello requieren contar con el apoyo de una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso.

En portada: 9,741 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares durante 2020 cuando se registraron 24 episodios de desplazamiento forzado, con 25 municipios afectados. Foto: Cuartoscuro.

Este martes (13), Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de los desplazados internos, presentó sus observaciones preliminares tras la visita que realizó a México entre el 29 de agosto y 9 de septiembre pasado.

Entre los hallazgos que destaca la relatora se encuentra que más del 40% de los casos de desplazamiento forzado registrados en el año 2020 afectaron a las comunidades originarias. Aunado a ello, Jimenez-Damary resaltó su preocupación ante la ausencia de perspectiva intercultural y de género en la atención a mujeres indígenas desplazadas.

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Durante su visita a México, la relatora escuchó testimonios de personas desplazadas sobre la dificultad para acceder de manera oportuna al registro de víctimas, a nivel nacional y estatal, por los retos para obtener la “calidad de víctima”, debido a que a nivel federal y en la mayoría de los estados el desplazamiento arbitrario no está tipificado como delito.

Jimenez-Damary recibió información que dicho estatus solo es reconocido por las autoridades hasta que exista una recomendación por parte de organismos autónomos de derechos humanos. “Lo anterior, impide que las personas desplazadas internas accedan oportunamente a los servicios de atención que como víctimas deben ser proporcionados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y sus homólogas”, enfatizó la relatora.

De acuerdo a las observaciones de la funcionaria de la ONU, existe un enorme porcentaje de personas desplazadas internas que no acuden a las autoridades para presentar denuncias debido a la desconfianza en las autoridades o al temor a las represalias del crimen organizado. “Por lo tanto, es esencial que el reconocimiento de quienes son desplazados internos no se limite únicamente a los reconocidos jurídicamente como tales por estos mecanismos, sino también a los que no se acogen a ellos o no lo hacen”.

Por ello, entre los puntos que aborda la relatora se encuentra la solicitud al gobierno federal, con carácter de urgente, para la creación de un registro de víctimas de desplazamiento interno, tanto a nivel nacional como estatal. “Éste no solo debe incluir a quienes han sido reconocidos legalmente, sino también a quienes no cuentan con ese reconocimiento legal, pero son desplazadas de facto”, declaró Jimenez-Damary.

De acuerdo a la relatora, la creación de dicho registro permitirá la asignación de presupuesto suficiente para la atención integral a las víctimas de desplazamiento forzado al interior de México. “El registro no debe otorgar un estatus legal, pero debe tener el propósito de facilitar la protección y la asistencia humanitaria de acuerdo con las necesidades individuales y colectivas de las personas desplazadas internas”, recalcó.

La visita

El objetivo principal de la visita de Jimenez-Damary fue evaluar la situación de los derechos humanos de las personas desplazadas internas en el país debido a factores como la violencia, los conflictos agrarios, proyectos de desarrollo, la minería, tala ilegal, desastres ambientales, entre otros. Así, la relatora escuchó a víctimas de las comunidades afectadas en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero.

La relatora subraya los testimonios sobre los impactos del desplazamiento en mujeres, migrantes, familiares de personas desaparecidas, miembros de pueblos y comunidades indígenas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y miembros de la comunidad LGBTI.

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“El desplazamiento interno debido a la violencia o los desastres ha existido desde hace mucho tiempo en México, aunque haya sido recientemente reconocido,” mencionó Jimenez-Damary en referencia a que fue hasta el año 2019 cuando las autoridades mexicanas reconocieron la existencia del desplazamiento interno en el país.

“México no cuenta todavía con cifras nacionales oficiales, con información desagregada, que nos permitan conocer la magnitud del desplazamiento interno en el país, así como los distintos perfiles de las personas desplazadas”, destacó la relatora, quien durante su visita se reunió con funcionarios federales y estatales, así como con organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.

El caso Chiapas

En el contexto de su visita, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) y el Indigenous Peoples Rights International (IPRI), compartieron un informe para la relatora de la ONU mediante el cual destacaron que desde 2010 se ha documentado el desplazamiento de 14 mil 476 personas en Chiapas.

“Recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y, con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades, que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares”, resaltan las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Mediante el informe enfatizan que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno y menos aún para erradicarlo. “Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados”, denunciaron las organizaciones.

También destacaron que las mujeres están expuestas al acoso, la violación y tortura sexual como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan. “Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño”, subrayaron.

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Acerca de la situación de la niñez, las organizaciones señalaron que no existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector de la población, pero “se calcula que tres de cada diez de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4 mil 400 y 5 mil 500 de población total”.

Ante esta situación, las organizaciones sugieren a la relatora Cecilia Jiménez-Damaray a que exija al Estado mexicano respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía; implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos, y cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas, entre otros puntos.

El informe completo sobre la visita de la relatora especial de la ONU se presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio del 2023.

^{En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula. Foto: Regina López}

La comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, quien ejerce el autogobierno y mantiene la operación de su Guardia Comunal desde el 2009, se ha manifestado después de que el pasado 6 de septiembre el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, amenazó con retirar los puntos de control que resguardan lxs integrantes de su sistema de seguridad comunitario.

Mediante comunicado, el gobernador de Michoacán anunció que retirará las “barricadas” en referencia a los filtros de seguridad que la comunidad nahua mantiene sobre la carretera federal 200. A su vez, el funcionario lanzó acusaciones para criminalizar a los civiles armados a quienes señaló de estar “al margen de la ley”.

En entrevista, integrantes del Consejo Comunitario de Ostula enfatizan las razones por las cuales mantienen la vigilancia en los accesos a su territorio. Lxs comuneros destacan el asesinato en 2015 de Hidelberto Reyes, niño de 12 años víctima de las agresiones que involucaran a siete elementos del ejército mexicano, quienes participaban en un operativo acompañados de policías y marinos para retirar un bloqueo carretero que mantenían lxs pobladores nahuas.

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El homicidio del niño Reyes a manos de militares que no han sido aprehendidos, selló la desconfianza de la comunidad nahua, quien mediante acta de Asamblea reiteró su rechazo a que cualquier gobierno externo ingrese a sus territorios con el pretexto de la seguridad. “Es la razón por la que nosotros no permitimos que ninguna fuerza del Estado entre a nuestra comunidad, así de claro”, sostuvieron lxs comuneros en entrevista con Avispa Midia.

La comunidad nahua también subraya que la Guardia Comunal no impide el libre tránsito en los controles que mantiene, además de que en ella no existen grupos delincuenciales que atenten contra la integridad de las personas. Al contrario, enfatizan que “defenderemos la existencia, funcionamiento y permanencia de nuestra Guardia Comunal y de nuestro sistema de seguridad comunitaria por ser éstas y no las corrompidas corporaciones de seguridad gubernamentales, la garantía de la vida e integridad de los habitantes de la comunidad y del municipio”.

Tras la amenaza del gobernador de Michoacán, el pasado jueves (8) habitantes de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, se manifestaron en el cuartel de la Guardia Nacional ubicado en las proximidades de la cabecera municipal. Ahí exigieron respeto a sus leyes internas que legitiman la operación de la Guardia Comunal, la cual en conjunto con las autodefensas de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila sostienen el sistema de seguridad comunitario en la región Sierra-Costa de Michoacán.

Minería, detrás de la amenaza

Según información de la Secretaría de Economía, sólo en el municipio de Aquila existen 101 concesiones mineras, de las cuales 58 se mantienen vigentes. De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, en los distritos mineros de Aquila y San Pedro existen yacimientos importantes de hierro, plata, oro, cobre y manganeso.

Destaca la compañía Las Encinas, S.A., quien cuenta con la concesión de casi 150 mil hectáreas, de las cuales extrae toneladas de hierro, abarcando de las montañas de la sierra indígena nahua desde el sur de Jalisco en la sierra de Manantlán hasta la costa de Michoacán. En el municipio de Aquila opera una mina a cielo abierto, cuyos materiales se envían a Estación Alzada de Colima para la producción de aglomerados y la sinterización de hierro en la planta peletizadora propiedad de Ternium México S.A. de C.V.

A Flourish chart

Michoacán es el principal productor de mineral de hierro de México y ya en 2013 el gobierno había suspendido momentáneamente las exportaciones de este mineral debido a que el estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, ubicado a poco más de 200 kilómetros de Ostula, era utilizado por el cártel de los Caballeros Templarios para exportar hierro ilegalmente hacia China.

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Ahora, detrás de la amenaza del gobernador, lxs integrantes del Consejo Comunitario apuntan al interés de la industria minera como una de las razones por las que se busca desarticular su sistema de seguridad comunitario.

“Nosotros tenemos (minería) por el perímetro norte de nuestra comunidad. En el municipio de Aquila es un terreno que tiene mineral. Pensamos que es la razón también por la que están tratando de someternos en este momento”, aseveran lxs comuneros quienes afirman que la comunidad nahua jamás vendió los terrenos donde se encuentran las concesiones.

Seguridad comunitaria

En la historia reciente de Ostula cobra relevancia el año 2009, cuando aproximadamente 2 mil comuneros tomaron la decisión de recuperar mil hectáreas de tierras de carácter comunal pertenecientes a la población nahua, pero que se encontraban en posesión de pequeños propietarios vinculados al cártel de los Caballeros Templarios.

En ese momento, cuentan lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula, se vivía bajo el régimen de la narcopolítica pues el crimen organizado operaba bajo el cobijo de funcionarios y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes propiciaban la división del tejido comunitario además de actuar violentamente contra lxs nahuas que reivindicaban la recuperación de tierras. Entre los años 2009 y 2014 asesinaron a 34 personas y 6 más fueron desaparecidas, entre autoridades agrarias y líderes comunales, como parte de la respuesta violenta del narcotráfico y el Estado.

Lxs comunerxs subrayan que durante ese momento la seguridad, a cargo de la policía municipal de Aquila, contaba con personas foráneas, quienes no conocían el contexto de la región y, aún peor, trabajaban bajo órdenes del crimen organizado, razón por la cual decidieron expulsar al cuerpo de seguridad local y retomar la estructura comunal. En ese contexto cobra relevancia la consolidación de la Guardia Comunal, cuya tarea es la de proteger no solo a lxs habitantes de la comunidad nahua de Santa María Ostula, sino también a otras poblaciones del municipio de Aquila.

“Nuestra Guardia Comunal está avalada por una Asamblea General que es la que rige nuestras leyes de usos y costumbres”, explican lxs integrantes del Consejo Comunitario de Ostula quienes recalcan que la participación en el sistema de seguridad es una obligación de lxs comuneros al cumplir la mayoría de edad para prestar el servicio gratuito en beneficio de la población.

A su vez, el Consejo Comunal funciona como órgano donde se analizan y aprueban las propuestas que son enviadas a la Asamblea General, y donde resalta la determinación de mantener las funciones de la Guardia Comunitaria permanentemente.

Por su parte, el abogado Raymundo Martín considera que la intención de prohibir las actividades de la Guardia Comunal es “un atentado contra las prácticas autonómicas” de la comunidad nahua. Esto debido a que, a la par de las declaraciones del gobernador, existe en andamiento una reforma a la ley del sistema de seguridad pública de Michoacán, relacionada con la ley orgánica municipal, las cuales buscan otorgar validez solo a las guardias comunitarias que reconozca el Estado. No obstante, el sustento legal de las guardias recae en el artículo 2 de la Constitución mexicana, así como con tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT.

Lxs comuneros afirman que cuando recuperaron sus tierras y fundaron el poblado de San Diego Xayacalán no tenían armas, pero ahora que cuentan con ellas no piensan desarmarse pues de ello depende su defensa en un contexto de gran violencia en Michoacán. Por ello, enfatizan su preocupación por las declaraciones del gobernador del Estado pues apunta a desintegrar una estructura fundamental para la seguridad de la comunidad nahua, “lo que nos lleva a abrigar la sospecha de que la complicidad entre crimen organizado e instituciones de gobierno sigue imperando”, aseveran mediante comunicado.

Paz, en medio de la zozobra

La comunidad de Santa María Ostula es un oasis en medio de la espiral de violencia que se registra en Michoacán. Mientras lxs comuneros nahuas aseguran que no existen homicidios en el municipio de Aquila donde opera la Guardia Comunal, en contraste, solo de enero a julio de 2022, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra 1,270 asesinatos en el Estado, lo cual muestra un incremento sostenido pues comparado con el año 2018 el aumento es mayor al 70%.

La comunidad indígena de Ostula afirma que su lucha ha sido pacífica pero enérgica en la defensa de su territorio y organización. “Nuestra comunidad es una de las más seguras del país y en ella podemos vivir en un clima de paz y libertad, realizando nuestras actividades económicas y sociales cotidianas, pues, aquellos tiempos de violencia, miedo, zozobra y terror han quedado atrás”, enfatizan mediante comunicado público.

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“Él (gobernador) no entiende cómo nosotros estamos conformados. Creo que es el municipio más seguro del estado”, afirma uno de lxs comuneros entrevistados, quien incluso invita al gobernador a visitar la comunidad nahua; “que venga sin seguridad porque nosotros aquí se la vamos a dar”, asegura.

La población de Santa María Ostula asegura el sustento de su Guardia Comunal apelando al ejercicio de libre determinación y autonomía de la comunidad. Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) difundió este lunes (12) un comunicado en el que asegura que la organización de Ostula cuenta con protección en términos constitucionales en materia de derechos humanos, “cuyo cumplimiento corresponde al Estado Mexicano, en su responsabilidad de velar por los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas”.

Después de 12 horas de sesión, entre reparticiones de culpas y reclamos, la madrugada de este viernes (9) el Senado mexicano aprobó la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con el visto bueno del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena), el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, sin modificar una sola coma del proyecto enviado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ejército mexicano asumirá las funciones administrativas, financieras y operativas del cuerpo de seguridad militar desplegado en México desde 2019.

“Se dotó a las Fuerzas Armadas del marco jurídico que pidieron por varios sexenios”, argumenta el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que ha alertado acerca de los riesgos de la profundización de la militarización en las labores de seguridad pública en México.

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De acuerdo al Centro Prodh, la iniciativa profundiza la militarización de México pues también otorga el control a las Fuerzas Militares en aspectos sustantivos de la GN, además amplía la intervención del cuerpo de seguridad militar en tareas de investigación, labores de inteligencia y prosecución de delitos.

La organización de derechos humanos ha remarcado que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en áreas de la vida pública, ajenas a su sector, implica riesgos de mayor corrupción y de politización del sector castrense.

Mientras tanto, un bloque de legisladores integrado por partidos de la oposición anunció que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra dicha reforma.

Militares con mayores atribuciones

Por mucho ésta no ha sido la única organización crítica de la medida. La Red Feminista Antimilitarista, que aglutina organizaciones internacionales y mexicanas, alerta que la iniciativa para reformar la Ley de la Guardia Nacional incluye la permanencia al personal castrense para seguir protegido por el fuero militar, a pesar de que constitucionalmente la GN sigue siendo de carácter civil.

Sobre este punto, el Centro Prodh, que ha dado seguimiento a denuncias de violaciones de derechos humanos por elementos de la GN, señala que “los casos que se presentan, dadas las inercias en el uso de la fuerza, no son investigados exhaustiva y prontamente por instancias civiles externas. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son complacientes cuando deben investigar abusos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional”.

A pesar de que, en 2019, el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para proceder con la creación de la Guardia Nacional fue que dicho organismo respondería a mandos civiles adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la aprobación del decreto se militariza completamente la cadena de mando de la GN al quedar suscrito a la Sedena, lo cual viola el carácter civil que se le reconoce a dicha corporación de seguridad en el artículo 21 constitucional.

La Red Feminista Antimilitarista también señala que la reforma que dio creación a la GN establecía el uso, extraordinario y con condiciones y límites, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2024, lo cual va en sentido contrario a la iniciativa impulsada por el presidente AMLO y los legisladores de su partido, Morena, quienes buscan concretar las labores del ejército en seguridad pública de manera permanente.

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Por otra parte, 29 integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se posicionaron para rechazar la aprobación en el Congreso de reformas a leyes secundarias que “consolidan permanentemente a la Guardia Nacional bajo control militar en funciones de seguridad pública”.

Las comisiones estatales advirtieron que la incorporación de la GN a la Sedena reducirá el margen de acción de los organismos públicos de protección de derechos humanos pues  “se generará un vacío en la atención de las víctimas”,  toda vez que la atención de las quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la Guardia Nacional no es competencia de los organismos locales sino de la CNDH, organismo que no se ha pronunciado sobre la incorporación de la GN a las Fuerzas Armadas.

Aplanadora

La aprobación del proyecto de decreto promovido por AMLO recorrió rápidamente los trámites en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, las cuales procedieron a enviar la iniciativa a votación en la cámara alta del Congreso.

Pese al llamado de distintas voces civiles, organizaciones y otras fuerzas políticas para convocar espacios de discusión para examinar a detalle la iniciativa, la mayoría de votos de Morena y sus aliados aceleró el trámite del decreto enviado por AMLO apenas el 2 de septiembre pasado.

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Entre los principales argumentos de los senadores a favor del decreto se enunciaron los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización del Inegi, la cual afirma que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional mantienen un nivel de confianza entre la población mexicana. De la misma manera, el proyecto de decreto argumenta que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana califica de “efectivo” el desempeño de la GN en 2022.

Para el Centro Prodh, la ausencia de visión estratégica – donde se privilegia la ocupación territorial en lógica castrense sobre la inteligencia y el fortalecimiento complementario de otros cuerpos policiales – permite la continuidad de la violencia, pese a la incorporación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

“El despliegue de fuerzas armadas es una medida de contención de presencia en territorio que no suple el otro gran componente que no estamos teniendo en este sexenio que es el de la acción decidida de la justicia, para desarticular redes criminales, con herramientas criminológicas del siglo XXI”, señaló Santiago Aguirre, director del Centro Prodh para entrevista con medios nacionales.

Más presupuesto

Según el Centro Prodh, con esta acción se dota de más recursos presupuestales a Sedena, quien no cuenta con controles externos civiles robustos para fiscalizar las denuncias por violaciones a los derechos humanos que involucran a elementos de la GN.

La Red Feminista Antimilitarista también alerta sobre la eliminación del control civil sobre el presupuesto de la Guardia Nacional, lo que le permitiría a la Sedena el uso discrecional de dichos recursos.

“El decreto otorga un poder sin precedentes a la Sedena. Le otorga recursos materiales, económicos y humanos que continuarán fortaleciendo a una secretaría que actualmente es la segunda institución con más plazas dentro de la administración pública federal, sólo después del Instituto Mexicano del Seguro Social”, advierte la Red.

Con la incorporación de la GN a la Sedena, el Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP) prevé que las Fuerzas Armadas contarán con un aumento de más de 60% de presupuesto para el año 2023, con más 160 millones de pesos, lo que equivale a los recursos destinados al valor total de 12 secretarías entre las que se encuentran la de medio ambiente, energía, hacienda, economía, entre otras. Con la aprobación del decreto se reforman cuatro leyes: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de la Guardia Nacional, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Once comuneros de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron en la justicia agraria la nulidad de los contratos de arrendamiento de tierras con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos S.A de C.V. (Demex), filial de la española Renovalia Energy, que opera un parque eólico en Unión Hidalgo, un anexo del municipio de Juchitán de Zaragoza.

El fallo en contra de la eólica establece que las tierras donde la empresa levantó su complejo de generación de energía fueron consideradas indebidamente propiedad privada cuando en realidad son tierras comunales.

La sentencia de nulidad reconoce que la Asamblea General de Comuneros de Juchitán de Zaragoza y sus anexos – Xadani, Chicapa, Unión Hidalgo, la Ventosa y el Espinal – es la única que puede determinar el uso, destino y disfrute de las tierras, ya que por su naturaleza todas son de uso común y son los únicos que pueden celebrar contratos de arrendamiento. Además, establece que Unión Hidalgo es una comunidad agraria e indígena que conserva sus usos y costumbres y en las que el 90% de la población habla zapoteco.

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Con la sentencia, Demex no está obligada a desmantelar el parque eólico ya que la empresa no pudo levantar sus generadores eólicos dentro de sus tierras, sin embargo, de acuerdo con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC), que llevó a cabo el proceso jurídico, lanza el precedente para que cualquier comunero de todo el país pueda en el futuro declarar la nulidad de los contratos en caso de que hayan sido autorizados de manera individual y no mediante acuerdo de una Asamblea General de Comuneros.

La resolución permite establecer que todos los contratos celebrados en contravención de la Ley Agraria pueden ser declarados nulos absolutos a petición de las y los comuneros, pero también de las partes que lo celebran, como los posesionarios y la representación comunal o ejidal.

El proceso judicial

En 2004, representantes de la empresa Demex llegaron a la comunidad de Unión Hidalgo para convencerlos de rentar sus tierras para la instalación del parque Eólico Piedra Larga I y II. De 2006 al 2011 la empresa Demex llevó a cabo la formalización de contratos de arrendamiento civil de las tierras con posesionarios de manera individual.

El 11 de junio de 2013, 11 posesionarios y la representación de bienes comunales de Unión Hidalgo, asesorados por ProDESC, presentaron demandas agrarias en contra de la empresa Demex ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, en las que solicitaron se declarara la nulidad de los contratos celebrados con dicha empresa, por contravenir la Ley Agraria, ya que los contratos fueron indebidamente considerados propiedad privada cuando en realidad eran tierras comunales.

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De manera sorpresiva, el Magistrado del TUA Distrito 22 decidió declararse incompetente para conocer del caso por “razón de materia”, ya que consideró que la demanda debía tramitarse ante un juez civil.

Fue entonces que los afectados presentaron una demanda de amparo indirecto integrando el expediente 890/2013 ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. El 4 de febrero de 2014, el Tribunal Agrario la admitió a trámite, y el 21 de octubre de 2016 declaró válidos los contratos de arrendamiento celebrados por la vía civil argumentando “la buena fe de la empresa debido a que desconocía la calidad agraria de las tierras”.

Ante esta resolución, los 11 comuneros de Unión Hidalgo promovieron amparo directo contra la resolución, el cual fue remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. El 22 de junio de 2017 dicho Tribunal concedió el amparo y protección a los demandantes, y pidió al Magistrado del Tribunal Agrario 22 repusiera el procedimiento para el reconocimiento de las tierras como comunales y se respetaran las costumbres y especificidades culturales de la comunidad indígena inherente a la forma de suscripción de contratos.

Así, el 5 de agosto de 2022, dicha autoridad declaró la nulidad de los contratos de arrendamiento celebrados entre diversos posesionarios de la comunidad Unión Hidalgo con la empresa Demex.