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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Estado mexicano simula la ejecución de Medidas Cautelares en Aldama y Chalchihuitán, manteniendo la situación de gravedad y urgencia

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

21 de julio de 2022

Boletín No. 25

La CIDH visitó Chiapas para verificar el cumplimiento de Medidas Cautelares en los municipios de Aldama y Chalchihuitán

  • Estado mexicano simula la ejecución del mecanismo manteniendo la situación de gravedad y urgencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabezada por la Comisionada y Relatora para México Esmeralda Elizabeth Arosemena Bernal de Troitiño y Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva, así como personal a cargo de las Medidas Cautelares de la misma visitaron Chiapas, con el fin de supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a 22 comunidades tsotsiles indígenas de Chiapas, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.

El día 12 de julio de 2022 realizaron un recorrido por las comunidades de Koko’ y Tabak, Aldama, mientras que al día siguiente arribaron a las comunidades de Canalumtik, Pom y Chenmut de Chalchihuitán; en ambos municipios se entrevistaron de manera privada con las personas beneficiarias de las Medidas Cautelares y escucharon de viva voz los testimonios de mujeres y hombres sobre la situación de violencia que viven debido a la omisión y aquiescencia del Estado de permitir la actuación impune de grupos armados.

Hasta el momento se han registrado siete asesinatos en Aldama y uno más en Chalchihuitán, más otras 10 personas que fallecieron por las enfermedades y la situación derivadas del desplazamiento forzado (en su mayoría personas ancianas, niñas y niños); en estos municipios existen 5005 personas que se encuentran en desplazamiento forzado intermitente y/o permanente.

La CIDH constató la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo en el estado de Chiapas, así como la ausencia de medidas efectivas para poner fin a las agresiones con armas de fuego, violencia e inseguridad que viven las comunidades beneficiarias, manteniendo estos actos en la impunidad y lejos del esclarecimiento de la verdad y la justicia; manifestó también su solidaridad y preocupación por el riesgo a su vida e integridad de las víctimas.

La raíz del problema sigue sin atenderse violando el derecho a la no discriminación de los pueblos indígenas. La “ayuda humanitaria” ofrecida por el Estado mexicano es insuficiente y no aborda las cuestiones de fondo que atraviesa la población desplazada.

Hacemos un llamado al Estado mexicano a que cumpla con su obligación internacional en materia de protección de derechos humanos y evitar que las violaciones de éstos se sigan cometiendo en las comunidades de Aldama y Chalchihuitán; es necesario que deje de lado la actitud de simulación frente al cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.

Desde el Frayba continuaremos impulsando las exigencias de justicia ante esta crisis de desplazamiento en el estado de Chiapas, específicamente al lado de las 22 comunidades beneficiarias de la Resolución de seguimiento 102/2021[1] con la finalidad de que el Estado mexicano responda con las medidas de reparación y restitución de derechos violentados, el acceso a la justicia y la condición de una paz permanente.

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Avispa Midia

Denuncian violencia armada e institucional contra pueblos indígenas de México

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Comunidades indígenas de Chiapas se movilizan para exigir la libertad de cinco defensores de Cancuc, presos arbitrariamente y acusados con pruebas fabricadas por la fiscalía de Chiapas. Junio, 2022.

Para visibilizar la violencia contra pueblos originarios de México a partir de la presencia del crimen organizado, grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) realizó un informe que contiene el análisis y sistematización de 16 casos de violaciones graves de derechos humanos durante 2021.

En este ejercicio se identificaron siete tipos diferentes de violaciones graves a los derechos humanos en el año 2021 y reconoce que existen más agresiones de las que lograron documentar a profundidad.

Cinco de los casos presentados son por desplazamiento forzada, tres por desaparición forzada, tres por homicidio, dos por violación al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), uno por criminalización, uno por despojo del territorio y uno por violación al derecho humano al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El coordinador de la iniciativa en este país, Abel Barrera, dijo que el trabajo de documentación se realizó en dos años con visitas a determinadas zonas de ocho entidades que integran el estudio que realizaron con organizaciones aliadas.

“Los rarámuris han sido despojados históricamente de sus territorios”, hizo hincapié en la presentación de la investigación, “la región de Chihuahua es como el México olvidado, sometido por la delincuencia organizada; no respetan las formas de vivir de los pueblos”.

Amenaza conflicto con desplazar a más de 3 mil indígenas de Aldama

En el sur, lamentó que los pueblos originarios estén en la primera línea de fuego que provocan los grupos paramilitares que están presentes en Chiapas, donde los desplazamientos forzados también son un fenómeno recurrente.

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Agregó que en Guerrero las resistencias enfrentan los promotores de los megaproyectos y como en los demás estados, existe persecución de líderes indígenas como el caso de Marco Antonio Suástegui, quien enfrenta la desaparición de un hermano; delito que también va en aumento.

En Loma de Bacúm, Sonora, son 10 las personas desaparecidas, dijo la también coordinadora de este informe, Anabela Carlón, “tiene que ver mucho con el despojo y la criminalización del pueblo yaqui”.

Carlón mencionó que en Zitácuaro, Michoacán está lucha contra el crimen organizado, en Guerrero contra la desaparición forzada, en Chiapas por desplazamiento forzado, y en ese tenor destacó el caso de Laguna Larga, donde más 450 guatemaltecos sobreviven en condiciones adversas e inhumanas en la franja fronteriza que colinda con Candelaria, Campeche.

El asedio que se da por grupos paramilitares en Chiapas, por empresarios en Chihuahua, por la delincuencia organizada en Guerrero es principalmente contra los territorios originarios, agregó Barrera, “es algo grave que está documentado”.

Desigualdad

Los coordinadores del estudio hablaron sobre la preocupación por la dinámica estructural, las condiciones de desigualdad que impiden el goce de derechos para individuos y comunidades.

Las agresiones a partir de la discriminación buscan eliminar la organización comunitaria, dijo Carlón, “los pueblos defienden sus derechos con organización y con litigios en los que siempre están en desventaja. Aún cuando los pueblos indígenas ganan cualquier litigio, no son ejecutados, no los vemos materializados en acciones verdaderas hacia los pueblos”. Como ejemplo, mencionó la situación de los movimientos por los derechos colectivos al territorio y al agua de los yaquis de Sonora.

Los 16 casos son presentados en historias narradas desde los pueblos originarios. El apartado de Chiapas destaca el caso de Acteal con la mención del reciente asesinato del defensor de los derechos humanos, Simón Pedro Pérez.

En Michoacán, en el municipio de Zitácuaro, las comunidades mazahua y hñahñu de Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Francisco Serrato y los ejidos Francisco Serrato y Carpinteros, que son amenazados por el crimen organizado y el gobierno del estado.

Abel Barreda dijo que, en general, el tema es complicado en este momento y ejemplificó el contexto de municipios como San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; así como los asesinatos de defensores de derechos humanos en territorios indígenas donde no hay avances en las investigaciones de las autoridades locales.

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Mencionó la grave situación de la comunidad Paso de la Reyna, Oaxaca en la lucha por río Verde; además de Homún, Yucatán y el caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero.

Citlali Hernández, coordinadora del trabajo de IPRI en México, dijo que están atentos de lo que pasa en Jalisco pero el tema no fue mencionado por razones de seguridad, pues se trata de acoso y asesinato de autoridades indígenas como en el pueblo de San Juan Bautista de la Laguna, donde no hay respeto por la autonomía de la comunidad.

En el trabajo de documentación, IPRI hizo recomendaciones que van desde establecimiento de un marco jurídico que garantice los derechos colectivos de los pueblos indígenas para solucionar la crisis humanitaria del desplazamiento; por mencionar alguna.

“Se debe intervenir para romper el pacto de impunidad y la colusión de instituciones estatales con el crimen organizado y grupos herederos del paramilitarismo”. En los casos de homicidios y desaparición forzada, seguimiento puntual a las denuncias penales, a las denuncias públicas y a las acciones urgentes.

Protestas en el marco del quinto aniversario del desalojo de la comunidad de Laguna Larga, Guatemala

El informe incluye relatos de Monterde y el Manzano, Chihuahua; Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua; Tehuerichi, Chihuahua; Huitosachi, Chihuahua; Aldama y Acteal en Chiapas; Loma de Bácum, Sonora; Zitácuaro, Michoacán; Homún, Yucatán; Chablekal, Yucatán; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) Guerrero; Paso de la Reyna, en Oaxaca; y Laguna Larga, Guatemala.

IPRI tiene registro que en el periodo 2020- 2023, los países focales están en África, Asia y América Latina, y son aquellos con altos índices de criminalidad e impunidad: Colombia, México, Brasil, Filipinas, India, República Democrática del Congo y Kenia.

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Avispa Midia

En Oaxaca existen 422 concesiones mineras, en su avance va encontrando resistencia

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

De acuerdo con la base de datos de la Secretaría de Economía de México, hasta el año 2022, en todo el territorio de Oaxaca se registran 422 concesiones mineras que, en su mayoría, pretenden explotar oro y plata, entre otros. De estas concesiones al menos 297 están con actividades vigentes. Ningún pueblo originario ha sido consultado ni informado sobre las implicaciones de esta industria extractiva.

A continuación, presentamos un documental elaborado por el equipo de Avispa Midia que recogen las voces de habitantes que viven en torno a la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Esta empresa tuvo un derrame de desechos tóxicos en el año 2018 y hasta el momento se viven las afectaciones.

En el resto de Oaxaca diversos pueblos se han comenzado a organizar para resistir y no dejar que avancen estas concesiones en sus territorios, lo que ha generado descontento por varios sectores del gobierno y el sector empresarial. Estos pueblos han espejeado lo que ha sucedido con la Minera Cuzcatlán y no quieren vivir esta situación.

https://youtu.be/4gvpdEcHycU

Conoce la investigación: Minera Cuzcatlán, con licencia para contaminar

 

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Avispa Midia

Gobierno favorece a Sempra Energy y deja en el olvido un preso político indígena

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Son más de 2 mil días en prisión. Han pasado tantas cosas fuera de los muros, pero la memoria esta fresca, como si todo hubiera sucedido ayer. Fidencio Aldama, originario de la Tribu Yaqui, del estado de Sonora, rememora siempre que puede por qué esta en el encierro y culpa directamente al gobierno y a la transnacional estadounidense Sempra Energy de ello.

Fidencio fue llevado a prisión desde octubre del año 2016 por un supuesto homicidio que el sostiene que no cometió. Tiene presente cada acontecimiento en el que participó y contextualiza en un audio (recientemente publicado por la red de activistas que los apoyan), que antes de que lo detuvieran, “habían estado consultando con el pueblo de Loma de Bácum sobre el proyecto de la construcción de un gasoducto, en donde se organizaron varias reuniones”, refiriéndose al gasoducto denominado Guaymas-El Oro, de la empresa Ienova, filial de Sempra Energy, el cual pretendía cruzar por 90 kilómetros dentro del territorio Yaqui.

El preso político recuerda que en aquel momento se habían reunido los 8 pueblos de la Tribu Yaqui, en el pueblo de Loma de Bácum, dónde se llegaron a algunos acuerdos sobre este proyecto. La empresa ofreció entre 150 y 300 pesos mexicanos por metro lineal por donde cruzaría este ducto.

Según cuenta el indígena, las personas interesadas en que el gasoducto cruzara por el territorio Yaqui, “observaron que los 8 pueblos se estaban organizando y se percataron de la fuerza que estaba tomando la tribu, por esta razón optaron por sobornar para poder dividir a los pueblos, comprando conciencias, al grado de querer imponer a gobernadores (de cada pueblo) para que aceptaran el trato del gasoducto”.

Ver investigación Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México

El único pueblo que no lograron convencer fue Loma de Bácum. Incluso, en la propia Acta Marco de la Consulta Previa, Libre e Informada, realizada por la Secretaría de Energía (SENER) y la empresa Ienova, se establece que dicha consulta fue aprobada por los 8 pueblos que conforman la Tribu Yaqui, pero este documento, en los espacios que corresponden al pueblo de Loma de Bácum, quedaron vacíos, es decir, nadie firmó esta supuesta consulta.

La comunidad de Loma de Bácum determinó no aprobar este proyecto, ya que consideraban que, por la cercanía de las viviendas, se corría un alto riesgo. Al menos en ese sentido, la Consulta sí anunció este posible riesgo, ya que el gasoducto llamado Guaymas-El Oro, transportará diariamente 510 millones de pies cúbicos de gas metano, “altamente inflamable en contacto con el oxigeno”, considerando que las temperaturas que alcanzan al momento de transportar el metano alcanzan “un intervalo de 10 a 50 grados centígrados”, se estipula en el Acta de la Consulta, lo que significa que con alguna fuga podría estallar.

El asesinato

Un juez federal en el juzgado séptimo de distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión de la construcción de este gasoducto, al menos en el área de influencia de Loma de Bácum, por no tener el consentimiento de toda la tribu. No obstante, la filial de Sempra Energy continuó con sus labores de construcción. Fue así que este pueblo decidió parar la construcción por sus propias manos apegados la libre determinación como pueblo indígena. Fueron acusados por Ienova como acto de sabotaje.

Fidencio cuenta que, “al no conseguir las firmas de la totalidad de los 8 pueblos, decidieron accionar un ataque hacia Loma de Bácum”.

Fue así que el primero de octubre de 2016 un grupo armado irrumpió en la comunidad que no quiso firmar. Lo que pretendían dice Fidencio, era “derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados”.

El fallecido en esta trifulca respondía al nombre de Cruz Buitimea Piñas, responsabilizando a Fidencio Aldama por su muerte, motivo por el cual fue detenido y trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón, en Sonora.

Fidencio hoy se considera un preso político y, asegura que en la carpeta de investigación de su caso “existen muchas irregularidades y anomalías, por ejemplo, no concuerda el arma que yo portaba ese día, era un arma calibre 45 y el proyectil del arma de fuego que impacto y dio por muerte a Cruz fue un calibre 22 y aun así el juez no tomó valida mi prueba dejándome como asesino, siendo que soy todo lo contrario, inocente”.

El indígena Yaqui, como parte de la Guardia Tradicional de este pueblo, tenía el derecho de estar armado con ciertos tipos de armas para velar por la seguridad del pueblo, tal y como lo marca la ley mexicana y apegados a la libre determinación como pueblo originario. “En la vigilancia de la tribu Yaqui siempre me esforcé por hacer lo correcto, de vigilar y velar por la comunidad, patrullaba los linderos del pueblo por los problemas de robo de ganado o el ingreso de personas desconocidas al territorio, cuando estas desobedecen son llevados ante las autoridades tradicionales”, comparte Fidencio.

Entre las palabras que comparte Fidencio, sin duda alguna, se considera “una persona de buena conducta”, tan es así que, para obtener su libertad, le ha apostado a la solidaridad y a seguir “las reglas internas del CERESO. Practicando el deporte como el fútbol, me mantengo elaborando cuadros para subsistir aquí adentro, así como también me encuentro estudiando, ya que me gane dentro del centro la confianza, dándome la oportunidad de estudiar la preparatoria, trato de aprovechar el tiempo”.

Al final de su audio-carta, llama a su pueblo para seguir luchando y para no dejarse vencer.

Amlo se reune con empresarios de EEUU en su gira por este país. Entre ellos, Jeff Martin, director ejecutivo de Sempra Energy y de Tania Ortiz Mena, directora general de la subsidiaria estadounidense Ienova

Más beneficios a Sempra Energy

El pasado mes de enero, La Comisión Federal de Electricidad (CFE), representada por su Director General Manuel Bartlett Díaz, y la empresa Sempra Energy, a través de su Presidenta para México Tania Ortiz Mena (ex consejera de la Comisión Reguladora de Energía), firmaron un acuerdo que contempla la reanudación de la operación del gasoducto Guaymas –El Oro, a través de una nueva ruta “que deriva del entendimiento mutuo entre la comunidad Yaqui y la CFE, privilegiando el diálogo y el respeto”, anunciaron en un boletín de prensa.

De acuerdo con estas instancias, con esta nueva ruta, la CFE podrá abastecer de gas natural a mercados industriales, comerciales y residenciales de los estados del Pacífico Mexicano, Baja California Sur, así como a la terminal de licuefacción de Topolobampo.

La empresa Sempra Energy no perdió ni un peso, ya que mientras la construcción fue detenida, el gobierno mexicano en turno, que presidía Enrique Peña Nieto y, con la administración actual, con Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, recibió el pago de sus servicios como si los estuviera brindando.

Esto fue debido a que en los contratos se establecieron clausulas que Obrador, cuando recién asumió el poder, les llamo de “ventajosas y leoninas”, las cuales se apegaban a clausulas de “fuerza mayor y caso fortuito”.

A parte de reactivar el Gasoducto Guaymas-El Oro, el acuerdo da mayores beneficios a la empresa Sempra Energy, ya que se le adjudica directamente el desarrollo conjunto de la terminal Vista Pacífico LNG, en Topolobampo, Sinaloa. Esta terminal permitirá la importación de alrededor de 4 millones de toneladas métricas de gas natural por año, proveniente desde las cuencas de Texas hasta Topolobampo. “En apego al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de suministrar al estado con electricidad de bajo costo y combustibles menos contaminantes y más amigables con el medio ambiente”, según la CFE.

Reunión con Sempra Energy

El presidente de México cerró este miércoles (13) una gira de dos días por Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con el presidente de este país, Joe Biden. También acudió al encuentro denominado CEO Dialogue, una reunión con empresarios de ambos países, donde figuró el magnate Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo. También brilló la presencia de, Jeff Martin, director ejecutivo de Sempra Energy y de Tania Ortiz Mena, directora general de la subsidiaria estadounidense Ienova.

López Obrador sostuvo que las empresas estadounidenses planean invertir 40 mil millones de dólares en México de aquí a 2024, principalmente en el sector energético.

Sempra Energy es una de las transnacionales que va acaparando diversas ramas del sector energético en México pues integra el transporte, almacenamiento y distribución de gas (natural, etano y LP), además de la generación de electricidad y almacenamiento de productos refinados.

Tan solo en 2018, ya contaba con 17 gasoductos en México, seis terminales de almacenamiento, cinco complejos de energía solar, tres de energía eólica y una termoeléctrica. También están a cargo de 6 de los 16 puntos de interconexión para importación de gas proveniente de los Estados Unidos.

Al cierre de 2020 su presencia abarca a 17 estados de la República Mexicana con 10 mil millones de dólares en activos totales, “posicionándonos como una de las empresas privadas de energía más grandes del país”, rezan los informes financieros de esta empresa.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 12 de Julio 2022

 

Bloque Global ROMPIENDO FRONTERAS
—PANAMÁ: 10 días de protesta. Continua la Huelga indefinida contra el alto costo de la vida declarada desde el 7 de Julio. Con información de Radio Temblor.
—SRI LANKA: El presidente y el primer ministro de Sri Lanka acuerdan presentar su renuncia luego de que miles de manifestantes irrumpen en sus residencias. Con info de DemocracyNow
—CHILE: Jornadas por la libertad de las y los presos políticos mapuche y de la revuelta. Huelga de hambre de presos mapuche llega a 14 días, Desde Plaza Dignidad protestan familiares de Lxs Presxs Políticxs de la Revuelta. Recuerdan a mapuches caídos en la lucha por la defensa de la tierra.
—CHILE: COMUNIDAD DE LIQUIÑE RECHAZA ROTUNDAMENTE INTERVENCIÓN DE PROYECTO TURÍSTICO. Radio La Zarzamora
— PODCAST INVITADE: 9 de julio, día internacional de la destrucción de armas de fuego. Radialistas apasionados.

Bloque Regional DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—SONORA PRESOS POLÍTICOS “Que no se dejan vencer”. Declaración del preso político Fidencio Aldama. Fidencio aldama
—MÉXICO: Muere el genocida Luis Echeverria uno de los promotores de la guerra sucia en México.
—CDMX­: Alcaldía de Xochimilco violenta la autonomía de las autoridades tradicionales del panteón comunitario de San Gregorio Atlapulco. Noticias de abajo
—CHIAPAS: Recuerdan a Simón Pedro en el aniversario de su asesinato. “Está en el canto de las aves y en los ríos de su comunidad” Noticias de abajo

MÚSICA:
Sofi y Emiliano tocan El compromiso; El mastuerzo toca Prohibido; y la Llorona en acto contra Feminicidio.

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Avispa Midia

Argentina | Abogados demandan al Estado para detener dragados en el Paraná

Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

La Asociación Civil “Unidos por la Vida y el Ambiente” -UPVA- y la “Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas” interpusieron una Acción de Amparo Ambiental contra el Estado Nacional de Argentina para que la justicia federal suspenda las obras de dragados ejecutadas y por ejecutarse en los pasos críticos de la Hidrovía Paraná Paraguay, especialmente en el denominado “Paso Las Hermanas y Paso abajo las Hermanas”, frente a la localidad de Ramallo (Pcia. de Buenos Aires).

Resulta injustificable, y absolutamente contrario a derecho, realizar obras de estas características frente a la enorme crisis ecológica, climática e hídrica que atraviesa la cuenca de agua dulce más importante de nuestro país, sin contar con una Evaluación Ambiental Estratégica del mal llamado proyecto Hidrovía en el tramo Argentino de la cuenca”, sostuvo Enrique Viale, firmante de la acción en carácter de Presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).

Las organizaciones afirman que estas obras deben suspenderse urgentemente por ejecutarse sin la realización previa, oportuna y participativa de los estudios de impacto ambiental, conforme el procedimiento legal obligatorio, de toda iniciativa de cambio de trazas en pasos críticos del río Paraná, profundizaciones del calado, sobre-dragados y ensanchamientos del cauce de navegación. Por tal razón, solicitaron preventivamente una medida cautelar que ordene al estado Nacional, suspender toda intervención ingenieril y artificial de estas características sin EIA puntual, hasta tanto se dicte sentencia conforme lo peticionado.

Los abogados patrocinantes de ambas organizaciones, Jorge Daneri, Lucas Micheloud y Fabian Maggi, sostienen que la presente acción es la traducción judicial de un conflicto socioambiental que lleva décadas y está caracterizado por la desambientalizacion y falta de controles estatales que tiene el proyecto de la Hidrovía.

Los cambios globales concretados en el río Paraná en las últimas décadas por el proyecto de la Hidrovía, en conjunto con los impactos climáticos e hidrológicos están desestabilizando todo el sistema de humedales, sitios de valor paleontológico y sus ecosistemas asociados en la región de la cuenca, pero también a las comunidades ribereñas, frente al acceso al agua de forma segura y adecuada.

En razón del cambio de traza realizado frente a Ramallo, ambas organizaciones solicitaron a la Justicia, disponga que no se concreten más este tipo de intervenciones en el río y sus valles de inundación, como cauce principal, sin cumplir con la aplicación y cumplimiento de las herramientas básicas de la democracia ambiental expuestas. A su vez, denunciaron que la auditoría contratada por la Administración General de Puertos a la empresa SERMAN S.A. no reviste la categoría de Estudio de Impacto Ambiental ni tiene una Declaración de Impacto Ambiental, además de representar un grave conflicto de interés.

Finalmente frente a la inexistente perspectiva de cuencas del proyecto HPP y la escandalosa mercantilización realizada sobre el río Paraná y sus reinos de vida que hace el complejo agroportuario y el sistema de navegación comercial, las organizaciones amparistas solicitaron a la Justicia Federal que adopte la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en casos de gestión democrática de cuenca, y disponga en el marco de la licitación internacional en curso, un plazo preciso para que el Estado Nacional en conjunto con las provincias y con la debida participación ciudadana, conformen el “Comité de Cuenca del río Paraná”, la mayor deuda de la democracia ambiental aún incumplida, en el mayor río de la República.

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fidencioaldama.org

“Que no se dejan vencer”. Declaración del preso político Fidencio Aldama

Mi nombre es Fidencio Aldama Pérez. Perteneciente a la étnica de la tribu Yaqui, me inculcaron desde niño el respeto hacia las personas, sin olvidar algo muy importante: LA LUCHA POR NUESTRO TERRITORIO.

Un hombre que no agrede más bien defiende, nuestros ancestros me han dejado como herencia un principio que radica en proteger nuestras raíces y tradiciones, sobre todo aplicar nuestros usos y costumbres, para el beneficio de la comunidad.

Me enseñaron a luchar para que la tribu Yaqui no desaparezca.

Realice un juramento cuando se me asigno el cargo de la vigilancia de la tribu Yaqui, para velar por el pueblo y prestar el servicio ante cualquier circunstancia, me comprometí seguir con lealtad mi cargo establecido.

Viví 20 años en la Loma de Guamúchil prestando mi servicio a la comunidad, cumpliendo las tradiciones de nuestros usos y costumbres, siendo un hombre tranquilo, respetuoso, cariñoso, amable, que siempre está dispuesto a servir.

Me fui a Loma de Bácum cuando me casé, ofrecí nuevamente mi apoyo al pueblo, formé parte de la guardia tradicional, di mi servicio comunitario como lo hacía antes, en algunas emergencias como: el trasladar a personas a sus citas médicas, a mujeres embarazadas, o cualquier tipo de emergencia médica, también apoyaba en las fiestas tradicionales.

En la vigilancia de la tribu Yaqui siempre me esfuerce por hacer lo correcto, de vigilar y velar por la comunidad, patrullaba los linderos del pueblo por los problemas de robo de ganado o el ingreso de personas desconocidas al territorio, cuando estas desobedecen son llevados ante las autoridades tradicionales.

La tribu Yaqui tiene sus leyes internas en la que no pueden intervenir personas ajenas a la comunidad, las leyes de las fuerzas Estatales o Federales no tienen injerencia en nuestro pueblo.

Antes del día de los hechos del 21 de octubre del 2016, se habían estado consultando con el pueblo de Loma de Bácum sobre el proyecto de la construcción de un gasoducto, en donde se organizaron varias reuniones.

Se reunieron los 8 pueblos de la tribu Yaqui, en el pueblo de Loma de Bácum, ahí se llegaron a algunos acuerdos.

Las personas del gasoducto, observaron que los 8 pueblos se estaban organizando y se percataron de la fuerza que estaba tomando la tribu, por esta razón optaron por sobornar para poder dividir a los pueblos, comprando conciencias, al grado de querer imponer a gobernadores para que aceptaran el trato de gasoducto y este pasara por el territorio Yaqui, a quienes no convencieron fue al pueblo de Loma de Bácum y al no conseguir las firmas de la totalidad de los 8 pueblos, decidieron accionar un ataque hacia Loma de Bácum.

Pero Loma de Bácum ya había tomado cartas en el asunto, llevo un proceso legal sobre el gasoducto, la empresa IEnova irrumpiendo y faltando al respeto al pueblo de Loma de Bácum, siguió y trazo el gasoducto por su territorio, todas estas anomalías y violaciones dieron el fallo y dándole el triunfo a Loma de Bácum y freno en su totalidad la construcción del gasoducto hasta la fecha.

ENFRENTAMIENTO DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2016.

Ese día sucedió algo inolvidable, la lucha por el territorio, pero también algo terrible sucedió la pérdida de un ser querido del mismo pueblo de Loma de Bácum, este joven de nombre Cruz Buitimea Piña era uno de los que atacaron a la comunidad ese día.

Me acusan de quitarle la vida, soy encarcelado y trasladado al CERESO de Ciudad Obregón.

En la carpeta de investigación existen muchas irregularidades y anomalías, por ejemplo, no concuerda el arma que yo portaba ese día, era un arma calibre 45 y el proyectil del arma de fuego que impacto y dio por muerte a Cruz fue un calibre 22 y aun así el juez no tomo valida mi prueba dejándome como asesino, siendo que soy todo lo contrario, INOCENTE.

Sigo siendo una persona de buena conducta y obedeciendo las reglas internas del CERESO. Practicando el deporte como el futbol, me mantengo elaborando cuadros para subsistir aquí adentro, así como también me encuentro estudiando, ya que me gane dentro del centro la confianza, dándome la oportunidad de estudiar la preparatoria, trato de aprovechar el tiempo.

Les mando un saludo a todas las personas que me han apoyado en todo este tiempo, ya han transcurrido casi seis años.

También les digo que luchan por el territorio que no se dejen vencer.

Les mando saludos.
Gracias

Libertad a Fidencio Aldama

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Avispa Midia

La indignación occidental ante la guerra suena hipócrita en el Sur

Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

La seguridad de la población no es un asunto que preocupe a los políticos. La seguridad de los privilegiados, de los ricos, del sector empresario, de los fabricantes de armas, sí lo es, pero no la del resto de nosotros.

Por David Barsamian para JACOBIN

Con noventa y tres años, Noam Chomsky todavía comparte su conocimiento y su sabiduría con una generación más joven de militantes de izquierda. En esta nueva entrevista, habla de las hipocresías del imperio estadounidense y de por qué realmente resulta indispensable reducir inmediatamente el enorme presupuesto militar para construir una sociedad decente. Transcribimos esta última conversación que tuvo con David Barsamian de Alternative Radio, publicada antes en TomDispatch.

—Entremos de lleno en la pesadilla más obvia del momento, la guerra en Ucrania y sus consecuencias a nivel mundial. Pero antes, definamos un poco el trasfondo de este conflicto. Empecemos con la afirmación que hizo el presidente George H. W. Bush ante Mikhail Gorbachov, que entonces estaba a la cabeza de la Unión Soviética, de que la OTAN no avanzaría ni un centímetro hacia el este. Esa promesa se cumplió. Ahora bien, ¿por qué Gorbachov no exigió un compromiso formal?

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Viaje Zapatista

Denunciamos las amenazas de grupos paramilitares contra Observadores miembros de las Brigadas de Observación (BriCOS) en la comunidad Nuevo Poblado San Gregorio

Fuente: Viaje Zapatista

Desde Slumil K´Ajkemk´Op denunciamos enérgicamente y con suma indignación las amenazas de muerte en contra de las y los observadores nacionales e internacionales miembros de las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) y la obstaculización de trabajo de defensa de DDHH del Centro de Derechos Humanos, Frayba, por parte de grupos armados de la región.

Estos grupos de corte paramilitar han venido agrediendo, desde 2019, a las comunidades indígenas zapatistas de Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), territorio recuperado pacíficamente en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Debido a la ausencia del Estado mexicano en la solución de este conflicto que pone en peligro la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades indígenas zapatistas de Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), el Frayba instaló campamentos de Brigadas Civiles de Observación con la finalidad de documentar de manera confiable y fidedigna las condiciones de peligro en las cuales los zapatistas sobreviven día con día.

Ahora, las amenazas de muerte por parte de estos grupos armados han alcanzado a las y los observadores de BriCO, obstaculizando así de manera masiva el trabajo de defensa de los DDHH en esta región.

Esta es una situación de extremadamente preocupante, que no debería existir en un gobierno que se dice democrático y que afirma públicamente respetar los derechos humanos.

Desde nuestros territorios insumisos y rebeldes hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional solidaria con los zapatistas, a manifestarse por la vida y en contra de las amenazas de muerte y de las agresiones de los grupos armados.

  • Exigimos que el Estado mexicano respete la defensa de los Derechos Humanos en conformidad a los acuerdos internacionales que ha firmado y ratificado.
  • Exigimos cese inmediato a las amenazas de muerte contra las y los observadores de DHH del Frayba.
  • Exigimos cese inmediato de los ataques armados contra la población de los pueblos Emiliano Zapata y La Resistencia y demás comunidades de la región Moisés Gandhi.
  • Exigimos investigaciones correspondientes, serias y profundas, a fin de sancionar a los autores de los delitos señalados y de las violaciones a derechos humanos.
  • Exigimos se garanticen las medidas de no repetición a fin de salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen su derecho a la libre determinación y autonomía en el marco de los acuerdos de San Andrés, el convenio 169 de la OIT y las Declaraciones sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU y OEA.

Para más información sobre los hechos ocurridos, consultar aquí:

https://frayba.org.mx/amenazas-de-muerte-contra-observadores-nacionales-e-internacionales

Lxs Zapatistas No están solxs!

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Avispa Midia

Brasil | Indígenas Pataxó temen represalias tras recuperación de sus tierras ancestrales

Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

ndígenas Patxó de la región de Monte Pascoal, ciudad de Itamaraju. Foto de archivo por Santiago Navarro F.

Por Felipe García / Brasil de fato

Traducción Avispa Midia

Después de esperar siete años para que continuara el proceso de demarcación de sus tierras, un grupo de 180 indígenas Pataxó recuperó la finca Santa Bárbara, territorio que se encuentra en la zona que debe ser demarcada como Tierra Indígena (TI) Comexatibá, en el sur de Bahía. El Informe de Identificación y Delimitación Circunstancial (RCID), publicado por la Fundación Nacional del Indio (Funai) en 2015, reconoce la presencia de ese grupo en la región desde el siglo XVI.

Una semana después de entrar en el territorio, los indígenas siguen temiendo la posibilidad de represalias por parte de los finqueros de la región. “En este momento nos sentimos intimidados en la retomada  porque sabemos que los pistoleros y los ganaderos se están organizando, reuniéndose en alguna finca con la intención de atacarnos aquí”, dice uno de los coordinadores del movimiento. El temor no es injustificado: en 2000, la acción violenta de los ganaderos contra una recuperación de tierras cercana culminó con la muerte de un indígena.

Aun con el temor a las represalias, los indígenas están limpiando la zona del antiguo caserío, que está abandonado. Mientras algunos cortaban la maleza que ha crecido alrededor de los edificios, otro grupo recogía la basura. A través de aplicaciones de mensajería, todos se ponían en contacto con hermanos y hermanas indígenas de otros pueblos y territorios para unirse a la recuperación de tierras.

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