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Avispa Midia

(Español) México y las probabilidades de morir por ser ambientalista

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Por Ñaní Pinto y Javier Ruiz

Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa hidroeléctrica de usos múltiples denominada “Paso de la Reina”, proyectada en el estado de Oaxaca, al sur de México. Un proyecto que ha retomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde febrero del año 2020. Este campesino fue asesinado, el pasado 21 de enero, alrededor de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, del municipio de Jamiltepec, en el mismo estado.

En un comunicado, las autoridades ejidales de Paso de la Reyna, comunidad ubicada en Jamiltepec, y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), del cual era miembro, denunciaron que Heras Cruz había sido amenazado en días anteriores. “El agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado por la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate, por lo que dio parte a la policía y pidió le acompañaran. Le escoltaron hasta llegar al poblado”, de acuerdo con el documento.

Además, en el comunicado señalaron conflictos vividos en la comunidad. Desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Marquez, ha insistido en ingresar al Río Verde para extraer material pétreo. Ante esta acción, la comunidad inicialmente se opuso, sin embargo, se vio obligada a suscribir un convenio de explotación.

Debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara con la explotación del río. “La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020 cuando la familia Iglesias y Rivas Marquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, sostuvieron los ejidatarios en el documento.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Heras Cruz rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado. En dicha sede, de acuerdo con el comunicado, se acordó invertir los recursos de la extracción. “Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias y Rivas Marquez a la comunidad. También se mencionó que era importante que el comisariado cobrara el adeudo”, señalaron los pobladores en dicho comunicado.

Diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en México han expresado su indignación por el asesinato. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó el asesinato y exigió “una investigación a fondo y el castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen”.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también se pronunció y condenó el asesinato. Luego que el organismo tuviera conocimiento del hecho que privó de la vida al defensor del Río Verde, inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021. El órgano pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.

La hidroeléctrica

A pesar de que el mandatario de México, López Obrador, sostuvo el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina, que “no se construirán nuevas presas” y que “no se realizaría la presa Paso de la Reina en Oaxaca”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la fase siguiente de este proyecto. Es así que esta instancia de gobierno aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, para la generación de energía renovable PH Río Verde, promovida por la empresa privada ENERSI S.A. de C.V.

Tras el activismo de Heras Cruz y otros ambientalistas en el proceso de defensa del Río Verde, se ganó un amparo contra el mencionado proyecto, en el cual se determinó salvaguardar 300 cuencas de aguas mexicanas, entre ellas, Paso de la Reina.

México y la probabilidad de morir por ser ambientalista

De acuerdo con datos de la Semarnat, en México existen más de 500 conflictos socioambientales, los cuáles presuponen “una confrontación entre los intereses sociales y los intereses económicos”, según esta instancia de gobierno.

La probabilidad de morir asesinado por oponerse a los intereses económicos, en México, continúa con el gobierno de López Obrador, ya que en su agenda se vienen acelerando complejos que se detuvieron por la resistencia de los pueblo ejercida contra los gobiernos que le precedieron. El inicio de su gobierno, en 2019, quedó marcado por el asesinato del campesino y ambientalista de 36 años, Samir Flores. Este indígena náhuatl se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la central termoeléctrica y un gasoducto en ese estado. Ambos complejos formaban parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En lo que va del gobierno de López Obrador, por lo menos 20 ambientalistas han sido asesinados en México, incluso en el primer año de la pandemia del Covid-19. Hasta el 24 de septiembre se habían registrado once ambientalistas asesinados: tres en Michoacán, tres en Oaxaca, uno en guerrero. Los demás en Veracruz, San Luis Potosí y Baja California.

La situación de los pueblos en resistencia en México se puede agudizar aún más, ya que el periodo de gobierno de López Obrador casi llega a la mitad y la amplia agenda de proyectos se van acelerando conforme pasa el tiempo. Sus inversiones más ambiciosas se han enfocado hacia el sureste de México con el denominado Tren Maya y el Corredor Interoceánico, una región con una amplia presencia de pueblos originarios de este país.

 

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Avispa Midia

(Español) Pobreza mundial podría aumentar a más de 1500 millones de personas en 2021

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Por Santiago Navarro F

Foto de portada por Santiago Navarro F

Tras la aceleración de contagios por Covid19 a escala global, el Banco Mundial (BM) ha alertado que la economía ha sufrido un duro golpe, mucho peor que las crisis suscitadas en los últimos 150 años. Se estima que la economía global en 2020 tuvo una caída de hasta 4.3%, “lo que la convierte en la cuarta recesión global”, superada solo por “la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial”, según el BM.

La pandemia ha causado un gran número de muertes y ha sumido a millones de personas en la pobreza extrema y, advierte el BM, puede continuar “durante un período prolongado”, dónde el escenario puede ser más devastador.

Las cifras registradas en el inició de la pandemia rondaban entre “119 millones y 124 millones” de personas en extrema pobreza en el mundo, según el informe lanzado por el BM en enero del 2021, llamado Global Economic Prospects. En este mismo documento se estima que durante el año 2021 puede aumentar en 100 millones más las personas en esta situación, es decir personas que viven con menos de dos dólares al día. “Todo el progreso realizado durante la década de 2010 se ha borrado”, se argumenta en el documento del BM.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) asume estadísticas mas drásticas al considerar que ha habido un retroceso de dos décadas en cuanto a la reducción de la pobreza. “Se espera que la pandemia revierta el progreso logrado”, asevera esta instancia en su informe World Economic 2021, quien, también asegura que esta crisis ha sido más severa que la del 2008-2009 estallada en los Estados Unidos y que impactó a escala global, al grado de que gobiernos, como Estados Unidos, entró al rescate de los bancos y diversas empresas.

Aunque la pobreza generada por este escenario de pandemia no es nueva, simplemente se ha agudizado. La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) había documentado que, tan solo en 2019, la pobreza mundial rebasaba  1.300 millones de personas que viven por debajo de 1.90 dólares al día, con la pandemia se estaría hablando de más de 1500 millones de personas en situación de pobreza para el 2021. “Son pobres en todos los sentidos de la palabra, porque no tienen apenas ingresos o carecen de acceso a agua potable, alimentos suficientes o electricidad”, según la ONU.

Estos organismos muestran un gran interés por impulsar “la recuperación de la confianza de los consumidores y las empresas, y reforzar la confianza de los mercados financieros”, según el informe del BM. Lo que pretenden es que el sistema productivo de bienes y servicios se acelere nuevamente a una velocidad inusual, que las personas sigan consumiendo de forma desmedida como se venía haciendo para acelerar el crecimiento económico. “Se espera que el consumo continúe fortaleciéndose y la inversión se recupere”, sostiene el BM.

Para el teórico y crítico David Harvey, en su análisis titulado Política anticapitalista en la época del Covid-19, esta necesidad de aumento del consumo y por consecuencia de la producción es “es un modelo de la economía capitalista como una espiral de expansión y crecimiento sin fin”, lo que ha provocado impactos severos en la crisis ambiental y climática.

Harvey ya alertaba sobre este contexto de crisis económica global desde el inicio de la pandemia. “Sabía por mis estudios del modelo económico que los bloqueos y las interrupciones en la continuidad del flujo de capital resultarían en devaluaciones y que, si las devaluaciones se generalizaban y eran profundas, eso señalaría el inicio de la crisis”, señala el teórico, quien ha hecho una larga documentación en varios libros sobre las crisis económicas y el neoliberalismo.

El analista advierte que “las economías capitalistas contemporáneas están impulsadas en un 70 o incluso en un 80% por el consumismo”, pero, además, “la confianza y el sentimiento del consumidor se han convertido en los últimos cuarenta años en la clave para la movilización de la demanda efectiva y el capital se ha vuelto cada vez más impulsado por la demanda y las necesidades”.

Pero con el Covid-19, agrega Harvey, “está apuntalando no a una fluctuación salvaje sino un choque todopoderoso en el corazón de la forma de consumismo que domina en los países más ricos. La forma en espiral de acumulación de capital sin fin está colapsando. Lo único que puede salvarlo es un consumismo masivo inspirado y financiado” por los gobiernos.

Persona en situación de calle, Sao Peulo Brasil. Foto por Santiago Navarro F

Los países más vulnerables

El BM argumenta que todas las regiones son vulnerables a la continuidad de la pandemia, así como al estrés financiero por la elevación de los niveles de deuda que han contraído los gobiernos para atender esta crisis. Sin embargo, el crecimiento sería más bajo en las principales economías de América Latina y el Caribe, Oriente Medio y África del Norte y África Subsahariana. Cuando se refiere a las principales economías de la región latinoamericana, estas son: Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

Los países llamados emergentes o en desarrollo, de acuerdo con el BM, se han visto más vulnerables por su dependencia del mercado internacional, sobre todo, por las exportaciones de materias primas. “Las economías que sufrieron los peores descensos fueron las que tienen una fuerte dependencia de los servicios, el turismo y exportaciones de materias primas y productos industriales”, afirma el BM.

 

Gente en situación de calle, Sao Paulo Brasil. Foto por Santiago Navarro F.

Nueva ola de reformas estructurales

De acuerdo con el Doctor Tedros Adhamom, director de las Organización Mundial de la Salud (OMS), estamos a punto de rebasar “cien millones de casos notificados”, advirtió en conferencia de prensa este 25 de enero. Aunque las cifras son una media y no considera los casos que no han sido notificados, por ello, hay quienes advierten que el número de contagios podría ser el doble de esta cifra.

Los principales índices bursátiles como el FTSE, el Dow Jones Industrial Average y el Nikkei, quienes se mantienen de pie al apostar por la producción y consumo a futuro, experimentaron grandes caídas a medida que avanzaba el número de casos de covid-19 al comienzo de la pandemia.

Desde que se comenzaron a desplegar las primeras vacunas, las principales bolsas asiáticas y de EE.UU. tuvieron un respiro.

Las principales economías del mundo junto al BM, FMI y las bolsas de valores, le apuestan a un rápido despliegue de vacunas para reducir lo más pronto posible la pandemia, “lo que provocaría un fuerte aumento de la confianza del consumidor”, según el informe del BM.

Tras las expectativas del BM, FMI y las empresas multinacionales, también hay temor, sobre todo temen lo que ya se esta evidenciando en diversos países, “una mala gestión de las vacunas”, y según alerta el BM, “esto interrumpiría la ya lenta recuperación y agravaría el daño a la economía mundial”.

Pero más que eso, si el despliegue de vacunas falla, el BM avizora que “también agravaría las tensiones existentes: una debilidad económica prolongada podría desencadenar una ola de quiebras; los balances bancarios podrían deteriorarse aún más; los gobiernos podrían no poder seguir brindando apoyo; y, en algunas circunstancias, episodios temporales de desempleo y cierres de empresas podrían volverse permanentes”. Un escenario donde se tendría que recurrir a nuevos rescates.

Más allá de las perspectivas económicas a corto plazo, el BM advierte que se impondrá una nueva batería de reformas estructurales, en materia de salud pública, gestión de la deuda, políticas presupuestarias y banca central, que garanticen “que sienten las bases para un sólido crecimiento y desarrollo a largo plazo”.

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Avispa Midia

(Español) Honduras | Violencia Paramilitar, presencia en los Sectores Económicos Claves

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

 

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.


Parte III

Violencia Paramilitar en los Agronegocios

La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, “entre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos”.

Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán. Esta es una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).

Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant – propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán.

Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013).

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El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo: “Esta es una fuerza pacificadora… Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley”. (Ramsey, 2012).

Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. “Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.

Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).

Operativo de la policía para desalojo de familias campesinas ι Marzo 2019

El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).

Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.

Desalojo de familias pertenecientes a la organización campesina Unidos Lucharemos, Valle del Bajo Aguan noviembre 2018

En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.

Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una “presunta participación de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual”, (HRW, 2014).

El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) – Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García – fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).

Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.

Un miembro del movimiento Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: “al otro día la guardia de la corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta, ‘¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?’, ‘no’ le decía el niño temblando, ‘no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi’, estas son las cosas”, dijo en entrevista campesino Gregorio Chávez.

Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE´S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).

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No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público, y terrorismo.

En 2011, el jefe de la policía que trabaja junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (La Prensa, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las “bandas criminales” armadas con fusiles AK-47 recibieron $7.500 de los grupos campesinos, para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlo a disposición de los campesinos.

No se ha presentado evidencia de esto (HRW, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Actualmente, hay al menos 6.200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, estos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.

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Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

(Español) Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos

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Prensa Comunitaria

(Español) El Estor: la lucha es una, en defensa del territorio y la vida

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Cristobal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesabales, en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspención de este proyecto minero, las dos empresas que lo operan siguen en desacato de esta resolución legal. Primera Parte. Video Baudilio Choc / Prensa Comunitaria El Estor Izabal, Guatemala. Enero de 2021

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Lumaltik Herriak, CEDOZ, Asamblea de Solidaridad con México

(Español) Denuncia agresiones paramilitares de Orcao a la comunidad zapatista de Moisés Gandhi, Chiapas México

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DENUNCIAMOS LAS AGRESIONES PARAMILITARES DE LA ORCAO A LA COMUNIDAD ZAPATISTA DE MOISÉS GANDHI, CHIAPAS, MÉXICO.

Desde la aparición pública del EZLN en enero de 1994, el gobierno mexicano en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) ha promovido, organizado, financiado y alentado a distintos grupos paramilitares para que ataquen a la población civil zapatista.
En este contexto, la comunidad de Moisés Gandhi, ubicada en el crucero Cuxuljá, municipio autónomo de Lucio Cabañas, (del municipio oficial de Ocosingo) ha sufrido recientemente varios ataques por parte del grupo paramilitar ORCAO (Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo).
– El pasado 22 de agosto, la ORCAO atacó con armas de grueso calibre, quemó y saqueó las bodegas de café del Centro de Comercio “Nuevo Amanecer del Arcoiris”, ubicado en el crucero de Cuxuljá.
– El pasado 8 de noviembre, la ORCAO secuestró a Félix López Hernández, base de apoyo zapatista de la comunidad de Moisés Gandhi a quien golpearon, amarraron y encerraron sin agua ni alimentos hasta el día 11 noviembre en que fue liberado.
– El lunes 18 de enero de 2021, la ORCAO disparó contra la comunidad de Moisés Gandhi. El ataque comenzó a las 1530 hrs (hora de México) y hasta las 1800 hrs. hubo disparos en contra de las casas de la comunidad. 170 disparos de calibres grandes y 80 de calibres chicos.
– El miércoles 20 de enero de 2021, a las 16:00 horas, nuevo ataque armado contra la comunidad, con calibres grandes y chicos. A las 22:30 horas de nuevo ataque con armas de fuego contra la comunidad.
– El jueves 21 de enero de 2021, nuevos ataques con disparos contra las casas de la comunidad de Moisés Gandhi. Primero a las 00:30 horas y posteriormente desde las 02:10 horas hasta las 02:55 horas.
Se calcula que el número de atacantes es de al menos 20 personas. Todas pertenecientes a la organización paramilitar ORCAO de las comunidades de San Antonio, Cuxuljá, San Francisco y 7 de febrero.
(Toda la información se puede consultar con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casa, Chiapas, México)
Por todo lo anterior, denunciamos la escalada paramilitar contra las comunidades zapatistas, así como la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal en la misma.
Digan lo que digan, declaren lo que declaren, firmen los documentos que firmen, los malos gobiernos están financiando, promoviendo y respaldando los ataques de grupos paramilitares, como el de la ORCAO, contra la población civil. Son criminales pues, aunque piensen que no se ensucian sus manos con la sangre de hombres, mujeres, niños y ancianos que viven pacíficamente en todas esas comunidades atacadas por los paramilitares.
¡VIVA LA LUCHA POR LA VIDA DE LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS!
¡ALTO A LOS ATAQUES PARAMILITARES!
¿ALTO A LA MUERTE QUE SIEMBRAN LOS TRES PODERES DE GOBIERNO!

Organizaciones, colectivos, individuos, firmantes:

País vasco
Lumaltik Herriak

Estado español

Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ-,

Asamblea de Solidaridad con México (ASMEX)

Italia

TATAWELO

Para enviar tu firma, escribe un correo a info@lumaltik.org

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Avispa Midia

(Español) Bill Gates y Bayer, la nueva estrategia expansiva para pequeños campesinos

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Por Santiago Navarro F.

En días recientes de este mes de enero, el segundo año de la pandemia por el virus Covid-19, en los Estado Unidos se dio a conocer que el multimillonario norteamericano Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha comprado a través de la empresa de inversiones Cascade Investments, más de 97 millones 933 mil 925 hectáreas de tierras de cultivo. Gates ahora es el mayor propietario de tierras agrícolas en este país, pero su estrategia abarca el resto de América Latina, África y Asia, hacía dónde ha extendido la misma iniciativa que otra empresa del ramo, Bayer, para “ayudar a los pequeños agricultores y acelerar el desarrollo de tecnologías de vanguardia”.

La multinacional Bayer, quien produce investigación para la industria farmacéutica, mejoramiento de semillas, pesticidas, abonos e ingeniería genética, se fusionó en 2006 con la gigante de las semillas, Monsanto. Las acciones que la familia Gates mantenía en Monsanto antes de ésta compra superaban 500 mil acciones por valor de más de 23 millones de dólares estadounidenses, los cuales también se fusionaron con Bayer.

En su momento, esta multinacional afirmó que la adquisición de Monsanto sería “una gran oportunidad para crear un líder agrícola global (…). Esta transacción unirá las plataformas de Semillas y Tratamientos, Protección de cultivos, Biología y Agricultura digital. En concreto, este negocio combinado se beneficiará del liderazgo de Monsanto en semillas y tratamientos y de la línea de productos de protección de cultivos de Bayer (…)”, señalaba el comunicado de prensa difundido por la empresa en mayo del 2016.

Actualmente Bayer esta presente en los cinco continentes del planeta y desplega diversas estrategias en torno al sector agroindustrial. Esta multinacional asegura que el 97% de los agricultores del mundo cultivan en menos de 10 hectáreas de tierra, aproximadamente 550 millones de pequeñas granjas en Asia, África y América Latina. Estos agricultores “producen aproximadamente un tercio del suministro de alimentos del mundo y, en los países de ingresos bajos y medios, producen un poco más de la mitad de las calorías consumidas”.

No obstante, Bayer sostiene que estos “pequeños agricultores” necesitan elevar y tecnificar el nivel de su producción para hacer frente al cambio climático y al crecimiento de población. “Como líder mundial en agricultura, estamos en una posición única para ayudar. Es por eso que, para 2030, nos comprometemos a empoderar a 100 millones de pequeños agricultores en regiones en desarrollo mejorando el acceso al conocimiento, productos, servicios y asociaciones agronómicas”, afirma esta empresa.

Ver también: EEUU aprovecha escenario de Covid19 para acelerar presencia en la Amazonía brasileña

Coincidentemente, cuando los contagios de Covid-19 se expandían en el planeta y hacia la población más vulnerable, en enero de 2020, la fundación de Gates anunció su nueva incursión hacia la agricultura  a través de su estrategia bautizada como “The Bill &  Melinda Gates-Agricultural Innovations LLC”, también conocida como Gates Ag OneGates Ag One fue creada como una subsidiaria de la Fundación Gates y dirigida por Joe Cornelius, el ex director de desarrollo de tecnología, nutrición y alimentos en Bayer Crop Science. Cornelius, en la década de 1990, también fue Director de Desarrollo Internacional en Monsanto.

La nueva organización de Gates justifica su iniciativa argumentando que todos tienen derecho a vivir una vida saludable y productiva, pero “muchas de las personas más pobres del mundo, aquellas que se ganan la vida con la agricultura, no tendrán esa oportunidad a menos que puedan acceder a las innovaciones necesarias para adaptarse a los desafíos causados por el cambio climático”.

Contrario a ello, el informe llevado a cabo por Navdanya International llamado Puertas a un Imperio Global, afirma que Gates apoya “la agricultura industrial que utiliza el 75% de la tierra mientras que proporciona menos del 20% de nuestros alimentos. A este ritmo, si la participación de la agricultura industrial y los alimentos industriales en nuestra dieta se incrementa hasta el 45%, tendremos un planeta muerto. Y uno sin vida ni alimentos”.

Gates Ag One se presenta como una organización sin fines de lucro que persigue, según el comunicado oficial, promover descubrimientos tecnológicos de alto impacto que puedan ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático para que sean más productivos en una forma resiliente y sostenible. “Sin estas innovaciones, los agricultores se verán obligados a adoptar prácticas cada vez más insostenibles para alimentar a sus familias mientras se enfrentan al cambio climático”, afirma el comunicado de esta iniciativa.

Para lograr estos objetivos, según Gates Ag One, colaborará con un grupo diverso de socios locales, regionales e internacionales, “incluidas universidades, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, gobiernos, organizaciones internacionales y otros, para poner mejores tecnologías a disposición de los agricultores que más las necesitan”.

AgTech Accelerator y la Agenda 2030

Al igual que Bayer, Gates Ag One, sostiene que busca “empoderar a  los  pequeños  agricultores” con estas tecnologías hasta el año 2030, hacia donde se han trazado los 17 objetivos desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, en su programa llamado Agenda 2030. De tal forma que en esta agenda se ha considerado estratégico invertir en los pequeños productores para “Fomentar el progreso y alcanzar las metas de las ODS”, según el Informe de la ONU llamado Transformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.

En septiembre del 2018, en Nueva York, durante la reunión con el Secretario General de la ONU, abocada al financiamiento de la Agenda 2030, Bill Gates, subrayó el importante papel que juega la inversión privada, al enfatizar “que las organizaciones filantrópicas también pueden ser socios clave para promover metodologías e instrumentos innovadores para abordar los desafíos en la erradicación de la pobreza. Algunos ejemplos de tales innovaciones incluyen: “subvenciones de desafío” para estimular nuevas ideas; incentivos para reducir el riesgo de inversiones en tecnologías prometedoras, como inversiones de capital en empresas emergentes de biotecnología para prevenir y tratar enfermedades infecciosas”.

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En la plataforma de la Fundación Bill&Melinda Gates se anuncia que parte de sus acciones es invertir en un programa de aceleración para la implementación de esta tecnología llamada AgTech Accelerator, que entre otras tecnología trabaja con la modificación genética de semillas y plantas, fungicidas sintéticos entre otros. Los inversionistas que participan financiando este proyecto incluyen a Bayer, Syngenta Ventures, Alexandria Venture Investments, ARCH Venture Partners, Flagship Ventures, Harris & Harris Group, Inc., Hatteras Venture Partners, Mountain Group Capital y Pappas Capital.

AgTech Accelerator ha reunido a un grupo diverso de constructores de empresas experimentados y exitosos para crear y gestionar la próxima generación de empresas emergentes basadas en las tecnologías centradas en la agricultura más prometedoras del mundo”, dijo Geoff Kneen, Ph.D. de Bayer.

Seún datos de Bayer esta tecnología es uno de los principales agentes de cambio en la actualidad y desde el 2015, “la inversión en tecnología en agricultura, también conocida como AgTech, alcanzó los 4,600 millones de dólares”.

Desde el año 2017, en América Latina, se viene acelerando la tecnificación de la agricultura con celulares inteligentes, computadores y drones para elevar a la productividad a mayor escala, con semillas modificadas genéticamente, con químicos y biología sintética. En Argentina, por ejemplo, se implementa mediante un programa promovido desde el gobierno titulado “AgTech. El nuevo paquete tecnológico del sector agropecuario”. Mientras en Brasil, hasta 2019, ya contaba con mil 125 empresas de AgTech, según el estudio “Radar Agtechs Brasil 2019”.

En México se ha creado una plataforma llamada AgtchMex, la cuál sostiene que, “es una red integrada por 200 emprendedores, productores, investigadores, inversionistas, gobierno y ONGs. Tenemos la misión de acelerar la adopción de la tecnología para impulsar el desarrollo sustentable del campo mexicano. Creemos que no puede ser un esfuerzo en una sola parte de la cadena. La innovación nace de las perspectivas de diversos actores”.

Bayer asume que ya se viene dando esta llamada “revolución tecnológica” y que “ya es una realidad en América Latina, la región que puede ser la principal proveedora de alimentos del mundo. Está conectado por teléfonos inteligentes que ya representan el 60% de los 690 millones de conexiones en redes móviles y por el aumento de la cantidad de drones en campo”.

La multinacional Bayer también puntualiza que estos nuevos escenarios permitirán nuevos mercados. “Estamos realizando pruebas en campos experimentales para hacer evolucionar nuestra cartera”, agrega la multinacional.

El despliegue de su iniciativa se da en diversas geografías del planeta, dónde también trabajan con Cargill, la mayor comerciante agrícola del mundo de productos como soja y carne, responsable de la deforestación en la Amazonía. “No trabajamos solos: el acercamiento a los pequeños agricultores se realiza en colaboración con socios como, Technoserve, Solidaridad y The Bill & Melinda Gates Foundation, particularmente para brindar capacitación y apoyo a estos pequeños productores”, asumieron los directivos de esta multinacional en  la Conferencia del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en 2013.

La fundación Bill & Melinda Gates se muestra optimista y señala que las nuevas inversiones en el desarrollo de productos “pueden ampliar las soluciones disponibles para los pequeños agricultores. Si bien muchos desafíos relacionados con el desarrollo agrícola y el cambio climático se pueden abordar con los enfoques disponibles actualmente, otros desafíos requieren soluciones innovadoras. Con mayores inversiones en investigación y una variedad de otras intervenciones críticas, incluidos enfoques sostenibles para la gestión de la tierra y el agua, seguros asequibles y acceso a los mercados”.

Esta fundación asegura que los pequeños agricultores pueden tener acceso a estás tecnologías para adaptarse al cambio climático. Pero la misma ONU sostiene que son los pobres los que siguen suministrando el 80% de los alimentos a nivel mundial. “En muchos países, la agricultura sigue siendo el mayor empleador y el principal sector económico; es decir, la pobreza rural representa un gran problema y una gran oportunidad al mismo tiempo”, señala la ONU en su informe Trasformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.

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Noticias de abajo

(Español) Noticias de abajo 19 de enero 2021

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ROMPIENDO FRONTERAS:
PALESTINA: Especial Palestina en este 2021 Israel da muestras claras de querer exterminar al pueblo palestino.El compañero Armando Soto de la Sexta con Palestina nos narra los más severos acontecimientos.
MIGRACION CENTRO AMERICA: La caravana migrante viene desde Hondurasrompio el cerco militar el 16 de enero por el número de migrantes, el día 17 a toletazos y con gases lacrimogenos contuvo a les migrantes sin importarle la presencia de niñes y bebes. Redes y RedTzikin.
CHILE: 5 compañeras criminalizadas por pedir justicia para Nicole Saavedra. Radio Humedales
AUTONOMIA DIGITAL: Ante los cambios a las politicas de privacidas en redes sociales.Ni Whatsapp, Ni Telegram Ni Facebook, solo eres libre en el software libre.
MUNDO: Julian Assange es propuesto a recibir el premio nobel de la paz.
WALLMAPU MUNDO: Convocatoria a cadenazo para y por la niñez mapuche. Audio convocatoria de La Zarzamora

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
LUCHA POR LA VIDA MORELOS: Rodada y caravana contra la Termo en Huexca y el Proyecto Integral Morelos. La herencia rebelde de Samir. Por Juan Pérez
MEXICO IMPUNIDAD: Salvador Cienfuegos exonerado, el gobierno de México ha traicionado cientos de miles de victimas y devuelto el trono a narco Salvador Cienfuegos. ZonaDocs
GUERRERO MEXICO: Familias de los 43 normalistas de ayotzinapa se quejan de la información a cuenta gotas que reciben por parte de las instituciones militares. Se deslindan de Felipe Cruz ex vocero de los 43 que ahora se descara como candidato a diputado prurinominal. Somos el medio y Prensa Ayotzi
CHIHUAHUA Cd JUAREZ: Jornada de protesta y de memoria a un año de a el impune asesinato de Isabel Cabanillas la mujer, madre, hija, compañera, amiga, artista, muralista, diseñadora, activista por los derechos de las mujeres y los migrantes. Hijas de su Maquilera Madre.
YUCATAN, CDMX, Y 20 CIUDADES MAS: Rodada por Justicia para Jacinto #NiUnaBiciBlancaMas
Rodada por el asesinato del ciclista Jacinto Leon Guzman más de 20 ciudades dicen, #NiUnaBiciBlancaMás. Instalan placa en CDmx frente a casa de gobierno de Yucatán.
MICHOACÁN: Organización de Mujeres Autodefensas, han sido víctimas de asesinato, secuestro y ya no están dispuestas a tolerar más violencia, tomaron las armas contra carteles del crimen organizado. Sin Embargo
CHIAPAS: Normalistas de la escuela rural Mactumacza aportan comida a les compañeres de la coordinadora de personas desplazadas del estado de Chiapas.COordinadora de Desplazados.

MÚSICA
Cumbia Palestina – Orkesta Popular San Bomba
Madre Espérame que Vuelvo – Frekuente #PrensaOpal
Viva Zapata – Acosta

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Avispa Midia

(Español) Consumo de carne y soya en Europa y EUA está vinculado a la deforestación de la Amazonía

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Por Renata Bessi

La norteamericana Cargill y la holandesa Bunge, ambas compañías transnacionales del sector de producción y procesamiento de alimentos, están asociadas a la deforestación de por lo menos 101 mil hectáreas de bosques en la Amazonia (el mayor bosque tropical del mundo) y en el Cerrado brasileño (la mayor sabana tropical del mundo), desde Marzo de 2019. Los datos son de la investigación divulgada por la herramienta de monitoreo Mighty Earth que rastrea, en conjunto con la organización de investigación Aidenvironment, los vínculos entre la cadena mundial de comercio de soya y carne bovina con la destrucción de los bosques brasileños.

Además de Cargill y Bunge, el estudio rastreó otras empresas, como la brasileña JBS, todas vinculadas al abastecimiento de los mercados de carne y soya de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia.

Solamente en el Reino Unido, la Cargill detiene una cuota de 70% del mercado de importaciones de soya brasileña, que entra en la cadena del abastecimiento de los supermercados británicos. De acuerdo con Mighty Earth, 78% de las exportaciones directas de soya de Brasil para el Reino Unido posee origen en el Cerrado y Amazonia. Las exportaciones directas de soya del Cerrado y de la Amazonia también representan más de 50% de los volúmenes totales de soya de Brasil para Francia, Países Bajos y Alemania.

Leer también ⇒ Brasil: La disputa de las tierras indígenas para plantación de soya

Brasil exportó para estas regiones, solamente en 2018, un total de 7,1 millones de toneladas del grano. “Esta soya es, entonces, molida y refinada y vendida a las empresas de producción de carne, para raciones para pollo, puercos y ganados. Los supermercados, subsecuentemente, venden pollo, puerco, leche y quesos a los consumidores en productos de ‘marca propia’ o de empresas de carnes bien conocidas tales como a Moy Park (en Reino Unido), Le Gaulois e Maitre Coq (en Francia) o Vion (en los Países Bajos)”, dice el estudio.

Parte de la producción de carne de ganado también se da en tierras de deforestación. Brasil exportó alrededor de 180 mil toneladas de carne para la Unión Europea y casi 80 mil toneladas para los Estados Unidos, solamente en 2017, a través de empresas como la JBS que, según el estudio, está vinculada a la desforestación de 42,5 mil hectáreas de bosques. “Esta carne de vaca es después vendida por supermercados como carne de vaca brasileña ‘de lujo’ o productos de carne de vaca procesada tales como carne enlatada  Hereford (Reino Unido) o AH Excellent South American beef (Países Bajos)”, sostiene la organización en su informe.

Deforestación

Los números del Instituto Espacial Brasileiro (INPE) enseñan que por lo menos 11 mil km2 de foresta tropical en la Amazonia fue eliminada entre Agosto de 2019 y Julio de 2020, el valor más elevado en más de una década. La herramienta Mighty Earth rastreo un poco más de 2 mil Km2 , de algunos de los peores casos de deforestación y tala en el país.

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Avispa Midia

(Español) Honduras | Violencia pro-capitalista y la reestructuración económica neoliberal

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

Traducción: Paula Jiménez Argumosa


 A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.

Lea aquí la primera parte de este especial

Honduras | Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

 


Parte II

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.

El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.

Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.

La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

La Violencia Paramilitar

La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.

La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.

Represión de protestas ante la privatización de la salud y educación. Tegucigalpa, Abril 2019

La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.

El sector de seguridad privada genera gran flujo de capital

La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.

En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.

Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.

Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.

CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).

Tegucigalpa, Mayo 2019

El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.

La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.